CUANDO LOS DELINCUENTES CAMPAN EN TODAS LAS INSTITUCIONES

F. LÁZARO / Madrid

27/05/2011

«Indignados» contra el Constitucional

Presentan una querella criminal contra los seis magistrados que avalaron a Bildu

No están dispuestas a que la decisión de legalizar Bildu quede en el olvido. Y, por ello, ayer, con los papeles claros, acudieron «indignados» ante el Tribunal Supremo para interponer una querella criminal contra los seis magistrados del Constitucional que avalaron la legalización de la formación abertzale. Seis asociaciones respaldaron la iniciativa, a la que se han adherido otras tantas, incluidas las principales asociaciones de víctimas. En concreto, la querella está avalada por Voces contra el Terrorismo, Sindicato Manos Limpias, Libertad e Identidad, Hazte Oír, Fundación Denaes (para la Defensa de la Nación Española) y Centro de Estudios Jurídicos Tomás Moro. Además, se adhieren la AVT, Covite y Dignidad y Justicia. Acusan a los magistrados del Constitucional de prevaricación. A las puertas del Alto Tribunal, los portavoces de estas asociaciones se definieron como representantes «también de una indignación nacional» y como defensores de la legalidad.

Además de los representantes de las asociaciones querellantes, también acudió con ellos María Jesús González, víctima de ETA y madre de Irene Villa. Los querellantes solicitan que los seis magistrados sean llamados a declarar como imputados, mientras que piden que los cinco, que votaron en contra de la demanda de Bildu y que suscribieron voto particular discrepante con la mayoría, lo hagan como testigos. La iniciativa se fundamenta, según el abogado Joaquín Ruiz de Infante, en la extralimitación, por parte de los magistrados citados, al valorar «de forma sesgada e interesada» la prueba aportada contra la coalición tanto por la Fiscalía como por la Abogacía del Estado, ya que ésta no es la labor del Constitucional. El abogado y miembro de Voces contra el Terrorismo Juan Carlos Rodríguez Segura dijo que se ha cometido «la mayor traición» a las víctimas.

Madrid

27/05/2011

Ballesteros, al juzgado cada 15 días por el 'caso Faisán'

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional confirmó ayer la decisión del juez instructor del caso Faisán, Pablo Ruz, de mantener en libertad provisional al inspector José María Ballesteros, imputado en el mismo, con la obligación de comparecer cada 15 días en el juzgado.

La Sala desestima así el recurso interpuesto por Ballesteros contra la decisión de Ruz. El inspector, que está acusado de colaboración terrorista y revelación de secretos y que admitió haber estado en el bar Faisán en el momento del chivatazo a ETA, consideraba que la obligación de presentarse cada 15 días en un juzgado no era necesaria, ya que es un funcionario policial en servicio, que tiene familia y domicilio conocido y que, «obviamente», su intención no es escapar, informa Efe.

El tribunal que ha estudiado el recurso ha seguido la petición de la Fiscalía y lo ha desestimado. En el auto, los magistrados recuerdan que la obligación de comparecer es «mandato expreso» de la ley para los casos de libertad provisional.

JOAQUÍN MANSO / Madrid

27/05/2011

La Generalitat incumplirá dos sentencias más del TS sobre el uso del español

La Generalitat de Cataluña dio ayer por hecho que seguirá incumpliendo la jurisprudencia que el Tribunal Supremo acaba de confirmar con otras dos sentencias que critican la «exclusión de hecho» del castellano en los colegios e institutos de esa comunidad autónoma y obligan al Govern a aplicar el fallo del Constitucional sobre el Estatut para «reintroducir» el español como lengua vehicular de la enseñanza.

Es la primera vez que el Alto Tribunal notifica una resolución en ese sentido desde que el Govern de Artur Mas proclamase -tras suscribir un pacto de investidura con el Partido Socialista para «preservar el modelo educativo catalán definido en el Pacto Nacional de Educación, la Ley de Educación de Cataluña y el modelo lingüístico de la escuela catalana»- que no tiene ninguna intención de cumplir ese mandato, expresado en otras tres resoluciones, fechadas en diciembre de 2010.

El Supremo no se ha movido ni una coma de su interpretación de la sentencia del Constitucional sobre el Estatut, como tampoco es previsible que la Generalitat recule en su actitud de rebeldía institucional. Ayer, la consejera de Educación, Irene Rigau, insistió en que es su Departamento el que decide «la proporción» del uso de las dos lenguas cooficiales en la enseñanza obligatoria no universitaria.

Las sentencias del Tribunal Supremo ordenan a la Generalitat que adapte el sistema educativo «en la proporción que proceda, dado el estado de normalización lingüística alcanzado por la sociedad catalana, de modo que el castellano no quede reducido en su uso al de objeto de estudio de una asignatura más, sino que se haga efectiva su utilización como lengua docente y vehicular en la enseñanza».

Y precisa aún más, cuando añade que esa adaptación debe llevarse a cabo «en una proporción razonable que no haga ilusoria o simplemente constituya un artificio de mera apariencia», que es lo que el Alto Tribunal considera que ocurre ahora.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo estima de nuevo sendos recursos promovidos por la asociación Convivencia Cívica Catalana en nombre de padres de alumnos de los colegios Mare de Deu del Roser y Feliu y Vegués, ambos en Barcelona y financiados con fondos públicos, que pretendían que sus hijos recibiesen «la enseñanza en su lengua habitual, esto es, el castellano» y que «la lengua castellana sea reintroducida como lengua docente o vehicular en todos los niveles de la enseñanza».

El Alto Tribunal declara ese derecho de los recurrentes y resuelve que «en consecuencia y para ello la Generalitat deberá adoptar cuantas medidas sean necesarias para adaptar su sistema de enseñanza a la nueva situación creada» por la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut, y en especial el fundamento que concluye lo siguiente: «El catalán debe ser lengua vehicular y de aprendizaje en la enseñanza, pero no la única que goce de tal condición, predicable con igual título del castellano en tanto que lengua asimismo oficial en Cataluña».

En esa comunidad autónoma, se produce una «exclusión de hecho» del castellano como lengua vehicular de la enseñanza, lo que «pervierte el modelo lingüístico establecido en la Constitución de conjunción lingüística o de bilingüismo integral», argumentan las sentencias del Supremo, que reproducen la primera que inició esta doctrina, de 9 de diciembre de 2010.

Las resoluciones concluyen que «en contra de la doctrina del Tribunal Constitucional, esa exclusión de hecho del castellano como lengua vehicular pervierte el modelo lingüístico establecido en la Constitución de conjunción lingüística o de bilingüismo integral, de modo que se implanta un modelo de inmersión lingüística contrario al espíritu y a la letra de la Constitución».

La política de normalización, dice el Supremo, «no puede ir más allá hasta el punto de negar la realidad de la convivencia armónica de ambas lenguas cooficiales en Cataluña, intentando ignorar el deber constitucional de todos los españoles de conocer el castellano y el correlativo derecho a usarlo».

A este respecto, subraya que sería contrario a la Constitución «reducir el castellano a una materia docente más del currículo de las diferentes etapas educativas obligatorias y privarle de su condición de lengua vehicular junto con el catalán».

«Si es necesario, todos a la cárcel»

El presidente de la entidad Convivencia Cívica Catalana, Francisco Caja, afirmó tras conocer la sentencia que, ante la pasividad que a su juicio demuestra la Generalitat, la consejera Irene Rigau y el 'president', Artur Mas, deberían ser procesados por prevaricación y por desobediencia a la autoridad: «Si es necesario, que lleven a la cárcel a todos y cada uno».
«Esta broma de la inmersión ha durado más de 17 años, y es grave», aseguró.
En sentido opuesto, la plataforma catalanista 'somescola.cat' emitió una nota en la que «rechaza contundentemente» las sentencias que, en su opinión, «atentan claramente contra uno de los elementos básicos de la escuela catalana».

MANUEL MARRACO / Madrid

27/05/2011

'Iñaki de Rentería' vuelve a prisión con la amenaza de 20 años de pena

El juez Ruz cree que es el 'Gorosti' que ordenó seguir con el secuestro de Ortega Lara

«Ignacio Gracia Arregui es la persona identificada como Gorosti, que durante los últimos doce meses del secuestro de Ortega Lara ejerció responsabilidades directas sobre el comando que le mantenía secuestrado y ordenó que continuara privado de libertad hasta el 1 de julio de 1997, fecha en que la Guardia Civil detuvo al comando terrorista y puso fin al secuestro». Con esa afirmación, 15 años después de los hechos, el juez Pablo Ruz envió ayer a prisión a Gracia Arregui, alias Iñaki de Rentería. El magistrado de la Audiencia Nacional adoptó al decisión a petición del fiscal Carlos Bautista y dentro de una investigación abierta tras una querella presentada el año pasado por Dignidad y Justicia.

Iñaki de Rentería se negó a declarar sobre los hechos que se le imputan, por lo que apenas estuvo 20 minutos ante el juez. El etarra había sido arrestado el miércoles en Behobia, cerca de la frontera francesa. Portaba una mochila con ropa, lo que hace pensar a los investigadores que estaba a punto de salir de España. Ayer alegó ante el juez que iba a Francia a visitar a su hijo. El delito que se le imputa, detención ilegal de un funcionario público en el ejercicio de sus funciones, podría suponerle hasta 20 años de prisión.

Del auto de Pablo Ruz se desprende que los elementos que ayer bastaron para encarcelar al ex jefe etarra ya estaban en manos de las Fuerzas de Seguridad cuando hace un año fue puesto en libertad. En particular, un informe grafológico que ya en 2002 indicaba que él era el Gorosti que había ordenado seguir adelante con el secuestro.

Iñaki de Rentería fue arrestado en 2000 en Francia, donde cumplió condena hasta 2008. Una vez entregado a España, siguió encarcelado hasta el 28 de abril de 2010. Ese día, la Sección Segunda de la Audiencia comprobó que Francia no había autorizado la entrega por las únicas causas que hubieran permitido mantenerle en prisión y ordenó su excarcelación. El etarra estuvo bajo vigilancia policial durante unos días, hasta que el 7 de mayo la Sala resolvió que no había razones para atender el recurso del fiscal. Iñaki de Rentería quedó así libre y sin vigilancia. Pero apenas 12 días más tarde, el 19 de mayo, Dignidad y Justicia presentó una querella que, un año más tarde, le ha devuelto a prisión.

Pese a la celeridad en la presentación de la querella, su tramitación ha sido lenta. El juez Ruz la admitió a trámite el 1 de febrero y ese mismo día reclamó a la Guardia Civil los datos que había solicitado la asociación presidida por Daniel Portero.

El pasado día 11, la Guardia Civil presentó el informe que juntaba dos elementos clave que constaban desde hacía años. Uno, la declaración del etarra Uribecheverria diciendo, tras su arresto en 1997, que quien él conocía con el nombre orgánico de Gorosti ordenó prolongar el secuestro, pese a que el comando le había advertido del pésimo estado de Ortega Lara. Dos, el informe grafológico de 2002 que indicaba que Gracia Arregui «es el autor de las anotaciones manuscritas» incautadas a ETA en 1993 y firmadas por Gorosti. Otros informes complementarios de 1999 y 2009 atribuyen al detenido funciones directivas en ETA.

La causa sigue bajo secreto y están pendientes algunas diligencias. Ahora que ha concluido la fase más delicada, lo previsible es que el asunto pase al juez Santiago Pedraz, ya que fue su juzgado el que investigó el secuestro.