OTRO ENGAÑO MÁS DEL PSOE, EL IMPUESTO DE PATRIMONIO:
CARLOS SEGOVIA / Madrid
19/09/2011
«Gravar el patrimonio aumenta el riesgo de fuga»
Pregunta.- ¿Qué opina de la reposición del Impuesto sobre el Patrimonio?
Respuesta.- El Impuesto sobre el Patrimonio es una mala idea. Las familias ahorran una fracción de su renta permanente. Lo hacen para afrontar el futuro: repartir el consumo a lo largo del ciclo vital, cubrirse de riesgos de cambio en su situación personal o profesional, invertir en la educación de sus hijos o, simplemente, intentar mejorar su situación económica. El Impuesto sobre el Patrimonio grava el ahorro y, por tanto, penaliza el esfuerzo de las familias para prosperar.
P.- El Gobierno argumenta que la situación es de crisis...
R.- Por eso justamente. Si este impuesto siempre ha sido malo, en la situación actual es, incluso, más inadecuado que nunca. La economía española está inmersa en una crisis de deuda, es decir, en una crisis de ahorro. Y este impuesto lo penaliza. Además, existe el riesgo de salida de capitales, y este impuesto aumenta este riesgo. Por tanto, ahora resulta especialmente contraproducente.
P.- ¿Por qué?
R.- Porque ahora hace falta, por ejemplo, que los ahorradores compren deuda española. Actualmente, la adquisición de la deuda española está gravada, como máximo, al 21%. Gravar el patrimonio tiene un efecto multiplicativo sobre esta fiscalidad. Si se considera un tipo sobre el patrimonio del 1%, sería equivalente a incrementar el tipo actual del 21% hasta el 45,9%, es decir, casi 25 puntos más para el que la compre.
P.- ¿Por qué lo repone el presidente Zapatero?
R.- No lo sé. Lo que sí sé es por qué lo quitamos hace cuatro años. En Moncloa no queríamos gravar más el ahorro, y menos con un impuesto injusto que no cumplía ninguna función redistributiva. Eso no ha cambiado. Su eliminación fue un paso adelante inequívoco para modernizar y racionalizar el sistema fiscal español.
P.- ¿En qué circunstancias aconsejaría usted al presidente recuperar este impuesto?
R.- En ninguna. Estoy absolutamente en contra.
P.- El Gobierno dice que pagarán los ciudadanos más ricos.
R.- No. Este impuesto siempre ha vulnerado los principios: de equidad, tanto horizontal -porque no trata igual, por ejemplo, al que compra una vivienda o un fondo de inversión- como vertical -no paga el que verdaderamente más tiene-, así que ni ha afectado ni afectará a los patrimonios realmente más elevados, porque éstos se encuentran en sociedades.
P.- El Gobierno espera recaudar 1.080 millones de euros, de acuerdo con los datos del año 2007. ¿Eso es así?
R.- La proyección de las cifras de 2007 no tiene sentido, porque las bases imponibles de ese año han experimentado variaciones muy significativas. El efecto de los precios puede reducir, en promedio, las bases imponibles del impuesto el 25%, aunque es heterogéneo y mayor en los niveles más elevados de patrimonio. Teniendo en cuenta los límites existentes en la cuota del impuesto, la capacidad recaudatoria de este impuesto es como mucho de 542 millones de euros de 2011 cada año. Pero no cabe esperar que se aplique en toda España, porque está cedido a las comunidades autónomas.
P.- Pero, ¿no es incontestable que deben hacer un esfuerzo especial los más ricos en esta crisis?
R.- Este debate se ha planteado de forma parcial y muy poco pedagógica para los ciudadanos. Aunque se trata de un debate legítimo, parece olvidarse que hace sólo un año ya se subieron los tipos marginales del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), entre 0,5 y 6 puntos, para los contribuyentes que declaraban ingresos por encima de 60.000 euros, subidas muy superiores a las que se plantean ahora en otras economías. E insisto, la reposición del Impuesto sobre el Patrimonio no afecta a los ciudadanos más ricos.
P.- ¿Hay progresividad fiscal en España?
R.- El 50% de los declarantes, los de menor renta, soporta el 7,3% del IRPF, mientras que el 5% de los declarantes con mayores ingresos soporta el 40% de la carga del mismo, lo que evidencia un esfuerzo fiscal de éstos 57 veces superior al de los primeros. El problema se magnifica cuando se constata que un declarante que declare ingresos brutos superiores a 54.000 euros forma parte de este grupo del 5% de contribuyentes más ricos. Esta realidad choca frontalmente con la opinión de que la progresividad es escasa.
P.- ¿Cómo aconsejaría cambiar la fiscalidad?
R.- En términos generales, los impuestos gravan el trabajo, el capital y el consumo. En el primer caso, el tipo efectivo medio del trabajo es similar en España y en la Unión Europea, 33,1% y 33,8% respectivamente, pero la insoportable tasa de desempleo hace necesario abrir un profundo debate público sobre la fiscalidad del trabajo.
En segundo lugar, el tipo efectivo medio sobre el capital es muy elevado en relación con los de las economías europeas. Es del 31,7% frente a 25,3%, es decir 6,4 puntos más. En cambio, el del consumo es uno de los menores, al situarse en 14,1% frente a 21,%, es decir 7,3 puntos menos que en la Unión Europea.
P.- ¿Cómo obstaculiza la fiscalidad la creación de empleo?
R.- El tipo efectivo medio considera tanto el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas como las cotizaciones sociales, tanto de los asalariados como de los empleadores. En España aumenta, desde las rentas más bajas, hasta alcanzar un máximo del 55,1% para una renta de 38.000 euros brutos, que coincide con la base máxima de cotización a la Seguridad Social. A partir de 38.000 euros, el tipo se va reduciendo lentamente a medida que aumenta la renta, hasta alcanzar el tipo marginal máximo del IRPF, entre el 45% y el 49%. No es lógico, y es imprescindible una reflexión.
P.- Pero si no se puede gravar más el trabajo ni penalizar al que ahorra, ¿cómo recaudar más para combatir el déficit?
R.- Sí, lo que queda es que habrá que gravar más el consumo, porque actualmente si se combina la imposición sobre el capital más dividendos es mucho mayor la presión para el que ahorra e invierte que para el que consume. Ésta es la realidad actual, y luego nos quejamos de que es un país muy endeudado
Guadalajara / Barcelona
19/09/2011
'Ocho años haciendo la pelota a los bancos'
Durante su intervención en el Comité Ejecutivo Provincial del Partido Popular de Guadalajara, Cospedal aseguró ayer, en referencia al denominado Impuesto sobre el Patrimonio, que no son los dirigentes del PSOE los más idóneos para dar lecciones de cómo gobernar «porque han puesto en peligro la política social de toda España».
La también presidenta de Castilla-La Mancha calificó de «ceremonia de la confusión» los diferentes datos que han aportado los dirigentes socialistas Elena Salgado, José Blanco y Alfredo Pérez Rubalcaba, sobre a quién afectaría el impuesto, y les aconsejó que «utilicen los consejos de ministros para gobernar en vez de dedicarse a originalidades u ocurrencias».
Igualmente, la secretaria general del PP recordó al candidato del PSOE a las elecciones generales que «cuando ha estado en el Gobierno» se ha bajado el sueldo a los profesores entre un 5% y un 10%, «lo que supone el mayor recorte social en Educación que se ha llevado a cabo en este país».
Por su parte, la vicepresidenta de la Generalitat, Joana Ortega, explicó ayer que el Govern no está «en absoluto» de acuerdo con recuperar el Impuesto sobre el Patrimonio, pero que estudiará aplicarlo debido a la mala situación financiera en la que se encuentra el Ejecutivo catalán.
En una entrevista concedida a Catalunya Informació, Joana Ortega afirmó que el Gobierno catalán tratará el asunto del impuesto en la próxima reunión del Consell Executiu.
La vicepresidenta de la Generalitat pidió públicamente saber «cuál es la letra pequeña por lo que respecta a Cataluña», y apostó por una «revisión más amplia» de la fiscalidad española
CASIMIRO GARCÍA-ABADILLO
19/09/2011
A las órdenes del candidato
El ejemplo más claro de ese retroceso hacia posiciones no sólo demagógicas, sino obsoletas, es la recuperación del Impuesto de Patrimonio.
La fuga de votos que se produjo el 22 de mayo y el 15-M han sido fenómenos que no ha digerido bien la cúpula socialista.
Si, en efecto, lo que se estuviera produciendo en la sociedad española fuera un giro a la izquierda (algunos interpretaron así el grado de simpatía que reflejaban las encuestas hacia los indignados), el partido que más los jaleó, IU, habría subido mucho más.
Muy al contrario, lo que se produjo en las municipales y autonómicas de la pasada primavera fue un masivo voto de castigo al PSOE por su gestión económica y una avalancha de votos hacia el PP, que es la alternativa real de gobierno y al que los ciudadanos conceden más crédito como gestor de desastres.
En el PSOE no ha habido un debate ideológico, de ideas, de propuestas, sino un debate de poder que, para desgracia de los que apostaban por continuar el camino de la renovación, ganaron los mastodontes que aún perviven de la época del felipismo. Es decir, ganó Rubalcaba como expresión de ese PSOE que sigue pensando en los descamisados y en que la izquierda pasa necesariamente por reverdecer la dicotomía entre ricos y pobres.
El derrotado fue Zapatero. Y la expresión más evidente de su derrota fue la cesión a no celebrar primarias para elegir al candidato. Si el presidente hubiera querido, las primarias se hubieran llevado a cabo y Carme Chacón no hubiera tirado la toalla antes de jugar el partido.
Pero el presidente ya se batía en retirada. Quería una tregua con los sectores de la vieja guardia que le pedían cuentas, utilizando para ello toda la capacidad de fuego que el grupo Prisa les permitía, que es mucho.
Después, Zapatero cometió un grave error: anunciar con demasiada antelación las elecciones, no valorando suficientemente lo que significa en política dejar de ser visto como la fuente máxima de poder.
El presidente lo hizo porque quería aprovechar el mes de septiembre para aprobar las reformas pendientes. Es decir, porque quería marcharse con la cabeza alta, con los deberes hechos.
Lo único bueno que ha tenido su decisión ha sido el pacto con el PP para la reforma de la Constitución, con el objetivo de limitar el déficit y la deuda pública.
Pero, para él y para el país, el resto de consecuencias acarreadas por su decisión de poner como fecha de los comicios el 20-N ha sido nefasto.
Hace tan sólo tres semanas, Zapatero estaba decidido a no recuperar el Impuesto de Patrimonio. Y así se lo hizo saber a personas muy cercanas a él y a algún líder político, como Duran Lleida.
Pero el presidente ya no tenía capacidad para marcar la agenda política. Rubalcaba presionó para que el Gobierno repusiera un impuesto que decidió eliminar en la práctica (bonificándolo al 100%) hace tan sólo tres años.
El candidato no sólo quería ganar esa batalla, que le servirá -eso cree él- para ganar votantes en la izquierda, sino que quiso dejar claro, evidenciar que le había doblado el brazo al presidente del Gobierno.
Ése era el objetivo de la entrevista publicada por El País el domingo 11 de septiembre: «Voy a pedir al Gobierno que reponga el impuesto a los grandes patrimonios».
Cuando él decía eso, ya sabía que el presidente había cedido a su presión, que contó con colaboradores de lujo como Blanco o la propia vicepresidenta Salgado.
La batalla por evitar esa revisión a fondo de toda una política estaba perdida, pero, aun así, algunos amigos del presidente trataron la semana pasada de evitar que el Gobierno diese luz verde al decreto que, finalmente, se aprobó el viernes 16.
Los argumentos utilizados por uno de sus colaboradores son tan claros como contundentes. El Impuesto de Patrimonio grava dos veces las rentas, apenas tiene eficacia recaudatoria y, sobre todo, no sirve para que paguen los ricos de verdad.
Aunque la vicepresidenta económica estimó en 1.080 millones de euros lo que se puede recaudar con el impuesto, técnicos del Ministerio de Hacienda rebajan esa cifra a menos de 600 millones. Los cálculos de la ministra de Economía no han valorado suficientemente la caída de las bases imponibles por el efecto de la crisis en las carteras de valores y en los precios de las viviendas.
Zapatero ha sido receptivo a esos argumentos, con los que está, básicamente, de acuerdo, pero su respuesta a los que le pedían resistencia ante las demandas de la vieja guardia no puede ser más desalentadora: «Ahora mi deber es ayudar a Rubalcaba a ganar las próximas elecciones».
¿Qué hacer ante ese argumento tan poco razonable y, a la vez, tan cargado de victimismo?
Porque hay algo que no se recuerda, pero que es muy importante: Zapatero sigue siendo el secretario general del PSOE. Al menos, hasta el próximo Congreso. Ésa fue su pequeña pírrica victoria tras ceder a los deseos de Rubalcaba de no tener que enfrentarse a unas primarias de resultado incierto.
Volvamos al principio. Hablábamos de derrota humillante. La cuestión es: ¿qué se entiende en el PSOE por humillante?
La línea viene marcada por la derrota de Almunia en las elecciones del 2000, en las que el PP obtuvo mayoría absoluta y en las que, por cierto, también se apostó por abrazar a la izquierda mediante un pacto con IU.
Si Rubalcaba no logra obtener más de 125 escaños, si se queda en esa barrera o por debajo de ella, el candidato estará obligado a retirarse, por mucho que tenga buenos altavoces que, a buen seguro, le rogarán que continúe.
Miedo escénico. Eso es lo que está pasándole al candidato socialista. Ve que se acerca el día D y que las encuestas no reflejan la recuperación en expectativa de voto que su candidatura supuestamente provocaría de forma inmediata. Sus amigos de El País tuvieron la deferencia de retrasar un día la publicación de la encuesta que le daba al PSOE 14 puntos menos que al PP. Hubiera quedado feo darla justo el mismo día en el que el candidato ocupaba la portada del diario anunciando la buena nueva del «impuesto para los ricos».
Siga a Casimiro García-Abadillo en Twitter: garcía_abadillo casimiro.g.abadillo@elmundo.es
posted by e-pesimo | 09:12
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