ETA GOBIERNA por la acción criminal del PSOE: El PP se propone impedir que lo etarras formen grupo parlamentario
El PP pretende impedir que Amaiur tenga grupo
Ese criterio también afectaría a UPyD
El PP se propone impedir que Amaiur forme grupo parlamentario en el Congreso. Para ello, el partido que el próximo día 13 de diciembre ocupará la mayoría de la Mesa hará una interpretación estricta del Reglamento de la Cámara, que afectará del mismo modo a UPyD, y condenará a ambas formaciones a compartir sus siete y cinco escaños -respectivamente- con los de los demás partidos minoritarios, en el seno del Grupo Mixto.Así lo confirmaron ayer a este diario fuentes autorizadas de la dirección nacional del PP, después de que el propio presidente de la formación en el País Vasco, Antonio Basagoiti, se manifestara en este mismo sentido, al menos, en lo que se refiere a la coalición heredera de Batasuna.
«Se lo he dicho a Aralar», aseguró Basagoiti a este diario a los pocos minutos de haberse reunido con Patxi Zabaleta, «que no creo que Amaiur deba formar grupo, al menos hasta ver cómo se van comportando. ¡Pero si es que siguen sin condenar el terrorismo!».
El PP vasco basó en este último detalle la diferencia entre la coalición que ha logrado representación en el Congreso y uno de sus integrantes, Aralar. Calificó de «positiva» la reunión de ayer, pero incidió en «la obligación de mantener alto el nivel de exigencia democrática».
Para Basagoiti, Amaiur y UPyD no se encuentran en el mismo caso, hasta el punto de disentir de la dirección nacional de su partido y aplicar para ello un criterio no jurídico sino meramente político: «No es lo mismo. UPyD tiene plenamente acreditado y demostrado su compromiso democrático, pero Amaiur aún tiene que demostrar que cumple y que va a cumplir las leyes a rajatabla».
A la espera de que Rajoy siente la doctrina definitiva -nada se mueve en el PP sin que él lo bendiga-, y de conocer el perfil del próximo presidente del Congreso -que también tendrá su influencia en la posición final-, Génova trasladaba ayer la misma convicción desde todos los flancos: los cuadros medios y la dirección. «En todo lo que nosotros podamos, no formarán grupo», eran las palabras del entorno más próximo al líder popular, para el que la cuestión reglamentaria es tan importante como la política.
Y es que el artículo 23.1 establece que podrán formar grupo «los que sin reunir ese número (15 diputados), sumen uno no inferior a cinco y un 15% de los votos correspondientes a las circunscripciones en que hubiesen presentado candidatura, o el 5% de los emitidos en el conjunto de la nación».
Como es sabido, Amaiur se ha quedado a apenas 14 centésimas, con el 14,86%, de cubrir la representación exigida en Navarra -una de las cuatro circunscripciones en que se ha presentado-, mientras que UPyD, con cinco escaños, se ha quedado a 31 centésimas (4,69%) del 5% del sufragio nacional.
Los populares admiten que los precedentes juegan en su contra, particularmente, con el caso de ERC, que logró formar grupo en 2004 pese a que se quedó a 91 centésimas, casi un punto, del escrutinio estipulado. No obstante, el precedente les favorece en la coherencia de su discurso, porque fue el PP el que impugnó el acuerdo de la Mesa ante el Tribunal Constitucional. Además, la sentencia del Alto Tribunal desestimó el recurso con el argumento de que la Mesa del Congreso tenía plena autonomía para decidir sobre la formación de grupos, lo que favorece su próxima hegemonía en la misma.
Pero más allá de los argumentos jurídicos, las fuentes recabadas en Génova esgrimen dos reparos de carácter político contra la formación de grupo por parte de Amaiur: su necesaria pertenencia a la comisión de secretos oficiales, y la percepción de más de un millón de euros del erario público. Sostienen que si su constitución no tuviera ambas consecuencias prácticas, la decisión podría haber sido distinta y que Rajoy tal vez habría sorteado la actual «presión» de las asociaciones de víctimas.
Otegi esgrime el comunicado de ETA para pedir al TS la absolución
Cree que la juez Murillo también le tiene por «cabrón» e insta a repetir 'Bateragune'
Arnaldo Otegi esgrime el comunicado de cese definitivo de la actividad etarra para reclamar al Tribunal Supremo su absolución por el caso Bateragune. Ése es uno de los argumentos incluidos en los 97 folios del recurso de casación del dirigente abertzale contra la condena a 10 años de cárcel que le impuso la Audiencia Nacional como dirigente terrorista.
Más que simplemente esgrimirlo, lo que en realidad hace Otegi es atribuirse el mérito del comunicado. «Durante la celebración de la vista oral y hasta la actualidad», señala el escrito, «se han producido hechos que son de conocimiento público, singularmente la decisión de ETA de cesar en su actividad armada, y que son consecuencia de la actuación de los acusados y condenados por la sentencia que se recurre». Y añade que «no hay mayor contraindicio, cuando se discuten dos posibles tesis sobre lo que querían y hacían los acusados, que acudir a lo realmente ocurrido».
El recurso elaborado por la abogada Jone Goirizelaia arranca reclamando algo que ya consiguió en la última condena a Otegi: anular el juicio por falta de imparcialidad de la presidenta de la Sección Cuarta, Ángela Murillo.
El recurso sostiene que varias consideraciones que el tribunal de Bateragune recogió en la sentencia están muy ligadas a la pregunta de Murillo a Otegi -«¿Condena la violencia de ETA?»- que llevó al Supremo a anular ese juicio por enaltecimiento. Otegi pidió que Murillo también se apartara de Bateragune, pero la Audiencia Nacional -con un voto particular- lo rechazó.
Ahora lo intenta ante el Supremo, añadiendo a sus argumentos anteriores el reciente episodio que tuvo lugar en un juicio contra Txapote y el comando Argala, cuando Murillo se tuvo que apartar del tribunal tras llamar «cabrones» a los acusados.
«Si la presidenta de la Sala considera que una persona a la que está juzgando por ser miembro de ETA es un cabrón, ¿no considerará de la misma manera a mis representados? La respuesta es afirmativa», dice el recurso, que considera «imposible que quien es racista lo sea sólo un rato o quien es machista lo sea sólo con alguien. Si alguien tiene prejuicios, los tiene en todo momento y para todas las actividades que realiza».
En cuanto a los argumentos sobre el fondo del asunto, el recurso ante el Supremo resalta que, «pese a la insistente vigilancia policial [...], nada se ha podido traer a la vista oral como prueba directa de la relación de ninguno de los acusados con ETA».
Por contra, tras repasar detalladamente todas las afirmaciones de la Audiencia y los documentos que sustentaron la condena, afirma que lo realmente acreditado es que «la única actividad» de Otegi y el resto de condenados fue «acometer un cambio estratégico» que arrinconó la propuesta de ETA. Algo que «demuestra dos cosas: que los acusados no actuaban al mandato de ETA y que no querían realizar un debate político en el que una de las propuestas a discutir tuviera a esta organización armada como autora».
Candidato vetado hasta final de 2014
Una eventual absolución en el 'caso Bateragune' no despejaría los problemas judiciales de Otegi. Ni los políticos, si es que quiere ser candidato a algo. Al margen de esa causa y de la aún pendiente de juicio de las 'herriko tabernas', el líder 'abertzale' está todavía cumpliendo la condena a siete años y tres meses de inhabilitación absoluta que le impuso la Audiencia por enaltecer al etarra 'Argala'. La Sección Tercera ordenó ejecutar esa condena el 8 de junio de 2007. Pasó 15 meses en prisión, pero no acabará de cumplir la inhabilitación hasta septiembre de 2014. Unos plazos que, por ejemplo, y salvo indulto, le impide ser candidato a 'lehendakari' en 2014
Bildu desdeña las fiestas oficiales
El edil de Lasarte plantea hacer laborables el Pilar, la Constitución y el Día de Euskadi
La «nueva forma de hacer política» municipal de la que saca pecho Bildu también contempla saltarse a la torera las fiestas oficiales que marca el Gobierno vasco. El Ayuntamiento guipuzcoano de Lasarte-Oria ha propuesto a los trabajadores un calendario alternativo que declararía laborables los días del Pilar, de Euskadi y de la Constitución, a cambio de fijar como festivo el día del Euskara y otros cuatro días más que quedan a elección de los funcionarios.
El PSE anunció que, si el Consistorio no da marcha atrás en su propuesta, acudirá a los tribunales para impedir su implantación. «No hay opción a decidir si estos días son festivos o laborables por parte ni del Ayuntamiento ni de los funcionarios, es lo que marca el Estatuto de los Trabajadores y el Decreto vasco, por lo tanto, si no lo hacen cumplir será una ilegalidad», denunció el portavoz socialista y ex alcalde del municipio, Jesús Zeballos.
Éste censuró que el Gobierno municipal persiga «posicionar ideológicamente» a los trabajadores, al obligarles a decidir si cumplen o no el calendario de festividades oficiales para el País Vasco.
El alcalde, Pablo Barrio, defiende que los funcionarios cuenten con la posibilidad de elegir las fiestas que deseen cumplir, ya sea por «razones ideológicas o meramente prácticas». Se ampara en que este calendario alternativo a la carta ha sido consensuado con los sindicatos (los siete representantes de ELA y LAB respaldan esta iniciativa, mientras que el de UGT no acudió a las reuniones donde se abordó este asunto). «Es una opción que no obliga a nadie», recalcó a Efe el primer edil, quien aseguró que el PNV y la plataforma local PCLO están de acuerdo.
El alcalde se congratuló de que el Consistorio podrá permanecer abierto más días al año, dentro de «unos mínimos servicios», para atender a las necesidades de los vecinos.
Ahora, los trabajadores que decidan acogerse a esta posibilidad deberán comunicar los días que quieren marcar en rojo en su calendario. A aquellos que opten por el calendario B les corresponderán para el próximo año cuatro días a su elección, ya que las festividades de Euskadi (25 de octubre) y la Constitución (6 de diciembre) llevan asociados sendos días de puente. Trabajar el otro día festivo, el Pilar (12 de octubre) valdría para compensar el Día del Euskara (3 de diciembre), que Bildu fijaría como no laborable.
La posibilidad de que los funcionarios decidan o no ir a sus puestos de trabajo en los festivos que marca el Gobierno vasco es un planteamiento genérico de Bildu, que, así, escenifica su protesta por unas fiestas que considera «impuestas»
Díez Usabiaga critica la 'visión estática' de la Audiencia
El recurso de Rafael Díez Usabiaga, igualmente condenado a 10 años como jefe terrorista, también considera que el comunicado de ETA es un dato que el Supremo debería manejar. No llega, como Otegi, a atribuirse el mérito, pero sí dice que «es evidente la ligazón de los hechos desarrollados por los acusados con lo que aconteció en los meses siguientes, y está ocurriendo en la actualidad, respeto al fin de la actividad violenta de ETA».
«Mediante una concepción puramente lineal y mecanicista del tiempo, y una visión estática de la izquierda abertzale, la Audiencia Nacional niega al futuro su capacidad interpretativa y esclarecedora del pasado, y es que, si la sentencia tiene razón en no juzgar lo que ocurrió tras la detención de octubre de 2009, la pierde al negarse a interpretar lo que pasó antes de esa fecha a la luz de lo que vino a suceder después», añade.
Las 136 páginas de recurso del abogado Íñigo Iruin arrancan afirmando que la sentencia viola el principio que impide condenar por lo que no se acusaba, ya que el tribunal no consideró probado que los acusados formaran parte de algo llamado Bateragune. Usabiaga, resalta la sentencia, fue condenado «por formar parte de 'un organismo o comisión de coordinación y dirección de la izquierda abertzale', cuando en los escritos de conclusiones definitivas del Ministerio Fiscal y de la acción popular [Voces contra el Terrorismo] se acusaba a Rafael Díez Usabiaga de constituir e integrar Bateragune».
«El relato de hechos probados que efectúa la sentencia [...] no es una concreción de los hechos narrados por el Ministerio Fiscal y la acción popular, sino que por el contrario, lejos de concretar, efectúa una descripción mucho más abierta, imprecisa e indefinida», añade.
Junto a Otegi y Usabiaga, también fueron condenados Arkaitz Rodríguez, Sonia Jacinto y Miren Zabaleta. Todos han recurrido y comparten el grueso de los argumentos expuestos por los dos condenados como dirigentes.
Guerra por tener voz propia en el Congreso
UPyD y Amaiur esperan formar grupo mientras IU pretende estar en la Mesa
Primero fue la guerrapor los votos, y la resolvieron los electores el 20 de noviembre en las urnas. Ahora comienza la guerra de algunos partidos por tener más presencia en el Congreso -ya sea formando parte de la Mesa, en el caso de Izquierda Unida, o teniendo un grupo propio, como quieren UPyD y Amaiur-, y la Mesa tiene la palabra.
El coordinador federal de Izquierda Unida, Cayo Lara, dijo que el grupo de IU-ICV-CHA debe formar parte de la Mesa, porque es la tercera fuerza política de España con casi 1.700.000 votos. La Mesa tiene competencias tan importantes como organizar el trabajo del Congreso, decidir si se tramitan las propuestas de los grupos o aprobar el presupuesto y los gastos.
La integran nueve miembros, que son elegidos favoreciendo la presencia del mayor número de grupos. En proporción a los votos, al PP le corresponderían seis y al PSOE tres, por lo que los populares deberían ceder alguno. Si dejan uno a CiU (tiene 16 diputados), perder otro les situaría en minoría de cuatro a cinco, y eso no les parece lógico porque tienen una mayoría aplastante de escaños.
Por eso, es probable que el PP ceda un puesto a CiU y pase al PSOE la patata caliente de decidir si deja uno de los tres suyos a IU. En este caso, los socialistas tendrían que amarrar que el partido a quien lo cedan votará con ellos en las decisiones importantes, como ya ocurrió en otras legislaturas.
Otro problema surge para constituir los grupos, porque a UPyD le faltan unas décimas para llegar al 5% de los votos -se quedó en el 4,69%- y Amaiur supera el 15% en Álava, Guipúzcoa y Vizcaya pero en Navarra obtuvo el 14,86%.
Como existe algún precedente en que la Mesa aceptó un grupo aunque le faltaran unas décimas -con la fórmula de que otro partido le cedió un diputado para que lo constituyera y ése volvió al día siguiente a su formación-, la líder de UPyD, Rosa Díez, aseguró que «si se cumple la ley para que sea justa», les permitirán tener grupo.
Al preguntarla si Amaiur debe tener grupo, aunque también le falten unas décimas en votos como a UPyD, no quiso pronunciarse porque, según dijo, el problema de esta coalición abertzale «no es que tenga grupo o no, el problema es que está aquí», en el Congreso.
En su opinión, lo único que ha demostrado Amaiur es que es «el testaferro de ETA», cuando debe probar lo contrario y «defender la democracia y sus instituciones».
Josep Antoni Duran Lleida y otros electos de CiU también acudieron ayer al Congreso, como varios de las listas de IU y los de UPyD, para acreditarse como diputados, hacer su declaración de bienes y recibir el equipo telefónico e informático que les corresponde.
Millo renuncia a su escaño para seguir en el 'Parlament'
El portavoz del PP en el Parlamento catalán, Enric Millo, renunciará a su escaño en el Congreso para seguir desempeñando sus funciones en la Cámara catalana, donde en el último año ha encabezado algunas de las principales negociaciones con CiU. Así lo acordó ayer por unanimidad el Comité de Dirección del PP catalán, según anunció en rueda de prensa la presidenta del partido, Alicia Sánchez-Camacho, que agradeció al portavoz popular su «sacrificio y generosidad».
«Entiendo que es mucho más prioritaria la tarea de Enric Millo en el Parlamento catalán», argumentó la dirigente popular, que sostuvo que la holgada mayoría absoluta cosechada por el PP en las generales implica que el papel que desempeña el portavoz en la Cámara catalana sea más relevante que el que podría realizar en Madrid
IU renuncia al plan de pensiones que ofrece la Cámara
>El líder de Izquierda Unida, Cayo Lara, y el diputado electo Alberto Garzón renunciaron ayer al plan de previsión social que las Cortes ofrecen a cada parlamentario para que complemente su pensión cuando se jubila.
>Acudieron a realizar los trámites para acreditarse como diputados y, al presentarles ese plan para que lo firmaran, los dos dijeron que no lo aceptan porque piden un trato como a cualquier ciudadano.
>El plan consiste en que el Congreso aporta unos 280 euros al mes a una cuenta (equivalente al 10% del salario constitucional que reciben). Según fuentes de IU, aunque es una decisión personal, es previsible que los demás diputados de esta formación también renuncien a ese plan
posted by e-pesimo | 08:14
Links to this post:
Crear un enlace
Home