TODOS SE BURLAN DEL GOBIERNO DE LA ESPAÑA SOCIALISTA

A. YANEL / M. MARRACO / Madrid

23/06/2011

El PNV y ETA se burlan de un Gobierno que agoniza

Erkoreka se jacta de haber conseguido que la última palabra sobre sus convenios esté en el ámbito vasco a cambio de una mera abstención: «En mi trayectoria no he conocido un caso semejante»

'Txeroki', el último líder de ETA cuyas palabras Interior utilizó como prueba del éxito de su política, se niega a reconocer al Tribunal que le juzga y desafía al Estado

En dos escenarios bien distintos, y con pocas horas de diferencia, el PNV y ETA se burlaron ayer, cada uno a su manera, de un Gobierno al que consideran cada vez más agónico y al que resulta fácil presionar en el Congreso y desairar en los tribunales.

En la Cámara Baja, el portavoz del PNV, Josu Erkoreka, presumió de haber arrancado al Ejecutivo de Rodríguez Zapatero importantes compromisos a cambio de abstenerse en la votación de la reforma de la negociación colectiva. «En mi trayectoria no he conocido un caso semejante», declaró al ser preguntado si en alguna ocasión ha conseguido tanto con una mera abstención. A cambio, el Gobierno y el PSOE se comprometieron a que cuando exista un conflicto entre un convenio colectivo estatal y otro autonómico, prevalecerá este último.

Apenas unas horas antes, desde el banquillo de la Audiencia Nacional, el ex jefe militar de ETA Txeroki había desbaratado el intento de Interior de presentarlo como etarra sangriento reconvertido en partidario del abandono de las armas. La frase «la lucha armada ya no procede», supuestamente grabada por Interior en prisión y divulgada el domingo por El País, se convertía ayer en un desafiante «no reconozco legitimidad a este tribunal para juzgar a ciudadanos vascos».

La trascendencia de la concesión de los socialistas a los nacionalistas quedó doblemente reflejada en la reacción del Partido Popular y en la del propio Erkoreka, que horas después de sus sonrientes declaraciones a la prensa emitía un intento de desmentido en el que acababa mostrando su «respeto» al Gobierno.

El Grupo Popular solicitó ayer por escrito al vicepresidente primero, Alfredo Pérez Rubalcaba, y al ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, que remitan los documentos en los que constan los acuerdos alcanzados con PNV y CiU «para garantizar su abstención».

Por su parte, una nota del diputado nacionalista lamentaba «la mala interpretación» que se había hecho de sus declaraciones. «Muestro mi absoluto respeto», señalaba Erkoreka, «por la otra parte negociadora [Gobierno español-Grupo Socialista], por lo que no dudo en pedir disculpas a quien o quienes se hayan sentido sorprendidos por tal interpretación, que no se ajusta para nada con el espíritu de mis declaraciones».

En el último momento, después de sufrir durante toda la mañana porque no tenían ninguna garantía de ganar la votación, esa «otra parte negociadora» logró que el Congreso aprobara las medidas que había acordado el Consejo de Ministros para reformar la negociación colectiva, gracias a que el PNV y CiU decidieron finalmente abstenerse.

A cambio, el Gobierno tuvo que concederles varias peticiones que ambos partidos le exigieron en las numerosas conversaciones que mantuvieron durante toda la mañana en el Congreso, con los nervios a flor de piel.

No aprobar esas medidas habría acarreado consecuencias muy graves para el Gobierno, porque Zapatero hubiera tenido que acudir hoy al Consejo Europeo sin haber puesto en marcha una reforma que reclama la Unión Europea.

Por eso, el Ejecutivo hizo todos los esfuerzos para lograr la abstención de los nacionalistas. Las alarmas saltaron el jueves por la tarde, cuando desde el PNV dijeron que se inclinaban por votar en contra.

El ministro de Trabajo habló con el PNV y con CiU, pero no logró garantías de su abstención. Ayer continuaron las conversaciones en el Congreso, hasta que tuvo que subir a la tribuna del Hemiciclo para defender unas medidas que rechazan la patronal y los sindicatos y que sólo apoya el PSOE.

En ese momento, tomaron parte en las conversaciones Alfredo Pérez Rubalcaba, con fama de hábil negociador, y la vicepresidenta económica, Elena Salgado, además de la secretaria de Estado de Empleo, Mari Luz Rodríguez, que jugó un papel importante. Incluso intervino en algún momento el propio Zapatero.

Mientras tanto, el ministro de Trabajo sorprendió al Hemiciclo cuando, después de escuchar las intervenciones de Gaspar Llamazares (IU) y Joan Ridao (ERC), pidió la palabra para responderles. No es nada habitual que el Gobierno replique a los portavoces en un debate como el de ayer, aunque puede hacerlo. Se suele limitar a defender su propuesta y a pedir que voten a favor. Distintas fuentes aseguraron a EL MUNDO que lo hizo porque sabía que en ese momento no tenía asegurada la abstención de CiU y PNV y quería ganar tiempo.

La sorpresa aumentó cuando, poco después, tras hablar Emilio Olabarria (PNV) y Joan Ridao (ERC), Valeriano Gómez volvió a pedir la palabra para contestarles. Seguía ganando tiempo, según las mismas fuentes, y lo logró: un debate que normalmente no hubiera sobrepasado la hora y media se prolongó durante una hora más, lo que permitió al Gobierno arrancar la abstención de los nacionalistas.

Lo acordado ayer fue descrito por Erkoreka como «un logro histórico para el PNV». No sólo se instaurará la prevalencia del convenio autonómico, sino que la futura ley reconocerá, por primera vez, que en las comunidades donde son más representativos los sindicatos autonómicos que los estatales serán aquéllos los que negociarán determinados asuntos.

Josep Antoni Duran Lleida, portavoz de CiU, se mostró también muy satisfecho por haber «forzado al Gobierno» a incluir en el texto sus exigencias. El acuerdo con CiU también supone que en el preámbulo se recomendará que los salarios se vinculen a la productividad, así como incluir un apartado sobre el absentismo laboral; aumentar la flexibilidad interna en las empresas, y revisar el tiempo máximo para renegociar un convenio cuando caduca.

Finalmente, la reforma que aprobó el Gobierno el pasado día 10 fue convalidada por 169 votos a favor (del PSOE), 159 en contra (PP, ERC, IU-ICV, BNG y UPyD) y 20 abstenciones (CiU, PNV, CC y UPN). El real decreto será tramitado como proyecto de ley urgente, lo que permitirá a los grupos parlamentarios introducir enmiendas para modificarlo. Serán esas enmiendas las que reflejen la debilidad que ayer exhibió el Gobierno en el Congreso.

La misma debilidad del Ejecutivo se reflejó ayer en la actuación del ex jefe etarra Garikoitz Aspiazu en el primero de la larguísima lista de juicios que le esperan en España. Txeroki no dijo nada que pudiera interpretarse mínimamente como el «cambio de estrategia» al que supuestamente se refería en sus conversaciones en la prisión de Navalcarnero. Más bien ofreció el perfil tradicional del etarra que no se ha alejado de los postulados más radicales de la banda, que se niega a declarar y que desafía al tribunal. Y todo tras saludar sonriente y brazo en alto a la media docena de amigos y familiares que le acompañaban entre el público.

Es cierto que el etarra, símbolo hasta su arresto, en 2008, de la ETA más partidaria de seguir con los atentados, no alcanzó los niveles de desplante de otros terroristas, incluido su predecesor en el puesto de jefe de comandos Txapote. Pero tampoco hubo ni pizca de las referencias al abandono de la lucha armada que sí se escuchan en la Audiencia en boca de históricos de la banda.

Ayer, el desafío de Txeroki empezó en el «póngase de pie» de la presidenta del tribunal, Ángela Murillo. El etarra soltó un retador «ez» (no) que le valió pasar el resto del juicio en el habitáculo blindado, destino habitual de los etarras más díscolos. «Ahí, si quiere, puede estar sentadito», dijo la presidenta.

Cuando, a continuación, Murillo le preguntó si iba a responder al fiscal, Txeroki volvió a aprovechar la oportunidad. Por razones técnicas, sus palabras no se oyeron entonces ni se pudieron traducir. Lo hizo su abogada en el informe final: «No reconozco la legitimidad al tribunal para juzgar a ciudadanos vascos. No voy a participar en este espectáculo». La presidenta paró entonces la traducción de la letrada con una frase más para un lapidario que ya le ha dado algún disgusto: «No sabemos lo que ha dicho, porque no sabemos euskara, ni nos interesa».

Con los primeros policías que testificaron, y hasta que se aburrió de hacerlo, Txeroki ofreció una estampa inusual aunque no inédita. Cuando oyó a la presidenta decir que tenía derecho a ver a los testigos, se levantó, cruzó el habitáculo y se puso de rodillas para, mirando hacia arriba y con la cara pegada al cristal blindado, ver al policía que estaba declarando. Instantes después, Murillo le aclaró las cosas: «Tiene derecho a ver a los testigos, pero no a pasearse. Si quiere verlos se sienta en el primer banco y ya está».

Entre tropiezos como ése fue desarrollándose el tercero de los juicios por el envío de un paquete bomba, que no estalló, al presidente del Grupo Correo, Enrique Ybarra, en enero de 2002. Por esos hechos el fiscal Pedro Rubira reclama para Txeroki 15 años de prisión. Pese a la afirmación del Ministerio Público de que «pocas veces se ha visto un juicio con tanta prueba», lo cierto es que no pareció que hubiera tanta. Sobre todo, sobre su vínculo directo con ese preciso atentado.

Sí consta un escrito de ETA que atribuye el paquete bomba al comando Olalla y un informe policial que sitúa a Txeroki en ese comando junto a los dos etarras ya condenados por el atentado. También están las huellas en un mapa hallado en el piso de los terroristas... y su ADN mezclado con el de la condenada Idoia Mendizábal en el sujetador de ésta. El asunto provocó sonrisas en la sala, incluida la de Txeroki, pero carecerá de trascendencia penal porque el tribunal no considera que la pericial que lo revela esté incorporada a la causa.

Tras el informe fiscal, la defensa pidió una absolución que, aunque llegue, no impedirá que alguna de las otras 20 causas que tiene pendientes le garantice, antes o después, los 40 años de cumplimiento máximo de prisión. Sólo lleva un par cumplidos, así que tendrá tiempo y ocasiones de ofrecer la imagen de desencantado de la lucha armada que desearía Interior.

ANÁLISIS
CARLOS SEGOVIA / Madrid
Corresponsal económico

23/06/2011

A Bruselas al borde del KO

Zapatero salva un 'match ball' con una cesión que amenaza la unidad de mercado en vísperas de la cumbre europea

Los mercados financieros y el propio Consejo Europeo coinciden en que España no podrá devolver lo que debe al exterior a medio plazo si no emprende reformas como la de la negociación colectiva. Por eso el Gobierno estuvo ayer al borde del KO. Si Zapatero no hubiera sacado adelante ni siquiera un decreto ley que los mercados consideran insuficiente, se habría desatado una tempestad política y financiera terminal para el Gobierno. Éste está dando muestras de debilidad en un momento en que toda la llamada periferia europea está bajo sospecha de contagio de Grecia; y, además, en vísperas de la cumbre europea de hoy, en que Angela Merkel exige más sacrificios que nunca a los países del sur a cambio de la solidaridad del rescate europeo.

El presidente no cayó ayer finalmente en la lona del hemiciclo, pero sí acude al Consejo Europeo seriamente noqueado. Bruselas le ha impuesto como una de sus recomendaciones flexibilizar más el mercado laboral y el decreto ley convalidado ayer por los pelos no sólo lo consideran los empresarios inservible para crear empleo, sino que introduce una nueva amenaza, la de romper aún más la unidad de mercado español.

El portavoz del PNV, Josu Erkoreka, arrancó un cambio sustancial en el decreto que aprobó el Consejo de Ministros el día 10. Éste establecía en su artículo 1 que, en caso de concurrencia de convenios, un acuerdo sobre todo estatal entre la patronal y los sindicatos podría impedir que una empresa acordara por su cuenta con sus trabajadores aspectos clave como el salario, la distribución del tiempo de trabajo o la clasificación profesional.

Pero, para lograr su abstención, Zapatero aceptó otorgar ese poder máximo a los convenios autonómicos, que prevalecerán sobre los estatales y tendrán la llave para permitir o no que se descuelguen las empresas. «Es una amenaza a la unidad de mercado laboral», afirma el experto en Derecho del Trabajo Iñigo Sagardoy. En su opinión, hay otras dos derivadas del pacto PSOE-PNV: «Un mayor poder para los sindicatos autonómicos y un estímulo a que se firmen convenios de ámbito regional, que eran casi inexistentes hasta ahora».

La preocupación entre los empresarios es que, lejos de flexibilizarse el mercado laboral para una empresa, se multipliquen los obstáculos en función de en qué autonomía se opera. Los sindicatos nacionalistas como ELA les preocupan mucho más que UGT y CCOO.

La frenética negociación parlamentaria de ayer recuerda a la del 27 de mayo de 2010, cuando la abstención de CiU permitió a Zapatero salvar un match ball y lograr la convalidación de su decreto de recorte de sueldo de los funcionarios y congelación de las pensiones. España no está al borde del rescate como entonces, pero actuaciones como la de ayer prolongan la desconfianza y un coste de financiación peligrosamente elevado.

CiU colaboró ayer en la convalidación del decreto con aportaciones que, en este caso, sí agradan a los empresarios. Arrancó que figure en el preámbulo la conveniencia de acabar con la tradición española de que los salarios suban igual que el IPC sea cual sea la productividad y la situación de la empresa. El Consejo Empresarial para la Competitividad (CEC), presidido por César Alierta y formado por los principales empresarios del país, incluidos los del Ibex, defendía que una referencia en -al menos- el preámbulo era una línea roja.

El preámbulo no es vinculante como habría deseado Merkel, pero los empresarios creen que, al menos, va en la buena dirección. El director general del CEC, Fernando Casado -en contacto estos días con Duran Lleida-, calificó ayer de «valiosas» y «positivas» las concesiones del PSOE al grupo catalán. De las del PNV no habló.

Duran también se aseguró introducir en la ley que las mutuas tengan un papel en el control del absentismo. Valeriano Gómez se había negado a plasmarlo en el decreto como castigo a la CEOE, pese a que lo aceptaban los sindicatos, pero ya en el Consejo de Ministros se acordó el día 10 que se introduciría a través de enmiendas, por lo que no hay logro real de CiU. Duran dice que le han prometido más flexibilidad laboral en el decreto, sin concretar. La concreción no es la especialidad de Zapatero, y menos en este final de mandato.