ZAPATERO ABOCA A ESPAÑA A UNA QUIEBRA INSUPERABLE: ¿Al 20% de IVA para recapitalizar las Cajas? ¡Fuera políticos de la Cajas!
C. GARCÍA-ABADILLO / J.E. MAÍLLO
Madrid
Ordóñez desea poder designar consejeros en las cajas que se salven con dinero público
El gobernador del Banco de España ha pedido a Moncloa «manos libres» para intervenir en las cajas. Las entidades temen que Miguel Ángel Fernández Ordóñez les imponga sus consejeros.Sigue en página 30
En el futuro, los órganos de dirección de las cajas ya no estarán condicionados por las comunidades autónomas, los ayuntamientos, las diputaciones, los sindicatos, o incluso, en algún caso, la Iglesia, como sucede ahora.
De forma idéntica a como ocurre con cualquier entidad financiera, en el futuro sus consejos estarán ocupados por personas nombradas por los accionistas. En la actualidad los consejeros de los SIP los han nombrado sus accionistas (las propias cajas), pero la politización no ha desaparecido. Ahora bien, ¿qué sucederá en el periodo de transformación?
Esa es la cuestión que más preocupa entre los presidentes de las cajas. Cada día cobra más peso la tesis de que el Banco de España condicionará las ayudas de capitalización a la presencia de consejeros directamente nombrados por la entidad supervisora.
Las futuras ayudas ya no se concederán en forma de préstamos (como ocurrió con la primera ronda del Frob), sino en forma de capital. Eso quiere decir que el Estado será accionista de las cajas que necesiten ayuda. Por tanto, tendrá derecho a nombrar representantes en sus consejos. Es una opción que contemplaba el decreto de creación del Frob pero para el caso de que una caja no devolviera en plazo el dinero que había recibido.
Una cualificada fuente del sector comentó a EL MUNDO: «Puede estar en marcha una operación similar a la que se produjo en el BBV cuando Mariano Rubio dictó su laudo de obligado cumplimiento que supuso la entrada de un núcleo de consejeros nombrados directamente por el Banco de España, para acabar con las guerras intestinas en el consejo».
Otras fuentes se quejan de la falta de información. El Banco de España aún no ha dicho lo que quiere hacer, no ha entregado a las cajas ningún documento donde se haga explícito cuál es el horizonte de la nueva reestructuración.
El presidente de la CECA, Isidro Fainé, que mantiene contactos discretos con los presidentes de las cajas más importantes, la mayoría en pleno proceso de fusión, ha mostrado asimismo su disgusto por el secretismo y la falta de diálogo que está mostrando el gobernador. Fainé, que manifestó su disposición a dimitir en el consejo de la CECA celebrado el pasado miércoles, ha hecho saber a la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Economía, Elena Salgado, tres condiciones que considera indispensables para que la reestructuración se produzca con el consenso de las cajas:
1. No es necesaria una nueva regulación tras la aprobada (con el respaldo del PSOE y el PP) el año pasado.
2. No se puede discriminar entre unas cajas y otras, imponiendo condiciones específicas.
3. No se pueden imponer plazos más exigentes para la capitalización en España que en otros países europeos.
«Hay un plan para forzar la capitalización, pero ni saben bien qué quieren, ni cuándo, ni cómo», dice un alto directivo de una de las mayores cajas de ahorros.
Las propias cajas temen que el Gobierno pueda llegar a incluir en dicha norma que las entidades que no se conviertan en bancos en un periodo de tiempo prudencial perderán la ficha bancaria, es decir, no podrían operar, según admitió a EL MUNDO este ejecutivo.
El mecanismo sería relativamente sencillo. En el decreto ley se establece que las cajas de ahorros que quieran seguir manteniendo actividad financiera (captar depósitos y dar préstamos) tienen un año para convertirse en banco. Las entidades que, llegada la fecha final, no lo hayan hecho, serán disueltas.
Esta semana puede ser clave para saber cómo se va a llevar a cabo la reestructuración. El Gobierno podría aprovechar el trascendental Consejo de Ministros del viernes (en el que también aprobará el anteproyecto de ley de reforma de las pensiones) para dar el visto bueno al decreto de las cajas.
«Sería una forma de trasladar a los mercados que el ajuste ya está definitivamente hecho», dicen fuentes próximas al Ejecutivo. Una de las razones del mercado para dudar de la solvencia de España pasa por el temor a que el saneamiento de las cajas obligue a un desembolso de dinero público excesivo para las arcas públicas.
El problema es que esta incertidumbre y los ataques de los últimos días al sector afectan a las cajas que más han avanzado en su reestructuración. «Es difícil pedir dinero a un inversor cuando ni nosotros sabemos lo que vamos a ser. Yo lo tengo claro, pero el Gobierno no, y esa incertidumbre lo imposibilita todo», dice a EL MUNDO el presidente de una caja integrada en un SIP.
Todos los bancos de cajas que han recibido ayudas públicas ya han mantenido contactos, más o menos avanzados, con analistas e inversores, para explicarles su proyecto. Por ejemplo, Mare Nostrum (Caja Murcia, Granada, Penedès y Sa Nostra) reunió hace 10 días en la Bolsa de Madrid a un centenar de inversores a los que presentó sus planes de futuro. «Fue una presentación muy profesional», señala a este diario uno de los inversores presentes en la sala, que salió encantado del mensaje que trasladó el presidente de la entidad, Carlos Egea.
No ha sido el único. Banca Cívica -tras el fallido intento del pasado julio con el fondo americano JC Flowers- pretende que este mismo año haya inversores privados en su capital e, incluso, pueda salir a Bolsa. Exactamente es la misma idea que tiene el Banco Financiero y de Ahorro, que lideran Caja Madrid y Bancaja. Quiere acudir al mercado lo antes posible, pero el problema es que éste no es el mejor momento, ni España el mejor país para atraer capital. El propio Banco Santander baraja retrasar la salida a Bolsa de su filial en Reino Unido hasta la segunda mitad de este año.
Pero, de momento, el SIP que más ha avanzado es el denominado Banco Base, el de CajAstur y la CAM. Ya ha decidido traspasar todo el negocio de las cajas al banco. Ahora falta que las asambleas de cada entidad ratifiquen la decisión. Y pese a que es Banco Base es el SIP más adelantado, la apertura al capital privado no será inminente.
JOHN MÜLLER
La doble faceta de las cajas
La Caja de Ahorros de La Habana se constituyó en diciembre de 1840, apenas dos años después que su homóloga de Madrid. Tenía una peculiaridad, que ahora le parece imprescindible al Banco de España: los propietarios eran sus accionistas. Su capital nominal de 500.000 pesos se distribuyó en 5.000 acciones de 100 pesos.
Sucesivos gobernadores del Banco de España se han quejado de lo difícil que es explicar en el extranjero el estatuto de nuestras cajas ya que no tienen propietarios. Existen en función de un objetivo que es la obra social designada por sus fundadores y están gobernadas por una mezcla de estamentos (políticos, trabajadores y fundaciones) de carácter local.
«Las cosas sin dueño no funcionan», decía un alto funcionario. Tanto Miguel Ángel Fernández Ordóñez como su antecesor Jaime Caruana podrían suscribir la frase. De hecho Caruana les recomendó la semana pasada que accedan a los mercados bajo «modelos conocidos» para «ganar más confianza». Y aunque uno hable de los montepíos italianos del siglo XV o de los frugality banks del filántropo Jeremías Bentham, nuestras cajas son una peculiaridad tan difícil de explicar a un visitante como la afición por los toros. La gran ventaja de los toros es que no necesitan pedir dinero al mercado para recapitalizarse.
El viernes pasado, el ambiente en la sede de la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA) era de funeral. Sus directivos se sentían al borde de una intervención por parte del Gobierno. El vicepresidente Rubalcaba la confirmó tras el Consejo de Ministros. Se sabe que, con algunas disensiones, el Gobierno se ha alineado con el objetivo de Fernández Ordóñez de reconvertir al sector en bancos. De la forma en que el Gobierno proceda en los próximos días depende que el PSOE pase a la historia como el partido que liquidó las cajas o como el que logró modernizarlas en medio de una grave crisis.
El PP, que apoyó la ley de reforma de las cajas, cree que el Banco de España ya tiene instrumentos suficientes para reformar el sector y que Fernández Ordóñez tiene que fajarse y abordar el asunto de una menra más activa.
No todas las cajas son iguales. Muchas han actuado de modo incompetente y, a veces, con una irresponsabilidad casi delictiva. Es muy criticable la preponderancia del poder político en sus órganos de gobierno.
Pero, conociendo la voracidad de los bancos en otros países, las cajas han modulado el sistema financiero de cara al ciudadano con un rostro amable. Han obligado a los bancos a desarrollar unas prácticas competitivas que después les han venido de maravilla para triunfar en los países donde se han implantado. Han sido, además, claves en la abolición de un problema que aquí no existe: la exclusión financiera.
El modelo de la Caja de Ahorros de La Habana es reseñable. Sus fundadores querían que tuviera una doble faceta: una benéfica que estimulara el ahorro y la industria popular, y otra de puro negocio financiero. Es un calco de lo que pretenden hoy entidades como La Caixa o Caja Madrid. Es curioso, los principales clientes de aquella caja habanera eran los esclavos que depositaban ahí los ahorros con los que un día compraban su libertad.
john.muller@elmundo.es
Madrid
Las familias deben dedicar un 6,3% más de su salario a pagar la hipoteca
Ahorro para el Estado y más gastos para los consumidores. Así se traduce el fin de la deducción fiscal por compra de vivienda que entró en vigor el pasado 1 de enero.
Las familias con rentas superiores a 24.000 euros que compren una casa para uso habitual a partir de este año tendrán que dedicar un 6,3% más de su salario al pago de la hipoteca por la eliminación de la deducción por compra, según los cálculos que ha realizado el Banco de España, informa Europa Press.
Según el supervisor financiero, en el cuarto trimestre de 2010, el esfuerzo teórico contando con la deducción por vivienda alcanzó de media el 26,8% del salario, mientras que, sin el efecto de este beneficio fiscal, este porcentaje se habría elevado hasta el 33,1%, casi un tercio de las rentas.
Este incremento del coste en el pago de la vivienda será soportado íntegramente por aquellas familias con ingresos superiores a los 24.107,20 euros, para los que la deducción desaparecerá totalmente. En total, según los cálculos del Banco de España, se verán afectadas unas 323.000 familias.
A los contribuyentes con unos ingresos de entre 17.707,20 y los 24.107,20 euros de base imponible se aplicará una reducción gradual de forma lineal, con lo que el esfuerzo para la adquisición de viviendas también se incrementará paulatinamente.
Sin embargo, cuando la base imponible sea inferior a los 17.707,20 euros, se mantendrá la deducción en cuota del 15% de las cantidades pagadas en un año, con un límite de 9.040 euros al año.
La limitación de la deducción tiene carácter general, aunque algunas autonomías han decidido mantenerla en su territorio, como Madrid, Navarra y País Vasco.
Afortunadamente, el cambio fiscal no afecta a los contribuyentes que en la actualidad se están aplicando la deducción por vivienda, independientemente de su nivel de renta.
Con estos cambios, en la fiscalidad de la vivienda, el Estado logrará ahorrar alrededor de 200 millones de euros en 2011, según las previsiones del Gobierno. Con la medida, el Ejecutivo persigue aumentar el peso del mercado del alquiler y equipararlo al de compraventa de viviendas.
El cambio fiscal, sin embargo, en opinión de los expertos inmobiliarios, va a aumentar la lenta agonía que desde hace más de dos años y medio vive el sector de la vivienda en España, con una paralización prácticamente total de la actividad y un stock de casas sin vender que supera las 700.000 unidades.
La vivienda prosiguió durante el pasado año la bajada de precios. Al concluir el pasado mes de diciembre, el metro cuadrado se situaba en 1.825,5 euros, lo que supone un descenso interanual del 3,5%, según los datos del Ministerio de Fomento.
La vivienda libre en España suma una caída de precios del 13,1% desde que en el segundo trimestre de 2008 estalló la crisis inmobiliaria. Este retroceso, aunque importante, sigue siendo insuficiente para sanear el maltrecho sector del ladrillo que, en opinión de los analistas, que afirman que la caída proseguirá durante varios años, más cuando los ciudadanos no cuentan ya con los estímulos fiscales a la hora de adquirir una casa.
CARMEN LLORENTE / Madrid
Los agricultores declaran la guerra a la gran distribución
La principal organización agraria, Asaja, prepara una serie de ofensivas contra «los constantes abusos» de las cadenas de supermercados e hipermercados, a quienes acusa de estar vendiendo a pérdida -por debajo de los costes de producción- y arruinar al campo.
A lo largo de febrero, agricultores y ganaderos de toda España se movilizarán en distintas protestas, especialmente en las grandes cadenas de hipermercados Carrefour y Alcampo. Además, emprenderán una campaña publicitaria en medios escritos y en la radio, denunciando las «malas prácticas» que la gran distribución viene empleado con los agricultores y ganaderos.
Las quejas son varias, pero la principal es la creciente política de las cadenas de distribución de vender a pérdida, algo que está prohibido en España, pero que, sin embargo, ante la falta de actuación por parte del Gobierno central y de las comunidades autónomas, cada vez es una práctica más utilizada por las cadenas de supermercados e hipers.
En los últimos días, las denuncias por las ventas por debajo de precio de coste se han sucedido. La organización de agricultores COAG ha demandado a Carrefour ante las autoridades de consumo por la venta a pérdida de aceite de oliva virgen extra de su marca blanca en Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Cataluña y Murcia.
En las denuncias presentadas, la organización agraria adjunta un folleto publicitario en el que se muestra en portada una oferta de aceite de oliva virgen extra, marca Carrefour, cuyo precio final de venta al público es de 1,76 euros por litro, cuando según los datos oficiales, el precio medio en origen no se ha situado por debajo de ese nivel en ningún momento del año 2010, ni en lo que va de año.
La Unió de Pagesos de Catalunya ha demandado a Carrefour por las ventas a pérdida de naranjas, al ofertar la bolsa de seis kilos de naranjas a 0,5 euros el kilo, por debajo de los costes de producción.
El pasado noviembre, el sindicato Unió denunció a Carrefour y Alcampo, respectivamente, por regalar leche y por venderla por debajo de coste... y la lista de demandas sigue.
Sin embargo, los agricultores son conscientes de que estas denuncias suelen terminar, en el mejor de los casos, en ridículas sanciones, por lo que Asaja ha decidido que es momento de movilizarse para acabar contra estas actuaciones ilegales.
«Vamos a llevar a cabo una campaña para que los consumidores sepan las prácticas fraudulentas de la distribución», afirma Pedro Barato, presidente de Asaja, quien denuncia, además, el incumplimiento de la ley de morosidad, tanto por parte de la distribución como de la industria, que obliga a pagar a los agricultores en 30 días. «El plazo de pago se alarga a más de 100 días», afirma.
posted by e-pesimo | 11:14
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