TROPELÍAS ECONÓMICAS DEL GOBIERNO SOCIALISTA: El Gobierno exige a las autonomías un recorte drástico de sus más de 2.400 empresas
FRANCISCO NÚÑEZ / Madrid
Los entes públicos, en el disparadero
Valencia emitirá 800 millones más en 'bonos patrióticos' para poder pagar a proveedores
Aunque juega en contra el calendario electoral, el Gobierno va a exigir a los gobiernos autonómicos un plan de ajuste en las empresas y entes públicos para asegurarse que en 2011 no superen el 1,3% del déficit previsto. Esto significaría una reducción de plantillas que podría articularse, como reconocen en los sindicatos, a través de Expedientes de Regulación de Empleo (ERE).De momento, Cataluña, la primera comunidad que ha estrenado nuevo Gobierno, ha anticipado que antes del verano despedirá al menos a un millar de los empleados de estas entidades.
Como el resto de las nueve comunidades autónomas que sobrepasaron el déficit en 2010, esta autonomía, que pretende la autorización del Gobierno para refinanciarse con nuevas emisiones de deuda, presentó el 31 de enero ante el Ministerio de Economía y Hacienda un Plan Económico Financiero de reequilibrio a tres años que supondrá también para 2011 una reducción de gasto del 10%.
Este plan, como los de las demás comunidades autónomas, deberá ser aprobado por el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Sin embargo, aunque todavía no hay fecha, el Consejo podría convocarse antes de las elecciones del 22-M, pese a que sus decisiones no se aplicarían hasta la constitución de los nuevos gobiernos. Mientras, el Ejecutivo catalán podrá aplicar el ajuste de forma inmediata.
Además, subyace otro problema importante. Y es que las decisiones de este Consejo de Política Fiscal, que reúne a Gobierno y al conjunto de las autonomías, podrían ser sólo temporales. El caso es que fuentes de Hacienda reconocen que tienen dudas sobre qué se encontrarán los nuevos gobiernos debajo de las alfombras. No hay que olvidar que el nuevo Ejecutivo catalán tuvo que triplicar el dato del agujero en las cuentas públicas que heredó del Gobierno tripartito anterior. Esto significaría que habría que negociar posteriormente un nuevo plan de reequilibrio financiero, posiblemente con un mayor ajuste en materia de personal y no sólo de los entes y empresas públicas.
En cualquier caso, en la negociación que el Ministerio de Hacienda mantiene con los responsables autonómicos de este departamento, el Gobierno les ha pedido que presenten propuestas que reduzcan el elevado número de empresas y organismos.
En muchos casos, estos entes, que se rigen como si fueran privados, no tienen función alguna, duplican servicios ya existentes, compiten de forma desleal con el sector privado (por ejemplo, las televisiones) o incluso sirven para aumentar la contratación de personal o la compra de bienes y servicios fuera del control público. Y tienen también tesorería, patrimonio y cuentas propias.
Por ejemplo, las cuentas de las empresas públicas, denominadas de mercado (deben obtener el 50% de sus ingresos del sector privado), figuran fuera del balance general de cada comunidad en materia de déficit. Y es este grupo de entidades, junto a consorcios y fundaciones el que más ha crecido en los últimos meses como consecuencia de la petición de más información por parte del Estado para el cálculo del déficit y también a causa de la proximidad de las elecciones, como portillo de entrada de empleo.
Es decir, es muy probable que se haya estado centrifugando déficit desde las cuentas generales hacia estas entidades para eludir su cómputo y también para el resto de sociedades, porque su deuda tampoco se computa con la general. De ahí que no tenga sentido el aumento espectacular de la deuda financiera de las empresas públicas en general con los bancos y las cajas.
Así, desde que comenzó la crisis en 2007, el endeudamiento de las empresas autonómicas ha crecido un 66%, hasta los 17.284 millones de euros. Sólo en el último año aumentó un 13,7%. Y es Cataluña la que lidera el ranking, ya que acumula un 45,2% (7.811 millones) de esa deuda. Este agujero ha crecido casi un 70% en sólo tres años.
Según el inventario de entes integrantes, elaborado por la Intervención General del Estado, en julio de 2010 (últimos disponibles) las autonomías tenían en su conjunto 2.386 entidades públicas. Esta cifra no incluye al País Vasco, que en esa fecha tenía otros 70 organismos más.
Desde que comenzó la crisis, los gobiernos regionales han aumentado un 10,5% el número de estos entes (en 226). Pero desde 2003, fecha en que el Consejo de Política Fiscal y Financiera decidió regular esta materia, hay 634 organismos más (un 36,2% más). Lo que dice bastante poco del interés por su control.
En el desglose se observa que hay un 60% más de fundaciones, un 35,5% más de consorcios, un 30% más de sociedades mercantiles, o un 23% más de organismos autónomos. En la actualidad, Cataluña es la que más organismos tiene, 451 (aunque sólo tiene la mayoría del capital en 239). Le sigue Andalucía, con 369. Y, por ejemplo, Madrid, con un PIB equivalente al catalán y menos habitantes, tiene 170. Lo que da idea del margen que hay para el ajuste.
La Intervención del Estado lleva años advirtiendo de que el aumento de las unidades institucionales del sector público «se ha concentrado especialmente en aquellas figuras que tienen como denominador común el sometimiento general de sus actividades al ordenamiento jurídico privado». Sin embargo, en la distribución de estas entidades se observa el uso generalizado de la creación de consorcios, fundaciones y empresas públicas. Por ejemplo, Andalucía tiene 101 sociedades mercantiles, 150 consorcios y 69 fundaciones. Mientras, Cataluña dispone de 96 sociedades, 180 consorcios y 78 fundaciones.
Aunque muchas comunidades ocultan aún el alcance de este ajuste, la proximidad de las elecciones les hace formular otras propuestas que podrían haber tomado antes para evitar el aumento del paro en el sector privado. Por ejemplo, la Comunidad Valenciana prevé realizar una nueva emisión de bonos patrióticos por valor de 800 millones, una cantidad que permitirá reducir el plazo medio de pago a proveedores en 30 días. La colocación se realizará a través de dos emisiones: una a un año y con un tipo de interés del 4,25%, y otra a dos años al 4,75%.
Barcelona
Cataluña prescindirá de 1.000 empleados públicos
Los sindicatos calculan que la Generalitat despedirá antes del verano a más de 1.000 trabajadores de sus 253 empresas públicas y organismos diversos en los que tiene más del 50% de participación, como parte del plan de ajuste que está llevando a cabo la Administración catalana, según confirmaron a Efe diversas fuentes del sector público.Fuentes del Govern reconocieron ayer que se reducirá un 5% la plantilla de estas entidades o un 6% los salarios. No obstante, aseguraron que intentarán evitar los despidos, ya que su idea pasa por no sustituir a los jubilados o a los trabajadores que estén de baja, por lo que la medida afectará básicamente a los empleados de refuerzo, según los cálculos de la Generalitat.
Según reconocieron portavoces de la Consejería de Governació, responsable de la función pública, se trata de un ajuste que se aprobó en febrero de este año por el que estas empresas públicas deben completar esa reducción antes del 30 de junio. Hasta entonces no se sabrá la cifra exacta de los afectados.
El personal de las empresas públicas, consorcios, entidades mercantiles, fundaciones y organismos de diversa condición sumaba un total de 49.670 empleados en 2010, según consta en los Presupuestos de la Generalitat de ese ejercicio. Así, un 5% de esa cifra equivaldría a más de 2.400 trabajadores, el triple del ERE que llevó a cabo Nissan, el mayor de Cataluña en los últimos años.
Fuentes de Governació insisten que, en todo caso, no se llegará a esta cifra de 2.400 despedidos, porque se intentará reducir gastos a través de no cubrir bajas, suplencias y reducciones horarias para intentar que el ajuste resulte lo menos traumático posible y acercarse así a la reducción del 6% de masa salarial.
Sin embargo, para Xavier Casas, responsable de la función pública de UGT en la Generalitat, «lo que está ocurriendo es un ERE encubierto, porque afecta a personal fijo, sin ningún criterio económico e incluso contempla despidos de personas que tenían 20 años de antigüedad».
Los sindicatos aseguran que los despidos ya han empezado: en el Incasol se ha echado a 22 trabajadores; en la promotora de vivienda pública Adigsa se han llevado a cabo 20 despidos; en el Instituto Cartográfico, otros 20; en el Parque Científico de Barcelona, 12. En total, 74 despedidos a los que tan sólo se ha abonado 20 días por año trabajado, denuncian fuentes sindicales consultadas que, además, critican las bajas indemnizaciones con las que la Administración aplica este ajuste.
La coordinadora del Área Pública de CCOO de Cataluña, Josefina Pujol, denuncia que ha intentado «en varias ocasiones abrir conversaciones con el Govern para negociar un acuerdo global que permita recolocar a buena parte de los afectados y reducir el impacto social de la medida, pero se han negado a vernos».
En Ferrocarrils de la Generalitat, por ejemplo, UGT ha denunciado que el recorte afectará a 72 trabajadores. El sindicato prevé un goteo de despidos los próximos meses hasta superar los 1.000 afectados.
Governació alega que el ajuste no afecta a funcionarios con oposición ganada y que los perjudicados son en su mayoría interinos, personal contratado y eventuales para reforzar determinados horarios, turnos o servicios. También señala que el ajuste afecta a las 253 entidades y empresas públicas de la Generalitat; de éstas, el tripartito ya anunció que 103 podían desaparecer o integrarse en otras en un proceso de racionalización de la Administración.
Los sindicalistas consultados señalan que convocarán movilizaciones en defensa de un servicio público de calidad.
B. P. R. / Madrid
Trabajo rebaja aún más las cuotas a quienes afloren empleo oculto
Así, las únicas modificaciones sustanciales afectan a la redacción del preámbulo y a los efectos retroactivos de la regularización. Es decir, en lugar de vincular el empleo sumergido a los elevados costes laborales españoles y a la crisis económica, una filosofía que había soliviantado a UGT y CCOO, el nuevo texto destaca ahora el trabajo no declarado como un elemento que «distorsiona el mercado y dificulta el sistema de protección social y las garantías de los trabajadores». Pero reduce el periodo de cotización que se reconocerá a los empleados regularizados de un año, como fijaba el primer borrador, a sólo seis meses, hasta el 1 de enero de 2011. Esta medida beneficia a los empresarios, que únicamente deberán satisfacer medio año de cuotas impagadas, independientemente del tiempo en que hayan tenido a sus trabajadores sin cotizar.
La entrada en vigor del plan se mantiene en el 30 de junio próximo, pese a que los sindicatos reclamaban que fuera inmediata, nada más publicarse en el BOE.
«La orientación [del primer borrador] es más o menos la misma», aseguran fuentes sindicales, «por lo que sigue pecando de incompleto y su efectividad será escasa». Según explican, el plan no vincula en ningún momento el fraude laboral con el fiscal, ni avanza cifras ni menciona si se van aumentar los medios de la Inspección de Trabajo, por lo que los sindicatos desconfían de que «vaya a resolver el problema de la economía sumergida». Por el contrario, el último borrador mantiene que a los trabajadores declarados de forma voluntaria el empresario pueda ofrecerles un contrato temporal, en lugar de garantizarles uno indefinido como pedían UGT y CCOO.
Tampoco modifica la cuantía de las sanciones económicas a las empresas que no cumplan sus obligaciones con la Seguridad Social antes del 30 de junio. La patronal estaba disconforme con el aumento de las multas y con el hecho de que éste fuera permanente. La sanción máxima será de 187.515 euros, cuando la ley marcaba hasta ahora un tope de 100.006. El plan, no obstante, perdona las sanciones administrativas a las empresas que regularicen su situación antes del 30 de junio, y les concede aplazamientos, hasta un máximo de dos años, sin tener que aportar garantías. Igualmente, el borrador sigue obligando a los empresarios a comprobar si sus subcontratas tienen a sus plantillas en regla.
M. V. / Madrid
El 73% de los arquitectos españoles quiere emigrar
El sondeo, en el que participaron más de 800 profesionales del sector, pone de manifiesto que la mejora en las condiciones laborales es el principal motivo para abandonar el país (según un 48% de los participantes), seguido por la alta tasa de desempleo que sufre el sector (24%).
Alemania, Inglaterra y Francia figuran por este orden como los principales destinos a receptores de esta fuga de talento española.. P. R. / Madrid
CEOE no firmará un pacto 'light' sobre la negociación colectiva
«No se demorará mucho más», aventuró el dirigente sindical en un acto con delegados de UGT en Cáceres, «puesto que [la negociación] ha entrado en tiempo de descuento». Según dijo, los agentes sociales tienen «perfectamente identificados los puntos que definen la frontera para el acuerdo, que puede darse a lo largo de esta semana», informa Europa Press.
Cándido Méndez reiteró ayer los requisitos de su sindicato para cerrar un pacto: que «se facilite» a los trabajadores «la capacidad de adaptación a los cambios» que se están produciendo en las empresas, que se rechace la «judicialización» en los conflictos laborales y que se garanticen e incluso aumenten los convenios colectivos. Es decir, el sindicato quiere una reforma que no reduzca la cobertura de los convenios y que impida que se bloquee su renovación gracias al recurso a las comisiones paritarias y a los métodos extrajudiciales de resolución de conflictos, como la mediación y el arbitraje.
La patronal mantiene como agenda indeclinable de la negociación el decálogo de propuestas que presentó antes de Semana Santa. Entre ellas, destaca la reforma de las mutuas de trabajo y el control del absentismo, al que culpan de una buena parte de la baja productividad nacional. Los sindicatos han aceptado tratar la cuestión, aunque creen que no es un problema capital y que bastan cambios mínimos en la gestión de las incapacidades temporales. En todo caso, coinciden con el Gobierno en que ese debate, que se desarrolla de forma simultánea pero independiente de la reforma de la negociación colectiva, debe ser tripartito, ya que las mutuas gestionan dinero público, las cotizaciones a la Seguridad Social.
Donde los empresarios no temen la intervención del Ejecutivo es, precisamente, en la reforma de la negociación colectiva. De ahí que insistan en que si las discusiones con los sindicatos se alargan «indefinidamente», el Gobierno debe legislar aun sin el acuerdo de los agentes sociales. Éste, por su parte, ha prorrogado dos veces el plazo inicial dado a sindicatos y patronal para llegar el acuerdo. Ambos han dejado pasar el 19 de marzo, primero, y la Semana Santa, después, sin que el Ejecutivo haya dado aviso de que quiera a actuar.
posted by e-pesimo | 09:22
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