PROGRAMA PP: Promete convertir en ley la "doctrina Parot"

El PP promete 'blindar' la doctrina Parot y no negociar con terroristas
Creará una nueva deducción en el IRPF para favorecer el ahorro / Promulgará una ley de maternidad y revalorizará las pensiones
Un día después de la concentración de víctimas del terrorismo, Mariano Rajoy daba su respuesta más contundente a las demandas de «justicia», rompía con todos los recelos auspiciados entre su electorado por su optimista reacción ante el comunicado de ETA sobre el fin de la actividad armada, y se comprometía en el programa electoral, no ya con el principio de no negociar con ETA, sino con el instrumento de la doctrina Parot. El programa popular, cuyo primer resumen se hizo público ayer, blinda dicha doctrina, ahora puesta en duda por los portavoces nacionalistas, con la promesa de una reforma penal para «el cómputo de beneficios penitenciarios sobre cada una de las penas impuestas».
El enunciado del programa coincide literalmente con la sentencia 197/2006, dictada por la Sala Penal del Tribunal Supremo, con ocasión de un recurso del etarra Henri Parot, por la que los beneficios penitenciarios deben restarse de cada una de las penas que sucesivamente se vayan cumpliendo, y no del tope máximo de estancia en prisión.
Una sentencia que está recurrida ante el Tribunal Constitucional, y cuyo fallo aún no se atisba, en vísperas del 20-N, tras varios meses de deliberaciones.
En realidad, la conversión de la doctrina Parot en ley estaba contemplada en el programa del PP desde este pasado verano. La reforma auspiciada viene enmarcada en una amplia y muy endurecedora revisión del sistema de penas del Código Penal, que introduce, además, «la pena de prisión permanente revisable, la posibilidad de aplicación de medidas de seguridad postpenales, y una nueva regulación de la multirreincidencia».
Pero su confirmación viene a poner, si no punto final, sí un punto y seguido a las elucubraciones habidas en los últimos días en torno a la futura política antiterrorista del PP en el nuevo escenario de «paz» creado por la propia banda.
Rajoy, que el sábado pasado envió a su número cinco al 20-N por Madrid, Miguel Arias Cañete, a la primera línea de la concentración de víctimas en Madrid, y cuyos círculos más próximos confesaban secretamente estos días su «error» de que aplaudiera con la declaración de ETA la ausencia de «concesiones políticas», volvía así por sus fueros.
En un mensaje de tranquilidad hacia su electorado más tradicional, daba a conocer su compromiso con una doctrina que ha sido responsable de la prolongación de la prisión de importantes etarras, y que estuvo encima de la mesa de negociación del Gobierno socialista con ETA en la primera legislatura, según las actas de la banda terrorista incautadas en Francia.
Además, Rajoy lo hacía justo en el momento en que los medios abertzales, las asociaciones de presos etarras, como Etxerat, o el propio PNV, vienen abogando por su revisión, es decir, por su anulación, sin que los socialistas hayan expresado objeción alguna por su parte.
Además, y no por casualidad, la dirección nacional del PP cerraba el resumen difundido ayer enfatizando una vieja declaración de principios: «No negociaremos con terroristas, ni por la presión de la violencia ni por el anuncio de su cese. Éste será un principio básico de la política de seguridad del Estado».
El programa popular, en todo caso, no desciende en absoluto a la política penitenciaria, que es el instrumento al que más se aferran quienes, no sólo desde el mundo abertzale sino, sobre todo, desde el PSOE, confieren la máxima credibilidad al nuevo proceso.
Así, si bien se compromete con la Doctrina Parot, el PP nada dice, desde luego, del acercamiento de presos -previa pretendidas carta de perdón y expulsión de la banda-, como la que ya se está produciendo en casos individualizados, sobre todo en Nanclares de Oca (Álava) -La Tigresa, o Rafael Caride, entre ellos-, o, mucho menos, del polémico artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario, que sirvió para la excarcelación de Ignacio De Juana Chaos, y por el que, en aplicación de una decisión inicialmente administrativa, etarras como el ex número tres de la banda, José Luis Álvarez Santacristina, Txelis , sólo viven recluidos en prisión los fines de semana.
Hasta ahora, el PP no se ha opuesto a estas decisiones, y ha apoyado sin pega alguna la política del Gobierno socialista. Aún más, el coordinador de Libertades Públicas e Interior del partido, Federico Trillo, llegó a afirmar la semana pasada en Toledo que el PP aplicará, en caso de que gane las elecciones, la «misma política que hasta ahora».
Sea como sea, el programa popular aborda modificaciones que indirectamente tendrán su influencia en estos asuntos. En particular, contempla un claro propósito de desviar los recursos de amparo desde el Tribunal Constitucional hacia el Tribunal Supremo. Si bien se trata de liberar al primero de una carga que le impide ocuparse de los recursos de inconstitucionalidad, que le son más propios, lo cierto es que otorgará al segundo -la cúpside de la «jurisdicción ordinaria»-, un control mucho más efectivo sobre la justicia penal y menos magnánimo de lo que ha sido el Constitucional.
Eso sí, el PP reservará a este alto tribunal, por imperativo constitucional, la resolución del amparo «en los supuestos de interés constitucional, de acuerdo con lo que disponga la ley».
>Vea hoy en EL MUNDO en Orbyt el análisis de Pedro G. Cuartango.
Medidas que no molestan
>Reduciremos la exposición de los niños a contenidos sexuales o violentos. Exigiremos el estricto cumplimiento de los horarios de protección infantil en los medios audiovisuales.
>Impulsaremos la tarjeta sanitaria, la historia clínica electrónica, la receta electrónica única, compartida e interoperable, y el calendario vacunal único.
>Flexibilizaremos el tiempo de asuntos propios para los trabajadores, mediante una bolsa de horas que puedan distribuir libremente.
>Homogeneizaremos las retribuciones de los cargos electos locales, teniendo en cuenta la dimensión de los municipios, y fomentaremos su agrupación voluntaria.
>Suprimiremos el canon digital y lo sustituiremos por nuevos modelos de gestión y retribución de la propiedad intelectual, más justos y equitativos
El poder adquisitivo de las pensiones
LOS COMPROMISOS
Cuando se le preguntó a Rajoy en rueda de prensa si prorrogará los Presupuestos o descongelará las pensiones, él contestó. «Depende». La coyuntura económica condicionará, pues, lo que en todo caso figura como uno de los compromisos más claros del programa: «El PP está comprometido con el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones».
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Simplificar los contratos laborales
LAS AMBIGÜEDADES
A lo largo de los últimos años y en distintos foros económicos, el PP había apostado por el contrato de 30 días de indemnización por año trabajado como modelo unificador para el futuro del mercado laboral. En el programa, no obstante, se limita a anunciar que «simplificaremos la tipología de contratos laborales, para reducir la temporalidad y dar expectativas de estabilidad, flexibilidad y seguridad».
El PP elude un compromiso explícito con la , como fórmula reclamada por los titulares de hipotecas con problemas de insolvencia. Lo que hace el programa es prometer la reforma de la Ley Concursal para introducir «mecanismos de liberación de los deudores tras la ejecución del patrimonio embargable». Eso sí, «con las debidas garantías para evitar abusos».
El programa anuncia sin reservas una reducción de «personal eventual» de la Administración, que los aventuran muy importante, pero que en absoluto calcula, siquiera en términos porcentuales. La cifra dependerá, además, de otro compromiso no cuantificado: la reducción y hasta supresión de entes y organismos públicos «que no respondan a una racionalidad económica o administrativa».
El PP se ha olvidado del contrato de inmigración, que era una de las medidas estrellas del programa de 2008, y del PP de Cataluña en las últimas elecciones autonómicas. Parece sustituirlo por los «programas de aprendizaje del castellano y de las otras lenguas cooficiales»
Rajoy bajará el IRPF a los que compren una casa y ahorren
ECONOMÍA
Rescata la deducción por vivienda y alarga el IVA superreducido
Bajar impuestos para estimular la actividad económica: ésta fue la base de la política económica del PP en 1996, y ésta será la que lleve Mariano Rajoy a La Moncloa, aún frente a una crisis infinitamente mayor que la de entonces, y pese a las actuales políticas impositivas de otros países de la UE.
Pero si ésta era hasta ahora la máxima que inspiraba todos sus incentivos fiscales ya anunciados estos últimos meses en el ámbito de la empresa, la novedad del programa presentado ayer es que el presidente del PP también está dispuesto a bajar el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF) para fomentar «el ahorro, la inversión y el empleo».
Así lo hará, según el propio enunciado del programa popular, para mediante «la creación de una nueva deducción en el IRPF por el incremento anual del ahorro, que incluya la adquisición de vivienda habitual».
Se trata pues, mucho más que de recuperar la deducción por adquisición de vivienda habitual -que, por cierto, seguirá teniendo un IVA superreducido a partir de enero, según promesa programática-, de crear un abanico más amplio de reducciones efectivas del IRPF, conectadas a distintas fórmulas de ahorro entre las que, en todo caso, el programa sólo menciona los planes de pensiones. «Mejoraremos», reza, «la tributación de las prestaciones de los planes de pensiones».
En este mismo contexto, aunque con una incidencia más específica, el PP anuncia que elevará «los mínimos familiares en el IRPF, adaptándolos mejor a las circunstancias de los contribuyentes, especialmente en relación con las familias numerosas».
El programa popular recoge también rebajas en el impuesto de sociedades, con una generalización del tipo impositivo del 20% para las pymes; la ampliación del tipo del 25% para las empresas de hasta 12 millones de euros (tres más que en la actualidad); y la promesa de una simplificación de todas las deducciones.
Además, en el terreno de la inversión y el empleo, el PP recoge un «apoyo fiscal» para emprendedores, por importe de 3.000 euros, por la contratación del primer trabajador que no tenga la condición de socio de la nueva empresa. Más aún, promete «bonificar las cotizaciones sociales para los autónomos empresarios que contraten su primer trabajador no socio».
Aunque no viene incluido en el resumen de ayer, el programa recoge también las bonificaciones fiscales ya anunciadas para los accionistas que reinviertan sus beneficios en la empresa o las exenciones por mejora del material.
Y, en general, todo el programa del PP está salpimentado de alegrías fiscales sectorializadas. Así, contempla una «mejora de la fiscalidad» del turismo, en el contexto de un «plan integral» del sector, si bien no se compromete con la reducción del tipo al 4%, como viene siendo habitual en los discursos de los líderes populares.
Además, promete «incorporar incentivos fiscales para aquellas empresas que creen guarderías en sus centros de trabajo». Asímismo, anuncia una «actualización de la estructura de incentivos fiscales que potencien la inversión en I+D empresarial, con atención preferente a las empresas emergentes»; y hasta una «mejora de la fiscalidad de los patrimonios protegidos de personas con discapacidad».





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