CORRUPCIONES SOCIALISTAS:
El TSJA defiende a la juez de los ERE frente a Griñán
El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) salió ayer en defensa de la juez Mercedes Alaya, que investiga el caso de los ERE, tras el duro ataque del presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, quien la acusó de dejarse manipular por el PP. Griñán dijo el pasado jueves en el Parlamento que la titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla «pone en los autos lo que ustedes [el PP] dicen».
Por unanimidad, el Pleno de la Sala de Gobierno del TSJA acordó ayer manifestar «su preocupación y rechazo por las manifestaciones de responsables políticos recogidas en distintos medios de comunicación donde se pone en entredicho la imparcialidad en el trabajo jurisdiccional de la magistrada Mercedes Alaya». Este acuerdo se produjo cinco días después del duro ataque de Griñán a la juez Alaya, que está investigando la posible implicación del presidente andaluz en el escándalo del pago de prejubilaciones falsas con dinero público.
En una nota hecha pública ayer, los magistrados admiten que la crítica a los autos y resoluciones judiciales «no sólo es admisible, sino natural y necesaria en un Estado de Derecho», pero recuerdan que la «discrepancia» con las actuaciones judiciales «se ha de expresar a través de los cauces legalmente previstos». En este punto, hay que recordar que la Junta de Andalucía está personada en la causa de los ERE como perjudicada, ya que suyos eran los fondos presuntamente defraudados mediante el pago de prejubilaciones fraudulentas.
Pese a ello, el presidente de la Junta no utilizó esos cauces reglamentarios para expresar su disconformidad con la juez Alaya, sino que arremetió contra ella directamente desde su escaño en el Parlamento de Andalucía, en la última sesión de control al Gobierno andaluz.
«Lo que recoge la juez en sus autos es lo que ustedes dicen», manifestó Griñán en la Cámara, durante la réplica a una intervención anterior del presidente del PP andaluz, Javier Arenas. «Ustedes están jugando con la juez, la están manipulando, están presentando claramente un sumario paralelo para hacer conclusiones políticas», dijo al PP.
Desde que EL MUNDO destapó -el 27 de diciembre de 2010- el caso de los ERE hasta ahora, Griñán siempre había evitado pronunciarse sobre la actuación de la juez Alaya.
Cospedal intenta vender de nuevo el blindado de Barreda
El Gobierno de María Dolores de Cospedal volverá a la carga en enero con una nueva subasta de 43 vehículos oficiales usados por los consejeros, viceconsejeros y directores generales del anterior Ejecutivo socialista, entre ellos el Audi A8 blindado del ex presidente José María Barreda, por el que nadie pujó en la primera subasta cuando estaba valorado en 156.000 euros.
El consejero de Presidencia y Administraciones Públicas, Jesús Labrador, que compareció ayer en las Cortes Regionales para explicar la segunda parte del Plan de Garantía de los Servicios Sociales, calificó la primera subasta celebrada el pasado 12 de diciembre como un éxito, pues se vendieron 52 coches de los 66 expuestos y se recaudaron más de 300.000 euros. «Los vehículos que encontraron comprador se revalorizaron un 30%», señaló. Los 16 coches que quedaron sin vender entonces, entre ellos el blindado de Barreda, «se subastarán nuevamente reduciendo su precio de salida», agregó.
Labrador recordó que, según anunció la propia Cospedal, estos vehículos de alta gama ya no serán utilizados por el nuevo Gobierno y serán sustituidos por otros de gama media en régimen de renting, lo que conllevará «un importante ahorro en seguros y mantenimiento».
Por su parte, el diputado regional socialista Luis Santiago Tierraseca criticó que los populares estén utilizando políticamente el vehículo blindado que utilizaba José María Barreda, y opinó que gracias al Gobierno socialista de España del PSOE «ni Cospedal ni ningún alto cargo tendrá que recurrir a este tipo de gastos», refiriéndose al «cese definitivo de la actividad armada» anunciado por ETA.
Expediente a la juez Cillán
La Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) acordó ayer por unanimidad abrir un expediente a la titular del Juzgado de Instrucción número 43 de Madrid, Coro Cillán, por cuatro supuestas faltas disciplinarias en las que habría incurrido durante la tramitación de un procedimiento sobre una discoteca madrileña.
No prosperó una propuesta para suspender cautelarmente de funciones a Cillán, pero los vocales no descartan esta medida en función de la evolución de las diligencias de investigación que abrió hace unas semanas la Fiscalía, a la que el Consejo va a remitir sus actuaciones.
El expediente se basa en una inspección extraordinaria realizada por el CGPJ tras recibir un escrito de la secretaria judicial y la denuncia de un empresario imputado en el procedimiento.
Los inspectores comprobaron que Cillán retuvo ese procedimiento -en el que el abogado denunciante es amigo suyo- pese a que debió enviarlo al Decanato para su reparto. También nombró administradores judiciales a personas con las que tiene vínculos afectivos o de amistad, a uno de los cuales fijó unos honorarios mensuales de 18.000 euros.
Rechazan pagar 1,3 millones al vigilante de Mina Conchita
Llano, ya fallecido, estuvo 22 meses preso y pidió a la Audiencia una indemnización
La Audiencia Nacional ha rechazado indemnizar con 1,3 millones de euros al vigilante de Mina Conchita por los 22 meses que pasó en prisión provisional durante la investigación del 11-M.
Emilio Llano -que falleció a finales del año pasado- fue encarcelado en junio de 2004 por su presunta participación en el robo de explosivos y por falsedad en documento oficial con fines terroristas. Estuvo preso hasta abril de 2006, cuando quedó en libertad provisional bajo fianza con la obligación de presentarse diariamente en comisaría. En octubre de 2007 fue absuelto por el tribunal que juzgó la masacre. «No consta que Emilio Llano Álvarez haya intervenido activamente en la sustracción del explosivo de la mina», afirmó la Sala.
Con la absolución en la mano, Llano reclamó al Ministerio de Justicia 1.346.533 euros. Tras la negativa de éste, interpuso un recurso ante la Audiencia Nacional reclamando esa misma cantidad más los intereses devengados en el año que el ministerio tardó en resolver el asunto.
Ahora, la Sección Tercera de lo Contencioso-Administrativo acaba de rechazar la pretensión del ex minero alegando que no se cumple una condición imprescindible: que el hecho por el que se le encarceló ni siquiera se hubiera producido. Y sí se produjo. La Sección Tercera de lo Contencioso recalca que la propia sentencia de la Audiencia Nacional deja claro que el robo de explosivos en la mina de la que era responsable Emilio Llano existió. Incluso hubo condenas por ello. «La propia relación de hechos probados de la sentencia penal deja patente que los hechos delictivos existieron tanto en lo que respecta al tráfico de los explosivos utilizados en los atentados del 11-M, que es la concreta imputación que afectaba al recurrente, como en cuanto a los atentados», dice la Audiencia.
Pese a resultar absuelto, el tribunal no elogió precisamente la actuación de Llano. La sentencia sostuvo que el robo en Mina Conchita, protagonizado, entre otros, por Emilio Suárez Trashorras, se produjo «aprovechando el nulo control del consumo, pues el encargado, Emilio Llano, se limitaba a apuntar como utilizada la cantidad que le decían los mineros, sin comprobación alguna del mínimo que fuera».
En el último año, la Audiencia Nacional ha denegado una larga lista de indemnizaciones con el mismo razonamiento empleado en el caso de Emilio Llano. Hasta 2010, el Tribunal Supremo admitía reclamaciones por responsabilidad patrimonial del Estado tanto si se demostraba que el hecho delictivo no había existido -inexistencia objetiva- como si se comprobaba la falta de participación del acusado -inexistencia subjetiva-. Esta última era la vía de reclamación más frecuente. El año pasado, sin embargo, el Supremo cambió de criterio jurisprudencial y limitó a los casos de inexistencia objetiva las indemnizaciones que no precisaban de una previa declaración de error judicial.
Emilio Llano no fue el único absuelto por el 11-M que reclamó una indemnización. La Audiencia Nacional ha rechazado hasta la fecha compensar económicamente a los hermanos Mohamed y Brahim Mousaten. Este último, que reclamaba 1,2 millones de euros, no fue indemnizado pese a que todas las partes llegaron a retirar sus acusaciones antes de que terminara el juicio. También entonces la Audiencia recalcó que el hecho objetivo que desembocó en su detención -un huido del 11-M fue a la casa de su familia para conseguir un contacto- sí se había producido, aunque él no resultara culpable.
La Audiencia también denegó recientemente 300.000 euros a Mouhanad Almallah, condenado por el tribunal del 11-M y absuelto por el Supremo. Esta vez porque los casos de absolución derivados del principio de in dubio pro reo -en caso de duda, resolver en favor del acusado- no resultan indemnizables.
La solicitud de indemnización más abultada relacionada con la investigación de la masacre fue la de un detenido que no llegó a ser procesado. El tribunal dijo no a su petición de cinco millones de euros.
posted by e-pesimo | 08:32
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