ENTREVISTA: Alberto Fabra, Presidente de la Generalitat Valenciana

RAFAEL NAVARRO
MARISOL HERNÁNDEZ / Valencia

31/07/2011

'Haré un ERE de políticos'

«Me gusta la política más pragmática, mi proyecto es de centro reformista liberal»
«La televisión pública debe ser plural, no puede estar al servicio de un Gobierno»
«Camps me ha dicho claramente: 'Yo a ti no te voy a llamar, si quieres me llamas tú'»

Es el recambio del dimitido Francisco Camps, pero no se muestra nervioso. Con una dilatada experiencia como alcalde de Castellón, Alberto Fabra, el nuevo presidente de la Generalitat Valenciana, asegura en esta entrevista que hará «un ERE de políticos» a partir de septiembre y reducirá en 210 el número de cargos intermedios.

«Mi firmeza será absoluta. No admitiré que alguien se haya enriquecido», señala. En referencia a Camps, desvela lo que le ha comentado el ex mandatario: «Me dijo: 'Yo a ti no te voy a llamar, si quieres me llamas'».

En la conversación, Fabra exhibe un discurso mucho más realista que su antecesor y así lo verbaliza: «Me gusta la política más pragmática, mi proyecto es de centro reformista liberal». A juicio de la nueva cabeza visible de los populares en la comunidad, ha llegado el momento de «buscar los instrumentos para que la transparencia sea efectiva».

Pregunta.- Presidente, ha insistido mucho estos días en que su proyecto es de «centro». ¿Qué significa?

Respuesta.- El PP valenciano lleva 16 años gobernando, y nuestra gestión ha provocado confianza y credibilidad entre la sociedad. Yo quiero trasladar mi forma de ver la política, más pragmática, más cercana y más concreta, y también normalizar la imagen de la Comunidad Valenciana, que se ha enfrentado a meses y años complicados. Somos una autonomía fuerte, potente y dinámica, con mucho peso en el exterior. Y tenemos que hacerlo valer generando tranquilidad. Mi política es la que tiene el PP en toda España, donde los verdaderos protagonistas son los ciudadanos. Y eso no va a cambiar. Lo que sí se van a producir son algunos gestos. Yo estoy acostumbrado a recibir a todas las personas y a todos los colectivos. Pues lo voy a seguir haciendo.

P.- En los últimos años se ha criticado la influencia del sector cristiano en la Generalitat.

R.- Entiendo que éste es un proyecto único. Nuestro mensaje a la sociedad es que somos un Gobierno de centro, reformista y liberal. Son premisas fundamentales en el PP y yo estoy alineado en este posicionamiento. Tengo una manera de entender la política dentro de estos parámetros y la voy a llevar a la práctica.

P.- Ha prometido usted transparencia. ¿Facilitará los contratos que pide la oposición?

R.- Se ha hecho. Y se han entregado a la Justicia todos los datos solicitados. Puede que exista un problema de accesibilidad. Yo me brindé a los grupos parlamentarios para estudiar ciertas fórmulas. No quiero que el ciudadano considere que la Administración es opaca. Eso no es bueno, no genera confianza. Debemos buscar los instrumentos para que la transparencia sea efectiva. Para identificarnos más con los ciudadanos y ganarnos su confianza que, a lo mejor, no hemos sabido cuidarla.

P.- Se ha producido la dimisión del ex presidente Camps, queda pendiente el juicio de los trajes y la investigación por la presunta financiación ilegal del PP. ¿No le preocupa que estos asuntos puedan contaminar su gestión?

R.-No, me encuentro muy tranquilo porque las cuentas del partido están auditadas. No tengo ningún miedo a esta situación. Y estoy convencido de que, al final, todo saldrá bien. Debemos hacer valer la presunción de inocencia, en todos los niveles. Los partidos políticos no hemos ayudado, pero también se ha demonizado a algunas personas de antemano. Vamos a colaborar con la Justicia, pero creo que el asunto quedará en nada.

P.- En Génova se le ve como el Bauzá valenciano. El presidente balear fue muy claro al eliminar de las candidaturas a los imputados en casos de corrupción. ¿Usted consentirá tener imputados o implicados en cargos importantes? ¿Lo habría evitado en las listas?

R.- La situación de Baleares es muy distinta a la nuestra. Allí los compañeros del PP han sufrido mucho porque se encontraron con personas que habían metido la mano en la caja. En Valencia estamos hablando de otra cosa. No ha habido enriquecimiento personal de nadie. Eso no lo admitiría en ningún caso. Ni se ha producido ni espero que se produzca. Si fuera así, habría una firmeza absoluta por mi parte. Presupongo y estoy convencido de la inocencia de las personas que se han visto salpicadas. Si existiera trato de favor a algunas empresas buscando un beneficio personal, les puedo asegurar que la actuación sería la misma que en Baleares.

P.- ¿Cómo va a recomponer la situación interna del PP y a afrontar el próximo congreso regional?

R.- Al partido lo veo bien, lo veo fuerte. Hemos sufrido mucho estos años, especialmente viendo a la persona que ha sido nuestro referente padeciendo a nivel político, familiar y profesional. Ahora las cosas han cambiado, y me corresponde a mí liderar este proyecto en la Generalitat y al frente del PP. Voy a trabajar para que la situación se normalice. Soy una persona de consenso, dialogante y tolerante, y estoy convencido de que no habrá problemas en el partido ni en la relación con otras administraciones e instituciones a lo largo del tiempo que yo esté al frente.

P.- Ha mantenido el Gobierno nombrado por Camps. ¿Puede llevar a pensar que el ex presidente podría ejercer cierto mando a distancia sobre usted?

R.- No, en las conversaciones que he tenido con Paco Camps una de las cosas que me decía es que él sufrió ese mando a distancia, que generó muchos problemas en el partido y que él no lo iba a hacer. «Yo a ti no te voy a llamar, si quieres me llamas», me dijo. Y la verdad es que le he llamado un par de veces para preguntar cómo está. En los momentos en que he estado con él, lo que he intentando es darle afecto y cariño.

P.- Rajoy ha exigido a las autonomías que hagan pública la cifra real de impagos y facturas en el cajón. ¿Lo va a hacer?

R.- Hemos vivido momentos de mucha dificultad, sobre todo en el pago a proveedores. Las tensiones de tesorería han sido muy grandes. Y los ajustes que se han ido produciendo no han sido suficientes. Ahora estamos supeditados al plan de reequilibrio aprobado esta semana en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Nos va a permitir emitir deuda y, con ello, pagar a los proveedores. Las empresas no pueden sufrir los retrasos de la Administración. No puede ser. Tenemos que esforzarnos. Una de las primeras medidas que vamos a tomar en el momento en que podamos emitir deuda es pagar a proveedores para que tomen oxígeno y nos ayuden a sacar la situación adelante.

P.- Ha anunciado una reorganización del sector público.¿Va a eliminar organismos como ha hecho María Dolores de Cospedal en Castilla-La Mancha?

R.- Hemos reducido consellerias, altos cargos y asesores. A principios de septiembre se va a producir un ajuste de cargos intermedios: un ERE de políticos.

P.- ¿A cúantas personas afectará?

R.- A 210. Hasta ahora, se han eliminado tres consellerias, 24 altos cargos y 30 asesores. Ahora, 210, dentro de una reorganización que vamos a hacer en todas las consellerias. Se reducirán sus estructuras y se facilitará la movilidad para evitar nuevas contrataciones. No lo podemos hacer antes porque estamos ya en periodo estival.

P.- ¿Ese ajuste de plantilla se aplicará también a Canal 9? ¿Cuál es su modelo de televisión pública?

R.- Por supuesto. La televisión pública debe garantizar el conocimiento del valenciano, de nuestras raíces y nuestras tradiciones, pero no puede ser un lastre. Debe adelgazar. De entrada, hay tres sociedades; se va a producir una reorganización interna para que sólo quede una. Esto supondrá también la reducción de cargos intermedios. Y tenemos que actuar con más profundidad, pero eso ya veremos. No queda más remedio. Canal 9 ha crecido porque la coyuntura económica lo permitió, pero ahora necesita un ajuste.

P.- ¿Será después de las elecciones generales?

R.- Lo estamos preparando. Será cuando tenga que ser. No hay que esperar a ciertas fechas. No podemos.

P.- El PP apuesta a nivel nacional por la privatización de las televisiones autonómicas.

R.- Nosotros, como premisa inicial, no lo vamos a hacer. Ésa sería la solución fácil. Yo creo en la televisión pública, pero en su justa medida y para los fines que he mencionado. Por eso vamos a intentar reajustarla y reorganizarla, y una vez hecho, ya veremos. Y es fundamental la colaboración del sector privado.

P.- ¿Es partidario de una televisión pública más plural?

R.- Debe serlo. La tentación de tener un instrumento al servicio de un gobierno para colocar tus mensajes la tiene todo el mundo. Pero no puede ser así. La televisión debe ser pública. Y pública significa de todos.

P.- ¿Cuál es su posición sobre la Fórmula 1 y la posibilidad de que las ciudades de Valencia y Barcelona alternen el gran premio?

R.- Estamos valorándolo. Pero Valencia es un circuito urbano, diseñado para una carrera al año. El montaje y desmontaje cada dos podría ser un problema. Vamos a hacer un estudio. Es una solución con sentido común, pero por las especifidades de un trazado urbano igual no es viable. Si se tratara de un circuito permanente, posiblemente sí, no habría ninguna duda.

P.- ¿Ha mantenido ya usted algún contacto con Bernie Ecclestone? ¿Es cierto que ya hay algo firmado?

R.- La alcaldesa de Valencia está al frente de las conversaciones. Se valora la posibilidad de un nuevo contrato a 10 años, pero con un cambio de fechas que haga más atractivo el Gran Premio de Europa de Fórmula 1 en Valencia. La premisa es que sea más rentable. Estamos pendientes de lo que ocurra con Cataluña.

P.- ¿Considera normal que consejeros de la CAM se beneficiaran de préstamos a muy bajo interés o al 0%, o se subieran el sueldo antes de que la caja fuera intervenida?

R.- No puede ser. Debemos gobernar, también las cajas de ahorro, con sentido común. No puede haber situaciones de privilegio para nadie. Si alguien quiere un préstamo, en las mismas condiciones de un señor de la calle.

P.- ¿La pérdida de las cajas de ahorro valencianas puede lastrar su gestión económica?

R.- En los últimos meses han sucedido muchas cosas que nos deben hacer cambiar nuestro concepto del sistema financiero. Se han tenido que buscar alianzas para poder sobrevivir porque las exigencias del mercado eran muy altas. Pero, independientemente de esto, las administraciones debemos suponer una garantía por nosotros mismos. Y no sólo por las entidades que podamos utilizar. Eso también se debe acabar. Es necesario ser transparentes y, si la Generalitat cumple las condiciones, que nos puedan dar ciertos préstamos. Pero no jugar con otras cosas. En muchos casos, la situación de tensión de las cajas es fruto de la utilización que de ellas ha hecho la Administración.

P.- ¿Es partidario de una educación trilingüe, aun a costa del valenciano y del castellano?

R.- La sociedad ha cambiado, la movilidad en el trabajo es mucho mayor y el dominio de un idioma extranjero es básico. Es necesario entender que no podemos enseñar en las escuelas del mismo modo que se hacía hace 30 años.

P.- ¿Se plantea devolver competencias autonómicas al Estado?

P.-Tiene que ser un acuerdo de las comunidades. Pero, o el Gobierno revisa la financiación que otorga por cada competencia cedida, o lo vamos a tener muy complicado. Las transferencias de Cultura están cedidas y existe un Ministerio. También hay un debate abierto sobre Justicia. Hay que redefinirlo y el momento es ahora. Existe una predisposición y una necesidad por parte de las comunidades autónomas de llegar a un acuerdo. El Gobierno debe ser sensible ante esta realidad.

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>Vea hoy el análisis de Marisol Hernández sobre las declaraciones de Alberto Fabra

CARLOS SEGOVIA / Madrid

31/07/2011

La presión del 'lobby' de grandes empresas, clave para el adelanto

Pidieron el día 19 a Alierta que fuera especialmente activo con Moncloa / Fainé se ofreció a hablar con CiU / Botín, decepcionado, cambió de postura

Zapatero ha tenido que plegarse al clamor empresarial y renunciar a su confesada intención inicial de no adelantar las elecciones. Grandes hombres de negocios de España han pedido en privado en las últimas semanas al presidente del Gobierno que tomara ya decisiones para frenar la espiral de los mercados. El mensaje es que, si continuaba siendo incapaz de afrontar las medidas impopulares necesarias para aplacar a los mercados y fomentar el crecimiento económico, debía adelantar ya las elecciones. El coste de la financiación, imposible ya para la mayoría del tejido empresarial del país, ha empezado a afectar en serio incluso a los grandes grupos españoles.

El presidente de la patronal CEOE, Juan Rosell, mantuvo una conversación la semana pasada con Zapatero en la que le dijo que, mientras no disolviera las Cortes, debía «hacer reformas en serio», confirmaron fuentes de la patronal.

Previamente, Rosell mantuvo conversaciones con los vicepresidentes de la patronal, partidarios en su mayoría del adelanto electoral al 20 de noviembre.

De hecho, en cuanto Zapatero anunció la convocatoria, el vicepresidente primero de CEOE y de los empresarios madrileños, Arturo Fernández, emitió un comunicado en el que manifestó que «España necesita despejar incertidumbres y contar con un nuevo gobierno que, sea del signo político que sea, afronte con responsabilidad y solidez las reformas que devuelvan la credibilidad y la confianza perdida cada minuto».

Según Fernández, «desde hace meses, los empresarios de Madrid» han estado defendiendo que «ante la situación de bloqueo político para llevar a cabo las reformas profundas que necesita el país, lo mejor era convocar elecciones».

El presidente de la patronal catalana Fomento, Joaquim Gay de Montellà, se pronunció a favor de adelantar comicios el pasado 28 de junio tras asistir la noche antes junto a Juan Rosell a una cena privada en la sede de La Caixa con la vicepresidenta Elena Salgado en la que ésta se dijo partidaria de continuar con las reformas, pero no mostró un margen de maniobra tranquilizador.

Pero más allá de los representantes de la patronal, algunos de los más influyentes empresarios de España han trasladado al presidente el mensaje explícito de que debía dar ya por acabada la legislatura. Entre ellos figuran miembros del Consejo Empresarial para la Competitividad (CEC), que reúne a 17 de las más importantes empresas del país, según han asegurado a EL MUNDO fuentes de este organismo, que preside el máximo responsable de Telefónica, César Alierta. Uno de los que ha hablado claro al presidente es el máximo responsable de Planeta, José Manuel Lara, según ha comentado él mismo en privado, y no ha sido el único, aunque es la típica gestión que nadie reconoce públicamente haber hecho.

Ya el pasado día 10, este diario publicó en el suplemento MERCADOS que los miembros del CEC habían acordado plantear en privado al presidente la conveniencia de que adelantara los comicios. Descartaron pronunciarse en público, porque tampoco quisieron ofrecer la imagen de una excesiva coincidencia con el líder del PP, Mariano Rajoy.

Posteriormente, el pasado día 19, en una larga reunión que se prolongó en el almuerzo, algunos presidentes pidieron a Alierta que fuera especialmente activo para acelerar el proceso. Éste y el presidente del Santander, Emilio Botín, se pronunciaron a favor de que lo mejor para el país era que se acabara ya la legislatura.

Botín se muestra en estas reuniones especialmente defraudado con la actuación del Gobierno. «Dice que él se había mojado mucho en el mes de marzo pidiendo al presidente del Gobierno que agotara la legislatura para hacer las reformas necesarias y luego no ha dado todos los pasos necesarios. Botín está especialmente decepcionado», señalan fuentes de esta asociación de empresarios.

Aluden a la famosa intervención de Emilio Botín el pasado 27 de marzo, cuando en un encuentro empresarial en el Palacio de la Moncloa, recomendó a Zapatero agotar la legislatura y hacer reformas sin adelantar siquiera el proceso de sucesión. Alfredo Pérez Rubalcaba estaba presente.

Ahora, el análisis en la cúpula empresarial española compartido por el presidente del BBVA, Francisco González, o el de Mercadona, Juan Roig, entre otros, es que la financiación se va a seguir encareciendo, porque Alemania no termina de tomar medidas tranquilizadoras para los miembros de la Eurozona tras el fallido acuerdo de Bruselas sobre Grecia; y que España no es capaz de salir del actual grupo en el que está encuadrado junto con Italia, Portugal e Irlanda.«Nos espera un agosto desastroso en los mercados y no había otra salida que adelantar elecciones para intentar contener la oleada», afirman en una de las principales empresas del país.

No obstante, no consta que Alierta haya realizado ninguna gestión directa ante Zapatero en tanto que presidente del CEC. El aragonés es reacio a hacer gestiones que trasciendan y que den la impresión de una injerencia empresarial en la vida política. Además, algunos ausentes de la reunión del 19 de julio pidieron prudencia, cuando se enteraron de lo hablado. Fuentes del Santander y de Telefónica, los dos principales miembros de este foro empresarial, declinaron comentar las últimas reuniones.

No asistió al encuentro el presidente de CaixaBank, Isidro Fainé, aunque éste se ha mostrado dispuesto en otras reuniones, siempre en privado, a exponer a Convergència i Unió (CiU) el sentir de la cúpula empresarial para que actúe en consecuencia. El portavoz parlamentario de CiU, Josep Antoni Duran i Lleida, defendió inicialmente que era positivo para los intereses de CiU que Zapatero agotara la legislatura y diera margen al PSOE para recortar distancia al PP, pero el pasado viernes calificó de «positivo» el paso dado por Zapatero.

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MARISA CRUZ / Madrid

31/07/2011

Cedió para no «fundir al país»

El presidente intentará irse cumpliendo el compromiso de dejar el déficit en el 6%

José Luis Rodríguez Zapatero tomó la decisión final de adelantar las elecciones al 20 de noviembre en el curso de una larga y sincopada reflexión que se prolongó desde el 2 de abril hasta mediados de junio. Durante más de un mes, el presidente del Gobierno guardó un silencio monacal sobre la fecha elegida, a la espera de que se cumplieran las últimas metas que él mismo había fijado: la proclamación de Rubalcaba como candidato, las pruebas de estrés de la banca y la aprobación definitiva de la reforma de las pensiones. Con todas estas bazas en la mano, la razón última del adelanto, tal y como él afirma, fue el «interés general». España no podría vivir con unos Presupuestos prorrogados hasta junio de 2012. Había que evitar por encima de todo, y así se lo ha explicado a sus más próximos, «fundir al país».

El 17 de junio, la suerte ya estaba echada y, por eso, Zapatero, haciendo gala de ironía, sorprendió a los periodistas españoles que le acompañaron en su viaje a Kazajstán y San Petersburgo con una enigmática frase: «Las elecciones serán... cuando las reformas se hayan completado». Era la primera vez que el presidente del Gobierno no afirmaba tajante que serán «cuando tocan» o, más llanamente, «cuando acabe la legislatura».

Para entonces, el presidente ya tenía claro que todos sus últimos objetivos estaban al alcance de su mano y que sólo un giro brusco del destino podría dar con ellos al traste.

Pero, antes de llegar al último escalón, Zapatero hubo de subir una escalera escarpada plagada de dificultades y tentaciones. Desde el 2 de abril, fecha en la que anunció su decisión de no optar a un tercer mandato, el presidente inició sus conversaciones con Rubalcaba. Él sería el sucesor -esto estaba claro desde octubre de 2010- pero había que consagrarlo sorteando el peligro de que el enfrentamiento con un aspirante alternativo provocara «una guerra civil» en el PSOE.

Entre tanto, llegaron las elecciones municipales y autonómicas y Zapatero pudo constatar la necesidad, como afirma uno de sus asesores más cercanos, de que «había que recomponerlo todo», que no bastaba con nominar a Rubalcaba, que había que prepararse para la «retirada inminente» y que todo debía hacerse con una cierta celeridad para, como él mismo aseguró el viernes, «dar certidumbre política y económica».

El primer objetivo, la certidumbre política, estaba asegurado porque para esas fechas ya estaba claro que la contienda electoral tendría como protagonistas a Rubalcaba y a Rajoy. Sólo faltaba garantizar la segunda meta: dejar el país en el camino del cumplimiento de sus compromisos económicos para que el nuevo Ejecutivo pudiera alcanzar la meta.

Fue entonces cuando surgió la contradicción entre agotar la legislatura celebrando elecciones en marzo, o acortar los plazos y llamar a las urnas en noviembre. A Zapatero, sin lugar a dudas, le habría gustado la primera opción; sin embargo, las turbulencias financieras y la urgencia de su sucesor empujaban hacia la segunda.

«Hubo quienes argumentaron que lo mejor sería marzo», señala una fuente muy cercana al presidente, «y no porque ello conviniera en absoluto a Rubalcaba, sino más bien porque esperando se infligiría un daño importante al PP».

El presidente comprendió el argumento en toda su dimensión y lo rechazó de plano. «Esas voces», señalan las mismas fuentes, «fueron definitivas». Cierto era que, celebrando comicios en marzo, y en la hipótesis más que probable de una victoria del PP, Rajoy no podría tener conformado totalmente su equipo de Gobierno -ministros, secretarios de Estado e incluso directores generales- hasta principios de mayo. De esta forma, los nuevos Presupuestos del Estado difícilmente podrían estar definitivamente aprobados justo antes de las vacaciones de verano. Este calendario, en opinión de Zapatero, no sólo perjudicaría gravemente al nuevo Gobierno sino que, sobre todo, «fundiría al país».

El presidente del Gobierno, que ha vivido con asombro las discusiones, las rencillas y el egoísmo que mueve a los socios europeos en los últimos Consejos, estaba convencido de que España, con cuentas prorrogadas durante más de medio año, sería la presa favorita de la especulación financiera.

Tras este análisis, ya no cupieron más dudas: las elecciones serán en noviembre, «a tiempo para que el nuevo Gobierno», tal y como él mismo explicó el viernes, «esté en plenitud de facultades desde el próximo 1 de enero».

Ahora, de aquí a noviembre, Zapatero está convencido de poder amasar una herencia para quien le suceda que consistirá en dejar las cuentas públicas con un 6% de déficit, tal y como se comprometió ante Bruselas, y, además, una cantidad de 19.000 millones de euros en las arcas del Estado, procedentes del plan de privatizaciones que ya ha puesto en marcha el Gobierno y que afecta a las loterías, los aeropuertos y el espectro televisivo digital.

Una vez tomada definitivamente la decisión y elegida la fecha precisa, Zapatero mantuvo el secreto, salvo para Rubalcaba, Blanco y su jefe de gabinete, hasta el jueves pasado. Fue entonces cuando amplió el círculo de los enterados a algunos dirigentes del PSOE. También fue cuando, según fuentes de La Moncloa, se lo comunicó al líder del Partido Popular, Mariano Rajoy.

El viernes por la mañana a primera hora, el grupo de quienes conocían la noticia se agrandó más todavía. El anuncio inminente se extendió a muchos despachos de La Moncloa, hasta el punto de que, a las 12.30 horas, en la sala de prensa de Presidencia eran numerosos los funcionarios que aguardaban para presenciar en vivo y en directo el adiós definitivo de Zapatero. Los responsables de la secretaría de Estado de Comunicación se vieron obligados a pedirles que volvieran a sus despachos y siguieran la rueda de prensa del presidente por el circuito interno, ante el riesgo de no dejar asientos libres para los periodistas.

A partir de noviembre, cuando las urnas se abran y los españoles decidan, Zapatero se instalará en el Consejo de Estado. Tiene un puesto allí reservado en su calidad de ex presidente del Gobierno y «tiene ganas» de ocuparlo. Volverá a encontrarse entonces con quien probablemente le haya sido una de las compañías más fieles, la ex vicepresidenta primera María Teresa Fernández de la Vega. Por ahora, Zapatero ha asegurado a los que más aprecia que no tiene intención de dar el salto al sector privado