EDITORIALES: Blanco debe dimitir como ministro y no ir en las listas

31/10/2011

OPINIÓN

Blanco debe dimitir como ministro y no ir en las listas

LAS REVELACIONES que hoy publica EL MUNDO aportan una serie de datos que concretan y agravan las acusaciones contra Blanco que figuran en el sumario que instruye la juez Estela San José en Lugo.

Lo que relata nuestro periódico es que, según fuentes de la investigación, Manuel Bran, el primo de José Blanco, estaba en la gasolinera de Guitiriz donde se encontraron el ministro de Fomento y el empresario Jorge Dorribo. El primo le exigió previamente a Dorribo el pago de 200.000 euros para poder entrevistarse con Blanco, que le fueron entregados en la misma gasolinera.

La narración de estos hechos pone los pelos de punta a cualquier persona con un mínimo de sensibilidad moral, ya que recuerda los episodios de la serie Los Soprano o alguna película de los hermanos Coen en las que se mezclan lo esperpéntico con lo mafioso. En un salto al pasado, también evoca el despacho de Sevilla desde el que el hermano de Alfonso Guerra traficaba con favores, con la diferencia de que el primo de Blanco cobraba en metálico y hacía las gestiones a unos pocos metros del ministro.

Es cierto que lo que dice Dorribo podría ser falso, pero no se entiende por qué habría de mentir con una autoimputación en la que reconoce que ha cometido un grave delito de cohecho.

El Servicio de Vigilancia de Aduanas, al que la juez ha encomendado la investigación para evitar filtraciones ya que probablemente no se fía de la Policía Nacional, ha comprobado que la versión de Dorribo tiene una base sólida. Éste transfirió 200.000 euros desde una empresa de Andorra a otra suya en Lugo. Luego sacó el dinero en efectivo. Y posteriormente él reflejó esa operación en su contabilidad como un pago a «IEB». Según el código de Dorribo, esas siglas significan Incentivos Europeos Bran-Blanco, los apellidos del primo y del ministro.

Las fechas y las siglas encajan, aunque alguien podría argumentar que todo apuntaba también a la culpabilidad de Luis Bárcenas, ex tesorero del PP, dado que en las cuentas de la trama de Gürtel aparecían las anotaciones «Luis el Cabrón» y «L. B.», pero ello no fue suficiente para seguir con una acusación que fue archivada.

En este asunto, dado que el propio Blanco reconoce que su primo estuvo en la gasolinera, no hay más que dos hipótesis. La primera es que, aun suponiendo que Blanco dijera la verdad y no haya cobrado ni un solo euro, estaríamos ante un caso de tráfico de influencias y nepotismo. El ministro sería culpable de haber hecho un favor a un familiar.

La segunda de las hipótesis es que Dorribo estuviera diciendo la verdad y la responsabilidad sería, por tanto, penal. No somos quien para determinar cual de las dos explicaciones se ajusta a lo sucedido. De momento, Blanco tiene a su favor la presunción de inocencia. Pero todo indica que la juez va a remitir el caso al Tribunal Supremo, que tendrá que decidir si hay indicios suficientes para abrir una investigación sobre la conducta del ministro.

Por el contrario, resulta casi seguro que el fiscal se va a oponer a enviar este asunto al Supremo. Sería inaudito que con todos estos elementos de juicio el ministerio fiscal se manifestara en contra de que el Alto Tribunal decida si hay que investigar, máxime teniendo en cuenta que sí lo apoyó en el asunto de Bárcenas. A nadie se le escapa la amistad personal entre el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, y el propio Blanco, al igual que la sospechosa actuación del fiscal jefe de Lugo, que sustituyó al fiscal del caso.

A la espera de que se dilucide si el ministro tiene que responder ante la Justicia, lo que sí está ya muy claro son sus responsabilidades políticas. Ya dijimos en su día que Blanco debería dimitir por el mero hecho de haberse citado en una gasolinera con un empresario, hecho muy imprudente. Pero la circunstancia de que su primo también estuviera allí agrava su conducta -en la medida que se trataría de un favor a un familiar- hasta límites de extraordinaria gravedad, creando una situación explosiva e insostenible.

Hasta el momento, Blanco se ha negado a dar explicaciones. Rehuyó comparecer en sede parlamentaria y ha rechazado en varias ocasiones responder ante los medios. Además, ocultó el dato esencial de que su primo estaba en la gasolinera en la carta enviada a la juez, que luego filtró a un periódico para dar una versión exculpatoria.

Por todo ello, el ministro tiene que dimitir o ser cesado por el presidente y, además, no debe ir en las listas del PSOE a las próximas elecciones. Los indicios que recaen sobre él son mucho más graves que los que había sobre Bárcenas, que dimitió como senador, sobre Fernández Bermejo, que dejó de ser ministro por no tener una licencia válida de caza, sobre Pla, que renunció a su cargo en el partido porque le habían pagado unas obras en su casa, sobre Camps, que dejo la Generalitat por unos trajes o sobre el ex alcalde de León, que se ha retirado de la política por un crédito.

Zapatero y Rubalcaba no pueden consentir que siga en su puesto, porque si el PSOE mira para otro lado en este caso nunca podrá volver a exigir responsabilidades a ningún otro partido.

31/10/2011

OPINIÓN

El PP acierta en su idea de reforma del Código Penal

EL PP intentó ayer despejar todas las dudas sobre la política antiterrorista si Rajoy ganas las próximas elecciones generales. En un avance del programa electoral que aprobará hoy, el PP dice textualmente: «No negociaremos con terroristas ni por la presión de la violencia ni por el anuncio de su cese. Éste será un principio básico de la política de seguridad del Estado».

El programa de Rajoy incluye una importante reforma del Código Penal para delitos de terrorismo. En concreto, propone la introducción de la cadena perpetua con juicio de revisión y la elevación de la llamada doctrina Parot a rango de ley.

En la actualidad, los crímenes por terrorismo son castigados con 40 años de reclusión efectiva. El PP propone que el castigo pudiera ser incluso superior si quien ha cometido el delito no se arrepiente. Para poner en libertad al delincuente, se establecerían unos juicios de revisión en los que se examinaría si existe la voluntad real de reinsertarse.

En cuanto a llevar la doctrina Parot al Código Penal, eso supondría que las redenciones de penas se computasen por ley sobre cada una de las condenas impuestas y no sobre el tiempo máximo efectivo de prisión, lo que de hecho alargaría la estancia en la cárcel de terroristas que ahora salen con poco más de 20 años cumplidos. La doctrina Parot está recurrida en estos momentos en el Tribunal Constitucional, que debe decidir si su aplicación es legal.

Nuestro periódico está de acuerdo con ambas iniciativas, que quedan recogidas en las 100 Propuestas para defender y fortalecer la democracia que se publicaran mañana en un cuadernillo. Y ello porque ambas nos parecen una cuestión de justicia para castigar crímenes abominables que no merecen la generosidad de la sociedad. En cualquier caso, lo fundamental es que la reforma indica que el PP no va a seguir la hoja de ruta pactada por el PSOE, el PNV y la izquierda abertzale, que lo que quieren es acelerar la salida de los presos de ETA.