EDITORIALES: El trasfondo de lo ocurrido en Murcia

El trasfondo de lo ocurrido en Murcia

EL RECURSO a la violencia debería estar erradicado de una sociedad democrática y tolerante como la española, donde existen la libertad y los cauces legales suficientes para dirimir los conflictos sin apelar a la fuerza o la coacción. No es esto lo que ha sucedido en Murcia en las últimas semanas, en las que la legítima -y en cierto modo ejemplar- decisión del Gobierno regional de proceder a una serie de medidas de austeridad respecto a los funcionarios ha sido acogida con una escalada de contestación y de violencia.

Esa escalada culminó el pasado sábado con la brutal agresión a Pedro Alberto Cruz, consejero de Cultura, que fue golpeado con un puño de acero a las puertas de su domicilio. Ayer la Policía detuvo a un ultra de extrema izquierda, al que se le acusa de ser el autor material de la agresión contra Cruz.

Todo empezó el pasado 22 de diciembre con una manifestación contra el Gobierno de Murcia que acabó en un intento de agresión a un senador del PP y el secretario del Consejo de Presidencia. Ese día comenzó una espiral de protestas ante la sede del Ejecutivo y de la Asamblea, que fueron acompañadas de actos de intimidación, amenazas e insultos contra los consejeros y sus familiares, y en los que intervinieron cargos socialistas y líderes sindicales.

Lo primero que hay que reprochar es la tardanza en reaccionar del delegado del Gobierno en Murcia, Rafael González Tovar, que calificó de «incidente mínimo» ese intento de agresión y mantuvo una actitud pasiva hasta que Pedro Alberto Cruz fue brutalmente agredido hace cuatro días. Debería dimitir por esa incapacidad para cortar la escalada de violencia.

Pero como ya dijimos en el caso de atentado de la congresista de Arizona, los únicos responsables de la agresión contra el consejero son los autores materiales: el ultra de izquierdas detenido ayer y sus cómplices. No cabe señalar al PSOE -ni a ninguna otra organización política o sindical- como instigador directo del ataque concreto contra Pedro Alberto Cruz, aunque sí contribuyó al clima que propició dicha agresión.

Se impone una reflexión sobre la génesis de estos actos violentos, que son todavía una excepción en la sociedad española pero que podrían empezar a proliferar si las fuerzas políticas no hacen un esfuerzo para erradicar esas actitudes de agresividad e intolerancia.

No es exagerado decir que la sociedad española está perdiendo los valores de centralidad y moderación que caracterizaron la Transición, mientras pequeños sectores de extrema izquierda y de extrema derecha van ganando adeptos en el contexto de una crisis económica que ha dejado indefensas a millones de personas. Ello es especialmente perceptible en el seno de la izquierda, donde el desmoronamiento de la socialdemocracia ha favorecido el rebrote de un sector radical y antisistema que no desdeña el uso de la violencia. Pero también en la derecha parece renacer un sector fanatizado, muy en línea con el autoritarismo del franquismo.

Lo cierto es que estamos asistiendo en nuestro país a un deterioro de la credibilidad de los dos grandes partidos, cuyos mensajes son acogidos con escepticismo mientras afloran peligrosas tendencias centrífugas. Éste es el caldo de cultivo de esas actitudes violentas, xenófobas y fanáticas.

El antídoto contra esta enfermedad pasa, en primer lugar, por una tolerancia cero de los partidos no ya sólo ante los actos de violencia sino, sobre todo, contra la creación de situaciones de confrontación extrema y de denigración del adversario hasta transformarlo en enemigo. Esto no puede tener cabida en la política y debería conllevar un compromiso del PSOE y del PP de no estimular dinámicas de acoso que luego acaban en estallidos incontrolados de odio y venganza.

Ni Cornide, ni Rollán, ni Griñán, ni Chaves dimiten

El PSOE sigue sin asumir sus responsabilidades

EL PSOE, que se ha mostrado implacable en el caso Gürtel, se niega ahora a asumir responsabilidades en tres casos en los que hay fallos judiciales adversos, serios indicios de corrupción o ambos elementos. El primero -y probablemente más claro- es la negativa de Trinidad Rollán a dejar su cargo en el PSM tras haber sido condenada por prevaricación cuando era alcaldesa de Torrejón. Alega que no ha habido corrupción, lo cual es discutible, pero sí ha habido una conducta que ha perjudicado los intereses del municipio que regentaba. El segundo es el de Xoán Cornide, gerente del PSOE, que se comprometió por escrito a favorecer a una constructora que luego ha obtenido un fuerte incremento de su contratación pública. Su conducta le obliga a dimitir. Y, por último, José Antonio Griñán y Manuel Chaves. Al primero, el TSJ de Andalucía le ha recriminado su comportamiento «arbitrario e injustificado» al no investigar la subvención de Chaves a Matsa, la empresa en la que trabajaba su hija. El vicepresidente tampoco puede mirar para otro lado, pues el Tribunal pide que se le abra un expediente sancionador.

Exigua caída de precios durante la crisis

La vivienda continúa sobrevalorada en España

EL MINISTERIO de Fomento informó ayer de que el precio medio de la vivienda cayó un 3,5% en 2010 y acumula ya tres años de caídas: desde marzo de 2008, momento más alto del mercado inmobiliario, los pisos han perdido un 13,5% de su valor. Este dato es la mejor demostración de que la burbuja inmobiliaria no ha acabado de explotar en España. Según Fomento, el precio medio de la vivienda libre pasó de 893 euros por metro cuadrado al finalizar 2000 a 2.101 euros en marzo de 2008, lo que supone una revalorización del 135%. Una exigua caída del 13,5% desde niveles tan altos y en plena crisis indica que la vivienda sigue sobrevalorada en España. Esto significa que los propietarios -particulares, empresas y bancos- se resisten a vender para no perder plusvalías y, en el caso de la banca, para no tener que provisionar pérdidas. Por eso no se reactiva un mercado clave para iniciar la recuperación.

El Supremo le condena por conducir ebrio

Uriarte no debe seguir al frente de NNGG

LA SENTENCIA del Supremo que condena a Nacho Uriarte a una multa de 2.400 euros y a la retirada del carné de conducir durante ocho meses por superar la tasa de alcohol permitida y protagonizar un accidente debería tener consecuencias políticas. Uriarte no puede seguir al frente de Nuevas Generaciones del PP un día más. No es de recibo que quien está llamado a dar ejemplo en una organización juvenil se mantenga al frente de la misma después de haber cometido un delito con incidencia en la seguridad del tráfico, como consecuencia de haberse excedido en el consumo de alcohol, precisamente en una sociedad que insiste en alertar a los adolescentes del peligro de beber. Pero al mismo tiempo, este episodio debería plantear el debate de hasta qué punto un representante público puede seguir ejerciendo su función tras haber sido condenado en firme por la Justicia y los partidos tendrían que establecer una norma clara a seguir cuando ello sucediera. La lógica indica que un diputado no debería poder saltarse las leyes que vota en el Parlamento. En países como EEUU tendría que renunciar a su acta.
El Mundo en dos minutos
El arte de nunca asumir responsabilidades