VALENCIA, BALEARES, CATALUÑA
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El TC levanta la suspensión cautelar de la ley valenciana de custodia compartida
Mientras decide su constitucionalidad, los jueces podrán imponerla sin pacto parental
Los jueces de la Comunidad Valenciana deberán imponer «como regla general» custodias compartidas aunque no haya acuerdo entre los padres. Lo dice la ley valenciana aprobada en abril, recurrida y paralizada en julio y desbloqueada ayer por el Tribunal Constitucional (TC) en un auto que levanta albricias entre quienes dicen que repartir la custodia no perjudica a los hijos y que espanta a quienes creen que hacer que un niño viva alternativamente con dos padres que se desprecian es devastador.
Sin entrar en su contenido, el TC levantó ayer la suspensión cautelar de la ley aprobada por las Cortes valencianas porque entiende que los perjuicios que alegaba el abogado del Estado en su recurso «no están debidamente concretados y mucho menos acreditada la gravedad e irreversibilidad de los mismos».
El recurso que presentó el Gobierno central se centraba en lo puramente competencial, ya que estimaba que la ley suponía un «exceso del desarrollo y modificación del Derecho Civil foral valenciano». O sea, una «vulneración» de la competencia estatal. Además, presuponía que la aplicación de la ley valenciana podía llevar a situaciones en las relaciones entre progenitores e hijos «de imposible o difícil reversión».
El TC se centra ahora en la acreditación de lo irreparable de los perjuicios y dice que las divergencias de carácter competencial no son suficientes para suspender una norma hasta que no se demuestre el daño que puede causar. En ese sentido, el auto sostiene que el levantamiento de la suspensión «no conlleva perjuicio especial de la seguridad jurídica», duda de que las situaciones que señala el abogado del Estado sean irreversibles porque el juez tiene potestad para modificar el régimen de convivencia y asegura que el recurso no aporta datos que demuestren que la ley dañe a los menores.
La Comunidad Valenciana, Cataluña y Aragón han aprobado leyes sobre custodia compartida, pero es la primera autonomía la que más ruido ha provocado.
Entre otras cosas, porque la ley valenciana, que fue aprobada por partidos -como IU- que en otros parlamentos autonómicos votaron en contra o que a nivel nacional han mostrado oposición, empuja a los jueces a dictar la custodia compartida incluso si los progenitores se llevan mal. Lo refleja así su articulado: «A falta de pacto, la autoridad judicial, como regla general, atribuirá a ambos progenitores, de manera compartida, la convivencia con los hijos menores de edad, sin que sea obstáculo para ello la oposición de uno de los progenitores o la mala relación entre ellos».
Pilar Marco, presidenta de la Asociación de Padres y Madres Separados Custodia Compartida Ya!, estaba ayer exultante: «La custodia compartida es un derecho de nuestros hijos y en este país se les ha negado sin importarles nada los menores. Mi enhorabuena a todos los que han contribuido a que esta ley sea una realidad».
En cambio, la Asociación Custodia en Positivo aventuraba un panorama negro: «Advertimos de la barbarie que esta ley va a causar a los menores. Se abre la veda a padres irresponsables, no pagadores y muchos de ellos condenados por maltrato».
Los jueces baleares avalan la libre elección de lengua
Los padres pueden escoger en infantil y primer ciclo de primaria
El Tribunal Superior de Justicia de Baleares acaba de invalidar de golpe la inmersión lingüística en catalán que practica el 90% de los colegios públicos baleares. Una sentencia determina que debe cumplirse el derecho de los padres a elegir la lengua «de primera enseñanza», como recoge el artículo 18 de la Ley de Normalización Lingüística. Un derecho reconocido en esta norma de 1986 que nunca se ha aplicado. Ahora, la denuncia solitaria de una madre ha evidenciado la situación de ilegalidad.
En Baleares la inmersión lingüística en catalán ha ido avanzando curso a curso desde hace 25 años con el apoyo del gobierno de turno, ya fuera del PP o del PSOE. El resultado es que hoy la gran mayoría de colegios e institutos la practica y ha excluido al castellano como lengua vehicular. Sólo una pequeña parte ofrece una educación bilingüe al 50%, ya que el catalán debe ocupar como mínimo la mitad del tiempo (en Cataluña la obligación es del 100%). El sistema ha quedado en evidencia ante la denuncia de la madre de un alumno que ha resultado ser una buena abogada. Su propio despacho, el bufete Gomila, le ha ganado la partida a la Administración.
Antonia Gomila escolarizó a su hijo en el colegio concertado Sagrado Corazón en el curso 2008 y solicitó por escrito que la primera enseñanza (infantil y primer ciclo de primaria) la recibiera en castellano. A los pocos días le contestaron del colegio que el Govern balear (entonces socialista en coalición con nacionalistas) ya no pagaba a los profesores que enseñaban a leer y escribir en castellano. La excusa era el decreto 67/2008 que acababa de aprobar y que establecía que «la lengua catalana, propia de las Islas Baleares, es la lengua de enseñanza», es decir, excluía totalmente al castellano.
La madre puso una denuncia y, tres años después, con su hijo ya en primaria, le han dado la razón. Los jueces se
basan principalmente en las recientes sentencias del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Cataluña y declaran nulos los artículos del decreto «que atribuyen a la lengua catalana la condición de única lengua de aprendizaje». Invalidan también la imposición de que tenga «un uso preferente», porque rompe con el principio de igualdad entre ambas lenguas oficiales. Por todo ello, declaran que la Administración «ha de facilitar a los padres y tutores el ejercicio del derecho a la elección de lengua durante la etapa de primera enseñanza».
El actual Govern, que preside José Ramón Bauzá (PP), ha anunciado ya que garantizará este derecho el curso que viene, aunque no lo hará extensible a la etapa de secundaria «por problemas presupuestarios». La Fundación Círculo Balear cree que es una excusa y recuerda que la promesa electoral era que se pudiera elegir en todas las etapas. La Consejería de Educación celebró ayer el fallo y aseguró que su objetivo es «universalizar» este derecho en cuanto tenga los medios suficientes. El presidente del tribunal que ha emitido esta sentencia -aunque no el ponente- es Gabriel Fiol, una persona conocida por su compromiso con la normalización lingüística en catalán. Hace sólo dos meses, incluyó en una sentencia un alegato en favor de la exigencia de esta lengua para ser funcionario, un requisito que el Govern balear también está en proceso de eliminar.
La denuncia de la madre se produjo después de recibir el silencio como respuesta del Defensor del Menor en Baleares, al que acudió en primer lugar. El defensor, Antoni Bennàssar, es profesor de Derecho e independentista declarado. De hecho, cuando fue destituido, anunció en su blog que seguiría trabajando en «la construcción de un país nacionalmente libre». En una entrevista a este diario, la madre que ha tumbado la inmersión lingüística y que, para más señas, domina el catalán, que habla su familia paterna, fue clara: «No es una cuestión ideológica, sino de simple respeto de la legalidad. Si nosotros no luchamos por defender los derechos de nuestros hijos, nadie lo hará en nuestro lugar».
Los médicos de familia sustituirán en Cataluña a los especialistas
El 'Govern' sobrecarga los ambulatorios para reducir las listas de espera en hospitales
La Generalitat ha encontrado una nueva fórmula para ahorrar y a la vez reducir las listas de espera en la sanidad pública. A partir de ahora, los médicos de familia deberán atender algunas especialidades en los ambulatorios para así descongestionar los grandes hospitales y reducir en un 30% las derivaciones a otros centros sanitarios.
El Ejecutivo de Artur Mas, en la línea de los recortes aplicados hasta el momento, presentó ayer el nuevo Plan de Salud para los próximos cuatro años, que sobrecarga los centros de atención primaria para reducir el tiempo de espera en los hospitales, una de las grandes lacras del tijeretazo en Cataluña. Por ello, los médicos de familia atenderán dolencias de oftalmología, salud mental, dermatología, otorrinolaringología y aparato locomotor.
Para diagnosticar correctamente al paciente, los facultativos tan sólo dispondrán de una guía clínica compartida o bien podrán consultar al especialista a través de correo electrónico o webcam. Estos últimos deberán dedicar unas horas de su tiempo a resolver dudas de los médicos de primaria.
Sólo los casos más graves y en los que no haya funcionado el tratamiento inicial se derivarán al hospital. «No pondremos a ningún especialista en la puerta de al lado», aseguró ayer el consejero de salud, Boi Ruiz, para luego explicar que se trata de «solapar especialidades en la atención primaria». Todo con un único objetivo: que en 2012 las listas de espera vuelvan «a los niveles de 2010», justo antes de los recortes.
Según el Govern, la mitad de la atención especializada en los grandes centros sanitarios es ambulatoria y se puede resolver en una primera visita, por lo que el nuevo sistema «mejorará la accesibilidad y evitará una peregrinación del paciente» al hospital. Sin embargo, el Ejecutivo catalán no ha previsto aumentar los recursos a los centros de atención primaria y traslada la responsabilidad de gestión a los propios médicos. Sin ir más lejos, en lo que va de año 58 ambulatorios han dejado de prestar servicio las 24 horas, mientras que otros cuatro han cerrado de forma definitiva.
Nada más conocerse la nueva medida, los médicos de familia reclamaron «más recursos» para hacer frente a esas nuevas tareas que contempla el Plan de Salud catalán.
La Generalitat también quiere potenciar la cirugía ambulatoria y los hospitales de día para «evitar» los ingresos hospitalarios y las visitas a los grandes centros sanitarios. También se llevarán a cabo planes específicos para los enfermos crónicos de cáncer, diabetes o demencias y se reorganizarán los tratamientos de alta complejidad en los centros más preparados y con más demanda.
posted by e-pesimo | 09:27
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