CORRUPCIONES SOCIALISTAS: Embargo para los expoliadores socialistas y ugetistas del Fondo del Paro mediante ERE's fraudulentos/ El exalcalde de León
. SALVADOR / S. TORRES Sevilla
28/10/2011
Anticorrupción pide embargos o fianzas para los intrusos socialistas y ugetistas de los ERE's fraudulentos
La Fiscalía Anticorrupción ha pedido al juzgado sevillano que investiga el caso de los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) fraudulentos que embargue bienes o imponga fianza a los «intrusos» y «favorecedores» por las cantidades cobradas de forma indebida.
En un escrito fechado el pasado 25 de octubre, al que ha tenido acceso EL MUNDO, Anticorrupción insta a la juez Alaya a adoptar de forma «inmediata» estas medidas cautelares a fin de garantizar que los imputados -actuales y futuros- hagan frente a las eventuales responsabilidades civiles y económicas que se deriven de los hechos de los que se les acusa.
El Ministerio Público considera demostrada la existencia de una «trama organizada» para que personas ajenas a empresas afectadas por los ERE cobrasen pólizas de prejubilaciones financiadas en su mayor parte por la Junta de Andalucía.
Anticorrupción razona que, de ser condenados, los imputados tendrán que responder por este «beneficio indebido y delictivo», devolviendo las cantidades «ilícitamente recibidas» para reparar el «daño causado a los fondos públicos».
El fiscal defiende que la imposición de fianza o embargo de bienes no se limite sólo a los intrusos, sino también a los «empleados o directivos de entidades» -como empresas mediadoras que realizaban los cálculos actuariales y buscaban la compañía aseguradora- que, con su actuación, «han permitido y colaborado» para que trabajadores ajenos a las empresas afectadas por los ERE terminaran cobrando rentas por prejubilación.
Para poder determinar «con precisión» el quebranto producido a las arcas públicas, la Fiscalía Anticorrupción insta al Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla a que requiera a la Consejería de Empleo para que informe «a la mayor brevedad» sobre los procedimientos de reintegro que ha puesto en marcha, y en qué estado se encuentran las reclamaciones de beneficiarios que ha recibido por impago de las ayudas y las órdenes que ha emitido hasta ahora la Dirección General de Trabajo a las compañías de seguros y empresas intermediarias paralizando el pago de renta o capitales a los imputados.
La Consejería de Empleo abrió meses atrás expedientes informativos a los intrusos descubiertos en su investigación interna a fin de que éstos demostraran que tenían derecho a percibir las rentas de prejubilación financiadas por la Administración andaluza.
No obstante, el falso prejubilado Antonio Arquero declaró a la juez Alaya el pasado 6 de octubre que la Junta de Andalucía «no le ha reclamado las cantidades que ha recibido» (2.640 euros al mes durante cinco años y otro pago de entre 180.000 y 200.000 euros).
Su caso no es único: el intruso Rafael Ruiz había declarado previamente que nadie le había dicho cómo podía devolver el dinero que había cobrado de forma indebida.
De otro lado, Anticorrupción ve necesario investigar «caso por caso» las subvenciones a ayuntamientos, empresas, mancomunidades y otras entidades con cargo al fondo de reptiles -sin reunir los «requisitos exigibles en cuanto a concesión y control del destino» de las ayudas, observa el fiscal-, a fin de determinar las «razones últimas de dichos abonos, la veracidad y real existencia del fin público o no de la ayuda dada y, por ende, el destino final del dinero entregado»
Novena comisión de investigación vetada por la Junta socialista de Andalucía
>Promovida por el PP y respaldada por IU, se trata de la novena comisión de investigación que tumba el Grupo Socialista en tres años cuya creación solicitaba la oposición para esclarecer irregularidades tanto en el 'caso Mercasevilla' como en el de los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) fraudulentos
CÉSAR URRUTIA / Madrid
28/10/2011
El Congreso convoca un concurso a la medida del iPhone de Apple
La unanimidad de los diputados que compondrán el Congreso de la X Legislatura a partir del próximo 20 de noviembre ya está garantizada al menos en un punto: con independencia de sus colores políticos, todos parecen estar de acuerdo en que el teléfono que más les gusta es el nuevo iPhone de Apple.
Cámara de fotos y vídeo, detección facial en fotografías, hasta seis horas de navegación en web con 3G y ocho horas de conversación con una carga de batería, acelerómetro... además de un sistema operativo muy sencillo de manejar y acceso a todo un mundo de aplicaciones. La última obra del recientemente fallecido Steve Jobs es muy tentadora.
Pero hay que mantener las formas. La Mesa del Congreso publicó ayer los pliegues del concurso para dotar a sus señorías del kit tecnológico con el que trabajarán el próximo año, ofreciéndoles comunicaciones móviles y fijas de voz con conexión a internet.
Y para asegurarse de que el concurso no dará lugar a sorpresas, las condiciones técnicas que se exigirán a la operadora que dará servicio al Congreso están muy claras. Telefónica, Orange, Vodafone y las compañías que quieran salir elegidas podrán plantearse otros detalles para llevarse este concurso de un millón de euros anuales, pero que tienen que ofrecer un iPhone a los diputados está fuera de dudas. No valen blackberrys, ni nokias, ni samsungs ni ninguna otra marca.
Algo debían sospecharse estos fabricantes cuando vieron que los 400 terminales que estarán asociados a tarifas vip (tarifa plana sin restricciones para llamadas nacionales, internacionales y acceso a internet) deben ser smartphones «con la tecnología más moderna, tipo iPhone o similar», según reza la base del concurso. También sabían que de los 350 diputados salientes, no menos de 340 utilizan ya el teléfono de Apple, frente a una minoría que usan BlackBerry.
Pero, por si no estaba claro, se han quedado de piedra al comprobar que las características técnicas del teléfono que usarán los diputados en la próxima legislatura son en muchos casos las mismas que ofrece Apple para describir su nuevo iPhone 4s, que ha salido a la venta en España esta madrugada, a un precio de 599 euros en su versión más básica.
La huella de la página web de Apple en las bases del concurso está clara en casos como la descripción de la pantalla o servicios de localización que tendrá el teléfono. «Cumplimos con los requisitos de la pantalla digital, resolución en píxeles, GPS asistido y brújula digital, por supuesto», afirmaban ayer en la sede de uno de los fabricantes que compiten con la empresa californiana. «Pero es del todo imposible ofrecer formatos protegidos por Apple porque, por ley, sólo Apple y los iPhone los pueden vender».
La misma herramienta excluye toda alternativa al iPhone en el caso de la reproducción de audio. No hay marca que no sea Apple que pueda ofrecer el sistema de audio digital AAC protegido del iTunes Store que exige el concurso, porque la empresa californiana blinda así su tienda de música y contenidos audiovisuales frente a los competidores.
«Es como si haces un concurso para que gane una empresa que tiene cinco letras y empieza por A y termina por E», se resignaban en la competencia.
El nuevo equipamiento de los diputados incluirá otra novedad, como es la sustitución de un ordenador portátil por una tableta, que también deberá salir a concurso -aún no se han publicado los pliegos-, pero que, casi con toda seguridad, será de Apple.
El Congreso ya se ha decidido por esta opción al comprobar el uso que los diputados daban al ordenador portátil que se les prestaba al comienzo de cada legislatura, mientras que la tableta, mucho más ligera y pequeña, facilita el acceso a internet de los diputados y su trabajo desde cualquier lugar, incluso fuera del Congreso, mientras viajan, informa Efe.
De esta manera, a partir del próximo 20 de noviembre, cuando los nuevos diputados acudan a acreditarse, recibirán tanto la tableta como el teléfono, aunque los que repitan, según fuentes del Congreso, seguirán con el mismo móvil y sólo recibirán el iPad
El ex alcalde de León renuncia a su sueldo de diputado pero no a su jubilación
Todos esperaban que eligiera entre su prejubilación de 520.000 euros en Caja España-Duero o su puesto en la candidatura socialista. Pero el ex alcalde de León Francisco Fernández se queda con casi todo y sólo renuncia al salario que le corresponderá si es elegido diputado en las próximas elecciones.El que es, a la vez, secretario provincial del PSOE en León, ex alcalde de la ciudad, portavoz municipal en la oposición y consejero de Caja España-Duero compareció ayer con la mirada huidiza, tras el escándalo político-financiero revelado por EL MUNDO.
Lo hizo junto al cabeza de lista al Congreso por León y portavoz del Grupo Socialista en la Cámara Baja, José Antonio Alonso, para anunciar lo que nadie esperaba: un falso atajo y una cabriola legal.
Ni por asomo se situó en la disyuntiva de devolver los 520.000 euros cobrados por su prejubilación de la caja o abandonar la escena política y, especialmente, la candidatura como número dos del PSOE al Congreso por León, como han reclamado durante esta semana voces cualificadas de su propio partido.
Tan sólo anunció que rechazará su salario de parlamentario si las urnas así le proclaman. Y también dejará -aunque no concretó cuándo- su actual dedicación exclusiva en el Ayuntamiento de León; situación que incluso no le ha impedido negociar su prejubilación.
Estas hipotéticas percepciones siempre serán menores que la prejubilación de lujo que ha consolidado sin tener cualificación académica alguna, salvo la de auxiliar administrativo. Y, además, la Ley Orgánica de Régimen Electoral General 5/1985 pone en duda su situación y la posible compatibilidad del dinero al que él supuestamente renuncia. Según la norma, que hace expresa mención a pensiones y entidades financieras, un parlamentario tiene dedicación absoluta y no puede compatibilizar sus salarios con otro tipo de remuneraciones.
Pero la cúpula socialista, representada por Alonso, bendijo ayer a Fernández y dio por buena su renuncia al salario como parlamentario. «Es la decisión correcta», tuvo que decir el cabeza de lista al Congreso por León, sentando junto a un Francisco Fernández que, a medida que su compañero afirmaba que su renuncia al sueldo de diputado «era un ejercicio de responsabilidad y generosidad política», iba dejando atrás sus nervios y pasaba de la tensión al relajamiento.
Francisco Fernández insistió una y otra vez en que se ha limitado a aceptar una oferta de Caja España-Duero en la que se le ofreció acogerse a una prejubilación que le corresponde «por categoría profesional y laboral», después de más de tres décadas trabajando en esta entidad financiera.
Además, arremetió contra quienes «han intentado dañar la imagen del PSOE» y les retó a seguir su ejemplo. Insistió en que nunca ha estado «en la función pública por dinero» y contrapuso su vivienda y la hipoteca de ésta frente a quienes le han criticado «pero tienen seis casas y cuatro coches».
Alonso no dudó en defender a su número dos y señaló que «nadie duda de su honestidad», al tiempo que añadió que tampoco se ponía en jaque «su responsabilidad ética y política».
Frente a las críticas internas que suscitó la prejubilación de lujo de Fernández, Alonso optó por cerrar filas y transmitir el plácet del PSOE. «Lo que ha hecho Fernández, renunciando a su salario de diputado durante los cuatro años de legislatura y diciendo que va a trabajar al Congreso sin cobrar nada en favor de los leoneses, además de un acto que le honra, es un acto en el que le va a apoyar todo el mundo en el partido. Y, cuando digo todo el mundo, digo todo el mundo», afirmó, en una escueta intervención que apenas duró dos minutos.
Alonso eludió pronunciarse sobre si la renuncia de Fernández a su salario como diputado era suficiente en la formación socialista para acabar con el escándalo. Volvió a insistir en que la decisión de quien se postula para acompañarle en la Cámara Baja «ha tenido un rasgo de generosidad, sensatez y responsabilidad que le honra».
Mientras Alonso realizaba estas declaraciones, seguían sus palabras el número uno por León al Senado, Nicanor Sen, así como el vicepresidente segundo de Caja España-Duero y representante de UGT en el consejo de la entidad, Miguel Ángel Álvarez, también perteneciente al PSOE.
El consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta de Castilla y León (PP), José Antonio de Santiago-Juárez, anunció que el Ejecutivo regional prevé enviar al Banco de España y a la Fiscalía un informe sobre la prejubilación del ex alcalde de León para ver «si se deduce algún tipo de delito», según informa Europa Press
Madrid
28/10/2011
Trujillo: «No hay por dónde mirar el vídeo»
Las críticas al vídeo electoral del PSOE que enfrenta a la educación privada con la educación pública como dialéctica de la sociedad de clases recibió ayer críticas de las propias filas socialistas. Al toque de atención del ministro de Educación -que, aunque no milita en el PSOE, dijo que el montaje no era «muy afortunado»- se unieron ayer los comentarios de la ex ministra de Vivienda María Antonia Trujillo en Twitter. «No hay por dónde mirarlo», censuró.
Es más, dijo que no le extrañaba que se haya dicho que el niño protagonista es el hijo de José Blanco, vicesecretario general del PSOE, al que se ha reprochado no apostar por la educación pública por llevar a sus hijos a un colegio privado. «¿A quiénes se les ocurren estos errores?», se preguntaba desde su perfil de Twitter, según informa Europa Press.
En otro mensaje cuestionó incluso el lema de campaña Pelea por lo que quieres, elegido por el equipo electoral del PSOE. «No damos una», concluyó.
Las críticas de Trujillo a la dirección del partido y al equipo electoral de Pérez Rubalcaba no son nuevas. La ex ministra, que no ha sido incluida en las listas electorales, recientemente dijo mostrarse sorprendida al ver que «lo que no se ha hecho en ocho años se lleva al programa».
A quien tampoco le hizo gracia el vídeo del niño rico y la niña pobre fue a CiU; en particular, al candidato al Congreso, Josep Antoni Duran Lleida, que lo tachó ayer de «vergonzoso» y «demagógico».
«Es la expresión de la izquierda más anticuada de Europa», criticó en una rueda de prensa organizada por la agencia Efe. «Confrontar la escuela pública y concertada es ir a los años 40», señaló, en relación con los debates europeos sobre el modelo educativo.
Duran pidió «acabar de una vez por todas con esta demagogia», ya que, en su opinión, «el debate que interesa es el de la escuela de calidad». Además, sacó a colación «cuántos dirigentes socialistas no llevan a sus hijos a una escuela privada» o cuántos no han ido ellos mismos a una «escuela de elite de Madrid».
En el PP -por alusiones-, la presidenta del partido en Cataluña, Alicia Sánchez-Camacho, calificó de «error» el spot que acusa a las comunidades del PP de primar la escuela privada y concertada en detrimento de la pública, y lo atribuyó a que los socialistas están «absolutamente perdidos en esta campaña». Precisamente, Sánchez-Camacho participó ayer en el Foro de Educación Hacia un nuevo modelo educativo, organizado por Nuevas Generaciones. A su juicio, es «absolutamente inaceptable» la utilización de un menor con fines electorales. Por otro lado, señaló que el PSOE «cae en su propia trampa y en su propia contradicción e hipocresía, porque la educación española, privada, concertada, y especialmente la pública, son patrimonio de todos los españoles». A su entender, «no se debe volver a historias ni a propuestas que no representan a la España real».
Pese a las críticas de la comunidad educativa y del Defensor del Menor y las peticiones de que el vídeo sea retirado, el equipo electoral del PSOE anunció que lo va a mantener. Su argumentación, uno de sus eslóganes de campaña: «Todos tenemos derecho a una buena educación pública. El PP da ayuda a élites mientras quita profesores en la pública»
LA POLICÍA BLINDA SOL CONTRA el 15-M
La Policía deberá blindar la Puerta del Sol y otras calles en los días de la campaña electoral tras la resolución de la Junta Electoral de Madrid que declara que no se podrán celebrar manifestaciones «por ser lugar reservado para actos de campaña electoral». De esta manera, se podrán evitar las protestas de los indignados. La Junta Electoral de Madrid publicó el pasado 12 de octubre un edicto en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid por el que declaraba numerosas calles y plazas de Madrid, entre las que se encuentra la Puerta del Sol y aledañas, zona reservada «para actos electorales».
Este fue el territorio que tomó el pasado mes de mayo el movimiento de los indignados.
Este organismo cumplía así la Ley Electoral, que obliga a reservar locales oficiales y lugares públicos para la realización gratuita de los actos de los partidos que compiten el 20-N.
Sin embargo, la medida tiene consecuencias que limitan el derecho a manifestarse, aunque en esos días no se celebre ningún acto en la citada Puerta del Sol u otras calles.
Es lo que le ha ocurrido con la Plataforma contra la Impunidad del Franquismo, que celebra desde hace más de año y medio una protesta todos los jueves en la Puerta del Sol.
Hizo una petición ante la Delegación de Gobierno para realizar su concentración semanal, pero recibió una notificación de la Junta (competente en campaña política) en la que le informaba de que no se podría manifestar el próximo jueves, 10 de noviembre, por haber elegido Sol, que es una «zona electoral» sobre la que tienen preferencia los partidos que quieren organizar actos.
Por lo tanto, la Junta, que es la que tiene la competencia de autorizar la concentración en esos días, denegó la autorización para la protesta. La Asociación ha presentado un recurso que deberá ser resuelto por la Junta y dado a conocer en los próximos días.
Ayer, los manifestantes fueron muy críticos con la decisión de este organismo y lo interpretaron como una forma de control para evitar que en los días más cercanos a las elecciones se produzca alguna protesta que termine en un 15-M, ocupando la puerta del Sol o zonas aledañas.
La protesta que hacen los antifranquistas sólo tiene una hora de duración y con total seguridad no iba a coincidir con ningún tipo de acto electoral de la campaña del 20-N. A pesar de ello, fue prohibida.
Ayer, uno de sus portavoces indicó que al no tener personalidad jurídica posiblemente no les aceptarán mantener su protesta. Todos estaban indignados con la medida conforme la iban conociendo.
La resolución de la Junta es provisional, pero al no poder aportar la documentación que se les solicita será muy difícil que puedan manifestarse.
Sin embargo, las personas que formaban parte del 15-M no presentaron ninguna documentación para manifestarse, y realizaron su protesta en la jornada de reflexión, algo que está prohibido por la Ley Electoral.
No se conoce que la Junta tomara ninguna medida para evitar que cientos de personas tomaran la plaza, a pesar de que podría haber actuado de oficio o por la denuncia que presentó el sindicato Manos Limpias.
Un miembro de la Plataforma dijo a este periódico que no entendía que no pudieran expresarse en ninguna de las calles del centro por el hecho de haberlas declarado «zonas electorales». «Pues iremos al Congreso», llegó a afirmar.
Tampoco entienden la razón por la cual no les prohibieron sus concentraciones en la campaña electoral del pasado mes de mayo, «donde todos los jueves participamos en nuestra condena de los crímenes franquistas frente a la Puerta del Sol».
En aquellas semanas nadie nos dijo nada, ni recibimos ninguna citación, por lo que no entendemos qué pasa ahora.
Este portavoz de la plataforma antifranquista señaló que lo que pretende la Junta «es restringir nuestros derechos, pues en esos días no nos quieren ver por la Puerta del Sol».
Fuentes jurídicas indicaron ayer que no se puede entender que con el movimiento del 15-M no se tomara ninguna medida y se haya prohibido a esta asociación ejercer su derecho a manifestarse libremente por las calles del centro de la ciudad.
En las próximas horas se conocerá la resolución de la Junta Electoral, que deberán cumplir los antifranquistas si no quieren meterse en un lío en los tribunales o sanciones económicas.
Por otra parte, la elección de esas calles como espacio electoral debería hacer, según destacaron otras fuentes, que la Policía blinde estos espacios para evitar que se manifieste este grupo o cualquier movimiento como el 15-M contra el que no hubo ninguna resolución en los comicios municipales.
La Puerta del Sol se convirtió el 15 de Mayo en el epicentro de las protestas de los indignados, que durante más de un mes y medio convirtieron la céntrica plaza en una miniciudad, informa Roberto Bécares.
Se instalaron tiendas de campaña y casetas de madera y lonas por toda la plaza y comenzó a dividirse el trabajo entre sus vecinos por tareas: cocina, infraestructuras, comunicación...
Poco a poco se convirtió en un campamento con vida propia, donde uno incluso podía perderse entre sus calles, tachonadas por lonas para evitar el calor. Para los movimientos okupas de la ciudad Sol fue de repente su deseada Arcadia, un lugar donde desplegar sus conocimientos para crear un hogar de la nada, con huerto y todo.
La transformación de Sol también la experimentaron los edificios y estatuas de la zona. El tragabolas de la salida del Metro, los portales, la estatua de Carlos III o la del Oso y el Madroño se llenaron de pancartas reivindicativas del 15-M, un movimiento que extendió sus tentáculos por varias ciudades de España.
Miles de personas respaldaban las concentraciones que se celebraban de forma regular, y durante el día, se transmutaba en una especie de foro romano, donde abuelos, estudiantes y desempleados, entre otros, compartían su visión sobre la política y el futuro de la sociedad.
Pese a las reiteradas peticiones al Ejecutivo central por parte del Gobierno regional y de los comerciantes de la zona, que denunciaban el duro golpe para el comercio que suponía la plaza okupada, los indignados mantuvieron su fuerte durante seis semanas.
Un pequeño grupo mantuvo, sin embargo, un remanente cuando el grueso del 15-M decidió abandonar la plaza. Se instaló una infraestrcutura hecha de madera justo en el centro del espacio donde se informaba a los ciudadanos sobre el movimiento. Poco después, también se retiró de la Puerta del Sol, así como la placa de metal conmemorativa que se puso a los pies de la estatua de Carlos III: «Dormíamos, despertamos».
Esos días el Gobierno regional protestó ante el Ejecutivo de José Luis Rodríguez por consentir la acampada ante la sede de la Comunidad de Madrid.
Los comercientes se quejaron ya que sus negocios bajaron las ventas cerca del 50%. En los últimos días, los empresarios de la zona mantienen la preocupación de que en las jornadas cercanas al 20-N se pueda producir una movilización similar a la del pasado mayo
posted by e-pesimo | 10:07
Links to this post:
Crear un enlace
Home