CORRUPCIONES SOCIALISTAS:

DAVID VIGARIO / Mérida
Corresponsal

20/09/2011

Los imputados del 'caso Plasencia', a juicio

El juez considera «acreditado que se distrajo una cantidad significativa del erario público»

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº4 de Plasencia dictó ayer un auto de apertura de juicio oral contra siete de los nueve imputados iniciales en el caso Plasencia, en el que se investiga si el Ayuntamiento fraccionó los concursos de siete grandes obras para adjudicarlas al constructor socialista José Antonio Romero Vega por un montante global superior al millón de euros. El juez responsable del caso no entiende que existan responsabilidades en los dos técnicos municipales que fueron imputados en la fase de instrucción, el interventor Roberto del Olmo y el secretario municipal Antonio Santibáñez.

El juez advierte que «a lo largo de la instrucción ha resultado imposible la averiguación patrimonial para indagar el destino del importe sustraído, si bien resulta indubitado y suficientemente acreditado que en la ejecución de tales obras se distrajo una cantidad significativa del erario público».

El auto imputa los presuntos delitos de prevaricación, tráfico de influencias, fraude y exacciones ilegales a la ex alcaldesa y actual concejal socialista Elia María Blanco; el edil y portavoz socialista Francisco Barbancho, y los ex concejales Blas Raimundo y Enrique Tornero. Por estas mismas causas está también imputado el empresario y supuesto beneficiario de las obras. Además, hay otros dos políticos imputados, Mónica García, concejal de un partido regionalista, y el ex concejal socialista Pablo Sánchez del Mazo, a los que se acusa de prevaricación y tráfico de influencias, tras una ampliación de la denuncia efectuada un año después.

Dentro del razonamiento judicial, se subraya que la ex alcaldesa «es la máxima responsable de los hechos acaecidos dada su implicación en la aprobación de los gastos al ser la ordenadora y la persona que aprueba los mismos, teniendo conocimiento en todo momento de las irregularidades existentes, así como el conocimiento de trato de favor existente entre los concejales imputados y el constructor en todas y cada una de las obras», relata.

Las siete obras que están bajo investigación, y que fueron denunciadas en el año 2009 por el PP, ahora en el gobierno municipal, corresponden a las dos anteriores legislaturas -en las que el PSOE estuvo al frente del municipio-, y fueron adjudicadas al constructor a pesar de que todas ellas deberían haber requerido un concurso público.

El juez critica que los políticos no hicieran caso de las advertencias de las funcionarios ahora exonerados: «En todo momento observaron las deficiencias y el fraccionamiento reiterado de contratos» a excepción de dos -un aparcamiento y la pista de un polideportivo-, según se recoge en el auto, que añade que «los demás imputados hicieron caso omiso a sus indicaciones».

Luego, ya en pleno proceso judicial, y durante un polémico pleno celebrado el pasado mes de marzo, Elia María Blanco, siendo aún alcaldesa, aprobó una modificación de los presupuestos para que el Ayuntamiento se hiciera cargo de los gastos de defensa de todos los implicados en el caso.

Posteriormente, el nuevo regidor, Fernando Pizarro, del PP, desautorizó dichos pagos y revocó el acuerdo en una sesión plenaria celebrada este mes de septiembre, con el voto en contra del PSOE, que presentó alegaciones para que el Ayuntamiento abonara las minutas de los abogados. El nuevo equipo de gobierno desconoce el importe de los costes judiciales de los que se ha hecho cargo el consistorio, aunque está realizando una auditoría interna para averiguarlo.

SARA PERUGA

20/09/2011

100 días después, 782 millones de deuda

Con los cambios de Gobierno tras las elecciones municipales del 22 de mayo y pasados 100 días desde que se constituyeran los nuevos Ayuntamientos, algunos consistorios se han encontrado con deudas que desconocían heredadas del anterior equipo. En algunas localidades, estos agujeros no suponen grandes problemas económicos, pero en otros se están sufriendo las consecuencias de deudas que alcanzan hasta los 250 millones de euros.

Éste es el caso de Alcorcón, Collado Villalba, Leganés, Aranjuez, Coslada y Getafe, seis municipios afectados por una política económica que, supuestamente, ha vaciado las arcas de los Ayuntamientos. En algunos de ellos se están viviendo cortes de luz y fallos en el servicio de Correos, mientras que otros se enfrentan al pago de facturas atrasadas a pequeñas y medianas empresas proveedoras del municipio.

Mientras, las facturas van saliendo y se descubren casos como el de Alcorcón, donde se gastaron 180 millones en un centro de arte que permanece cerrado e inacabado. O el caso de Collado Villalba, donde se pagó un millón de euros por un teatro fantasma.

Los consistorios de estas localidades están a la espera de pasar las auditorías que les confirmarán la deuda exacta que arrastran. Hasta entonces, sólo pueden hacerse una idea de las cuentas y prepararse para los ajustes económicos

ARANJUEZ

20/09/2011

Documentos destruidos y 175 millones de deuda

El Ayuntamiento de Aranjuez tendrá que hacer frente a una deuda de más de 175 millones de euros heredada del anterior equipo de Gobierno socialista, según María José Martínez, actual alcaldesa por el PP.

«La deuda producida por Jesús Dionisio y su equipo es escalofriante, lastrará las cuentas de Aranjuez por mucho tiempo y condenará a los ribereños a situaciones muy delicadas en cuanto al dinero público, que es su dinero», explicó la alcaldesa.

Por su parte, el anterior equipo de Gobierno y su alcalde, Jesús Dionisio, tendrán que hacer frente a la acusación levantada contra ellos -y que ya se encuentra presentada en el Juzgado- por una supuesta destrucción masiva de documentos, días antes de las elecciones municipales.

En cuanto a las medidas para reducir gastos, Martínez está a la espera de que se conozcan las cifras de la auditoría para saber a qué se enfrenta su Gobierno y qué hacer al respecto

COSLADA

20/09/2011

Un crédito ICO para pagar a los proveedores

El Ayuntamiento de Coslada ha tenido que solicitar un crédito al Instituto de Crédito Oficial para poder pagar a los proveedores municipales. Las facturas, atrasadas desde el 30 de abril de este año, vienen del anterior Gobierno.

El importe del crédito asciende a 3.891.100 euros, a devolver en tres años. «Con esta solicitud de crédito el Ayuntamiento podrá abonar una parte de las facturas que tiene atrasadas con los proveedores, y que ascienden a un total de 11 millones de euros», destacó el concejal de Hacienda, Emilio García.

La propuesta salió adelante a pesar de los votos en contra de PSOE, IU y ARCO. «No entendemos la postura del PSOE al votar en contra de la solicitud de crédito, cuando el anterior Gobierno dirigido por Ángel Viveros ha llevado al Ayuntamiento a esta complicada situación económica», declaró García.

«El anterior Gobierno gastó 16 millones más de los que ingresó», destacó el alcalde, Raúl López

GETAFE

20/09/2011

89 millones a devolver 41 antes de fin de año

Getafe acumula una deuda de 89 millones de euros. De esa cifra, 41 millones los tiene que devolver el Ayuntamiento antes de fin de año. Y tres de esos 41 millones son como concepto de participación de tributos que hay que devolver al Gobierno central.

Sin embargo, el Consistorio está pendiente de la auditoría que les dirá exactamente a cuánto asciende la deuda, ya que las cuentas no parecen resultar bastante claras para el actual alcalde del PP, Juan Soler.

El regidor ya advirtió antes del verano que las condiciones que se habían encontrado en el Ayuntamiento no eran las que le hubieran gustado. «Hay más deuda de la que pensaba en principio», dijo entonces.

Sin embargo, la situación no parece tan delicada como en otros municipios. «Creo que la crisis la podremos salvar bien, sobre todo mejorando en la gestión, que creo que era manifiestamente mejorable», declaró Soler