CORRUPCIONES SOCIALISTAS: El PSOE ampara a sus imputados... mientras puedan tirar de la manta

MARÍA PERAL / Madrid

28/07/2011

El TS ve «negligencia» en Garzón por tener que liberar a dos narcos

Confirma la sanción al juez por prorrogar la prisión de ambos fuera del plazo legal

El Tribunal Supremo ha confirmado la sanción disciplinaria impuesta al juez Baltasar Garzón por prorrogar fuera de plazo la prisión provisional de dos turcos acusados de narcotráfico, lo que determinó que tuviera que ponerlos en libertad. Uno de ellos, para el que la Fiscalía pedía 12 años de prisión, huyó de España y no pudo ser juzgado. El otro, con una petición de pena de nueve años por parte del Ministerio Público, fue condenado a seis años de cárcel.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo ha desestimado el recurso que Garzón interpuso contra la decisión del Consejo General del Poder Judicial de sancionarle por una falta leve consistente en el retraso injustificado en dictar resolución. En junio de 2009, la Comisión Disciplinaria del CGPJ -con el voto en contra de las vocales Gabriela Bravo y Margarita Uría, que quisieron archivar el asunto- le impuso una multa de 300 euros, la cuantía máxima correspondiente a las infracciones leves.

La puesta en libertad de Erden Vardar y Sahin Eren fue desvelada por EL MUNDO el 30 de septiembre de 2008 y dio lugar a que el CGPJ iniciara el expediente disciplinario sobre el que ahora se ha pronunciado el Supremo ratificando la corrección de la sanción impuesta al juez de la Audiencia Nacional.

Vardar y Eren fueron arrestados el 10 de julio de 2006 con 13 kilos de heroína encima. El 18 de julio fueron detenidos los demás miembros de la red dentro de una operación policial que fue presentada como la segunda de mayor envergadura llevada a cabo contra una banda de tráfico de heroína en nuestro país.

Debido a un error que no fue subsanado a lo largo del procedimiento, en la carátula de las carpetas sobre la situación personal de Vardar y Eren (carátula que rellenan los funcionarios del Juzgado) se consignó como fecha de detención la del 18 de julio de 2006. Dado que la prisión provisional vence a los dos años, Garzón convocó a las partes a una audiencia que se celebró el 14 de julio de 2008 y prorrogó la privación de libertad de los dos turcos mediante un auto dictado el 16 de julio siguiente, cuando debió hacerlo antes del 10 de julio de 2008. El mismo 16 de julio el Juzgado se dio cuenta del error y Garzón tuvo que excarcelar a Erden y Vardar, que ya llevaban seis días privados de libertad sin cobertura legal.

En su recurso al Supremo, el juez alegó que había sido un incidente excepcional dada su dedicación y laboriosidad. Según Garzón, lo sucedido con los dos turcos no fue un error que él hubiera podido evitar, al tiempo que la afirmación de la Comisión Disciplinaria de que no examinó personalmente los autos «se opone a la realidad».

El Supremo rechaza esas alegaciones. «Resulta innegable», afirma, que el plazo legal establecido para prorrogar la prisión preventiva «no fue observado por el magistrado recurrente» en este caso pese al control y seguimiento personal que realizaba de las medidas de privación de libertad.

La Sala considera que el error cometido «era perfectamente vencible» porque hubiera bastado con «una simple lectura y revisión de los autos» para detectar que la fecha consignada en la carátula de las carpetas estaba equivocada. De hecho, nada más abrir las carpetas se encontraban los autos de prisión de Erden y Vardar con la fecha correcta de su detención.

El Tribunal no estima carente de apoyo probatorio la afirmación del CGPJ de que Garzón no examinó personalmente los autos ya que «de haber sido revisados esos autos con la diligencia y atención exigibles, hubieran evidenciado el error de los datos consignados en las carpetillas».

La conclusión del Supremo es que el incumplimiento del plazo para ampliar la prisión provisional de Vardar y Eren «es imputable al juez a título de mera negligencia, por no haber prestado la debida atención al análisis y examen de los autos que, caso de haberse producido, hubiera evitado incurrir en el error que determinó que aquéllos permanecieran en prisión por tiempo superior al legalmente previsto, así como su posterior excarcelación».

EDUARDO INDA / ESTEBAN URREIZTIETA Madrid

28/07/2011

Teddy maniobra para no perder el control de SGAE

Ordena a su núcleo duro que inste a la Junta Rectora a mantener su agenda

Teddy Bautista maniobra para seguir controlando la Sociedad General de Autores (SGAE). Para ello, ha ordenado a su núcleo duro en la entidad, radicado en el Colegio de Pequeño Derecho, que engloba a los compositores y letristas, que transmita formalmente a la Comisión Rectora que mantenga intacta su agenda de compromisos y que los coordine la que hasta ahora ha sido su adjunta, Susanne Sprecht.

Ésta es la fórmula ideada por Bautista al verse obligado a abandonar la presidencia tras ser detenido en la Operación Saga, puesta en marcha por la Audiencia Nacional tras descubrir el desvío de 26,4 millones de euros de la sociedad a una empresa de su directivo José Luis Rodríguez Neri.

Pese a ser relevado como máximo responsable, Bautista ha continuado durante las últimas semanas acudiendo a su despacho y, tal y como aseguran a este diario fuentes del propio organismo, llegó a solicitar que le fuera tramitado un viaje de trabajo a Sevilla, como si todavía siguiera siendo la máxima autoridad de la SGAE.

Los responsables del Departamento de Administración del organismo se opusieron a la solicitud y el ex presidente ha urdido una estrategia para poder seguir gestionando de facto la entidad.

Con ese fin, ha solicitado al Colegio de Pequeño Derecho que elabore un comunicado interno con la intención de que sea trasladado a la Comisión Rectora que se ha hecho cargo de la SGAE. Este documento, al que ha tenido acceso EL MUNDO, refleja que este colegio, en el que se encuentran músicos de confianza de Bautista como Caco Senante o Victor Manuel, «ha decidido por mayoría y unanimidad» que «sean atendidos correctamente» los «compromisos adquiridos previamente por el ex presidente». Con esta finalidad se propone que «la comisión solicite el asesoramiento de Susanne Sprecht, antigua adjunta del mismo, en referencia a la agenda adquirida previamente». Todo ello bajo la supuesta finalidad del «buen funcionamiento» de la entidad.

De manera paralela, dos de los miembros de este colegio, Teodomiro Cardalda e Inmaculada Serrano, han registrado una carta en la que arremeten duramente contra la Comisión Rectora, en la que ponen en duda abiertamente su legitimidad.

«Pregúntense ustedes», espetan ambos en la misiva, «qué legitimidad tienen si deviene de la nuestra». Al mismo tiempo, subrayan que ésta reside en ellos, «como miembros electos de la Junta Directiva» tras ser elegidos «en unas elecciones legalmente convocadas».

«Nuestra legitimidad», añaden, «sólo es cuestionada por la prensa de la que, por cierto, no han hecho ustedes intento de defendernos, asunto no exigible pero deseable». «A la fecha no tenemos constancia de que se haya nombrado presidente, lo que les convierte en órgano extraestatutario e incompleto, situación que deberían remediar o someterse a las decisiones de la Junta Directiva al respecto», apostillan