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sábado, 18 de junio de 2011

EL PP PASA A LA ACCIÓN EN CATALUÑA para reinstaurar la lengua española en la aulas

LEONOR MAYOR / Barcelona

18/06/2011

La líder del PP catalán exige para su hijo educación bilingüe

Invoca junto a 500 familias las sentencias del Supremo y del TC / Ciutadans la respalda, pero critica su apoyo a Mas
Zapatero embusteroManuel tiene cuatro años. Su madre, Alicia Sánchez-Camacho, presidenta del PP catalán, le ha encontrado el colegio ideal, cerca de casa. Sólo tiene un fallo: como en todas las escuelas de Cataluña, la lengua vehicular es el catalán y en Primaria sólo se imparten 2 horas de castellano a la semana. Por ello, Sánchez-Camacho sumó ayer sus fuerzas a las de otros 500 padres y presentó una instancia ante la Generalitat pidiendo «una enseñanza bilingüe y proporcionada» en catalán y castellano.

La presidenta de los populares catalanes se convirtió así en el rostro de una iniciativa promovida por Convivencia Cívica Catalana, una entidad defensora del bilingüismo que consiguió, con sus recursos, cinco sentencias del Tribunal Supremo que determinan que la presencia del catalán y del castellano en las escuelas de Cataluña debe ser equivalente.

El Estatut de 2006 trató de consolidar y blindar el modelo de inmersión lingüística, introducido por el Govern de Jordi Pujol en los primeros años 80. Este sistema establece que el catalán es la lengua vehicular de las escuelas y, por tanto, el idioma que se utiliza para impartir todas las clases, excepto las de lengua extranjera y las mencionadas dos horas semanales de castellano.

La sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut rompió ese blindaje al determinar que tanto el catalán como el castellano son idiomas vehiculares en las escuelas catalanas. La Generalitat hizo oídos sordos a ese fallo del Constitucional alegando que no era claro y que podía ser objeto de múltiples interpretaciones.

Pero entonces entró en escena Convivencia Cívica de Cataluña, bajo cuya batuta cinco padres interpusieron otros tantos recursos ante el Tribunal Supremo amparándose en la sentencia del Constitucional sobre el Estatut. El Supremo dio la razón a estas familias, pero la Generalitat entendió que los fallos se referían a casos particulares e individualizados y que, por tanto, no era necesario generalizarlos.

Convivencia Cívica no tiró la toalla y ahora ha puesto en marcha una campaña de recogida de instancias de padres que demandan que la enseñanza bilingüe sí sea generalizada. Ayer presentaron en la conselleria que dirige Irene Rigau las primeras 500 peticiones, aunque esperan conseguir muchas más, sobre todo ahora que cuentan con el respaldo del PP, la tercera fuerza del Parlament.

Los populares están más que dispuestos a contribuir a la causa y han decidido que enviarán el mismo formulario que ayer utilizó Sánchez-Camacho a todos sus afiliados por si quieren seguir los pasos de la presidenta del partido y solicitar una educación bilingüe para sus hijos.

«Solicita: que se adopten las medidas necesarias para que su hijo/a reciba, juntamente con sus compañeros, una enseñanza bilingüe, esto es, una enseñanza conjunta en las dos lenguas oficiales, de forma proporcionada y sin desequilibrio entre ellas, de conformidad a lo resuelto en los precedentes jurisprudenciales invocados», reza el petitum de la instancia que presentaron Sánchez-Camacho y los otros 500 padres.

«Lo pido como presidenta del PP de Cataluña, pero también como una madre más que quiere hacer valer los derechos que tenemos los padres», explicó Sánchez-Camacho después de que el funcionario de Educación sellase su solicitud. «Creemos en el bilingüismo, porque es una riqueza de todos y forma parte de la realidad catalana, así como un elemento cohesionador y fortalecedor de la sociedad catalana», añadió tras resaltar que ésta es una campaña «en favor de la libertad, para que se cumpla la ley y para que el modelo de convivencia lingüística que impera en la sociedad y en las calles se traslade también a las escuelas».

La alianza entre Convivencia Cívica y el PP se ha gestado en los últimos meses gracias a una ronda de contactos entre el presidente de esta entidad, Francisco Caja, y la diputada popular María José García, que acompañó ayer a Sánchez a presentar la instancia junto a otros dos miembros del grupo parlamentario del PP, Rafa López y Pedro Chumillas. Es una alianza que tendrá consecuencias en la política catalana.

Que Sánchez-Camacho se convierta en la cara visible del bilingüismo no es un plato del agrado de Ciutadans, un partido que ha hecho de la defensa del castellano el centro neurálgico de su estrategia política. «Convivencia Cívica se dirigió al PP porque le interesa colaborar con un partido que tiene solvencia, capacidad de influencia y posibilidades de gobernar», explicaron fuentes populares a este diario.

En Ciutadans no lo ven de la misma manera. El portavoz del partido, Jordi Cañas, envió ayer un comunicado de prensa en el que acusó al PP de «cambiar poder por principios», por el hecho de que los populares tengan previsto posibilitar los Presupuestos de CiU sin haber exigido a cambio el cumplimiento de las mencionadas sentencias del Constitucional y el Supremo.

También para CiU supone un inconveniente que el PP dé un paso a favor del castellano en las aulas, justo después de haber cerrado el pacto presupuestario. Los nacionalistas saben que eso les expone a las críticas de independentistas y socialistas. Por eso prefieren correr un tupido velo sobre el asunto y ayer rechazaron hacer comentarios.

G. GONZÁLEZ / Barcelona

18/06/2011

Querella por la preinscripción

Además, Convivencia Cívica recuerda que existe una sentencia del Tribunal Supremo que ordena a la Generalitat que garantice de forma efectiva la utilización del castellano como lengua vehicular y de aprendizaje en la enseñanza en los centros educativos, en condiciones de adecuado equilibrio respecto al catalán.

>La querella fue ratificada por la plataforma ante un juzgado de instrucción de Barcelona, que está a la espera de conocer el informe de la Fiscalía para decidir si la admite a trámite o la archiva.
La acción judicial se centra contra la directora general, aunque cuando Convivencia Cívica presentó la querella indicó que no se descartaba dirigirla también contra la 'consellera' Irene Rigau.
En este sentido, Francisco Caja afirmó que Rigau «ha expresado su voluntad públicamente» de no acatar la decisión judicial, por lo que la Generalitat «se extralimita de forma deliberada y prepotente» en no modificar los criterios de la preinscripción para garantizar la educación bilingüe


Convivencia Cívica Catalana mantiene otro frente abierto en los tribunales contra la 'Conselleria' de Enseñanza. Hace unos meses, presentó una querella contra Mertixell Ruiz, la directora general de Atención a la Familia de la Consejería que firmó la resolución de preinscripción para el próximo curso escolar. La entidad que preside Francisco Caja denunció que el impreso de preinscripción no incluye ninguna casilla que pregunte a los padres si quieren que sus hijos reciban la formación en las dos lenguas, como se establece en la Constitución

Sentencias del TS contra la inmersión

>«En contra de la doctrina del Tribunal Constitucional, esa exclusión de hecho del castellano como lengua vehicular pervierte el modelo lingüístico establecido en la Constitución de conjunción lingüística o de bilingüismo integral, de modo que se implanta un modelo de inmersión lingüística contrario al espíritu y a la letra de la Constitución».

>«No puede aceptarse la exclusividad en estos momentos del catalán como lengua única vehicular en la enseñanza».

>Sobre la política de normalización lingüística, «no puede ir más allá, hasta el punto de negar la realidad de la convivencia armónica de ambas lenguas cooficiales en Cataluña, intentando ignorar el deber constitucional de todos los españoles de conocer el castellano y el correlativo derecho a usarlo».

>El Tribunal Supremo considera que se quiere «reducir el castellano a una materia docente más del currículo de las diferentes etapas educativas obligatorias y privarle de su condición de lengua vehicular junto con el catalán».

>Se ordena a la Generalitat que «se haga efectiva su utilización como lengua docente y vehicular en la enseñanza, en la proporción que proceda, dado el estado de normalización lingüística alcanzado por la sociedad catalana, de modo que el castellano no quede reducido en su uso al de objeto de estudio de una asignatura más».

>El catalán debe usarse «en una proporción razonable que no haga ilusoria o simplemente constituya un artificio de mera apariencia en la obligada utilización del castellano como lengua vehicular».

Lérida

18/06/2011

El consejero de Agricultura catalán insta al «patriotismo alimentario»

«Si entramos en un restaurante y consumimos vino de La Rioja, no ayudamos», dice
El conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Natural de la Generalitat, Josep Maria Pelegrí, acuñó ayer la denominación de «patriotismo alimentario» para reclamar a los catalanes que consuman productos agroalimentarios autóctonos. Y lo explicó de esta manera: «Si entramos en un restaurante y consumimos vino de La Rioja, no estamos ayudando al empresariado catalán».

Para el consejero, que es además un destacado dirigente de CiU, «se ha de ser consciente de que aquí [en Cataluña] hay mucha gente que produce; en el mundo agroalimentario hacen un gran esfuerzo, hemos de ser capaces de que el catalán, los catalanes, consumamos productos de aquí», según explicó.

El consejero democristiano defendió su llamamiento alegando que es muy importante en estos tiempos de crisis económica ayudar a las industrias, pero especialmente al sector agroalimentario, a que se ganen la confianza de la proximidad, según informa Europa Press.

El consejero hizo estas declaraciones en La Seu d'Urgell, en Lérida, donde clausuró la Trobada al Pirineu, un encuentro que ha reunido a alrededor de 500 empresarios, cifra que llevó a Pelegrí a calificar las jornadas como «las más concurridas de Cataluña».

No es la primera vez que el consejero nacionalista insta a los consumidores catalanes a actuar en defensa de la producción de la comunidad autónoma. Ya lo hizo hace apenas un mes, cuando instó a no comprar fruta por debajo de precio -en alusión al producto que llega del extranjero y se vende más barato- para incentivar el comercio catalán.

En cualquier caso, las manifestaciones de Pelegrí han despertado el fantasma de los distintos boicots empresariales que se orquestaron en 2004 a raíz de las declaraciones incendiarias del que fuera líder de Esquerra, Josep Lluís Carod-Rovira, cuando llamó a sabotear la candidatura olímpica de Madrid para 2012 como respuesta política a los impedimentos para que la selección catalana de patinaje fuera oficial.

Como las Navidades estaban cerca, el cava catalán, producto estrella de las fiestas, se llevó la peor parte: movimientos en las redes sociales promovieron entonces el boicot al cava, que llevó al sector a unas caídas del 5%.

El ex conseller en cap de la Generalitat Josep Bargalló instó en aquellas fechas a los restaurantes catalanes a primar los vinos de denominación de origen de Cataluña en sus cartas, al igual que hacen en La Rioja. Según Bargalló, «más allá del debate sobre el boicot al cava» había que «sacar conclusiones» y plantearse que, «si hacemos cocina del país, también habría que hacer una carta de vinos adecuada, sin excluir a los demás».

Bargalló apelaba entonces a «aprender la lección» y llegó a plantear como ejercicio «ir a La Rioja y ver las cartas de vino de los restaurantes», en comparación con «algunas cartas de restaurantes de Barcelona». Según Bargalló, «allí tienen una cierta claridad de a qué industria quieren apoyar, más que aquí».

El dirigente independentista admitió que «los vinos buenos son buenos sean de donde sean», pero consideró que «hay restaurantes que se definen como de cocina del país y en la carta de vinos se desligan». A juicio de Bargalló, «Barcelona es uno de los ejemplos de cartas de vinos extrañas».

Otros productos catalanes sufrieron también el vacío en ventas en otras comunidades, hasta el punto de que el que fuera consejero de Comercio catalán, el independentista Josep Huguet, comparó lo sucedido con la persecución nazi a los judíos, «a los que se les pintaba la estrella de David frente a sus tiendas».

Barcelona

18/06/2011

Carod-Rovira, el socio del PSOE: «A mear a su país»

El ex presidente de ERC Josep Lluís Carod-Rovira pidió ayer a los 'indignados' que participan en acampadas de Cataluña que se vayan a «mear, pintar, abroncar e insultar allí donde les corresponde: a su país».

«Han plantado aquí sus tiendas, han pintado sus pancartas mayoritariamente en castellano y se han expresado públicamente en este idioma; para que nos entendamos todos, para no hacer divisiones entre nosotros y para no dejar entrar el nacionalismo en la acampada», se quejó el republicano en el portal de internet 'Nació Digital'.

Según el ex líder de ERC, los españoles tienen «todo el derecho del mundo a indignarse. Pero si quieren hacerlo como españoles, lo mejor es que no se equivoquen en el mapa [...] y se vayan a su país».

«Al fin y al cabo, tampoco está tan lejos y está bien comunicado. Este internacionalismo 'progre', que va de apátrida, de anacional, de cosmopolita, cuando se expresa en el marco de una nación no normalizada políticamente, no hace nada más que el juego al nacionalismo dominante: el español».

Carod mostró su desaprobación hacia la ocupación de la plaza de Cataluña de Barcelona: «Ya toca bastante los huevos que alguien ocupe el centro simbólico del país, como para que, además, tengamos que soportar con normalidad insultos como los que hemos podido ver y leer estos días».

«¿Qué credibilidad tiene la indignación de una gente, la mitad de los cuales está contra el derecho de autodeterminación? ¿Cómo hay que entender que Falange Española se haya adherido formalmente a las concentraciones?», se preguntó Carod.

AGUSTÍN YANEL / Madrid

18/06/2011

El Gobierno salva un escollo para aprobar los Presupuestos

El PNV recibe seis transferencias que se le prometieron el pasado año
El Gobierno de Zapatero dio ayer un importante paso adelante para lograr los votos del Partido Nacionalista Vasco a la hora de aprobar los Presupuestos Generales del Estado de 2012: el PSOE y el PNV cerraron un acuerdo para transferir al País Vasco las competencias en seis materias que debían ser traspasadas en el primer semestre de este año, tal y como ha ocurrido.

Aunque los socialistas desvinculan este acuerdo de la negociación sobre los próximos Presupuestos Generales, no ocultan que facilita mucho las cosas a la hora de recabar el apoyo de los nacionalistas.

El portavoz del PNV en el Congreso, Josu Erkoreka, advirtió a primera hora de ayer de que no hablaría de los próximos Presupuestos hasta que el Gobierno no cumpla todos los compromisos que adquirió el año pasado a cambio de que los peneuvistas votaran a favor de los de 2011.

El socialista José María Benegas se sorprendió ante esas declaraciones, porque las posiciones estaban muy cercanas, y le contestó que no iba a negociar «bajo amenazas». Pero finalmente, tras ese rifirrafe dialéctico, hubo acuerdo.

Tal y como estaba acordado desde el otoño pasado, ayer acordaron la transferencia de seis nuevas materias, valoradas en total en 2,3 millones de euros, que conllevan el paso de 20 funcionarios a la Administración vasca.

Este acuerdo supone que, a partir del 1 de julio, una vez que el próximo Consejo de Ministros apruebe los decretos correspondientes, el Gobierno vasco gestionará los Expedientes de Regulación de Empleo en las empresas públicas, además de adquirir competencias en el tráfico marítimo y fluvial; transporte de viajeros y mercancías por las carreteras de esa comunidad; gestión de tres archivos históricos de titularidad estatal que están en el País Vasco; registros de la propiedad intelectual, y ampliación de las transferencias que ya tiene en enseñanzas náutico-pesqueras.

Estas seis transferencias, sumadas a otras cinco que fueron aprobadas en mayo, están valoradas en 33,3 millones de euros y conllevan el traspaso de 416 funcionarios y varios bienes inmuebles.

La comisión bilateral de transferencias ya ha comenzado a preparar otras que serán acordadas en julio, según lo previsto, referidas a autopistas y ferrocarriles.

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