RECORTES en Valencia y Extremadura/ ESPERANZA AGUIRRE muestra su nómina

DAVID VIGARIO / Mérida
Corresponsal

30/09/2011

Los diputados extremeños ya no beberán agua mineral

Al día siguiente de anunciar el presidente del Gobierno extremeño, José Antonio Monago, un tijeretazo de 67 millones de euros, la Asamblea de Extremadura ya no comprará más agua embotellada ni para los diputados ni para su personal laboral. Para ello, se ha dispuesto la colocación de nueve fuentes dentro del edificio parlamentario, cuyos depósitos de agua se llenarán con agua del grifo.

El gasto en la legislatura pasada en botellas de agua, según ha podido saber EL MUNDO, se elevó a 44.000 euros, con una media anual de pago por parte de la Asamblea de 10.900 euros. Sin embargo, se ha decidido desembolsar 2.800 euros para la compra de cuatro fuentes y, a cambio de esta cantidad, la empresa proveedora ha regalado otras cinco, en régimen de depósito. La vida útil de las mismas se establece en seis años. Además, está previsto comprar en unos días 25 jarras de agua, cuyo coste es de 200 euros.

«A priori puede parecer una medida banal, pero si se suman con las otras muchas que se van a tomar el ahorro será importante», advirtió ayer Fernando Manzano, presidente popular del Parlamento, quien pretende ahorrar un 8% con respecto al presupuesto de este año y cuyo montante total se situará en 14,4 millones de euros.

Entre los recortes, se encuentra la orden a los diputados de que no pasen facturas de comida que sobrepasen el menú del día. Tampoco la cuenta mensual de los móviles de los parlamentarios podrá superar los 250 euros, pues se ha comprobado que en la legislatura anterior había facturas que se elevaban como norma a más de 1.500 euros.

Además, si tienen que coger el avión, tendrán que hacerlo en clase turista. Esta poda también afectará a partidas como Gastos de reuniones y conferencias, donde se gastaron en 2010 más de 510.000 euros. También se quieren evitar derroches como, por ejemplo, el pago de la publicación de un libro que hacía referencia a la Asamblea y por el que abonaron 66.000 euros

XAVIER BORRÀS / Valencia

30/09/2011

Barberá critica a las eléctricas su «afán por cobrar» a quien no paga

La patronal responde que su ayuntamiento embarga a conductores que deben multas

¿Se puede abrir un debate ético por la decisión de una compañía eléctrica de cortar el suministro al despacho de un político que no paga las facturas? ¿Merece una administración morosa mejor trato que un ciudadano común amenazado por el embargo, el desahucio o el corte de suministro inmediato cuando no afronta un pago?

En opinión de Rita Barberá, alcaldesa de Valencia, sí. Al menos eso se desprende de la crítica que ayer lanzó contra la «ansiedad» de las compañías eléctricas por cobrar a las administraciones. No le parece «justo» a la primera edil que Iberdrola y Gas Natural Fenosa amenazaran con dejar sin luz el despacho del presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, por la acumulación de facturas sin pagar.

«¿Cómo se puede estar amenazando (...) con cortar el suministro cuando están presentado resultados de beneficios?», se preguntó la alcaldesa, con tono ciertamente indignado, cuando se le preguntó por el asunto. «Tendrían que hacerse cargo de que deben dejarnos respirar para que podamos pagar a los más necesitados», dijo.

La andanada de la alcaldesa contrastó, en el fondo y en la forma, con la actitud que adoptó el presidente valenciano que, tras un encuentro con el Rey, admitió que la amenaza de corte había existido porque su Gobierno se retrasó «un poco más» de lo debido en pagar «algún recibo». «Ha habido problemas de tesorería y tensiones, como en todas las administraciones», señaló, «pero, afortunadamente, seguimos teniendo muchas luces para poder resolver los problemas».

La Generalitat valenciana, efectivamente, no es la única que ha recibido el aviso de corte del suministro. Barberá admitió que su ayuntamiento también ha sufrido retrasos «de dos o cuatro meses, no más» en los pagos, pero pidió comprensión porque las facturas superan el millón de euros al mes.

Barberá se quejó incluso de las subidas de precios que impiden, según dijo, reducir la factura aunque se ajuste el consumo: «No hay manera porque, aunque disminuya el consumo, siguen aumentando las tarifas y así no se puede».

En opinión de la alcaldesa de Valencia, si las eléctricas aprietan a la administración, «están ahogando la posibilidad de que se pueda pagar a los pequeños, porque a final de año presentan unos ejercicios con beneficios muy grandes. La solidaridad tiene que llegar a todos y a los más grandes, más».

Las reflexiones de Rita Barberá recibieron oportuna respuesta del presidente de la Asociación Española de la Industria Eléctrica (Unesa), Eduardo Montes, quien ayer instó a la alcaldesa de Valencia a que su administración muestre «con aquéllos que están pasándolo mal» la misma «solidaridad» que exige a las compañías eléctricas.

En declaraciones a Efe, el presidente de la patronal eléctrica se ha mostrado sorprendido por unas declaraciones que, pese a venir de «una alcaldesa modelo», han sentado «muy mal» en el sector.

Montes cree que Barberá «no puede criticar a las eléctricas por hacer lo que hace cualquier administración», máxime cuando el propio Ayuntamiento de Valencia ha dictado embargos por el impago de multas a conductores. Montes recordó que el Consistorio valenciano embarga cuentas corrientes, bienes inmuebles, salarios, joyas e incluso la devolución de la renta de Hacienda por «aparcar en doble fila». «¿Cómo puede criticar a una compañía privada que tiene el mismo afán recaudatorio que su ayuntamiento?», preguntó.

Montes también criticó que Barberá realice estas afirmaciones «sin saber lo que gana o no» la compañía responsable del suministro a la Presidencia de la Generalitat, especialmente por tratarse de una empresa que «genera empleo». Recordó que «la realidad es que, cuando un cliente debe un pago, los sistemas contables mandan un aviso», sea a un particular o a una administración

ANÁLISIS
VICENTE LOZANO

30/09/2011

Por fin, buenas noticias económicas

Aguirre, Fabra, Monago, Bauzá, Cospedal, Barcina, Mas, Feijóo… Los presidentes autonómicos se han lanzado a una vorágine podadora de gasto público que incrementa el ya casi permanente estado depresivo en el que se encuentran sumidos los españoles desde que empezaron a notar los efectos de la crisis. Desde luego, no es agradable levantarse y leer que Navarra necesita un recorte de 190 millones de euros en su presupuesto, que buena parte de los 3.000 profesores interinos de la educación madrileña no impartirán clase este curso, que Baleares va a cerrar 92 empresas públicas y despedirá a 800 empleados o que Cataluña ha pedido a sus médicos que renuncien a la mitad de la paga extraordinaria de Navidad. Si una sola de esas medidas es desalentadora, todas juntas pueden socavar algunos cimientos, porque al subconsciente colectivo nacional le resulta muy difícil tolerar este desmantelamiento histórico del sector público.

Y, sin embargo, deberíamos alegrarnos porque estamos asistiendo a la sucesión de las mejores noticias que podía recibir la economía española. Seguro que se deben criticar medidas concretas que ha puesto en marcha alguna autonomía y debatir si hay líneas rojas que no se pueden cruzar, como ha dicho Rubalcaba. Es cierto, por ejemplo, que no se entiende que la Generalitat de Cataluña retrase el pago a asilos -parece que ayer rectificó- mientras subvenciona con 22 millones de euros a la prensa en catalán. O que el ahorro que quiere conseguir la Comunidad de Madrid no pase primero por reducir a la mínima expresión la televisión autonómica con el fin de venderla en cuanto legalmente se pueda.

Pero es sumamente positivo que los dirigentes regionales se hayan dado cuenta de la realidad de la situación y estén dispuestos a poner remedio con medidas muy duras, enfrentándose incluso a amplios sectores sociales. Que los políticos sean conscientes de que la fiesta ya terminó y que hay que purgar los excesos para pasar lo más rápidamente posible la resaca, es de lo mejor que le podía pasar a España, aunque desgraciadamente no lo sea para quienes ven recortadas sus prestaciones o desaparecer su puesto de trabajo. Éste es parte del sacrificio que nos espera, como decía el Rey el miércoles.

Si en estos momentos el principal peligro para conseguir el objetivo de déficit público en 2011 es el desmadre de las cuentas autonómicas, que por primera vez haya un empeño real y efectivo en la clase política regional por cuadrarlas es un paso fundamental para encarar la salida de la crisis. Y quizá no sea casualidad que la prima de riesgo se haya ido moderando al hilo de la difusión de los planes de ajuste de las comunidades autónomas

SARA PERUGA

29/09/2011

El PP, contra el 'caso Parla'

El secretario general del PP de Madrid y el portavoz en Parla, Francisco Granados y Miguel Ángel López, anunciaron ayer que el partido presentará a la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Madrid las «numerosas y graves irregularidades» que ponen de manifiesto la Tesorería, la Secretaría y la Intervención del propio Ayuntamiento de Parla. Estas supuestas irregularidades harían referencia al acuerdo para rescindir el contrato con la empresa de recogida de basuras, Valoriza.

Además, Granados destacó que el PP está estudiando exigir que los alcaldes y los concejales de PSOE e IU que aprobaron las supuestas irregularidades respondan por ellas con su patrimonio personal. A ello se sumaría la solicitud del PP a la Cámara de Cuentas para que audite la situación económica de Parla, cuya deuda ascendería a 300 millones de euros, según López.

Los dirigentes del PP recordaron el despido de 190 trabajadores municipales y los informes de la Tesorería y la Intervención. En ellos se advierte del peligro que corren las nóminas de los otros 540 empleados del Consistorio debido a la deuda de 80 millones de euros que se mantiene con la empresa Valoriza.

Por su parte, el alcalde de Parla, José María Fraile, declaró sobre los 190 despidos que «es una medida difícil y muy dolorosa, aunque hay que acometerla para garantizar los servicios públicos»

Q. ALSEDO

30/09/2011

El 'policía del 15-M' sigue indignado

«No creo que quiera hablar con vosotros y la verdad es que le entiendo: si sale en la prensa diciendo cualquier cosa, sea lo que sea, le pueden abrir otro expediente disciplinario». Lo decían ayer por la tarde, a llamadas de este diario, en el sindicato policial CPPM (Colectivo Profesional de Policía de Madrid), tras lo sucedido por la mañana: la comparecencia de Javier Roca Sierra ante el departamento disciplinario de la Policía tras su apoyo al 15-M en junio pasado en la Puerta del Sol.

«Muchos compañeros apoyan vuestra protesta», les dijo Roca Sierra a los indignados, antes de identificarse como agente de la Policía Municipal. Es este último punto el que ayer, incluso sotto voce, criticaban en su propio sindicato: «No sabemos qué se le pasó por la cabeza... Él podía expresar sus opiniones, lo que quisiera, pero no identificarse como servidor de la ley... Ese es el problema», decían.

Demacrado, con 15 kilos menos y tras sufrir una seria crisis de ansiedad el domingo pasado, según fuentes de su entorno, el agente se presentó ayer por la mañana ante el tribunal acusado de «abuso de atribuciones», un tipo que le podría acarrear hasta seis meses de suspensión de empleo y sueldo -el rango de la vulneración del código va de cinco días a seis meses-.

Según fuentes de su entorno y el sindicato CCOO, que emitió una nota de prensa, Roca Sierra, «pese a faltarle el aire», durante su comparecencia manifestó no estar arrepentido de nada».

Para Comisiones, «se está ante un nuevo dislate disciplinario que pretende corregir el sentimiento de un ciudadano de oficio policía, que es sensible a su tiempo». Además, desde CCOO se señaló que «el agente viene sufriendo un rápido deterioro en su salud como consecuencia de la injusticia que supone el verse inculpado disciplinariamente por ejercer un derecho constitucional como ciudadano, habiendo perdido casi 15 kilos desde el mes de agosto».

Se trata de un conflicto entre la libertad de expresión, de la que obviamente goza todo ciudadano, con las prerrogativas de los agentes de las fuerzas del orden, en este caso, la Policía Municipal. «Como en otras ocasiones, la Jefatura parece apostar por la restricción del derecho constitucional de la libertad de expresión a todo un colectivo; y es que no existe ninguna norma que obligara al agente a ocultar su profesión cuando se decidió, como un ciudadano más, a manifestar su apoyo al 15-M en una asamblea abierta a la ciudadanía», concluía el sindicato.

Sin embargo, el Ayuntamiento de Madrid no opina lo mismo y cree que esta persona expresó su apoyo a los indignados «como policía y animó a sus compañeros a sumarse a este movimiento», según informaron a Europa Press fuentes municipales.

El Consistorio se basa en el reglamento de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y en el propio reglamento de la Policía Municipal, que detalla que los agentes pueden manifestar sus ideas y opiniones, «pero no hacer uso de su calidad de policía para ello ni alentar a sus compañeros a sumarse a ninguna corriente política o social alardeando de su condición», indicaron esas fuentes.

Entretanto, Roca recibía la silidaridad de algunos de sus compañeros. Uno declaraba ayer a este diario: «Es un tipo fantástico, muy buen compañero, trabajador y honesto. Lo está pasando muy mal, es una pena»