DIOS NOS LIBRE DEL SOCIALISMO: Nuevo éxodo vasco tras el 22-M/ El Gorila socialista recibe radioterapia/ Ductadura china/ Genocidio rojo

TAL LEVY / Caracas
Especial para EL MUNDO

27/06/2011

Chávez recibe radioterapia para su cáncer de próstata

Así lo asegura un periódico de Venezuela, mientras el vicepresidente del país dice que hay mandatario «para rato»

«Hay Chávez para rato», afirmó el vicepresidente de Venezuela, Elías Jaua, para hacer frente a la oleada de rumores sobre el estado de salud del presidente bolivariano. Y, sin embargo, mientras, el diario venezolano El Universal publicaba una información según la cual el mandatario padece cáncer de próstata y ha sido sometido a radioterapia en Cuba, donde permanece convaleciente desde hace más de dos semanas.

En su artículo «Verdades de la enfermedad de Chávez», el veterano periodista Nelson Bocaranda Sardi hace un recuento de las dolencias del presidente y, aunque no ofrece los nombres de los médicos que le han tratado, menciona a un doctor español, el mismo que operó a Fidel Castro, que casualmente se encontraba en la isla para hacerle una evaluación semestral de rutina al dirigente cubano. Si bien es cierto que este doctor de nacionalidad española es un especialista en digestivo y no un urólogo.

«Aunque, a distancia, un urólogo caraqueño, de ascendencia judía, dirigió por vídeo la cirugía prostática con robot del Centro de Investigaciones Médico Quirúrgicas practicada por el galeno español asistido por dos médicos cubanos, otro médico inmunólogo venezolano del Baptist Hospital de Miami y del Tufts Medical Center de Boston fue llevado a La Habana para realizar los cortes para la biopsia transoperatoria por congelación que se hizo en uno de esos centros estadounidenses. Así se determinó que había un cáncer y que debía comenzarse su tratamiento de inmediato. Radiación [radioterapia] y bloqueo hormonal comenzaron a aplicarse», informa Bocaranda Sardi.

Hugo Chávez podría volver a Caracas el próximo jueves para llegar con tiempo al desfile con motivo del Bicentenario de la Independencia y luego continuaría su terapia, de acuerdo con el periodista venezolano.

El vicepresidente Jaua ha afirmado que el gobernante está recuperándose para seguir la batalla. «Anda la derecha nacional e internacional enloquecida, haciendo gozo de la salud del presidente, incluso hablando de la muerte del presidente. Andan como el 11 de abril; nosotros les recordamos que todo 11 tiene su 13», dijo aludiendo al retorno de Chávez al gobierno tras el golpe de Estado del 11 de abril de 2002.

En 12 años de mandato, el gobernante ha logrado salir fortalecido de todas las coyunturas, incluso las más adversas, como la de 2002 que no hizo sino apuntalarle en el poder. Ha dado muestras de su habilidad táctica, no en vano su formación es militar. Tampoco es la primera situación difícil ante la que guarda silencio para emerger con una respuesta calculada después de que el resto de actores políticos haya mostrado sus cartas. No es descartable, entonces, la tesis barajada según la cual Chávez, aún convaleciente, retornaría para el Bicentenario. De ese modo, se reforzaría su anhelado paralelismo con el libertador Simón Bolívar, que regresó triunfante a Caracas tras la batalla de Carabobo.

GONZALO SUÁREZ

26/06/2011

el nuevo éxodo vasco tras el 22-m

Una amenazada que no encuentra trabajo, una ex concejala que se queda sin escolta, un empresario que teme que Bildu acceda a sus datos... Son las nuevas caras del exilio vasco

Yolanda Couceiro vivió en el País Vasco en los años de plomo, cuando ETA acumulaba muertos a centenares. Allí siguió en los 90, cuando la «socialización del sufrimiento» extendió el miedo a todos los españoles. Y no cambió de idea cuando la amenazaron de muerte, cuando le pusieron escolta, cuando boicotearon su empresa hasta la quiebra...

Ahora, sin embargo, esta bilbaína de 45 años se siente empujada hacia el exilio. Y quiere que se sepan los motivos: «Nadie se atreve a dar trabajo a una amenazada», denuncia la presidenta de la asociación España y Libertad. «Saben que se convertirían en dianas de los borrokas... Ahora, un conocido de Alicante me ha ofrecido un empleo. Voy a tener que mudarme allí con mi marido».

Yolanda no está sola. Es una gota más en la hemorragia de exiliados vascos, en pleno auge tras el triunfo de Bildu en el 22-M. «Mucha gente se siente vendida y ha decidido irse», denuncia Inmaculada Castilla de Cortázar, presidenta del Foro Ermua. «El Gobierno constitucionalista generó esperanzas que ahora se han desplomado de golpe con la presencia de los batasunos en las instituciones».

Algunos, como Yolanda, amenazan con dar un portazo. Otros ni siquiera pueden permitirse ese desahogo. Les toca huir de su tierra sin llamar la atención. De hecho, más de uno oculta su nombre por miedo a que el miedo les persiga a su nuevo destino.

Es el caso de Aitor, de 52 años, taxista de Barakaldo (Vizcaya). Su delito fue acudir a mítines del PP vasco. Durante años, aguantó los insultos, los abucheos y las amenazas de sus vecinos. Ahora, sin embargo, está decidido a abandonar su pueblo. Le han convencido sus hijos, ya mayores, hartos del acoso de los batasunos. Así que ha vendido la licencia de su taxi y se comprará otra en una ciudad del Mediterráneo. ¿Cuál? Prefiere no desvelarlo.

Por ahora, no existe un recuento fiable de yolandas y aitores. La irrupción de Bildu está demasiado cerca para medir esta nueva oleada de exiliados. Pero son cientos, si no miles, los que han tomado la decisión en las últimas semanas. «Y si no se van más es por la crisis económica», asegura Castilla de Cortázar. «La gente quiere marcharse, pero saben que encontrar un trabajo fuera del País Vasco resulta casi imposible».

Una de las excepciones es Yolanda, con su empleo en Alicante. Allí se mudará en otoño si, como teme, no le surge una oferta mejor. Hasta el año pasado, era la orgullosa propietaria de un negocio de diseño de interiores. Sin embargo, la presión de «los chivatos borrokas» la llevó a la ruina. «Se pasaban el día en la puerta de la tienda, amedrentando a mis clientes», recuerda. «La gente quería entrar, pero les daba miedo. ¿Cómo iba a funcionar el negocio?».

Tras echar el cierre, Yolanda se puso a buscar trabajo. Pero nada: en plena recesión, ni los empresarios más osados se atreven a contratarla. «Si fuera por mí, me quedaría en Bilbao», recalca. «Pero una persona que no puede subsistir se tiene que marchar... De vez en cuando se me acercan empresarios y me insisten: "Yo soy de los tuyos". Pero, a la hora de la verdad, se escaquean... Tienen miedo».

Este temor se palpa entre el empresariado vasco. Y no sólo a la hora de fichar amenazados. El dinero, siempre miedoso, empieza a fugarse. En las últimas semanas, se ha detectado un repunte en la salida de empresas de Euskadi. Sobre todo en Guipúzcoa, donde la izquierda abertzale gobierna la todopoderosa Diputación Foral y, por tanto, tiene acceso a los datos fiscales de todas las firmas. «Conozco un industrial que ha cambiado la sede a Zaragoza, un abogado donostiarra que se ha llevado su despacho a Bilbao... y muchos más que se lo están pensando», denuncia un alto cargo del PP vasco.

Es el caso de Miguel, el alias bajo el que se oculta el dueño de una imprenta de San Sebastián. La victoria de Bildu le animó a deshacerse de su empresa de toda la vida. A sus 60 años, venderá el negocio a sus dos empleados. Luego se mudará con su esposa a Madrid, donde ya reside su hijo. «Por lo menos viviré tranquilo sin que esos sinvergüenzas sepan lo que gano», ha explicado a sus conocidos.

NADIE VUELVE A CASA

Allí se unirá a decenas de miles de vascos que han recorrido el mismo trayecto en las últimas décadas. La cifra exacta es un enigma: nunca se ha realizado un recuento pormenorizado. El más conservador, de la asociación de exiliados Zaitu, habla de 50.000 desterrados. De ellos, cerca de 10.000 se marcharon por amenazas directas y otros 40.000 por el «clima irrespirable» que padecían en su tierra.

Hasta el 22-M, la diáspora vasca parecía a punto de empezar a contraerse. El anuncio de la tregua animó a cientos de desterrados a pedir ayuda a Zaitu para regresar a casa. «Pero tras la victoria de Bildu, las solicitudes se han frenado en seco», explica su presidente, Joseba Markaida.

Así que, lejos de menguar, el exilio sigue. Entre las candidatas a engrosarlo se encuentra Regina Otaola, ex alcaldesa de Lizarza (Guipúzcoa), que ya anunció a Crónica que abandonará el País Vasco si, como teme, no encuentra trabajo. «Nadie quiere señalarse contratando a alguien como yo», insiste.

También afronta un posible destierro Nerea Alzola, ex concejal de Sondika (Vizcaya), si siguen adelante los planes de quitarle la escolta el 1 de septiembre. «A mí no me echa ETA, me echan los que no me garantizan mi seguridad... Si fuera por miedo a los terroristas, me habría ido antes», insiste.

Esta es la gran paradoja del nuevo éxodo vasco: que llega cuando la banda se encuentra en su momento de mayor debilidad. Un enigma que Yolanda Couceiro se encarga de desenredar con una frase certera: «Antes nos mataban, pero ahora no nos dejan vivir».

GINA MONTANER

27/06/2011

El presidente en la isla mágica

En 1924 Thomas Mann publicó La montaña mágica, su novela cumbre sobre la decadencia de la burguesía europea antes de la Primera Guerra Mundial. Demos un salto en el tiempo y en la geografía: casi un siglo después, y no en los Alpes suizos sino en una isla caribeña, el presidente Hugo Chávez se encuentra hospitalizado en un sanatorio curándose de un padecimiento físico, cuando, en realidad, el mal que lo aqueja es el declive del socialismo del siglo XXI.

La historia oficial que ha presentado el Gobierno desde Caracas gira en torno a un misterioso absceso pélvico, que el 10 de junio presuntamente sufrió el líder bolivariano durante una visita oficial a Cuba. De pronto Chávez acabó convaleciente junto a su preceptor, Fidel, compartiendo estancia hospitalaria de lujo y sendos chándales a modo de batas para librar «la batalla por la vida», que es como al canciller Nicolás Maduro le gusta hablar.

A partir de esta extraña situación sin partes médicos, todo han sido rumores: que si Chávez padece un cáncer de próstata; que si sufrió complicaciones después de una liposucción; que si fuentes de Inteligencia de EEUU tienen información de que su estado es crítico pero no del todo grave; que si circulan Wikileaks apócrifos que lo dan por muerto.

Lo único cierto en medio del mar de especulaciones que alimentan los propios chavistas, siguiendo las directrices que marcan el castrismo y el Granma bajo el dogma del secreto de Estado, es que el gobernante se encuentra varado en la Habana recuperándose de una afección.

Otra cosa es que, como ha dicho el inefable José Vicente Rángel (su ex canciller y ex vicepresidente), regrese «cuando a él le dé la gana». O la posibilidad, como apunta su actual vicepresidente, Elías Jaua, de que haya «Chávez para rato». Sin embargo, mientras se deshoja la margarita de su estado de salud, lo irrebatible es que Venezuela oscila entre los apagones diarios y el desgaste de un modelo político que nació herido de muerte.

Eso nos reconduce a la montaña mágica, que, en este caso, es una isla tropical donde Chávez y su ideología permanecen postrados. Tal vez sólo pasaba por ahí con la intención de saludar a su mentor, enfermo desde 2006. Pero era inevitable que por ósmosis acabara atrapado, como el Hans Castorp de la novela de Mann, en el ambiente mórbido de una quimera transformada en pesadilla. Y es que, como tuiteó hace unos días David Gistau con el ingenio incisivo que lo caracteriza, «El chándal es la mortaja de la utopía».

Una convalecencia junto al dictador cubano es la metástasis del espíritu. Poco importa ya que la materia perviva en el Twitter candanguero o en una probable entrada triunfal en Caracas el próximo 5 de julio, con motivo del bicentenario de la independencia de Venezuela. Se puede estar muerto en vida.

27/06/2011

Arranca el juicio al holocausto del Jemer Rojo

Cuatro personalidades del régimen están acusadas de crímenes contra la Humanidad

Cuatro ancianos de aspecto frágil e inocente se sientan desde hoy en el banquillo de los acusados del Tribunal Internacional de Camboya. Todos están implicados en el conocido como Caso 002: el mayor juicio por crímenes contra la Humanidad desde el proceso contra el nazismo tras la II Guerra Mundial y la última oportunidad de condenar a los responsables del genocidio que acabó con una cuarta parte de la población de esta nación del sureste asiático. «No se ha celebrado un caso de esta magnitud o complejidad desde Nuremberg», aseguraba la víspera de la apertura Andrew Cayley, uno de los fiscales.

El optimismo de los promotores del proceso contra el Jemer Rojo contrasta con las críticas de quienes dudan que vaya a servir para cerrar las heridas de Camboya. El Tribunal, acordado tras más de una década de negociaciones entre el Gobierno de Phnom Penh y Naciones Unidas, ha limitado el número de encausados a un puñado de dirigentes comunistas, renunciando a implicar a más participantes en los abusos. «Puede que no sea perfecto, pero es un juicio necesario. Las víctimas se lo merecen», asegura Chum Mey, uno de los únicos nueve presos que salieron con vida de la S-21, la principal cárcel del Jemer Rojo donde murieron cerca de 14.000 personas.

Las sesiones preliminares fijarán las reglas de un juicio que podría alargarse varios años y que previsiblemente terminará con la condena del número dos e ideólogo del régimen Nuon Chea, el ex presidente Khieu Samphan, el ministro de Exteriores Ieng Sary y su mujer y ex ministra de Asuntos Sociales, Ieng Thirith. Los cuatro se han declarado inocentes de crímenes contra la Humanidad, genocidio, persecución religiosa, homicidio y torturas, delitos supuestamente cometidos durante el Gobierno de la Kampuchea Democrática (1975-1979).

Los Jemeres Rojos, liderados por Pol Pot, provocaron la muerte de hasta 1,7 millones de camboyanos tras decretar el Año Cero, evacuar a las poblaciones de las ciudades, esclavizar a cientos de miles de personas en campos de trabajos forzados y exterminar a las clases educadas, empresariales y adineradas. El genocidio terminó cuando Vietnam invadió el país y los Jemeres Rojos huyeron a las junglas del norte del país. Lo hicieron sin tiempo de borrar su rastro: centros de tortura, campos de la muerte llenos de restos humanos, fotografías de las víctimas y documentos que detallan las políticas de Pol Pot forman parte de las pruebas presentadas.

La acusación civil está formada por miles de víctimas. Madres que perdieron a sus hijos por tener un título universitario o llevaban gafas, considerada una prueba de pertenencia a la burguesía. Supervivientes de las prisiones. O las más de 200.000 mujeres forzadas a contraer matrimonio en un intento de crear una sociedad socialista pura.

El juicio es la continuación del Caso 001 que terminó con la condena a 35 años de prisión de Kaing Guek Eav, el responsable de la cárcel S-21. Los intentos de abrir nuevos procesos han chocado con problemas financieros -el Tribunal ha costado más de 100 millones de euros-, la negativa del Gobierno de Camboya a encausar a más implicados y la aparente aceptación por parte de la ONU de la postura de Phnom Penh. «No permitiré nuevos juicios», ha dicho el premier camboyano, Hun Sen, él mismo un ex jemer rojo que desertó antes de caer el régimen

DAVID JIMÉNEZ Enviado Especial (Camboya)

26/06/2011

fusilado por llevar gafas o por ser universitario

Mañana empieza el juicio contra los cuatro jemeres rojos vivos más importantes. El periodista de «Crónica» localiza a cuatro víctimas que relatan atrocidades de los tres sanguinarios años en el paraíso de Pol Pot

C onservarte no es ningún beneficio, destruirte no es ninguna pérdida». Con esa frase despedían los jemeres rojos a los que iban a ser ejecutados durante el Holocausto de Asia. Una cuarta parte de la población de Camboya, cerca de 1,7 millones de personas, perdería la vida en los tres años, ocho meses y 20 días de gobierno de Pol Pot (1975-1979).

Los cuatro dirigentes más importantes del régimen que siguen con vida -Khieu Samphan, Khieu Thirith, Nuon Chea y Ieng Sary- se enfrentan a partir de mañana al Tribunal Internacional de Camboya, el último intento de juzgar sus crímenes. Este es el testimonio de sus víctimas, la acusación directa de quienes sufrieron un genocidio que tuvo su origen en la ambición de los jemeres rojos de crear un paraíso proletario. El país pasaría a estar formado por campesinos y sólo por campesinos. Las ciudades fueron evacuadas. Millones de personas enviadas a campos de trabajos forzados. Los contaminados por la influencia burguesa, eliminados.

Había comenzado el Año Cero.

ekong lai, confinada a la fuerza en una comunA

[Acusa al ex presidente de la Kampuchea democrática, Khieu Samphan]. La ropa que llevaba puesta, una muda y una mochila donde meter sus pertenencias. Las reglas sobre el equipaje que los habitantes de Phnom Penh podrían llevar consigo eran claras. Mientras adolescentes armados con AK-47 la sacaban de su casa, Kong Lai preguntó si podía guardar las joyas que había heredado de su madre. «No», respondió uno de los soldados al recordar que el dinero, los periódicos y el correo acababan de ser abolidos. «Donde vamos, el excremento de vaca tiene más valor que tu oro».

Kong, su marido, sus cinco hijos y una veintena de familiares caminaron durante 30 días hasta llegar a la comuna que les habían designado en la región de Takeo, al sur del país. Ocho de ellos morirían en el primer año de trabajos forzados y otros tres fueron ejecutados por tener título universitario, considerada la prueba definitiva de pertenencia a las clases explotadoras. «Perdí a mi padre y a dos hermanos. Uno era médico. Lo encerraron ahí», dice Kong señalando los muros de la prisión S-21, situada junto a su vivienda de la calle 350 de la capital camboyana. «No volvimos a verle».

Se puede ir de casa en casa por la calle 350, o cualquier otra, en cualquier ciudad o pueblo de Camboya, y escuchar historias similares. Una anciana cuenta que perdió a sus siete hijos. Un comerciante de bicicletas llora al recordar que su mujer no soportó los trabajos forzados. Down, junto a sus nietos, recuerda que los soldados prometieron no matar a su marido si confesaba. «Admitió que había sido un soldado del gobierno anterior. Lo ejecutaron», dice. La supervivencia dependía de convencer a los nuevos amos del país de que se era un ignorante. Tener educación, hablar un idioma extranjero o utilizar gafas podían suponer una condena a muerte.

Los camboyanos han esperado en vano la llegada de justicia en un país donde jueces, jefes militares e incluso el primer ministro, Hun Sen, fueron jemeres rojos. Víctimas y verdugos han convivido durante décadas, a menudo puerta con puerta. Kong asegura que el tiempo pasado ha minimizado la satisfacción de ver en el banquillo al ex presidente de la Kampuchea Democrática Khieu Samphan (Svay Rieng, 1931), el dirigente que diseñó la política agraria, el sistema de esclavitud y la expulsión masiva de las ciudades. «Si fuera el fiscal, le preguntaría una única cosa», dice la superviviente, de 72 años. «¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?».

ela boda obligada de chem sreymon

[Acusa a Khieu Thirith, ex ministra de Asuntos Sociales y Educación]. Los habitantes de las ciudades llegaron al campo con la orden de aprender de los agricultores. Una vez en las comunas, quedaban bajo el control absoluto de Angkar, el aparato organizativo y represor del Jemer Rojo. Angkar exigía fidelidad completa. En casos extremos, jóvenes guerrilleros debían demostrarla ejecutando a sus propios padres o hermanos. El régimen decidía dónde y con quién vivía cada persona, en qué trabajaba, a qué hora se levantaba y se acostaba, qué comía y con cuánta frecuencia. También con quién se contraía matrimonio.

Chem Sreymon es una de las 250.000 mujeres que fueron forzadas a casarse dentro de un modelo de ingeniería social para crear una generación que garantizara la continuación del sueño proletario. La eliminación de los enemigos y la unión entre almas revolucionarias puras debería erradicar las manzanas podridas de la sociedad.

Chem tenía 18 años cuando fue condenada a muerte por negarse a aceptar el hombre que le habían asignado. «Mi madre conocía a un comandante y logró mi perdón. Pero tuve que casarme con un primo segundo en contra de mi voluntad», recuerda sentada en su cabaña de Preak Kompeus, una aldea situada junto a los campos de la muerte de Choeung Ek, donde Angkar llevó a cabo miles de ejecuciones.

El régimen organizaba bodas multitudinarias de hasta un centenar de parejas y después vigilaba que cada matrimonio consumara la relación sexual en su primera noche, a veces a punta de pistola.

El Tribunal Internacional de Camboya que investiga la evidencia de violaciones masivas se encuentra así con un caso jurídicamente complejo: «Los autores materiales de las violaciones eran a su vez víctimas», aseguran fuentes de la acusación. Hubo hombres que fueron ejecutados por negarse a tomar a sus esposas. Otros lo hicieron para salvar su vida y la de las mujeres.

La principal acusada en el caso de los matrimonios forzados es Khieu Thirith, ex ministra de Asuntos Sociales y Educación. La cuñada de Pol Pot (Phnom Penh, 1932) fue una de las principales dirigentes del régimen hasta su detención en noviembre de 2007. Aparte de los fiscales, se enfrenta a las 4.000 mujeres que se han presentado voluntarias para testificar contra ella. Fueron obligadas a casarse, vivieron matrimonios con violencia, tuvieron hijos no deseados y vieron cómo sus familias se rompían cuando cayó el gobierno de Pol Pot.

Chem, de 52 años, dice considerarse de las afortunadas. Forma parte de la minoría que siguió adelante con su relación tras enamorarse de su marido, muerto en accidente de tráfico hace 10 años. Juntos tuvieron seis hijos. Una lágrima desciende por su mejilla al recordar el ramo de flores marchitas que su pretendiente forzado le dio el día de la boda, la forma en la que tatareó música nupcial para animarla y su idea de que aquella noche fingieran hacer el amor, engañando al guardia que escuchaba detrás de la puerta. «Quisieron romper todos mis sueños, pero él no lo permitió», dice Chem.

ebou meng, uno de los nueve supervivientes

[Acusa a Nuon Chea, responsable de las ejecuciones y los campos de las muerte]. El genocidio camboyano se diferencia de otros en que no fue llevado a cabo contra una religión o etnia. Hermanos eliminaron a hermanos. Vecinos a vecinos. El régimen se fue haciendo más brutal según pasaba el tiempo y sus políticas maoístas llevaban al país a la ruina. Las purgas contra enemigos degeneraron en exterminio.

En los campos de la muerte de Choeung Ek, hoy convertidos en atracción turística, los camiones llegaban cargados de prisioneros que eran ejecutados de inmediato. Los bebés eran agarrados de las piernas y estampados contra los árboles dentro de una política que garantizaba que no buscaran venganza por la muerte de sus mayores. «Lo hicieron mis subordinados, pero no puedo culparles porque trabajaban para mí. Yo fui el responsable», decía Kaing Guek Eav durante la confesión que le llevó a ser condenado a 35 años de cárcel en el primero de los juicios contra los jemeres rojos.

Camarada Duch -así era conocido Kaing Guek- era el encargado de las matanzas, pero las órdenes venían de superiores como Nuon Chea, otro de los encausados. Al Hermano Número 2 e ideólogo del régimen, que hoy tiene 85 años, se le atribuye la frase que puso en marcha el punto final: «No te molestes en interrogarlos, mátalos».

Sólo nueve de las 14.000 personas que entraron en la cárcel S-21 salieron con vida. Bou Meng lo consiguió tras demostrar que «destruirle» sí podría ser una pérdida. El gobierno buscaba artistas que pudieran pintar retratos de Pol Pot para distribuirlos por el país. Un comandante de la cárcel le dijo a Bou Meng que salvaría la vida si reproducía al gran líder en todo su esplendor. «Me temblaban las manos, pero el cuadro les gustó. Había encontrado mi salvación», recuerda.

Cuando la invasión de Vietnam puso final al Gobierno del Jemer Rojo, en 1979, Bou fue uno de los pocos que emergió con vida de la S-21. Durante años vivió en la indigencia, pero en 2010 encontró una salida en el mismo lugar donde vivió los peores momentos de su vida. El pintor, 79 años, regenta hoy un puesto de recuerdos en el patio de la cárcel, donde vende ejemplares de su biografía y cuenta a los visitantes historias del genocidio.

Bou duda que el juicio a Nuon Chea pueda cerrar las heridas del pasado, pero cree que ofrecerá descanso a los espíritus de los ejecutados (según los camboyanos, siguen viviendo en el interior de la S-21, ahora convertida en el Museo del Genocidio). «A veces puedo escuchar sus gritos, como si les volvieran a torturar. Ha llegado la hora de que descansen en paz», dice Bou, mostrando la celda de su cautiverio.

elance mcnamara, una muerte sin aclarar

[La familia de Lance McNamara acusa a Ieng Sary, ministro de Asuntos Exteriores]. La invasión de Vietnam no sólo tumbó el gobierno del Jemer Rojo, también expuso en toda su crudeza la doble moral de las potencias extranjeras con intereses en Indochina. La bandera de la Kampuchea Democrática siguió ondeando en la sede de la ONU y países como EEUU y Reino Unido apoyaron con armas y entrenamiento el intento de los jemeres rojos de volver al poder. La razón: el enemigo de mi enemigo, en este caso un pujante Vietnam que acababa de ganar su guerra, bien podía ser mi amigo. Aunque hubiera provocado uno de los grandes genocidios del siglo XX.

Washington y Londres no fueron los únicos dispuestos a pactar con el diablo. China, por motivos opuestos, también conspiró para mantener vivo el movimiento maoísta. El enlace entre Pol Pot y el exterior fue siempre Ieng Sary, marido de la también acusada Khieu Thirith y ministro de Asuntos Exteriores de la época. Su declaración en el juicio es esperada con especial interés: podría sonrojar a países que durante años mostraron escaso interés en juzgar a los jemeres rojos, temerosos de que se pudiera airear su connivencia con ellos.

Camboya se ha tenido que conformar con un modelo de justicia centrado en unos pocos dirigentes comunistas que exime de responsabilidad a miles de participantes en el genocidio, incluidos los asesinos de los 79 extranjeros que fallecieron a manos de Pol Pot (sin contar con cientos de refugiados vietnamitas). Entre ellos están los ciudadanos americanos James Clark, Lance McNamara, Michael Deeds y Christopher Delance. Fueron detenidos cuando navegaban cerca de la costa camboyana, conducidos a la prisión S-21, torturados hasta arrancarles la confesión de que eran agentes de la CIA y ejecutados. Uno de los guardias testificó meses atrás que al menos uno de ellos fue «quemado vivo».

La muerte de los regatistas quedará probablemente sin resolver después de que la presión del Gobierno de Camboya, con el supuesto apoyo de la ONU, haya vetado la apertura de próximos juicios. El caso 003, en el que se incluye la muerte de McNamara, ha sido desestimado sin que se «hayan investigado los hechos», según miembros de la fiscalía. «Viendo la formación de este tribunal y las restricciones que tiene, nunca dudamos que el resultado sería desilusionante», decía días atrás Don Bittner, primo y portavoz de la familia de McNamara, sin esperar a las previsibles sentencias de los cuatro acusados.