EDITORIALES: José Blanco no debe seguir siendo diputado

29/12/2011

J osé Blanco no debe seguir siendo diputado

RUBALCABA afirmó durante la campaña electoral que él estaba dispuesto a «poner la mano en el fuego» por la honradez de José Blanco y predijo que su caso sería archivado tras concluir las elecciones. No podía estar más equivocado porque cinco magistrados de la Sala Segunda del Tribunal Supremo acordaron ayer abrir por unanimidad un proceso penal contra el ex ministro de Fomento por posibles delitos de tráfico de influencias y cohecho. El auto del Supremo dice que, tras examinar los datos aportados por la juez Estela San José y sumándose a las palabras del fiscal, «necesariamente ha de llevarse a cabo» una investigación penal contra José Blanco al considerar que existen indicios de delito.

Blanco tendrá que ser llamado a declarar como imputado, pero conviene recordar que son ya cuatro las instancias judiciales que han apreciado la existencia de esos indicios de delito: la juez de Lugo, el fiscal del juzgado, el fiscal del Supremo y ahora la Sala Segunda, que señala en su escrito que los documentos, facturas, transferencias bancarias, declaraciones y transcripciones de conversaciones telefónicas «permiten inferir indiciariamente una serie de entregas de dinero al aforado, realizadas a través de su pariente». El auto hace referencia, además, a la realización de «gestiones personales [de Blanco] ante diversos organismos públicos».

Hay que recordar que, en el marco de una investigación judicial sobre el pago de comisiones ilegales a cambio de subvenciones, Dorribo declaró ante la juez que había entregado unos 300.000 euros al ex ministro a través de su primo político Manuel Bran a cambio de gestiones a su favor en Hacienda y Sanidad. El pago se habría efectuado en la gasolinera de Guitiriz, en la que el propio Blanco se entrevistó en su coche con Dorribo.

En la exposición razonada que la juez remitió al Supremo, se incluía la transcripción del intercambio de mensajes entre José Antonio Orozco, vicepresidente de Azkar, y el propio Blanco, en la que constaban alusiones muy explícitas a otras gestiones del ministro para conseguir diversos favores a este empresario, entre ellos, la licencia para construir una nave industrial.

Sea cual sea el desenlace de la investigación judicial, Blanco ha tenido una conducta muy poco ejemplar y debería dimitir como diputado, a lo cual se sigue negando porque prefiere ser investigado por el Supremo antes que por el juzgado de Lugo. Ello le permitiría terminar convirtiendo su asunto, como ocurrió en el pasado, en materia de trueque entre la oposición y el Gobierno.

En plena campaña electoral, el ex ministro declaró que se retiraba de «la primera línea» de la política, lo que sugiere que considera que ser diputado es un cargo de segundo nivel en la cómoda retaguardia. Debería renunciar a su escaño en el Congreso por un elemental principio de responsabilidad política, ya que Blanco ha sido elegido por los ciudadanos de Lugo, que tienen derecho a estar representados por una persona libre de toda sospecha. Cuando aparecieron las primeras revelaciones contra Luis Bárcenas en el caso Gürtel, el propio Blanco y el PSOE exigieron que renunciara a su acta de senador. Ahora deberían aplicar el mismo rasero.

Como ya hemos dicho en más de una ocasión, incluso aunque resultara absuelto de tráfico de influencias y cohecho, las nada «ejemplares» circunstancias que rodean sus relaciones con este turbio grupo de empresarios debería haberle llevado a dimitir de todos sus cargos.

Dado que el origen de la investigación contra Blanco es la concesión de ayudas irregulares por parte de la Xunta de Galicia cuando estaba gobernada por una coalición entre el PSOE y el BNG, los actuales gestores de esta institución deberían personarse como acusación en el proceso, ya que hay claras evidencias de una delictiva utilización de fondos públicos y no es lógico que el impulso del procedimiento quede sólo al albur de la fiscalía.

29/12/2011

El Parlamento, contra el derecho a la información

EL PRESIDENTE del Congreso advirtió ayer de que retirará la acreditación a los redactores gráficos que capten con sus cámaras los documentos que manejan los diputados en sus escaños o los mensajes recibidos en sus móviles. Ese anuncio es una amenaza intolerable y un ataque directo a la libertad de expresión sin precedentes en más de tres décadas de parlamentarismo. Se produce, para más inri, en la sede de la soberanía nacional, que debería ser donde más firmemente se defendieran las libertades constitucionales. Jesús Posada utiliza como coartada para dar ese paso censor un informe jurídico de los servicios de la Cámara sobre la colisión entre la libertad de información y los derechos de los diputados. Lo encargó a raíz de la publicación en EL MUNDO de una foto en la que se veía un mensaje de móvil de indiscutible relevancia informativa recibido por Rubalcaba en el pasado debate de investidura. El informe en cuestión es un disparate de principio a fin, porque parte del error de sacralizar «los derechos fundamentales de los diputados» olvidándose de los del resto de ciudadanos. Así se entiende que los autores lleguen a invocar el caso 'New York Times' contra Sullivan como ejemplo para justificar medidas contra la libertad de expresión.

Los letrados y el presidente del Congreso obvian que el derecho a la intimidad de los diputados no es un valor absoluto ni abstracto y que hay que ponderarlo con otros, como el derecho a la información. La doctrina fijada por el Constitucional es rotunda y favorable a la labor periodística cuando se trata de un asunto de interés público.

El informe de la Cámara pretende hacer pasar como comunicación protegida toda la que se produzca en el hemiciclo fuera de las tribunas y micrófonos, lo cual es falso. No toda comunicación tiene el carácter de íntima o personal. Sugiere también la idea de que el empleo de los «potentes» objetivos equivaldría a una interceptación de las comunicaciones, como un pinchazo telefónico o el pirateo de un ordenador, lo cual es otra barbaridad.