CAMPS RECLAMA AL FISCAL DEL GOBIERNO SOCIALISTA QUE DEJE DE SER SECTARIO Y ACTÚE RECTAMENTE

MARISOL HERNÁNDEZ / Valencia

El juez decidirá antes de las elecciones sentar a Camps en el banquillo

El líder valenciano pide que se le aplique «la doctrina Bono o la doctrina Chaves»

La posición que Mariano Rajoy y su equipo más próximo mantienen hacia Camps de respaldarle en público y de dudar en privado tendrá, en breve, una nueva piedra de toque. El instructor del caso de los trajes hará pública antes de las elecciones autonómicas del 22 de mayo su propuesta de sentar al presidente valenciano en el banquillo.

En una providencia dictada el pasado martes, el juez José Flors ha pedido a la Fiscalía y a la acusación popular, representada por los socialistas valencianos, que se pronuncien sobre «la apertura de juicio oral». Practicadas «todas las diligencias pertinentes», y en cumplimiento de la Ley del Jurado, el magistrado ha dado cinco días de plazo a las acusaciones. Una vez transcurrido este tiempo, realizará la misma petición a las defensas de los cuatro imputados -Camps, Víctor Campos, Ricardo Costa y Rafael Betoret-.

En una benevolente lectura de la flexibilidad de los plazos judiciales, el calendario que se maneja en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana sitúa aproximadamente en un mes la celebración de la audiencia preliminar. Pasado ese trámite, Flors dispondrá de tres días para resolver si archiva la causa o abre juicio contra Camps; el ex secretario general del PP Ricardo Costa; el ex vicepresidente Víctor Campos, y el ex jefe de gabinete de Turismo, Rafael Betoret, por presunto delito de cohecho impropio ligado a los «regalos» de la trama Gürtel.

La dirección del PP ha fijado finales de marzo como el momento en que, tras la convocatoria oficial de las elecciones, proclamará a los candidatos de las regiones donde gobierna. El escenario judicial que se vislumbra permitirá a Génova disponer de todos los elementos de juicio necesarios para determinar si Camps continúa o no como candidato. Los intentos del presidente valenciano por dilatar la causa no han fructificado finalmente. Sus constantes peticiones, aunque legítimas, han provocado que la posibilidad de sentarse en el banquillo se vaya a conocer sólo unas semanas antes de la fecha límite para su nominación.

Los antecedentes del caso no son favorables al líder valenciano. El juez ya resolvió una vez -el 6 de julio de 2009- que los hechos de los que se acusa a Camps, Campos, Costa y Betoret son constitutivos de un presunto delito de cohecho impropio. Según su investigación, que fue después archivada por la Sala, los imputados recibieron regalos -trajes- de Gürtel. El Supremo ratificó el 12 de mayo de 2010 que la instrucción debía continuar al vincular los indicios con el citado delito.

Sin embargo, el president insistió ayer en que «todas las pruebas, tanto testificales como documentales, han venido machaconamente dándome la razón». Camps reclamó a la Fiscalía que, en aplicación de la «doctrina Bono» o la «doctrina Chaves», pida el archivo en su escrito de conclusiones provisionales. Y se mostró «convencido», como licenciado en Derecho, miembro del Colegio de Abogados de Valencia y «ciudadano de un Estado de Derecho», de que la Fiscalía «de por una vez por todas, tiene la gran oportunidad de demostrarnos que va a aplicar la misma vara de medir, independientemente de si se es militante del PP o del PSOE». Camps vinculaba, de este modo, su situación con la del presidente del Congreso, José Bono, acusado de un presunto cohecho que la Fiscalía nunca llegó a investigar, al considerar que las dádivas procedían de un amigo y no estaban ligadas a su cargo. Y también a la de Chaves, por el caso Matsa, quien, en su etapa de presidente de la Junta de Andalucía, concedió una subvención de casi 10,1 millones a la empresa donde trabaja su hija.

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>Vea hoy en Orbyt el análisis de Marisol Hernández sobre la situación judicial de Camps.

El magistrado José Flors ha concluido la instrucción del caso de los trajes y, en pocas semanas, dictará el auto que marcará el futuro judicial del presidente valenciano, Francisco Camps; de Ricardo Costa y de otros dos ex altos cargos. Fuentes jurídicas y políticas dan por hecho que el instructor no variará su intención de sentarlos en el banquillo por presunto cohecho impropio. Camps pidió ayer a la Fiscalía que solicite el archivo como hizo con José Bono y Manuel Chaves. Sigue en página 6