EDITORIALES: Intolerable agravio de Salgado a las CCAA del PP

Los nuevos gobiernos regionales sólo pueden elevar su déficit un 0,1% hasta final de año

09/09/2011

Intolerable agravio de Salgado a las CCAA del PP

ELENA_ SALGADO está agraviando a los gobiernos regionales que salieron de las urnas en mayo, todos del PP excepto en Asturias. Según desveló ayer la vicepresidenta, en los seis primeros meses del año las CCAA casi se han comido el objetivo de déficit para todo el ejercicio -1,2% del PIB frente al 1,3% previsto- y fue tajante al recordar que ese 1,3% es innegociable, por lo que está exigiendo a los nuevos ejecutivos que sólo eleven el déficit un 0,1% hasta diciembre, doce veces menos que el han dejado los anteriores -todos del PSOE-. Se trata de un inaceptable castigo a unos gestores que se están esforzando cuadrar las cuentas y puede suponer un colapso financiero. Además, algunas comunidades se encuentran entre la espada de Salgado y la pared de los sindicatos, que se oponen de forma demagógica a los ajustes. Lo estamos viendo con las protestas ante el plan de recorte del gasto en la Comunidad en Madrid. La convocatoria de una huelga «sostenida» de tres días a la semana es una irresponsable declaración de guerra al Gobierno de Aguirre

Saludable ejercicio de transparencia de los políticos

EL CONGRESO y el Senado colgaron ayer en sus respectivas web las declaraciones de patrimonio de los parlamentarios, en cumplimiento de una decisión de las mesas de ambas cámaras. El detalle sobre los bienes de los diputados y senadores -incluyendo los ingresos, los ahorros y las propiedades inmobiliarias- despertó mucha expectación y mantuvo bloqueada la página electrónica del Congreso durante buena parte del día. Indudablemente se trata de una iniciativa de gran impacto en la sociedad, en un momento en el que millones de ciudadanos atraviesan por graves dificultades económicas. Pero el análisis de los bienes, ingresos y patrimonio que los parlamentarios han declarado no debe hacerse desde la demagogia, sino desde la lógica, el sentido común y el respeto al ejercicio de transparencia que han realizado. Un ejercicio, por cierto, que resulta saludable y valiente en estos tiempos y que les puede acarrear críticas e incomprensiones por parte de algunos sectores de la ciudadanía.

Los cargos públicos españoles tienen de media 163.000 euros y dos casas. No puede considerarse un dato escandaloso ni llegar a la conclusión de que los políticos españoles sean ricos. Si bien es verdad que tendríamos que saber con qué patrimonio llegaron al cargo para valorar si su paso por la política ha incrementado sus bienes de forma abusiva, lo cierto es que están en la media -o incluso por debajo- de lo que cualquier profesional liberal medio puede ahorrar viviendo de su trabajo. Como ejemplo, podríamos citar el de Fraga. Es completamente normal que en toda una vida dedicada a la política, el senador haya ahorrado un millón de euros y un piso. Lo mismo cabe decir de los patrimonios de Rajoy y Rubalcaba, quienes como candidatos a las generales ofrecen a los ciudadanos una información relevante. Además, dar publicidad a sus declaraciones significa asumir un compromiso que les vincula ante los ciudadanos. Cuando abandonen la política, todo el mundo podrá comprobar si se han aprovechado o no de sus cargos para enriquecerse.

Una de las declaraciones que seguramente se mirará con lupa es la de José Bono, cuya participación en la polémica hípica asciende a 1,6 millones de euros. En este caso el debate no es la cuantía del patrimonio del presidente del Congreso, sino la discutible posibilidad legal de que los diputados o ministros puedan desarrollar una actividad comercial de cara al público durante el ejercicio de sus funciones.

La casuística concreta puede resultar más o menos llamativa. Por ejemplo, Mercedes Cabrera, diputada socialista, es la más pudiente con más de seis millones de euros, pero hay que tener en cuenta su matrimonio con un destacado analista del mundo financiero. Pero en conjunto, lo más discutible desde el punto de vista de la austeridad es la pensión que reciben los ex diputados después de abandonar el Congreso, con cuantías en algunos casos bastante elevadas. Es sorprendente -y esta vez si escandaloso- que Ricardo García Damborenea, condenado por el secuestro de Segundo Marey, reciba más de 2.000 euros mensuales

100 PROPUESTAS PARA REGENERAR Y DEFENDER LA DEMOCRACIA

09/09/2011

9. Impulso de la iniciativa popular.-

El Congreso reformará el artículo 87 de la Constitución para hacer efectivo el derecho ciudadano a la iniciativa legislativa. El cambio incluirá una rebaja a 150.000 de las firmas exigidas y la supresión de las limitaciones en cuanto al objeto de la iniciativa. Igualmente, se modificará la ley que regula su ejercicio, estableciendo un plazo máximo de tres meses para que la Mesa del Congreso envíe al Pleno la discusión de la iniciativa.

10. Exclusión de los procesados de las listas.-

El Parlamento modificará la Ley Electoral para que ninguna persona que se encuentre en situación de procesado o contra la que se haya abierto juicio oral en el procedimiento abreviado pueda figurar en las listas de un partido a las elecciones generales, municipales o autonómicas. La decisión sobre quienes se encuentren solamente imputados en un procedimiento penal dependerá de cada partido. Se reformará también el Código Penal para que tanto en el caso de funcionarios como de cargos electos las condenas por delitos relacionados con el ejercicio de sus funciones conlleven penas de inhabilitación más severas que las actuales.