ZAPATERO ABOCA A ESPAÑA A UNA QUIEBRA INSUPERABLE: Nadie quiere bonos patrióticos de Cataluña

C. SEGOVIA / Madrid
Bonos patrióticos que no quiere el mercado
El 'conseller' de Finanzas pide «confianza» y asegura que será «un buen negocio»
Mas-Colell no ofreció más detalles en sus declaraciones de ayer a Catalunya Radio, pero fuentes del sector bancario aseguraron que el conseller está trabajando ya activamente en repetir la emisión de bonos patrióticos que lanzó el pasado otoño su predecesor, Antoni Castells, con cifras similares. Es decir, 1.000 millones de euros ampliables a 2.000 millones o incluso 3.000.
«Invertir en deuda de la Generalitat será un buen negocio porque, debido al rating a la baja, ofrecemos condiciones que son buenas y además detrás hay una administración sólida», afirmó ayer Mas-Colell, el economista designado por Artur Mas para sanear las cuentas catalanas. «La Generalitat siempre paga y pagará con puntualidad las obligaciones derivadas de su deuda», proclamó. CiU criticó el pasado otoño la emisión de los bonos patrióticos del Tripartito de José Montilla.
La condición que negocia con las entidades es ofrecer a los ciudadanos bonos a dos años con un 4,5% de rentabilidad; es decir, un punto menos que el 5,5% que, como mínimo, ha ofrecido sin éxito a los mercados también por bonos con el mismo plazo de vencimiento. Estas diferencias son habituales, por eso la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) suele exigir a los bancos y cajas que no coloquen deuda a sus clientes sin haberla vendido antes a inversores institucionales, más experimentados para calibrar la solvencia de un emisión.
Mas-Colell apuntó ayer que el 4,75% que pagó el Gobierno de José Montilla por bonos a un año no fue el problema, sino las comisiones de aseguramiento que pagó de hasta un 3%. Sin embargo, las entidades financieras a las que se ha dirigido la Caixa, que está pilotando la preparación de la emisión, vuelven a exigir ahora las mismas comisiones.
Mas-Colell se mostró ayer dispuesto incluso a prescindir de las entidades financieras y vender directamente a los ciudadanos. «No quiero romper la confidencialidad de lo que estamos trabajando, pero ésa es una opción», resaltó al ser preguntado por esta posibilidad. El Tesoro español vende títulos de deuda a través de internet al tiempo que los comercializa a través de entidades financieras.
Con o sin ellas, las fuentes consultadas en el mercado apuntaron a este diario que la Generalitat está abocada a emitir bonos patrióticos tras el planchazo de esta semana con los inversores institucionales. No ha conseguido colocar ni siquiera 300 millones de euros -una cantidad considerada prácticamente simbólica- ofreciendo un tipo mínimo del 5,5%, próximo al de Portugal y el doble que el Tesoro español. La rentabilidad del bono alemán a dos años es actualmente del 1,5%, por lo que ha llamado la atención entre los analistas que Cataluña no haya despertado apetito ni ofreciendo 400 puntos básicos más.
Un analista en Londres que pidió no ser identificado mostró ayer preocupación por la situación de Cataluña en los mercados tanto por su incapacidad de emisión, como por la posible baja demanda que pueda tener para sus bonos patrióticos. Si la Generalitat no logra financiación relanzará la presión sobre la deuda soberana española, puesto que Cataluña puede ser considerada por los inversores internacionales como emblemática de la situación financiera de las autonomías.
El nuevo conseller se presenta como un administrador serio y ha destapado que el déficit heredado de Montilla es muy superior al previsto y pide «confianza» a los mercados.
JUAN MANUEL BELLVER / París
Corresponsal
Las pensiones bajarán un 9%, según la OCDE
La reforma de las pensiones aprobada en enero por el Gobierno español «mejorará significativamente la sostenibilidad financiera a largo plazo del sistema», según el informe anual difundido ayer por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). En dicho documento se apunta también que el nuevo régimen de jubilaciones acordado con los agentes sociales «reducirá el gasto en pensiones a largo plazo, en el equivalente del 3,5 % del Producto Interior Bruto».
Para este organismo internacional, que aglutina a las economías más desarrolladas del mundo, el nivel de la pensión percibida en relación con los ingresos salariales se rebajará al del 81,2% 73,9% para cualquier trabajador con carrera completa. Lo que supone un descenso algo menor del 9%, con unas previsiones estándares de inflación del 2,5 % y de crecimiento real de los ingresos del 2%. En todo caso, la tasa seguiría siendo «mucho mayor que el 57,3% esperado para los 34 estados de la OCDE», apunta la organización.
En su estudio de 2009 sobre el mismo tema, la UE estimaba que el gasto en pensiones en España aumentaría por encima del 15% del PIB en 2050. Un cifra preocupante. Para la OCDE, con la aplicación de las nuevas medidas, nuestro país se situará por debajo de Francia e Italia en cuanto al dinero público dedicado a las jubilaciones y por encima de la media del resto de los país integrados en la organización.
Al aumentar el número de años de cotización necesarios de 35 a 37 para recibir el 100% de la pensión al cumplir 67, el Gobierno español «reforzará la relación entre cotizaciones y prestaciones en comparación con el actual sistema».
Sin embargo, la OCDE señala también que las nuevas medidas afectarán más a los trabajadores con carreras interrumpidas. El informe indica igualmente que, en lo referente al número de años de cotización para acceder a la jubilación completa, otros países tienen condiciones más estrictas y cita el caso de Francia, donde se «está ampliando el número de años a 42» y el de Alemania donde se precisa haber cotizado 45 años para retirarse con la pensión íntegra a los 65.
Dado que el Gobierno español no ha detallado qué parámetros deberán ajustarse en el futuro (edad de jubilación, años de cotización o tasa de acumulación), cada cinco años, en aplicación de mecanismos de revisión automática, la OCDE señala que no es posible hacer una simulación a medio o largo plazo. En cuanto a la pobreza de los pensionistas en España, el informa reconoce que el aumento de las pensiones en los últimos años, «claramente superiores a los IPC ha tenido un papel en la reducción del riesgo de pobreza».
Pero el organismo internacional advierte asimismo que el caso español es diferente al de otros países por el elevado porcentaje de pensionistas con vivienda propio en nuestro país.
OORBYT.es
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B. P. RAMÍREZ / Madrid
Contrato fuera de convenio para los jóvenes
Al menos así lo precisaron ayer el presidente del lobby de empresas familiares y presidente de Mango, Isak Andic, y el director general del IEF, Javier Quintana, quienes también defendieron el descuelgue de las empresas de los convenios sectoriales y la fijación de los salarios de acuerdo con la productividad. «Las empresas deben tener libertad, no estar sujetas a los convenios colectivos de ámbito superior sino a las condiciones que les marcan los mercados», explicó Quintana. Por idéntico motivo, argumentó, debería pagarse más al trabajador más productivo. Aunque no precisó cómo tendría que medirse la productividad. «Dependerá del sector y del tipo de empresa», añadió.
El mismo concepto sirve al IEF para pedir 500 millones euros, de los 7.300 millones que el Ministerio de Trabajo destina este año a las políticas activas de empleo, para financiar «el esfuerzo que las empresas deben hacer a fin de formar a sus empleados jóvenes». Porque, alega Javier Quintana, «con independencia de sus salarios», la productividad de estos trabajadores es inferior a la de un empleado con experiencia y su coste -por culpa de la formación que necesitan-, mayor. Esa «brecha» es la que el lobby quiere cerrar «reduciendo la fiscalidad del trabajo».
Estas propuestas son fruto del trabajo de una quincena de directores de Recursos Humanos de las empresas que integran el IEF -Inditex, Ferrovial, Acciona, Planeta, Mercadona, Mango, Barceló, hasta un centenar-. Pretenden «enriquecer» el Acuerdo Económico y Social firmado el pasado 2 de febrero por el Gobierno, la CEOE y los sindicatos e incluyen la oferta de un Pacto de Estado por el empleo juvenil que permita emprender «reformas legales y administrativas» para rebajar los costes de contratación de los jóvenes. Abaratarlos es la fórmula planteada por el lobby para acabar con la «hipoteca de futuro», en palabras de Andic, que para España supone tener un 40% de parados juveniles.
De ahí que el IEF también reclame bonificaciones del 100% de las cuotas a la Seguridad Social no sólo para los autónomos menores de 30 años, sino también, durante dos años, para los jóvenes que se incorporen al mercado laboral. Javier Quintana criticó el esquema de bonificaciones ya existentes. Según dijo, la burocracia desanima su aplicación por parte del empresario. El director general del IEF pidió que estos descuentos de cuotas se concedan «sin condiciones». Por ejemplo, ahora se exige a la empresa que se comprometa a mantener la plantilla y no despedir si se le bonifican nuevos contratos. Además, Quintana apoyó la segregación del Servicio Público de Empleo en dos organismos independientes, uno para gestionar el empleo y otro las prestaciones.
Entre las reformas exigidas por la empresa familiar destaca la educativa, de manera que se permita a las empresas participar en el diseño de los planes de estudio, pero también y se garantice que la próxima generación de jóvenes sea bilingüe.
España ya «ha tocado fondo» en la crisis, aseguró Andic, por lo que salir de ella «depende del Gobierno, de que haga las reformas; de los empresarios, de que se internacionalicen y exporten más, y de los trabajadores, de que sean más eficaces y trabajen mejor».
FRANCISCO NÚÑEZ / Madrid
La crisis de Japón y Libia lastrarán el débil crecimiento de España
El tsunami japonés y el conflicto geopolítico en Libia acabarán con las esperanzas de mayor crecimiento del Gobierno para este año. El Colegio de Economistas de Madrid estimó ayer que estos acontecimientos «no permiten hacer pensar en que seguirá el crecimiento» del cuarto trimestre (del 0,6% en tasa interanual) y que la previsión del Ejecutivo de un PIB del 1,3% deberá ser revisada «por debajo del 1%».
Según señaló Emilio Ontiveros, director de la revista Economistas, en la presentación de su último número (con el título España 2010. Balance), «la economía española será una de las que más acuse ese entorno menos favorable». Ontiveros recordó que la posible recuperación «descansaba» en el sector exterior y ahora estamos en «una combinación que no es la mejor» ya que «las circunstancias» no han mejorado.
En este sentido, el decano del Colegio, Juan Iranzo, alertó también del efecto adverso que para España tendría además una subida de los tipos de interés por parte del BCE, aunque manifestó que confiaba en que esta decisión podría descartarse ahora para no dificultar más el panorama tras el terremoto en Japón. Iranzo recordó que las revueltas en Libia han encarecido el precio del petróleo, aumentando el riesgo de la dependencia energética española del exterior, mientras que la catástrofe en Japón reducirá la demanda.
Ambos economistas descartaron la vuelta a la recesión. Pero Iranzo advirtió que podría producirse una situación de estanflación, es decir, de estancamiento económico con una inflación elevada y prolongada en el tiempo. Y recordó que las recetas para salir adelante serían muy complicadas en la actual coyuntura (sería necesario un mayor gasto público en materia de inversión). «Hoy, los sucesos no nos favorecen», añadió. También defendió alargar la vida de las centrales nucleares actuales. Incluso señaló que «esta energía debería jugar un mejor papel». Pidió que no se modifique el actual mix energético (proporción de las distintas energías) «porque sería perjudicial para España».
Los dos coincidieron en que el factor del turismo hay que tomarlo con cautela. El conflicto del Magreb está aumentado la demanda de los destinos en España, y es positivo, señalaron. Pero eso no significa que se ingrese más. Es decir, «los paquetes turísticos» han bajado mucho, y por tanto «vendemos más, pero ingresaremos menos», señaló Ontiveros. En este sentido, Iranzo señaló que los efectos del tsunami provocarán una reducción hasta 200.000 turistas japoneses, que además «son los de mayor capacidad de gasto», matizó.
Por su parte, el secretario de Estado de Economía, José Manuel Campa, manifestó en el acto de clausura de la presentación de la revista que en caso de que no se cumpliera el objetivo de crecimiento del 1,3 % previsto para este año, las desviaciones serían de tres o cuatro décimas «razonables» y «relativamente fáciles de ajustar si fuera necesario».
Ontiveros advirtió que la crisis del país asiático puede afectar a diversos frentes de la economía mundial. Puede tener efectos sobre los precios energéticos, sobre opciones estratégicas y sobre la política económica sobre todo de Europa.
En este sentido, advirtió que está produciendo un denominador común en esta crisis tanto en Japón como en el mundo. Y es que «las instituciones y los políticos no están a la altura» de la situación. El problema es que «hay un proceso de selección inversa». «Es como si hubiéramos tenido la mala suerte de asignar la gestión de los problemas a los peores empleados», matizó.







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