EDITORIALES: Un modelo de financiación que ya no vale

Un modelo de financiación que ya no vale

LA FALLIDA reunión de ayer del Consejo de Política Fiscal sirvió para poner de relieve lo que hemos enunciado en numerosas ocasiones: que el actual modelo de financiación autonómica es inviable y que, salvadas las urgencias del momento, no queda otro remedio que acometer una revisión a fondo.
El Gobierno, que sigue manteniendo los objetivos de reducción de déficit, se esforzó por plantear algunos parches a la actual situación de quiebra financiera de la gran mayoría de las comunidades, pero no hubo acuerdo alguno porque el problema es irresoluble y no se soluciona con anticipos a cuenta de los ingresos ni con una cierta flexibilización del techo de gasto ni con créditos del ICO.
Ello podría suponer un respiro para los próximos meses, pero no resuelve nada porque la cuestión esencial es que las comunidades autónomas han asumido una serie de competencias que no pueden pagar en la medida que el Gobierno se ve obligado a reducir sus transferencias en una situación de desplome de los ingresos.
Nos parece esencial que el Ejecutivo fije techos de gasto y de endeudamiento. Ello es muy importante para poder cumplir los objetivos de déficit asumidos en el Plan de Estabilidad y para evitar el derroche de las comunidades autónomas. En este sentido, hay que celebrar la sentencia del Tribunal Constitucional que falló ayer que el Gobierno es competente para establecer esos topes pese a que las comunidades gozan de autonomía financiera, según se reconoce en la Carta Magna.
Pero el problema que se les plantea ahora a la gran mayoría de las comunidades del PP es que han heredado una situación desastrosa que les impide no ya sólo financiar las competencias que prestan sino pagar las nóminas a los funcionarios y las facturas a los proveedores. Por tanto, el Gobierno está obligado a poner en marcha un plan de choque para resolver el problema a corto plazo en comunidades como Castilla-La Mancha, que van a tener que administrar la penuria legada por sus anteriores gobernantes.
El Ministerio de Economía no puede lavarse ahora las manos, entre otras razones, porque tiene la enorme responsabilidad de no haber hecho nada cuando gestores poco responsables gastaban muy por encima de sus ingresos. Por otro lado, hay que recordar que fue la propia Elena Salgado quien pactó en 2009 una financiación adicional a las comunidades en lugar de obligarlas entonces a reducir sus gastos.
De aquellos polvos vienen estos lodos y, por ello, los presidentes de las comunidades gobernadas por el PP se quejan de que van a tener que realizar ellos ahora los duros ajustes que los gestores del PSOE no quisieron hacer.
Ello genera la sospecha de que la actitud de firmeza que está manteniendo Elena Salgado con estas comunidades del PP forma parte de una estrategia política para forzar a sus gobernantes a adoptar recortes en las prestaciones sociales y medidas impopulares en vísperas de unas elecciones generales. Ello podría ser utilizado por Rubalcaba para acusar a Rajoy de que el PP tiene una agenda secreta para desmantelar el Estado del Bienestar.
Si el Gobierno quiere estar a la altura de sus obligaciones, debe pactar con todas las comunidades una solución que permita a corto plazo hacer frente a sus obligaciones a cambio de un compromiso de revisión del modelo, que necesariamente tiene que pasar por una mayor austeridad, por el cierre de empresas y organismos superfluos y por la devolución de algunas competencias al Estado
Contradice a todos los sondeos privados
28/07/2011
El CIS y la increíble recuperación del PSOE
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28/07/2011





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