ZAPATERO ABOCA A ESPAÑA A UNA QUIEBRA INSUPERABLE: Ampliación de la edad de jubilación: Vea en el cuadro según su edad cuanto más deberá trabajar
B.P. RAMÍREZ / F. NÚÑEZ / Madrid
El pacto de las pensiones elevará la edad real de jubilación de 63,2 a 65,5 años
Los que no puedan sumar esos 38,5 años tendrán que jubilarse a los 67 a partir de 2027. Esto significa que quienes se hayan incorporado al mercado de trabajo, o lo hagan ahora, después de cumplir los 26,5 años, no podrán jubilarse a los 65. Es más, deberán mantener su empleo durante toda la vida laboral.
Además, según recoge el proyecto de ley de reforma, que aprobará hoy el Consejo de Ministros, se establecerá una serie de mecanismos periódicos para la revisión permanente del sistema y por tanto sea más sostenible. Estos son los principales puntos del documento que será presentado hoy:
DOS EDADES ORDINARIAS. La edad legal de jubilación «con carácter general se incrementará progresivamente hasta los 67 años», según reza el texto del acuerdo. Pero los sindicatos, que desde el primer momento establecieron en el retraso obligatorio y general del retiro su línea roja en la negociación, prefieren destacar que, en realidad, habrá «dos edades ordinarias» para abandonar la vida activa: los 65 y los 67 años. Eso sí, habrá que tener una «carrera larga de cotización», de 38,5 años, para acogerse a la primera y cobrar la pensión completa. La intención inicial del Gobierno era exigir hasta 41 años. CCOO y UGT empezaron reclamando que se quedaran en 35.
En 2007, según cifras del Ministerio de Trabajo, el 53,9% de los hombres que se jubilan a los 65 años o después lo hacen con más de 40 años cotizados, mientras que sólo el 15% de las mujeres alcanza esa cifra. Para cobrar el 100% de la pensión a los 67 habrá que cotizar durante 37 años. Y se mantiene el acceso al 50% de la prestación tras haber cotizado durante 15 años, el mínimo actual.
ANTICIPADA Y PARCIAL. La jubilación anticipada, a la que ahora pueden acogerse los trabajadores a los 61 años, se retrasa hasta los 63, pero ya no hará falta pasar previamente por el desempleo. La jubilación parcial -el trabajador reduce su jornada y, a cambio, la empresa puede hacerle un contrato de relevo a un joven eventual- se mantiene, pero se modifican sus cotizaciones. Y se suprime la especial a los 64 años, en la que no se aplican los coeficientes reductores que sí sufren las anticipadas -entre un 6% y un 7,5% antes de la reforma-.
PERIODO DE CÓMPUTO. El periodo de cómputo de la pensión pasa de los últimos 15 años de la vida laboral a 25, pero lo hará en dos tramos: hasta los 20 años en los tres primeros desde que entre en vigor la reforma, y hasta los 25 en los cinco siguientes. Para llenar lagunas de cotización, habrá dos fórmulas. La primera consiste en conceder a los dos primeros años la base mínima de cotización, mientras que el resto se cubrirá con el 50% de ella. La segunda permitirá reconocer la cotización de los dos años anteriores al de cómputo para calcular la pensión.
BECARIOS. Si va a haber que empezar a trabajar antes para tener garantizada la pensión completa, se hace necesario permitir que coticen los becarios, tanto de programas formativos como de investigación. Podrán hacerlo pero sólo durante un máximo de dos años. La medida se aplicará con carácter retroactivo desde 2009. Para ello los trabajadores deberán firmar convenios especiales con la Seguridad Social.
MADRES Y PADRES. También las mujeres, y los hombres, que interrumpan su vida laboral para tener hijos o criarlos -porque también estarán incluidos quienes adopten- tendrán reconocida una cotización de nueve meses por vástago, pero sólo hasta un máximo de dos años.
INCENTIVOS. Para estimular a los trabajadores a seguir en activo más allá de la edad legal, la reforma aumenta los actuales incentivos, que ahora se sitúan entre el 2% y el 3% de la base cotización por año de retraso. Al cierre de esta edición, el Gobierno, los sindicatos y la patronal aún negociaban los flecos del acuerdo, entre ellos la cuantía de estos incentivos. La propuesta del Ejecutivo se situaba en el 3,5% para quienes coticen más de 37 años. Los sindicatos, en un principio, reclaman que se elevaran en al menos dos puntos. También estaba pendiente de definición el aumento de las bases máximas de cotización, una de las medidas reclamadas por los sindicatos para aumentar los ingresos del sistema.
INDEXACIÓN. A fin de realizar los ajustes de forma automática, tal como han hecho otros países de la Unión Europea, se fijará un sistema de análisis indexado a la evolución de la esperanza de vida, los salarios, el PIB o los ingresos públicos. Las revisiones de estos parámetros se llevarán a cabo cada cinco años.
De esta forma, el Gobierno podrá ir adaptando a las condiciones económicas el periodo de carencia (número de años mínimos para tener derecho a una pensión), el cómputo de la base reguladora (que ahora pasa de los 15 años actuales a los 25) o incluso el porcentaje aplicable a esa base según el número de años cotizados; es decir, la escala de aseguramiento que determina el cálculo final de la pensión de acuerdo con el número de años cotizados. Los principales puntos del documento que presentarán hoy los sindicatos y el Gobierno son los siguientes.
OORBYT.es
> Preguntas con Respuesta: Vicente Lozano analiza las claves del acuerdo sobre la reforma de las pensiones
La reforma de las pensiones, cuyos últimos flecos negociaron el Gobierno y los sindicatos hasta esta madrugada, conseguirá elevar la edad real de las jubilaciones de los 63,2 años actuales hasta los 65,5 en el plazo de 15 años. Ésta era una de las principales aspiraciones de las centrales sindicales e incluso del Partido Popular. Para ello, la iniciativa de mayor impacto será el retraso hasta los 63 años de las jubilaciones anticipadas. En similar medida influirá alargar la edad de retiro hasta los 67 para quienes coticen menos de 38,5 años. El resto, más o menos la mitad de los cotizantes actuales, se jubilará a los 65 años.
JOHN MÜLLER
Su pensión podrá bajar
El cálculo de la pensión se complica. No por los cambios paramétricos que ha introducido el Gobierno (por ejemplo, ampliar de 65 a 67 años la edad de jubilación), sino porque la reforma incluye una cláusula con los llamados «factores de sostenibilidad» del sistema.
Estos factores pueden ser económicos (la evolución del PIB o de los salarios), demográficos (la esperanza de vida, la tasa de natalidad o las migraciones), fiscales (el déficit o superávit de las cuentas públicas) o político-sociales (puede acordarse la exclusión de un grupo determinado).
Estos elementos gravitan sobre la viabilidad del sistema público de pensiones. Hay países como Suecia o Alemania que han incorporado estos factores a una fórmula que determina de manera automática («indexando», dicen los técnicos) el monto de la jubilación o el número mínimo de años para obtener una pensión.
Hasta ahora, el modelo español sólo incluía un factor de indexación: la inflación. Por ley, el poder adquisitivo de las pensiones está garantizado. Tras la reforma se incorporarán los baremos más comunes en Europa, pero cuando la sostenibilidad del sistema se vea en peligro, el impacto sobre las jubilaciones será inmediato. Resultado: las pensiones no sólo podrán aumentar cuando las cosas vayan bien, sino que podrán bajar cuando vayan mal. Éste ha sido el caso de Suecia, país del que se han copiado las líneas generales de esta reforma, donde las pensiones llevan bajando los últimos tres años. Las nuevas jubilaciones suecas bajaron un 4,3% en el último ejercicio, según datos exhibidos hace poco por un experto del PSOE. En Portugal, los factores de sostenibilidad han hecho que las pensiones caigan un 3% en el último año.
Los expertos llaman a estos componentes «medidas implícitas» de la reforma. A diferencia de las explícitas -como la edad de jubilación- éstas están ocultas, son menos populares, pero pueden tener una incidencia enorme en lo que cada pensionista percibirá.
Para los políticos, esto tiene muchas ventajas. Con una fórmula de indexación, no habrá que ir al Parlamento a convalidar un decreto ley para congelar las pensiones cuando el déficit se dispare. Automáticamente, las pensiones se frenarán o bajarán ante la insuficiencia fiscal. También pueden bajar si el número de cotizantes es escaso. Una fórmula matemática es más fría y no se enternece ante las protestas de los ciudadanos.
España ya tiene la pensión máxima (2.497 euros brutos) más baja de toda Europa. Además, los españoles que actualmente acceden a la jubilación -los que trabajaron en la España industrial de los años 60- exhiben carreras bastante largas: el 60% de los que se pensionan lo hacen con 35 o más años trabajados. Y acceden a una pensión relativamente escasa: 885 euros de media. Este sistema pudo contentar la escasa ambición de nuestros abuelos, que sufrieron la Guerra Civil y no esperaban nada; quizás satisfaga la de nuestros padres, que aún obtienen tasas de retorno muy interesantes frente a lo que realmente aportaron, pero estoy convencido de que será demasiado austero para los españoles que cotizamos hoy.
john.muller@elmundo.es
B. P. R. / Madrid
400 de ayuda y un texto «básico» sobre convenios
La quinta reforma del sistema público de pensiones español desde 1985 se hará con acuerdo político y social. Tras conseguir el aval del Congreso el martes, el Gobierno ha conseguido también concertar con sindicatos y patronal las líneas maestras por las que discurrirán la jubilación y sus correspondientes prestaciones en las próximas décadas.
Sin embargo, la negociación no ha hecho más que empezar. Y no sólo porque el anteproyecto de ley que el Consejo de Ministros aprobará hoy sufrirá transformaciones durante su trámite parlamentario. Sino también porque, para alcanzar el pacto de Estado que propusieron los sindicatos y busca el Gobierno, harán falta más consensos. Además de las pensiones, el principio de acuerdo incluye otras dos mesas: las reformas de la negociación colectiva y de las políticas activas de empleo.
Sobre la segunda, el Gobierno, la patronal y los sindicatos acordaron resucitar el espíritu del Prodi, la ayuda de 426 euros que desaparece el próximo 16 de febrero. Ahora, para los mayores de 55 años existirá otro subsidio, de unos 400 euros, que se vinculará a cursos de formación, al igual que la ayuda de 350 euros incluida por el Ministerio de Trabajo en el plan de choque para parados de larga duración. A juicio de los sindicatos, es fundamental que el Gobierno reconozca el subsidio «como un derecho subjetivo» y dependiente de un «programa nacional». Las comunidades autónomas del PP se quejan de que la ayuda de 350 euros se la ha «endosado» Trabajo camuflando una política pasiva -subvención- como activa -formación-.
Por lo que respecta a la negociación colectiva, que discuten sólo la patronal y los sindicatos, se ha cerrado un «acuerdo básico» que recoge los «criterios políticos» por los que se regirá la reforma. Sólo después de su firma ambas partes entrarán en el detalle. Según fuentes sindicales, en ese documento «no aparecen las pretensiones empresariales». Las reivindicaciones de la CEOE se centran en eliminar la ultraactividad de los convenios colectivos -que sigan vigentes tras haber caducado y mientras no se renueven- y en el descuelgue general de las condiciones que éstos fijan si las empresas tienen dificultades económicas.
Fuentes del Gobierno aseguraron el miércoles que los sindicatos habían aceptado la jubilación a los 67 a cambio de que se mantuviera la ultraactividad de los convenios, y que la CEOE había accedido en aras del acuerdo. Fuentes sindicales subrayaron que la idea es «injuriosa» tanto para ellos como para la patronal. No obstante, el vicepresidente de la Comisión de Diálogo Social de la CEOE, Francisco Aranda, mostró ayer la «preocupación» de la patronal por esta reforma, informa Europa Press. «Vamos a ser muy firmes en las peticiones de las empresas», recalcó, «porque no se trata de llegar a un acuerdo por el acuerdo».
En cualquier caso, fuentes de la CEOE quitaron hierro ayer a no haber sido informada del principio de acuerdo alcanzado con los sindicatos de madrugada. También a no haber participado en la cena que esa noche reunió a José Luis Rodríguez Zapatero con los líderes de UGT y CCOO, ya que días antes los empresarios habían tenido su propia cita con el Gobierno. Los sindicatos, por su parte, exhiben como un éxito que el Ejecutivo no haya logrado «generalizar la jubilación a los 67 años».. G. GALLEGO / Madrid
La Bolsa responde con subidas pero el coste de la deuda no cede
La Bolsa española amaneció ayer con el acuerdo entre Gobierno y sindicatos en la reforma de las pensiones, y eso ayudó a encarrilar una jornada en la que los valores bancarios consiguieron desmarcarse de la incertidumbre respecto a la reestructuración del sistema financiero español. El Ibex cerró finalmente la sesión con una subida del 1,48% hasta los 10.828 puntos, por encima del resto de grandes parqués europeos.
Sin embargo, la euforia que ayer vivió la renta variable española no estuvo acompañada en los mercados de deuda, donde el bono del Tesoro sigue cotizando próximo al récord de 2010, con un rendimiento del 5,45%. El diferencial con la deuda alemana se mantiene en el entorno de los 223 puntos, aunque este menor sobrecoste se debe, en parte, a la mayor rentabilidad exigida para el papel público germano, que alcanzó ayer el 3,20%.
Los valores bancarios tiraron durante toda la sesión del selectivo, compuesto nuevamente por 34 valores por la exclusión temporal de Iberia, ahora reconvertida en International Airlines Group (IAG) tras su fusión con British Airways.
Santander, Bankinter, Criteria y BBVA encabezaron la tabla del selectivo con subidas de más del 3%, animadas por la conversión de La Caixa en Caixabank, bajo el paraguas de su holding de participaciones industriales Criteria. Los analistas consideran muy positivo esta conversión, que además irá acompañada de una emisión de bonos convertibles por valor de 1.500 millones de euros que ayudará a reforzar el capital del nuevo grupo. Además, es significativo que los accionistas minoritarios de Criteria serán dueños de un 19% de la nueva entidad resultante.
Quien no obtuvo el respaldo de sus accionistas fue el Banco Sabadell, único valor del sector que registró pérdidas (-0,54%) tras presentar unos resultados de 2010 peores de lo esperado. La compañía que preside Josep Oliu sufrió un descenso de su beneficio del 27%, hasta los 380 millones de euros. No obstante, este descenso ha sido a costa de aumentar su core capital hasta el 8,20%, una cifra que le exime de hacer nuevos esfuerzos de recapitalización de acuerdo con los nuevos requisitos impuestos por el Gobierno.
El euro, por su parte, no fue capaz de aguantar su máximo de dos meses frente al dólar y cayó hasta las 1,3682 unidades.
B.P. RAMÍREZ / F. NÚÑEZ / Madrid
El pacto de las pensiones elevará la edad real de jubilación de 63,2 a 65,5 años
Los que no puedan sumar esos 38,5 años tendrán que jubilarse a los 67 a partir de 2027. Esto significa que quienes se hayan incorporado al mercado de trabajo, o lo hagan ahora, después de cumplir los 26,5 años, no podrán jubilarse a los 65. Es más, deberán mantener su empleo durante toda la vida laboral.
Además, según recoge el proyecto de ley de reforma, que aprobará hoy el Consejo de Ministros, se establecerá una serie de mecanismos periódicos para la revisión permanente del sistema y por tanto sea más sostenible. Estos son los principales puntos del documento que será presentado hoy:
DOS EDADES ORDINARIAS. La edad legal de jubilación «con carácter general se incrementará progresivamente hasta los 67 años», según reza el texto del acuerdo. Pero los sindicatos, que desde el primer momento establecieron en el retraso obligatorio y general del retiro su línea roja en la negociación, prefieren destacar que, en realidad, habrá «dos edades ordinarias» para abandonar la vida activa: los 65 y los 67 años. Eso sí, habrá que tener una «carrera larga de cotización», de 38,5 años, para acogerse a la primera y cobrar la pensión completa. La intención inicial del Gobierno era exigir hasta 41 años. CCOO y UGT empezaron reclamando que se quedaran en 35.
En 2007, según cifras del Ministerio de Trabajo, el 53,9% de los hombres que se jubilan a los 65 años o después lo hacen con más de 40 años cotizados, mientras que sólo el 15% de las mujeres alcanza esa cifra. Para cobrar el 100% de la pensión a los 67 habrá que cotizar durante 37 años. Y se mantiene el acceso al 50% de la prestación tras haber cotizado durante 15 años, el mínimo actual.
ANTICIPADA Y PARCIAL. La jubilación anticipada, a la que ahora pueden acogerse los trabajadores a los 61 años, se retrasa hasta los 63, pero ya no hará falta pasar previamente por el desempleo. La jubilación parcial -el trabajador reduce su jornada y, a cambio, la empresa puede hacerle un contrato de relevo a un joven eventual- se mantiene, pero se modifican sus cotizaciones. Y se suprime la especial a los 64 años, en la que no se aplican los coeficientes reductores que sí sufren las anticipadas -entre un 6% y un 7,5% antes de la reforma-.
PERIODO DE CÓMPUTO. El periodo de cómputo de la pensión pasa de los últimos 15 años de la vida laboral a 25, pero lo hará en dos tramos: hasta los 20 años en los tres primeros desde que entre en vigor la reforma, y hasta los 25 en los cinco siguientes. Para llenar lagunas de cotización, habrá dos fórmulas. La primera consiste en conceder a los dos primeros años la base mínima de cotización, mientras que el resto se cubrirá con el 50% de ella. La segunda permitirá reconocer la cotización de los dos años anteriores al de cómputo para calcular la pensión.
BECARIOS. Si va a haber que empezar a trabajar antes para tener garantizada la pensión completa, se hace necesario permitir que coticen los becarios, tanto de programas formativos como de investigación. Podrán hacerlo pero sólo durante un máximo de dos años. La medida se aplicará con carácter retroactivo desde 2009. Para ello los trabajadores deberán firmar convenios especiales con la Seguridad Social.
MADRES Y PADRES. También las mujeres, y los hombres, que interrumpan su vida laboral para tener hijos o criarlos -porque también estarán incluidos quienes adopten- tendrán reconocida una cotización de nueve meses por vástago, pero sólo hasta un máximo de dos años.
INCENTIVOS. Para estimular a los trabajadores a seguir en activo más allá de la edad legal, la reforma aumenta los actuales incentivos, que ahora se sitúan entre el 2% y el 3% de la base cotización por año de retraso. Al cierre de esta edición, el Gobierno, los sindicatos y la patronal aún negociaban los flecos del acuerdo, entre ellos la cuantía de estos incentivos. La propuesta del Ejecutivo se situaba en el 3,5% para quienes coticen más de 37 años. Los sindicatos, en un principio, reclaman que se elevaran en al menos dos puntos. También estaba pendiente de definición el aumento de las bases máximas de cotización, una de las medidas reclamadas por los sindicatos para aumentar los ingresos del sistema.
INDEXACIÓN. A fin de realizar los ajustes de forma automática, tal como han hecho otros países de la Unión Europea, se fijará un sistema de análisis indexado a la evolución de la esperanza de vida, los salarios, el PIB o los ingresos públicos. Las revisiones de estos parámetros se llevarán a cabo cada cinco años.
De esta forma, el Gobierno podrá ir adaptando a las condiciones económicas el periodo de carencia (número de años mínimos para tener derecho a una pensión), el cómputo de la base reguladora (que ahora pasa de los 15 años actuales a los 25) o incluso el porcentaje aplicable a esa base según el número de años cotizados; es decir, la escala de aseguramiento que determina el cálculo final de la pensión de acuerdo con el número de años cotizados. Los principales puntos del documento que presentarán hoy los sindicatos y el Gobierno son los siguientes.
OORBYT.es
> Preguntas con Respuesta: Vicente Lozano analiza las claves del acuerdo sobre la reforma de las pensiones
La reforma de las pensiones, cuyos últimos flecos negociaron el Gobierno y los sindicatos hasta esta madrugada, conseguirá elevar la edad real de las jubilaciones de los 63,2 años actuales hasta los 65,5 en el plazo de 15 años. Ésta era una de las principales aspiraciones de las centrales sindicales e incluso del Partido Popular. Para ello, la iniciativa de mayor impacto será el retraso hasta los 63 años de las jubilaciones anticipadas. En similar medida influirá alargar la edad de retiro hasta los 67 para quienes coticen menos de 38,5 años. El resto, más o menos la mitad de los cotizantes actuales, se jubilará a los 65 años.
Las otras reformas
> 1985. Se amplió el periodo mínimo de cotización para tener derecho a cobrar la pensión de 10 a 15 años. Y la cuantía se fijó en función de los dos últimos años de salario.
> 1997. Se estableció en 35 años el periodo de cotización para cobrar el 100% de la pensión y el mínimo del 50% con 15 años. Se fijó la revalorización automática de las pensiones según la inflación y se creó el fondo de reserva con los excedentes de las cotizaciones.
> 2001. Se crearon los incentivos para retrasar la edad de jubilación, así como el retiro anticipado a partir de los 61 años.
> 2007. El periodo mínimo para cobrar la pensión es ahora de 15 años sin incluir las pagas extraordinarias. También se restringió la jubilación parcial, pero se incentivaba con un 2% anual la prolongación de la vida laboral.
Madrid
El PP señala su «buena disposición» ante el principio de acuerdo
El presidente del PP, Mariano Rajoy, reveló ayer ante los alcaldes de su partido su buena «disposición» ante el principio de acuerdo alcanzado sobre la reforma de las pensiones, si bien aseguró que prefería no pronunciarse más detenidamente hasta conocer en profundidad los detalles exactos de la negociación.
Justamente en la misma línea que Rajoy se pronunció el vicesecretario general de Política Regional y Local de la formación popular, Javier Arenas, quien recalcó que el PP tiene una «predisposición favorable» ante el acuerdo, pero que deberán estudiar las propuestas «de la A a la Z» antes de realizar posteriores valoraciones. Tras el acuerdo social, los partidos políticos se unirán a las negociaciones para alcanzar ese pacto de Estado que busca el Gobierno. Y pese al voto particular contra el aumento de la edad de jubilación que presentó, el PP terminó apoyando el pasado martes el texto final de las recomendaciones del Pacto de Toledo. El anteproyecto de ley que el Consejo de Ministros apruebe hoy será tramitado en el Congreso y sometido, por tanto, a la reelaboración que le quieran dar los grupos parlamentarios. Después vendrán los pactos en política industrial, energética y de ciencia e innovación, donde la participación parlamentaria será fundamental.
El líder de IU, Cayo Lara, criticó ayer duramente las prisas de los negociadores al entender que no existían «razones objetivas para hacer un recorte de las pensiones en estos momentos». Lara arremetió contra el acuerdo porque, a su entender, un tema tan delicado debería haber formado parte de los programas electorales de los partidos y debería ser sometido al escrutinio de los electores en las urnas. Además, IU lamentó la deriva de un Gobierno que «promueve políticas neoliberales de ajuste duro y no va a buscar el dinero donde está», informa Efe.
Tras aprobarse el informe del Pacto de Toledo, el ministro de Trabajo Valeriano Gómez, que asistió al debate, no podía ocultar su satisfacción. Y anunció que el consenso parlamentario facilitaría el acuerdo con los sindicatos y la patronal. Sin embargo, fue la intervención directa del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, la que desatascó las negociaciones. Sólo unas horas antes de irse a cenar con Cándido Méndez e Ignacio Fernández Toxo, CCOO había advertido de que no habría acuerdo si no se rebajaban los 41 años de cotización para jubilarse a los 65 con la pensión completa inicialmente propuestos por el Gobierno. Se apoyaba, precisamente, en el texto aprobado por el Congreso para apoyar lo que consideró la renuncia del Ejecutivo a la jubilación obligatoria y general a los 67 años, la línea roja sindical en la negociación.
El secretario de Comunicación de CCOO, Fernando Lezcano, descalificó entonces como «infructuosa» la intervención previa de Rodríguez Zapatero en el diálogo con los sindicatos y la patronal. Con el acuerdo casi cerrado en la cena del miércoles, sin embargo, Zapatero se ha apuntado un tanto que podrá hacer valer en la cumbre hispano-alemana del próximo viernes con la canciller Angela Merkel. Además, el presidente informó por teléfono, personalmente, a Mariano Rajoy a la mañana siguiente sobre al acuerdo, en una conversación «en un clima muy constructivo» que fuentes de Moncloa describieron como «amena».
Con mucho menor entusiasmo recibieron la noticia del acuerdo los sindicatos USO y CSIF, que no han formado parte de las negociaciones. A juicio del primero, la reforma del sistema público de pensiones es «innecesaria», ha sido impuesta por las instituciones europeas e «implicará una disminución de la cuantía de las pensiones. Por su parte, el secretario de Formación del sindicato de funcionarios CSIF, Miguel Borra, tachó el proceso de las últimas semanas de «bastante oscuro» y consideró que los trabajadores «merecían algo más serio», pues ahora serán más pobres.
Por el contrario, el presidente de la Federación de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, anunció que su colectivo se unirá «a la fiesta del pacto», si el Ejecutivo mantiene su promesa de la semana pasada de equiparar las condiciones de los autónomos a las de los asalariados, una de sus reivindicaciones históricas.
Reforma positiva pero insuficiente
Los expertos creen que la reforma del sistema público de pensiones pactado por el Gobierno y los agentes sociales «va en la buena dirección» pero es «insuficiente».
Pablo Vázquez, director del 'think tank' Fedea, uno de los que ha abogado más activamente en los últimos meses en favor de reformas de calado, considera que la noticia del acuerdo es «positiva» y la celebró porque insufla «tranquilidad y vida al sistema», informa Europa Press.
A su juicio, sin embargo, «se queda un poquito corta» porque no soluciona el problema demográfico de forma «definitiva», sólo lo aplaza. «No es la última reforma de pensiones», aventura Vázquez, para quien pueden surgir dificultades en los próximos 20 o 30 años.
En esta misma línea se pronuncia Gregorio Izquierdo, director del Servicio de Estudios del Instituto de Estudios Económicos, para quien las medidas «están en la línea correcta y bien orientadas». También destaca que tengan cierto consenso social. «Van a contribuir a mejorar el equilibrio financiero», explicó el economista quien, no obstante, lamenta que no se haya elevado el límite legal de jubilación hasta los 70 años.
Por su parte, el abogado de CMS Albiñana & Suárez de Lezo Alfredo Aspra señala que las medidas «van en la buena dirección y tienen todo el sentido», pues los ciudadanos se incorporan más tarde al mercado de trabajo. Tras destacar los «flecos pendientes», elogió que la reforma tienda hacia «un sistema más justo».
El director de gestión de Inversis, Fernando Hernández, elogia la reforma por lo que supone en términos de recorte de gasto para el Estado y de estabilidad presupuestaria, aunque no cree que tenga un efecto directo en los mercados financieros.
JUAN EMILIO MAÍLLO / Barcelona
El PP carga contra el plan de las cajas: «No es el camino correcto»
El Gobierno no lo tendrá fácil si quiere labrarse el apoyo del Partido Popular a su nuevo plan de recapitalización de las cajas de ahorros. Si hasta ahora el sector financiero ha sido el único en el que, desde que estalló la crisis, Gobierno y PP han ido de la mano, la idea de Elena Salgado de imponer mayores exigencias de capital a toda la banca, y más duras aún a las cajas, no convence al PP.
El secretario de Economía de los populares, Álvaro Nadal, aseguró ayer que exigir a los bancos un core capital (indicador de solvencia que incluye capital y reservas) del 8%, y a las cajas de entre un 9% y un 10%, «no es el camino correcto. Mover el coeficiente de solvencia no es la solución», insistió el diputado del PP.
Nadal defendió que lo primero que tienen que hacer las entidades es sanearse y, después, reponer el capital que sea necesario. Pero hacerlo al revés -exigir más capital cuando aún no ha culminado el saneamiento- «no nos parece muy razonable».
Asimismo, el PP no comprende por qué es necesario cambiar normas legales para imponer las nuevas exigencias que planteó el pasado lunes la vicepresidenta Salgado. «Estamos perplejos. No conocemos el contenido de las reformas ni para qué se nos necesita», sentenció.
En unas jornadas organizadas por PricewaterhouseCoopers (PwC), Nadal consideró «más lógico limpiar» primero el balance de las entidades y así establecer una correcta valoración del precio de los activos. Lo que se van a hacer, argumentó, son ampliaciones de capital sobre «balances inciertos», lo que provocará que, o no haya interés entre los inversores, o reclamen un «descuento descomunal».
El diputado del PP no fue el único que alertó del descrédito que hay sobre la situación de la banca en España. El director corporativo de Banco Popular, Jacobo González-Robatto, tras aplaudir el plan del Ejecutivo, resaltó que en España «partimos de un déficit de credibilidad. Y eso no se resuelve en 24 horas con un decreto».
En la misma línea, el consejero delegado de la división de banca de inversión de Barclays España, Pedro Fernández Santaella, lamentó que no haya «claridad» ni en los activos ni en la regulación. A su juicio, hay «mucha liquidez y muchos inversores» que podrían estar interesados en colocar su dinero en España, pero no con estas incertidumbres.
Mientras, el actual secretario general de la patronal de las cajas, la Confederación Española de Cajas de Ahorro (CECA), y futuro «número dos» de la institución, José María Méndez, afirmó que hay que ser «muy prudentes» sobre los cambios propuestos por el Gobierno, ya que el sector desconoce aún la literalidad del decreto que quiere aprobar el Ejecutivo.
En todo caso, afirmó que el sector se adaptará al nuevo entorno y podrá «perfeccionar» su modelo con accionistas privados que permitan reducir la dependencia política de las cajas.
posted by e-pesimo | 10:36
Links to this post:
Crear un enlace
Home