A por los culpables de la revuelta, pero con tiento. El ministro de Fomento dio ayer un giro a la investigación de la
huelga salvaje de controladores aéreos. José Blanco ya no irá a por todos los huelguistas, sino sólo a por la «cúpula» que presionó al resto de controladores y les dio las «indicaciones» para desencadenar el cierre del espacio aéreo español durante 24 horas.
La razón de esta nueva estrategia es que el Gobierno necesita al resto de la plantilla para que los centros de control y las torres de los aeropuertos sigan funcionando hasta que entren nuevos controladores civiles o militares, en proceso de formación. Sigue en página 4
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El ministro contará para ello con el apoyo de la Fiscalía General del Estado, que distinguirá entre los controladores que dirigieron la rebelión y los de base. Es más, facilitará un trato favorable a aquellos profesionales que, pese a ausentarse de su puesto de trabajo, prueben que fueron coaccionados para abandonarlo. En este sentido, la Fiscalía incidirá en la responsabilidad de los
cabecillas de la huelga, según explicó ayer el propio fiscal general de Estado, Cándido Conde-Pumpido, en un momento del acto conmemorativo del Día de la Constitución en el Congreso de los Diputados.
En el Ministerio de Fomento tienen «serias sospechas» de que algunos de los máximos responsables de la Unión Sindical de Controladores Aéreos (Usca) coaccionaron a sus compañeros para que dejaran de trabajar o no se presentaran en las torres de control. Fuentes del Ministerio advirtieron de que esos indicios serán investigados, y apuntaron que si se demuestra la citada conducta, la Fiscalía pedirá un castigo «más duro» para ellos que para quienes se limitaron a no trabajar.
Los responsables de la Usca acudieron a la sede de Fomento hasta tres veces en 15 horas durante el cierre del espacio aéreo. A las 19.00 horas, el secretario general del sindicato, Abel Hernández; el vicepresidente, José Manuel Acevedo; y el asesor jurídico, Francisco Maroto, se reunieron con el secretario de Estado de Transportes, Isaías Táboas, y el director general de Aviación Civil, Manuel Ameijeiras.
A las 03.00 horas de la madrugada del sábado, el presidente de la Usca, Camilo Cela, y el abogado volvieron al Ministerio. Para sorpresa de ambos, se encontraron con el secretario de Estado de Defensa, Constantino Méndez. A las 10.30 horas, Acevedo y el abogado regresaron a Fomento con la intención de negociar el convenio colectivo del sector, pero la respuesta fue negativa. El asesor jurídico de Fomento que les recibió les informó de que esa negociación deberían hacerla en la mesa creada para ello.
«Hay que saber quién ha dado las indicaciones», señaló Blanco en una entrevista concedida ayer a Onda Cero, a primera hora de la mañana, en la que destacó que «hay excelentes profesionales que quieren cumplir con su trabajo». «Quien faltó a su puesto tiene más responsabilidades que aquel que no trabajó, pero no abandonó su puesto de trabajo», advirtió el ministro.
Tras evaluar la disponibilidad de controladores por parte de Aena para hacer frente a los aviones que aterrizan y despegan cada día en los aeropuertos españoles -sólo en Barajas se contabilizan más de 1.000 vuelos diarios-, Blanco se preocupó bien de elogiar la «profesionalidad» del colectivo y señaló que «muchas veces se sienten presionados para hacer seguidismo de una cúpula». «No estoy tan seguro de que los dirigentes tengan la misma profesionalidad que la inmensa mayoría del colectivo», subrayó.
En España existen 2.400 controladores aéreos, 47 aeropuertos y cinco centros de control -Madrid, Palma de Mallorca, Barcelona, Sevilla y Canarias-. El pasado viernes, cerca de 500 profesionales decidieron no trabajar en protesta por las condiciones laborales que el Ministerio de Fomento exigió al colectivo. Aena abrió 442 expedientes disciplinarios a presuntos huelguistas.
La situación revela que faltarían controladores en caso de que el Gobierno decidiera sancionar a los 442 trabajadores, a los que podría suspender de empleo y sueldo, o expulsarlos definitivamente de su puesto de trabajo. No obstante, la Fiscalía investigará «caso por caso», en palabras de Conde-Pumpido, pero por la vía ordinaria, no por la militar, ya que desde el momento en que el Gobierno decidió militarizar el control aéreo no se tuvo constancia de que ningún controlador cometiese una ilegalidad.
En el caso de que se pruebe que han cometido un delito contra la navegación aérea, se les pueden imponer dos penas. Una, entre tres meses de arresto y tres años de cárcel por abandonar el puesto de trabajo de manera colectiva y sin justificación. Otra, de tres a ocho años de prisión si esa actitud produce perturbaciones en el servicio aéreo.
Pese a este escenario sancionador, el ministro de Fomento hizo un llamamiento a «pasar página» por la huelga de los controladores y a seguir dialogando sobre el futuro convenio colectivo del sector, que deberá garantizar «los derechos de los trabajadores y el cumplimiento de la ley», apuntó a los periodistas que asistieron ayer al acto conmemorativo de la Constitución.
Para sorpresa de muchos, un portavoz de la Usca -César Cabo, en concreto- se dirigió ayer a la opinión pública para asegurar que el trato que están recibiendo los controladores por parte del Ejército está siendo «exquisito», informa Europa Press. Es más, negó que estén siendo «presionados», como afirmaron en los últimos días varios miembros del colectivo, que llegaron a asegurar que la Guardia Civil entró en las instalaciones amenazándoles con pistolas.
No obstante, no pasó por alto advertir de que, pese a que la plantilla de controladores está trabajando con «aparente normalidad», hay «mucha tensión, porque hay nervios y algunos de los trabajadores incluso han sufrido ataques de ansiedad». En este sentido, subrayó que la huelga salvaje fue «fruto de la presión que el sector lleva viviendo desde hace tiempo».
En lugar de informar sobre los responsables del caos aéreo, Cabo esquivó la culpa del colectivo y denunció que «existe una corresponsabilidad» de la plantilla que «ha saltado al abismo» y de la empresa que le «ha empujado y machacado» desde una gestión «irresponsable». El portavoz de la Usca no dudó al señalar que la reacción de los controladores fue «desmedida», pero reprochó al Gobierno que haya «hecho oídos sordos, apretando más y más», tras las advertencias del sindicato.
«Hay que plantearse qué se le ha hecho a los controladores para que saltaran como lo hicieron el viernes, exponiéndose a una situación como la actual», se jactó César Cabo. El pasado viernes, el Consejo de Ministros aprobó un decreto por el que clarificó la jornada laboral del colectivo, el máximo de horas que debe trabajar y las actividades laborales que no computan como horas operativas de trabajo.
Fomento prepara ahora otra norma que obliga a los controladores a habilitar a los nuevos que entren en las torres. Sin duda, el Gobierno no quiere quedarse sin controladores.
OORBYT.es
>Vea hoy en EL MUNDO en Orbyt el análisis de Marisa Recuero sobre la investigación de la huelga de controladores.
MANUEL SÁNCHEZ / Madrid
«Se acertó en cómo, cuándo y quién informaba»
Zapatero defiende la gestión de la crisis en otra semana «dura y difícil» en el Gobierno
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, defendió ayer la gestión de la crisis provocada por los controladores aéreos que ha llevado a cabo el Ejecutivo, y afirmó que la prórroga del estado de alarma estará «en función de cómo evolucionen las circunstancias» en estos 15 días.
En declaraciones en el Congreso, antes de asistir al Día de la Constitución, Zapatero consideró que lograr «restituir la normalidad en una grave crisis del sistema aeroportuario en menos de 24 horas» demuestra que «el proceso de toma de decisiones, el cómo, cuándo y quién debía informar, ha sido acertado», dijo.
Según apuntó, dependiendo de cómo evolucione la situación, el Gobierno decidirá o no prorrogar el estado de alarma decretado en principio para 15 días, y lo hará «teniendo en cuenta la opinión del conjunto de los grupos» parlamentarios, y tras ver su reacción en la comparecencia del jueves.
Zapatero recordó que el Ejecutivo tiene facultades y medios para prever cualquier circunstancia que pueda producirse y aseguró que los Ministerios de Fomento y Defensa trabajan para tener «una nueva capacidad de reacción» si vuelve a registrarse el mismo problema. «Que confío que no», añadió.
Justificó que no compareciera públicamente porque cree que las primeras explicaciones debe darlas en la sede de la soberanía popular y que ha intentado graduar las intervenciones en función del problema y, sobre todo, para no crear alarma social.
Por ello, explicó, primero fue el ministro de Fomento, José Blanco; y posteriormente, Alfredo Pérez Rubalcaba. Rechazó que se critique que haya sido el portavoz del Gobierno quien compareciera ante los medios para explicar la evolución de los acontecimientos. En este sentido, insistió en que la actuación del Ejecutivo «ha dado los resultados buscados y esperados», y recordó que ha sentado un precedente democrático importante, que pone en valor la vigencia de la Constitución.
Zapatero también comentó que no se puede comparar esta semana con la del mes mayo, donde anunció las medidas de ajuste, aunque confesó que también ha sido una semana «dura y difícil».
«En mayo fue una decisión colegiada, en esta ocasión era una decisión de Gobierno, mía, tanto en lo que ocurrió el miércoles, como en el conflicto con los controladores», afirmó el presidente.
No obstante, a Zapatero se le notó bastante satisfecho por cómo se habían resuelto inicialmente ambos problemas.
La cúpula de la Usca
Camilo Cela
>Presidente de la Unión Sindical de Controladores Aéreos (Usca). Controlador desde 1986. Trabaja en Torrejón.
Abel Hernández
>Secretario general de la Usca. Controlador desde 1982 y docente de control aéreo. Trabaja en la torre de control de Madrid-Barajas.
José M. Acevedo
>Vicepresidente de la Usca. Miembro de la anterior junta del sindicato, con Juan María Gil. Controlador desde 1987. Trabaja en Sevilla.
Francisco Maroto
>Abogado de la Usca desde la llegada de la nueva directiva, hace seis meses, y del Colegio Oficial de Pilotos de la Aviación Comercial .
AGUSTÍN YANEL / Madrid
El Gobierno podría estudiar la prórroga de la alarma el día 17
Adoptará esa decisión si existe peligro de que se repita el caos
El Pleno del Congreso de los Diputados no tendrá que votar, el jueves de esta semana, el decreto por el que se ha declarado el estado de alarma. Ese día, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, explicará a los diputados pormenorizadamente todos los datos referidos a la gestión que ha realizado el Ejecutivo durante el caos provocado por los controladores aéreos.
El líder del PP, Mariano Rajoy, y el diputado de Izquierda Unida Gaspar Llamazares, entre otros, pedirán explicaciones al presidente no sólo sobre estos días de crisis, sino por la gestión del último año, desde que comenzaron los problemas con los controladores.
Pero ese día los diputados no tendrán que votar, porque la competencia para declarar el estado de alarma le corresponde al Gobierno, sin que el Congreso tenga que convalidar el decreto posteriormente.
El Pleno del Congreso sí tendría que autorizar una prórroga de la declaración del estado de alarma en el caso de que el Gobierno considere que es necesaria cuando, dentro de 15 días, concluya la vigencia de la medida que aprobó el sábado el Consejo de Ministros extraordinario.
Ayer, tanto el presidente como varios ministros se inclinaban por la posibilidad de que no sea necesario solicitar esa prórroga, porque esperan que los controladores no vuelvan a abandonar sus puestos de trabajo como hicieron el viernes, tras haber comprobado el perjuicio que puede acarrearles ese plante sin haber convocado una huelga legalmente.
No obstante, tal y como publicó ayer EL MUNDO, todos los miembros del Ejecutivo consultados sobre esa posibilidad indicaron que la decisión de solicitar una prórroga de dos meses del estado de alarma se adoptará en el caso de que las circunstancias lo aconsejen dentro de dos semanas.
En el caso de que existiera la posibilidad de que los controladores repitan un plante como el del viernes, el Gobierno estudiará el caso en el Consejo de Ministros del próximo 17 de diciembre y solicitaría la correspondiente autorización al Congreso.
Paulino Rivero, presidente del Gobierno de Canarias, una de las comunidades más afectadas por el cierre del espacio aéreo, declaró ayer que, en el caso de que fuera necesario solicitar una prórroga del estado de alarma, su Gobierno estaría de acuerdo y la apoyaría. Indicó que lo más importante es garantizar «el interés general», informa Europa Press.
CARMEN REMÍREZ DE GANUZA / Madrid
Rajoy criticará la inoportunidad y la falta de previsión del Gobierno
Tras apoyar el estado de alarma, el líder del PP le exigirá «explicaciones» el jueves
Pocas veces se había visto tan enfadado a Mariano Rajoy como ayer, a su entrada en el Congreso para celebrar el Día de la Constitución. Acababa de recibir la llamada del presidente de la Cámara, José Bono -previamente alertado-, para pedirle disculpas por la entrevista publicada esa mañana en este diario, en la que exhortaba al PSOE a «mimar y colmar de atenciones» a un líder del PP dedicado a «descansar».
Formalmente, Rajoy había aceptado las disculpas y hasta había bromeado con que «no me puedo ofender, porque peores cosas dices de Zapatero». Sin embargo, el líder del PP no abandonó su gesto sombrío, y hasta se mostró hosco con los periodistas, ante los que llegó a enmudecer más tarde, en el tradicional corrillo del Salón de los Pasos Perdidos.
El discurso de Bono no contribuyó a mejorar el clima del festejo constitucional. A los populares les gustó muy poco. Unos y otros calificaron de «inapropiado» que arremetiera contra los controladores aéreos con los mismos argumentos que si fueran terroristas. «Ha defendido una medida de Gobierno, no de Estado», protestaban sotto voce, por si a alguien se le ocurría interpretar que se ponían del lado de los controladores. Además, algún importante miembro del equipo económico del PP críticó en voz alta la «locura» que suponía dedicar la ocasión a criticar el ataque de los «especuladores» contra España.
Pero nadie hizo declaraciones a micrófono abierto. Y mucho menos Rajoy, quien después de su conversación con el presidente del Gobierno dio la impresión de que le habían puesto una camisa de fuerza a modo de pacto de silencio. «Hablaré el jueves», era lo único que decía, en alusión al debate parlamentario para la convalidación del Decreto del estado de alarma.
En lo esencial, Rajoy había fijado su posición a su entrada, al declarar ante las cámaras que «apoyaremos el Real Decreto», pero que «el Gobierno tendrá que dar explicaciones de qué ha ocurrido para que todos los españoles hayamos vivido una situación tan lamentable como ésta».
No obstante, fuentes del Grupo Popular reconocían ayer que la ley obliga al Gobierno a celebrar el debate para la convalidación del decreto pero que no precisa someterlo a votación; osea, que Zapatero sólo necesitaría el apoyo de la oposición si prorroga la alarma pasados los 15 días.
Así, a la espera de conocer si habrá o no un intento de prórrogar la alarma, los populares se reservaron el sentido futuro de su voto y se centraron en la sesión del jueves. Un pleno en el que, según aseguraban, Rajoy acusará al Gobierno de falta de previsión y de oportunidad en la elección de la jornada para promulgar el decreto, en vísperas de un puente festivo. «Yo nunca habría aconsejado a Rajoy que hiciera algo así», corroboraba en corrillos el popular Alberto Núñez Feijóo, después de defender la gestión de su Gobierno en Galicia frente a las huelgas de médicos, y de afirmar como «inaceptable» el abandono de sus puestos por parte de los controladores.
«El Gobierno fue a apagar el incendio con gasolina», insistían las fuentes más próximas a Rajoy, que explicaban que, de momento, éste no tiene más remedio que avalar el estado de alarma o cualquier solución que pase por la reordenación del espacio aéreo, pero que no dudará en reprochar el jueves a Zapatero su afición a gobernar a golpe de decreto, y no de proyecto de ley.
Añadían cerca de Rajoy que tanto él como el partido arremeterán contra la mala gestión del ministro de Fomento, que contaba desde hace ocho meses con el apoyo expreso del PP para arreglar el conflicto con los controladores.
En todo caso, y pese a que la crisis de los controladores seguía copando el interés periodístico, de lo que más se hablaba en los corrillos populares ayer era de la crítica situación de la economía y hasta de los rumores de rescate a España. De hecho, fuentes de toda solvencia en Génova aseguraron a este diario que éste y no otro fue el verdadero tema de conversación entre Rajoy y Zapatero.
Además, otras fuentes populares bien informadas aseguraron que el Gobierno decidió el viernes sumar el decreto sobre los controladores al de medidas de recorte con el objeto de «tapar» el impacto social de la supresión de los 426 euros a los parados de larga duración. Insistieron, tras compartir corrillos con miembros del Gobierno, en que hubo división en el gabinete, y que Rubalcaba se impuso con su decisión a Blanco, que «ha sido el peor parado».
AGUSTÍN YANEL / Madrid
Llamazares pide el fin del estado de alarma
Aunque acusa a los controladores de «abuso», duda de que el decreto sea legal
El diputado Gaspar Llamazares, de Izquierda Unida, no va a apoyar en el Congreso la decisión del Gobierno de decretar el estado de alarma, porque considera que no se cumplen los requisitos que exige la ley para haber acordado esa medida.
No obstante, dejó claro que él no está de acuerdo con la actitud que adoptaron los controladores el viernes pasado. Dijo que lo que ha hecho el Gobierno es «un abuso de la Constitución» frente al «abuso contra los ciudadanos» que han cometido los controladores.
Ayer, al acudir al Congreso para asistir a la conmemoración del XXXII aniversario de la Constitución, pidió al Gobierno que acabe con «la militarización» de los controladores aéreos y reanude las negociaciones con ellos, respetando el Estatuto de los Trabajadores.
Llamazares comentó que, según los especialistas e incluso algún redactor de la ley, la militarización de un determinado colectivo puede acordarse cuando se ha declarado el estado de excepción o el de sitio, pero no por el de alarma, como acordó el Ejecutivo el sábado.
Además, duda de que sea constitucional la declaración de estado de alarma, porque para ello deben darse al menos dos de los requisitos que establece la ley y no sólo uno -el perjuicio a los ciudadanos- como ocurre en este caso.
Por el contrario, el presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, declaró en el mismo acto que el Gobierno, al adoptar esas medidas, ha sido «muy eficaz y muy diligente, poniendo coto al abuso de unos profesionales que tienen el monopolio del control aéreo». «Hacen verdaderos chantajes, utilizando como rehenes a los ciudadanos», dijo, algo que considera «absolutamente intolerable».
En su opinión, el Ejecutivo que preside Rodríguez Zapatero «ha hecho muy bien tomando medidas rápidas y drásticas».
El PNV no asiste ningún año al acto conmemorativo de la Constitución. Pero su diputado Emilio Olabarria afirmó ayer que ellos apoyan la declaración del estado de alarma para restablecer el tráfico aéreo, y pidió que se reclamen a los controladores responsabilidades de todo tipo, tanto desde el punto de vista laboral como penal.
En coincidencia con la opinión del socialista Barreda, el diputado peneuvista declaró a la agencia Servimedia que el Gobierno ha actuado «con diligencia» para impedir que los controladores continuaran ejerciendo «un verdadero chantaje» a la ciudadanía.
Frente a esas posturas favorables al Gobierno, el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, criticó al Ejecutivo por haber aprobado el decreto que regula la jornada de los controladores el viernes último, día en que comenzaba el puente de la Constitución, que consideró «inoportuno».
En el caso de que Rajoy fuera presidente del Gobierno y se viviera una situación similar, Núñez Feijóo le habría recomendado que no aprobara ese decreto al inicio del puente sino después.
No obstante, afirmó que él y su partido apoyan la declaración del estado de alarma y piden a Zapatero que ofrezca todas las explicaciones en el Congreso.
No estoy aquí para negociar»
Cómo el Ejército sofocó en 24 horas la huelga salvaje de los controladores
En 24 horas, las que fueron desde la tarde del viernes a la del sábado, el Ministerio de Defensa, en general, y el Ejército del Aire, en particular, lograron poner fin a la huelga salvaje de los controladores aéreos y devolvieron una aparente normalidad a los cielos españoles. Fueron momentos de gran tensión en los que, sin embargo, los 400 militares movilizados por el Gobierno se movieron con extrema rapidez y frialdad, afrontando con éxito una situación absolutamente inédita para ellos. Éste es el relato de los pasos que dio Defensa para intervenir y devolver la tranquilidad al país.
VIERNES, 17.00 HORAS. Poco después de que se sepa que los controladores están abandonando sus puestos de trabajo o no incorporándose a ellos, la ministra de Defensa, Carme Chacón, contacta por primera vez con los jefes del Estado Mayor de la Defensa (Jemad) y del Aire (Jema), generales José Julio Rodríguez y José Jiménez. En esos momentos, el Gobierno ya baraja la opción militar como solución al conflicto. Para ello dispone de un plan de contingencia que el Ejército del Aire tiene elaborado desde las últimas crisis con los controladores (febrero y verano de este año). En él está prevista la opción de que se presenten «cero controladores» a trabajar, aunque se considera que es «improbable» y se cree más previsible una huelga del 70% del personal o una huelga de celo. Ante la gravedad de la situación y siguiendo las órdenes de Chacón, los mandos militares movilizan a los efectivos necesarios para aplicar el plan de contingencia y los mantienen en alerta.
VIERNES, 18.00 HORAS. La ministra de Defensa se desplaza al Ministerio de Fomento, donde permanecerá durante toda la crisis. La acompañan el secretario de Estado del Departamento, Constantino Méndez, y el general consejero togado del Cuerpo Jurídico Militar, José Luis Poyato, entre otros. El ministro de Fomento, José Blanco, comparece ante los medios para advertir a los controladores que si no deponen su actitud, el Gobierno pondrá la navegación aérea bajo control militar.
VIERNES, 21.30 HORAS. El presidente del Gobierno firma el decreto que pone la navegación aérea bajo control militar. Acto seguido, el Jema se desplaza al Cuartel General del Aire para dirigir la operación y da instrucciones para que el Ejército acuda a los centros de control aéreo y a las torres de los aeropuertos afectados. Además, se refuerzan las bases militares por si es necesario desviar tráfico a ellas y se pone a la Unidad Militar de Emergencias (UME) en prealerta para ofrecer ayuda a los pasajeros que permanecen atrapados en los aeropuertos.
VIERNES, 23.00 HORAS. Oficiales del Ejército del Aire, todos jefes de escuadrillas de circulación aérea y comandantes aéreos de zona, llegan a los centros de control y a las torres, custodiados por efectivos de la Guardia Civil. Algunos controladores se incorporan a sus puestos en ciertos aeropuertos, pero el espacio aéreo sigue cerrado.
SÁBADO, 2.00 HORAS. El vicepresidente Alfredo Pérez Rubalcaba comparece ante los medios para advertir que, si los controladores no cesan en su actitud, el Gobierno decretará el estado de alarma.
SÁBADO, 2.30 HORAS. Tras solicitar un encuentro, ocho representantes de los controladores acuden al Ministerio de Fomento. Esperan verse con representantes del Departamento de José Blanco, pero la reunión la dirige el secretario de Estado de Defensa, Constantino Méndez. Los controladores le plantean reivindicaciones laborales, pero Méndez les responde lo siguiente: «No estoy aquí para negociar con ustedes. Vengo a informarles de que el espacio aéreo está bajo responsabilidad militar y de que, si no acuden a sus puestos de trabajo, el Gobierno va a decretar el estado de alarma y van ustedes a pasar a estar bajo control militar». Según algunos presentes, los controladores abandonan el Ministerio con la cara desencajada.
SÁBADO, 8.00 HORAS. El 50% de los controladores se encuentra en sus puestos, pero sigue sin poderse abrir el espacio aéreo.
SÁBADO, 12.00 HORAS. El Consejo de Ministros decreta el estado de alarma. Oficiales del Ejército del Aire se despliegan en todos los aeropuertos y centros de control de España, con una media de tres efectivos por lugar. Informan por escrito y de viva voz a todos los controladores que han pasado a ser considerados personal militar y, por tanto, que están sujetos a la disciplina castrense, y que, si no se reincorporan a sus puestos, se dará parte caso por caso al tribunal togado militar correspondiente. En esos momentos, el Ejército tiene movilizados a 200 militares, unos 150 en aeropuertos y centros y otros 50 en el Cuartel General del Ejército del Aire, además de los efectivos de la UME y de la Guardia Civil.
SÁBADO, 17.00 HORAS. 24 horas después del inicio de la huelga, el 98% de los controladores se encuentra en su puesto de trabajo. Se reabre el espacio aéreo.
SALVADOR SOSTRES
Contra el derecho de huelga
El derecho de huelga no tiene ningún sentido en una democracia perfectamente instalada en un Estado constitucional. El derecho de huelga es una antigualla del siglo XIX que carece de justificación en una sociedad que, como la nuestra, posee un completísimo sistema de garantías. El derecho de huelga es propio de sociedades cuyos trabajadores no tienen otros derechos, y éste no es de ninguna manera el caso de los trabajadores españoles, que tienen todos los derechos del mundo -demasiados-, a menudo menos obligaciones de lo que sería razonable y cauces perfectamente legales para expresar su disconformidad con sus circunstancias: desde las elecciones generales hasta la negociación de sus convenios. En democracia, en un Estado de derecho con garantías y oportunidades, toda huelga es un chantaje.
A partir de ahí, la de los controladores aéreos no es ni más ni menos justa que una huelga de empleados de cualquier otro sector, y es mezquino y fruto del resentimiento social que tan profundamente sienten y propagan los socialistas negarles a unos los derechos que les reconocen a otros en función de su salario. No tendría que haber derecho de huelga en España, pero mientras exista tiene que ser igual para todos, como cualquier derecho fundamental, y el ministro Blanco se comportó como una chacha resentida cuando criminalizó el viernes la huelga de los controladores por que cobran una media de «30 millones de las antiguas pesetas».
Me pareció encantador el gesto de militarizar los aeropuertos, pero por los mismos motivos se tendría que haber militarizado el Metro de Madrid, las cocheras municipales, y cualquier ciudadano tendría que poder asistir a su puesto de trabajo escoltado por el Ejército contra la violencia de los piquetes. Es tan impresentable haber elevado a un sindicalista huelguista a ministro de Trabajo como que mañana se nombrara ministro de Fomento a un controlador aéreo. No hay huelgas más aceptables que otras en función de lo que cobran quienes las protagonizan. Toda huelga es salvaje porque como concepto es previa a la era de la democracia, los derechos y las garantías. La huelga es predemocrática, precivilizada, dialéctica de barbarie.
Los viajeros afectados del viernes y el sábado que alguna vez participaron o secundaron alguna otra huelga o manifestación conocieron lo que ocurre cuando algunos asumen que sus supuestos derechos son más importantes que los derechos de los demás, cuando alguien cree que en nombre de sus reivindicaciones puede saltarse sus deberes y que cuando las normas del juego no te gustan siempre queda el recurso del chantaje.
Espero que fueran capaces de ver más allá de la anécdota y de su perjuicio personal; y de entender la lección fundamental que se desprende de tan funestos acontecimientos. Vivimos en sociedad, y cualquier alteración del orden y de la convivencia conlleva siempre consecuencias penosas.
La libertad tiene que protegerse de sus defectos y de sus excesos. Del islamismo que quiere eliminarla y de los huelguistas que, por egoísmo y falta de respeto por la vida de los otros, igualmente podrían destruirla. Toda huelga es un chantaje y una democracia tiene que caminar erguida, sin doblegarse.
HÉCTOR MARÍN / El Prat de Llobregat
Tensión con los últimos afectados
Los Mossos vigilan a 120 colombianos que protestan por estar bloqueados en El Prat
El sueño y los ahorros de un año entero, por los suelos. Los pasajeros del vuelo AV-019 con destino a Bogotá eran ayer, tras 48 horas bloqueados en el aeropuerto de El Prat (Barcelona), la viva imagen de la desazón. Su salida estaba prevista para el sábado a las 15.40 horas, pero fue cancelado. Algunos de estos viajeros frustrados (familias colombianas que trabajan en Barcelona, Tarragona y la Comunidad Valenciana) se vieron superados por la tensión: la joven Cindy cayó desplomada en la terminal 1, víctima de su segunda crisis de ansiedad desde el inicio de la protesta salvaje de los controladores.
En los instantes previos al desmayo de la chica, una agente de los Mossos d'Esquadra se dirigió al grupo de manifestantes (unos 120 pasajeros) en estos términos: «¿Cómo pueden pretender que les fleten un avión? Con la de millones de euros que han perdido estos días las aerolíneas […] Ésta es una crisis que ha afectado a 600.000 pasajeros, entiéndanlo de una vez».
Los ánimos ya estaban encendidos desde que la operadora del vuelo, Avianca, se puso a vender las plazas libres del vuelo a Bogotá previsto para ayer, en lugar de destinarlas inmediatamente a reubicar a los pasajeros afectados.
La actitud de la aerolínea colombiana enfureció al pasaje. De nada sirvió que a última hora de la tarde del domingo los enviara -después de una noche entera en la T1- a un hotel. «Me han dicho que, si quería salir antes del 13 de diciembre, la única opción era reembolsarme el billete perdido de 1.100 euros y comprar otro por 1.500 euros; que las plazas libres para hoy no van a ser para nosotros», explicaba Joana Pérez, junto a su marido y sus dos hijas.
«Los colombianos somos de sangre caliente y le echamos cojones», advertía Óscar. El pasaje se dividió en dos grupos: unos esperaron en el puesto de información de Avianca; otros, en los mostradores de facturación del nuevo vuelo Barcelona-Bogotá, en el que no habían sido reubicados, para intentar boicotearlo. «Deberíamos ser prioritarios: ya hemos perdido dos días de vacaciones», argumentaba la madre de Cindy, Ángela Espinosa.
Tres horas antes del embarque, agentes antidisturbios de los Mossos d'Esquadra tomaron posiciones. Unos 30 efectivos formaron un cordón de seguridad entre los mostradores 308 y 325 para asegurar el derecho del pasaje de ayer y evitar que los damnificados les impidieran facturar con normalidad. Una imagen inédita en las instalaciones.
La tensión iba en aumento pero la cosa no fue a más. Los afectados se concentraron en tratar de ser reubicados. En pocos minutos, la cola ante la ventanilla se multiplicó.
Unos 10 damnificados lograron asiento en un vuelo Madrid-Bogotá que parte esta tarde. ¿El criterio? Orden de llegada a la fila. «Habiendo bebés y mayores, es cuestionable», criticaba Hugo, un cooperante al que hoy esperaban en Haití.
Una de las afortunadas es Mónica Delgado: «¿Contenta? Más bien decepcionada con Avianca, con las autoridades españolas y con los Mossos, que sólo aparecieron para desalojarnos y no para traernos mantas ni agua», indicó. La mayoría fue derivada a vuelos que saldrán de España dentro de tres o cuatro días. La historia tiene un final surrealista: un 5% del pasaje del vuelo de ayer a Bogotá -los no afectados por el caos- quedó fuera porque «sobrevendimos los vuelos», según fuentes de Avianca. «Me dicen que es algo habitual. ¡Estoy berraquísimo!», expresaba el colombiano Germán Padilla.
A. Y. / Madrid
Pitos a Zapatero, aplausos a Rajoy
El presidente está acostumbrado a que algunos ciudadanos acudan a los actos públicos en los que va a comparecer y le muestren su descontento con gritos y abucheos. Una de las pitadas más sonoras la recibió el pasado 12 de octubre, durante el desfile militar celebrado en Madrid con motivo del Día de las Fuerzas Armadas.
El ministro de Fomento, José Blanco, también escuchó ayer gritos en su contra y abucheos de una parte del público presente. Otras personas, en cambio, le aplaudieron por su gestión en el conflicto de los controladores aéreos.
La ministra de Exteriores, Trinidad Jiménez, fue recibida con abucheos y gritos de «¡Fuera, fuera»! cuando llegó al palacio de la Carrera de San Jerónimo.
Por el contrario, el líder del Partido Popular, Mariano Rajoy -que llegó al Congreso unos minutos después que Rodríguez Zapatero, acompañado por la portavoz de su grupo en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría-, fue aplaudido y le gritaron «presidente, presidente», a lo que respondió sonriendo.
También recibió algunos aplausos el presidente honorífico del Partido Popular y senador Manuel Fraga. No obstante, hubo quien le gritó «¡Jubílate y deja paso a la juventud».
Como ocurre cada año, muchos ciudadanos permanecieron frente a la entrada principal del Congreso no sólo cuando llegaban los políticos, sino hasta que les vieron marcharse.
Cerca de dos centenares de ciudadanos que se concentraron ayer frente al Congreso de los Diputados, para ver llegar a los políticos al acto conmemorativo de la Constitución, recibieron al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, con pitos, abucheos y gritos de «fuera, fuera».
AGUSTÍN YANEL / Madrid
Bono: «Quienes recurren al chantaje para defender privilegios son los culpables»
El caos aéreo de los controladores centra el acto conmemorativo de la Constitución
El presidente del Congreso de los Diputados, José Bono, aprovechó ayer el acto institucional conmemorativo del XXXII aniversario de la Constitución para criticar con dureza la actuación de los controladores aéreos. «Un grupo de ciudadanos ha abandonado sus obligaciones y, echando un pulso al Estado, ha perjudicado gravemente a muchos españoles y a España misma», afirmó.
Ante esa actitud, añadió, la Constitución ha vuelto a dar pruebas de que «está viva y plenamente vigorosa», y ha puesto de relieve su fortaleza demostrando a la ciudadanía que «quienes recurren al chantaje para defender privilegios son los únicos culpables», añadió.
«Ni han vencido en esta ocasión, ni vencerá quien lo intente de nuevo. Los culpables deben perder toda esperanza frente a los españoles y la Constitución», subrayó.
Bono dejó bien claro, desde el primer momento de su breve discurso, que la conmemoración institucional de la Carta Magna -que se celebró ayer, como cada 6 de diciembre- no es una de esas «rutinas muertas» que se viven «con indiferencia», sino «un acto vivo».
Por eso, en presencia de Zapatero, de casi todos los ministros y de los máximos representantes de los organismos y altas instituciones del Estado, echó mano del poema de Blas de Otero España, camisa blanca para recordar que la Constitución ha permitido que en España se vive desde hace casi un tercio de siglo «entendiéndonos sin destrozarnos, con un lugar común donde sentarnos y conversar».
«Pese a nuestros empeños en exagerar diferencias, lo que nos une como españoles es mucho más que lo que nos separa», afirmó, antes de dar un toque a los independentistas: «Por mucho que se empeñen algunos en separarnos o en separarse, somos millones los que sabemos que, con la Constitución de nuestra parte, no hay peligro de ruptura», añadió.
Concluyó con un llamamiento al trabajo colectivo: «El presente no es un trabajo reservado a una casta o profesión, y mucho menos a los vaivenes de los especuladores, estén o no en los mercados, o de quienes sólo quieren ganar el titular del día siguiente en el periódico de su referencia, sino la tarea vital de millones de personas que no desean retroceder».
«Ésa es la clave de esta hora, de este día y de esta época: el deseo de avanzar de nuestro pueblo es la garantía de nuestro progreso», dijo.
El año pasado, la entonces esperada sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Autonomía catalán fue el eje sobre el que giraron los comentarios en el aniversario de la Constitución. Ayer, el protagonismo fue del caos aéreo que han provocado los controladores al abandonar sus puestos de trabajo sin haber convocado antes una huelga legal, y también de la entrevista con José Bono que publicó EL MUNDO. Incluso las discutidas medidas económicas que aprobó el viernes el Gobierno quedaron en un segundo plano.
En esa entrevista, Bono dijo, entre otras cosas, que Mariano Rajoy, como líder político, es «un tesoro para el PSOE». «Haríamos bien mimándolo y colmándolo de atenciones mientras descansa», afirmó, augurando que no será presidente.
Esas afirmaciones causaron malestar en el PP. Bono, consciente de que esa frase no fue muy acertada, y menos difundida el día de la Constitución, telefoneó a Rajoy para decirle que no había pretendido ofenderle y pedirle disculpas, que el líder de la oposición aceptó.
De los 17 presidentes autonómicos sólo asistieron los socialistas José María Barreda (Castilla-La Mancha) y Marcelino Iglesias (Aragón) y el de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, del PP. El año pasado fue muy criticada la ausencia de todos los presidentes populares.
Tampoco acudió ayer el lehendakari vasco, Patxi López, que en 2009 fue noticia porque era la primera vez en 31 años que asistía un presidente del Gobierno vasco. Estuvo representado por la consejera de Educación, Isabel Celáa.
Del PP madrileño no asistió ni su máxima dirigente y presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre, ni el alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón. Sí estuvo el líder de los socialistas de Madrid, Tomás Gómez.
Como todos los años, no acudió a la conmemoración de la Carta Magna ningún representante del PNV, ERC, ICV y Na-Bai.
MANUEL SÁNCHEZ / Madrid
Lección de cómo el Gobierno defiende en zona
La hoguera de las vanidades se enciende cada 6 de diciembre en los salones del Congreso en cuanto el presidente de la Cámara Baja acaba su discurso, dando rienda suelta a una auténtica pelea de codazos por buscar hacerse sitio delante del mejor postor. Todo ello, además, con bandejas de canapés de por medio que dificultan la movilidad, pese a la gran habilidad de los camareros, y donde la palabra que más se escucha es: «Perdón».
Pero hay que situarse, porque es como un partido de baloncesto. Unos defienden en una zona 2/3 -donde abren mucho las piernas y los brazos, además de sacar codos para ocupar y cerrar espacios- y otros intentan moverse rápido y buscar un tiro cómodo desde la línea de tres. Así se actúa en la recepción del Día de la Constitución. Entre políticos y periodistas -ya sólo van políticos y periodistas- unos juegan a defender en zona, y otros a atacarla. Aunque, ayer, sin duda, ganó la defensa del Ejecutivo.
José Luis Rodríguez Zapatero, en el centro, empezó ignorando a los periodistas. Sus asesores le recomendaron hablar con otra gente, no encerrarse en un corro endogámico con la prensa que siempre se hace eterno. Así lo hizo. Charló con Gregorio Peces-Barba, con María Emilia Casas, con Francisco Rubio Llorente. Todo, para defender la canasta. Eso sí, el primero al que le dedicó su atención fue a Mariano Rajoy. En la esquina del campo del salón de los Pasos Perdidos presidente y líder de la oposición, por una vez, parece que se entendieron. Fue una jugada sin peligro.
Más tarde, tuvo que llegar un periodista de peso para intentar romper la zona blindada. Se colocó en medio, cuando Zapatero estaba rodeado de Tomás Gómez y Álvaro Cuesta. Las ayudas de estos suplentes en la zona baja funcionaron, entre otras cosas, porque el espacio seguía cerrado por la Ley de Newton.
Pero como parecía que el presidente del PSM se despistaba en la defensa levantando la vista en busca de un fotógrafo -que no había-, volvieron los titulares. José Bono se hizo con el balón. Con la habilidad que le caracteriza, el presidente del Congreso se llevó a Zapatero a su despacho, al que acudió segundos después su compañero del cinco titular, Alfredo Pérez Rubalcaba. Y ya no volvieron más.
La defensa en zona había funcionado porque, previamente, en la bombilla ya habían parado los ataques periodísticos iniciales a José Blanco -que ayer fue el rey de los corrillos-, y a su lado Ramón Jáuregui, que no se cansaba de dar explicaciones.
El resto fue lo de siempre. El Gobierno casi al completo -Rosa Aguilar, Trinidad Jiménez y Leire Pajín tuvieron sus grupos-, Soraya Sáenz de Santamaría también ocupó su espacio político, a Gaspar Llamazares no le fallaron sus fieles, y los tres presidentes autonómicos que acudieron al acto: José María Barreda, Alberto Núñez Feijóo y Marcelino Iglesias -en su bicefalia- intentaron aprovechar el viaje.
Manuel Fraga, una vez más, no falló. Tampoco Alfonso Guerra. Estuvo el ex ministro del Interior José Luis Corcuera, acompañado de Txiki Benegas. Alguien echó en falta la presencia de María Teresa Fernández de la Vega, nadie se acordó de la ausencia de los nacionalistas, y se añoró a Sara Montiel o a Juanito Navarro.
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