EDITORIALES: Nuestro modelo autonómico es insostenible
Nuestro modelo autonómico es insostenible
Lo que ha sucedido es que lo que denunciábamos antes tan solo unos pocos se ha convertido en una evidencia que ya nadie puede negar a la luz de las ruinosas cuentas públicas.
Ayer Aznar fue muy criticado por el PSOE por decir que «España está intervenida de hecho». Puede que no sea la expresión más afortunada en unos momentos como éstos, pero el ex presidente tenía toda la razón cuando aseguraba que la actual estructura financiera del Estado «es absolutamente inviable». «No podemos sostener 17 organismos que hacen las mismas cosas», señaló.
Aznar está en lo cierto y lo que manifiesta ahora es lo mismo que han dicho decenas de expertos, el informe de la Fundación Everis y, más recientemente, otro informe de Faes que aporta datos demoledores que refrendan la inviabilidad del actual modelo.
Esteban González Pons, vicesecretario del PP, propuso ayer un pacto con el PSOE para que algunas competencias de las comunidades puedan volver de nuevo al Estado. Se trata de una idea razonable, llevada a cabo en Alemania hace pocos años.
El propio PSOE parece estar tomando conciencia de la gravedad del problema, ya que, según revela hoy EL MUNDO, está elaborando un plan de reducción del gasto autonómico que sería presentado a finales de enero. El plan incluiría la eliminación de organismos redundantes, la supresión de trabas al libre comercio y algunas medidas del control de gasto. Habrá que esperar a conocer su contenido concreto, pero resulta evidente que España necesita en estos momentos algo más que retoques del modelo.
Las cifras del informe de Faes son elocuentes. La deuda acumulada de las comunidades autónomas ha crecido a un promedio del 8,7% anual en el periodo comprendido entre 1996 y 2008. La deuda de Castilla-La Mancha ha aumentado en estos 12 años a un ritmo anual por encima del 18%, la de la Comunidad Valenciana por encima del 14%. No hace falta ser economista para darse cuenta de que esta tendencia lleva a la quiebra del Estado español.

Las estadísticas disponibles referentes a 2009 demuestran que la tendencia no ha cambiado, ya que ese año los ingresos bajaron un 2,3% mientras que los gastos se elevaron un 3,5%, lo que a buen seguro tuvo el efecto de incrementar todavía más el endeudamiento de las comunidades.
Y si para muestra basta un botón, según datos del nuevo Gobierno de Artur Mas, Montilla ha dejado a Cataluña con una deuda de más de 40.000 millones de euros que prácticamente duplica la que había hace cuatro años.
No es necesario seguir aportando cifras para tomar conciencia de la extraordinaria gravedad del problema. De nada servirá que Zapatero siga recortando el gasto de la Administración central si las autonomías continúan endeudándose a un ritmo frenético para mantener su actual maquinaria de gasto.
Mucho más urgente que retrasar la edad de jubilación o modificar la negociación colectiva es acometer la reducción del astronómico despilfarro autonómico que lastra la recuperación de la economía. El diagnóstico está muy claro, pero, como decía ayer Aznar, el problema «es quién le pone el cascabel al gato».
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COMO un azucarillo se ha disuelto en apenas tres jornadas de masivas protestas el poder absoluto que durante 23 años ha ostentado el presidente de Túnez. Ben Ali huyó ayer del país magrebí, sumido en la peor crisis de su historia como república independiente. De momento, el primer ministro ha asumido la jefatura del Estado, tutelado por el Ejército. El derrocamiento de Ben Ali ha sorprendido a propios y extraños por la rapidez con la que se ha producido. Aunque detrás de su escasa resistencia a buen seguro está el plan de los jerarcas de la corrupta Administración tunecina, esperanzados en que la cabeza de Ben Ali sea suficiente para lograr conservar el régimen. Porque la impresionante ola de indignación ciudadana de los últimos días, que empezó como una protesta por el paro y la crisis económica, se había transformado en una movilización imparable contra el nepotismo y la escandalosa corrupción en el país. Está por ver si las promesas del Gobierno provisional de acelerar reformas democráticas y convocar elecciones libres calman a la hastiada sociedad tunecina.





