CORRUPCIONES SOCIALISTAS: Griñán y el saqueo de los ERE's fraude/ Los falsos informes de "la camarilla policial socialista"

MANUEL MARÍA BECERRO / Sevilla

Griñán se planta ante la juez de la trama de los ERE

La Junta le niega las actas del Consejo de Gobierno y amaga con llegar al Supremo

El Ejecutivo andaluz que preside el socialista José Antonio Griñán acordó ayer desobedecer la orden del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, encargado del caso de los ERE ilegales, de que se le remitan todas las actas de Consejo de Gobierno desde 2001 hasta la actualidad, al entender que la petición de la juez Mercedes Alaya «atenta contra la ley y la potestad del Gobierno de la Junta».

La decisión del Ejecutivo andaluz la anunció en rueda de prensa la portavoz y consejera de Presidencia, Mar Moreno, que sólo ve dos caminos para la magistrada encargada de investigar esta trama de corrupción: o «reconsidera» su petición y reclama exclusivamente a la Junta la «certificación» de acuerdos o informes «concretos» y «necesarios» para la investigación judicial, o el asunto llegará hasta el Tribunal de Conflictos de Jurisdicción -dependiente del Tribunal Supremo-, que deberá pronunciarse ante lo que el Gobierno andaluz considera un «claro conflicto jurisdiccional entre dos poderes constitucionales: un ejecutivo y un judicial».

«Si el juzgado no acepta (cosa improbable y que no deseamos)», acotó Mar Moreno, «las vías alternativas que le estamos ofreciendo para poder aportar la misma información relevante que pueda necesitar será el Tribunal de Conflictos, que tendrá que determinar si procede o no la petición del juzgado». Y añadió, a modo de aviso a navegantes: «Dado que el carácter de este tribunal es nacional, la resolución que dicte va a marcar un precedente para toda España, no solamente para Andalucía, sino para todas las comunidades autónomas e, incluso, para el Consejo de Ministros».

La Junta de Andalucía niega categóricamente que se la pueda acusar de querer obstaculizar la labor de la juez instructora. «Si tuviéramos algo que ocultar, podíamos haber instado exactamente a lo mismo, yéndonos directamente al juzgado sin ofrecer una vía alternativa. Pero estamos ofreciendo toda la información de fondo con el certificado de acuerdos, no las actas. De los 57 documentos solicitados en el auto, queremos remitir al juzgado 57. Ojalá el Tribunal de Conflictos no tenga que pronunciarse», aseguró la consejera-portavoz, que también se desmarcó de quienes acusan a Mercedes Alaya de haber abierto una causa general contra el Gobierno socialista andaluz.

«Yo estoy convencida, y se lo digo de verdad, de que la juez y la Junta estamos montados en el mismo barco y, por lo tanto, no tengo la menor desconfianza hacia el juzgado. Confío en que el juzgado número 6 acepte las vías alternativas, que es la mejor manera de zanjar esta cuestión: ir a lo mollar, a lo que interesa a la investigación judicial, ir a aquella información que sea necesaria para esclarecer, pero sin forzar un conflicto de competencias», afirmó Mar Moreno.

El problema jurídico estribaría en que el último auto dirigido a la Junta de Andalucía por la juez «no discrimina y, además, no está motivado para que pueda sustentar al Consejo de Gobierno, que en caso contrario se vería obligado a incumplir la ley, a renunciar a la naturaleza reservada de parte de sus sesiones o a renunciar a sus competencias».

«Esta solicitud es inédita en el orden constitucional de España, no hemos encontrado ni un solo precedente. Creemos que hay un claro conflicto jurisdiccional que queremos resolver desde el minuto uno a favor de la investigación judicial, para lo que estamos dispuestos a ofrecer uno, 100 o 200 certificados de todos los acuerdos e informes que solicite el juzgado relacionado con el caso que nos ocupa. Pero entendemos que la remisión de las actas de Consejo de Gobierno de forma generalizada no es legal», subrayó Moreno.

La consejera-portavoz dejó esta reflexión en el aire: «No alcanzo a entender para qué el juzgado puede querer todas las actas del Consejo de Gobierno de 10 años para distribuir entre todas las partes del proceso miles y miles de acuerdos que nada tienen que ver con la investigación que se sigue en el juzgado».

Cuando se le sugirió que la juez puede haber reclamado todas las actas al revisar el resto de la documentación remitida o tras ver cómo el Gobierno andaluz informa antes en Facebook que en el juzgado, Moreno afirmó que «es matemáticamente incuestionable la colaboración de la Junta en la remisión de la documentación».

MARÍA PERAL / Madrid

Bárcenas critica los «inexplicables» y «falsos» informes de la Policía de 'Gürtel'

El ex tesorero del PP y ex senador Luis Bárcenas negó ayer «contundentemente» ante el instructor del caso Gürtel haber recibido dinero de la trama de Correa ni en forma de comisiones por su supuesta intermediación en la adjudicación de contratos ni para financiar sus viajes particulares, en contra de lo que afirma la Policía.

Bárcenas, que declaró a petición propia ante el juez Antonio Pedreira durante tres horas, reiteró en varias ocasiones que le resulta «inexplicable» la actuación de la Policía en este caso y, en concreto, que insista en la comisión de supuestos delitos fiscales que habrían prescrito, que continúe mencionando a su esposa en los informes que presenta pese a que ella ha sido exonerada y que los agentes se empeñen «sin pruebas» en que las siglas L.B. que aparecen en los documentos de Correa corresponden a su nombre sin investigar a otras personas que tienen esas mismas iniciales y pudieron participar en los negocios de la trama Gürtel.

Ha sido la segunda vez que Bárcenas, al que se atribuyen supuestos delitos de cohecho y defraudación fiscal, declara en el caso Gürtel. La primera, el 22 de julio de 2009, compareció también a petición propia ante el juez del Supremo Francisco Monterde porque aún era senador. La renuncia al fuero le ha llevado a estar imputado ante el Tribunal Superior de Madrid, aunque su abogado, Miguel Bajo, sostiene que las imputaciones «carecen de sentido» y «están cogidas por los pelos».

Bárcenas entregó a Pedreira 16 carpetas de documentos con los que pretende demostrar que es «falsa» la afirmación de la Policía de que la organización de Correa le pagó viajes particulares por importe de 133.262 euros entre 2000 y 2004.

Entre esos viajes -«que pagué de mi bolsillo»- figuran varios a Suiza. El ex tesorero del PP aseguró que no tiene allí intereses financieros, sino que desde hace más de 30 años frecuenta el país helvético para practicar el montañismo y el esquí.

Rechazó igualmente la tesis policial de que la petición de un crédito bancario por 330.000 euros en diciembre de 2002 fuera un artificio financiero para «blanquear» comisiones ilegales. Bárcenas dijo que fue una operación «real» para comprar una obra de arte que, al final, no adquirió él sino Rosendo Naseiro, también ex tesorero del PP.

Bárcenas manifestó que ha tenido una trayectoria impecable en el Partido Popular durante 30 años y consideró «inexplicable» que, de ser cierta su relación delictiva con Correa, sólo se manifestara en dos etapas: de 2000 a 2004 y luego en 2007.

También indicó que las adjudicaciones para la organización de eventos del partido no las decidía él sino un comité integrado por personas que no están imputadas, como Javier Arenas.

ESTEBAN URREIZTIETA
EDUARDO COLOM / Palma

El juez concluye que Moreno no sobornó a Matas

Archiva la única acusación de cohecho que mantenía contra el ex presidente balear

El juez que instruye el caso Palma Arena archiva la única acusación de cohecho que mantenía contra el ex presidente balear Jaume Matas. El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma acordó ayer el sobreseimiento de la pieza en la que investigaba el supuesto soborno, por parte del productor audiovisual José Luis Moreno, al ex líder del PP de las Islas con un sobre con 250.000 euros en efectivo. José Castro, que hace un año, y tras imponer la mayor fianza jamás impuesta a un político en España (tres millones de euros) concluyó que Matas había cobrado este dinero en la gala inaugural de IB3 Televisión, ahora considera que no está ni mucho menos acreditado.

«De lo actuado no aparece debidamente justificada la perpetración del delito que ha dado motivo a la formación de la causa», asevera el instructor. Eso sí, precisa que en ningún caso ha adoptado la decisión por la puesta en escena que llevó a cabo Moreno en el juzgado cuando declaró recientemente.

Entonces el ventrílocuo exhibió un sobre con 250.000 euros en falsos billetes de 500 y recalcó que es «imposible» que Matas se lo escondiera en su americana debido al grosor del mismo. «A este pronunciamiento no se ha llegado en atención a la mayor o menor dificultad que pudiera existir para guardar en la vestimenta que usaba el día de la gala, pues variadas son las posibilidades de mitigar su impacto», matiza el juez; «si bien», continúa, «se ha de reconocer lo ingeniosa y profesional que fue su escenificación por parte del letrado que asistió a Moreno».

Eso sí, Castro no archiva la causa sin permitirse un reproche. «Hay que significar, a título anecdótico y sin ánimo de crítica, que el abultamiento del sobre [escenificado por Moreno] creció en 26 unidades más de lo necesario a raíz de que 25 de los billetes actuaran como abrazaderas, duplicando así su grosor, más una fotocopia de un billete original añadida».

Otro de los argumentos que esgrime el magistrado para dar carpetazo a esta acusación gira sobre el perfil del denunciante. Pese a dar hasta ahora credibilidad a su testimonio, considera que el ex ejecutivo de Moreno Luis Velasco miente y su testimonio no puede ser dado por bueno. «En su declaración prestada ante este juzgado faltó objetivamente a la verdad».

Y lo hizo, en primer lugar, al negar que en el pasado se había camuflado tras un nombre falso, el de «Nicéforo Luis», «que hubiera sido condenado y que solicitara ser indultado». El propio Matas aprovechó ayer, tras conocer la noticia, para recordar que el denunciante «participó en unas denuncias sobre falsas pistas en el año 1994 sobre el ex director de la Guardia Civil Luis Roldán, con dos supuestos alias que utilizaba». «A pesar de la poca credibilidad de este sujeto, se me imputó un cohecho», apostilla.