JOAQUÍN MANSO /
CARMEN REMÍREZ DE GANUZA / Madrid

26/06/2011

Cascos y el PP, de acuerdo en un pacto 'a la vasca'

Génova avala el plan de no entrar en el Gobierno de Asturias pero pide programa

Todas las comunidades autónomas conocen ya los pactos de gobierno o de legislatura por los que se guiará la acción política en los próximos años. Todas, menos una. El debate político en Asturias sigue discurriendo por el camino de la bronca perpetua pero, al menos, el próximo martes está prevista la primera reunión entre el victorioso Foro Asturias de Francisco Álvarez-Cascos y el PP para intentar alcanzar algún acuerdo. Empezará entonces una carrera contrarreloj, porque mañana se sabrá la fecha de la sesión de investidura, en la que sólo se postulará el ex vicepresidente del Gobierno.

Foro Asturias ofrecerá al Partido Popular un pacto de legislatura muy similar al que funciona en el País Vasco entre socialistas y populares: un acuerdo que incluya el respaldo a la investidura de Francisco Álvarez-Cascos, el reparto de representantes en determinados órganos y un compromiso programático con apoyos puntuales a la acción de gobierno.

El documento que servirá como punto de partida será el mismo que el PP rechazó el 14 de junio, minutos antes de que alcanzase el acuerdo contra natura con el PSOE para presidir el Parlamento regional y que desde Foro Asturias se insiste en recordar para alimentar la presión sobre el PP desde la base electoral de la derecha.

No se contempla la entrada de consejeros del PP en el Ejecutivo autonómico. Los populares asturianos no lo descartan oficialmente, pero en realidad no quieren ni oír hablar de esa posibilidad: temen que Cascos les «fagocite», por lo que, de llegar a un punto de encuentro para la investidura, se inclinan por hacer oposición en los asuntos que no se incluyan en ese hipotético pacto y enarbolar su propio discurso ante la estrategia que pronostican que mantendrá el ex vicepresidente para tensionar a la opinión pública de cara a las elecciones generales.

De momento, mantienen que el programa que les ofrece Foro Asturias sólo contiene «vaguedades»; en la acera de Cascos, responden que el Partido Popular no ha aportado «nada».

Desde Génova, los planes eran más abiertos. La vicesecretaria de Organización, Ana Mato, que habla todos los días con Isabel Pérez-Espinosa, había puesto un listón muy alto en lo que atañe al pacto con Cascos. «Apostamos por un Gobierno de centro derecha, que es lo que han votado los asturianos», dijo a este diario dos días después de que PP y PSOE alcanzaran su pacto anti Cascos.

Un acuerdo, este último, que revitalizó a los populares y les devolvió parte de la iniciativa, tras quedar noqueados por la traición del PP de Gijón, que aupó a la Alcaldía a la candidata de Cascos. Aunque no soporta presiones ni prisas, Foro Asturias tendría ciertamente difícil gobernar sin apoyos y con el control del Parlamento regional en manos de la oposición.

Y es que, para Génova, tan importante o más que responder a las expectativas del electorado con una alianza «de centro derecha» es que ésta no fuera gratis para Cascos. «En Gijón no ha habido pacto», se defendía Mato, cumpliendo con el difícil equilibrio de marcar las pautas sin desautorizar al PP regional. ¿Y cuáles son las pautas? Pues fundamentalmente, dos: la primera, procurar un «Ejecutivo estable» o, como mínimo, un pacto de gobierno semejante al del País Vasco; la segunda, dejar claro que la responsabilidad de lo que ocurra es de Cascos. «Confío en que se siente a cerrar un programa con el PP», decía.

Al PP nacional le habría gustado una entente más cordial entre los dos partidos, pero da por hecho que las relaciones personales están rotas y el carácter de la tierra no ayuda. En este punto, y secretamente, desde Génova se culpa a las dos partes. En todo caso, se tiene muy claro que deben evitar cualquier intervención directa para no «deslegitimar» al PP de Asturias, ya de por sí muy debilitado desde la ruptura con Cascos. Así las cosas, y en medio de la confusión de la última semana previa a la formación del Gobierno de Asturias, un portavoz oficial de Génova volvía a puntualizar, por un lado: «Nosotros siempre tenemos en cuenta al PP regional»; y por otro: «Lo de menos es estar o no en el Gobierno, lo importante es si el pacto es estable o no».

Y, además, a por Cajastur

El martes se inician las conversaciones entre el Foro Asturias y el PP y, al día siguiente, se celebra otra cita marcada en rojo aún más fuerte por Francisco Álvarez-Cascos: la Asamblea General de Cajastur, en la que estaba previsto que sus 298 consejeros aprobasen la transferencia de su negocio financiero a Effibank, el banco que surge de su fusión con CajaCantabria y Caja Extremadura.

Desde hace ocho días, ha arreciado el empeño de Cascos por invertir a golpe de opinión pública la voluntad de al menos un tercio de los consejeros. Sería suficiente para paralizar la operación, aunque la empresa que se propone parece bastante complicada. El ex vicepresidente propone transformar la Caja en una fundación para mantener el control político sobre ella, iniciativa insólita en toda España. Para ello, además de evitar la operación del miércoles, necesita aprobar después una ley del Parlamento asturiano.

El PP y el PSOE ya han anunciado que en ningún caso la apoyarían: otro argumento más para que crezcan las fricciones.

A través de un comunicado emitido ayer, Foro Asturias afirma que «el negocio bancario de Cajastur es patrimonio de los asturianos y no de sus directivos, y que este patrimonio se va a integrar en Effibank, S.A., de acuerdo con la propuesta de integración, sin garantías de control suficientes».

DAVID VIGARIO / Mérida
Corresponsal

26/06/2011

Ibarra arremete contra Vara por su 'desastrosa' campaña

Una nueva corriente crítica reclama «dimisiones» en la cúpula

Las aguas bajan turbias en el PSOE extremeño. La pérdida del Gobierno de la Junta y de la inmensa mayoría de los principales ayuntamientos ha abierto una crisis interna en una formación acostumbrada a la victoria durante 30 años que se tambalea al verse ahora fuera de las instituciones (sólo ha salvado la Diputación de Badajoz) y del reparto de los presupuestos y los cargos. Todo un drama para un partido en el que la mayoría de sus dirigentes no ha tenido otro oficio en su trayectoria vital

MARISA CRUZ / Madrid

26/06/2011

Se volvió a los 120 km/h por «oportunidad política»

Rubalcaba y Blanco tumbaron la decisión de Asuntos Económicos

Alfredo Pérez Rubalcaba y José Blanco impusieron el viernes su criterio, argumentando «oportunidad política», para tumbar la decisión adoptada el jueves por la Comisión Delegada para Asuntos Económicos, y volver a elevar el límite máximo de velocidad en autopistas y autovías hasta los 120 kilómetros por hora.

Fue Rubalcaba quien dijo la última palabra en un Consejo de Ministros que él mismo se encargó de calificar como «fuerte pero positivo». Y lo hizo en el último minuto, cuando ya todos los presentes habían expuesto sus argumentos a favor de mantener el límite en 110. Antes de que se pronunciara el todopoderoso número dos del Gobierno, Blanco, por razones claramente electoralistas, se había encargado de allanarle el camino para el golpe de mano.

Fuentes gubernamentales explican cómo en la Comisión Delegada, que se reúne todas las semanas para despejar los asuntos de carácter económico que deben someterse al Consejo de Ministros, la posición a favor de mantener los 110 kilómetros por hora fue prácticamente unánime. Sólo Blanco expresó alguna reserva, pero no dio la batalla, hasta el punto de que la prórroga de la medida había quedado acordada.

La reunión se dio por finalizada y el pacto estaba cerrado. Los argumentos fueron el ahorro en la factura de compra de petróleo, que ha ascendido a 450 millones de euros en algo menos de cuatro meses (aunque a ello haya que restar lo que ha dejado de recaudar Hacienda en concepto de IVA e Impuesto de Hidrocarburos y que según los cálculos del Ejecutivo asciende a 100 millones de euros en marzo y abril); el descenso significativo de la siniestralidad, que las mismas fuentes cifran en un 11% y, además, el alto grado de cumplimiento que habían demostrado los conductores.

Estas tres razones fueron barajadas por Elena Salgado; por el titular de Industria, Miguel Sebastián; por la ministra de Ciencia y Tecnología, Cristina Garmendia, y hasta por la de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Rosa Aguilar.

La misma tónica en defensa de la prórroga se mantuvo en el Consejo de Ministros. Otros miembros del Gobierno que no participan en la Comisión Delegada se sumaron a la idea de mantener la restricción de velocidad en autopistas y autovías.

Las primeras objeciones partieron del ministro de Fomento. La nueva posición se basaba en un argumento de último minuto: el descenso brusco del precio del barril de petróleo que se había producido en las últimas horas. A ello se agarraron Blanco y Rubalcaba para imponer un criterio que justificaron, según explican en medios gubernamentales, como de «oportunidad política».

Se trataba, en definitiva, de suprimir una decisión, adoptada a finales de febrero y que entró en vigor en marzo, que había resultado ser muy impopular.

El vicepresidente primero consideró que éste sería un buen momento para eliminar la medida, pese al ahorro en compras de crudo y al descenso de la siniestralidad. El inicio de los desplazamientos de vacaciones se presentaba como el momento perfecto para complacer a los conductores particulares que son quienes, en definitiva, han tenido que adaptar sus hábitos a la rebaja de velocidad.

Blanco y Rubalcaba apuntaron no sólo que con el inicio del periodo vacacional el mantenimiento de la velocidad a 110 provocaría una mayor congestión en los desplazamientos, sino que, además, no podía achacarse el descenso de siniestralidad a esta medida. Rubalcaba insistió en que viene siendo una constante de los últimos siete años, al margen del descenso de la velocidad máxima en apenas 10 kilómetros por hora.

Finalmente, y tras una discusión enconada en la que llevaron la voz cantante Salgado y Sebastián, el número dos del Ejecutivo impuso su criterio. La actitud del vicepresidente primero ha suscitado resquemor en varios equipos ministeriales que la tachan de «oportunista» y «electoralista», fruto de los intereses políticos personales de Rubalcaba y Blanco.

El jueves, y durante más de seis horas, se reunió el Comité Regional del PSOE en Mérida para analizar la debacle. Bajo la tutela de Gaspar Zarrías, 200 delegados escucharon hasta 40 intervenciones, entre ellas una que acaparó todo el protagonismo: la de Juan Carlos Rodríguez Ibarra, que ahora que el autobús ha tenido un accidente y ya no funciona quiere sentarse de nuevo al volante y arrancarlo.

El ex presidente extremeño -recientemente nombrado miembro del Consejo de Estado para asegurarle un retiro aún más dorado que su lujoso despacho- arremetió contra la actuación ejercida por su sucesor y le afeó, delante de todos, su política de pactos con el líder de la oposición, un entonces desconocido José Antonio Monago que en poco menos de dos años y medio de actividad pública consiguió un alto grado de conocimiento y, sobre todo, de valoración personal por la sociedad extremeña.

Ibarra señaló con el dedo como único culpable a Guillermo Fernández Vara por haber pactado con Monago varias reformas importantes, como el nuevo Estatuto o la Ley de Educación. «Le has dado protagonismo, lo has potenciado y lo hemos pagado», vino a decir Ibarra. La consecuencia de la crítica fue que el presidente en funciones de la Junta, en su turno de palabra, aceptó el error y hasta puso su cargo a disposición del partido, que le empujó a seguir.

Fue una especie de cuestión de confianza que ganó el actual secretario general del PSOE en Extremadura, que incluso se dejó querer durante meses como posible sucesor de Zapatero. Esta cuestión fue también puesta en entredicho por Ibarra, que tampoco tuvo reparos en criticarle su escasa mano dura con el Gobierno central para exigir compromisos presupuestarios como el AVE a Extremadura.

El último argumento de Ibarra en contra de Vara fue la «desastrosa» campaña electoral. «No hemos ofrecido ni un solo mensaje nítido a la sociedad, ha sido un desastre».

Para que no faltara de nada, una treintena de cargos y militantes (entre ellos la ex consejera de Fomento Leonor Martínez Pereda o el alcalde de Caminomorisco, Gervasio Martín) acaban de elaborar un manifiesto bajo el título A más democracia, más PSOE, donde alertan de la ausencia de «autocrítica, reacción y la nula asunción de responsabilidades tras la derrota electoral dejando al PSOE al borde de la resignación».

«Ha habido un abandono de la conciencia crítica como seña de identidad lo que nos ha impedido observar las muchas señales de aviso y nos ha colocado a remolque de los acontecimientos», añaden.

Finalmente, reclaman «la dimisión de los órganos de dirección, porque si administran los éxitos también deben de ser los primeros en la enorme pérdida de confianza de los ciudadanos».

M. S.

26/06/2011

El PSOE aborda el debate sobre el futuro de las diputaciones

Alfredo Pérez Rubalcaba abrió ayer el debate sobre el futuro de las 38 diputaciones provinciales que hay en España, reconociendo que en su partido hay voces divergentes, pero apuntó a que se deberá tomar una decisión concreta de cara al programa electoral con el que el PSOE concurrirá a las próximas elecciones generales, que defina el futuro de estas instituciones democráticas.

El candidato socialista explicó que no se trata tanto en centrar el debate sobre en diputaciones sí, o diputaciones no, sino en preguntarse para qué deben valer y cómo se pueden transformar.

Para Rubalcaba, lo que no pueden ser las diputaciones es «ni ayuntamientos grandes, ni comunidades autónomas pequeñas», y recordó que en las provincias que existen se dan cuatro ámbitos en la Administración.

Rubalcaba sí defendió la utilidad de las diputaciones como instituciones que permiten que los pequeños municipios, que no pueden tener servicios por sí solos, tengan el apoyo de este organismo, en esencia, el objetivo para el que fueron creadas. Pero advirtió de que dicha función no está, al menos a día de hoy, con las CCAA con plenas competencias en múltiples ámbitos, tan clara.

Por ello, Rubalcaba abogó por abrir el debate sobre cómo transformar esta institución y pidió al PSOE que aporte sus opiniones de cara a la Conferencia Política que se celebrará a finales del próximo mes de septiembre.

Durante la reunión a puerta cerrada, varios representantes municipales rechazaron la idea de acabar con las diputaciones provinciales, y defendieron la labor que están realizando.

Así, varios representantes del PSC pusieron en valor la labor de la Diputación de Barcelona y los servicios que presta, que en modo alguno están duplicados con los de la Generalitat o los de los propios ayuntamientos.

Rubalcaba explicó que su intención es simplemente abrir el debate y buscar la mayor utilidad que estas instituciones contempladas en la Constitución puedan prestar a los ciudadanos, sin caer en una maraña de administraciones públicas que duplican sus servicios.

Créditos ICO para poder pagar

>Alfredo Pérez Rubalcaba instó a los alcaldes socialistas a que los 2.300 millones de euros de más que contemplarán los Presupuestos Generales de 2012 para los ayuntamientos sean destinados al pago de lo que se adeuda a empresas, pymes, autónomos y emprendedores «porque lo están pasando muy mal».

>La propuesta fue complementada por el alcalde de Zaragoza, Juan Alberto Belloch, quien durante la reunión planteó la creación de una línea de créditos ICO que permita a las administraciones públicas pagar las deudas contraídas. «Si los bancos no dan préstamos y nosotros no pagamos, es imposible que no se destruya empleo», indicó Belloch. Alfredo Pérez Rubalcaba se comprometió a estudiar la propuesta.

MANUEL SÁNCHEZ / Madrid

26/06/2011

Rubalcaba pide al PSOE que deje de flagelarse

Reclama a los líderes locales acabar con la autocrítica, dejar de darle vueltas al 22-M, levantarse y ponerse a trabajar

Alfredo Pérez Rubalcaba, de tanto ejercer como psicólogo en estos encuentros cerrados a los medios de comunicación donde charla en mangas de camisa, parece haberse dado cuenta de que será el cabeza de lista de un partido con una profunda depresión, hundido, sin rumbo y sin ganas.

Por eso ayer, en su breve intervención en abierto, para hacer llegar el mensaje un poco más allá del escaso centenar y medio de representantes locales que asistieron a su encuentro en la sede socialista de la calle de Ferraz, empezó su intervención pidiendo a los suyos que dejen ya de flagelarse.

El candidato socialista, en un ambiente gélido, con apenas cuatro caras conocidas y otros tantos alcaldes -Juan Alberto Belloch (Zaragoza), Emiliano García Page (Toledo), Abel Caballero (Vigo) o Ángel Ros (Lérida)- pidió al PSOE que pase ya página del 22-M.

«Somos conscientes de que algo más ha pasado que unas elecciones municipales, y algunos resultados no se pueden explicar cabalmente según lo que han hecho los alcaldes correspondientes. Hay una cierta asimetría entre lo ocurrido, la crisis y con el Gobierno de España», confesó Rubalcaba.

Pero, a continuación, pidió a su partido que pase página de forma inmediata. «Es cierto», explicó, «que cuando uno tiene un resultado electoral malo hay que pensar el porqué, pero no podemos darle vueltas toda la vida, hay que decir basta, esto hay que cambiarlo, hay que defenderlo mejor y ponerse a trabajar», arengó a los suyos.

El candidato socialista recordó que hace más de 15 días se constituyó la mayoría de los ayuntamientos, y pidió en especial a los líderes de la oposición que no pierdan un solo minuto más y que olviden cuanto antes qué pasó hace ya más de un mes.

«Esta reflexión autocrítica que estamos haciendo debe concluir o, al menos, debe compatibilizarse con lo que es nuestro trabajo», reclamó Rubalcaba.

Detrás de sus palabras era bastante evidente ver a un candidato que quiere levantar el ánimo de los suyos, pero no sabe cómo.

No obstante, en el resto de su interlocución en abierto, Rubalcaba sí dio las pautas a los representantes municipales de cómo deben actuar. Primero, al más puro estilo de José Luis Rodríguez Zapatero, pidió a los dirigentes en la oposición -la inmensa mayoría que ocupaba el salón de actos de la sede del PSOE, con Pedro Castro a la cabeza- que tuvieran un comportamiento «responsable y útil». Incluso llegó a plantear que, sin avergonzarse, tiendan la mano a los alcaldes del Partido Popular para intentar crear empleo.

«Tenemos que ser una oposición responsable y, si nos quieren a su lado para crear empleo, tienen que saber los alcaldes del PP que allí vamos a estar dando todo nuestro apoyo», afirmó.

A continuación, Rubalcaba pidió a sus representantes locales austeridad donde gobierne el PSOE y donde esté en la oposición.

Hizo especial hincapié en ese aspecto, al pedirles a los suyos que sean austeros, «lo parezcan, lo digan y lo hagan». Pero, al mismo tiempo, Rubalcaba advirtió de que la austeridad puede conllevar un peligro de ser utilizada de forma falaz.

Y, en la única crítica velada que vertió contra el Partido Popular, indicó que, «hay que tener cuidado con que, al grito de austeridad, algunos quieran recortar donde los ayuntamientos no deben ser cicateros, porque hay quienes con la palabra austeridad esconden políticas regresivas, y quieren quitar los servicios de aquellos que más lo necesitan».

Finalmente, invitó a sus dirigentes locales a que combinen todos estos consejos con un acercamiento permanente y constante a los ciudadanos.

Rubalcaba explicó que siempre se les ha reprochado a los políticos no estar cerca de la ciudadanía, y ahora más que nunca, por lo que pidió a los socialistas que redoblen ese esfuerzo.

El debate o la sesión de terapia fue largo y tendido, y rozaban casi la 15.00 horas cuando salieron los últimos de la sede del PSOE. Rubalcaba parece tener claro el diagnóstico, pero no tanto si encontrará un remedio.

DANIEL G. SASTRE / Barcelona

26/06/2011

El alcalde de Vic dice 'no' al pacto CiU-PP

El militante de Unió Democràtica propone avanzar en la federación convergente

El alcalde de Vic y militante de Unió Democràtica de Catalunya (UDC), José María Vila d'Abadal, cuestiona los pactos que CiU ha cerrado con el PP porque, aunque admite que los populares son los únicos dispuestos a ayudar al Gobierno catalán, «lo ideal sería apoyarse alternativamente en varios partidos».

En una entrevista concedida a EL MUNDO, Vila d'Abadal asegura que el PP de ahora «es un partido más españolista, un poco heredero de la España franquista», pese a que será con su velado apoyo con el que se podrán aprobar los presupuestos catalanes para este año. «Me gustaría que se contase también tanto con el PSC como con ERC porque el PP ha sido últimamente muy contrario a los intereses de Cataluña».

Respecto a su discordante relación con el líder de Unió, Josep Duran Lleida, el alcalde de Vic cree que «es normal llevar propuestas, aunque sean críticas, al congreso del partido de 2012 para que se discutan las posiciones políticas y organizativas». No obstante, Vila d'Abadal rehúye hablar de la necesidad de un relevo en la dirección de Unió Democràtica de Catalunya y apuesta por una mayor relación entre UDC y Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) para buscar «una relación de igual a igual, sin cuotas: el que valga más, que se sitúe en las listas», afirma.

Sobre su nuevo mandato al frente del consistorio de Vic, Vila d'Abadal se reafirma en su política de integración de la población inmigrante que tan polémica ha sido en Cataluña. «En Vic tenemos un modelo de integración desde hace 20 años por el que los que llegan tienen que ser como los catalanes, tienen que ser catalanes y eso implica que asuman aspectos culturales y de lengua», defiende.

En este sentido, el alcalde de Vic reconoce que el ascenso en votos y representación de la Plataforma per Catalunya de José Anglada en su municipio en los últimos comicios locales -pasó de cuatro a cinco concejales- hizo que se planteara el futuro y la aceptación de dirigir de nuevo el consistorio barcelonés. «Me fui de vacaciones -era un viaje personal que ya tenía previsto- y decidí seguir para continuar con la transformación de la ciudad», sentencia.