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viernes, 17 de junio de 2011

MOVIMIENTO 15-M: LOS PIQUETEROS DEL SINIESTRO RUBALCABA arremeten contra el Principe Felipe portando banderas republicanas y obstruyen la justicia imp



Q. ALSEDO / J. RIERA / Madrid / Palma

17/06/2011

Activistas del 15-M vuelven a impedir dos desahucios judiciales

Rubalcaba: «Habrá firmeza contra los violentos y prudencia con los pacíficos»
Zapatero embusteroY tras la política, la banca. La indignación no sale de la barricada: anteayer en las plazas, ayer frente a los poderes locales, ya frente a sus enemigos económicos: los bancos. El miércoles, 300 personas pararon un desahucio en Madrid convocadas por la Plataforma de Afectados por las Hipotecas. Ese día, un hombre de Parla acudió a Acampada Sol: «Me quieren desahuciar». Y, ayer, un centenar de personas paró su desalojo. Otro episodio igual se vivió en Palma de Mallorca.

Zapatero embusterobrigadas de protección del hipotecado frente a los desahucios instados por los bancos y ordenados por los jueces. «Queremos parar todo lo que podamos parar», cuenta Chema Ruiz, de la Plataforma, adherida a Democracia Real Ya.

A principios de semana, pararon un desalojo en Barcelona y llevan todo el año promoviendo acciones, con cuentagotas, por toda España. En Murcia, hace varias semanas, al convocar públicamente a los activistas, la Policía «montó un cordón policial» y les impidió actuar. Ahora son más sibilinos y no muestran sus cartas hasta última hora.

Promueven, mediante este sistema de escudos humanos, la dación en pago: que entregar la casa libere de la hipoteca. Esperanza Aguirre se declaró partidaria de la medida durante la pasada campaña, pero se desdijo al día siguiente. El grado de endeudamiento de las familias españolas respecto de la vivienda es, aseguran los expertos, estratosférico.

El caso de Luis, el vecino de Parla protegido ayer por el 15-M, es paradigmático. A sus 74 años, sin familia y «con una minusvalía del 65%», se acercó a Sol el mismo miércoles al enterarse por la televisión de que se estaba parando un desalojo en el barrio de Tetuán, en Madrid. Lleva dos años sin pagar las cuotas de su hipoteca a Caja Madrid.

Un día después, ayer, un centenar de personas se congregó en la puerta de su casa, en la calle de Alfonso XIII. Sin incidentes, pacíficamente, los activistas impidieron la entrada de los representantes del juzgado y del banco. Un portavoz de la plataforma explicó que el hombre «carece de recursos económicos y se encuentra en situación de total desamparo, incluso después de haberse puesto en contacto con los servicios sociales del Ayuntamiento [de Parla]. Ahí le han dado cita para el 21 de junio, mientras que el desalojo lo han marcado para el 16».

>La deuda de Luis con su banco «llega a los 250.000 euros, mientras que la vivienda se ha tasado ahora en 90.000 euros, la mitad de lo que se tasó cuando la compró, en 2008», explicó Eloy Morte, de la Plataforma.

El miércoles, en Tetuán (Madrid), se paró el desahucio de una familia libanesa. El padre se había quedado en paro dos meses después de suscribir una hipoteca por valor de 240.000 euros, en 2006. Después de eso, incluso, la entidad le ofreció otros dos créditos de 35.000 y 18.000 euros, pese a que sabía que no tenía ingresos fijos. «Es de locos que le dieran ese dinero, sabían que nunca podría pagar», señaló su abogado.

Ayer, en Palma de Mallorca, María y otro centenar de indignados ganaron la batalla -no se sabe si la guerra- al Instituto Balear de la Vivienda (Ibavi), que pese a ser una institución pública dedicada a gestionar vivienda social y protegida, había instado el desahucio de esta mujer, madre de una niña pequeña.

María, profesional cualificada y conocida activista vecinal de la barriada de Sa Gerreria, atrapada en un empleo precario por el que cobra 400 euros en los mejores meses, tenía que pagar un alquiler protegido de un total de 380. Hace algo más de un año pidió a la asistenta social que le tramitara una reducción del alquiler protegido. La asistenta le dijo que no se hiciera ilusiones, que aunque en la finca ella era la que más pagaba, muchos otros lo habían solicitado y sólo a uno de los peticionarios se lo concedieron.

María había obtenido ese piso con un alquiler protegido por constituir, con su hija, una familia monoparental. Hace varios meses, agobiada, dejó de pagar, y hace tres le dijeron que preparara las maletas. «El mismo día del juicio», decía ayer María, «me dieron el aviso de que hoy [ayer] vendrían, a partir de las 10 de la mañana, a ejecutar el desahucio».

«¿Indignados, alguien dijo indignados? ¡Pero si yo soy una de ellos, desde el primer día, activa en la Plaza de España, con la acampada! De modo que les conté mi historia. Y aquí están. Me siento emocionada por su solidaridad, la de los vecinos, la de tanta gente», decía María, en su salón reconquistado, aunque fuera por unos días.

Acampada Palma había convocado una concentración a las 9.15 horas de la mañana para ir a impedir el desahucio. A la llegada a la casa de María, la masa de indignados acampó y dijo que de ahí no se movía hasta que se parara el desahucio. La comisión judicial, ante la imposibilidad de acceder, dio marcha atrás.

Madrid

17/06/2011

Abuchean al Príncipe en la Universidad

Don Felipe fue recibido en la Autónoma al grito de «los Borbones, a los tiburones»
Una treintena de personas recibió ayer al Príncipe Felipe a su llegada a un acto en la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) con una bandera de la II República, abucheos y al grito de «los Borbones, a los tiburones», a lo que él respondió con un saludo y una sonrisa.

A su llegada al edificio de la Escuela Politécnica Superior, el Príncipe de Asturias y el ministro de Educación, Ángel Gabilondo, se encontraron con un grupo de manifestantes, convocados a través de redes sociales y webs vinculadas al movimiento 15-M, que protestaba contra el Plan Bolonia y la implicación del Banco Santander en un acto que consideraba como un ejemplo de «mercantilización de la Universidad», informa Efe.

«Queremos un pisito como el del Principito», «unos en Palacio y otros sin espacio» o «mucho coche y muy poca vergüenza» fueron algunas de las consignas que se escucharon frente a la Escuela Politécnica Superior de la UAM en el momento en el que el Príncipe bajaba de su vehículo oficial.

El ministro de Educación tampoco pudo librarse de las consignas de los manifestantes, que portaban una pancarta en la que se podía leer: «La educación no es mercancía. No a la UE-2015, no más hipocresía». «Fuera las empresas de la universidad», «Gabilondo no te quieres enterar, no somos mercancía», fueron algunos de los lemas que le dirigieron.

Tanto el ministro de Educación como el Príncipe Felipe fueron insultados al grito de «criminales» y «delincuentes» mientras se dirigían del coche al interior de la Escuela Politécnica para participar en la ceremonia de clausura del encuentro internacional de la Red Talloires, Construyendo una universidad comprometida más allá de la torre de marfil, en el que tomaron parte el actual rector de la UAM, José María Sanz, y el embajador de Estados Unidos en España, Alan Solomont.

El Príncipe se limitó a sonreír y saludar a los manifestantes como respuesta a su abucheos y consignas. En su intervención, el Heredero de la Corona expresó su apoyo a un encuentro que «ayudará a encontrar las respuestas para promover una Universidad cada día más comprometida, implicada y responsable con la sociedad», gracias a una red que vincula a «cientos de personas e instituciones colaboradoras de cerca de 60 países de todo el mundo».

Tras recalcar que la sociedad no puede permitirse «desaprovechar el potencial de las nuevas generaciones», tanto por razones de «equidad social» como por el coste «en términos de descapitalización humana», Don Felipe destacó la importancia de la educación en la búsqueda de la «igualdad, libertad y participación democrática», para aportar a la sociedad «personas abiertas» y «tolerantes».

J. M. / N. V. / Madrid

17/06/2011

«Una bomba lapa bajo el coche de Puig»

La Generalitat investiga las amenazas en Twitter al consejero de Interior catalán
El nuevo ágora universal se llama Twitter y es una plaza virtual en la que se desarrolla el debate público sin apenas límites: se puede hablar de fútbol, de política, de la filosofía de la angustia en Kierkegaard o del último capítulo de Física y Química. Y se puede, también, suplantar la identidad de otro, verter comentarios soeces, insultar y amenazar al amparo del anonimato. Un tal @Alechemical15, simpatizante del Movimiento 15-M, expresó ayer su deseo de que los Reyes Magos le traigan «una bomba lapa bajo el coche de Felip Puig», el consejero catalán de Interior que ordenó intervenir a los Mossos contra los manifestantes del miércoles y contra la acampada de la plaza de Cataluña de Barcelona. La Generalitat lo está investigando.

El abogado Javier Cremades -presidente del despacho Cremades & Calvo Sotelo, pionero en el tratamiento de la libertad de expresión en Twitter- considera que las redes sociales «deben garantizar la seguridad para mantener la libertad de expresión. Fomentar un civismo que no tolere abusos en esa plaza pública porque, si no, acabará siendo menos libre». Para Cremades, la regulación del Código Penal es suficiente para castigar un delito de amenazas o de otro tipo que se cometa en Twitter, pero «la dificultad será probar quién es el autor» que está bajo un avatar. Para ello, «es determinante el trabajo de las brigadas cibernéticas de la Policía y la colaboración ciudadana».

Un ejemplo de esta actitud cívica se produjo en la noche del miércoles, cuando @no_soy_de_nadie envió el siguiente tuit al director de EL MUNDO, Pedro J. Ramírez: «A ti al final te cazarán por hijo puta!! y deseando estoy d q llegue el día!! PUTO FACHA y BOCAZAS pum pum y a dormir». Tras la denuncia pública de Ramírez, muchos usuarios alertaron de que el agresor se había identificado en mensajes anteriores como un estudiante de la Universidad de Zaragoza llamado Sergio, que terminó retractándose. «Para mí asunto zanjado. Gracias por hacerle ver que hay cosas que no caben en un tuit», concluyó el periodista.

Sin esa ayuda, identificar al autor de las amenazas es posible, aunque no sencillo. Cuando se da de alta un perfil, el usuario aporta unos datos de registro pero, salvo cuando el propio interesado lo solicita, no se verifica su identidad: se le piden un nombre y unos apellidos que no tienen por qué ser auténticos y un correo electrónico que esté operativo, aunque no se use habitualmente. En los servidores de Twitter queda almacenada la IP -la dirección virtual del ordenador personal- desde la que se llevó a cabo el alta, pero esa información tampoco es siempre definitiva: pudo actuar desde un cibercafé, por ejemplo, y en tal caso su rastro será difícil de seguir.

Twitter, además, es una empresa norteamericana y sus servidores se encuentran en Estados Unidos, lo que puede complicar el proceso. En su «política de privacidad», dice que «puede revelar» esos datos del usuario «si creyera que es razonablemente necesario para hacer cumplir la ley», afirmación nebulosa de la que se deduce que lo hará si se lo exige un juez. Su actitud, por lo general, suele ser de colaboración.

H. SANJUAN / M.HERNÁNDEZ / Valencia

17/06/2011

Los dignos 'indignados' valencianos

El 15-M intenta alejarse de la violencia con una pacífica protesta contra la corrupción
Francisco Camps no podía llegar en helicóptero como Artur Mas para acudir a su discurso de investidura, porque en las Cortes Valencianas no hay donde aterrizar, pero tampoco le hizo falta. Entró y salió del Parlamento autonómico sin mayor problema, aunque optó por una puerta trasera para evitar toparse con las protestas de los indignados.

Los sucesos del miércoles en Barcelona aconsejaban mucha prevención, aunque ayer, lejos de repetirse los incidentes, el Movimiento 15-M valenciano se distanció de forma explícita de los actos violentos junto a la Cámara catalana. Su protesta ante el Parlamento valenciano, acordonado por un fuerte dispositivo de seguridad que pedía la acreditación hasta en dos ocasiones a los diputados para entrar, fue totalmente pacífica.

Los convocantes repartieron una hoja en la que explicaban cómo debían comportarse los concentrados (sentándose lejos del cordón policial, dejando transitar a las personas y a los diputados por las calles, y usando como única arma la palabra). La protesta de Barcelona hizo que los indignados valencianos redoblaran los esfuerzos para evitar cualquier encontronazo con la Policía («si alguien se pone nervioso lo calmaremos y lo llevaremos atrás», explicaba una de las organizadoras) y evitaron también de este modo que se repitieran los altercados de la semana pasada a las puertas de las Cortes.

Los efectos de las últimas movilizaciones se hicieron sentir también en una afluencia menor de la esperada. Pese a ello, los indignados no perdieron el humor y corearon las ya clásicas consignas del movimiento: «No hay tanto pan pa tanto chorizo» o «lo llaman democracia y no lo es». Aunque ayer los protagonistas fueron Camps -«el president a [la cárcel de] Picassent»- y la voluntad pacífica de los concentrados -«somos pacifistas y lo sabéis»-.

Globos y tarjetas rojas contra «los políticos imputados» fueron ayer los únicos objetos que llevaban los indignados, que quisieron retomar las riendas de un movimiento que en los últimos días se había desbocado.

En medio de estas proclamas, dentro, en el hemiciclo de las Cortes Valencianas, Camps leía su discurso de investidura, el tercero desde que fue designado como sucesor de Eduardo Zaplana. Pero ante los cuatro años más complicados a los que se enfrenta la comunidad, optó ayer por una intervención de trámite donde repitió las líneas básicas de su programa sin entrar en mayor profundidad. No dijo nada que no se conociera con anterioridad.

Incluso lo más novedoso -su propuesta de reformar el sistema electoral valenciano para que los diputados puedan ser elegidos de manera directa- ya lo había dicho hace unos meses. El presidente valenciano planteó circunscripciones únicas en las que elegir un solo diputado. Un sistema como el británico, que premia a los grandes partidos y refuerza el bipartidismo.

En su intervención, Francisco Camps apuntó a las medidas de austeridad anunciadas por Mariano Rajoy, aprobadas ya por el Consell y que el PP llevaba en su programa, pero sin más novedades más allá de puntualizar que supondrán un ahorro de 1.150 millones. E insistió en su objetivo de «crear empleo», aunque sin mayor concreción. El president asegura que todo se va a solucionar en cuanto Rajoy llegue a La Moncloa.

Pero, sobre todo, insistió en una idea cuando el líder de la oposición, Jorge Alarte, sacó a relucir los casos de corrupción. En resumen, que todo eso es pasado, que ha ganado las elecciones por mayoría absoluta y que los ciudadanos ya le han evaluado.

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