EDITORIALES: Una Justicia podrida por los socialistas/ Unas Cajas de Ahorros podridas por los socialistas

Retorna el felipismo con Pascual Sala

Un presidente que ZP no quería ni de magistrado

LA ELECCIÓN de Pascual Sala como presidente del Constitucional -con la silla vacía de los cuatro magistrados cuya elección corresponde al Congreso- devuelve a una alta magistratura del Estado a un jurista plenamente identificado con el PSOE o, mejor dicho, con el felipismo. Sería prolijo explicar aquí los numerosos favores que Sala prestó a los gobiernos de Felipe González en los casos relacionados con la guerra sucia. El regreso de Sala no puede desligarse de los actuales avatares de la política y, en particular, del declive del liderazgo de Zapatero, cuyo hueco está siendo aprovechado por la vieja guardia socialista para tomar posiciones. Hay que recordar que Zapatero nunca quiso a Sala de magistrado en el Constitucional porque prefería a Conde-Pumpido, lo que no pudo ser. La elección de Sala no contribuirá a devolver a este Alto Tribunal el prestigio perdido.

Erradicar a los políticos de las cajas de ahorros

LAS CAJAS de ahorros tal y como las conocemos hoy no tienen solución y es preciso desmontar su estructura jurídica actual. De una manera más suave pero no menos contundente lo dijo el miércoles el ex gobernador del Banco de España Jaime Caruana en Madrid: si las cajas quieren captar capital en el exterior tienen que convertirse en bancos porque es el modelo que mejor entienden los mercados. El planteamiento es así de radical porque así de grave es la situación a la que han llevado unas leyes inadecuadas para el nuevo tiempo financiero.

Es cierto que las cajas cumplieron durante años una misión fundamental de desarrollo del sistema crediticio entre los particulares y las pymes. Pero cuando entraron bajo la órbita de las comunidades autónomas perdieron buena parte de su espíritu fundacional y se convirtieron en redes clientelares de los políticos locales. Las leyes autonómicas -amparadas en la legislación estatal- propiciaron la entrada en los órganos de control de representantes de partidos políticos, ayuntamientos, gobiernos regionales o sindicatos, sin experiencia financiera, que se adueñaron de las cajas. Podemos encontrar excepciones, pero son las que confirman la regla.

La demostración de la mala gestión del sector es el dato que hoy revela este periódico. El Banco de España cifra en 26.000 millones de euros el agujerode las cajas -entendido como depreciación de activos- al cierre del ejercicio pasado. Una cantidad sólo un poco inferior a los 30.000 millones que pagó el Estado en prestaciones por desempleo el año pasado y ocho veces superior al agujero estimado en Banesto a comienzos de los noventa, tras la gestión de Mario Conde que la Justicia consideró delictiva.

El descomunal desfase se debe sobre todo a la pérdida de valor de los activos inmobiliarios. Para tapar ese agujero las cajas dispondrán de los recursos del Frob -ya se han aportado 11.500 millones en 2010 y se destinarán otros 3.000 millones- y deberán llevar a cabo una disminución patrimonial de unos 8.000 millones de euros. Los 3.500 millones restantes son los que el Fondo de Garantía de Depósitos dispuso para Caja Castilla-La Mancha. En otras palabras, las cajas serán rescatadas con dinero público y con su propio empobrecimiento. Con este saneamiento, las cajas consiguen recomponer sus ratios de capital en el 6% exigido actualmente, pero van a necesitar mucho más dinero -43.000 millones según Merrill Lynch- para alcanzar el 8% que establecen las nuevas normas internacionales sobre la banca.

Es un escándalo que se haya llegado a esta situación. Pero lo es mucho más que las nuevas entidades que están surgiendo de las fusiones, calientes o frías, mantengan en la mayoría de los casos al frente de la gestión a las mismas personas que han ocasionado los desequilibrios financieros. No nos engañemos, aunque la reforma haya establecido una reducción del número de políticos en los consejos y en las asambleas, siguen manteniendo la capacidad de decisión.

Ahora es el momento de pedir responsabilidades a los que han participado en los órganos de control de las cajas. El Banco de España no debería permitir que ningún político que se ha sentado en el consejo de una caja con problemas vuelva a hacerlo. Pero a la vez tiene la obligación de enviar al Ministerio de Economía y a la Fiscalía cualquier indicio de actuación del que se puedan derivar responsabilidades penales.

A la vista de la nefasta experiencia, no se entendería que no hubiera más casos similares al de Caja Castilla-La Mancha y lo lógico sería que viéramos en los próximos meses y años un desfile de gestores de cajas de ahorros ante los tribunales.

Tras la metedura de pata de las nucleares

El Gobierno vuelve a ceder en las pensiones

MONCLOA reconoció ayer su «torpeza» al mezclar en la negociación con los sindicatos el asunto de la prórroga en la vida de las centrales nucleares con el retraso de la edad de jubilación a los 67 años. El error debilita objetivamente la posición del Gobierno en las conversaciones con UGT y CCOO, que ya han aprovechado esta metedura de pata para lograr nuevas concesiones del Ejecutivo. En este sentido, los representantes del Gobierno ofrecieron ayer que los trabajadores con 39 años de cotización puedan jubilarse a los 65 años a cambio de que los sindicatos apoyen la reforma de las pensiones. Igual que sucedió con la reforma laboral, da la sensación de que Zapatero está dispuesto a dar marcha atrás en cuestiones esenciales para convencer a los sindicatos. Ello vuelve a restar credibilidad al Gobierno frente a los mercados y sus socios europeos, que perciben esos titubeos. Pero lo sucedido no deja en buen lugar a Alfredo Pérez Rubalcaba y a Ramón Jáuregui, los dos estrategas de la comunicación monclovita, responsables de este entuerto.

Con Gómez Bermúdez en el tribunal

Absolución justa con una interpretación política

LAAUDIENCIA Nacional decidió ayer absolver a los 20 miembros de Udalbiltza, la asamblea de municipios de la izquierda abertzale. El fallo puede parecer sorprendente porque entre los encausados figuraban Xabier Alegría y otros significados dirigentes de Batasuna. Pero la Audiencia basa la absolución en la falta de pruebas que vinculen a Udalbiltza con ETA. Ello supone un varapalo a la Policía y a Baltasar Garzón, instructor de este caso, que evidentemente no hicieron bien su trabajo. Llama la atención, sin embargo, el papel de Gómez Bermúdez como presidente del tribunal de esta sentencia y de la reciente de Egunkaria, en la que también quedaron absueltos militantes de la izquierda abertzale. Gómez Bermúdez ha pasado de ser el padre de la doctrina Parot a mantener una actitud más permisiva con el entorno de ETA, que interpretaba la sentencia como el fruto de «un cambio de escenario». Los tribunales no deben entrar en consideraciones políticas y tienen que aplicar la ley con los ojos cerrados, al margen de lo que le interese al Gobierno en cada momento.
El Mundo en dos minutos
Pascual Sala o el ocaso de Zapatero