TRAS EL PASO DE LOS RUBALCABAS SOCIALISTAS LA HERENCIA QUE NOS QUEDA ES UN ESTADO EN QUIEBRA: Baleares elimina 32 empresas públicas

BALEARES

ANA BORNAY / Palma

29/09/2011

Bauzá elimina 92 empresas públicas

La medida puede causar el despido de 800 personas y prevé un ahorro de 115 millones

Si las familias y las empresas privadas tienen que apretarse el cinturón, las empresas públicas deben hacer lo mismo. Con esa convicción, el presidente del Gobierno balear, José Ramón Bauzá, anunció ayer la eliminación de 92 de las 168 empresas públicas de la comunidad autónoma. De esta manera, cumple con otra de sus promesas electorales: el adelgazamiento del sector público instrumental.

«Se pretende ofrecer un mismo servicio con un presupuesto mucho menor; ser más eficientes, como en cualquier empresa privada», explicó Joaquín García, director de la Oficina de Control Presupuestario.

Las empresas públicas serán únicamente 76. Sin embargo, desde el Ejecutivo regional no se descarta que en un futuro haya más recortes. «Esto no se acaba aquí. Cuanto más valientes seamos en la toma de decisiones, más rápido saldremos de la crisis», advierte el popular, que recuerda que es necesario ordenar el sector público para obtener beneficios en un futuro.

El nuevo Gobierno tiene claro que hay que acabar con la economía subsidiaria que ha imperado en el archipiélago hasta la fecha y considera que los puestos de trabajo no tienen que crearse desde la Administración, sino gracias a la iniciativa privada, que ha sido frenada por la poca confianza que muchos inversores han tenido en el Govern.

«Hay que desbloquear proyectos paralizados. En los próximos días verán cómo arrancan proyectos que nadie se atrevía a poner en marcha», adelanta Bauzá, que como ejemplo de trabas burocráticas que frenan la inversión se refirió ayer a la construcción de un parque fotovoltaico que se ejecutará en tres meses, después de estar olvidado en el fondo de un cajón durante cuatro años.

Esta medida supondrá un ahorro de 115 millones de euros anuales. «19.000 millones de pesetas», remarcó Bauzá. Esta cantidad representa el 25% del presupuesto que tenía el sector público en 2010. El pasado año, los consorcios, las fundaciones, los entes instrumentales, los organismos autónomos y las sociedades mercantiles absorbieron 450 millones. De todos estos cálculos hay que excluir al Servicio Balear de Salud (Ib-Salut), a la Agencia Tributaria (Atib) y a los órganos autónomos Ebap, Soib, Ib-Dona, Ibestat e Institut d'Estudis Baleàrics. Con este recorte, Bauzá pretende pagar la deuda que tienen estas empresas con los proveedores en un plazo de dos años, que asciende a 247 millones de euros.

La medida podría también conllevar el despido de 800 contratados laborales, un número considerable si se tiene en cuenta que, excluyendo a los del Ib-Salut, en total existen 3.500 trabajadores. No obstante, la cifra puede disminuir una vez que se lleven a cabo las negociaciones pertinentes con los sindicatos porque están abiertos a reducir ese número a cambio de disminuciones salariales. La Oficina de Control Presupuestario del Govern, creada por Bauzá al inicio de la legislatura, asegura que se estudiará caso a caso y empresa por empresa. Pero reconoce la picaresca. Muchos de estos organismos se crearon únicamente con el fin de poner a sueldo a un determinado número de personas, de tal manera que había algunas cuyo presupuesto era la suma del salario del gerente y del gasto corriente.

A pesar de que hasta hace tres meses el poder estaba en sus manos, desde el PSIB-PSOE echan balones fuera y culpan al Gobierno de Matas de la situación en la que hasta ahora se encontraba el sector público instrumental.

El secretario general de este partido y ex presidente del Govern balear, Francesc Antich, aseguró ayer que Bauzá sólo trata de poner en orden lo que «desmadró» su partido cuando Jaume Matas estaba al frente. «En aquella época las empresas públicas de la comunidad se incrementaron en más de un 60%», resalta Antich

Alcalde y ediles, últimos en cobrar

El equipo de gobierno del PP en Palma, liderado por al alcalde Mateo Isern, acordó ayer que ante los problemas de tesorería que están obligando a retrasar el pago de las nóminas a los empleados públicos, los 16 concejales 'populares' y el primer edil no cobrarán las suyas hasta que no se hayan liquidado las de los casi 5.000 trabajadores municipales entre funcionarios y resto de personal laboral.

El gesto de solidaridad con los afectados, por el «abismo» en el que están las arcas municipales, según el calificativo empleado ayer por el portavoz del PP, Julio Martínez, fue justificado por el también teniente de alcalde de Hacienda para desautorizar las acusaciones de PSOE, PSM y sindicatos sobre una posible estrategia que justificaría futuros recortes salariales y de derechos