CORRUPCIONES SOCIALISTAS:

MANUEL MARÍA BECERRO / Sevilla

PP e IU critican a Griñán por desoír a la juez de los ERE

Advierten que el contenido de las actas del Consejo de Gobierno «no debe ser reservado»

La oposición (PP e IU) criticó ayer la decisión del Gobierno andaluz de denegar al Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla todas las actas de los Consejos de Gobierno celebrados desde 2001 hasta la actualidad en el marco de la investigación sobre la trama de los ERE ilegales de la Junta. Mientras tanto, el PSOE volvió a sembrar dudas sobre la actuación del órgano jurisdiccional.

El Partido Popular advirtió de que «no existe motivo alguno» para que el Gobierno presidido por el socialista José Antonio Griñán no atienda la petición de la juez Alaya y amenace incluso con elevar la disputa al Tribunal Supremo. «En las actas exclusivamente figuran las circunstancias relativas al tiempo y lugar de su celebración, la relación de los asistentes, los acuerdos adoptados y los informes presentados. En ningún lugar hay ni deliberaciones ni opiniones ni votos individuales, y por lo tanto el contenido de las actas no debe ser reservado», precisó en rueda de prensa la portavoz del PP, Rosario Soto.

«En todo caso, lo que podría decir la Junta es que no remite al juzgado una parte de las actas que considere reservada, pero lo que no entendemos es que se niegue de manera general a remitirlas», insistió Soto, que se preguntó «qué tiene que temer el Gobierno andaluz y el PSOE para no mandar esa documentación».

Cuando se le recordó que el Gobierno andaluz alega que el auto judicial no estaba justificado y era ilegal, la dirigente popular replicó: «El juzgado es quien entenderá qué ha de ser necesario. La Justicia lleva su propio camino y sabe por qué pide las cosas. Nosotros no vamos a entrar a comentar lo que tenga que considerar la juez», concluyó.

Por su parte, el coordinador general de IU-CA, Diego Valderas, afirmó ayer que, al pedir las actas de los consejos de Gobierno de los últimos 10 años, posiblemente la jueza que instruye el caso de los ERE «esté señalando el lugar posible del delito y de la máxima responsabilidad política».

En rueda de prensa, Valderas aseguró que tiene la impresión de que Mercedes Alaya «pone el dedo en la llaga cuando señala al Consejo de Gobierno» y agregó que parece «claro» que la Justicia «acorrala» al Gobierno y que éste se sitúa «no sólo a la defensiva, sino que además incumple su promesa de colaborar» con la Justicia.

«Las reclamaciones de la jueza ponen de manifiesto que el Gobierno mintió al Parlamento y que no está cumpliendo con la colaboración con la Justicia a la que se comprometió», recalcó Valderas, quien añadió que el Ejecutivo andaluz «está obligado a no poner palos en la rueda de la Justicia».

Por último, el portavoz parlamentario del PSOE, Mario Jiménez, dijo que «causa estupor y preocupación» ver como «toda» la información que envía la Junta al juzgado «está a los cinco minutos en los medios de comunicación».

«El PSOE no hará juicios de valor sobre los órganos jurisdiccionales, ni vamos a someter a escarnio público a ningún juez ni a las Fuerzas de Seguridad, pero es un hecho objetivo que, cuando la Junta remite al juzgado documentación, al día siguiente está en los medios de comunicación», aseveró Jiménez, para quien «la Junta hace bien» al negar las actas del Consejo de Gobierno.

FERNANDO LÁZARO / Madrid

La Justicia frena los nombramientos de responsables policiales a dedo

Suspende la designación de un centenar de mandos por el Ministerio del Interior

El ministro del Interior no gana para sustos. Actas de ETA, chivatazo en el Faisán... y, además, requerimientos judiciales. Ahora, el susto le llega desde el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Y el problema: los nombramientos de los cargos de libre designación en la Policía.

La Justicia le ha dado ya varios varapalos al Departamento dirigido por Alfredo Pérez Rubalcaba sobre lo nombramientos policiales a dedo. Una tras otra, las resoluciones judiciales le han exigido al director general de la Policía y la Guardia Civil, Francisco Javier Velázquez, que reordene el catálogo de puestos de trabajo, porque no puede ser que haya tal cantidad de cargos de libre designación en las Fuerzas de Seguridad sin motivación alguna.

Incluso, los tribunales anularon el último catálogo de puestos de trabajo de la Policía, que no había incorporado los requerimientos judiciales. Los tribunales exigen a Interior que justifique todos y cada uno de los puestos de trabajo que designa a dedo. Y el Ministerio del Interior sigue, erre que erre, con su política de nombramientos no motivados.

Hasta tal punto ha llegado la situación que el pasado lunes el Tribunal Superior de Justicia de Madrid adoptó ya una decisión drástica: la Dirección General de la Policía y la Guardia Civil «deberá abstenerse de resolver las convocatorias 6/6011 de 26 de enero y 17/2011 de 17 de febrero por las que se anuncia la provisión de puestos de trabajo en distintas plantillas a cubrir por el procedimiento de libre designación entre funcionarios de la escala superior con nivel inferior al 29». Se trata de más de un centenar de nuevos nombramientos.

El tribunal, en una resolución firmada por la sala de lo contencioso administrativo entiende que antes de dirimir estas nuevas promociones de puestos de libre designación, el Ministerio del Interior «debe esperar a que la sala dictamine si estas convocatorias son contrarias a la sentencia firme número 1.128 dictada en el presente procedimiento, así como de nuevas convocatorias, lo que traería consecuencia de nulidad».

Es decir, la Justicia ha decidido tomar cartas en el asunto ante la indiferencia del Ministerio del Interior y, de momento, congelar los nuevos nombramientos a dedo de Rubalcaba en la Policía.

Desde las filas populares están decididos a apretar al Ministerio. El portavoz de Interior, Ignacio Cosidó, exigió ayer a Rubalcaba el cumplimiento inmediato de las sentencias judiciales que limitan los nombramientos a dedo en la Policía, así como la reprobación del Director General de la Policía y la Guardia Civil, Francisco Javier Velázquez, «por su negligencia en cumplir las sentencias judiciales que obligan a modificar el Catálogo de Puestos de Trabajo del Cuerpo Nacional de Policía».

En este sentido, el portavoz popular aseguró que la resistencia de Rubalcaba a ejecutar las sentencias judiciales «se debe a su voluntad de trasformar el Cuerpo Nacional de Policía en una policía política al servicio de sus intereses de partido».

Cosidó mostró su oposición a «la arbitrariedad y el abuso de poder con la que Rubalcaba maneja la Policía» y consideró «inadmisible» que el cuerpo siga gestionándose por un Catálogo de Puestos de Trabajo «ilegal». Para el popular, Rubalcaba convirtió los nombramientos a dedo en la norma dentro de la Policía: «El Catálogo de Puestos de Trabajo aprobado por Interior en 2007 supone pasar de los 5.300 puestos de libre designación existentes hasta los 6.850, con un aumento de los destinos a dedo de más del 25%».

LUIS ÁNGEL SANZ / Madrid

La Audiencia reabre el caso de los espías

El PP rechaza el auto y dice que la ponente «no es una juez, es una abogada socialista»

Audiencia de Madrid revocó ayer el archivo del caso del espionaje político en el PP y ordenó al Juzgado de Instrucción 5 que siga investigándolo porque «en el estado actual de las diligencias, no existen motivos para proceder al sobreseimiento provisional y archivo de las mismas».

Ni la juez de instrucción, Carmen Valcarce, que archivó el caso el pasado julio; ni el fiscal, que ha pedido el sobreseimiento; ni las personas supuestamente espiadas -el vicealcalde, Manuel Cobo, y el ex vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Alfredo Prada-, que no recurrieron el archivo; ni, por supuesto, la defensa habían pedido que siguiera la investigación. Sólo la acusación popular que ejerce el PSOE ha pedido practicar más pruebas.

Sin embargo, la magistrada ponente, Luz Almeida, que ha redactado el auto en un tiempo récord de 14 días, entiende que «de lo actuado aparecen indicios suficientes de la comisión del delito de malversación de caudales públicos por el que se sigue la causa». Por eso, pide que el Juzgado reclame la relación de vehículos de la Dirección de Seguridad, los repostajes de los vehículos, los apuntes de la tarjeta Solred y el gasto de los teléfonos móviles. Pero como apuntó el fiscal en su informe y como confirmó ayer la Comunidad, esa información ya fue enviada.

Almeida dice que «los informes policiales han llegado a determinar la autoría» de «los partes de seguimiento». E indica que «los posicionamientos» de los móviles de los agentes imputados «son coincidentes en todos y cada uno de los días» con los partes. Sin embargo, los informes sólo señalan cuándo los móviles coinciden con los lugares donde estuvieron Prada o Cobo, pero no cuándo no coinciden, que fue en muchas ocasiones.

El auto rechaza casi todos los argumentos de la fiscal, que considera en su informe que «no queda acreditada la existencia de infracción penal», rechaza todas las pruebas que solicita el PSOE al considerarlas «irrelevantes» y apoya el archivo.

El secretario general del PP de Madrid y consejero de Interior, Francisco Granados, rechazó en conversación con este diario el auto y aseguró que Almeida «no es una juez, es una abogada socialista fundadora del bufete Almeida, donde trabajó con su hermana». Por eso, tildó el auto como «absolutamente político».

La ponente no es juez de carrera, sino magistrada sustituta nombrada por el CGPJ. También es hermana de la dirigente socialista que fue candidata del PSOE en Madrid en los años 90, Cristina Almeida. En una entrevista en la Ser, la ex diputada dijo que «no tiene nada que ver con el PSOE» y su hermana «tampoco».

JUAN MANUEL BELLVER / París
Corresponsal

París prohíbe las estufas de gas en las terrazas de bares y cafés

El Ayuntamiento decide eliminarlas por su impacto medioambiental

Se acabaron las estufas de gas y las cortinas de plástico en las terrazas parisinas. El consejo municipal de la capital francesa ha aprobado un reglamento que prohíbe estos dos adminículos tan extendidos últimamente en la mayoría de las mesas exteriores de bares, cafés y brasseries. «¿Están monopolizadas nuestras terrazas por los fumadores?», se interrogaba no hace mucho el diario Le Parisien. Según la asociación Les Droits des non Fumeurs (Los Derechos de los No Fumadores) el aire de estos veladores está seis veces más contaminado que el del bulevar periférico en hora punta. Así que la alcaldía ha tomado cartas en el asunto.

Las terrazas vienen siendo el refugio de los fumadores galos desde que en 2008 se aprobó la ley antitabaco que impide fumar en los locales públicos de todo el Hexágono. Durante estos años, los empresarios de hostelería han cuidado lo mejor posible a sus clientes fumadores habilitando zonas exteriores con calefacción eléctrica o, las más veces, estufas de gas de jardín, cuyo impacto medioambiental es, al parecer, mucho mayor. Si a ello añadimos las feas lonas exteriores -generalmente de plástico transparente- que muchos mesoneros han instalado para resguardar a los parroquianos de las inclemencias del tiempo, la concentración de humos y gases en las mesas de fuera podía resultar nociva.

La capital cuenta con 8.600 terrazas abiertas y 3.500 cerradas sobre un total de unos 15.000 negocios hosteleros. Miles de ellos de la capital francesa deberán adaptar ahora sus terrazas, para lo que disponen de un plazo de dos años, según explicó a Efe un portavoz del consistorio. La Mairie de París propone como medida sustitutoria y ecológica que se distribuyan mantas a los clientes, y recuerda que los sistemas de calefacción eléctricos sí están autorizados. La Unión Patronal de la Industria Hostelera (UPIH) lamentó esta normativa que «obligará a los restauradores a acometer nuevas inversiones», cuatro años después de aprobarse la prohibición de fumar en bares, restaurantes y discotecas. La UPIH advirtió que, si se ahuyenta a los fumadores de las terrazas y se les somete a la intemperie, el sector podría «perder entre un 20 y un 30% de su facturación, lo que se traducirá en un aumento de los despidos».

«La climatización con gas ciudad no tiene ningún riesgo. El dióxido de carbono que emite su combustión es menor que el de un coche o una chimenea. En este plan, habría que prohibirlo todo: los calefactores, los coches, la electricidad...», comenta un empresario del sector que prefiere mantener el anonimato. Otros hosteleros han señalado que la nueva normativa obliga a cada local a desmontar el sistema ya existente además de montar uno nuevo. Y se preocupan por el precio de la electricidad, más inestable que el del gas.

Dentro del paquete de medidas adoptadas, el ayuntamiento socialista que dirige Bertrand Delanoë ha dictado normas también para el mobiliario exterior de los locales, que deberá estar hecho «con materiales que cumplan los criterios de mínimo impacto ecológico». La nueva normativa advierte igualmente que «el empleo de materiales que puedan generar la emisión de gases tóxicos para el medio ambiente podrá ser rechazado» por los inspectores. Además, el reglamento prevé que los hosteleros instalen de su bolsillo ceniceros públicos a la entrada de los establecimientos.

Según François Dagnaud, responsable de la limpieza y el tratamiento de residuos de la Villa, cada año se recogen en París 315 toneladas de colillas de cigarrillo. «¡Y la mayoría se recogen de la vía pública!», se indigna. Para Lyne Cohen-Solal, adjunto al Alcalde para el Comercio, los calefactores con forma de hongo contaminan y son nocivos. Y el concejal Denis Baupin, del partido ecologista Les Verts, «calentar las calles resulta absurdo y habría que preservar el gas, que es una fuente de energía en vías de agotarse». En los círculos municipales, lo que más se ha aplaudido es la prohibición de los plásticos exteriores que en el Conseil de Paris llaman irónicamente «cortinas de ducha».