CORRUPCIONES SOCIALISTAS:

SEBASTIÁN TORRES ANTONIO SALVADOR / Sevilla

La Intervención pidió hasta siete veces informar a Griñán de los ERE

Entre 2005 y 2008 envió siete informes en los que advertía del uso ilegal de los fondos

La Intervención General de Hacienda pidió hasta en siete ocasiones que se informara a José Antonio Griñán de que la Junta de Andalucía -a través del IFA y de la Agencia Idea- estaba financiando prejubilaciones y otorgando ayudas a empresas de manera ilegal.

Entre el 22 de julio de 2005 y el 31 de octubre de 2008, la Intervención envió siete informes definitivos sobre la Agencia Idea a la viceconsejera de Economía y Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, haciendo constar expresamente que dichos informes eran «para su conocimiento y traslado al consejero de Economía y Hacienda», cargo que entonces ocupaba el actual presidente de la Junta de Andalucía.

Martínez Aguayo, hoy consejera de Hacienda y Administración Pública, ha asumido el papel de escudo humano para proteger a Griñán al asegurar públicamente que «nunca» dio traslado de informe alguno al que por entonces era su consejero «porque no había nada que trasladar». Y ello a pesar de que un decreto de la propia Junta de Andalucía -invocado precisamente por la Intervención en sus escritos- obliga a remitirlos al consejero de Economía y Hacienda.

EL MUNDO ha tenido acceso a la documentación que prueba que el interventor pidió expresamente que se trasladaran hasta siete informes a Griñán: los definitivos de cuentas anuales de la Agencia Idea de los años 2002, 2003 y 2006 -éste incluía otro informe específico sobre el uso ilegal de los fondos- y los informes definitivos de cumplimiento de los ejercicios 2004, 2005, 2006 y 2007.

La viceconsejera Aguayo también recibió el informe de cumplimiento del año 2003, que contenía otros dos anexos referidos a las ilegalidades detectadas en el uso de los fondos públicos, pero el oficio de remisión de la Intervención -quizá por olvido- no incluía la apostilla de dar traslado del documento a Griñán, ya que sí citaba la ley que obliga a que sea el consejero el destinatario de esos documentos.

Curiosamente, en un reciente encuentro con periodistas, Martínez Aguayo sólo mostró el oficio de remisión de ese informe, y no de los demás, para sostener que era la viceconsejera quien debía recibirlos y proteger así a Griñán. Sin embargo, los documentos a los que ahora ha tenido acceso EL MUNDO evidencian que Griñán debió recibir al menos siete informes. Además, permiten pensar que Martínez Aguayo actuó de forma intencionada al mostrar a la prensa el único de los ocho escritos del interventor que olvidaba pedir que se remitieran los informes al consejero.

Con todo, los siete documentos que sí debió conocer Griñán son tan demoledores como el otro. En líneas generales, en todos ellos se censura el uso arbitrario de las «transferencias de financiación de explotación» para pagar «planes sociales» en empresas en crisis (las prejubilaciones) o adjudicar subvenciones sin ningún proceso selectivo ni fiscalizador.

En el primero de ellos, el informe de las cuentas anuales de 2002 del IFA (actual Agencia Idea), remitido a Griñán el 22 de julio de 2005, el interventor incluso llega a pedir que las transferencias de financiación se apunten en la contabilidad de manera que «se marque una pista contable que pueda ser seguida por los órganos de control» que estaban siendo sorteados.

En los informes de cuentas anuales se utiliza la palabra «inadecuados» al referirse a los procedimientos para pagar las prejubilaciones y otorgar ayudas. Pero en los de cumplimiento, la Intervención es mucho más contundente.

Al menos desde el informe definitivo de cumplimiento del año 2006, enviado a la Consejería de Economía y Hacienda el 4 de diciembre de 2007, la Intervención recuerda que los incumplimientos como el uso «inadecuado» de los fondos públicos son «actos ilegales».

En concreto, la Junta de Andalucía estaría incumpliendo sistemáticamente la Ley de Presupuestos, la Ley General de la Hacienda Pública de Andalucía y una de las instrucciones de la Intervención, según recogen los informes. Por ejemplo, en el año 2006 se habrían utilizado de manera ilegal más de 212 millones de euros.

Por lo tanto, los 700 millones destinados a ayudas sociolaborales entre 2001 y 2010, que un ex alto cargo ha definido como fondo de reptiles, podrían no ser más que un caso de uso ilegal de los fondos.

A. MARÍN CEJUDO / Huelva

Precampaña entre prejubilados

El PSOE de Huelva se ha lanzado a hacer precampaña electoral entre los prejubilados de la cuenca minera de la provincia, a quienes desde el pasado 15 de marzo está remitiendo una carta en la que alaba el trabajo de la Junta de Andalucía en la gestión de las regulaciones de empleo y critica al PP por «hacer peligrar las ayudas sociales» y por colocar a los trabajadores «en el centro de la diana». «Estamos contigo», dice la misiva, dirigida a «los prejubilados como tú».

Por el momento, han sido los trabajadores prejubilados de la mina de Almagrera los que han recibido esta carta. EL MUNDO desveló a principios de marzo que administrativos y personal que no trabajaba en el interior de esta explotación fueron camuflados como mineros en el ERE que se pactó a mediados de diciembre de 2002 para poner fin a la actividad de la compañía. El ex director general de Minas de Riotinto Carlos Estévez declaró que esta práctica fue habitual en el sector y que se hizo en Riotinto, Almagrera y Aznalcóllar.

En la misiva, el PSOE se dirige de tú a tú a los mineros prejubilados en estos términos: «Desde determinadas instancias se está poniendo en cuestión la salida digna que conseguiste como ex trabajador de la mina», por lo que este partido te traslada «un mensaje de tranquilidad frente a quienes están creando dudas de manera interesada sobre el proceso de prejubilaciones en nuestras comarcas».

La vertiente más electoral de la carta llega cuando se hace referencia a «los alcaldes y alcaldesas del Partido Socialista», quienes no van a «permitir que dirigentes del PP, que nunca han trabajado por nuestros pueblos, hagan peligrar esas ayudas sociales».

DAVID VIGARIO / Mérida
Corresponsal

Abogado gratis para imputados

El Consistorio de Plasencia pagará la defensa de ediles del PSOE

El Pleno del Ayuntamiento de Plasencia sacó ayer adelante la propuesta del Gobierno municipal socialista de modificar las bases de ejecución de los presupuestos, para que sea el municipio quien se haga cargo de las minutas de los abogados y procuradores de los seis concejales del PSOE, incluida la alcaldesa, Elia María Blanco, que están imputados por presunta corrupción, siempre que sean absueltos judicialmente. El juzgado les investiga por haber podido favorecer a un histórico militante de este partido, José Antonio Romero Vega, en la adjudicación de las obras públicas. La iniciativa salió adelante con la ayuda de los votos de dos concejales tránsfugas no adscritos, mientras que se opusieron los ediles del PP y una concejal de UPEX.

La expectación en el Pleno fue enorme y se registró un lleno en el Ayuntamiento placentino para seguir las evoluciones de la sesión. El público respondió con sonoros abucheos cuando la votación salió adelante, aunque también hubo aplausos porque había seguidores del Gobierno municipal en la sala. Hay que recordar que los concejales socialistas, incluida la alcaldesa, están imputados por prevaricación continuada, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y fraude y exacciones fiscales. También están acusados el interventor y el secretario municipal, a quienes también se les pagará la defensa, y el propio empresario.

«Les decimos a los ciudadanos lo que honestamente les tenemos que decir aunque nos cueste votos», argumentó la regidora placentina, quien a pesar de su imputación es de nuevo la candidata de su partido en las próximas elecciones municipales.

Mientras, el concejal de Hacienda, Francisco Barbancho, uno de los imputados, justificó la modificación del presupuesto porque a su entender «todo el mundo tiene derecho a su legítima defensa».