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EDITORIALES: Un acuerdo suicida para PSC y PSOE (y mortal para España)

Un acuerdo suicida para PSC y PSOE

EL SUCESOR de Pujol, Artur Mas, fue investido ayer presidente de la Generalitat gracias a la abstención del PSC. Así pues, el Gobierno de CiU iniciará su andadura bajo el signo de la llamada sociovergencia, que parece consistir en que los socialistas catalanes asuman sin rechistar los postulados nacionalistas, tanto cuando gobiernan -en los últimos siete años de tripartito- como cuando están en la oposición. El despeñadero político por el que se está deslizando el PSC resulta incomprensible, habida cuenta de que acaba de perder la mitad de su electorado precisamente por no ser capaz de poner en marcha desde la Generalitat una alternativa al nacionalismo imperante.

El acuerdo logrado entre

CiU y PSC -una vez que Artur Mas renunció a buscar los votos del PP para su investidura- compromete a ambos a pactar en lo que llaman «temas de país», de los cuales el más importante en este momento es rebelarse contra el Tribunal Supremo incumpliendo las sentencias que obligan a la Generalitat a garantizar la enseñanza en castellano como lengua vehicular. El nuevo presidente catalán ya advirtió durante su debate de investidura que la doctrina del Supremo no le incumbe porque pocas familias solicitan la escolarización de sus hijos en castellano, ya que es la enseñanza en catalán lo que «los integra en un país que tiene una lengua desde hace 800 años». El catalán integra, el español margina. Ese es el mensaje del nacionalismo, que parafraseando al flamante Nobel Mario Vargas Llosa en su discurso ante la Academia sueca, es «una plaga incurable del mundo moderno».

Una plaga que en el caso de Cataluña resulta especialmente asfixiante porque el partido mayoritario de la oposición es el que apuntala y legitima las tesis nacionalistas de marginación del castellano, la vulneración de la legalidad y la desobediencia ya anunciada al Supremo. Por increíble que pueda parecer, Montilla -que ya pagó cara en las urnas su rebelión contra el Constitucional- sigue al frente del PSC tomando las decisiones. Habrá pocos ejemplos en el mundo democrático de un líder que coseche los peores resultados de la historia de su partido y no se vaya a su casa después del recuento de la última papeleta. Es lo que hizo Almunia tras las generales de 2000 y ni siquiera el descalabro fue tan grande como el que ha sufrido el PSC. La pulsión suicida de esta formación resulta inaudita. De seguir por ese camino, acabará convirtiéndose en una formación irrelevante, ya que el papel de la oposición en Cataluña lo asumirá el PP.

Del mismo modo, resulta incomprensible, a la par que escandaloso, el respaldo que desde el Gobierno socialista se ha dado al «acuerdo de país» con CiU. El vicepresidente Rubalcaba defendió ayer, incluso con entusiasmo, un pacto cuya primera finalidad es desobedecer al Supremo. Parece increíble que el portavoz del Gobierno eluda una respuesta política a la doctrina del tribunal alegando que no se ha leído la sentencia. He ahí el cinismo del Rubalcaba de siempre. Es evidente que el entendimiento sociovergente le puede facilitar la vida -política- a Zapatero en el Congreso, aunque no debería fiarse mucho después de lo que le pasó con la ley Sinde. Lo que está fuera de toda duda es que el pacto con CiU será letal para el PSOE en el resto de las comunidades e incluso en ayuntamientos catalanes importantes, como los de Barcelona y su cinturón. Todos los candidatos socialistas -ya lastrados por la caída en picado de Zapatero- irán a las elecciones de mayo con la rémora que el PSC ha colocado sobre sus cabezas, con la aquiescencia del Gobierno, que, como los náufragos, sólo parece pensar en su propia supervivencia.

Excarcelados cientos de pre

Tras la subida de la luz, se grava con nuevas tasas a las compañías

Ciudadanos y eléctricas, víctimas de las chapuzas energéticas del Gobierno

A SÓLO unos días de que el coste de la luz suba un 10% en la mayoría de hogares, el Gobierno ha decidido aplicar a las eléctricas un plan de evidente afán recaudatorio con el que pretende ahorrar 4.600 millones en tres años de los bolsillos de los españoles. El incremento del recibo había sido autorizado por el Ejecutivo para cumplir su compromiso de ajustar el precio de la luz al coste real de fabricación de electricidad. Todo apunta a que Industria ha visto la ocasión de pasar el cepillo a las eléctricas aprovechando que acaba de darles un respiro en el déficit tarifario. Por ello, el Ejecutivo aprobó ayer imponer una tasa a la generación de electricidad y reducir las ayudas a las energías renovables, un sistema de producción hipersubvencionado que ha dado lugar a sonados pelotazos. Aunque hay elementos que podrían justificar ambas decisiones, resulta muy polémico en cambio obligar a las compañías a costear parte de los planes de eficiencia energética, como la renovación de electrodomésticos, el cambio de bombillas o la construcción de edificios sostenibles. La medida es intervencionista, pero no es menos cierto que el mercado de la electricidad sigue siendo cautivo y que el ciudadano no tiene facilidad real de elegir suministrador, lo que hace que las eléctricas tengan poca fuerza moral para protestar. En último término, ciudadanos y eléctricas han salido perjudicados, víctimas de una política basada en vetar energías baratas, como la nuclear, y potenciar las caras, como la fotovoltaica.

sos

Los números, contra Caamaño

MINUTOS después de que el ministro de Justicia asegurara que la aplicación del nuevo Código Penal apenas rebajaría las condenas a «200 y pico» traficantes, Instituciones Penitenciarias informaba de que tenía 408 resoluciones judiciales ordenando la inmediata puesta en libertad de otros tantos presos. Y eso a las 12 del mediodía. Es seguro que a lo largo de la jornada se recibieron más órdenes de excarcelación y que éstas crecerán en los próximos días. Además, hay miles de condenados por traficar con drogas duras que se verán beneficiados por la rebaja, aunque eso no signifique su salida a la calle ahora. Para tratar de justificar el cambio legal, Caamaño recurrió a la demagogia y a un ejemplo -el de una madre que se ve obligada a pasarle droga a su hijo- irreal. La pobreza del argumento refuerza a quienes sostienen que su reforma es un error

Acuerdo en pleno estado de alarma

El esperpento de los controladores

CUANDO se cumplen ya 21 días en estado de alarma, pese a que los militares siguen mandando en las torres de los aeropuertos y aun cuando los controladores acaban de atacar a Aena con una veintena de denuncias por «comprometer la seguridad» aérea, los representantes de estos trabajadores y la Administración han cerrado un acuerdo para la negociación del convenio colectivo. La satisfacción por que el conflicto pueda encauzarse no puede ocultar la sensación de juego entre el ratón y el gato que están representando ambas partes, particularmente molesta por cuanto tales escaramuzas han perjudicado a miles de ciudadanos y han creado una situación de excepcionalidad constitucional. En las actuales circunstancias, acordar que un árbitro dirima sus diferencias suena a pitorreo.

El Mundo en dos minutos
Montilla siempre se empeora a sí mismo

PSC y CIU SE ASOCIAN PARA DELINQUIR CONTRA ESPAÑA

DANIEL G. SASTRE / Barcelona

Mas 'president', Cataluña 'sociovergente'

El resto de partidos recelan sobre la duración del pacto de investidura entre PSC y CiU

Artur Mas se convirtió ayer poco después de las 13.00 horas en el 129 presidente de la Generalitat. El acuerdo que habían alcanzado un día antes CiU y el PSC le alcanzó al candidato nacionalista, que sustituirá a José Montilla al frente del Ejecutivo catalán tras obtener el apoyo de sus 62 diputados y la abstención de los 28 socialistas.

La maniobra de los socialistas provocó que el resto de grupos de la Cámara votaran en contra de su investidura -PP y ERC también estaban muy cerca de abstenerse antes de ese acuerdo- y proclamaran que había empezado la era de la sociovergencia.

Y ello a pesar de que tanto socialistas como convergentes negaron en innumerables ocasiones que el pacto de investidura vaya a alargarse durante toda la legislatura. «No es un acuerdo de gobernabilidad, ni tampoco garantiza estabilidad parlamentaria», dijo primero Mas. «Facilitamos la investidura por responsabilidad política, pero no hay ningún tipo de pacto: nosotros seremos oposición. Nos mueve el interés del país», insistió Joaquim Nadal, jefe de filas del PSC en el Parlament tras la renuncia de Montilla.

Pero esos argumentos no convencieron a casi nadie. Seguramente porque Mas y los suyos adornaron todos los pasajes del debate con elogios poco disimulados a los socialistas y al president saliente. Como el «agradecimiento especial» que Mas dedicó al grupo parlamentario del PSC por haber facilitado un «acuerdo lógico entres las dos formaciones más potentes».

El pacto suscrito fue rubricado con solemnidad poco antes del inicio de la sesión parlamentaria. Mas y Nadal encabezaron las delegaciones de sus partidos en la firma de los 18 «compromisos de país», que incluyen, entre otras cosas, la forma de encarar la lucha contra la crisis -como incrementar el papel del Instituto Catalán de Finanzas para mejorar el crédito a empresas y autónomos-, mantener las plantillas de médicos, profesores y mossos, la creación de una Ley Electoral de Cataluña -que se resiste desde 1980- o «preservar el modelo educativo catalán y el modelo lingüístico de la escuela», algo que pasa por defender la inmersión ante las últimas sentencias del Tribunal Supremo que exigen que el castellano sea también lengua vehicular.

Ambos partidos pactaron, en definitiva, que esos «grandes temas» se decidirán siempre con consenso de socialistas y nacionalistas.

CiU tuvo abierta hasta el final la vía del PP, cuya abstención también le bastaba para que Mas se proclamara president. Pero la foto con los populares incomodaba tanto a los nacionalistas que el PSC siempre fue la alternativa principal. El PP vio frustrado su deseo de intervenir con más notoriedad en la política catalana, pero en el partido se mostraban ayer bastante satisfechos con la votación final, que, entienden, les sitúa como «principal fuerza de la oposición» en el Parlament.

En la tribuna, la presidenta del PP catalán, Alicia Sánchez-Camacho, también criticó que CiU se apoye en el PSC para la investidura, e interpretó que el acuerdo va más allá: «¿Cómo va a gobernar con el apoyo del principal partido que gobernaba hasta ahora y que ha dejado el país como está?».

El líder de ERC, Joan Puigcercós, le afeó al presidente de la Generalitat electo que rechazara a última hora su oferta de pacto de investidura. Con el agravante de que, según él, CiU no quiso rubricar una defensa del concierto económico, la propuesta estrella de la campaña electoral de Mas.

Aunque el nuevo presidente también tuvo que defenderse de los ataques en ese sentido del líder de ICV, Joan Herrera, el más claro a la hora de subrayar la connivencia entre CiU y el PSC que se abre tras la investidura de ayer fue el presidente de Ciutadans, Albert Rivera. «Habemus sociovergencia», clamó. «Lo pueden vestir como quieran pero esto es la sociovergencia. Un pacto de silencio», añadió, tras lamentar el regreso del «oasis catalán».

Después de que la presidenta de la Cámara, Núria de Gispert, recontara los votos y proclamara president a Mas, el líder de CiU volvió a dirigirse a la Cámara y, una vez, más, tuvo un gesto amable con Montilla, un convidado de piedra durante las tres jornadas parlamentarias.

Tras reiterar que llega como «servidor, y no como salvador» de Cataluña, Mas saludó a Montilla en primer lugar antes de lanzarse a la turba que pugnaba por abrazarle, sus hijos y su esposa entre ellos. También Jordi Pujol y Duran Lleida, que siguieron todo el debate desde la tribuna de invitados. De Gispert informará hoy al rey Juan Carlos de la decisión del Parlament y Mas tomará posesión del cargo el lunes.

MARISA CRUZ / Madrid

Rubalcaba apoya el pacto que supone desobedecer al Supremo

Dice que el acuerdo CiU-PSC para la investidura de Mas ayuda a Zapatero / Alega no haber leído la sentencia que obliga a que el español sea vehicular

El Ejecutivo evita por ahora pronunciarse en relación con las sentencias del Supremo, pese a que las mismas advierten con claridad que, en relación con el castellano, en Cataluña se da una «exclusión que pervierte» la Constitución y, en consecuencia, obliga a que el español y el catalán tengan la misma presencia en las aulas y, por tanto, a que el primero sea considerado también lengua vehicular.

El 'no sabemos todavía' del Gobierno, que se escuda en que no ha sido parte del proceso y en no haber podido aún estudiar los argumentos y el fallo del Tribunal Supremo, no le impide sin embargo congratularse del pacto alcanzado por CiU y PSC aun cuando uno de los puntos esenciales del mismo sea mantener por encima de todo el modelo educativo catalán y la inmersión lingüística, planteando así un desafío frontal al Supremo.

De hecho, por la noche en CNN+, el vicepresidente primero, Alfredo Pérez Rubalcaba, aseguró que las sentencias del Supremo «no alteran ni ponen en cuestión ninguna de las leyes básicas que rigen la educación catalana».

Rubalcaba fue el encargado ayer de felicitar institucionalmente al nuevo president y, de paso, valorar como un «ejercicio de responsabilidad» la decisión de los socialistas catalanes de facilitar la investidura de Artur Mas absteniéndose en la votación.

Rubalcaba cree incluso que la investidura del líder de CiU, gracias al pacto logrado entre esta formación y el PSC, «facilitará» las relaciones con los nacionalistas catalanes en el Parlamento nacional. El Ejecutivo central, tal y como ha recordado el vicepresidente primero, ya tenía un cauce de relación con CiU que ha dado como fruto «éxitos diversos», y este canal ahora se verá mejorado.

No obstante, también ha precisado que el ámbito del acuerdo suscrito entre los dos partidos catalanes -PSC y CiU- que incluye el compromiso de ambos de consensuar cualquier nueva reforma estatutaria que se plantee, así como acordar todos los grandes temas a los que se enfrente el Ejecutivo de Mas, se circunscribe al Parlamento de Cataluña que es donde, en su caso, se darán las «contrapartidas y acuerdos» correspondientes.

De esta manera, Rubalcaba se guardaba bien de abrir la puerta a reclamaciones de los convergentes ante el Gobierno central en pago al acuerdo que han firmado con José Montilla, el gran perdedor de las elecciones, y al que se comprometen a hacer sitio, en su calidad de oposición, en los mecanismos bilaterales de negociación entre la Generalitat y el Gobierno central.

Según la lectura del número dos del Gobierno, el PSC ha hecho un ejercicio de «oposición responsable» que, puntualizó, «dados los tiempos que corren y lo que se vive a diario en el Parlamento español se agradece extraordinariamente». De esta manera, el vicepresidente primero aprovechaba para lanzar, sin más argumentos, un dardo al PP.

Es más, Rubalcaba se mostró convencido de que también los ciudadanos catalanes agradecerán que haya un partido dispuesto a «echar una mano en los grandes temas que afectan a Cataluña».

El Gobierno ha optado por no perder ni un minuto en dar una calurosa bienvenida a Artur Mas como nuevo presidente de la Generalitat y felicitarse por el hecho de que su investidura haya sido posible gracias a la abstención del PSC que, previamente, firmó un pacto con CiU interpretado por muchos como el inicio de la sociovergencia.

El pacto es la clave que todo lo explica y el Gobierno, por boca de su vicepresidente, aseguró estar satisfecho con el mismo aunque sobre él pesa, como una espada de Damocles, las sentencias del Supremo, que consideran incompatible con la Constitución uno de sus puntos esenciales: el mantenimiento por encima de todo del modelo de inmersión lingüística en la enseñanza catalana. Rubalcaba sorteó ayer este obstáculo asegurando no haber leído aún la sentencia.Sigue en página 5

Editorial en página SANTIAGO GONZÁLEZ

Una navajita multiusos

Así, a ojo, podría parecer un poco extraño que el indómito carácter de los socialistas catalanes frente a Madrit, se haya resuelto en este comportamiento tan pastueño ante el amo de la finca con el que han firmado el acuerdo de los 18 puntos, es de suponer que ante notario. Recuerden las jeremiadas de Maragall: «El drama está servido», «aquest Govern, a vegades se sent com una dona maltractada» y otras del mismo registro. El primer acto de una nueva época es el apoyo tácito del PSC a la investidura de Artur Mas: no será para echar cohetes, pero nosotros no teníamos un candidato mejor.

Siete años de hacer el ridículo para esto, si bien hay que destacar un último gesto elegante de Montilla, que ha demostrado saber irse con buenas maneras y una cierta sobriedad muy de agradecer. Se va apoyando la investidura de Mas, lo cual constituye un gesto de generosidad notable. ¿Puede un saliente convertirse en soporte para el entrante?¿no supondrá esto una cesión de los derechos de primogenitura a favor de Alicia Sánchez-Camacho? Puede haber una interpretación más simple. Tanto ha insistido el socialismo realmente existente en que la principal tarea de la oposición es arrimar el hombro, que en un gesto de íntima coherencia se han puesto a predicar con el ejemplo.

Esto no ha hecho más que empezar. Para mayo, al socialismo catalán le espera otra prueba difícil, como es la probable pérdida de las alcaldías en las capitales catalanas. No debe descartarse la posibilidad de que, llegado el caso de que el candidato de CiU le supere en votos, Hereu se nos amontille y apoye a Trias para alcalde de Barcelona.

Tal vez en esta hora crepuscular del zapaterismo se haya vuelto al clasicismo: reclamaciones retóricas que se resuelven mediante un poco de dinero. Todas las gestas nacionalistas tienden a resolverse en melancólica astracanada. El pacto CiU-PSC es una apuesta por los objetivos nacionalistas que suscribía el socialismo catalán: el Estatut, el abierto desacato a las sentencias del Supremo y la perseverancia en la inmersión lingüística. La manifestación que encabezó Montilla contra el fallo del Constitucional, de la que tuvo que salir escoltado, era una parábola anticipatoria.

De momento, el socialismo es la clave de la victoria de Mas, pese a lo que dijera Joaquim Nadal. CiU tenía el problema de indefinición que se le planteaba al burro de Buridan, animal emblemático de Cataluña: la indefinición. Si se acercaba al independentismo, perdía a sus votantes conservadores; si optaba por el acuerdo con el PP, perdía votos nacionalistas. El apoyo del PSC en cambio, es un bálsamo de Fierabrás, una navajita multiusos que le ha permitido investirse sin perder apoyos. Los socialistas le han puesto bajo el hocico la brazada de heno y el pozal de agua.

En cierto modo es un adiós del socialismo catalán, a punto para su refundación, un mutis a lo Don Mendo: «Fuera ocioso./ Ved cómo muere un león/ cansado de hacer el oso».

Madrid

La Ley de Consultas, al TC

El pasado marzo, la Generalitat aprobó el proyecto de ley que convirtió a Cataluña en la primera comunidad que impulsa una norma que le permite solicitar al Gobierno la convocatoria de referendos sobre «cuestiones de especial trascendencia política».

El Ejecutivo recalca que es el Estado el que tiene competencia exclusiva en la regulación y convocatoria de referendos y que la competencia autonómica sólo cabe sobre las consultas populares. La ley catalana, según el Ejecutivo, equipara la consulta popular al referéndum y considera que el único limite a su potestad para la regulación de estas consultas en el ámbito de Cataluña es la necesaria autorización del Estado.

El Consejo de Ministros acordó ayer recurrir al Tribunal Constitucional (TC) la Ley de Consultas Populares de Cataluña, por vulnerar las competencias exclusivas del Estado sobre la regulación y convocatoria de referendos.

LEONOR MAYOR / Barcelona

Mas afirma que «casi nadie pide clase en castellano»

Camacho le exige que «no blinde un modelo de exclusión» y Rivera le sugiere que no desarrolle otras leyes como la del cine

«La opción de elegir la enseñanza en castellano existe desde hace tiempo en Cataluña, pero no la usa casi nadie, porque los padres castellanohablantes saben que el modelo de inmersión lingüística en catalán es una herramienta para integrar a sus hijos». Así analizaba Artur Mas, poco antes de convertirse en el nuevo presidente de la Generalitat, el contenido de las sentencias del Tribunal Supremo sobre la situación lingüística en las escuelas catalanas, un asunto que ocupó buena parte de las intervenciones de los jefes de los grupos parlamentarios durante la sesión de investidura.

Las tres sentencias, que dictaminan que catalán y castellano deben tener una presencia «equilibrada» en las aulas de Cataluña, porque ambos idiomas son «vehiculares» en la enseñanza, se hicieron públicas el miércoles. La sesión de investidura estaba señalada para ayer, por lo que el debate lingüístico ganó un protagonismo que no estaba inicialmente previsto en el nombramiento de Mas como nuevo president.

Cuando se conoció el contenido de estos fallos, el grupo parlamentario de CiU se hallaba en pleno proceso de negociación con el PSC -y en menor medida con PP y Esquerra- para buscar un acuerdo que facilitase la investidura de Mas. Los nacionalistas están a seis escaños de la mayoría absoluta, por lo que necesitaban que algún otro grupo parlamentario se abstuviese en la votación de ayer a fin de que Mas pudiera ser elegido por minoría simple en esa segunda vuelta.

La irrupción de las sentencias obligó a que el pacto de investidura, que finalmente sellaron CiU y el PSC el miércoles por la noche, incluyera el «blindaje» del sistema escolar de inmersión lingüística. «Se preservará el modelo educativo catalán definido en el Pacto Nacional de Educación, la Ley de Educación de Cataluña y el modelo lingüístico de la escuela catalana», indica el pacto sociovergente, que permitió ayer a Mas salir del Parlament convertido en el 129 presidente de la Generalitat.

El modelo del que se habla en ese trato consiste en que todas las clases en Primaria se imparten en catalán, por ser ésta la lengua vehicular en las escuelas. Hay excepciones: tres horas semanales de idioma extranjero y dos de castellano.

Las sentencias dictadas por el Supremo -en aplicación de la doctrina generada por el Tribunal Constitucional a raíz de su propio fallo sobre el Estatut- rechaza el modelo blindado por CiU y el PSC, al ordenar que tanto el catalán como el castellano sean lenguas vehiculares en las escuelas y que la dirección de los centros se dirija a los padres en ambos idiomas y no sólo en catalán, como ocurre ahora.

Este blindaje no ha gustado a PP y Ciutadans, partidarios de que las famosas sentencias se apliquen, y así lo manifestaron ayer sus representantes, Alicia Sánchez-Camacho y Albert Rivera, respectivamente, durante la sesión de investidura. Por eso, Artur Mas se vio obligado a referirse al asunto y para justificar la inmersión utilizó diversos argumentos. Afirmó que el Supremo «no se ha cargado la inmersión», ya que «las sentencias tan sólo se refieren a unos casos muy concretos y particulares».

Según su tesis, lo que querían los padres que interpusieron los tres recursos era que sus hijos pudiesen estudiar en castellano. Más recordó que «eso ya se hace en Cataluña», puesto que cuando un padre lo solicita sus hijos pueden recibir ayuda individualizada en español.

También explicó que gracias a la inmersión lingüística se ha conseguido «integrar» a los hijos de los castellanohablantes en la sociedad catalana. Y agregó que, cuando acaban sus estudios, los alumnos de esta comunidad «conocen perfectamente ambos idiomas».

El flamante presidente de la Generalitat se comprometió a apostar por que estos jóvenes acaben sabiendo también inglés y recordó a Sánchez-Camacho que «el PP está en minoría en esta materia y, por tanto, debe adaptarse a la realidad».

No obstante, esta argumentación no convenció a la líder del PP, quien exigió a Mas que «no blinde un modelo de exclusión». «Queremos una escuela de calidad, por eso le pido responsabilidad frente al sistema democrático y a las leyes». «Cumpla la sentencia», exigió al líder de los nacionalistas.

Tampoco Albert Rivera sucumbió a las tesis de Mas. Apelando a la libertad de los padres, el presidente de Ciutadans reclamó una escuela trilingüe con un 40% de catalán, otro tanto de castellano y un 20% de inglés. Además, invitó al nuevo president a no desarrollar leyes como la del cine «porque les va a pasar lo mismo».

Mas contestó que este debate no puede sustentarse en la idea de libertad, «porque, si así fuera, la libertad debería operar en todas partes y eso implicaría que, por ejemplo, un diputado catalán pudiese hablar en su idioma en el Congreso, cosa que no sucede».

Madrid

Los jueces reclaman que se acate el fallo

Los jueces advirtieron ayer que el 'Govern' debe hacer cumplir las tres sentencias del Supremo por las que declara el derecho de los recurrentes a que el castellano se incluya como lengua vehicular en la enseñanza en Cataluña. El portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura, José Antonio Ballestero, advirtió al nuevo 'president', Artur Mas, que «el artículo 118 de la Constitución exige a todos no solamente acatar, sino respetar y cumplir las sentencias firmes de los tribunales». El portavoz de Jueces para la Democracia, Miguel Ángel Gimeno, remarcó que la Generalitat «no puede dejar de cumplir la sentencia porque no les beneficie».

Madrid

Los padres de alumnos, a favor

Las asociaciones de padres de alumnos a nivel nacional valoraron ayer positivamente las sentencias del Supremo. El presidente de la Confederación Católica de Padres de Familia y Padres de Alumnos (Concapa), Luis Carbonel, dijo a Efe que es una decisión «buena y justa» porque permite que el castellano también sea lengua vehicular. «Si en nuestro Estado hay dos lenguas oficiales en algunas comunidades, lo lógico es que exista la posibilidad de educar a los hijos en una o en otra lengua», señaló Pedro Rascón, presidente de la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (Ceapa).

SALVADOR SOSTRES

Mal comienzo

Artur Mas fue investido ayer presidente de la Generalitat y los que esperábamos que empezara a escribir un libro nuevo nos hemos tenido que conformar con un pasar de página que, aunque significativo, no deja de arrastrar la grave molestia de la complicidad del PSC. Yo soy de los que pienso que en el mundo hay buenos y malos; y que muy especialmente hay malos, dado que una bondad redonda y perfecta sólo está al alcance de Dios y en cambio ser una mala persona está al alcance de cualquier miserable, como tan bien se ha podido ver en Cataluña a lo largo de estos últimos siete años.

El pacto de ayer entre convergentes y socialistas finiquita el tripartito y esto es siempre una buena noticia, pero es profundamente angustiante que Artur Mas haya escogido de socio de referencia a un partido que es el máximo responsable de lo ocurrido en Cataluña mientras tal artefacto se ha mantenido en el poder.

Que después de tantos años Cataluña vuelva a tener un presidente decente y capaz, competente y debidamente alfabetizado ha de provocarle una inmensa satisfacción a cada catalán sensato, aunque sólo sea por la penosa comparación con lo que hasta ahora hemos tenido que soportar. Pero existen los malos y el PSC ha sido siempre contrario a los intereses de Cataluña. Ha sido un partido que cuando ha estado en la oposición ha hecho el ridículo y ha practicado una impresentable demagogia lerrouxista; y que, cuando ha mandado, ha mostrado de un modo descarnadamente pernicioso y cruel hasta qué punto su incompetencia y su zafiedad no tenían límites.

No es una buena noticia que un partido de estas funestas características, y con personajes tan siniestros como Joaquim Nadal, que después de tantos años de arrastrarse sin ningún tipo de dignidad parece el poltergeist de sí mismo, continúen tan peligrosamente cerca del poder en Cataluña. No es bueno para Artur Mas, porque transmite continuidad con el gobierno anterior; no es bueno para los catalanes porque siempre que los socialistas han decidido algo el desastre ha sido lo que nos ha caído encima; y no es bueno para Cataluña porque pervierte la democracia y la seriedad de las instituciones que quienes han sido tan severamente castigados por los votantes permanezcan en los ámbitos de poder en lugar de ser fulminantemente marginados.

No soy de los que cree que Artur Mas necesitaba los años de oposición para forjarse ni para crecer interiormente, porque siempre fue mucho mejor candidato que Maragall y ya no digamos que Montilla. Pero sí espero que tanta espera le haya servido para aprender a administrar con un cinismo extremo las relaciones con el PSC, y que lo de ayer fuera sólo una estrategia puntual y que a cambio de baratijas se asegurara pieles para todo el invierno, y que en el futuro tenga aliados de más talla moral y política porque sólo así podrá tomar medidas de altura moral y política, esta altura tan demostradamente incompatible con los socialistas.

Mas es ya el nuevo presidente de Cataluña, y con el mismo énfasis que he perseguido este propósito juzgaré su labor en tanto que entre personas inteligentes la medida de honor y de respeto es la medida de la exigencia, la alta esperanza que ponemos en ellos.

PARTIDOS: Rajoy visita un comedor social/ 250 cargos reclaman a Cascos

MARISA CRUZ / Madrid

Rubalcaba duda de la disposición al consenso de Rajoy para salir de la crisis

El vicepresidente opina que la mano tendida del líder del PP fue sólo un «gesto navideño»

Rubalcaba, el hombre fuerte del Gobierno, no se lo cree. El vicepresidente primero expresó ayer abiertamente su profunda desconfianza respecto a la actitud de mano tendida y disposición al pacto que mostró el líder del primer partido de la oposición, Mariano Rajoy, en su último debate parlamentario cara a cara con el presidente del Gobierno.

En dicho debate, celebrado el pasado miércoles, el líder del Partido Popular enhebró un discurso que, de principio a fin, apuntaba la necesidad de que los dos grandes partidos alcanzaran acuerdos de fondo para devolver a la economía española la credibilidad perdida y defender la moneda común europea frente a los ataques de la especulación.

Rajoy llegó a hablar de «contribuir a que las cosas se enderecen» y apostó por emular a los griegos de la antigüedad clásica que dejaban de lado sus «disputas sin fin» para competir lealmente en los juegos de Olimpia. Las palabras del líder del PP sonaron bien en los oídos del presidente del Gobierno. Zapatero lo reconoció y lo agradeció y se mostró dispuesto a aceptar la oferta de consenso.

Ayer, sin embargo, Rubalcaba jugó el papel contrario, el de abogado del diablo, advirtiendo de que muy probablemente la nueva actitud de Rajoy sea falsa.

El vicepresidente teme, en definitiva, que se trate simplemente de «un gesto navideño» y para interpretarlo de este modo se aferró a la última frase del líder del PP cuando hizo mención a las fechas de la Navidad y a la proximidad del fin de año.

«Ojalá sea más que un gesto navideño», señaló en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, cuando se le preguntó por el tono conciliador desplegado en el debate.

Rubalcaba hubo de admitir que el discurso del jefe de la oposición fue «muy diferente en tono y contenido» a lo habitual. Pese a ello insistió en que, por lo general, el Gobierno no ha contado con el respaldo del Partido Popular en esta legislatura. Para cargar de razón su argumento pidió al PP que «explique y razone» por qué otros grupos políticos han apoyado en ocasiones al Gobierno y él no lo ha hecho, como si nunca los populares hubieran votado conjuntamente con los socialistas.

Después, Rubalcaba se esforzó por evitar que, al menos en esta ocasión, el PP pase por ser el partido que propugna el pacto arrebatándole este mérito al Ejecutivo y a los socialistas.

«Es evidente», afirmó, «que Rajoy será bienvenido si está dispuesto a cambiar de actitud, a buscar consensos y a razonar y acordar reformas con el Gobierno». «Estaremos encantados»,aseguró no sin antes recordar que Zapatero, ha pedido «decenas de veces» en el Parlamento consenso para las grandes reformas.

En cualquier caso, y a la espera de que las dos grandes formaciones recuperen la actividad parlamentaria tras el periodo navideño, importantes asuntos que dependen de su acuerdo siguen pendientes y con pocas perspectivas de resolución.

Así por ejemplo se mantiene bloqueada la negociación para renovar a los magistrados del Constitucional que corresponden al Congreso. Igualmente sigue pendiente la llamada Ley Sinde, que el Gobierno tratará de aprobar el año próximo.

Rubalcaba se refirió por la noche, en CNN+, a la sucesión de Zapatero. Reiteró que él no es el miembro del PSOE que conoce la decisión tomda por el presidente, aunque aseguró que sería «complicado» si no repitiera en 2012, informa Europa Press. «Si decide repetir nadie le va a decir que no porque muchos estamos de acuerdo. Lo contrario sería un poco más complicado, casi la decisión que debería consultar sería la otra[la de no repetir]», dijo el vicepresidente.

EL REVÉS DE LA TRAMA

JUSTINO SINOVA

Libertad para la religión

Aunque me resisto a suscribir documentos colectivos -no me pregunten por qué, pues nos apartaríamos del asunto principal-, he firmado sin dudarlo el Manifiesto por la liber-tad religiosa en el mundo en cuanto me han invitado a hacerlo. Recuerdo que firmé hace unos años un escrito sobre un problema grave de libertad de expresión. Ahora acabo de rubricar el segundo. ¿Por qué lo he hecho? Porque ese documento reclama el respeto a una libertad esencial que está siendo vulnerada en muchos países y es necesario aunar esfuerzos para lograr que cada persona, sea de la religión que sea, pueda practicarla y exhibirla si es su deseo con plenitud y amparada por el respeto de todos.

El manifiesto es muy breve y claro, y se obtiene fácilmente en internet con Google o cualquier otro buscador. Arranca de la masacre causada por un atentado el 31 de octubre en una iglesia católica de Bagdad, en el que murieron 58 fieles, entre ellos tres sacerdotes. Por supuesto, el asesinato es la mayor agresión que puede ser perpetrada contra el ser humano, pero hay otros atentados a la libertad que no podemos desconocer y que el manifiesto apunta. Uno de los ataques más sutiles y más nocivos es la imposición del silencio sobre la religión y sobre el culto. Está muy extendido porque sorprendentemente tiene un aire de normalidad. Se trata de forzar a que la creencia y la práctica religiosas queden relegadas al ámbito privado. En España se ha oído muchas veces el sofisma de que las creencias religiosas no deben ilustrar los argumentos sobre cuestiones de la vida práctica. Es un modo de censura que limita la autonomía personal. La religión forma parte de la vida del creyente y omitirla a la fuerza en casos concretos equivale a una mutilación. Nada avala ni autoriza esa agresión; bien al contrario, la libertad religiosa faculta a una persona a ejercer la «libertad de manifestar su religión o su creencia», según sostiene la Declaración Universal de Derechos Humanos (art. 18), que añade que esa libertad podrá ejercerse «individual o colectivamente, tanto en público como en privado».

Algunos han interpretado erróneamente que el que nadie pueda ser obligado a declarar «sobre su ideología, religión o creencia», de acuerdo con nuestra Constitución (art. 18), equivale a excluir la religión del ámbito público. Nada que ver una cosa con otra. La ocultación de los signos de la religión, que es lo que buscan los intentos que estamos viendo de prohibir los belenes o retirar los crucifijos, es una agresión a la libertad de la persona.

Estos días, la iluminación que decora nuestras ciudades no muestra ni rastro de la Navidad salvo excepción insólita, pese a ser un acontecimiento religioso su justificación; podría servir sin una sola variación para anun-ciar ferias o carnavales. Esa usurpación de la identidad cristiana de la Navidad puede ser considerada como un detalle menor, una vez que nos hemos acostumbrado a traducir el Merry Christmas por unas simples Felices Fiestas acreditadamente correctas. Pero cada vez hay más gente dispuesta a hacer valer su libertad. Compruebe, por ejemplo, cómo la relación de firmas al documento va creciendo por minutos en internet.

LUIS ÁNGEL SANZ / Madrid

Más de 250 cargos del PP que apoyan a Cascos piden a Rajoy un congreso

Diputados nacionales y regionales y ediles denuncian un «escándalo democrático»

El presidente del PP recibió el martes en el Pleno del Congreso y de mano de uno de sus diputados una carta firmada por más de 250 cargos públicos y orgánicos del partido en Asturias que piden que se convoque un congreso regional para elegir al próximo candidato a la Presidencia del Principado. Según los firmantes, ésta es «la mejor salida estatutaria que permita el restablecimiento de la institucionalidad y la democracia interna».

Los impulsores y firmantes de la misiva esperan que así sea elegido como cabeza de cartel el ex vicepresidente del Gobierno y ex ministro Francisco Álvarez-Cascos. La carta fue entregada en mano a Rajoy por el parlamentario Isidro Fernández Rozada, que fue número dos del PP por Asturias. También le dio una copia a la vicesecretaria de Organización del PP, Ana Mato.

La dirección nacional no ha querido hasta ahora oír hablar de la celebración de un congreso que le suena a «lío» y que podría extenderse después a otras comunidades. Sin embargo, la misiva, muy dura, viene avalada por gran parte de los cargos públicos de la región. Entre otros, está firmada por el diputado que la entregó, la senadora Dorinda García, seis diputados de la Junta General de Asturias, 10 alcaldes de los 12 del PP que hay en Asturias, más de un centenar de concejales de 73 ayuntamientos, miembros del Comité Ejecutivo y la Junta Directiva del PP de Asturias... Una marea de firmas de peso que no quieren ser ignoradas otra vez por la dirección nacional del Partido Popular.

Como explicó el concejal del Ayuntamiento de Oviedo José Suárez Arias-Cachero, «somos una gran mayoría los militantes y los dirigentes del PP de Asturias que queremos que cambien las cosas ante el escándalo democrático que vivimos en la región».

Suárez fue incluso expulsado del Grupo Municipal Popular el pasado mes de septiembre solo por firmar una carta en EL MUNDO abogando por la candidatura de Álvarez-Cascos. Ahora, continúa en el PP, pero ni está en el equipo de Gobierno, ni siquiera en el Grupo Popular, como denuncia.

La carta entregada a Rajoy llama la atención sobre «una situación excepcional», según los que la conocen, porque los órganos de dirección del partido llevan meses sin reunirse, contra lo que dicen los Estatutos. Así, explican que el Comité Ejecutivo lleva nueve meses sin convocarse, la Junta Directiva no se ha reunido nunca desde su constitución y muchas juntas locales, como la de Oviedo, no se han reunido nunca esta legislatura.

Por eso recurren a la dirección nacional, porque al no convocarse los órganos regionales, tampoco pueden expresar allí sus peticiones para celebrar un congreso.

Además, los firmantes también consideran que el presidente del PP de Asturias, Ovidio Sánchez, se ha dejado sustituir por el alcalde de Oviedo, Gabino de Lorenzo, quien es el que parece que coordina la acción política.

También denuncian que Francisco Álvarez-Cascos ha sido insultado por miembros de la dirección regional y abogan por su candidatura como la única que puede hacer que el PP gobierne esta comunidad, tradicionalmente gobernada por los socialistas

Finalmente, piden a los órganos nacionales del PP que convoquen un congreso regional para que sea el partido el que elija al próximo candidato popular.

Hasta ahora, la dirección regional ha rechazado siempre esta convocatoria, aunque no ha desechado oficialmente la opción de Álvarez-Cascos como candidato.

De momento, ni el diputado Fernández Rozada, ni ninguno de los firmantes han tenido respuesta alguna de la dirección nacional del partido, situada en la calle Génova de Madrid.

Los dirigentes partidarios de Cascos defienden que el PP de Asturias está «absolutamente a favor» de la candidatura del ex ministro. Y que existe el convencimiento de que él puede ganar las elecciones autonómicas. No en vano, hace unos meses se recogieron 7.300 firmas a favor de Álvarez-Cascos, cuando los afiliados populares en Asturias son unos 12.000.

«Estamos convencidos», continuó Suárez, en conversación con este diario, «de que Álvarez-Cascos no solo tiene el apoyo de los afiliados, sino de que será el candidato y el próximo presidente del Principado».

L. Á. SANZ / Madrid

'Populares' y navideños

Rajoy visita un comedor social y felicita las fiestas a la americana

El equipo de comunicación de Mariano Rajoy quiere dar una imagen humana, cálida y agradable de su líder. Y más en las fiestas que comienzan. Por eso y como el turrón, ayer volvieron a casa por Navidad las imágenes más navideñas del presidente del PP dando de comer a los pobres en un comedor social y felicitando las fiestas en un vídeo que esta vez está inspirado en una serie norteamericana de los años 60 y 70, La tribu de los Brady.

No hay crisis, por terrible que sea, ni revuelta interna en Asturias que aparte al líder del PP de lo que ya ha hecho tradición. Por la mañana, volvió a acudir como voluntario por tercer año consecutivo al comedor social Santiago Masarnau, en Madrid, donde ayudó a preparar un cocido gallego y dio de comer a las personas que acudieron al mismo.

A la vez que Rajoy hacía su buena obra del año, desde la sede nacional del partido colgaron el vídeo navideño de 2010. En el mismo, el líder popular y los miembros de su Comité de Dirección se transfiguran en la familia Brady, la que protagonizó una serie norteamericana en tiempos de la Guerra Fría.

En ella, Mike (Rajoy), padre de tres hijos, se casaba con Carol (María Dolores de Cospedal), madre de tres hijas. Los ocho convivían felices y en armonía con la sirvienta. Los protagonistas son Rajoy, Cospedal, Jaime Mayor Oreja, Alberto Ruiz-Gallardón, Esteban González Pons, Soraya Sáenz de Santamaría, Ana Mato, Pío García-Escudero y Javier Arenas. Lo que no está claro es quién representa a la sirvienta.

El vídeo presenta un conjunto de cuadros yuxtapuestos ocupados cada uno por un dirigente del PP -como los que usaba la cortinilla de la serie- que giran, se colocan y descolocan al ritmo de una canción de Navidad. Ellos se miran, sonríen y parecen divertidos con su juego.

Cuando se han visto y sonreído, Rajoy suelta su felicitación: «En los momentos difíciles es cuando cobran valor las cosas importantes: cariño, solidaridad, afecto, unión y esperanza. Y eso es lo que os deseamos desde aquí, desde el PP en estas fechas». A continuación, con la mejor sonrisa que cada uno sabe poner, dicen al unísono: «¡Feliz Navidad!»

En el vídeo no hay rastro de Esperanza Aguirre, Alicia Sánchez-Camacho u otros dirigentes porque, como resaltaron fuentes del PP, no pertenecen al Comité de Dirección. Pero ni siquiera aparecen en otras imágenes del audiovisual en las que sí está, por ejemplo, Ana Botella.

La idea y la realización del vídeo ha corrido a cargo de González Pons. Sin embargo, la mayoría de los vídeos de Rajoy los dirige el coordinador de Presidencia del PP, Jorge Moragas. En uno de los últimos, Rajoy felicitaba las vacaciones de verano mientras se iba a Galicia. Estaba en coche y en carretera, pero apareció sin cinturón de seguridad.

TERRORISTAS DEL SINDICATO DEL GOBIERNO AGREDEN A LA OPOSICIÓN POR APLICAR LOS AJUSTES DICTADOS POR EL GOBIERNO SOCIALISTA

MARISA RECUERO / Madrid

Controladores y Aena llegan a un preacuerdo en estado de alarma

Se impuso el arbitraje y la sensatez, aunque con retraso y en pleno estado de alarma. Los controladores y Aena acordaron ayer recurrir a un árbitro que ponga fin al conflicto antes de que termine enero.Sigue en página 13

La Unión Sindical de Controladores Aéreos (Usca) y Aena se comprometieron a nombrar, antes de que concluya la prórroga del estado de alarma, fijada para el día 15 de enero -en concreto, tres días antes-, a una persona que actúe de árbitro en la negociación y dirima las discrepancias entre ambas partes.

En caso de no encontrar a ese árbitro, las negociaciones del convenio colectivo «se darán por finalizadas» ese día, según advirtió Aena en el comunicado, y será el Gobierno el que tome «otra decisión en materia de negociación colectiva» para resolver el conflicto antes de que termine el mes de enero, como apuntó el ministro de Fomento, José Blanco, el pasado 14 de diciembre en el Congreso.

Esto significa que el sindicato dispone de tres semanas para cerrar un acuerdo con la empresa sin la intermediación de un procedimiento arbitral. Si no hay acuerdo antes del 12 de enero, el Gobierno impondrá un laudo. No obstante, el objetivo de ambas partes es designar «de común acuerdo» al árbitro que resolverá el procedimiento.

En apenas cuatro días, Aena y el sindicato consiguieron lo que no lograron en seis años: ponerse de acuerdo en algo. Esta vez no tiraron de la rueda de prensa conjunta para escenificar una foto -como hicieron el pasado 13 de agosto al anunciar un acuerdo de mínimos que encalló dos meses después-. En esta ocasión, bastó con un comunicado.

Ambas partes negocian el segundo convenio colectivo del sector desde finales del año 2004, pero sin éxito. El conflicto se bloqueó el pasado 15 de abril, cuando Blanco fijó, por ley, las nuevas condiciones laborales de los controladores. El salario medio se redujo un 40% y las horas de trabajo ordinarias se incrementaron en 470.

Los pasados días 3 y 4 de diciembre parte del colectivo hizó un plante a la empresa, provocando el cierre del espacio aéreo español durante 24 horas. Entonces, el Gobierno optó por decretar el estado de alarma en el país -por primera vez en 32 años de democracia-, en lugar de recurrir al procedimiento arbitral que ahora impone.

La empresa y el sindicato acordaron llegar a un acuerdo sobre el convenio colectivo antes del 1 de febrero. Sin embargo, no es la primera vez que comprometen una fecha. La última fue el próximo 31 de diciembre, y lo anunciaron el pasado mes agosto, cuando cerraron el acuerdo de bases, pero no se cumplió. Ambas partes prometieron, no obstante, «garantizar la normalidad» en los aeropuertos.

Hasta la fecha, el colectivo de controladores sigue movilizado, bajo el mando del Ejército. Son ya 21 días de estado de alarma.

JAVIER ADÁN / Murcia

Funcionarios se enfrentan con la Policía en Murcia por los recortes salariales

El Gobierno regional tiene previsto ahorrarse 300 millones de euros de suplementos

Corresponsal

Unos 2.000 funcionarios se enfrentaron ayer en Cartagena (Murcia) con la Policía Nacional en las puertas del Parlamento murciano para impedir la aprobación de la Ley de Medidas Extraordinarias para la Sostenibilidad de las Finanzas Públicas, una norma que supondrá un ahorro de 300 millones de euros en detrimento de los ingresos por diversos complementos de los trabajadores.

El plazo impuesto por el Gobierno central para tomar las medidas finaliza el 31 de diciembre y la ley ha salido adelante aprobada con los únicos 28 votos de la mayoría absoluta del PP murciano.

El fin del Gobierno de Ramón Luis Valcárcel es llegar a conseguir el visto bueno de la ministra Elena Salgado para que autorice a la comunidad autónoma la emisión de deuda pública por valor de 500 millones de euros, y lograr así cerrar las cuentas de 2010 y afrontar el presupuesto de 2011. Por su parte, los empleados públicos, los sindicatos y los partidos de la oposición consideran las medidas injustas y desproporcionadas.

Frente a la Asamblea regional los manifestantes mostraron pancartas con lemas como: «No a los recortes salariales y sociales», «Valcárcel, capullo, baja el sueldo tuyo» o «Valcárcel, dimisión».

La agencia Moody's de calificación de riesgos rebajó la semana pasada un escalón el rating de Murcia y Castilla-La Mancha -desde Aa3 a A1- por el mayor deterioro financiero en ambas regiones. Previamente a este varapalo, la vicepresidenta económica del Gobierno de Zapatero no autorizó la emisión de deuda solicitada por la consejera de Economía y Hacienda de Murcia, Inmaculada García, por el riesgo que supone su déficit (que es del 3,1% del PIB en Murcia, según Moody's).

Así, el Gobierno regional anunció el pasado martes que tocaría el bolsillo de los funcionarios para reducir el déficit de la comunidad autónoma y presentó la ley para su debate en el pleno de ayer. Desde entonces, se han sucedido los disturbios en la capital y en Cartagena.

El miércoles por la noche, el presidente autonómico, Ramón Luis Valcárcel, sufrió las iras de los sindicalistas y manifestantes. Éstos, advertidos de su presencia en la Cámara de Comercio de Murcia en un acto cultural, se acercaron hasta las inmediaciones y cortaron las calles adyacentes al lugar de la celebración.

Posteriormente, la multitud se dirigió hasta la Gran Vía de la capital, que distaba unos 100 metros, y cortó la principal arteria de la ciudad, a la altura de la vivienda del presidente, para proferir gritos contra él e increpar a su hija, a quien le tiraron huevos.

Mientras los manifestantes protestaban con gritos contra Valcárcel y lanzaban petardos, otros políticos fueron increpados hasta llegar al forcejeo.

En el pleno de ayer en la Asamblea regional, intervino el propio presidente Valcárcel, quien aseguró que las medidas de ajuste del gasto público «serán coyunturales». Las restricciones son responsabilidad del Gobierno de España, vino a decir, que «no ha permitido la posibilidad de endeudamiento» a la región.

La portavoz del PSOE en el Parlamento murciano, Begoña García Retegui, pidió la retirada de la ley y que se busque, mediante el consenso, un acuerdo para definir los recortes necesarios. Desde IU, José Antonio Pujante, criticó el uso de la fuerza por parte de la Policía contra los manifestantes y calificó de «brutal» el recorte.

SALUD MUÑOZ / Tarragona

Investigan a Repsol por un vertido en el Delta del Ebro

La mancha de crudo cubre 19 kilómetros cuadrados en la costa de Tarragona

La Subdelegación del Gobierno en Tarragona abrió ayer un expediente informativo por el crudo vertido el pasado miércoles por la plataforma petrolífera que Repsol tiene en Tarragona, frente al Delta del Ebro. La mancha alcanzó una extensión de 19 kilómetros cuadrados, el equivalente a 2.000 campos de fútbol.

También la Fiscalía de Tarragona inició diligencias informativas para decidir si instruye un procedimiento por un presunto delito ecológico. Y la compañía petrolífera ha abierto un expediente interno.

Repsol se encuentra actualmente dentro de un proceso judicial iniciado por el Juzgado número 3 de Tarragona después de que, el año pasado, ocultara a la Capitanía Marítima dos vertidos que se produjeron durante la fase de exploración de los dos nuevos pozos de esta misma plataforma. Están imputados un técnico de Repsol y otro de una empresa subcontratada, además de la compañía norteamericana Pride, especializada en perforaciones.

La fuga del miércoles, que afectó al litoral sur de Tarragona, llegó a acercarse a tierra, aunque el fuerte viento de mistral que sopló durante todo el día alejó la mancha mar adentro.

La Capitanía Marítima de Tarragona activó el miércoles el plan de contingencia por contaminación marítima tras un accidente que se produjo, según fuentes de la compañía petrolífera, durante las operaciones para reestablecer el funcionamiento de la planta, que se encontraba en situación de parada programada para realizar actuaciones de mantenimiento.

Según informaron a Efe fuentes de Repsol, la fuga se produjo por una válvula que debía estar cerrada y que, por un «error humano», estaba abierta. Esta válvula se encuentra antes de la tubería que envía el crudo desde la plataforma hasta la refinería, junto a la batería de medidores fiscales, por lo que, al estar abierta, una parte del petróleo fue a parar a un depósito y, al rebosar, llegó al mar.

Estas fuentes cifraron el crudo vertido entre 30 y 60 metros cúbicos (de 30.000 a 60.000 litros), mientras los cálculos de la Subdelegación del Gobierno lo sitúan entre 100 y 180 metros cúbicos (de 100.000 a 180.000 litros).

Entidades ecologistas pidieron ayer que este incidente sirva para impedir la extracción de crudo que planea la compañía en dos nuevos pozos petrolíferos de la zona de Tarragona.

Madrid

«Del recorte social al ambiental»

El PP considera una «vergüenza» que el Gobierno haya autorizado la búsqueda de petróleo frente a la costa de Valencia

El Gobierno no tendrá el respaldo del principal partido de la oposición si quiere ponerse a buscar petróleo en el Mediterráneo. El vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons, llamó ayer «vergüenza medioambiental» a la decisión del Ejecutivo de autorizar prospecciones de hidrocarburos en la costa valenciana.

El ex conseller consideró que, con esta medida, se «está encendiendo la mecha de un enorme malestar» social en la comunidad autónoma. «Zapatero ha pasado de la fase de los recortes sociales a la de recortes medioambientales», resumió.

El Consejo de Ministros permitió ayer, a través de cinco reales decretos, la investigación petrolífera frente a las costas de Valencia, Málaga y Cádiz, así como en Luena (Cantabria), bajo el argumento de que esta actividad tiene «un interés estratégico y económico evidente» para un país que, como España, depende en más de un 99,5% de las importaciones de gas y petróleo. «Es aconsejable fomentar la prospección de los recursos naturales, siempre que se realicen de una manera sostenible», razona el Ejecutivo.

En declaraciones a Efe, González Pons mostró el «absoluto rechazo» a las prospecciones valencianas, proyectadas frente a El Saler y La Albufera, y garantizó que, si el PP gana las próximas elecciones generales, revocará esta decisión.

El dirigente popular acusó al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, de optar por «los petrodólares» frente al turismo y el medio ambiente valenciano. Y es que, en opinión del PP, estos estudios eliminarán los cetáceos de la zona, destruirá la pradera de posidonia, afectarán a la pesca y «llenarán de grasa» la playa de El Saler sin dar beneficios a Valencia.

Pero, además del desastre ecológico, se producirá una ruptura social. Los valencianos no permitirán que se pongan en peligro playas tan carismáticas como El Saler o Gandía, advierten los populares.

El PP recuerda que el Consejo de Ministros ha aprobado esta decisión justo antes de las fiestas navideñas, con la oposición del Congreso, las Cortes autonómicas, la Generalitat y el Ayuntamiento. El pasado mayo, la Comisión de Medio Ambiente del Congreso aprobó una proposición no de ley del Grupo Popular para pedir al Ejecutivo que no autorizara las prospecciones petrolíferas solicitadas en el golfo de Valencia.

Madrid

El PSOE excarcela a 400 condenados por tráfico de drogas duras con su reforma del Código Penal

El número duplica los cálculos realizados por Instituciones Penitenciarias

La Dirección General de Instituciones Penitenciarias, que el pasado miércoles calculó que la reforma del Código Penal supondría la excarcelación de unos 240 presos, informó ayer de que más de 400 internos, la mayoría condenados por delitos contra la salud pública, quedaron en libertad en apenas 12 horas por efecto de la reducción de las penas correspondientes al tráfico de drogas duras (cocaína y heroína, sobre todo) a pequeña escala.

El número de excarcelaciones será previsiblemente superior. En todo caso, la rebaja de las penas afectará a miles de condenados por tráfico de drogas que causan grave daño a la salud, que no saldrán por ahora de la cárcel pero verán reducida su estancia entre rejas, como adelantó EL MUNDO el pasado miércoles.

Según informó Instituciones Penitenciarias a Europa Press y Efe, hasta las 12.00 horas de ayer se habían recibido 408 mandamientos de libertad dictados por los tribunales tras examinar una a una las condenas y considerarlas ya cumplidas al aplicar la legislación más favorable al reo que recoge el nuevo Código Penal, promovido por el ministro de Justicia, Francisco Caamaño.

Estos datos afectan a las cárceles dependientes del Ministerio del Interior, todas salvo las de Cataluña, que tiene competencias propias en esta materia. Los juzgados catalanes revisarán unas 700 sentencias para determinar si mantienen o reducen las penas y decidir si ordenan la puesta en libertad de algunos presos.

La inmensa mayoría de los condenados que fueron excarcelados ayer, cuando entraba en vigor la reforma, son traficantes de drogas duras a pequeña escala aunque también constan cerca de 40 casos de vendedores del top manta encarcelados por delitos contra la propiedad intelectual.

De las 408 excarcelaciones, 61 han tenido lugar en Andalucía, 34 en Aragón, una en Asturias, 14 en Baleares, 37 en Canarias, tres en Cantabria, nueve en Castilla-La Mancha, 49 en Castilla y León, una en Ceuta, 40 en Galicia, una en La Rioja, 107 en Madrid, seis en Murcia, una en Navarra, seis en el País Vasco y 39 en la Comunidad Valenciana.

En los centros de Extremadura y de Melilla no se han producido excarcelaciones en las primeras horas de vigencia de la reforma.

Tres años menos de pena

> La modificación del Código Penal vigente desde ayer reduce en tres años la pena del delito de tráfico de drogas duras en su modalidad básica. Antes era castigado con penas de tres a nueve años y ahora se rebaja el máximo hasta los seis años.

> También se reduce la pena para los tipos agravados del tráfico de drogas que causan grave daño a la salud, antes castigados con cárcel de nueve a 13 años de cárcel y a partir de ahora de seis a nueve años de prisión.

> Los capos o jefes de las organizaciones de narcotráfico tendrán dos años menos de pena.

ZAPATERO ABOCA A ESPAÑA A UNA QUIEBRA INSUPERABLE: El Gobierno sube la luz un 10%/ Cobrará menos a quien se jubile antes de lo que marque el Gobierno/

BALTASAR MONTAÑO / Madrid

Ajuste a las eléctricas antes del alza de la luz

Industria impone tasas y retira primas a las compañías para ahorrar 4.600 millones Anunciará el lunes que el recibo subirá casi el 10% en la gran mayoría de los hogares

Los esfuerzos por arreglar el caos eléctrico que vive España se van a repartir de tal forma que los consumidores no van a tener más remedio que asumir religiosamente una subida de en torno al 10% en el recibo de la luz a partir del 1 de enero. El ministro de Industria, Miguel Sebastián, y todo su equipo venían advirtiendo desde hacía meses que todas las partes implicadas (Administración, compañías eléctricas y clientes) tendrían que asumir su parte en la solución de los desquilibrios del sector eléctrico, que cerrará este año con un déficit acumulado cercano a los 20.000 millones de euros.

Y ayer le tocó el turno a las compañías eléctricas, que deberán pagar nuevas tasas para financiar los altos costes del sistema eléctrico y conseguir un ahorro que el Gobierno ha cifrado en unos 4.600 millones de euros entre 2011 y 2013. Lo de ayer, que toma carta de realidad a través de un Real Decreto-Ley aprobado por el Consejo de Ministros, no es más que la antesala de lo que se avecina el próximo lunes. Ese día, la Comisión Delegada del Gobierno anunciará una subida de la luz para el 1 de enero que podría oscilar entre el 8% y el 10%.

En sólo cinco días y en plena Nochebuena, el Gobierno ha calculado estratégicamente el reparto de esfuerzos para que ninguna de las partes se sienta afectada en exceso. Terreno abonado para aplicar en 2011 una fuerte subida de la luz que afectará a 20 millones de hogares.

De ahí que ayer las dos principales eléctricas, Endesa e Iberdrola, acogieran con cierta condescendencia unas medidas que, a priori, y sin contraprestaciones a cambio, hubiera generado un alud de críticas y recursos contra tan duras decisiones gubernamentales. El caso es que las compañías tendrán que asumir desde ahora una nueva tasa por generar electricidad (0,5 euros por megavatio/hora producido o 453 millones hasta 2013); el coste de las políticas de ahorro y eficiencia energética (670 millones), asumir un año más (2013) la financiación del bono social (150 millones) y soportar un fuerte recorte retroactivo a las primas a las energías renovables, especialmente a la solar fotovoltaica (740 millones por año).

En total, un ahorro de 4.600 millones en tres años que permitirá al Gobierno mantener su objetivo de dejar a cero el marcador del déficit tarifario (desequilibrio provocado porque la luz se paga por debajo del coste de producirla) en 2013, aunque sea elevando los límites máximos de déficit que se podrá generar cada año para adaptarlo a las desviaciones.

Todos estos esfuerzos sólo merecieron ayer la suave crítica de Iberdrola, que pese a reconocer que se trata de «un esfuerzo adicional al sector», aplaudió una «iniciativa gubernamental» que «aclara algunas incertidumbres que planeban sobre las empresas eléctricas, lo que debería contribuir a aportar la seguridad necesaria» al sector. Además, Iberdrola se congratuló de «la ratificación del compromiso de Industria de acabar en 2013 con el déficit».

Endesa no le fue a la zaga. Tras criticar que las medidas indican que «las compañías del sector se van a ver perjudicadas», no tardó en reconocer que «Endesa valora positivamente toda decisión que conduzca a la eliminación del déficit de tarifa». Las dos grandes eléctricas coincidieron en que estas medidas «contribuirán a devolver la confianza de los mercados en la economía española».

El ministro Sebastián, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, inisitió en que estas medidas permitirá no sólo cumplir el objetivo de eliminación del déficit, sino también que la subida de la luz sea la mínima posible para no dañar las economías de los hogares y la competitividad de las empresas. El ministro reiteró el compromiso del Gobierno de mantener congelados los peajes de acceso y su confianza en que no suban en un futuro. Eso sí, dejó claro que el alza de la luz de enero viene impuesta por la subasta de la semana pasada, que arrojó una subida del precio de la energía del 9,9%. Sebastián tranquilizó a las empresas, al mantener el objetivo de colocación del déficit en los mercados (titulización de un máximo de 25.000 millones), un proceso paralizado ahora por la crisis de Irlanda, pero que se retomará previsiblemente en 2011.

El PP, por su parte, criticó que el Gobierno no haya sido capaz de sacar adelante un reforma en profundidad del sistema eléctrico y ha asumido «el fracaso y va haciendo acciones parciales en un intento por controlar un problema que se le ha ido, literalmente, de las manos».

P&R

B. MONTAÑO / Madrid

¿Solución o parche temporal?

El Gobierno ha optado, in extremis, por aprobar un Real Decreto-Ley antes de que finalice el año, ante el permanente caos que desde hace años alimenta los desequilibrios del sector eléctrico. Tras meses de duro trabajo, el Ejecutivo no ha conseguido consensuar ni con las eléctricas ni con el PP el tan cacareado Pacto Energético, y ha tenido que gobernar por sí solo a golpe de decreto. Las medidas aprobadas ayer y la subida de la luz del 1 de enero pueden forman parte de una posible solución parcial a este permanente galimatías, pero dejan en el aire muchos frentes abiertos de difícil arreglo.

¿Qué esfuerzos concretos asumen las compañías eléctricas?

Verán recortadas las primas que cobran por las energías renovables (ver gráfico adjunto) en el futuro y en el caso del sector fotovoltaico, también sobre las instalaciones que ya están funcionando. Pero lo más sorprendente es que tendrán que pagar una nueva tasa por la energía que generan. Hasta ahora, los consumidores eran los que asumían la mayor parte de los costes de distribución y transporte, pero ahora serán las compañías las que asuman parte de los costes de generación, que arañarán al déficit 148 millones en 2011, 151 en 2012 y 154 en 2013.

¿Tiene sentido que las eléctricas paguen por las políticas de ahorro y eficiencia energética que el Gobierno ha puesto en marcha en beneficio de toda la sociedad?

Ha sido sorprendente, pero ni Endesa ni Iberdrola han criticado la medida. Las compañías tendrán que financiar el coste de unas políticas que supondrán un ahorro de 270 millones el próximo año, de 250 en 2012 y de 150 en 2013, y que incluyen desde programas de renovación de electrodomésticos hasta el Movele para la introducción de vehículos eléctricos en entornos urbanos. Pasando por la sustitución de las bombillas tradicionales por otras de bajo consumo o el desarrollo de edificios eficientes en su consumo energético.

¿Han sufrido las energías renovables el varapalo que se esperaba en el recorte de las primas que tanto han contribuido a elevar el déficit de tarifa?

El plan de Industria incluye los acuerdos alcanzados con las empresas de los sectores eólico y termosolar, que supondrán fuertes ahorros hasta 2013 (ver gráfico). Pero además, con el Real Decreto-Ley aprobado ayer se aplica la tan temida retroactivad en el sector que más primas recibe y que menos energía produce.

¿Qué ocurrirá ahora con los huertos solares que han proliferado en los últimos años por toda España al calor de las altas primas 'verdes'?

El Gobierno limitará las horas en las que las instalaciones fotovoltaicas cobrarán las ayudas. Hasta ahora no había límites y los promotores cobraban por todas las horas de insolación, que además entraban obligatoriamente en el sistema eléctrico. Con la limitación horaria, la factura de la luz se ahorrará 740 millones cada año hasta 2013. La medida se suma al recorte temporal de la retribución del sector fotovoltaico y solar anunciado el pasado 3 de diciembre y con el que el Gobierno prevé ahorrar 1.100 millones de euros en tres años. A cambio de la limitación horaria, Industria amplía en tres años el derecho de percepción de las primas, con lo que las instalaciones tendrán una vida útil de 28 años, en lugar de los 25 previstos hasta ahora. El fuerte recorte se sustenta en que el precio de las inversiones en compra de placas solares se ha reducido un 50% en los últimos años, lo que permite garantizar la rentabilidad razonable de las plantas pese al recorte de primas.

¿En qué medida afectarán las medidas a la subida de la luz?

El Gobierno dejó claro ayer que el alza del recibo para el 1 de enero tiene que ceñirse a los precios marcados por la subasta del precio de la electricidad celebrada la semana pasada, que arrojó un alza de en torno al 9,9%. La CNE ha propuesto una subida del 10,3% y será la Comisión Delegada de Asuntos Económicos la que fije el alza del recibo el próximo lunes. Los peajes se mantedrán congelados y en un futuro, Industria tratará de que no suban. De ahí que se hayan tomado medidas para recortar los costes de estas tarifas de acceso, como los de redes y transporte o las primas a las renovables o el impacto del decreto del carbón.

¿Habrá más subidas aparte de la que se aplicará en enero?

Previsiblemente sí, ya que Industria reconoce que las tarifas de la luz tendrán que ir subiendo hasta converger con sus precios reales, más altos de los que se pagan ahora. La idea es que tanto las eléctricas como los consumidores arrimen el hombro para corregir los desequilibrios del sector, provocado esencialmente por decisiones políticas de los Gobiernos de Aznar y Zapatero.

¿Colocará el Tesoro el déficit de tarifa en 2011?

Seguro que sí. Las eléctricas están tranquilas. Industria ha corregido el tope de déficit para 2010, de los 3.000 millones previstos a los 5.500 fijados ahora. También ha corregido al alza los topes para 2011 y 2012, pero mantiene el compromiso de llegar a 2013 con déficit cero. En los próximos meses podrían colocarse más de 3.000 millones en los mercados financieros.

Recortes sorprendentes

>Nuevas tasas. La posible tasa a la producción de energía nuclear, que ha barajado el Gobierno siguiendo lo hecho por Merkel en Alemania, se ha quedado durmiendo el sueño de los justos. Pero ha aparecido un nuevo canon que pagarán las eléctricas por producir la luz.

>Financiar la eficiencia. Las eléctricas pagarán todos los años hasta 2013 el coste de las políticas de ahorro y eficiencia del Gobierno (670 millones de euros).

>Varapalo a la energía solar. Los huertos fotovoltaicos ya no cobrarán prima por todas las horas de sol. Habrá límites y se aplicarán con retroactividad a todas las plantas.

Madrid

Las fotovoltaicas irán a la Justicia

En pie de guerra. Así es como se encuentra el sector fotovoltaico en pleno después de que el Gobierno aprobara ayer un recorte de 2.220 millones de euros en primas para esta energía. Las tres asociaciones representativas de los intereses de este sector (Asif, AEF y APPA) coincidieron en señalar que la medida «retroactiva», sobre todo, «comprometerá la viabilidad económica de la inmensa mayoría de las plantas en funcionamiento». Es decir, se verán abocadas a una situación «concursal».

Para que dicha realidad no se produzca, desde AEF instaron «urgentemente» al Congreso de los Diputados a que corrija este «dislate», ya que no sólo ofrece «notables lagunas técnicas y legales», sino que también pone en peligro la sostenibilidad energética española que «puede destruirse de forma inmediata».

Un paso más allá fueron Asif y APPA, quienes anunciaron que van a acudir a los tribunales para denunciar una medida que supone «un gravísimo quebranto», en palabras de la primera. «El recorte no resulta equilibrado respecto a otras tecnologías, sean convencionales o renovables, y ni siquiera lo es entre regiones, ya que impone un límite de horas único sin tener en cuenta las distintas comunidades y sus diferentes radiaciones solares, las características tecnológicas y los planes de negocio de las inversiones», explicó AEF, que criticó que para aprobar la medida no se haya tenido en cuenta «ni a la industria ni a los inversores».

Esta misma asociación denunció que el ministro Sebastián omitió en su comparecencia que la industria solar fotovoltaica «ya ha asumido responsablemente más de 600 millones de euros en recortes».

B. P. R. / Madrid

El Pacto de Toledo pide pagar más a quien retrase su jubilación de forma voluntaria

La comisión quiere eliminar todo límite de edad que impida seguir trabajando

La Comisión parlamentaria del Pacto de Toledo ha elaborado 19 recomendaciones que servirán de base a la reforma del sistema de pensiones que el Gobierno se ha comprometido a presentar el 28 de enero. Es la tercera vez desde que se creó la comisión, en 1995, que el Pacto de Toledo dibuja al Ejecutivo las líneas maestras por las que deben discurrir las sucesivas adaptaciones del sistema a los cambios sociales, económicos o demográficos.

Pese a la falta de acuerdo en el punto fundamental de la edad legal de jubilación y la discrepancia radical de los partidos de izquierda sobre el aumento del periodo de cómputo para calcular la pensión, el resto del documento tiene el aval que le proporciona el consenso de todo el arco parlamentario. Antes de presentar su proyecto de ley, el Gobierno deberá precisar, negociando con la CEOE y los sindicatos, las medidas, cuantías económicas y topes temporales del nuevo sistema público de pensiones español.

Incentivos a la ampliación de la vida laboral.Casi todos los grupos políticos coinciden en la necesidad de prolongar los años de trabajo. El PSOE quiere que la edad legal de jubilación sean los 67 años (ahora está en 65), mientras que el resto apoya que trabajen más años sólo quienes así lo quieran, de forma voluntaria. Por eso la comisión ha hecho hincapié en los incentivos «sociales, fiscales y laborales» para estimular la permanencia de los trabajadores en activo. Una de las medidas que recomienda consiste en que las carreras de cotización más largas, que den lugar a pensiones por encima del tope máximo del sistema -fijado en 2.466,20 euros al mes o 34.526,8 euros al año-, permitan conceder a los jubilados un aumento mensual de su cuantía. Ese incremento mensual, dice el documento, deberá ser «proporcional al porcentaje adicional de cotizaciones efectuadas».

Por la misma razón, el Pacto de Toledo aboga por fórmulas que permitan compaginar «la vida activa y la pasiva», es decir, la coexistencia entre salario y pensión. Y cree que debe fomentarse la ocupación de los mayores. Así, pide mejoras en la regulación del contrato de relevo, las cotizaciones del empleo a tiempo parcial o las pensiones de incapacidad. Es más, recomienda que se restrinja «al máximo el abandono prematuro de la vida laboral» y se combata la discriminación por edad en el mercado laboral. «Es prioritario», resalta, «remover la normativa que fuerza a colectivos o personas a la jubilación obligatoria, en contra de sus deseos y capacidades», porque, a su juicio, «no debe establecerse un límite de edad para el trabajo en un régimen de libertades y de derechos fundamentales».

Potenciar los fondos y planes de pensiones en el empleo. La base del sistema español de previsión social son las pensiones públicas, complementadas con las privadas. La comisión, tras constatar que el 87,7% de los sistemas complementarios son individuales, en contra de los objetivos establecidos en la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones de 1987, pide medidas para potenciar los establecidos a través de la negociación colectiva. E insta a la patronal y los sindicatos a incluir estos fondos y planes de pensiones en los convenios colectivos.

Para incentivarlos, el documento reclama que se mejoren los beneficios fiscales de las aportaciones realizadas a este tipo de fondos y planes. En concreto, habla de «estímulos fiscales adicionales» en el impuesto de sociedades.

También pide un régimen de previsión social complementario específico para los autónomos, que les permita disponer anticipadamente de su dinero en caso de cese de actividad o si tienen pérdidas.

Becarios, mujeres, asistencia domiciliaria. El Pacto de Toledo manifiesta su preocupación por la precariedad laboral de los jóvenes españoles, que les impide acumular carreras de cotización suficientes y, por tanto, les aboca a pensiones bajas en el futuro. De ahí que considere necesario que a los becarios de posgrado se les deje cotizar. Pero no sólo ellos: cualquier trabajo en cualquier sector debe suponer una cotización a la Seguridad Social para conseguir al final una pensión. También los de asistencia domiciliaria que se realizan de forma periódica.

Por la misma razón deberían establecerse, a juicio del Pacto de Toledo, incentivos fiscales para que los cónyuges que no trabajan puedan generar pensiones cuando el matrimonio tenga régimen de bienes gananciales. En caso de divorcio, y si la mujer contribuye al mantenimiento del negocio familiar, el juez podrá reconocerle a ella «periodos de tiempo que le permitan generar derechos propios», aconseja el documento. Según subraya, esta novedad sería especialmente positiva para los autónomos, el comercio, la hostelería y el sector agrario.

Otra posibilidad que sugiere la comisión es que los periodos de atención y cuidado de los hijos o personas dependientes también computen a la hora de determinar la cuantía de la pensión.

Nueva prestación no contributiva. El documento reclama que se revise el conjunto de las pensiones del sistema, para adaptar aquéllas, como el seguro escolar, el auxilio por defunción o la incapacidad permanente, que han perdido «eficacia protectora». También pide una «reordenación integral de las prestaciones no contributivas, para mejorar su cobertura». En concreto, cree necesaria una prestación no contributiva de orfandad.

Un informe anual en casa.Todos los trabajadores deben conocer, en sus nóminas, el importe de sus cotizaciones a la Seguridad Social, también el de las que aporta su empresa, asegura el Pacto de Toledo. Que reclama, además, el envío al domicilio del trabajador, al menos una vez al año, de un documento que le informe de la pensión aproximada que percibirá tras su jubilación. A juicio de la comisión, ambos mecanismos deberían servir para concienciar a los ciudadanos sobre su futuro económico y les pondrán al tanto de la diferencia entre su salario actual y la pensión que recibirán.

Comisión de Control de la Seguridad Social. El documento, que previsiblemente aprobará la comisión el próximo miércoles y el pleno del Congreso el 25 de enero, pide también que se cree otra comisión, pero permanente y con competencia legislativa, para llevar a cabo el control parlamentario de la Seguridad Social. Justifica la solicitud por «la magnitud económica de sus recursos y su trascendencia social». Para ello, no duda en reclamar «recursos y medios adecuados» adscritos a la propia Comisión del Pacto de Toledo.

No es la única petición de los grupos. También consideran adecuado mantener el tratamiento presupuestario propio que ahora ya posee la Seguridad Social, pero exigen un debate específico en el Congreso cuando se analicen los Presupuestos Generales del Estado, desligado del Ministerio de Trabajo. En su opinión, debe concederse asimismo un tratamiento diferenciado en el Presupuesto al Fondo de Reserva de la Seguridad Social que, a 15 de septiembre de este año, ascendía a 64.001,72 millones de euros.

Fitch rebaja el 'rating' a Portugal y alerta sobre la deuda de las CCAA

El 'agujero' de las regiones españolas alcanzará los 120.000 millones de euros en 2011

Fitch ha cumplido sus amenazas sobre Portugal y ayer rebajó la calificación de su deuda a largo plazo hasta A+, con perspectiva «negativa», debido a las mayores dificultades de financiación a las que se enfrenta el país.

Según la agencia, Portugal se enfrenta a un reducción del déficit más lenta de lo estimado en la medida en que la capacidad de financiación -tanto pública como privada- es ahora «mucho más difícil» que cuando se hizo la última revisión del rating luso.

Aún así, la agencia estima que el Gobierno cumplirá su objetivo de reducir el déficit hasta el 7,3% del PIB este año, en parte gracias a medidas excepcionales llevadas a cabo. En consecuencia, el ajuste presupuestario estructural previsto para 2011, que equivale a casi el 4% del PIB, será «extremadamente desafiante» especialmente si, como Fitch espera, la economía lusa entra en recesión el próximo año.

El informe enviado ayer al mercado tiene el mismo argumentario que en otras ocasiones. Por un lado, alaba la decisión del Ejecutivo para hacer realidad su objetivo de reducción del déficit, destacando la importancia de medidas de ajuste como la reducción del sueldo de los funcionarios.

Sin embargo, y aquí viene la parte mala, la calificadora considera que serán necesarias más medidas de consolidación fiscal para cumplir con sus objetivos. Todo ello en un escenario muy complicado para levantar financiación en los mercados de deuda.

En cualquier caso, el informe descarta que Portugal vaya a necesitar ser rescatado por sus socios europeos y, aunque a un mayor coste, tendrá acceso a la financiación.

Al mismo tiempo, Fitch rebajó la nota de la deuda a largo plazo de la República de Hungría a BBB- con perspectiva negativa, lo que la sitúa a un escalón del denominado bono basura, por la falta de una estrategia fiscal coherente en el medio plazo.

Advertencias en España

La agencia de calificación también lanzó ayer una seria advertencia a las comunidades autónomas españolas, de las que prevé que su deuda alcance los 120.000 millones de euros a finales del año que viene, es decir, un 19% más que en el tercer trimestre de 2010. Su nota al mercado señala que los presupuestos autonómicos ponen de manifiesto la necesidad de limitar sus gastos para cumplir con el objetivo de déficit.

Además, indica que, aunque los gobiernos regionales no han afrontado problemas para financiar sus préstamos, el coste de la deuda puede incrementarse a medio plazo hasta el punto de que algunas comunidades tengan que posponer inversiones, informa Europa Press.

Fitch ha analizado los presupuestos de las CCAA para el próximo ejercicio, a excepción de los de Cataluña y Baleares, y calcula que su gasto se reducirá un 6,5% en relación al de 2010.

La agencia de calificación de crédito considera que las medidas de austeridad emprendidas por el Gobierno central son relativamente fáciles de cuantificar, como el recorte salarial de los funcionarios, pero puntualiza que las iniciativas en este sentido de los gobiernos regionales «no son tan fáciles de seguir».

Además, incide en que algunas de las medidas de contención de gasto de las autonomías, como el estrechamiento del sector público, necesitarán más de un año para resultar efectivas y su proceso puede resultar largo.

Sin embargo, al igual que ocurre con el informe sobre Portugal, Fitch recalca que las cuentas regionales para 2011 «ponen de manifiesto la voluntad de las CCAA de doblegar los gastos para limitarlos al máximo acordado con el Estado el pasado mes de junio, hasta el 1,3% del PIB regional para 2011».

La nota emitida ayer apenas tuvo incidencia en la cotización del bono español, que no obstante continúa en su nivel más alto de la década con una rentabilidad del 5,46% para la deuda a 10 años.

Irlanda nacionaliza AIB. La crisis financiera de Irlanda ha convertido al otrora mayor banco del país, el Allied Irish Bank, en una entidad financiera estatal al 92%, después de que ayer se autorizase judicialmente una nueva aportación de capital de 3.700 millones. Pese a haber sido rescatado por el Estado, hasta hace apenas una semana la entidad quería dar un bonus a sus directivos de 40 millones.

Bucarest

La crisis casi le quita la vida

Víctima de los recortes, intenta suicidarse en el Parlamento rumano

Recortes presupuestarios. Planes de ajuste. Medidas de ahorro. Son palabras que han convertido a Adrian Sobaru en un hombre desesperado. A sus 41 años, ha visto cómo se esfumaba la única ayuda que recibía del Estado para cuidar a su hijo autista, por quien ayer intentó suicidarse.

Solía acudir al Parlamento rumano para trabajar como técnico de la televisión pública. Ayer no le tocaba, pero le cambió el turno a un compañero para acudir a la Cámara. Y se lanzó al vacío desde la tribuna de invitados. «¡Le habéis quitado el pan a mis hijos! ¡Va para ti Boc [primer ministro]!», gritaba antes de caer al suelo y tener que ser ingresado de urgencia con múltiples traumatismos. Su vida no corre peligro pese al intento de suicidio.

Fue poco después de que el primer ministro, Emil Boc, hubiera iniciado su intervención ante los diputados, cuando Sobaru se lanzó desde una altura de unos siete metros. Los diputados presentes acudieron entre exclamaciones a ayudarle, informa Efe. Y vieron que llevaba una camiseta en la que se leía: «Habéis matado el futuro de nuestros hijos. Libertad».

La sesión parlamentaria en la que se iba a votar una moción de confianza al Ejecutivo, de centro derecha, se pospuso. Y una vez retomada la sesión, la que era la cuarta moción contra el Gobierno fracasó por la retirada de todos los diputados de la oposición debido al incidente. «No podemos hacer ver que no ha pasado nada y continuar la sesión», dijo el líder de la oposición, el socialdemócrata Victor Ponta.

El Gobierno rumano ha adoptado duras medidas de ahorro desde que accediera en 2009 a un crédito internacional de 20.000 millones de euros. Las medidas acordadas con el Fondo Monetario Internacional para mantener en 2010 el déficit público por debajo del 6,8% incluyen la reducción de los salarios públicos en un 25% y la subida del IVA del 19% al 24%.

Las ayudas sociales también han sido revisadas a la baja o, en algunos casos, incluso eliminadas.

Sobre lo sucedido, Boc se limitó a declarar: «Es una tragedia que me ha conmocionado», y llamó a la calma «en momentos tan duros».

MAPA DE LA PERSECUCIÓN A LOS CRISTIANOS EN EL MUNDO: Los nuevos mártires de la Iglesia

IRENE HDEZ. VELASCO / Roma

Los nuevos 'mártires' de la Iglesia

El Papa equipara la persecución a los cristianos en los países musulmanes a la que sufren en la Europa laicista y asegura que son la minoría «más oprimida y atormentada»

Corresponsal

En el año 31 d.C. un diácono llamado Esteban fue acusado de blasfemia y condenado a morir lapidado en Jerusalén, convirtiéndose en el primer mártir de la Iglesia católica. Desde entonces, otros muchos cristianos han sido perseguidos, despreciados, discriminados e incluso asesinados a causa de su fe. Una situación que se prolonga hasta nuestros días.

El pasado 31 de octubre, sin ir más lejos, 56 fieles fueron asesinados en una iglesia de Bagdad por cuatro terroristas. Sólo unos días después, dos hermanos sirio-católicos fueron acribillados mientras trabajaban en su negocio familiar en Mosul, también en Irak.

En Nigeria, unos 500 cristianos fueron masacrados a machetazo limpio en marzo pasado en las luchas tribales contra los musulmanes. En Egipto, donde los cristianos coptos sufren cotidianamente discriminación, la diócesis de Hagaza ha registrado tres incendios en los últimos tres años. Y en el estado de Orissa, en la India, 93 cristianos fueron asesinados, 50.000 se vieron obligados a huir y un total de 6.500 viviendas, 350 iglesias y 45 escuelas fueron destruidas en seis meses de violencia entre 2007 y 2008.

El Vaticano calcula que al año 150.000 cristianos son asesinados en todo el mundo a causa de su fe. «En la situación actual, los cristianos son la minoría más oprimida y atormentada», señalaba el Papa en su reciente discurso de Navidad a la Curia.

Sin embargo, y a pesar de que los comportamientos anticristianos han registrado un fuerte aumentado desde el 11 de septiembre de 2001, se trata de una realidad que con frecuencia es ignorada o minimizada. «Desde hace años vivimos una situación de creciente persecución contra los cristianos, una situación de acoso y de discriminación que resulta aún más odiosa a causa del silencio que Occidente mantiene al respecto», denuncia el intelectual francés René Guitton, miembro del comité de expertos de la Alianza de Civilizaciones de Naciones Unidas, y autor de Ces chrétiens qu'on assassine (Los cristianos que son asesinados), un libro por el que ha sido galardonado en Francia con el Premio de los Derechos Humanos.

Pero algo ha comenzado a cambiar. La Santa Sede ha redoblado sus esfuerzos a la hora de denunciar la persecución que en numerosos países padecen los cristianos, como lo demuestra el hecho de que Benedicto XVI decidiera abordar ampliamente el asunto, entre otros momentos, durante su discurso navideño a la Curia o en su mensaje para la Jornada Mundial de la Paz, que se celebrará el 1 de enero. Y, además, se le dedicó un amplio espacio a la cuestión en el reciente sínodo sobre Oriente Próximo, que en octubre pasado reunió en el Vaticano a 19 cardenales, nueve patriarcas, 72 arzobispos, 67 obispos y 10 sacerdotes y donde la persecución de los cristianos fue uno de los temas estrella.

Pero la gran novedad es que la Iglesia ya no es la única en denunciar la intolerancia religiosa que soportan los cristianos. Cada vez más intelectuales y artistas están comenzando a alzar su voz contra la cristianofobia, un concepto cada más extendido, lo que ya resulta en sí mismo revelador.

En realidad, el término cristianofobia fue acuñado oficialmente en 2003, cuando se utilizó por primera vez en una resolución de la ONU. Desde entonces, y a instancias de la Santa Sede, ha conseguido abrirse camino en otros foros y organizaciones internacionales, logrando situarse codo con codo junto con la islamofobia y el antisemitismo. Pero es ahora cuando algunos pensadores comienzan a elevar públicamente su voz contra la persecución que en muchos lugares del mundo padecen los cristianos, cuando el concepto de cristianofobia comienza a cristalizar.

Guitton, cuyo libro en Italia ha sido publicado precisamente bajo el título de Cristianofobia y que calcula que 50 millones de cristianos sufren acoso y discriminación a causa de su fe, tiene mucho que ver en ello. Pero no es el único intelectual que está obligando a Occidente a reflexionar sobre el asunto.

También el filósofo Bernard-Henri Lévy está poniendo su granito de arena. Recientemente, publicó una columna en la que analizaba el porqué del revuelo de unas declaraciones suyas en las que aseguraba que hoy los cristianos constituyen, «a escala planetaria, la comunidad más constante, violenta e impunemente perseguida». Y se quejaba de que mientras el antisemitismo es, justamente, un delito tipificado y castigado, y los prejuicios contra los árabes o los gitanos son, por suerte, condenados por asociaciones como Sos Racismo, ante «la persecución en masa de cristianos (…) no hay nadie que alce la voz».

Amnistía Internacional lo acaba de hacer, denunciando el hostigamiento que sufren los cristianos en Irak. Pero, sin duda alguna, Francia se está convirtiendo en el país pionero a la hora de rechazar la cristianofobia como demuestra Los hombres de Dios, una película dirigida por Xavier Beauvois y presentada en la última edición del festival de Cannes, que ya han visto dos millones de franceses y con la que el país galo aspira al Oscar a la mejor película extranjera. La cinta se inspira en la tragedia real ocurrida en 1996 en la localidad argelina de Tibhirine, donde siete monjes franceses fueron secuestrados por el Grupo Islámico Armado y asesinados.

Pero, ¿por qué a Occidente le cuesta tanto reconocer la persecución de los cristianos? «Porque, mientras con las minorías es políticamente correcto denunciar que sufren discriminación, con los cristianos lo políticamente correcto es cerrar la boca», sentencia Francesco Greco, director general de cooperación cultural del Ministerio Exterior italiano, durante la presentación hace unos días del informe sobre la Libertad Religiosa en el Mundo, que desde hace años realiza la ONG Ayuda a la Iglesia que Sufre, y que ha vuelto a dejar en evidencia la persecución que en muchos lugares padecen los cristianos.

Aunque, según algunos, es la propia Iglesia la que está contribuyendo de algún modo a que algunos arruguen la nariz al oír hablar del acoso contra los cristianos, colocando el laicismo en el mismo plano que el radicalismo islámico al hablar de cristianofobia. «El fundamentalismo religioso y el laicismo son formas simétricas y extremas de rechazo del pluralismo religioso», aseguró Benedicto XVI en su mensaje para la Jornada Mundial de la Paz.

Un periodista francés se permitió observar recientemente, durante una rueda de prensa en el Vaticano, que le parecía absolutamente grosero meter en el mismo saco a la hora de hablar de persecución contra los cristianos el laicismo y el fundamentalismo islámico, dado que mientras el segundo mata, el primero no. A lo que el obispo Mario Toso, secretario del Pontificio del Consejo de la Justicia y la Paz, reaccionó asegurando que el laicismo también mata. «Mata interiormente», aseguró.

OORBYT.es

>Videoanálisis de Irene Hdez.Velasco sobre la cristianofobia en el mundo.

M. MAHMUD / Kirkuk

En Irak, «nada de festejos»

Reuters / EL MUNDO

«Nada de Papá Noel, nada de festejos, nada de regalos este año», dijo el arzobispo Louis Sako, jefe de los arzobispos caldeos de Kirkuk y Sulaimaniya. «No tenemos derecho a poner en peligro otras vidas», agregó.

En una nueva amenaza publicada en una página web islamista, la red local de Al Qaeda advirtió de que podría lanzar más ataques contra los cristianos iraquíes. Los atentados insurgentes han atemorizado a la minoritaria comunidad cristiana. Miles de ellos han huido a la región semiautónoma kurda en el norte o al exterior.

En el peor ataque, 52 personas murieron cuando las fuerzas de seguridad penetraron en la iglesia católica Nuestra Señora de la Salvación en Bagdad, donde los militantes habían capturado a un grupo de rehenes durante una misa de domingo el 31 de octubre.

«Vimos gente inocente siendo brutalmente asesinada mientras le rezaba a Dios, entonces, ¿cómo podemos celebrarlo? No vamos a festejarlo este año. Sólo le vamos a rezar a Dios para pedirle que la paz prevalezca en el país», sostuvo.

El ataque en la iglesia renovó los temores de que los militantes islamistas suníes estén intentando expulsar a los cristianos de su tierra. La Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur) indicó la semana pasada que alrededor de 1.000 familias cristianas, casi 6.000 personas, habían escapado a Kurdistán desde Bagdad, Mosul y otras regiones.

Los cristianos en Irak, que llegaron a ser 1,5 millones, son ahora unos 850.000.

«Lo que está pasándonos es similar a lo que sucedió con los judíos en Irak anteriormente», dijo Mukhlis Kyriakos, un sacerdote de la iglesia atacada. «Los cristianos están siendo desplazados de su país», añadió.

Algunos líderes religiosos de Irak han pedido a los cristianos que no celebren la Navidad, excepto con oraciones, después de los ataques mortales y las continuas amenazas de militantes contra la comunidad cristiana del país.

ILYA U. TOPPER / Estambul

Una especie en extinción en Irak

Los cristianos iraquíes han pasado de ser más de un millón en 2003 a sólo 400.000

Especial para EL MUNDO

«Edo brijo». Así se dice «Feliz Navidad» en arameo, la lengua que hablaba Jesucristo. Pero este año no se escuchará en el lugar donde todavía se habla: en Irak. O sólo se oirá en susurros. No habrá Misa del Gallo. Las iglesias permanecerán cerradas. Por miedo.

De miedo saben algo Wail y Zina, una joven pareja cristiana iraquí. Huyeron de Bagdad el 1 de noviembre, al día siguiente del brutal atentado contra la iglesia de Nuestra Señora de la Salvación, en el que murieron 58 personas. «Ya nos habían amenazado antes. Pararon a mi hermana en la calle, la golpearon y le dijeron que nos daban una semana para irnos, y que si no, nos degollarían», recuerda Wail. ¿Quién los amenazó? «Quién sabe. Tienen la cara tapada. Hablan árabe iraquí pero con acento. Del barrio no son», explica.

«Todos los cristianos están amenazados, todos. Ya no podemos ni ir a misa. Nos dicen que no tenemos lugar en Irak. Quieren convertir el país en un estado islámico», resume Zina, con más furia que tristeza.

Los cristianos forman desde hace dos milenios parte de la sociedad mesopotámica, desde la misión del apóstol Tomás, según explica el vicario caldeo en Turquía, François Yakan. «Pero ahora, Europa ha olvidado que el cristianismo nació en Oriente Próximo», lamenta.

También pasó miedo Yoni, un caldeo que trabajaba como camarero en un club bagdadí, donde la clientela era en gran parte musulmana y que tuvo que dejar el país. «Un día, al salir del trabajo, me rodearon varios hombres armados y me dijeron que servir alcohol estaba prohibido y que me iban a matar si volvía a trabajar allí». No pudo encontrar otro empleo y prefirió fugarse a Turquía en compañía de su mujer y sus cinco hijos.

Cada semana, entre cinco y 10 familias cristianas iraquíes llegan a Estambul, confirma monseñor Yakan. La cifra actual oscila entre 4.000 y 6.000. Turquía no les da el estatus de refugiados, pero les permite quedarse hasta que consigan asilo en un tercer país. El Vicariato caldeo-asirio turco les ayuda, pero Yakan se desespera. «Nos sentimos muy solos. Ningún país nos ha respondido, excepto Alemania, que ha acogido a 2.500 refugiados. Los cristianos iraquíes son una especie en extinción y nadie habla de ellos». Eran 1,2 millones en 2003, ahora quedan tal vez 400.000.

Tampoco las autoridades iraquíes quieren saber nada, denuncia Zina. «El ataque a la iglesia no ha sido el único. Buscan a los cristianos en sus casas y los matan, a mujeres, a niños...». «Esto está cada día peor», asiente Wail. Ninguno tiene esperanzas de volver. Ni entiende por qué los expulsan. Wail cocinaba kubba -las típicas albóndigas iraquíes-, siempre se había llevado bien con sus vecinos y le gustaba salir por Bagdad. Ya no. «Las sectas, las milicias religiosas, aparecieron entre 2005 y 2006. Ahora vamos del trabajo a casa, nos encerramos a las seis de la tarde, ya no tenemos amigos, los musulmanes tienen miedo de que los vean con nosotros», añade Zina, mientras acuna a su bebé.

Tampoco quiere volver Sirine, estudiante de 20 años, que pronto partirá con su familia a Estados Unidos. «Ya no tengo a nadie en Bagdad. Aunque haya paz, ya no me gusta esa sociedad». ¿Ni aunque fuera como antes de la guerra? «Ah, entonces sí, volvería encantado. Pero no creo que ocurra...», comenta.

Sirine está ensayando un villancico con otros jóvenes caldeos en la Asociación Humanitaria Asirio-Caldea, una planta en el modesto edificio del Vicariato turco, atendida por Hadeer Khawaja, oriundo de Irak, y el padre Idris Gabriel Emlek, turco.

Aquí sí habrá Navidad, se escucharán los cánticos en arameo y árabe que han enmudecido en las localidades iraquíes de Bagdad, Kirkuk y Mosul. La cripta de la iglesia de San Antonio acogerá a los refugiados, como todos los domingos; todos se tocarán las manos para pasar la gracia divina desde el altar hasta los últimos bancos, al salir se compartirán dulces y todos se desearán como cada año «Edo brijo». Sin miedo.

Madrid

Iniciativa internacional

Los legisladores recalcan que más de la mitad de los cristianos de Irak ha dejado el país desde 2003 y, como muestra evidente de su persecución, relatan los «continuos ataques» a las iglesias como el producido recientemente contra Nuestra Señora de la Salvación en Bagdad.

Afirman que una comunidad cristiana activa y próspera es vital para asegurar la estabilidad de Irak, y que de su presencia o ausencia dependen las perspectivas de un futuro estable también en Oriente Próximo.

Asimismo, se declaran «horrorizados» por el hecho de que hombres armados hayan irrumpido en hogares cristianos en Irak para asesinar a civiles, y por las noticias de ancianos que profesan esta religión y «que han sido hallados estrangulados».

Noventa y cuatro legisladores de 15 países han suscrito una carta dirigida al presidente de Estados Unidos, Barack Obama, en la que le piden que lidere las acciones internacionales para proteger a los cristianos en Irak y acabar con la persecución.