CATALUÑA: Enfrentamiento entre la cúpula judicial de Cataluña y la Audiencia Nacional

GERMÁN GONZÁLEZ / Barcelona

08/10/2011

Malestar judicial con los Mossos

Quejas porque los agentes 'tomaron' la Ciudad de la Justicia para detener a 'indignados'

La detención de seis indignados por los Mossos d'Esquadra en la Ciudad de la Justicia de Barcelona -donde se agrupa gran parte de los juzgados de la ciudad- ha abierto una nueva brecha entre los jueces y la Consejería de Interior. El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), Miguel Ángel Gimeno, ha convocado a la Sala de Gobierno de ese organismo la semana próxima para analizar la manera en que se produjeron esos arrestos.

Para conocer lo que pasó, Gimeno ha pedido a la juez decana de Barcelona, Maria Josep Feliu, que presenció la detención, y al juez que estaba de guardia, Josep Maria Miquel Porres, un informe exhaustivo.

El juez de guardia se mostró muy contrariado con la actuación policial, ya que unas horas antes los indignados, imputados por los incidentes ocurridos frente al Parlament en junio pasado, se habían entregado en su juzgado. Mientras él esperaba órdenes del magistrado de la Audiencia Nacional que lleva el caso, fueron detenidos seis acusados en la cafetería del complejo.

Fuentes judiciales explicaron a este diario que existe malestar entre miembros de la magistratura catalana por la forma en que los Mossos irrumpieron en los juzgados para detener a los indignados. En este sentido, han lamentado las formas que empleó el dispositivo, ya que 50 agentes entraron en la cafetería, sin avisar a ninguna autoridad judicial, y empezaron a retener para identificar a decenas de personas, entre las que había algunos abogados y periodistas, hasta detener a los acusados.

Los Mossos d'Esquadra argumentaron que cumplían órdenes directas de la Audiencia Nacional. Incluso el juzgado de guardia de Barcelona, donde se habían ido a entregar los indignados, recibió una comunicación del juez Eloy Velasco en la que señalaba que los agentes cumplían órdenes suyas.

En este sentido, el director general de la Policía catalana, Manel Prat, admitió ayer que hubo «un malentendido en las comunicaciones» y una «descoordinación entre la Audiencia Nacional, la Ciudad de la Justicia y Los Mossos d'Esquadra» al ordenar la detención de los indignados. Destacó que la «descoordinación» entre las tres instituciones se produjo por «una serie de cuestiones desafortunadas», que impidieron una «comunicación suficientemente rápida» entre las partes.

También indicó que el jueves por la tarde habló con la juez decana y con el juez de guardia para darles las explicaciones oportunas, y coincidieron en «mejorar la coordinación».

Prat negó que la actuación policial fuese desmesurada, porque ante el aviso de que había diferentes grupos de personas «no sabíamos qué fuerza necesitaríamos para realizar las identificaciones, los traslados y las detenciones». También recordó que la operación continúa abierta.

Ayer declararon en la Audiencia Nacional tres de los 16 arrestados por su supuesta participación en las amenazas a diputados frente al Parlament, a los que los Mossos han entregado la citación esta semana.

Según fuentes judiciales, los tres acusados explicaron que fueron a protestar «por los recortes y la política económica del Gobierno catalán» y aseguraron que no usaron «métodos de violencia, coacción e intimidación». Los tres se reconocieron en las imágenes aportadas por los Mossos aunque, según sus abogados, no se les aprecia una actitud violenta ni de enfrentamiento con los diputados.

Mientras los detenidos declaraban ante el juez Velasco, unas 40 personas del Movimiento 15M se concentraron frente a las puertas de la Audiencia Nacional para pedir la libertad de los acusados

NOELIA CONRADO / Barcelona

08/10/2011

Las farmacias de Cataluña planean restricciones

La Generalitat aplaza el pago y el 15% dice que no dispensará medicinas con receta

El Consejo General de Colegios de Farmacéuticos de Cataluña estima que el 15% de las farmacias catalanas -cerca de 500- se verán obligadas a dejar de dispensar fármacos con receta en Cataluña, ya que no podrán hacer frente a los pagos a los proveedores si la Generalitat no les abona lo que les adeuda, que representa el 80% de su negocio.

Las 3.000 farmacias catalanas no han cobrado el pago del Servicio Catalán de Salud (CatSalut) correspondiente al mes de agosto por los fármacos dispensados con cargo a la Seguridad Social. El pasado miércoles concluía el plazo para hacer efectivo el pago. Hasta ahora, las farmacias cobraban de la Generalitat un mes después de efectuar las ventas, pero la Consejería de Salud ha decidido sumar 30 días de demora.

Este retraso se suma al aplicado desde julio de 2010, cuando se acordó que las farmacias recibirían con 25 días de retraso el 70% de la factura de los fármacos, y el 30% restante a principios de cada mes, pero la nueva demora anunciada obligará a las farmacias a recibir los pagos de dos meses 55 días después de lo previsto, informa Europa Press.

Para dar una salida al ahogo financiero que esta decisión ha causado a las farmacias catalanas, se abrió una mesa de negociación a tres bandas entre el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Barcelona (COFB), La Caixa y la Consejería de Salud. Llegaron a un principio de acuerdo, según el cual La Caixa se comprometía a efectuar el pago de lo adeudado hasta ahora por el Gobierno catalán, siempre que la Consejería de Economía lo avalara con un fondo de acción en riesgo, pero este Departamento lo rechazó de plano.

Tras la imposibilidad de lograr este crédito global, los farmacéuticos deberán asumir de forma individual, a partir del lunes, las negociaciones bancarias necesarias para obtener líneas de financiación que les permitan hacer frente a las facturas de sus proveedores y solventar la falta de pago de CatSalut.

El presidente del Consejo General de Colegios de Farmacéuticos de Cataluña, Jordi de Dalmases, alertó ayer de que no todas las farmacias podrán acceder con facilidad a estos créditos y acusó a la Consejería de Economía de dejar al sector «en la estacada», ya que «muchas farmacias dejarán de pagar al mayorista que les sirve medicamentos y éste dejará de suministrarlos». Ello puede dar lugar, según De Dalmases, al desabastecimiento de algunas boticas, al despido de empleados en otras o al cierre de establecimientos, en algunos casos.

Economía negó haber vetado el preacuerdo alcanzado, según fuentes autorizadas, argumentando que las condiciones que las farmacias presentaron para obtener el crédito suponían asumir el «descuento del riesgo en la póliza de farmacias, cosa que perjudicaría la capacidad de la Generalitat para atender otras prioridades más necesarias». Además, el Departamento recordó que hay otras comunidades autónomas donde el retraso de los pagos a farmacias es de entre 90 y 120 días, y en Cataluña es sólo de 65 días, aproximadamente.

Diferentes farmacéuticos catalanes consultados por este periódico aseguraron que iban a vender fármacos hasta que pudieran. «El público no tiene la culpa, todos necesitamos de todos, pero la Generalitat tiene que colaborar», aseguró Jordi Marcos, de la Farmacia Central de Barcelona. Marcos no cree que le concedan el crédito y sabe que sus proveedores le fiarán con una comisión del 0,6%, pero no ve otra solución para seguir adelante con su negocio

Garantizada la paga de Navidad

Los funcionarios de la Generalitat sí tendrán paga extra de Navidad. Después de que el consejero de Economía, Andreu Mas-Colell, abriera el jueves la puerta a esa medida, que sí afectará a los miembros del 'Govern' y a los altos cargos, la vicepresidenta del Gobierno catalán, Joana Ortega, quiso ayer tranquilizar a los trabajadores públicos. «Todos los funcionarios de la Generalitat cobrarán la paga extra», aseguró. De hecho, según Ortega, el Gobierno catalán quiere «recuperar el prestigio» de trabajar en la Administración pública, y que las rebajas salariales sean consensuadas. En cambio, la eliminación del aguinaldo sí que se extenderá a los «cargos de confianza» -o personal eventual- de la Generalitat