EL PSOE HA SUMIDO A ESPAÑA EN LA QUIEBRA: Recorte de 30.400 empleados públicos más en Francia para alcanzar los 150.000 en 2012
C. SEGOVIA / M. VEGA / Madrid
29/09/2011
El Gobierno vuelve a rectificar y aplaza la salida a Bolsa de Loterías
El Gobierno volvió a protagonizar ayer una importante rectificación y renunció a su privatización estelar de la legislatura, la venta de un 30% de la empresa pública que gestiona las loterías. Anoche hizo oficial una decisión que venía barajando desde hace semanas, aplazar la privatización de este tramo de Loterías y Apuestas del Estado «por la situación de los mercados de capitales». El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, anunció la medida el pasado diciembre y la enmarcó en la necesidad de mejorar la gestión y obtener recursos para reducir las necesidades de endeudamiento del Estado. En una presentación efectuada en Londres el pasado día 1, el Gobierno aseguró a los inversores que esperaba recaudar entre 7.000 y 9.000 millones.
En un comunicado oficial emitido ayer, el Ministerio de Economía admitió «que no se dan las condiciones adecuadas para garantizar unos ingresos que reflejen el valor de la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE)». Economía asegura que «la operación podría retomarse cuando las circunstancias del mercado lo recomienden». Pero esa decisión corresponderá ya al nuevo Gobierno y el posible ganador de las elecciones, el Partido Popular, ha mostrado reiteradamente su oposición a tal privatización.
La vicepresidenta económica, Elena Salgado, afirmó ayer mismo que está «muy satisfecha» de la decisión, y aludió expresamente al «riesgo» de que el precio de colocación se hubiera situado incluso por debajo del valor contable -20.800 millones- de la empresa, informa Europa Press.
El coordinador económico del PP, Cristóbal Montoro, ha llegado a acusar en los últimos meses de «malversación» a Salgado por esta operación. Ayer mismo, el diputado Álvaro Nadal afirmó que si el PP gana las próximas elecciones utilizaría «todas las herramientas que estén en su mano» y a su alcance para impedir que el Estado sufra las consecuencias de la venta a un «precio irrisorio».
Fuentes próximas a los responsables de la privatización aseguraron que ya hacía semanas que barajaban la decisión y que los últimos tres días han sido decisivos al percibir que era ya irreversible la falta de apetito de inversores internacionales por esta privatización española. Según fuentes financieras consultadas, los inversores estaban dispuestos a aportar 3.500 millones en lugar de los 7.000 o los 9.000 esperados.
EL MUNDO publicó el pasado día 14 que el Ministerio sopesaba aplazar esta operación, pero la propia vicepresidenta económica, Elena Salgado, lo desmintió. El presidente de SELAE, Aurelio Martínez, llegó a emitir un comunicado de desmentido con esta afirmación: «El proceso de salida a Bolsa de un 30% de la empresa continúa con el calendario previsto sin que se contemple otra posibilidad».
Martínez declaró posteriormente a la prensa que la operación se iba a realizar «de todas, todas», pero sus manifestaciones públicas no reflejaban la realidad de las dudas que tanto el Ministerio como los bancos colocadores estaban percibiendo ya.
Al problema de falta de demanda exterior a los precios deseados por el Ministerio, se une que los propios bancos no tenían aliciente para colocar acciones de Loterías, puesto que ellos mismos están en las mismas fechas intentando que sus clientes suscriban sus propios productos financieros para obtener liquidez. Los dos principales colocadores Santander y BBVA, están al mismo tiempo intentando colocar miles de millones en pagarés a su clientela. El banco cántabro comunicó ayer mismo a la empresa estatal, horas antes del anuncio de aplazamiento, que tenía dificultades para colocar las acciones previstas, según fuentes de otras entidades participantes.
En este contexto y a pesar de que Bankia y Banca Cívica lograron salir a Bolsa el pasado julio, las condiciones actuales del «mercado no aconsejan este tipo de operaciones», señalaban ayer varios analistas consultados por este diario. «Loterías es una empresa que vale mucho y no tiene sentido sacrificar la compañía sacándola ahora a Bolsa porque el mercado la estaba infravalorarando», señalaba una fuente financiera próxima a la operación tras conocer la noticia.
Desde el pasado diciembre, cuando el Gobierno anunció la privatización de Loterías y del gestor aeroportuario Aena, las empresas del sector del juego han perdido buena parte de su valor en Bolsa.
Por ejemplo, las acciones del gigante estadounidense Las Vegas Sand valían ayer 44,26 dólares, un 13,7% menos que el día en el que el Ejecutivo anunció la privatización del monopolio lotero. Por su parte, el grupo de juego español Codere ha caído en este tiempo un 15% y el Ibex 35 se ha dejado otro 12,3% de su valor en el periodo, lo que ha dejado las acciones de las grandes empresas españolas a precios muy inferiores a los que deberían cotizar por sus fundamentales. Al final, esta realidad, que el Gobierno pretendía obviar al sacar a Bolsa la compañía para reducir las emisiones de deuda de aquí a final de año, se ha impuesto a los deseos de Salgado.
Loterías es una compañía sin endeudamiento financiero y con un flujo de caja envidiable, según coindicen los analistas. Sin embargo, la valoración que manejaba Economía era inferior a 7 veces el Ebitda de la empresa, una cifra considerada ridícula por expertos del sector
JOHN MÜLLER
29/09/2011
Sacar agua de un pozo seco
De hecho, Elena Salgado lo planteó así en una comparecencia parlamentaria celebrada en marzo. «Si se obtienen fondos por la privatización de una parte de Loterías, eso permitirá que el recurso a las emisiones sea algo menor que en otros años». «Es como vender el 30% del IRPF», le dijo el diputado popular Álvaro Nadal a la vicepresidenta en ese mismo debate.
En los últimos días, el PP endureció notablemente su discurso contra esta operación. Cristóbal Montoro comenzó el fin de semana a lanzar sus críticas. También lo hicieron Rajoy, Soraya Sáenz de Santamaría y, ayer, Nadal dio un paso más al advertir públicamente a aquellos que acudieran a la privatización que se atuvieran a las consecuencias porque el PP haría todo lo posible por revertir la situación si llega al poder. «Ellos sabrán donde se meten», advirtió.
La nota oficial del Gobierno atribuye a «la situación de los mercados de capitales el aplazamiento de la operación». Es cierto, el horno no está para bollos. Se desconoce la cifra que el Gobierno confiaba recaudar, pero ya no estaba cerca de los 5.000 a 6.000 millones que Salgado vaticinó en el Financial Times que podía obtener. Loterías genera unos 2.700 millones limpios para el Estado cada año. La facturación, además, apenas ha caído un 2% pese a la crisis que estamos viviendo. ¿Qué sentido tenía privatizar en estas circunstancias? «Nadie vende su casa por siete años de alquiler», insistió ayer Nadal.
Al endurecimiento de la posición del PP se unió la pésima situación de liquidez del mercado de capitales. La colocación del 30% de Loterías aspiraba a ser la mayor de la historia de España, por encima de las privatizaciones de los gobiernos de González y Aznar. Pero esta operación no iba más que a empeorar el fenómeno del crowding out que vivimos desde 2010, o sea, la expulsión del mercado de los particulares por parte de un Estado que absorbe más y más dinero privado. Los principales damnificados iban a ser los grandes bancos españoles que en estos días están acudiendo al mercado: en las próximas semanas, el Banco Santander, según datos de Expansión, aspira a captar 7.000 millones a un plazo de 18 meses y el BBVA 10.000 millones. Curiosamente, ambos eran agentes colocadores de Loterías.
Junto a los grandes también están sufriendo otras entidades financieras que intentan salvar la situación emitiendo pagarés y bonos ya que en julio Salgado impuso topes a los tipos de interés que pueden pagar los depósitos para evitar una guerra.
Resultado de esta operación: cero euros para el Estado y mucha ansiedad para todos. Y como legado de este desafortunado proceso ha quedado un diseño institucional que incluye una flamante Comisión Nacional del Juego para colocar a algún amigo más
FRANCISCO NÚÑEZ / Madrid
29/09/2011
Ordóñez: sólo una bajada de tipos puede reactivar la economía
El Banco de España confirmó ayer la situación de encefalograma plano en que se encuentra la economía española. Por si fuera poco, recalcó el deterioro de algunas variables como el consumo y la inversión (y en particular el ahorro), los beneficios empresariales y la contratación indefinida. La entidad confía en que bajen los tipos de interés para favorecer el consumo de las familias.
En su último Boletín Económico, la entidad que dirige Miguel Ángel Fernández Ordóñez señaló que los datos disponibles relativos al tercer trimestre muestran «la atonía de la actividad». En concreto, destacó que los índices de confianza de los consumidores y de los comerciantes experimentaron retrocesos, así como el índice de comercio al por menor o las matriculaciones de vehículos.
La situación se complica ya que este retroceso de la actividad económica, con una demanda interna en evidente contracción, ha desplomado los beneficios de las empresas no financieras españolas. Según los datos de la Central de Balances, que elabora la propia entidad, el entorno económico ha reducido los beneficios de las empresas en la primera mitad de año hasta retroceder un 18,1%. El banco emisor alerta de que en los próximos trimestres la incertidumbre sobre los beneficios de estas empresas es «muy elevada».
La entidad reconoce además que las inseguridades sobre el contexto económico han aumentado como consecuencia de las tensiones de los mercados financieros y el debilitamiento del crecimiento de algunas economías más desarrolladas. Lo que podría afectar a las exportaciones, único componente que mantiene tasas de crecimiento.
El caso es que la situación financiera de las empresas de los sectores más afectados por la crisis (industria, comercio y hostelería) había mejorado durante 2010. Pero los datos disponibles de 2011 apuntan a «un cierto deterioro generalizado» por ramas productivas, que es coherente con la pérdida de dinamismo de la actividad y con el repunte en el coste de financiación.
En esta fase de estancamiento, y con el riesgo de una mayor acentuación de la crisis, la autoridad monetaria advierte también del descenso del empleo en España por tercer año consecutivo. Llama la atención sobre el empeoramiento del mercado laboral ya que la evolución de los afiliados en julio y agosto muestra «una pausa» en la paulatina moderación observada en el ritmo de destrucción de empleo en los trimestres anteriores.
En ese sentido señala que el empleo que se ha creado en este periodo es temporal y se debe a «factores estacionales» con un repunte del ratio de contratos eventuales. Pero también comenta que, según la información de que dispone, el peso de la contratación indefinida en el conjunto muestra un descenso adicional en este tercer trimestre hasta el 6,7% frente al 8% de los tres meses anteriores. Esta evolución refleja el fuerte descenso de las conversiones de contratos temporales a contratos de fomento (con 33 días de indemnización en caso de despido).
De aquí que, por primera vez en muchos meses, el Banco de España hable de la reducción de los tipos de interés. Según un estudio de la entidad, el gasto en consumo de los hogares propietarios de viviendas podría aumentar en tres puntos porcentuales si se redujeran en un punto los tipos de interés de las hipotecas.
Pero no debe confiar mucho en que se produzca este recorte, al menos a corto plazo; porque, por otra parte señala que un alargamiento de los plazos de vencimiento de la hipoteca en un año elevaría el consumo entre dos y tres puntos. Sólo se produciría entre los grupos de hogares con un crecimiento de renta relativamente mayor
El PP apoya congelar la tarifa
Para poder congelar el recibo, el Ejecutivo bajará la otra partida que compone la tarifa, los denominados peajes de acceso, que sirven para retribuir las actividades reguladas (uso de redes, primas a las energías renovables, entre otros conceptos) y donde existe un déficit: los ingresos por esta partida no son suficientes para cubrir los costes.
La patronal eléctrica Unesa ha advertido de que la decisión aumenta ese déficit y es un engaño a los consumidores, ya que lo pagarán más adelante.
Por el contrario, las asociaciones de consumidores han valorado la medida, aunque mostraron sus reservas sobre el método de subasta para fijar el precio de la energía. La OCU ha señalado que congelar la luz es «lo normal y lógico», pero reconoce que «supone dejar pendiente la subida para el futuro», mientras que desde Ceaccu apuntan que una nueva subida sería inasumible para la mayoría de las familias y muestran sus dudas sobre el sistema de cálculo del precio de la energía.
El PP afirmó que comparte la decisión del Gobierno, ya que los ciudadanos no están para un nuevo incremento. El recibo de la luz ya subió en enero pasado un 9,8%. En julio volvió a incrementarse, pero sólo un 1,3%. Así las cosas, el nuevo Gobierno que salga del 20-N tendrá que afrontar una nueva subida en enero de 2012
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F. D. GONZÁLEZ / J. E. MAÍLLO
Alicante / Madrid
29/09/2011
Cinco jefes de la CAM cobraron 13 millones antes de la intervención
Jamás un quebranto financiero tan grande obtuvo una recompensa tan extraordinaria. La cúpula directiva de la CAM, la misma que con su gestión condujo a la cuarta caja de ahorros de España a la bancarrota, se embolsó 13,3 millones de euros en indemnizaciones justo antes de que la entidad fuese intervenida por el Banco de España.
Dos meses después del rescate, el supervisor destapó unas pérdidas de 1.136 millones de euros en el primer semestre de 2011. El Estado ha tenido que inyectar 2.800 millones para recapitalizar la caja y prestarle 3.000 millones para que atienda sus problemas de liquidez. Unos números que no impidieron que sólo cinco ejecutivos de alto rango accedieran a repartirse 13,3 millones en indemnizaciones.
Los beneficiarios de tan jugosas indemnizaciones son Roberto López Abad, ex director general de la caja y al que todas las fuentes apuntan como primer responsable de su desaguisado; Vicente Soriano, jefe de Recursos Humanos; Joaquín Meseguer, responsable de Participaciones Empresariales; Agustín Llorca, director general adjunto, que abandonó la entidad un día antes de su intervención por el Banco de España, y Gabriel Sagristá, director de la zona Norte.
Los cinco se acogieron al expediente de regulación de empleo (ERE) que puso en marcha la CAM este mismo año después de haber sido los máximos responsables de una gestión que ha llevado a la entidad a una morosidad del 51% con el sector inmobiliario, pérdidas de 1.136 millones en apenas seis meses y una posición de liquidez que obligó al Banco de España a rescatarla.
López Abad se fue con 5,8 millones de euros brutos bajo el brazo. La que fue su sucesora, María Dolores Amorós, que iba a permanecer en la entidad, intentó blindar su futuro pactando con el ex presidente Modesto Crespo una pensión anual de casi 370.000 euros.
Amorós, que ha sido despedida por los administradores del Frob, buscó el beneficio propio, falseó las cuentas y realizó una gestión deficiente mientras ocupó el cargo de directora general. Ése es, al menos, el juicio de los interventores del Banco de España.
La ex directora general de CAM ocultó al consejo de administración de la caja la espectacular subida que experimentó su sueldo nada más acceder al cargo, en noviembre de 2010 (pasó de 350.000 a 593.000 euros al año), así como el resto de jugosos complementos que iban aparejados a su contrato. Varios ex miembros del órgano de gobierno de la entidad, consultados ayer por este diario, coincidieron en que el consejo nunca fue informado del incremento salarial que Amorós pactó con el presidente, Modesto Crespo.
Ni el sueldo de Amorós ni su pensión pasaron por la Comisión de Retribuciones, presidida por el secretario del consejo de administración, José Forner. Esta comisión tiene como misión informar al consejo sobre la política general de retribuciones e incentivos para los miembros de los órganos de gobierno y el personal directivo. Entre sus funciones figura «conocer e informar sobre los criterios generales de retribución de altos directivos» y «conocer e informar sobre el sistema general de incentivos anuales o retribución variable de aplicación al personal de Caja Mediterráneo».
En vista de los acontecimientos, todo este proceso fue obviado. Fue Modesto Crespo quien, haciendo uso de la competencia que le atribuyen los estatutos de la caja, fijó el sueldo de la primera directiva de la CAM, incluso, antes de que la asamblea general de la caja ratificara el nombramiento de Amorós.
Además de subirse el sueldo, a Amorós también le dio tiempo, en su breve estancia en la dirección general, a ascender a su hermana, empleada de la CAM, a la cúpula de la entidad.
El pasado abril, tras la ruptura de la fusión con CajAstur, Amorós rediseñó el equipo directivo y al mismo ascendió a su hermana, Luisa Esperanza Amorós, a quien colocó en la la dirección de Particulares.
Todos estos elementos van a formar parte del expediente administrativo que el Banco de España está elaborando contra el equipo directivo y el consejo de la entidad.
Fuentes financieras apuntan que, además de la vía administrativa, hay suficientes indicios de delitos penales, por lo que el Banco de España optará por, una vez concluido el expediente, elevarlo a la Fiscalía para que inicie la oportuna investigación y depure responsabilidades.
Mientras tanto, continúa el proceso de adjudicación de la caja. Ayer concluyó el plazo para que los interesados presentarán ofertas no vinculantes por una entidad que suma 70.000 millones de euros en activos.
Según fuentes financieras consultadas por este diario, en la lista de ofertantes aparecen el Santander (que acometería la integración a través de Banesto), BBVA, CaixaBank, Banco Sabadell, Ibercaja y Barclays. A ese listado se podría sumar algún fondo de inversión, como ya sucedió en el caso de CajaSur, aunque difícilmente el Banco de España se inclinará por entregarles la caja a ellos.
Ahora es el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob) el que debe analizar las propuestas recibidas. En función de las solicitudes que hayan realizado los interesados, el fondo reformulará las condiciones para quedarse con la entidad. Inicialmente había incluido un esquema de protección de activos para cubrir las pérdidas de los créditos más tóxicos de la caja y ayudas para financiar sus problemas de liquidez.
OORBYT.es
>Vea hoy en EL MUNDO en Orbyt el análisis de Juan Emilio Maíllo
JAVIER G. GALLEGO / Bruselas
Corresponsal
29/09/2011
La UE quiere recaudar 57.000 millones con la tasa financiera
La Comisión Europea inició ayer el mecanismo legislativo para hacer realidad el Impuesto sobre Transacciones Financieras, una de las grandes herramientas contra la crisis que había defendido el Ejecutivo que lidera José Manuel Durão Barroso. Fue él precisamente quien dio a conocer la propuesta durante su defensa del modelo comunitario en el debate sobre el Estado de la Unión, ante el pleno del Parlamento Europeo.
Con este impuesto, que defendió por tratarse de una cuestión de «justicia» tras las millonarias ayudas que ha recibido la banca europea, se espera recaudar hasta 57.000 millones de euros anuales, que irán a parar al presupuesto comunitario y a los Estados miembros que lo apliquen.
El proceso, hasta su entrada en vigor, prevista para enero de 2014, se antoja complicado porque algunos países de los Veintisiete, como Reino Unido, ya han rechazado la idea. No sólo eso, otras nueve naciones -Bélgica, Chipre, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Polonia y Rumania- ya cuentan con un tributo nacional similar, por lo que estarían obligadas ahora a adecuar su legislación a la propuesta comunitaria.
El texto presentado ayer establece un tipo mínimo del 0,1% para todas las operaciones de compraventa de acciones y obligaciones (deuda) en las que participe al menos una entidad financiera cuya residencia fiscal se encuentre en territorio de la UE. También se gravará con un 0,01% de la cantidad negociada en instrumentos derivados. Será el tipo mínimo común impuesto por Bruselas, aunque cada Estado podrá aumentarlo para garantizar una recaudación adicional en sus presupuestos.
La tasa recaerá sobre un amplio grupo de entidades, desde bancos y aseguradoras hasta fondos de inversión, pasando por las empresas rectoras de mercados organizados (las Bolsas, por ejemplo), Sicav y otros agentes de intermediación financiera. Fuentes europeas defienden que se trata de un «impuesto progresivo» porque quienes más dinero poseen hacen más operaciones financieras.
El comisario europeo de Fiscalidad, Algirdas Semeta, recalcó que este tributo no gravará las operaciones comerciales de la banca, como la concesión de créditos a particulares y empresas o la gestión de depósitos de sus clientes. Además, señaló que se trata de «tasas muy bajas que no tienen por qué recaer finalmente en el cliente, ya que el mercado bancario europeo es muy competitivo».
La propuesta pasará ahora al Consejo de Ministros de Finanzas (Ecofin), que deberán pulir la propuesta y llegar a un acuerdo unánime, a la vez que se tramita en la Eurocámara. Preguntadas por la oposición de algunos países, fuentes comunitarias responden que no contemplan un escenario distinto a que esta tasa sea aplicada en todos los Estados de la UE puesto que parte de su recaudación irá al presupuesto comunitario.
Ayer se confirmó en Bruselas que habrá una reunión extraordinaria para desbloquear la ayuda a Grecia, una vez se conozca el informe final de la troika, que vuelve hoy mismo a Atenas. También ayer, el Parlamento finlandés ratificó la ampliación del fondo de rescate y el aumento de las garantías que deberá aportar el país. La reforma fue aprobada por 103 votos a favor, de los seis partidos que forman la coalición de Gobierno, y 66 votos en contra, los del grupo ultranacionalista Verdaderos Finlandeses y el Partido de Centro. Así, Finlandia se convierte en el décimo país de los 17 que forman el Eurogrupo en ratificar el acuerdo
M. RAMÍREZ / J. M. BELLVER
Nueva York / París
Corresponsales
29/09/2011
Obama arremete contra la banca europea
Las críticas a la zona euro ya se han convertido en un eslogan de campaña para Barack Obama. El presidente de Estados Unidos volvió a criticar ayer a los líderes europeos por hacer poco y tarde para frenar la crisis de deuda y no dar más dinero público a los bancos.
Durante un foro con medios hispanos, el presidente norteamericano fue interrogado por la economía nacional, en peligro de volver a caer en recesión, y el demócrata desvió la conversación hacia la Unión Europea y sus dirigentes. «No hemos visto a los europeos encargarse de su sistema financiero y su sistema bancario tan eficazmente como deberían», afirmó. El lunes, en un discurso en California, aseguró que la crisis de deuda europea estaba «asustando al mundo».
Obama teme el efecto contagio. Los bancos estadounidenses aún están recuperándose de los daños por el estallido de la burbuja inmobiliaria y podrían sufrir a través de filiales europeas.
El portavoz de la Casa Blanca, Jay Carney, explicó después que la Administración presiona a los presidentes y ministros de la UE para que actúen «con decisión». La semana pasada, Obama telefoneó a Angela Merkel y se reunió unos minutos con Nicolas Sarkozy en Nueva York.
Por su parte, la Unión Europea intenta defenderse. José Manuel Durão Barroso, presidente de la Comisión Europea y fuera de lugar en esta crisis, pedía ayer en Estrasburgo sacar un poco de «orgullo europeo». «Me duele cuando veo el paternalismo con que en otras partes del mundo nos dicen a los europeos lo que tenemos que hacer», aseguró ante el Parlamento Europeo. El portugués, y atlantista, contestó a la Administración Obama: «Gracias por vuestros consejos, pero nosotros podemos superar esta crisis».
En medio de la críticas, el goteo de medidas económicas en Europa para reducir la deuda continúa. Ayer el Gobierno francés presentó su borrador de presupuesto para 2012 y anunció el recorte de 30.400 empleados públicos. De esta forma, el presidente Sarkozy seguirá con su impopular caza al funcionario, que viene aplicando desde hace unos años, con el sistema de no cubrir uno de cada dos puestos de trabajadores que se jubilan.
Al concluir 2012, el Gobierno francés habrá reducido el número de empleados públicos en 150.000, con lo que se cumplirá el objetivo alcanzado al comienzo del quinquenio
posted by e-pesimo | 06:35
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