EDITORIALES: Empieza el necesario e inexorable ajuste

Rajoy empieza el ajuste por el contribuyente

TODO FUE sorprendente ayer en el Gobierno. Desde la inusitada comparecencia de cuatro ministros en la rueda de prensa posterior al Consejo, hasta las medidas anunciadas como el primer paquete del ajuste ante la difícil situación económica. Porque sorprendente fue oír de boca de Soraya Sáenz de Santamaría y de Cristóbal Montoro que el Ejecutivo popular se veía obligado a subir impuestos para hacer frente a un déficit desbocado, que el Gobierno calcula que se situará en el 8% en el final de este ejercicio, lo que supondrá tener que aplicar un recorte adicional de 20.000 millones a los 16.500 millones previstos inicialmente.

Cierto que los ministros comparecientes no ahorraron palabras para explicar que se trata de una subida «temporal y extraordinaria» con el fin de hacer frente a la circunstancia «no prevista» del excesivo déficit público. Pero, a la postre, lo que va a quedar es un importante aumento de la carga impositiva, que al sumar la subida del IRPF, de los rendimientos del ahorro y del IBI será la mayor de la democracia y va a afectar a todas las clases sociales, desde los pensionistas a los asalariados con mayores sueldos. Con esta decisión, el Gobierno prevé incrementar la recaudación en 6.275 millones de euros. Además, aplicará un recorte de 8.900 millones en el Presupuesto prorrogado para 2012 y conseguirá así los casi 16.500 millones comprometidos inicialmente si el déficit público cerraba el ejercicio en el 6%. El Ejecutivo deberá hacer sus planes para reducir esos otros 20.000 millones.

Lo grave de las decisiones de ayer es la variación del criterio del PP a las primeras de cambio. Aquel «no subiré impuestos» que Rajoy repitió por activa y por pasiva antes de las elecciones ha quedado en papel mojado. Y hay que reprochárselo al presidente del Gobierno porque ha vulnerado de forma flagrante una promesa electoral. Pero, además, esta medida cuestiona el discurso popular de estimular la economía productiva y corre el riesgo de fomentar el colapso económico al deprimir más el consumo privado e inundar de pesimismo la sociedad. Hay que considerar que a pesar de ese fuerte trasvase de dinero privado hacia el Estado -algo contrario a lo defendido desde siempre por el PP-, el sacrificio del sector público en las medidas anunciadas ayer es menor. El Gobierno debería explicar por qué ha decidido repartir entre los ciudadanos el coste de los excesos presupuestarios de las administraciones públicas.

Este primer paquete de medidas del Gobierno Rajoy sólo terminará teniendo justificación si se enmarca dentro de un gran proyecto de reforma del Estado que acabe con las ineficiencias que nos han llevado a esta triste situación. Esperamos, pues, que en las próximas semanas y especialmente en los Presupuestos del Estado, se vayan concretando las propuestas del Ejecutivo sobre esos cambios estructurales tan necesarios para la economía española de los que llevamos hablando desde que comenzó la crisis, pero que nunca se acaban de concretar. En primer lugar, el profundo replanteamiento del Estado que haga efectivo el principio de «una competencia, una administración», declarado por el presidente del Gobierno, que destierre de una vez el despilfarro que suponen organismos duplicados o triplicados y entes públicos -televisiones autonómicas, desde luego- perfectamente suprimibles. Como habrá que atacar de una vez una reforma que desregule el mercado de trabajo y permita a las empresas descolgarse de los convenios, o la del sector financiero para poner en condiciones a los bancos de dar créditos. Y el Gobierno deberá acometer una radical remodelación del Estado del Bienestar, revisando si hace falta el gasto en Sanidad, Educación, desempleo o dependencia.

Sólo así se entenderían las medidas «temporales y extraordinarias» tomadas ayer por el Ejecutivo. Y, desde luego, sería inaceptable que el calendario, o no digamos el contenido, de estas reformas quedara condicionado por las elecciones andaluzas. Mal le iría a Rajoy si empieza sacrificando los intereses de sus votantes del 20-N para poder competir allí en justicia retributiva con el PSOE. Es cierto que el Gobierno dio ayer dio una señal diáfana a los mercados y a las instituciones europeas de que está dispuesto a hacer lo que sea, incluso vulnerar la palabra dada, para cumplir con los compromisos adquiridos por España. Eso puede darle margen financiero para abordar las reformas mientras irrita a sus votantes. Es un juego peligroso. La clave estriba en que los cambios estructurales sean lo suficientemente rotundos como para que estos sacrificios merezcan la pena.

31/12/2011

Acierto del Gobierno al resolver tres asuntos pendientes de Zapatero

El GOBIERNO de Rajoy resolvió ayer tres engorrosos asuntos cuya resolución había aplazado deliberadamente Zapatero. El primero es la instalación del cementerio de residuos nucleares, que estará localizado en Villar de Cañas, un pueblo de Cuenca. El cementerio supone una inversión de 750 millones de euros y la creación de 300 puestos de trabajo. Pese a ello, el PSOE manchego protestó ayer con un discurso victimista. Hay que celebrar esta decisión del Gobierno, ya que España paga cada mes a Francia unos dos millones de euros por almacenar los residuos nucleares. Era un proyecto que tenía que haber sido aprobado hace más de 20 años, pero que ningún Gobierno se había atrevido a sacar adelante. Hay que elogiar que el nuevo Ejecutivo haya dado este paso, lo mismo que su decisión de aprobar la ley Sinde y suprimir el injusto canon digital. La ley Sinde, aunque podría haber ido más lejos, establece un cauce jurídico para acabar con las descargas ilegales y, por tanto, supone un avance en la protección de la creación intelectual. También estamos de acuerdo con la supresión del canon digital, que era totalmente injusto al penalizar de forma indiscriminada a todos los ciudadanos. En estos tres asuntos, el Gobierno sí ha acertado.

31/12/2011

Los directivos de las cajas con ayudas deberían revelar sus sueldos

MUCHOS directivos de las cajas se negaron ayer a hacer públicas sus remuneraciones, como les había solicitado el Banco de España. Todos ellos se acogieron a la Ley de Protección de Datos, que establece el derecho a preservar el secreto sobre los ingresos personales. Desde el punto de vista legal, no hay duda de que no tienen obligación de decir cuánto ganan. Pero sí deberían revelar sus salarios por una cuestión elemental de transparencia los consejeros y ejecutivos cuyas entidades han sido intervenidas por el Estado o han recibido ayudas públicas, que son la gran mayoría. Los gestores de las cajas deberían seguir el ejemplo de los miembros de los consejos de las empresas que cotizan en el Ibex, que sí deben hacer públicos sus ingresos. Y ello porque los ciudadanos tienen derecho a saber cuánto ganan directivos de entidades que han recibido miles de millones de euros en ayudas. Muchos no quieren hacerlo porque se les caería la cara de vergüenza al revelar que perciben cantidades cercanas o superiores al millón de euros en cajas que han tenido que ser rescatadas por el Estado. Por otro lado, las cajas de ahorros eran hasta hace bien poco entidades sin ánimo de lucro, lo que hace todavía más incomprensible ese secretismo.