EDITORIALES: El Gobierno cruzó con ETA dos líneas rojas

El Gobierno cruzó con ETA dos líneas rojas

RUBALCABA declaró ayer que se siente «orgulloso» del proceso de negociación con ETA, ya que ello contribuyó a debilitar a la banda y a evitar que se rearmara como en la tregua de 1998. Es cierto que el Ejecutivo no cometió el error policial de bajar la guardia, pero Rubalcaba no puede enorgullecerse de una negociación que fue una infamia porque el Gobierno traspasó líneas rojas que avergüenzan a cualquier demócrata.

A las revelaciones de los últimos días, se suma hoy la nueva información que publica EL MUNDO: uno de los representantes del Ejecutivo ofreció a ETA reanudar la negociación política tras el atentado de la T-4. «El acuerdo político es posible. La disposición del Gobierno es favorable», dijo el enviado de Zapatero en una reunión de mayo de 2007. Según consta en las actas incautadas a López Peña alias Thierry, el Gobierno les aseguró «que el objetivo final del proceso no es la rendición de ETA» sino facilitar que la banda y el conglomerado de la izquierda abertzale pudieran «defender su proyecto político en igualdad de condiciones» que los demás partidos. No solamente eso, el Gobierno se comprometía en 2007 -cinco meses después del atentado de la T-4- a excarcelar a todos los presos etarras y permitir la vuelta de sus «exiliados» en el exterior.

Por si ello fuera poco, ETA consigna en sus actas que «el Gobierno nunca ha estado de acuerdo con la Ley de Partidos», dado que había sido aprobada cuando la banda asesinaba a cargos públicos, sugiriendo que Zapatero estaba dispuesto a cambiarla para legalizar a la izquierda abertzale.

No era una simple deducción, ya que, como también recogen los papeles de la banda, el Gobierno se jactó de mantener más de 200 reuniones con Batasuna a pesar de que ésta era una formación ilegal, lo que demuestra un desprecio a la ley digno de figurar en el Guinness.

Las actas incautadas a ETA ponen claramente de manifiesto que el Gobierno traspasó dos líneas rojas: la primera es que Zapatero aceptaba una negociación política con la banda en la que se podían poner sobre la mesa asuntos como el estatuto de Navarra, la legalización de Batasuna y la reforma de las leyes penales.

La segunda línea roja que traspasó el Gobierno es su compromiso de neutralizar el aparato policial al ordenar que no practicara detenciones. Fue tan lejos que avisó al principal recaudador de ETA de que iba a ser detenido si cruzaba la frontera. El chivatazo del bar El Faisán es la prueba de la complicidad del Ejecutivo con la banda, que le llevó incluso a forzar el relevo del fiscal jefe de la Audiencia Nacional.

No hay posible excusa para tales comportamientos, aunque Zapatero y Rubalcaba puedan argumentar que lo hicieron para engañar a ETA y que no tenían intención de cumplir sus promesas. Un Gobierno democrático no se puede rebajar hasta el extremo de negociar las leyes con unos terroristas.

Es muy posible que el Gobierno quiera recurrir ahora para justificar su conducta a la negociación del PP con ETA en 1998. Las actas de la banda recogen que uno de los enviados de Aznar dijo: «No venimos a la derrota de ETA». La diferencia es que esta frase fue una mera declaración de intenciones en el primer contacto en Suiza entre la organización terrorista y el Gobierno. No tuvo ninguna consecuencia porque ambas partes rompieron y no se volvieron a reunir.

Decir en mayo de 2007 que «el objetivo final no es la rendición de ETA» significaba que el Gobierno estaba abierto a una negociación política que pasaba por reconocer a la banda como partido y por reformar el marco jurídico y político. Eso y no otra cosa era lo que ofreció el Ejecutivo a ETA en aquellas reuniones que duraron casi dos años en otro contexto totalmente distinto que aquel primer contacto del PP en Suiza.

Todo indica que a Zapatero le perdió su ansia de pasar a la historia, de sacarse la fotografía en la que quedara constancia de su labor como pacificador. Pero ETA le engañó y ahora le pasa factura con las actas, tal y como le advirtió Mariano Rajoy en su día.

Queda claro que el presidente mintió a los ciudadanos a lo largo de todo este proceso, pero lo peor de todo es que aceptó que había que pagar un precio político por la paz tras negociar de tú a tú con ETA.

Zapatero debe una explicación a los españoles. Por ello, debería comparecer ante el Congreso con la mayor brevedad posible. Su injustificable conducta le obligaría a disolver las Cámaras de inmediato, presentarse a las elecciones y dar la oportunidad a los españoles de juzgar este comportamiento con sus votos. Como ello no es posible por razones legales ya que las elecciones municipales ya han sido convocadas, lo menos que Zapatero debería hacer es someterse a una cuestión de confianza en el Parlamento.

El 70% de las víctimas ya acusa a Manzano

LA ASOCIACIÓN de Víctimas del Terrorismo (AVT) ha solicitado personarse como acusación popular en la querella que se instruye contra Sánchez Manzano por varios delitos en la investigación del 11-M. La organización más representativa de las víctimas en España se suma así a la actuación que ya llevan a cabo la Asociación de Ayuda a las Víctimas que preside Ángeles Domínguez y dos asociaciones policiales, el SUP y la Unión de Oficiales de la Guardia Civil. La incorporación de la AVT a la acusación contra Manzano, si bien no tiene mucha relevancia desde el punto de vista procesal, sí que supone un paso muy significativo desde la óptica de la entidad de los que demandan justicia y buscan la verdad del 11-M que no quedó acreditada en la sentencia de la Audiencia Nacional.

En efecto, a partir del momento en el que el juez acepte la personación de la AVT, se podrá decir sin lugar a dudas que más del 70% de las víctimas de la masacre de Madrid -sólo queda fuera el 30% de la asociación que preside Pilar Manjón- reclaman que el ex jefe de los Tedax -encargado de custodiar las muestras de los explosivos recogidas en los focos- sea condenado por omisión de perseguir delitos, encubrimiento por ocultación de pruebas y falso testimonio, porque su actuación impidió descubrir la composición de las bombas y, por tanto, el establecimiento claro de la autoría del atentado.

La representatividad de los querellantes da así un salto decisivo, cuantitativo y cualitativo. Ya nadie podrá decir que la causa contra Manzano carece de relevancia por que es sólo una cuestión de grupos marginales o de personas que buscan venganza. Cabe subrayar en este sentido la valentía y el empeño de la presidenta de la AVT, Ángeles Pedraza, que perdió a una hija en los atentados, en convencer a una organización tan amplia y tan plural -engloba a víctimas de ETA, Grapo y 11-M- para dar un paso que le puede acarrear algunas críticas. Hay que subrayar aquí que desde que se presentó la querella original en 2009, la AVT ha venido sufriendo presiones por parte del Ministerio del Interior para que no se sumara a la acusación contra el jefe de los Tedax.