EDITORIALES: Primero cierre del espacio aéreo, luego acusación de sedición, luego amenaza de declarar el "estado de alarma" ¿y luego estado de guerra?

Un colectivo envilecido que merece lo peor

EL TRÁFICO aéreo de toda España quedó colapsado ayer desde primeras horas de la tarde cuando los controladores de Madrid, Barcelona, Palma, Oviedo y Canarias abandonaron masivamente sus puestos de trabajo. Más de 250.000 ciudadanos, que se disponían a comenzar el disfrute del último puente del año, tuvieron que volver a sus casas con la incertidumbre de desconocer si podrán volar hoy hacia sus destinos.

El cierre del espacio aéreo provocó las lógicas y comprensibles escenas de indignación en todos los aeropuertos españoles, en los que muchas personas perdieron los nervios ante la imposibilidad de coger vuelos contratados desde hace semanas o meses.

El motivo de los controladores para abandonar sus puestos de trabajo fue la interpretación, aprobada ayer por el Consejo de Ministros, del decreto del 5 de febrero de 2010. Ese decreto establecía un total de 1.670 horas anuales de trabajo. El Gobierno entiende ahora que el tiempo de formación, las tareas sindicales, los permisos laborales y las guardias no deben contabilizarse dentro de esas 1.670 horas, lo cual, según los controladores, contradice la literalidad del decreto.

Es difícil saber quién tiene razón, pero eso es secundario en estos momentos, ya que carece de justificación alguna que, amparándose en una diferencia de interpretación, los controladores cometan la tropelía de paralizar el espacio aéreo y perjudicar a cientos de miles de usuarios, sin contar con los daños económicos ocasionados. La desproporción es escandalosa, aunque también hay que reprochar al Gobierno que procediera a esa clarificación en una fecha tan inoportuna como la de ayer.

El Consejo de Ministros aprobó también una disposición que exige a partir de ahora la autorización de un médico de AENA para abandonar el servicio por enfermedad, lo que agudizó el descontento de este colectivo.

Ante la extraordinaria gravedad de los hechos, el ministro de Fomento compareció anoche para exigir la inmediata reincorporación de los controladores a su puesto de trabajo. Como la vuelta no se produjo, Zapatero firmó la orden de militarización de la gestión del tráfico aéreo en base a un decreto aprobado ayer mismo en el que se le confería esa potestad. Se trata de una medida sin precedentes pero justificada por lo caótico de la situación. Además, hoy se reunirá el Consejo de Ministros para valorar la posibilidad de decretar el estado de alarma, por primera vez en la historia de la democracia.

La Fiscalía de Madrid abrió diligencias por un presunto delito de sedición de los controladores, contemplado en el artículo 544 Código Penal, en el que se establecen penas de hasta 10 años de cárcel e inhabilitación a perpetuidad contra quienes «se alcen públicamente para impedir por la fuerza la aplicación de las leyes». No parece que esa tipificación encaje con la conducta de los huelguistas, a los que tal vez se les podría aplicar la Ley Penal de Navegación Aérea, que establece sanciones de hasta 12 años de cárcel por «interrumpir» el servicio.

Al margen del plano penal, esa conducta merecería el despido inmediato de los huelguistas, aunque desgraciadamente ello no será posible porque no existe recambio a un colectivo que se ha cuidado muy mucho de restringir el acceso a su profesión. En esta ocasión, los controladores -los profesionales mejor remunerados en la sociedad española- han sobrepasado los límites y han abusado de su poder. Todos y cada uno de quienes ayer se fueron a su casa deberían no sólo sufrir un durísimo castigo sino además la reprobación de los ciudadanos por su ignominioso comportamiento que contraviene el más elemental sentido de la ética.

Críticas contra la eliminación de los 426 euros

El nuevo ajuste 'repugna' dentro del propio PSOE

LA SUBIDA del tabaco y la decisión de aprobar la reforma de las pensiones el próximo 28 de enero, junto a la supresión de la ayuda a los parados de larga duración y la privatización parcial de Aeropuertos y Loterías han puesto en pie de guerra a los sindicatos e incluso han generado una escalada de críticas dentro del propio PSOE. Varios dirigentes socialistas se posicionaron ayer en contra de la eliminación del subsidio de los 426 euros, caso de José María Barreda, Javier Rojo, Tomás Gómez o Jerónimo Saavedra. El ex presidente canario llegó a decir que le «repugna» la medida «por muy socialista que sea el presidente». No cabe duda de que este paquete de recortes, el retraso de la edad de jubilación y el alargamiento del periodo de cálculo de las prestaciones comportan aún más desgaste para el PSOE a pocos meses de las elecciones municipales y autonómicas. Pero la cuestión de fondo es que la crisis, agravada por los continuos bandazos del Gobierno, ha llegado a tal punto que Zapatero no tenía más remedio que actuar como lo ha hecho. A la propia UE se le ha acabado agotando la paciencia con España.

Los informes policiales acorralan a Bárcenas

EL LEVANTAMIENTO del secreto del sumario de Gürtel permitió conocer ayer que Luis Bárcenas intentó recuperar todavía el pasado mes de febrero 1,3 millones de euros de sus cuentas abiertas en Suiza. Su intentona se produjo justo un año después de ser implicado en el caso por el juez Garzón. Al margen de que las pruebas incriminatorias contra Bárcenas siguen creciendo, este episodio revela la torpeza del PP al no desmarcarse antes y más rotundamente de su hoy ex tesorero. En febrero de 2010, Bárcenas todavía militaba en el PP, ocupaba su escaño en el Senado y dirigentes como Arenas decían estar «orgullosos» de su labor. Dos meses después se dio de baja y dimitió en la Cámara Alta, pero por decisión propia. Una vez que los informes policiales apuntalan la tesis de que Bárcenas se enriqueció con la trama, cabría pedir al PP que afronte los hechos y deje de presentarse como víctima de Rubalcaba.

Filtrar informes secretos no da patente de corso

EL FUNDADOR de Wikileaks, sobre el que pesa una orden de detención por dos posibles delitos de violación cometidos en Suecia, sigue haciendo oídos sordos a los requerimientos de la Justicia de ese país. Julian Assange se oculta en el sur de Inglaterra y podría ser detenido de forma inminente. De hecho, Scotland Yard dice tenerlo localizado y procederá a arrestarlo en cuanto reciba la euroorden de Estocolmo. Assange ha asegurado que los delitos de los que se le acusa son falsos, pero donde debería defender su inocencia es ante los tribunales. Suecia es un Estado de Derecho con todas las garantías. Tal vez Assange ha creído que está por encima de la ley por la repercusión que ha tenido su filtración de documentos secretos de EEUU. Esa actuación le ha servido por sí sola para ganarse a cierta élite progresista, que trata de justificar ahora su comportamiento, igual que intentó disculpar en su día a Polanski. Pero sacar a la luz información confidencial -la mayor parte irrelevante- no da patente de corso. Assange ganaría credibilidad para él y para su causa si saliera del escondite y diera la cara.

ZAPATERO ABOCA A ESPAÑA A UNA QUIEBRA INSUPERABLE: Los engaños del Gobierno provocan el estallido de los controladores aéreos

M. RECUERO / B. P. RAMÍREZ / Madrid

Los controladores militarizados tras dejar tirados a 330.000 viajeros

Abandonaron sus puestos al clarificar el Gobierno que las horas sindicales y la formaciónno entran en su cómputo anual
Rubalcaba transfirió anoche el control aéreo a Defensa mientras la Fiscalía abría diligencias por presunto delito de sedición
El Gobierno estudia declarar hoy el estado de alarma que permite poner «a disposición judicial» a los que no acudan a su puesto

Los controladores aéreos abandonaron ayer sus puestos de trabajo provocando el caos. Las torres de control dejaron de funcionar, el espacio aéreo quedó bloqueado y 330.000 personas tiradas en los aeropuertos. Las compañías se vieron obligadas a suspender sus vuelos y todo porque el colectivo no quiere cumplir la ley, alegando que trabaja más horas que las estipuladas. El Gobierno ordenó anoche la militarización del control aéreo y hoy estudiará imponer el estado de alarma, una medida sin precedentes en la historia de la democracia española.

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Con la ley en la mano, el presidente del Gobierno autorizó al Ministerio de Defensa a tomar el control aéreo de España para frenar la huelga salvaje de los controladores y garantizar así la operatividad de los aeropuertos. El Rey tuvo que sancionar la normativa desde la Embajada española en Buenos Aires, donde asiste a la Cumbre Iberoaméricana.

«De acuerdo con la Constitución y con la legislación vigente, hemos procedido a activar los mecanismos previstos», justificó el vicepresidente primero, Alfredo Pérez Rubalcaba, que acudió al Ministerio de Fomento, a última hora de la noche y en compañía de la ministra de Defensa, Carme Chacón, para tomar cartas en el asunto. A partir de ahora, y hasta que la situación no se normalice, los controladores trabajarán bajo control militar. En caso de no cumplir con sus obligaciones laborales, será la disciplina del Ejército la que les pase factura. El ministro de Fomento, José Blanco, calificó la última jugarreta de los controladores de «chantaje» y no dudó en advertir de que no permitirá que prosiga esta «actitud intolerable».

Lo peor es que el colectivo lo tenía todo previsto de antemano, al menos así lo corroboraron informaciones recibidas por este diario. Tenían reservado un hotel en Madrid desde las 13.00 horas, según confirmó el director del propio establecimiento. Y el Sindicato Español de Pilotos de Líneas Aéreas, difundió un comunicado entre sus afiliados, a las 15.00 horas, advirtiéndoles de que revisaran los procedimientos de emergencia disponibles para afrontar un fallo en las comunicaciones con las torres de control, según apuntó un piloto a este diario.

Está claro que la trama se estaba forjando a espaldas de un país, pero la revuelta la encendió el Gobierno a media mañana, cuando anunció que el Consejo de Ministros aprobó un decreto para «clarificar» la jornada de trabajo de los controladores, en palabras de la propia vicepresidenta segunda, Elena Salgado. El Gobierno advirtió al colectivo de que debe trabajar las 1.670 horas ordinarias que obliga la ley y hasta 80 extraordinarias optativas. Es más, les recordó que no computan como horas laborales aquellas actividades consideradas de carácter no aeronáutico, es decir, los permisos sindicales, las imaginarias -guardias-, los periodos de formación y las licencias y ausencias por incapacidad laboral.

La también ministra de Economía fue concisa y concreta. «Ante la duda de los controladores, se aclara la norma», en referencia al Real Decreto aprobado el pasado mes de julio, por el que el Gobierno reguló las horas de descanso y fatiga de este colectivo.

Apenas tres horas después, se armó el caos. Primero, Palma de Mallorca. Después, Madrid-Barajas. Y finalmente, el resto del espacio aéreo español -a excepción del sur-. España quedó incomunicada por aire en poco menos de una hora, porque los controladores abandonaron en masa las torres y centros de control, declarándose «incapaces» para cubrir el servicio, según advirtieron fuentes de Aena. Lo más irónico fue que un portavoz de la Unión Sindical de Controladores Aéreos (Usca) justificó la actitud del colectivo alegando que «a la gente se le ha ido la cabeza». Sin palabras.

Lo sorprendente es que mientras los díscolos del sindicato se negaban a trabajar, su presidente, Camilo Cela, pedía «calma y serenidad», al tiempo que amenazaba entre líneas a Aena recriminándole que con el nuevo decreto abandonaron «la senda de las negociaciones» del convenio colectivo que mantienen ambas partes.

El presidente de Aena, Juan Ignacio Lema, fue el primero en dirigirse a la opinión pública para corroborar lo que era un hecho, que el 70% de los controladores empezaron a abandonar sus puestos de trabajo a las 17.00 horas, comunicando sus bajas de forma «concertada y masiva» y forzando al cierre del espacio áereo. Lema envió a los facultativos del Centro Internacional de Medicina Avanzada a los centros de control para que verificasen si la incapacidad alegada por los controladores era auténtica.

Un pasajero procedente de Cuba murió de un infarto en Barajas. No obstante, el fallecimiento no de debió al conflicto de los controladores.

La deserción masiva de éstos de sus puestos de trabajo puede constituir una falta muy grave que se sanciona con el despido disciplinario. Incluso, un delito, según el artículo 409 del Código Penal. La ley de Seguridad Aérea castiga este tipo de acciones, que considera infracciones muy graves. Ahora solo queda que actúe la Justicia.

Cronología de un largo y polémico conflicto (I)

>Dos pistas cierran en Barajas

Hasta comienzos de 2009, las ausencias injustificadas de los controladores aéreos venían supliéndose con horas extra y prolongaciones de jornada, con el beneplácito del Ministerio de Fomento de Magdalena Álvarez. Sin embargo, el 2 de enero de ese año, ocho de los 23 controladores convocados a trabajar en Barajas piden la baja médica sin que Aena sea capaz de encontrar ningún sustituto, según señalará después, «debido a las fiestas navideñas». Asimismo, la autoridad aeroportuaria decide que sólo se mantendrán operativas dos de las cuatro pistas del aeropuerto, «para agilizar las operaciones». Los retrasos y las cancelaciones en los vuelos se irán acumulando hasta la tarde del 3 de enero.

>Primeras sospechas

Frente a las explicaciones oficiales proporcionadas por Aena, el incidente en Barajas extiende la sospecha de que un grupo de controladores ha decidido iniciar una serie de movilizaciones para presionar en la negociación de sus reivindicaciones, negándose a realizar la prórroga de jornada laboral que la Unión Sindical de Controladores Aéreos (Usca) y Fomento había acordado en julio de 2007.

>Usca se defiende

El 4 de enero de 2009, la Usca responde a los rumores de huelga asegurando que los problemas «puntuales» de los días previos son causa de «la imprevisión y la falta de una gestión adecuada de los recursos disponibles». Asimismo, el sindicato señalaba que las carencias de personal «en ningún caso pueden atribuirse a un hipotético escenario negociador», pese a reconecer que el convenio colectivo está denunciado.

>Llegan las amenazas

El 11 de enero de 2009, el presidente de Usca, Juan María García Gil, presume en una entrevista para la edición dominical de EL MUNDO de la «posición estratégica» de la que gozan los controladores aéreos, para afirmar con rotundiad que se trata del «único colectivo capaz de derrocar a un Gobierno». Asimismo, García Gil niega que el colectivo haya llevado a cabo una huelga de celo durante el periodo navideño y achaca los problemas acaecidos a un cúmulo de «circunstancias».

>Blanco pasa al contraataque

José Blanco sustituye a Magdalena Álvarez al frente del Ministerio de Fomento el 8 de abril de 2009. Frente a la política apaciguadora de su predecesora, Blanco califica como «privilegiados» a los controladores, a los que atribuye los mejores sueldos de Europa (un mínimo de 370.000 euros, frente a los 240.000 calculados por la propia Usca). No obstante, el órdago definitivo llega el 15 de abril, cuando el Gobierno aprueba un decreto ley que fija las nuevas condiciones laborales para los controladores civiles de tránsito aéreo, reorganizando su trabajo y reduciendo sus salarios.

>La ofensiva se intensifica

En junio, las compañías aéreas acusan a los controladores de provocar retrasos y cancelaciones generalizados en el tráfico aéreo y varias semanas después es Aena la que los acusa de organizar «una huelga encubierta». Por su parte, el Gobierno abre la puerta a los controladores privados ajenos a Aena y poco después aprueba un decreto que regula la jornada de los controladores, que se mantiene en 1.670 horas, más 80 extraordinarias.

M.V. / Madrid

El fiscal investiga si los huelguistas cometen sedición

Abre diligencias por un delito castigado con hasta ocho años de cárcel

Los Tribunales se perfilan como el único campo en el que los controladores aéreos van a seguir librando su batalla. Tras convertir ayer a cientos de miles de pasajeros en rehenes, al impedir que sus vuelos despegaran o aterrizaran con normalidad, la Fiscalía de Madrid anunció, pasadas las once de la noche, que ha acordado abrir diligencias de investigación para esclarecer si la conducta de los controladores de Barajas puede ser constitutiva de delito.

El fiscal considera que los controladores podrían ser acusados de un delito de sedición de la Ley Penal y procesal de la Legión Aérea, ya que todo indica a que los posibles acusados abandonaron de manera colectiva sus funciones en el aeropuerto en actitud de protesta o de desobedencia, según explicó en declaraciones recogidas por Europa Press.

En caso de que ese proceso penal prospere, los controladores podrían enfrentarse con hasta ocho años de prisión, ya que el delito de sedición del tráfico aéreo está así castigado en Ley Penal de Navegación Aérea.

De momento, el fiscal jefe de Madrid, Manuel Moix, ha pedidoa la Policía y a Aena un informe con los nombres de los controladores que se ausentaron este viernes de sus puestos de trabajo desatando el caos aéreo.

Además, la Guardia Civil comenzó ayer por la noche a identificar a los controladores que se reunieron desde por la tarde en el Hotel Auditórium, situado en las proximidades del aeropuerto de Barajas.

La Fiscalía cuenta con el apoyo del Gobierno regional, ya que el consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, Francisco Granados, afirmó ayer que exigirá responsabilidades desde el punto de vista «laboral y penal» a los controladores, tras visitar el aeródromo madrileño.

El proceso abierto en Madrid no es el único al que se tendrá que enfrentar este colectivo. En Canarias, el presidente del Gobierno canario, Paulino Rivero, anunció que su Ejecutivo presentará hoy una denuncia ante el Ministerio Fiscal por el cierre del espacio aéreo.

En una rueda de prensa, Rivero explicó que el «caos» desatado por la ausencia de controladores en las torres de control tendrá «consecuencias gravísimas» en la economía de las islas, muy dependiente del turismo y por ello, pedirá una investigación de lo sucedido.

En caso de que el caos aéreo se deba «a un abandono colectivo de los controladores», Rivero recordó que éstos podrían haber incurrido en un delito tipificado en el artículo 409 del Código Penal.

Además, el delito de sedición del tráfico aéreo está recogido en los artículos 20 y 21 de la Ley Penal de Navegación Aérea.

«Queremos que se investigue el abandono masivo y colectivo y que se actúe con la máxima contundencia», afirmó en Rivero a la prensa.

IGNACIO ANASAGASTI / Madrid

«He hecho una inspección y no parece que estén enfermos»

Un inspector confirma la buena salud de los 150 controladores que se atrincheraron en un hotel muy próximo a Barajas

Tensión, crispación e incluso violencia. Ése fue el clima que se respiraba ayer por la noche en el hotel Auditorium de Madrid, a escasos 20 minutos del aeropuerto de Barajas.

Este lugar fue el que tomaron ayer como base de operaciones los controladores que debían estar en las torres gestionando el trafico aéreo. También fue el hotel al que las aerolíneas derivaron a muchos de los pasajeros afectados por el desplante del colectivo. En resumen, el escenario perfecto para haberse librado una auténtica batalla campal de no haber sido por la mediación de la Policía Nacional, que también procedió a identificar a los trabajadores e informarles de las consecuencias de sus actos.

Porque los controladores que allí se encontraban -unos 150 según la Policía- no padecían ninguna dolencia. «He venido a hacer una inspección y no parece que estén enfermos», dijo un inspector de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea tras pasar aproximadamente una hora reunido con los trabajadores. Preguntado por los aplausos que se habían escuchado dentro de la sala, respondió que «no eran precisamente» a favor de volver a las torres.

Desde varias horas antes de su llegada, el colectivo permanecía atrincherado en el salón principal, al que tuvo acceso EL MUNDO durante unos minutos. En aquel auditorio, que había sido reservado desde las 13.00 horas según la Policía, se encontraban los controladores, muchos de ellos tomando copas de vino, cervezas y refrescos.

En la sala no se cocía una reunión al uso. Más bien se trataba de un encuentro entre amigos, grupos de dos, tres, cinco controladores que departían tranquilamente.

Afuera, entre tanto, empezaban a llegar cada vez más viajeros. «¡Sinvergüenzas!», «¡Al paro!», gritaban cada vez que un controlador salía de la sala escoltado por la Policía. Aunque no parecía que sus gritos de indignación les importasen mucho. Una de las controladoras llegó incluso a meterse el dedo pulgar en la boca en tono despectivo y desafiante. «A la gente que abandona su puesto de trabajo se le despide, y aquí no se va a hacer nada», lamentaba Isabel, una estudiante de fisioterapia que pretendía viajar anoche a Dublín.

Al cierre de esta edición, en torno a las dos de la mañana, los controladores permanecían allí reunidos junto al abogado del sindicato mayoritario (Usca), Francisco Maroto. «La situación está bastante movida y tiene pinta de que se vayan a quedar aquí toda la noche», dijo un controlador que decidió por su cuenta irse «a casa».

IGNACIO ANASAGASTI / Madrid

«He hecho una inspección y no parece que estén enfermos»

Un inspector confirma la buena salud de los 150 controladores que se atrincheraron en un hotel muy próximo a Barajas

Tensión, crispación e incluso violencia. Ése fue el clima que se respiraba ayer por la noche en el hotel Auditorium de Madrid, a escasos 20 minutos del aeropuerto de Barajas.

Este lugar fue el que tomaron ayer como base de operaciones los controladores que debían estar en las torres gestionando el trafico aéreo. También fue el hotel al que las aerolíneas derivaron a muchos de los pasajeros afectados por el desplante del colectivo. En resumen, el escenario perfecto para haberse librado una auténtica batalla campal de no haber sido por la mediación de la Policía Nacional, que también procedió a identificar a los trabajadores e informarles de las consecuencias de sus actos.

Porque los controladores que allí se encontraban -unos 150 según la Policía- no padecían ninguna dolencia. «He venido a hacer una inspección y no parece que estén enfermos», dijo un inspector de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea tras pasar aproximadamente una hora reunido con los trabajadores. Preguntado por los aplausos que se habían escuchado dentro de la sala, respondió que «no eran precisamente» a favor de volver a las torres.

Desde varias horas antes de su llegada, el colectivo permanecía atrincherado en el salón principal, al que tuvo acceso EL MUNDO durante unos minutos. En aquel auditorio, que había sido reservado desde las 13.00 horas según la Policía, se encontraban los controladores, muchos de ellos tomando copas de vino, cervezas y refrescos.

En la sala no se cocía una reunión al uso. Más bien se trataba de un encuentro entre amigos, grupos de dos, tres, cinco controladores que departían tranquilamente.

Afuera, entre tanto, empezaban a llegar cada vez más viajeros. «¡Sinvergüenzas!», «¡Al paro!», gritaban cada vez que un controlador salía de la sala escoltado por la Policía. Aunque no parecía que sus gritos de indignación les importasen mucho. Una de las controladoras llegó incluso a meterse el dedo pulgar en la boca en tono despectivo y desafiante. «A la gente que abandona su puesto de trabajo se le despide, y aquí no se va a hacer nada», lamentaba Isabel, una estudiante de fisioterapia que pretendía viajar anoche a Dublín.

Al cierre de esta edición, en torno a las dos de la mañana, los controladores permanecían allí reunidos junto al abogado del sindicato mayoritario (Usca), Francisco Maroto. «La situación está bastante movida y tiene pinta de que se vayan a quedar aquí toda la noche», dijo un controlador que decidió por su cuenta irse «a casa».

P&R

MARISA RECUERO / Madrid

Las causas del conflicto

Los controladores aéreos creen ser el único colectivo capaz de derrocar a un Gobierno. Lo dijo un veterano presidente de la Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA) a este diario hace casi dos años y, ayer, lo intentaron. El colectivo sigue exigiendo unos derechos que perdió por ley y nunca volverá a recuperar. Va a por todas, sin pensar en las consecuencias.

¿Por qué se cerró el espacio aéreo español?

El Gobierno aprobó ayer un Decreto para clarificar la jornada laboral de un controlador y dar así una solución legal a las bajas que se estaban produciendo en las torres de control de algunos aeropuertos, donde los empleados se negaban a prestar servicio por considerar que habían cumplido el máximo de horas estipulado. La nueva norma del Gobierno provocó la rebelión del colectivo.

¿En qué consiste el nuevo decreto del Gobierno?

En el máximo de horas que deberá trabajar un controlador al año no se computarán como horas ordinarias ni extraordinarias las llamadas actividades laborales de carácter no aeronáutico. Es decir, los permisos sindicales, las imaginarias, los periodos de formación y las licencias y ausencias por incapacidad laboral. Esto significa que la mayor parte de los controladores no ha cumplido aún el máximo de horas que establece la ley.

¿Cuántas horas deben trabajar los controladores?

El trabajador de una torre o centro de control debe cumplir un máximo de 1.670 horas ordinarias y 80 extraordinarias optativas. Así lo estableció la ley que regula la prestación de servicios de control del tránsito aéreo, en vigor desde el pasado 15 de abril. Antes de esta fecha, un controlador trabajaba un máximo de 1.200 horas ordinarias y hasta 600 extraordinarias. La nueva norma adaptó la jornada laboral al resto de Europa.

¿Cuáles son los turnos de descanso de este colectivo?

Los controladores deberán descansar 30 minutos cada dos horas de actividad; 12 horas entre turnos; entre 48 y 60 horas semanales, y, al menos, 184 horas al mes, divididas en un mínimo de tres periodos. Así lo establece un Real Decreto, aprobado el pasado mes de julio por el Consejo de Ministros, que regula los tiempos de actividad y los requisitos de descansos de los controladores. Esta norma ya establecía cuáles son los tiempos de actividad que no computan como jornada laboral. Lo que hizo ayer el Gobierno fue volver a desarrollar esta normativa, en intento por aclarar «la diferente interpretación» que de ella hicieron los controladores, en palabras de la vicepresidenta segunda, Elena Salgado.

¿Cuántos controladores conforman la plantilla de Aena?

El colectivo de controladores asciende a 2.400 personas, distribuidas entre centros y torres de control. Su trabajo es controlar las maniobras de rodadura, despegue y aterrizaje de las aeronaves. En sólo una hora pueden llegar a tener bajo su cargo hasta 78 aviones. En España hay cinco centros de control: Sevilla, Barcelona, Madrid y Palma de Mallorca.

¿Cuándo se terminará el conflicto entre este sector y Aena?

Cuando haya un nuevo convenio colectivo. En este momento, ambas partes intentan negociarlo, pero sin éxito. Los controladores y la empresa no se ponen de acuerdo sobre la masa salarial establecida para los próximos tres años. Ante la ausencia de un convenio, el colectivo trabaja en base a la citada ley que regula la prestación de servicios de tránsito aéreo, en vigor desde el 15 de abril. Esta norma da un plazo de tres años para llegar a un acuerdo.

¿Es legal lo que están haciendo los controladores?

Pueden incurrir en un delito disciplinario, castigado en el Código Penal con multa de ocho a 12 meses y suspensión de empleo por un tiempo de seis meses a dos años.

Madrid

Guía de reclamaciones para los afectados

Los controladores pueden terminar abonando los gastos por daños y perjuicios

Las organizaciones de consumidores recomiendan a los pasajeros afectados por la huelga encubierta de los controladores que soliciten las hojas de reclamaciones en el mismo aeropuerto o en las compañías aéreas a fin de exigir posteriormente futuras indemnizaciones. Porque tanto el Ministerio de Fomento como la propia Aena podrán reclamar por la vía civil a los controladores aéreos que hagan frente a los gastos por daños y perjuicios provocados.

Según explica el abogado y responsable del portal indemnizaciónportuvuelo.com, Felipe Izquierdo, los pasajeros deberán presentar una reclamación ante Fomento y Aena, y ambos organismos podrán solicitar la responsabilidad civil subsidiaria de los controladores ante los juzgados de primera instancia, informa Europa Press.

«Esta situación la ha causado un mal funcionamiento de la Administración pública pero, en este caso, los controladores aéreos son los responsables últimos del caos, aunque dependan de Aena», señala Izquierdo. El abogado advirtió de que ésta es la mejor vía de reclamación, ya que las aerolíneas carecen de responsabilidad sobre las cancelaciones y retrasos, al tratarse de una situación de «causa de fuerza mayor» provocada por los controladores.

Además, cree que reclamar de esta forma hará que «repercuta directamente a cada controlador como persona física» y ésa «será la única forma de evitar estas situaciones en el futuro». El abogado descarta la vía penal como vía de reclamación.

Tanto la Unión de Consumidores de España (UCE) como Facua aconsejan a los perjudicados que usen los medios a su alcance para dejar constancia del daño causado para reclamar después posibles reparaciones: facturas y recibos de comida y bebida, además de hoteles. Esta documentación deberá presentarse ante la compañía aérea y, si en el plazo de unos días no reciben respuesta, deberán hacerlo ante la Agencia Española de Seguridad Aérea (Aesa), perteneciente al Ministerio de Fomento. «Ésta es una situación en la que las responsabilidades de los ocasionantes de esta huelga pueden quedar eludidas por diferentes motivos», explica la UCE, que pide a las fiscalías que investiguen de oficio posibles conductas punibles.

Las organizaciones de consumidores también animan a los perjudicados a reclamar incluso por los daños morales. Facua precisa que deben exigirse derechos de manutención, alojamiento y transporte a las aerolíneas. Y Ausbanc se personará en todos los procedimientos informativos y disciplinarios, además de instar a la apertura de expediente en la Comisión Nacional de Competencia.

Madrid

Los controladores extendieron su 'cerrojazo' desde Barajas y Mallorca

El medido colapso en Madrid y Baleares se contagió rápidamente por todo el país

El caos aéreo provocado por las bajas de los controladores aéreos se expandió ayer rápidamente por toda España como si de una epidemia sin control se tratase. Con el cierre de los aeropuertos de Madrid, Baleares y Galicia, se consiguió colapsar el resto de aeropuertos del país.

ANDALUCÍA. En Sevilla, el absentismo de los controladores afectó a partir de las 18 horas a medio centenar de vuelos, de los que al menos 22 fueron cancelados. Tampoco se libraron otros aeropuertos andaluces. En Málaga, a primera hora de la tarde, en el aeropuerto Pablo Ruiz Picasso se cancelaron ocho vuelos, según un portavoz del aeródromo, desde donde señalaron que esta cifra podría aumentar en función de cómo actúen los controladores. También en Granada seis vuelos se vieron afectados, cinco en Almería y cuatro en Jerez.

BALEARES. Descontrol total en las Islas. El último vuelo salió ayer de Palma antes de las 17.00 horas. A esa hora, 11 controladores aéreos -de un total de 16- no acudieron a sus puestos en la Torre de Control de Son Sant Joan. Razón estrés. ¿Consecuencia? Abortaron 114 vuelos sólo en Palma: 52 de llegada y 62 de salidas, el 36% de las operaciones de un día clave para las Islas. Menorca e Ibiza no corrieron mejor suerte. Los hoteleros calculan que con el paro de ayer se perderá el 50% del negocio turístico del puente. A última hora, la noticia sobre la entrada de los militares en las torres de control no sirvió para calmar los ánimos en Baleares, ya que en las Islas ni un solo efectivo del Ejército del Aire estará preparado para esa tarea.

CANTABRIA. El aeropuerto santanderino de Parayas también vio resentida su actividad tras cerrarse el espacio aéreo nacional y se tuvieron que cancelar varios vuelos con salida o llegada en la capital de Cantabria. En concreto, el aeródromo tuvo que suprimir cuatro vuelos con destinos a Madrid, Barcelona, Bruselas y Milán, mientras que los pasajeros que están en el aeropuerto de Madrid-Barajas con destino a Santander, han visto cómo sus viajes a la capital cántabra han sido cancelados.

CASTILLA Y LEÓN. La ausencia de un gran número de controladores obligó a cancelar ocho vuelos. El aeropuerto más afectado fue del León, con cuatro cancelaciones: tres llegadas de Valencia, Madrid y Barcelona y una salida a Valencia. El de Villanubla en Valladolid canceló tres vuelos a Barcelona y el de Salamanca-Matacán otro a la Ciudad Condal.

CATALUÑA. El espacio aéreo del aeropuerto de Barcelona quedó cerrado en torno a las 20 horas, cuando el plante de los controladores y el consecuente cierre de abundantes aeropuertos españoles hacían estragos en la normalidad de las instalaciones. Con la operación salida del puente, más de 663.000 personas deberían despegar o aterrizar entre ayer y el jueves, según Aena. La decisión de los controladores convirtió El Prat en un escenario de confusión. Fuentes del sector aseguraron que eran conocedoras del malestar de los controladores de la torre de control de El Prat y del centro de navegación aérea de Gavà, incluso de que ayer tenían previsto reunirse, pero no sabían nada del plante.

COMUNIDAD VALENCIANA. El caos aéreo provocó la cancelación de cuatro vuelos con destino a Madrid en Manises y de 31 en El Altet, 25 por la huelga y seis por la climatología en Gatwick (Londres). El aeródromo valenciano fue utilizado en las primeras horas de la crisis para desviar tres vuelos que debían aterrizar en Barajas, uno procedente de Estambul, otro de Praga y un tercero de Rumania.

En el aeropuerto alicantino de El Altet, el absentismo de los controladores provocó la cancelación de 26 vuelos al cierre de esta edición, según fuentes de Aena. La mayor parte de ellos (10) se suprimieron en líneas con Madrid, uno de los principales destinos para El Altet. También se vieron afectados las conexiones del aeródromo con Las Palmas, Tenerife, Barcelona, Sevilla, Bilbao, Santiago, Dublin y Liverpool.

GALICIA. Lavacolla, Peinador y Alvedro se encontraban anoche totalmente paralizados por la huelga de controladores, dejando en tierra a más de 8.000 pasajeros. Alrededor de 50 vuelos fueron suspendidos desde las 6:30 de la tarde lo que dejó fuera de la parrilla el 40% de los itinerarios programados.

El aeropuerto de la capital gallega, donde cumplieron su turno de tarde dos de los cuatro controladores, tenía previstos 68 vuelos de los que 24 se habrían suspendido; en Vigo estaban programados 42, 16 se habrían quedado en tierra y en A Coruña había 37 vuelos previstos y finalmente, 12 no salieron del hangar.

PAÍS VASCO. El aeropuerto de Loiu se vio obligado a suspender 26 vuelos, entre nacionales e internacionales. Sólo en la terminal vizcaína alrededor de 3.000 personas tuvieron que quedarse en tierra al cancelarse su vuelo. A última hora de ayer aún se desconocía si hoy se podría retomar la normalidad en La Paloma.

Con información de Á. Frías, A. Salvador, A. García, J. Lastra, M. Romero, L. Hualde, E. Mallol, J. Carrasco, S. Sampedro y H. MarínDE CUENTAS

JOHN MÜLLER

¿Quién está al mando aquí?

No tuve que recurrir a wikileaks para que el jefe en España de una importante multinacional me contara lo que escribe en los cables que envía a su casa matriz. Me sorprendió su perspicacia y su buen nivel de información política. Ahora, lleva diez días explicando a sus jefes que España no se hunde y que, aunque las cosas están mal, no merece la pena abandonar las inversiones que han hecho aquí. Le fastidia tener que dedicar tanto tiempo a dar estas justificaciones.

Su opinión de Zapatero, como es de suponer, es mala. Y sus jefes coinciden. Pero en mayo, cuando se aprobó el primer plan de ajuste, envió un cable «esperanzador» que decía: «Afortunadamente, ya no está Zapatero solo a los mandos. La UE le ha impuesto el ajuste y ahora hay más gente al frente de las decisiones económicas».

Si Zapatero tuvo que compartir el poder en mayo, el 20 de octubre pasado prácticamente lo perdió del todo cuando el viejo socialismo felipista representado por Rubalcaba fue aupado a la vicepresidencia. Y su ya escaso margen de maniobra quedó más reducido esta semana con el vapuleo de los mercados y las llamadas de los líderes europeos preocupados por nuestro déficit.

Ayer por la mañana había un cierto espíritu de insurreción en las filas del PSOE. Presidentes autonómicos como Barreda y Saavedra, candidatos a la presidencia regional como Tomás Gómez -que se juegan la vida en las elecciones de mayo próximo- alzaron la voz para sumarse a las protestas contra la supresión de la ayuda de 426 euros. Algunos también criticaron las privatizaciones de la Lotería y de Aena.

Los últimos en tomar nota de manera brutal de la notable pérdida de autoridad del presidente del Gobierno en las últimas semanas fueron los controladores aéreos que, en una acción sin precedentes, abandonaron sus puestos de trabajo y se subieron a las barbas de José Blanco y de Zapatero.

La irresponsable acción de los controladores -siempre recuerdo que este sindicato se jactaba de ser el único que podía derribar a un Gobierno- es reprochable y punible con la ley en la mano. Si tenían una gota de razón frente al decreto de horarios aprobado ayer por el Gobierno, la perdieron en el océano de su pataleta.

Pero aquí también hay una grave responsabilidad de un Gobierno que se ha aprovechado hasta el cansancio de las simpatías que conquistó frente a un colectivo que la opinión pública percibió como unos privilegiados. Si bailas con lobos, tienes que saber hacerlo. El problema de Zapatero ya no es un asunto de credibilidad ante los mercados, sino de autoridad ante los españoles. Hace muchos años que un gobernante español no llamaba a los militares para imponer su autoridad. Zapatero carga ahora con el baldón de haberlo hecho. Quizás un adelanto electoral esté más cerca de lo que pensábamos.

john.muller@elmundo.es

Rajoy, 'tirado' en Lanzarote. El presidente del Partido Popular (PP), Mariano Rajoy, pudo comprobar ayer en primera persona cómo se sienten los 250.000 ciudadanos que se han quedado tirados en el aeropuerto. Porque el propio Rajoy fue uno de ellos, atrapado en el aeropuerto de Lanzarote, desde donde se disponía a volar a Gran Canaria para reunirse allí con su mujer y sus hijos para pasar unos días de descanso. «No sé lo que pasa, como no lo saben miles de españoles. Exijo una explicación», dijo. Su familia, por cierto, tampoco pudo salir de Madrid.

El Gobierno pone fecha al Pacto de Toledo para reformar las pensiones

Adelanta al 28 de enero los cambios en el cálculo de la jubilación para calmar la presión de los mercados y prepara su propio texto por si no hay consenso político

FRANCISCO NÚÑEZ / Madrid

Si el viernes 28 de enero los partidos políticos no logran consensuar la reforma de las pensiones, el Gobierno aprobará la suya, que enviará al Parlamento para su tramitación. Debido a su calado, y a la trascendencia que podría tener de cara a las elecciones municipales y autonómicas, el Ejecutivo tiene descartado realizar la reforma por Decreto tal como hizo con la del mercado laboral.

Aún así, en fuentes del Ejecutivo se señala que «todo dependerá de que se consiga mitigar la presión de los mercados en esas fechas». En un principio, y según consta en la propuesta de reforma de enero pasado, el Gobierno tenía intención de alargar su tramitación para que su entrada en vigor fuera a partir de 2013 tras las elecciones generales y cuando concluyen los periodos transitorios de las anteriores reformas.

En la presentación de las medidas económicas «para mejorar la competitividad y facilitar el desarrollo de las empresas», que ya adelantó Zapatero el miércoles en el Congreso, la vicepresidenta económica, Elena Salgado, manifestó ayer que «la reforma más importante que queda por hacer es la de las pensiones». En este sentido, matizó que el Gobierno había decidido poner fecha a su aprobación: «el 28 de enero». «Es lo que debe dar confianza», señaló en referencia a los mercados.

En este sentido, el vicepresidente primero y portavoz del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, explicó que poner fecha a la aprobación del texto «no significa que renunciemos al acuerdo» en el seno del Pacto de Toledo. «Pero llevamos meses discutiendo y creemos que es bueno fijar una fecha para que todos sepan a qué atenerse», recalcó.

Sobre la reforma de las pensiones, el Gobierno decidió, dentro del nuevo paquete de medidas, adelantar alguna de las propuestas que figuran en el documento inicial de «reflexiones» que envió al Parlamento hace 11 meses. Por ejemplo, para «aumentar los ingresos de la tesorería de la Seguridad Social», Salgado informó de que a partir de 2011 los nuevos funcionarios de carrera (de oposición) se integrarán en el régimen general de la Seguridad Social y no al de clases pasivas como hasta ahora. Actualmente hay un millón de funcionarios en este régimen que se paga con los presupuestos generales y que genera casi 10.000 millones de euros de gasto anual.

De esta forma, se acaba con una norma discriminatoria de las administraciones respecto a las empresas, que ha reducido además las posibilidades recaudatorias del sistema público de pensiones. La medida no afectará a las cotizaciones de los funcionarios nuevos (se mantiene la actual) sino a las que deberán realizar por primera vez en la historia las tres administraciones (central, autonómica y local). Tendrán que cotizar como empleadores con un 26% de media de la base reguladora por cada nuevo empleado.

Esta medida aumentará la recaudación para las pensiones e impedirá el abuso de nuevas contrataciones en las administraciones, ya que les supondrá un mayor gasto. Sin embargo, ayer el Gobierno decidió excluir las incorporaciones en Defensa e Interior (Policía y Guardia Civil).

También puso fecha el Ejecutivo a la nueva subida de los impuestos que gravan el tabaco. Se aplicará a partir de hoy, con un incremento medio por cajetilla del 7,2%, para evitar el acaparamiento de los estanqueros para aumentar su margen de beneficio con la consiguiente merma recaudatoria para Hacienda.

Este incremento aportará 708 millones adicionales a las arcas públicas que servirán para amortizar la pérdida de recaudación por la generalización de la libertad de amortización de las inversiones para todas las empresas (no hará falta que estén asociadas a la creación del empleo) o por la reducción de los ingresos de la parte privatizada de Loterías o de Aena. Los ingresos por la venta de las privatizaciones no pueden ser utilizados para aumentar gasto público ni reducir déficit. Solamente pueden ser empleados para reducir deuda y evitar nuevas emisiones.

En cuanto a la rebaja fiscal para las pymes que facturen menos de 10 millones (podrán aplicarse un tipo impositivo del 25% para los primeros 300.000 euros de beneficio), Salgado estimó una pérdida recaudatoria de unos 230 millones que serán recuperados si aumenta la actividad.

Rubalcaba, que negó que se sean nuevas medidas de ajuste, no reconoció que se trata de otra improvisación del Gobierno. Sin embargo, ninguna de ellas figura en los presupuestos de 2011 enviados al Parlamento en octubre ni en las enmiendas presentadas por el PSOE en su actual tramitación.

F. N. / Madrid

'Tijeretazo' a las primas eólicas

El Consejo de Ministros aprobó ayer un Real Decreto que regula el régimen de retribución de la producción de electricidad de las tecnologías eólica y solar termoeléctrica, en el que se recoge un recorte de las primas a la eólica de un 35% desde su entrada en vigor hasta el 31 de diciembre de 2012. Esta nueva norma, que fue pactada con ambos sectores el pasado mes de julio, supondrá un ahorro que asciende a 1.100 millones de euros hasta 2013 según el ministerio de Industria.

Además, la nueva norma supone el refuerzo de la visibilidad y estabilidad de la regulación de estas tecnologías a futuro, garantizándose las primas y tarifas actuales del Real Decreto de 2007 a partir de 2013 para las instalaciones en operación y para las incluidas en el pre registro. Así, para las instalaciones de tecnología eólica acogidas a ese Decreto de 2007, y aquéllas de potencia superior a 50 megavatios (MW) vinculadas a las de régimen especial, esta normativa supone que las primas se reducen en un 35% desde su entrada en vigor hasta el 31 de diciembre de 2012.

MANUEL SÁNCHEZ / Madrid

Crecen las críticas en el PSOE por la supresión de la ayuda de 426 euros

Barreda, Saavedra y Gómez censuran la medida, y Rojo dice que tendrá consecuencias

Si la corriente de Izquierda Socialista fue la primera en levantar la voz para censurar la eliminación de la ayuda de 426 euros a los parados que hubieran agotado la prestación por desempleo, durante el día de ayer otras voces importantes en el PSOE se sumaron a este clamor interno que hay en el partido con una medida que no se comparte.

Cada vez son más las voces en el PSOE que consideran que no prorrogar esta ayuda «rompe la cohesión social» y uno de los compromisos adquiridos por Zapatero ante el Comité Federal.

El más duro en sus manifestaciones fue el ex ministro y alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, Jerónimo Saavedra, quien durante la presentación de su candidatura a la reelección, el pasado jueves, afirmó: «Se ha adoptado una medida que a mí me repugna por muy socialista que sea el presidente del Gobierno. A mí me duele que se defienda que el AVE va a llegar a donde sea el año 2012 o 2014 y que, al mismo tiempo, se anuncie que se suprimen las prestaciones para los desempleados».

A Saavedra se le sumó, en un tono más comedido, el presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, quien indicó en el Foro de la Cadena Cope que quitar prestaciones sociales «es un problema muy grave» y abogó por mantener aquéllas que «puedan ser fundamentales» para los ciudadanos que viven en situaciones precarias.

Barreda recordó que hay muchas familias que tienen a todos sus miembros en paro y, en su opinión, seguir ayudando a estas familias «no supone un handicap al mercado de trabajo, sino todo lo contrario».

Para el presidente castellano-manchego, el primer objetivo de una sociedad es «evitar situaciones de desigualdad que son intolerables», por lo que opinó que la prestación de los 426 euros debería seguir manteniéndose.

Menos crítico fue con las privatizaciones anunciadas por el Ejecutivo porque, según explicó, no tiene un juicio previo negativo, salvo que afectaran a materias como la sanidad, la educación, la dependencia o las prestaciones sociales, que no es el caso.

Sin embargo, quien metió en el mismo paquete las desaparición de la ayuda de los 426 euros y las privatizaciones fue el secretario general del Partido Socialista de Madrid (PSM), Tomás Gómez, quien afirmó: «A mí no me gusta ninguna privatización y soy partidario de que en este país no se rompa la cohesión social», en coincidencia plena con la postura que ayer expresaron varios dirigentes de Izquierda Socialista.

La portavoz del PSM en la Asamblea madrileña, Maru Menéndez, se pronunció en la misma línea: «No nos gustan las privatizaciones y tratamos de ser coherentes. Ni nos gusta la del Canal de Isabel II ni nos gusta la de Aena».

El presidente del Senado, Javier Rojo, defendió la «responsabilidad» del Ejecutivo a la hora de adoptar esta medida. No obstante, dijo que los socialistas «son conscientes» de que esta medida puede acarrear consecuencias.

El Gobierno, a preguntas de los periodistas en el Consejo de Ministros, quiso restar importancia a esta creciente ola de críticas a esta medida en el seno del partido, y se limitó a decir que respetaba la opinión de todos los dirigentes socialistas que se habían pronunciado en contra.

Es más, la vicepresidenta Elena Salgado indicó que no han tenido que eliminar la iniciativa, porque la última prórroga ya contemplaba la eliminación de esta ayuda el 15 de febrero de 2011.

CARMEN REMÍREZ DE GANUZA / Madrid

El PP, contra el «recorte sobre los débiles»

Critica al Gobierno por subir impuestos y cargar contra parados y pensionistas

«Al Gobierno socialista no le tiembla la mano en arremeter contra los más débiles. No ha dudado en ir contra los pensionistas y contra los parados de larga duración». Con estas palabras, el coordinador de Economía del PP, Cristóbal Montoro, concentró ayer en el «recorte social» toda la carga política de su discurso contra los acuerdos del Consejo.

En realidad, el dirigente popular se cuidó mucho de no comprometer el sentido del voto de su grupo antes de que el decreto llegue al Congreso, dejando al PP en una posición «crítica»; es decir, equidistante entre su primera valoración «negativa» y la «buena dirección de las medidas» apuntada por Mariano Rajoy.

Sea cual sea la posición final, el de ayer fue un discurso de oposición pura y dura frente al último paquete de medidas, «que no de reformas», del Ejecutivo. La supresión de los 426 euros -que el PP y otros partidos han tratado sin éxito de prolongar a través de iniciativas parlamentarias vetadas-, la subida de los impuestos especiales o la no extensión a los autónomos de los beneficios fiscales para las pymes, bastaron al PP para arremeter contra el Gobierno.

Los populares están convencidos de que Zapatero improvisó sus medidas el pasado miércoles, no tanto para aplacar a los mercados como para apuntarse su beneplácito, una vez que supo que el Banco Central Europeo había decidido comprar deuda de los países en dificultades.

En todo caso, se muestran particularmente críticos con las pretendidas privatizaciones de Loterías y Aeropuertos que, en palabras de Montoro, no son tales, sino meras operaciones de «caja rápida», con las que el Gobierno está «dilapidando bienes del Estado y poniéndolos en riesgo».

Pero el debate político generado por estos acuerdos podría quedarse pequeño en comparación con el anunciado decreto sobre las pensiones. Para los populares, que han hecho bandera política de la no congelación, el aviso de Elena Salgado de que podría prolongar por decreto en enero la edad de jubilación a los 67 años no sólo es un nuevo ataque al Pacto de Toledo -en cuya comisión han aceptado todas las propuestas presentadas por el Gobierno, menos ésa-, sino, sobre todo, una «falacia»: «España es el país europeo que menos gasta en pensiones -784 euros de media-», dijo a este diario el diputado Tomás Burgos, «y no se entiende que unos tengan que trabajar dos años más para que otros -20.000 en las Cajas de Ahorros a cargo del Frob- se prejubilen con 50 años».

Según Burgos, «lo que hacen falta son incentivos para el empleo, y el único objetivo del Gobierno es no llegar a las elecciones con la Seguridad Social en números rojos».

Josep Antoni Duran Lleida (CiU) cree que las medidas aprobadas son «positivas y necesarias, aunque totalmente insuficientes». Y lamentó que ninguna sea para crear empleo.

Para José Antonio García Rubio, de Izquierda Unida, demuestran «la desviación política del Gobierno y su inquina contra los trabajadores», según informa Agustín Yanel.

Joan Ridao (ERC) las considera «carnaza para un mercado sobreexcitado» y dijo que el Gobierno no puede «quitar la última ayuda a los más desfavorecidos y castigados».

LEONOR MAYOR / DANIEL G. SASTRE
Barcelona

Nadal llama a la calma para evitar la quiebra del PSC

Mas pide a los partidos que no dificulten su investidura porque no hay «alternativa»

«En el PSC han empezado a pasar muchas cosas y seguirán pasando hasta que se celebre el Congreso». Así describía ayer el jefe del grupo parlamentario de los socialistas catalanes, Joaquim Nadal, la situación que atraviesa su partido desde que el pasado domingo, tras descalabrarse en las urnas, su primer secretario, José Montilla, anunciase que deja el cargo y abriese la veda de la sucesión.

Durante esta semana, en el PSC han pasado cosas. El ala catalanista, que se había mantenido en un segundo plano durante los últimos años, ha asomado de la mano de Antoni Castells y ha empezado a reclamar alto y claro una revolución cultural en el seno del partido, más autonomía respecto al PSOE y, por decirlo de alguna manera, menos españolismo.

Mientras, la llamada ala obrerista, que todavía controla la formación, trata de reconstruir su proyecto después de perder 220.000 votos y nueve escaños, y obtener el peor resultado de su historia en unas autonómicas: 28 diputados, a 34 de distancia de CiU.

Ante esta coyuntura, el PSC ha decidido reinventarse y se ha dado un margen de un año para fijar su nueva estrategia. Un tiempo que da para mucha pelea, mucha discusión y demasiado conflicto. La reestructuración no puede hacerse de inmediato, porque las elecciones municipales están señaladas para dentro de seis meses y el PSC, cuya vocación es claramente municipalista, no puede permitirse el lujo de fallar también en esa nueva cita electoral.

Y es que los socialistas catalanes tienen ahora mismo dos retos por delante. Uno, a corto plazo, mantener el tipo en las municipales. Otro, a medio plazo, evitar una guerra fratricida que le lleve a partirse en dos mitades. «El debate interno no perjudicará a los alcaldes», afirmó ayer Nadal, a quien se podría considerar un puente entre las dos almas del socialismo catalán.

Pero, si el PSC consigue salvar los muebles en los comicios locales, sólo habrá cubierto una primera etapa de la larga travesía del desierto que le aguarda. Después, y hasta que se celebre el Congreso, fijado para otoño del año que viene, tendrá que evitar una ruptura interna que lleve a una facción hacia el PSOE y deje a la otra como un partido independiente de corte catalanista y de izquierdas.

La idea de Nadal es la de evitar esa ruptura a toda costa. Por eso ayer aseguró que «las opiniones que se emitan» en el seno del partido de ahora en adelante «servirán para sumar y no para dividir». «Serán para construir», reiteró tras asegurar que el PSC «no entrará en una guerra de personalismos» y recordar que «el proceso hacia el Congreso lo dirigirán la Ejecutiva y el Consell Nacional» de la formación.

Nadal también afirmó que el PSC es «un partido muy abierto» y confirmó que «quiere recuperar el espacio y la confianza de los votantes que se la han retirado» en la última cita electoral.

Además, se refirió a la labor del grupo parlamentario, que ayer celebró su primera reunión, y anunció que el PSC no pondrá trabas al nombramiento de la democristiana Núria de Gispert como presidenta del Parlament. Tampoco lo hará el resto de partidos, con lo que De Gispert será, además de la primera mujer en presidir la Cámara, la primera que lo haga presumiblemente sin votos en contra.

Los socialistas no apoyarán la investidura de Artur Mas en primera votación, pero, de momento, no descartan facilitar su nombramiento en la segunda vuelta.

Y esa actitud «constructiva» fue precisamente la que pidió ayer el líder de CiU al resto de partidos de cara al debate de investidura. Consciente de que es «casi imposible» que salga elegido president en primera votación -se necesita mayoría absoluta y CiU se ha quedado a seis escaños-, Mas llamó a sus adversarios a facilitar su nombramiento con una abstención en la segunda ronda.

El líder de CiU no está dispuesto a prescindir de parte de su programa electoral, y por ello entiende que ningún partido le apoye en primera instancia. Pero llamó a «no entorpecer» la investidura en segunda votación «por responsabilidad», y también porque no hay «alternativa» a un Govern de CiU.

Mas dijo que tiene la «intuición» -aunque no la confirmación- de que no habrá problemas para obtener la abstención de PSC o PP. En los socialistas ha apreciado una «actitud constructiva» y de «colaboración». Y, en cuanto a los populares, el presidente nacional, Mariano Rajoy, ya insinuó hace unos días que su partido no pondrá trabas si el discurso de Mas no va demasiado lejos en cuanto a las cuestiones identitarias y se centra en cómo atajar la crisis.

«Lo que espera ahora la ciudadanía es que nos entendamos», afirmó Mas. «Este país necesita ponerse a funcionar».

En la semana del 13 de diciembre se constituirá el próximo Parlamento catalán, y el presidente in péctore espera que para el 3 de enero ya esté en marcha el nuevo Govern.

SALVADOR SOSTRES

Los socialistas viejos

Primero apareció Rubalcaba como un fantasma con su truculento pasado, Rubalcaba de cal y equis, rescatado del museo de los horrores de la España más oscura desde la recuperación de la democracia, y convertido en posible sucesor de Zapatero. Ahora está siendo el turno de las viejas glorias del socialismo catalán -la llamada ala catalanista- que, después de 30 años de fracaso total, de fracaso en los planteamientos, en los candidatos y en las estrategias; después de 30 años de no haber ganado ni una sola elección al Parlamento de Cataluña, se vende ahora como la renovación necesaria del tan escandalosamente humillado PSC.

La izquierda lleva fatal el paso del tiempo. Primero, porque con los años han caído muros y mentiras, se han descubierto las farsas y las checas, y el error general en que se ha basado y se basa esta ideología, la más sanguinaria de la historia de los hombres.

Y luego está también la evidencia de que los políticos de izquierda no saben envejecer, no aceptan que se van volviendo viejos y quieren parecer forever young, con el patetismo que ello supone. La sonrisa de Rubalcaba, que en otro tiempo pudo resultar seductora, es hoy una siniestra mueca e incluye entre los dientes la peor sordidez de la Historia reciente de España.

Los socialistas catalanes que parecen hoy agruparse para tomar las riendas del PSC en nombre de la renovación ideológica y la regeneración política son los mismos de siempre: sesentones y derrotados.

Tanto Antoni Castells, todavía consejero de Economía y Finanzas de la Generalitat, como Montserrat Tura, todavía consejera de Justicia, y Ernest Maragall, todavía consejero de Educación, han ocupado un primerísimo primer plano en los dos tripartitos; y desde mucho antes de que el socialismo catalán tomara la Generalitat fueron figuras destacadísimas de su partido.

No pueden considerarse de ninguna manera ajenos a este destino, pues ellos tuvieron las riendas del partido y del Gobierno y, más allá de algunas declaraciones vagas, nunca dimitieron ni renunciaron a nada.

Por lo tanto, no es de recibo que pretendan cargarle el muerto al secretario general del PSC, JoséMontilla, en exclusiva e irse ellos de rositas como si nada hubieran tenido que ver con este estrepitoso y merecidísimo fracaso socialista en las elecciones catalanas.

Ni pueden decir que son la regeneración de nada, al ser ellos mismos responsables directos de lo que les ha ocurrido, ni a sus 60 años es serio que se presenten como agentes renovadores, pues el tiempo ha pasado y no sólo les ha envejecido físicamente, sino que ha certificado el inapelable fracaso de todo lo que hasta ahora han defendido, de todo lo que hasta ahora han intentado; y Cataluña no tiene ni más tiempo ni más dinero para continuar equivocándose.

Así como los políticos conservadores mejoran con el tiempo, y su aspecto se va volviendo cada vez más adecuado a su perfil ideológico, los viejos líderes de izquierda se tornan cada vez más decrépitos y el signo del fracaso les va desfigurando el rostro y helando la mirada.

Por eso, Artur Mas está hoy en su momento vital más interesante, y que llegue al poder da esperanza; y Alfredo Pérez Rubalcaba transmite en cambio, con su mirada cínica y desagradable, el peso monstruoso de todo lo que ha perpetrado; y que haya regresado es una fúnebre amenaza.

GENOCIDIO MARROQUÍ DE SAHARAUIS ESPAÑOLES CON LA CONNIVENCIA DE ZAPATERO: El satrapa genocida arremete contra Ceuta y Melilla

ERENA CALVO / Rabat

El Parlamento de Marruecos pide 'recuperar' Ceuta y Melilla

La Cámara de Representantes marroquí instó ayer a su Gobierno a la «recuperación» de Ceuta y Melilla. Sigue en página 10

Fue la rápida y unánime respuesta de la Cámara Baja marroquí a la condena que el Parlamento español hizo el pasado jueves de los «acontecimientos violentos» en El Aaiún, capital del Sáhara Occidental, tras el desmantelamiento del campamento de protesta de Gdeim Izik.

El jueves era el ministro de Comunicación y portavoz del Ejecutivo marroquí, Khalid Naciri, el que advertía de que «las circunstancias [la adopción de la resolución por parte de los diputados españoles] requieren una reevaluación del conjunto de sus relaciones con España en todos los ámbitos».

Lahcen Daudi, presidente del grupo parlamentario del islamista Partido Justicia y Desarrollo (PJD), informó a este periódico tras la votación de que la resolución, «adoptada por todo el arco político», también pide que se «recupere Ceuta y Melilla» y los islotes adyacentes.

«Rechazamos categóricamente la resolución del Parlamento español; parece que sea Argelia quien habla. No es nada objetiva y responde a una actitud electoralista», consideró Daudi.

Según el parlamentario, «la resolución también incide en que el Sáhara está abierto a los periodistas, pero a aquellos que son objetivos».

Por otra parte, el discurso político marroquí contra el PP español, la resolución del Parlamento o la «parcial» cobertura de la prensa española sobre el conflicto del Sáhara Occidental está germinando en todos los ámbitos de la sociedad civil.

Y mientras los parlamentarios marroquíes se reunían ayer en la Cámara de Representantes, se organizaban en distintas ciudades del país varias manifestaciones contra el PP y los medios de comunicación españoles, así como para reivindicar la liberación de los «presidios ocupados», Ceuta y Melilla.

A la multitudinaria marcha nacional del pasado sábado en Casablanca para reafirmar la integridad territorial del reino alauí y protestar contra el PP, se suman hoy otras dos manifestaciones en Essaouira (también contra los populares y la prensa española) y en Ceuta.

La de la ciudad autónoma partirá desde el Instituto Cervantes de Rabat -aunque en un principio barajaron hacer una sentada ante la Embajada española-, donde los organizadores han previsto un acto de protesta a las 9.00 horas.

«Saldremos unos 200 ciudadanos de la capital; en Ceuta esperamos convocar a cerca de mil personas», dijo ayer a este periódico Driss Reduani, de las juventudes del socialista PPS, uno de los organizadores de la concentración.

Según Reduani, la marcha -en la que reivindicarán la soberanía marroquí de Ceuta y Melilla- será «simbólica» y «pacífica».

Entre los organizadores, además de las juventudes socialistas, se encuentran la Asociación Chouala para la Educación y la Cultura o el Fórum de Estudiantes Marroquíes, además de la Organización Talaieh de los niños de Marruecos o un grupo de scouts.

Las protestas continuarán la semana que viene en la frontera de Melilla. «Hoy [por ayer] hemos decidido hacer una gran protesta el próximo sábado para reivindicar nuestras ciudades y denunciar la actitud del PP español», informó a este periódico Said Chamtri, líder de la Asociación Gran Rif por los Derechos Humanos y uno de los cabecillas durante las protestas de la reciente crisis en Melilla.

Además, «el Ayuntamiento de Beni Enzar (en la frontera con la ciudad autónoma) ha decidido que se estudie cortar el suministro de agua desde Marruecos a Melilla.

M. CRUZ / Mar del Plata (Argentina)

El Gobierno dijo a Rabat que no se condenaría el asalto

Jiménez asegura poder «gestionar bien» el conflicto sin la intervención del Rey

Enviada especial

El Gobierno español desplegó una intensa actividad desde el pasado fin de semana para intentar calmar la inquietud de Marruecos ante la resolución de condena por el asalto del campamento de Gdeim Izik que ya se perfilaba en el Congreso de los Diputados. Desde el Ministerio de Exteriores se dio garantía a Rabat de que Marruecos no sería señalado con el dedo y que el reproche que incluiría el texto sería genérico.

La ministra de Exteriores, Trinidad Jiménez, mantuvo a lo largo de la semana varias conversaciones con su homólogo, Taieb Fassi Fihri. Lo mismo hizo el embajador de España en Rabat, Alberto Navarro, quien también contactó con el subsecretario de Exteriores marroquí. Para completar las gestiones, la secretaria de Política Internacional del PSOE, Elena Valenciano, telefoneó a varios representantes parlamentarios del país vecino.

En todas estas conversaciones hubo un denominador común: intentar aplacar el malestar creciente de Rabat, que aseguraba no comprender por qué el Grupo Parlamentario Socialista se alejaba de la postura gubernamental y se mostraba dispuesto a suscribir una resolución de condena que, en su opinión, les agravia.

Las explicaciones que se ofrecieron desde Madrid insistían en que, precisamente, la participación de los socialistas en la redacción del texto garantizaría que el mismo fuera lo más suave posible con Marruecos.

Si el PSOE optaba por rechazar de plano la resolución, entonces el resto de los grupos parlamentarios, mucho más beligerantes contra las tesis de Rabat, lograrían la aprobación de una declaración más dura que la adoptada por el Parlamento Europeo y por el propio Senado español.

Sin embargo, estas explicaciones no fueron suficientes para tranquilizar a los marroquíes. La resolución del Congreso español fue aprobada el jueves por la mañana condenando de manera general los acontecimientos en el Sáhara y ello motivó una reacción casi inmediata del Gobierno de Marruecos, que llegó a plantear la necesidad de «reevaluar las relaciones con España».

El Gobierno marroquí se mantuvo intratable a pesar de que, nuevamente, tras la aprobación del texto, desde el Ministerio de Asuntos Exteriores se le insistió en que la resolución no condena a Marruecos, «sino los hechos violentos» sin más.

También, según fuentes diplomáticas, se intentó explicar el alcance y la trascendencia, en buena medida simbólica, de este tipo de resoluciones parlamentarias.

Ayer, la ministra de Exteriores, Trinidad Jiménez, aseguró en Argentina, donde participa junto al Rey en la Cumbre Iberoamericana, que pese a la actitud airada de Rabat, España está decidida a «mantener abierto el diálogo». En su opinión, las aguas se calmarán en cuestión de días y se recuperará el clima de entendimiento que existe entre dos países, que se consideran mutuamente «socios estratégicos». «Ambos sabemos que debemos entendernos y respetarnos», aseguró.

Por parte española, el Ejecutivo está decidido a ofrecer todas las facilidades para la recuperación de la sintonía.

Ayer, la jefa de la diplomacia española hacía especial hincapié en el interés que tiene España por propiciar una relación más intensa de Rabat con la Unión Europea.

Jiménez recalcó que el Gobierno es capaz de «gestionar bien» la situación porque, «más allá de fricciones verbales, la relación con Marruecos es fluida». La ministra no considera necesario, por tanto, una intervención al más alto nivel del Rey.

FÁTIMA RUIZ / Madrid

Un muro de papel tan alto como el de Marruecos

Españoles de origen saharaui denuncian el «bloqueo» administrativo de Madrid

El muro de Marruecos no es el único que cierra el paso en el Sáhara Occidental. España ha erigido otro sin cemento ni hormigón, que a base de papel bloquea a muchos saharauis de nacionalidad española en un limbo administrativo. Unos 10.000 están atrapados en este laberinto burocrático que rechaza las solicitudes de nacionalidad para hijos, reagrupación familiar e inscripción de nacimiento y matrimonio, según el portal Ajintem.com, especializado en derechos humanos e inmigración.

«Se trata de una restricción absoluta de derechos por una cuestión política», declara a este diario el abogado Juan Ramón Rodríguez, que acusa al Gobierno español de «repudiar el pasado y la condición del Sáhara como antigua colonia». La barrera divide las vidas de cientos de familias como la de Sidi Brahim Ahmed Labd -secretario de la Asociación de la Diáspora Saharaui en España (Asde)-, repartidas entre el territorio español y los campos de refugiados en Argelia.

«Recuperé la nacionalidad española en 2005, presenté un libro de familia, una partida de nacimiento y los DNI de mis padres emitidos por la Administración española de entonces», explica. «Pero cuando fui a tramitar el expediente para inscribir mi matrimonio tardaron dos años en contestarme y luego lo rechazaron».

Brahim vive separado de su mujer y sus cuatro hijos, varados en el campamento 27 de febrero, al que él acude dos o tres veces al año desde Las Palmas: «Se desesperan porque las condiciones son muy malas». No es el único caso. Un informe que la Asde ha remitido a la Subdelegación General de Asuntos de Extranjería del Ministerio de Exteriores expone otras situaciones «límite» a las que se ve abocado el colectivo.

Como un ciudadano español de origen saharaui que reside en Jerez y padece una cardiopatía grave. Ha solicitado sin éxito la reagrupación familiar para que su mujer lo cuide en España. «Y hay también muchos menores con enfermedades como el raquitismo que están en los campos de refugiados a quienes no se les permite reunirse con su familia», señala Rodríguez.

Los afectados por el muro administrativo suelen englobarse en tres casos, según el letrado. Por un lado, los hijos de españoles que vivían en el Sáhara cuando era colonia española y han solicitado la «nacionalidad por presunción». «Se venía concediendo en muchos registros [como el caso de Brahim], pero últimamente esas resoluciones son negativas, sobre todo a partir de 2007», dice Rodríguez. Y las que se aprueban son recurridas por la fiscalía.

Por otro, los saharauis con nacionalidad española que la reclaman para sus hijos menores de edad. «Se trata de hijos de españoles y algunos lograban la nacionalidad por la fórmula del expediente gubernativo». Esto sucede porque, al no reconocer España al Sáhara como Estado, los documentos expedidos por las autoridades saharauis no tienen valor jurídico, aunque lleguen validados por las distintas administraciones (el ministerio de Justicia de la República Árabe Saharaui Democrática, el consulado español en Argel o Mauritania y la dirección de Asuntos Consulares). «Aunque antes sí se les daba ese valor», insiste Rodríguez. «Los niños no pueden salir de los campamentos porque no se les concede tampoco el visado comunitario».

El tercer caso afecta a los cónyuges de esos ciudadanos: los certificados de matrimonio de españoles casados con saharauis no se aceptan, con lo que no es posible la reagrupación familiar. «Los saharauis somos víctimas del Estado español, que nos dejó en manos de los regímenes de Marruecos y Mauritania», critica Brahim, que critica la «discriminación» y pronostica que tras el desalojo violento del campamento de protesta en El Aaiún la situación empeorará. «Tenemos información de que Marruecos no permite entrar a españoles de origen saharaui porque los considera simpatizantes del Frente Polisario».

CORRUPCIONES: Hay pruebas contra la juez socialista "Salmón"

FERNANDO LÁZARO / Madrid

Soria tiene pruebas contra la jueza que elaboró una querella contra él

Rajoy exige explicaciones inmediatas por el papel de la magistrada en el 'caso Salmón'

El líder del PP de Canarias, José Manuel Soria, con pleno respaldo de su partido y de su presidente nacional, no está dispuesto a que el origen del caso Salmón, en el que fue acusado de cohecho, quede en silencio. Este diario publicó ayer que el PP acusa a la jueza Victoria Rosell, que pertenece a la asociación progresista Jueces para la Democracia, de elaborar una querella contra Soria, en la que se le atribuía falsamente haber aceptado de varias empresas noruegas un viaje gratis total al país nórdico, a cambio de aprobar un plan turístico.

En declaraciones a este periódico, el dirigente popular no solo pidió explicaciones públicas sobre el papel de Rosell, que es portavoz de Jueces para la Democracia en Canarias y titular del Juzgado de Instrucción número 8 de Las Palmas, en el origen de este caso que finalmente fue archivado. Soria dijo que tiene pruebas que avalan que la jueza redactó la querella desde su propio ordenador. La acción penal fue presentada finalmente por el periodista Carlos Sosa, pareja sentimental de Rosell, y que llevaba meses publicando informaciones sobre ese asunto.

A última hora de la tarde de ayer, la magistrada trasladó a círculos cercanos que hace alrededor de 15 días denunció que su ordenador del despacho había sido manipulado. La querella del caso Salmón fue presentada a finales de 2008. Fue finalmente archivada después de que Soria demostrara que no había recibido ninguna prebenda.

El dirigente del PP canario denunció ayer en un acto en Lanzarote junto a Mariano Rajoy que, en democracia, «las querellas las ponen los abogados y las resuelven los jueces. Si las redactan los jueces, algo raro pasa que será muy grave si no tiene consecuencias». «Mariano Rajoy tiene que ser presidente del Gobierno para afrontar una regeneración democrática», reclamó Soria. Acto seguido, tomó la palabra el presidente popular y respaldó palabra por palabra el discurso íntegro de Soria.

Mariano Rajoy exigió «consecuencias importantes» e inmediatas en el caso de que la participación de la jueza Rosell en la elaboración de esta querella quede demostrada. El PP quiere que este caso llegue al Parlamento. Tiene intención de presentar varias iniciativas en el Congreso de los Diputados para pedir explicaciones sobre la actuación de la jueza Rosell, según explicaron a Europa Press fuentes cercanas al líder nacional del PP, Mariano Rajoy.

La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Canarias trató de consensuar ayer una nota de apoyo a la jueza. El sector progresista puso sobre la mesa un escrito que los integrantes de la Asociación Profesional de la Magistratura no respaldaron. Ahora, los integrantes de Jueces para la Democracia tratarán de lograr algún apoyo similar en entidades de menor nivel.

En la querella del caso Salmón se acusaba al por entonces vicepresidente del Gobierno de Canarias de un presunto delito de cohecho, causa que quedó archivada tras demostrar Soria los pagos realizados durante un viaje a Noruega y Austria. El dirigente popular, al que se le atribuía haber tenido un «gratis total» en Noruega a cambio de sus gestiones para negocios privados, aportó al juzgao todos los pagos que realizó y que ascendieron a 3.000 euros. Y es que los concretó con tarjeta de crédito, por lo que pudo adjuntar a la investigación los resguardos.

Soria denuncio públicamente que en las investigaciones policiales se habían registrado hasta 17 falsedades. El PP considera que la presunta participación o colaboración de una jueza en la elaboración de la denuncia es un hecho «de máxima gravedad», por lo que van a movilizarse.

La jueza que se presume que elaboró la querella fue también una de las firmantes de un manifiesto en contra del auto del Tribunal Superior de Las Palmas en el que se archivaba el caso que había denunciado su compañero sentimental y que ella misma había redactado.

La magistrada que archivó el caso, en su auto, consideró que los hechos denunciados, primero por el periodista Sosa y, después, por la Asociación Justicia y Sociedad, no eran constitutivos de delito. El PP de Canarias ha denunciado desde hace años una campaña de acoso y derribo contra su máximo representante. Y en esa campaña, según las acusaciones populares, en esta campaña contra Soria habían participado policías, políticos y periodistas.

Madrid

«Botín va a decir marcha atrás; el 'Rey Baltar' tiene compromisos»

Correa creyó que el Santander impediría a Garzón investigar

El cabecilla de la tramaGürtel, Francisco Correa, creyó en febrero de 2009 que el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón no abriría una causa sobre sus actividades debido a que la investigación judicial podía arrojar datos sobre irregularidades en la construcción de la Ciudad del Santander y el magistrado tenía «un compromiso» con su presidente, Emilio Botín.

Según se desprende de una conversación telefónica mantenida entre Correa y el falso juez Juan Pérez Mora el 5 de febrero de 2009, éste tranquilizó a Don Vito, preocupado por los rumores de que el juzgado de Garzón podía investigarle, y le dijo que la instrucción podía arrojar datos sobre irregularidades en la construcción de la Ciudad del Santander y que el magistrado -al que ambos denominan Rey Baltar- tenía «un compromiso» con su presidente, Emilio Botín, informa Europa Press.

Pérez Mora, que se suicidó en el verano de 2009, engañó a Correa durante meses haciéndole creer que era juez y que podía influir sobre sus supuestos colegas de la Audiencia Nacional. En realidad, era comercial de productos dietéticos.

En la conversación, admite ante Correa que probablemente, y en relación con «el tema Boadilla», el juez llame a varias personas a declarar, pero después añade: «Luego lo archivan, porque ahí, si eso sigue adelante, va a salir lo de la Ciudad del Santander». «El primero que va a decir que marcha atrás es Botín, y ahí, el que tiene un compromiso es el Rey Baltar», apostilla Pérez Mora. Correa fue detenido por orden de Garzón sólo un día después de mantener esta conversación.

El 4 de febrero de 2009, Correa ya habla del magistrado con el abogado Manuel Delgado, al que anuncia que tiene noticia de que un sumario de la Fiscalía Anticorrupción donde se le menciona ha recaído en el Juzgado Central de Instrucción número 5.

Madrid

Gallardón, apercibido por no ayudar al juez

El juez instructor del caso Gürtel, Antonio Pedreira, apercibió al alcalde del Ayuntamiento de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, en marzo de 2010 al considerar que la institución municipal incurrió en «una reiterada conducta que impedía el desarrollo de la investigación» sobre la adjudicación en 2004 de una contrata de limpieza viaria en 10 zonas de Madrid a una de las empresas presuntamente unidas a la trama, y más concretamente, la correspondiente a la zona de Moratalaz.

En el sumario, el juez señala que en las dos ocasiones en que fue requerida por la Fiscalía Anticorrupción al Ayuntamiento de Madrid información sobre los contratos adjudicados a la empresa Sufisa, en junio y noviembre del año 2009, se produjo un «incumplimiento» en el envío de la misma, según se desprende de los informes emitidos por la Unidad de Auxilio Judicial de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), informa Europa Press.

Así, se destaca la omisión en el envío de las actas de la Mesa de Contratación; los informes técnicos con la valoración de todas las ofertas presentadas y sus proposiciones económicas, y la documentación justificativa de los pagos efectuados por el propio Ayuntamiento de Madrid al adjudicatario.

M. PERAL / M. MARRACO / J. MANSO / Madrid

La Policía se jactó de la información lograda gracias a escuchas ilegales

Destaca que Correa «reconoce que ha creado la estructura y que el gestor es Crespo»

La Policía se jactó en un informe elaborado en abril de 2009 de la importancia de los datos obtenidos en las escuchas de las entrevistas que mantuvieron en prisión los imputados del caso Gürtel y sus abogados defensores.

Las escuchas fueron declaradas radicalmente nulas -y, por tanto, «ilícitas y sin efecto»- por el Tribunal Superior de Madrid el pasado 25 de marzo. La Sala afirmó que esas interceptaciones en los locutorios de la cárcel de Soto del Real «vulneraron el derecho de defensa, el derecho a no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable, así como el derecho a un proceso público con todas las garantías».

Los efectos de esas escuchas ilegales planean sobre el caso Gürtel amenazando la validez de pruebas esenciales, como el pen drive intervenido en un registro en la vivienda del contable de la organización, José Luis Izquierdo. Aunque ése y otros elementos probatorios fueron obtenidos con anterioridad a las escuchas, los imputados, que se creían amparados por la confidencialidad de la relación con sus defensores, confesaron a sus abogados muchos datos relacionados con el pen drive, admitiendo su vinculación con esa prueba de cargo. Todo ello fue conocido indebidamente por la Policía, las fiscales Myriam Segura y Concepción Sabadell y por los jueces instructores. Por ello, las defensas sostienen que esas pruebas están contaminadas por las escuchas ilegales.

Por su parte, Garzón, primer instructor del caso Gürtel, ha sido imputado por el Tribunal Supremo por presuntos delitos de prevaricación y contra las garantías constitucionales.

Tanto las fiscales como Garzón han intentado minimizar la importancia de esas escuchas. Afirman que no sirvieron para conocer datos importantes ni afectaron a las estrategias de defensa. Les contradice, sin embargo, un informe de la propia Policía que actuó a sus órdenes. El documento, que forma parte del sumario conocido ayer, está fechado el 27 de abril de 2009, cuando el procedimiento, blindado por el secreto sumarial, acababa de pasar a manos de Pedreira.

«Por parte de esta unidad policial se ha ido dando cuenta de las conversaciones importantes para la investigación detectadas en las comunicaciones orales mantenidas por Francisco Correa, Pablo Crespo y Antoine Sánchez en el centro penitenciario, así como de otras cuestiones de interés para la investigación registradas hasta este momento».

La Policía enumera 10 tipos de informaciones reveladas en esas «conversaciones importantes». Varias de ellas incumben a estrategias de defensa y otras reflejan confesiones autoincriminatorias obtenidas gracias a las escuchas ilegales realizadas.

Así, la Policía afirma que se ha conocido que Correa «da instrucciones para que se realice la coordinación de las declaraciones de los empleados de las empresas integrantes de su conglomerado empresarial» y «da órdenes para que se controlen las posibles comisiones rogatorias internacionales que puedan acordarse con el fin de proteger sus intereses económicos en el exterior».

Igualmente, Correa «reconoce que es la persona que ha creado la estructura empresarial y que actualmente el gestor de la misma es Pablo Crespo» y «dirige la estrategia con el fin de desmontar las pruebas obtenidas en los registros, y a tal fin se refiere a la concertación entre José Luis Penas y José Luis Izquierdo para la realización de los archivos de la memoria externa», el famoso pen drive.

Merino dice que el documento que más le compromete es falso

Declaró como imputado en el Supremo que «no es fehaciente»

M. PERAL / M. MARRACO/ J. MANSO / Madrid

«Nunca he recibido cantidad alguna de los señores del grupo Correa». Ésas fueron las palabras con las que el ex diputado popular Jesús Merino inició su comparecencia ante el Tribunal Supremo el 23 de julio de 2009. La declaración no arrancó con la habitual pregunta del fiscal, quien pidió a Merino que, puesto que estaba haciendo uso de su prerrogativa de declarar voluntariamente, comenzara exponiendo lo que le había llevado hasta allí.

Merino se arrancó negando reiteradamente ante el magistrado Francisco Monterde que las iniciales JM y J que aparecen en la documentación incautada a la trama Correa se refirieran a él. A su juicio, las explicaciones de la Fiscalía que así lo mantienen «no tienen ninguna base». Y resalta que Baltasar Garzón «no hace constar el nombre de Jesús Merino en ninguno de sus autos», ni le atribuye las iniciales, algo que sí hace con Bárcenas, por ejemplo.

Tras esmerarse en el asunto de las iniciales, Merino pasa a afrontar el apunte documental más comprometedor, el que incluye su nombre íntegro. Más que ofrecer una explicación, lo que hace el imputado es sembrar una sospecha, la de que esa anotación no es «fehaciente». Durante su declaración, Merino va dejando caer características del anexo en el que aparece el apunte que lo diferencian claramente del resto de anexos, incluso los de la misma fecha. Por ejemplo, un «distinto tipo de letra», o el uso, sólo en ese anexo, de apuntes de calculadora.

Y antes de concluir su declaración, resume a preguntas de su defensa: «Habiendo analizado las hojas en las que está su nombre completo, considera que esas hojas no son fehacientes y no corresponden a la realidad».

En otro momento de su declaración, Merino arremete contra la interpretación que el fiscal hace de la anotación «Jesús Merino Serrano 50 +- que lo mire y llame a Pablo a ver si está correcto». «Deducir que eso es el soporte de una entrega de 50.000 euros», dice, «atenta al principio de presunción de inocencia, siendo un término equívoco, [...] dado que Serrano 50 es la dirección de su despacho». A pocos portales del de Correa, por cierto, con el que Merino coincidía «en la cafetería».

Pero al ex diputado no sólo le comprometen las anotaciones, también lo declarado por otros imputados. «No alcanza a tener ninguna razón para pensar por qué esas personas le acusan, no ha recibido de esos señores ni de sus empresas cantidad alguna y desconoce la causa por la que puedan decir eso», dice la transcripción de su declaración.

Merino también insiste en que en los cargos que ha ocupado no ha tenido capacidad de contratación. Eso sí, comienza a contar desde 1999, porque antes había sido responsable de Fomento en Castilla y León, a cuyo Tribunal Superior se acaba de enviar un auto que le vincula al pelotazo de la variante de Olleros de Alba.

La declaración de Merino, como la de Bárcenas, no parecieron impresionar al fiscal. El siguiente documento del sumario, fechado cinco días más tarde, es un escrito del Ministerio Público que mantiene que los indicios de delito siguen haciendo necesario pedir los suplicatorios para proceder contra ambos.

Bárcenas quiso sacar de Suiza 1,3 millones al verse descubierto

El ex tesorero del PP pidió en febrero una tarjeta con límite mensual de 25.000 para desviar fondos a otras entidades

M. PERAL / M. MARRACO / J. MANSO / Madrid

El ex tesorero del PP Luis Bárcenas solicitó en febrero de este mismo año en una entidad financiera suiza una tarjeta de crédito con un límite mensual de 25.000 euros, según la última parte conocida del sumario del caso Gürtel.

La Policía concluye que Bárcenas, que dejó de ser senador y tesorero del PP en abril, sigue siendo titular de una o varias cuentas opacas en Suiza con fondos de la trama de Francisco Correa. La solicitud de esa tarjeta Visa y su elevado límite, según el informe, perseguirían desviar ese dinero para ocultarlo de la acción judicial. La Fiscalía estima que Correa sobornó a Bárcenas con 1,3 millones de euros.Sigue en pág. 4

La entidad bancaria que recibió la solicitud decidió rechazarla y denunciarla ante la Unidad de Inteligencia Financiera de Suiza, tras comprobar que Bárcenas estaba implicado en una investigación judicial en España. En el momento en el que intenta esa operación, a través de un gestor financiero de su confianza, todavía era senador y tesorero del PP, aunque hacía ya cinco meses que el Tribunal Supremo había solicitado a las Cortes Generales el suplicatorio para imputarlo por los presuntos delitos de cohecho y fraude fiscal.

La primera consecuencia del informe policial ha sido una comisión rogatoria exhaustiva en la que el juez del Supremo Francisco Monterde reclama a las autoridades suizas, entre otros puntos, que bloqueen los saldos de las cuentas opacas que el ex senador tenga allí.

La Unidad de Delitos Económicos y Financieros de la Policía (Udef) considera que Bárcenas sólo está legitimado para solicitar una nueva tarjeta bancaria si todavía «es titular de una/s posiciones financieras en una entidad financiera suiza cuyos fondos se nutren de las operaciones realizadas en España procedentes de las entregas que recibe de la organización de Francisco Correa por su participación en operaciones de adjudicación directa de contratos públicos».

Según el informe policial, la solicitud de esa tarjeta y el elevado límite mensual de 25.000 euros perseguirían «trasvasar dichos capitales a otro lugar y, de esta forma, dificultar la investigación sobre su patrimonio, poniéndolo a su vez a salvo de actuaciones judiciales».

La Udef considera que el límite de 25.000 euros expresa «la intención de realizar operaciones de elevada cuantía con ella y precisa la acreditación de una solvencia» que asegure «un saldo suficiente como para soportar cargos de elevado importe».

«Asimismo, se pone de manifiesto que Luis Bárcenas dispone de un gestor financiero en Suiza con el que realiza las operaciones económicas, siendo este tipo de intermediarios de importancia capital en el desarrollo de mecanismos de blanqueo de capitales», señala la Policía.

El juez que instruía el caso en el Tribunal Supremo, Francisco Monterde -que devolvió la causa al Tribunal Superior de Justicia de Madrid cuando Bárcenas y el diputado del PP Jesús Merino dimitieron de sus cargos y perdieron el aforamiento-, acordó en marzo, como consecuencia de ese informe, requerir a las autoridades de Suiza toda la información referente a esa operación.

Además, también les pide que se dirijan a la entidad financiera que recibió la solicitud de la tarjeta para que bloquee todos los saldos de las cuentas en las que Bárcenas o su esposa, Rosalía Iglesias, o alguna de sus empresas aparezcan como beneficiarios, y que registren el despacho del gestor financiero que asesora al ex tesorero del PP para hacerse con todas las pruebas que sean necesarias para esclarecer los hechos.

La comisión rogatoria internacional ordenada por el juez Monterde incluye una solicitud exhaustiva de todas las operaciones con entidades financieras suizas en las que haya podido participar Luis Bárcenas: cuentas, préstamos, hipotecas, cajas de seguridad, depósitos, cheques, bonos...

El fiscal del Supremo Juan Ignacio Campos recuerda en el informe en el que apoya que se libre una comisión rogatoria que Bárcenas obtuvo, a finales de 2002, un crédito de 225.000 euros que devolvió 41 días después, «si bien con el significativo incremento de casi un 50%, esto es, 330.000 euros, en efectivo y en billetes de 500». «La alegada adquisición de una obra de arte ni se efectuó ni resultan visos de que se hubiera negociado», señala.

También expone que Rustfield Ltd., una de las empresas que creó Correa para blanquear capitales, realizó un reconocimiento de deuda en favor de la esposa de Bárcenas, «lo que estaría en sintonía con la participación en dicha sociedad». A través de esa operación, el ex senador tomaba parte en el proyecto inmobiliario de la red Gürtel Twain Jones, que se desarrolló en la localidad madrileña de Majadahonda. Es decir, que participaba directamente de la estructura de blanqueo elaborada por los asesores de Don Vito.

La anterior entrega del sumario del caso Gürtel ya incluía un informe de la Udef que detallaba que Bárcenas había realizado un viaje a Suiza apenas unos días después de recibir de la trama el último de una serie de ingresos -que la Policía identifica como sobornos- que suman más de 600.000 euros, casi la mitad de los 1,3 millones que la Fiscalía le atribuye haber cobrado en total de la organización mafiosa de Francisco Correa.

El ex tesorero salió de España con destino a Ginebra y Zurich el 22 de marzo de 2002, después de percibir esa cantidad en dinero negro en efectivo. Los cantones suizos de Ginebra y Zúrich son paraísos financieros. No sólo tienen un régimen fiscal privilegiado, sino que, además, con excepciones muy restringidas, las entidades bancarias no tienen obligación de informar a las autoridades sobre la titularidad de las cuentas ni tampoco acerca de sus movimientos o rendimientos dinerarios, al contrario de lo que ocurre en España. El mismo informe precisa cómo creció en los últimos años de manera imparable el patrimonio inmobiliario de Bárcenas «sin recurrir a financiación externa».

M. PERAL / M. MARRACO / J. MANSO Madrid

Desmontada la coartada del ex tesorero del PP

El cuadro con el que Bárcenas justificó un supuesto fraude no estaba en venta

El ex tesorero del Partido Popular Luis Bárcenas realizó en el Tribunal Supremo, cuando declaró el 22 de julio de 2009, una explicación detallada de uno de los episodios de mayor carga incriminatoria contra él: la concesión en noviembre de 2002 de un crédito del Banco Popular de 225.000 euros que él devolvió 41 días después en billetes de 500 euros y notablemente incrementado -entregó 330.000-.

El ex senador aseguró que «el objeto era la compra de un cuadro». «Al declarante el arte le gusta», recoge el acta del Supremo. Se trataría de un bodegón del pintor español Juan van der Hammen que él y su mujer, que es restauradora de muebles, habían visto en Feriarte al precio de 330.000 euros.

Según dijo, pensaron en «adquirirlo como inversión» para venderlo, después de restaurarlo, por unos 480.000 euros. «Hay mucho coleccionista de bodegón, hay media docena de personas que son compradores habituales de bodegones de los siglos XVI y XVII», afirmó.

Pero durante la reunión en casa de Bárcenas en la que debería haberse cerrado la venta, los vendedores, «una señora mayor y su hijo», incrementaron repentinamente el precio, que además habían exigido en efectivo, según el ex tesorero del PP, y el matrimonio decidió cancelar la operación.

En la parte del sumario que se dio a conocer ayer se incluye un informe de la Unidad de Delitos Económicos y Financieros de la Policía que identifica a los vendedores como María Elena Saro y Enrique Zárate, y se añade que ninguno de ellos participó en el certamen Feriarte al que se refirió Bárcenas. Tampoco consta que en el mismo se presentase ninguna obra de Juan van der Hammen y el Ministerio de Cultura no recibió ninguna solicitud de exportaciones de ese autor ni en ese año ni en el anterior.

La Policía concluye que la versión de Bárcenas es «poco creíble» y que la operación sólo puede entenderse como «ideada para el blanqueo de unos fondos B de los que dispone y que a través de la póliza de crédito lograr aflorar al sistema económico real». El juez del Supremo Francisco Monterde apoyó esta tesis cuando reclamó el suplicatorio.

En su declaración, Bárcenas también insistió en que nunca recibió «cantidad alguna» de dinero de los «señores» Francisco Correa y Pablo Crespo, cabecillas de la red Gürtel. Admitió que su relación con ellos «era buena y cordial», pero no «personal», y que, como mucho, comía «una o dos veces al año» con Correa, «siempre coincidiendo con la celebración de algún acto» del partido que organizaban sus empresas.

En aquella comparecencia, que fue voluntaria, Bárcenas negó que los apuntes contables de Gürtel que la Fiscalía interpreta como sobornos lo sean. «Es falso», respondió una y otra vez -hasta 10 consecutivas- cuando el fiscal le fue preguntando por todos y cada uno de los ingresos a nombre de LB que aparecen en la documentación contable incautada.

El ex senador afirmó que le «llama la atención» que el juez Baltasar Garzón le haya identificado con esas iniciales porque, según dijo, «hay más LB en los autos». Y citó como ejemplo a Lucas Bagchus, responsable de una compañía de fondos de inversión. Asimismo, sugirió que Luis el cabrón, a quien se atribuye un soborno de 72.000 euros, era el constructor Luis Delso.