CUANDO EL DELINCUENTE ES EL PORTAVOZ DEL GOBIERNO SOCIALISTA: Pepiño Blanco respalda el desacato a los Tribunales de Justicia

MARISA CRUZ / Madrid

09/09/2011

Blanco respalda la decisión de Mas de desoír al TSJC

La inmersión lingüística catalana «tiene el aval del Constitucional»

El portavoz del Gobierno, José Blanco, defendió ayer la posición de la Generalitat, que ha optado por desafiar el auto del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) anunciando su decisión de mantener, sin cambiarlo ni un milímetro, el sistema de inmersión lingüística que se sigue en su modelo educativo. Blanco argumentó que el sistema impuesto en Cataluña cuenta con el «aval del Tribunal Constitucional».

El ministro portavoz no dudó en hacerse eco de la teoría esgrimida por el Gobierno de Artur Mas, según la cual la fórmula que impone el catalán como vehicular en la enseñanza y limita a dos horas semanales las clases en castellano está avalada por la sentencia que emitió en su día el Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Cataluña.

Recordó, además, que el modelo catalán es fruto de una ley aprobada sin ningún voto en contra en 1983 y que posteriormente sirvió de base al entonces presidente de Galicia, Manuel Fraga, para diseñar el sistema gallego.

En opinión del ministro, el sistema catalán de inmersión lingüística «ha funcionado muy bien como vehículo de integración».

Aseguró también, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que el Gobierno central es «respetuoso» con las decisiones de los tribunales, pero eludió responder a la cuestión de si se adoptará alguna medida para hacer cumplir al Ejecutivo autonómico las resoluciones judiciales en virtud de las cuales la Generalitat tiene un plazo de dos meses para tomar medidas que permitan que el castellano también pueda ser lengua vehicular en la enseñanza.

De las explicaciones del portavoz del Gobierno se desprendió la sensación de que desde Madrid no se dará paso alguno para forzar el acatamiento a lo dictado por los jueces. De hecho, el portavoz intentó situar el foco de la polémica no en el contenido de las resoluciones judiciales, sino en la actitud política del PP. Como si el auto del TSJC hubiera sido dictado por el Partido Popular, Blanco tachó de «ruido» el debate suscitado por el PP al insistir en la necesidad de cambiar el modelo educativo de Cataluña, más ahora que cuentan con la percha de las sentencias del Supremo y las elecciones generales están a la vuelta de la esquina.

Según Blanco, «siempre que se aproxima un tiempo electoral se utiliza la lengua, el catalán, el gallego, como instrumento de confrontación y división, aunque luego algunos si lo necesitan acaban hablando catalán en la intimidad».

La alusión a los pactos que mantuvieron los populares con los nacionalistas catalanes en la etapa de Gobierno de Aznar y Pujol resultó evidente, así como la referencia al actual respaldo que presta el PP de Cataluña al Ejecutivo de CiU en el Parlament.

Con esta última insinuación, el ministro portavoz se alineaba con la posición que mantienen los diputados del PSC a la hora de reprochar a Artur Mas su alianza parlamentaria con los populares, pese al ataque que estos lanzan contra una de las políticas, la de inmersión lingüística, que los nacionalistas catalanes defienden como absolutamente innegociable.

Blanco, que quiso poner de manifiesto su condición de hijo de gallegoparlantes, insistió en el deseo del Ejecutivo central de no caer en la tentación de «utilizar las lenguas como instrumento de confrontación» y en su lugar abogó por poner el acento en su condición de elementos para la «convivencia y la comunicación».

Recalcó que la diversidad lingüística debe suscitar «orgullo» porque es una muestra de «riqueza cultural que debe ser defendida».

La sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Cataluña a la que se ciñe el portavoz del Gobierno para considerar plenamente avalado el sistema de inmersión lingüística en la educación catalana sostiene en referencia al artículo 35.1 del Estatut que «ambas lenguas [catalán y castellano] han de ser no sólo objeto de enseñanza sino también medio de comunicación en el conjunto del proceso educativo, es constitucionalmente obligado que las dos lenguas cooficiales sean reconocidas por los poderes públicos competentes como vehiculares siendo en tales términos los particulares titulares del derecho a recibir la enseñanza en cualquiera de ellas».

«Resulta perfectamente legítimo», añade la sentencia del Constitucional, «que el catalán, en atención al objetivo de la normalización lingüística en Cataluña, sea el centro de gravedad de este modelo de bilingüismo, aunque», puntualiza, «siempre con el límite de que ello no determine la exclusión del castellano como lengua docente de forma que quede garantizado su conocimiento y uso en el territorio de la comunidad autónoma»

«Nadie hará que la inmersión caiga»

La actualidad política, prácticamente ausente ayer en el Parlamento de Cataluña durante la ceremonia de entrega a Josep Guardiola de la Medalla de Oro de la Cámara, tuvo su momento en el acto cuando tomó la palabra Núria de Gispert. La presidenta del 'Parlament' utilizó una pirueta discursiva para proclamar, sin que se hubiera hecho ninguna alusión a la polémica por el requerimiento del TSJC, que «nadie puede hacer que la inmersión lingüística se tambalee».Según la presidenta de la Cámara, el sistema educativo catalán ha sido «un modelo de éxito» que permite «integrar» a los niños. De Gispert añadió que Cataluña «tiene la voluntad de ser un pueblo libre y una nación plena».

CARMEN REMÍREZ DE GANUZA / Madrid

09/09/2011

Rajoy entrega a UPN la cabecera de la coalición

Los foralistas se aseguran tener voz propia en Madrid tras resucitar el pacto roto en 2008

La presidenta de Unión del Pueblo Navarro (UPN), Yolanda Barcina, reconstruyó ayer los puentes con el PP con una velocidad mayor que la que invirtió su antecesor, Miguel Sanz, en romperlos hace tres años. Tal fue la rapidez de este acuerdo express, alcanzado en la sede nacional de los populares en Génova, en apenas cuatro días, que dio la impresión de que Rajoy lo recibió como un regalo.

Sin embargo, de la nueva entente cordial, UPN ha resultado la más beneficiada. Las elecciones generales, convocadas en el momento de mayor expectativa de voto para el PP, eran la oportunidad para que levantara cabeza el recién nacido PP de Navarra, surgido a contrapie tras la ruptura con UPN de 2008, y con sólo cuatro diputados en el Parlamento foral desde el pasado 22-M.

Pero, o bien no estaba convencido Rajoy de la fuerza del PPN o, sencillamente, quería asegurarse su propia mayoría en el Congreso. Eso, y una razón política de peso, con la que ambos partidos han justificado el acuerdo: la necesidad de frenar la posibilidad, hasta ahora cierta, de que Bildu logre conformar un grupo parlamentario en el Congreso.

Y es que los abertzales navarros se han hecho ya con la alianza de Aralar, y ni siquiera se descarta en Navarra que finalmente arrastre al resto de NaBai para coaligarse el 20-N. Con la coalición de centro-derecha, sostienen que Bildu no aportará desde Navarra más de un escaño.

Claro que también ha habido otras razones de interés mutuo en el acuerdo, como es la neutralización del ex presidente Miguel Sanz, como posible diputado de UPN, antes de que él mismo se aviniera estos días a renunciar. Con su iniciativa, Barcina mataba al padre como interlocutor en Madrid, y Rajoy se vengaba de aquél a quien hizo responsable de la ruptura. Además, y sobre todo, el líder del PP se aseguraba, como reza el acuerdo, el voto de UPN en la Investidura y en los Presupuestos.

Salvada pues la posición de Rajoy, el caso es que la coalición se presentará a los votantes navarros como «UPN-PP»; que la formación foralista encabezará las dos candidaturas al Congreso y al Senado -el PP sólo se reserva el número dos a la Cámara Baja y el tres a la alta-; y, sobre todo, que tendrá voz propia desde el Grupo Mixto. Ésta era la condición, y ésta ha sido su mayor victoria

M. GASPARET / Valencia

09/09/2011

El PP se plantea que Rita Barberá lidere la lista de Valencia

Podría compatibilizar su cargo con la Alcaldía mientras pilota su relevo

La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, podría ser finalmente quien encabece la candidatura del Partido Popular al Congreso de los Diputados por Valencia en las próximas generales del 20-N. La operación, pendiente del análisis sobre el impacto que tendría su marcha de la Alcaldía después de 20 años, aparcaría la opción de que el vicesecretario de Comunicación, Esteban González Pons, ocupara ese puesto.

Fuentes del partido confirmaron ayer a este diario que Barberá sopesa seriamente la opción, aunque la decisión «aún no está tomada». La elección de la alcaldesa tendría el visto bueno de la dirección del PP, que siempre ha apreciado su tirón electoral y ya barajó su nombre como recambio de Francisco Camps en los tiempos duros de Gürtel.

De hecho, fuentes próximas al cabeza de lista natural, el vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons, aseguran además que el diputado valenciano estaría «encantado» de hacer tándem con Rita Barberá como número dos. Como opción secundaria, Barberá podría encabezar la lista al Senado.

Barberá podría simultanear su cargo como alcaldesa con el escaño de diputada apoyándose en el vicealcalde, Alfonso Grau, mientras prepara su sucesión en un candidato de futuro. Siempre han sonado los nombres de los concejales Jorge Bellver y Marta Torrado. Esta última tiene escaño en Madrid.

La inclusión de una de las alcaldesas más conocidas de España como cartel por Valencia sería un activo para el PP y ayudaría al presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, a conseguir su objetivo expreso de recabar para Mariano Rajoy más de un millón y medio de votos, el ambicioso listón que se marca el PP.

Fue la propia Rita Barberá quien, el pasado viernes, durante la cena de inicio del curso político de Benicàssim, adelantó en una conversación informal con González Pons, la portavoz del Gobierno regional, Lola Johnson, y la diputada autonómica Alicia de Miguel que estaba dispuesta a encabezar la lista por Valencia.

Por otra parte, la diputada del PP en el Congreso y ex alcaldesa de Sevilla, Soledad Becerril, anunció ayer a la Junta Directiva Provincial de su partido que deja la política activa tras 30 años de vida pública