EDITORIALES: La música suena bien, ahora hay que ponerle letra

La música suena bien, ahora hay que ponerle letra

LA CONVENCIÓN que el PP ha celebrado durante el fin de semana en Sevilla le ha servido para mostrarse ante España como un partido fuerte, optimista, seguro de sus posibilidades y convencido de que suya será la misión de abrir la etapa de la recuperación. El discurso de clausura de Rajoy tuvo un tono muy por encima del que es habitual en un mitin de precampaña de unas elecciones locales y autonómicas. Quiso insuflar confianza en el futuro y aseguró que España tiene «una sociedad fuerte» y que, por eso, «no es un caso perdido».

El líder del PP se presentó como el candidato de la gran mayoría, no sólo del centro derecha, e hizo un llamamiento a todos los españoles para sumarlos a «una gran tarea de recuperación nacional», en lo que equivaldría a formalizar la firma de un compromiso con los ciudadanos.

Rajoy anunció que el plan de reformas que pretende impulsar va más allá de un lavado de cara o de un simple listado de recortes para tranquilizar a los mercados. Habló de un «plan global» que afectará a todos los ámbitos, desde el educativo al fiscal, pasando por el energético.

Advirtió también que habrá que hacer «sacrificios» con miras a construir una España que sirva para los próximos 30 años, pero que «no serán inútiles como los de ahora». Sin embargo, para que su plan no se quede sólo en el reclamo de una gran operación de marketing, a esta música, que suena bien, el PP deberá ponerle ahora la letra. Rajoy tiene que explicar cómo va a crear empleo, cómo va a garantizar la austeridad en el gasto, cómo va a conseguir que las autonomías dejen de ser un factor de dispersión y despilfarro, cómo va a fortalecer el Tribunal Constitucional, cómo va a proteger la familia, cómo va a arreglar la educación...

Aunque Rajoy orilló las críticas directas al Gobierno para hacer un discurso en clave de hombre de Estado, propio de quien está dispuesto a abrir las puertas a todos -«a nadie le preguntaremos de dónde viene»- sí quiso dejar constancia de que el castillo de naipes de las políticas sociales levantado por Zapatero se ha venido abajo, y sólo se puede reconstruir desde el rigor. Frente a quienes se limitan a pronunciar «bonitas palabras» que sólo «siembran parados», propuso «hacer números» y «llevar bien las cuentas».

Además, para ahuyentar los fantasmas que el PSOE extiende sobre las consecuencias de una posible victoria electoral del PP en España, quiso dejar claras dos cosas: que no asfixiará más a los empresarios -«pueden tener la seguridad de que no les vamos a estrujar como a un limón»-, pero que tampoco hará recaer los «sacrificios» sobre «los más débiles».

El discurso que hizo Rajoy ayer es, seguramente, la primera parte del que esperaban millones de españoles, atemorizados por la marcha de la economía, preocupados por el futuro inmediato y también por el deterioro de la convivencia. Falta la segunda parte. Queda por oír el cómo se hará todo, pero no puede obviarse además que faltan 14 meses para las elecciones generales y que el PSOE no está derrotado, pese a lo que digan los sondeos.

En ese año largo que falta para acudir a las urnas habrá muchas tensiones, y más aún si Rubalcaba se ve -como el propio líder de los populares cree- con opciones de ser el candidato. Para confirmarse como esa alternativa ilusionante que ayer dibujó Rajoy, el PP debe adelantarse y concretar, una a una, las propuestas con las que pretende sacarnos del atolladero.

Parrilla y Rivera, indemnizados

Reparación por una injusticia

LA INDEMNIZACIÓN que Interior deberá pagar a los policías Parrilla y Rivera (60.000 euros a cada uno) pone punto final a la infame cacería que sufrieron. El juez Del Olmo, después de conocer que habían tomado un café con un periodista de EL MUNDO, les encarceló por, entre otros supuestos delitos, revelar secretos. Era una acusación falsa, como demostró a la postre la Audiencia. Todo indica que el instructor del 11-M, nervioso por las críticas del periódico a su trabajo, quiso buscar un escarmiento en estos agentes. Sólo así se entiende que les impusiera una fianza más propia de terroristas (300.000 euros), que sólo pudieron pagar gracias a una colecta popular y tras 24 días en prisión. Aunque el daño que les causaron no es resarcible, la indemnización queda como otra prueba de la injusticia cometida.

La portavoz de los presos asegura que la banda no dejará las armas

Un testimonio para abrir los ojos a quienes aún creen las palabras de ETA

EL GOBIERNO conoce unas manifestaciones realizadas en la cárcel por la portavoz del colectivo de presos de ETA, Ana Belén Egües, en las que confirma lo que una gran mayoría de españoles tiene claro: que la tregua forma parte de una nueva estrategia de la banda y que ésta no se plantea la «rendición». «Las armas sí que tienen sentido», señala, y equipara la función de los pistoleros nada menos que con la del Ejército en su papel de «garante constitucional». Egües, a la que se atribuyen 10 asesinatos como miembro del comando Madrid, asegura que el «alto el fuego» no es definitivo y que es una maniobra para «buscar que los agentes internacionales ejerzan presión sobre el Estado español». Las palabras de esta terrorista deberían ser tenidas en cuenta por quienes aún piensan que ETA está a un paso de abandonar las armas y apuestan por dar entrada en las instituciones a su brazo político. Egües, que fue concejal de HB antes que asesina, viene a decir entre líneas que la izquierda abertzale persigue su legalización no porque haya renunciado a sus antiguos planteamientos, sino por una cuestión de oportu- nidad: «Está dispuesta a comprometerse con tal de estar en las instituciones», advierte. El Gobierno y el PSOE, que han dado muestras de un optimismo que no compartimos y que estas manifestaciones desmontan, tendrían que recapacitar. El presidente del PNV, gran conocedor de la situación, afirma hoy en nuestras páginas que no cree que ETA «cierre la persiana sin nada a cambio».

Errónea propuesta de Ordóñez

Las cajas deben cambiar aún más

LA NECESARIA recapitalización de las cajas de ahorros obliga a la Administración a ser inflexible. Si es necesario tomar nuevas medidas para lograr el saneamiento del sector, habrá que hacerlo, aunque lo cierto es que sólo hace seis meses que se reformó la ley con un pacto entre los dos grandes partidos. A estas alturas nadie duda de que hay que impulsar una concentración de las entidades y al mismo tiempo lograr su despolitización, lo que permitirá profesionalizarlas y que operen como bancos, que es lo que exigen los mercados para capitalizarlas. Ahora bien, esta maniobra no debe en ningún caso servir de pretexto al Banco de España para colocar, como ahora pretende su gobernador, Fernández Ordóñez, peones políticos en las entidades resultantes, como sucedió en las fusiones bancarias de los años 90.