EDITORIALES: Zapatero se descubre en la cumbre de Seúl como el más extremista y radical NEOCON

Un breve respiro en una crisis que
no toca fondo

LA CUMBRE del G-20 en Seúl concluyó ayer con un rotundo fracaso. Ni hubo acuerdo para coordinar globalmente las políticas económicas, ni para introducir mayores exigencias a las entidades financieras, ni para estabilizar los tipos de cambio. Todo lo que lograron consensuar los jefes de Gobierno es un ambiguo comunicado en el que se comprometen a evaluar los desequilibrios que afectan a la economía de cada país.

Durante la cumbre, Zapatero tuvo un enfrentamiento dialéctico con Angela Merkel sobre quién tiene que pagar los rescates de países en crisis como Irlanda. La canciller alemana sostuvo que no es aceptable que los contribuyentes europeos tengan que financiar los riesgos asumidos por gestores irresponsables de la banca privada. Merkel defendió que el sector privado participe -sea poniendo fondos o asumiendo quitas de deuda- en esas costosas operaciones de salvamento.

Zapatero subrayó que ya existe un fondo europeo de 750.000 millones de euros, al que hay que acudir sin recurrir al capital privado. El presidente argumentó que los bancos no están en condiciones de aportar liquidez en rescates de una magnitud que supera incluso a las posibilidades de los Estados.

La pugna dialéctica se saldó con un comunicado de Alemania, Gran Bretaña, Francia, Italia y España en el que afirman que no se utilizará dinero privado en caso de que sea necesario un nuevo plan de rescate. Dado que el actual fondo expira en 2013, será a partir de esa fecha cuando se discuta la propuesta alemana.

El acuerdo fue acogido con alivio por los mercados europeos, con importantes subidas en Bolsa de los bancos españoles mientras bajaba el diferencial de la deuda de nuestro país por debajo de los 200 puntos. El mensaje de los cinco es que si Irlanda necesita ser rescatada, se echará mano del fondo, acuerdo especialmente beneficioso para la banca británica, principal acreedor de dicho país.

El compromiso suscrito puede ser interpretado como un triunfo de Zapatero y Cameron a corto plazo, pero es evidente que la cuestión no ha quedado resuelta. Zapatero podría tener razón en que lo prioritario es ahora asegurar el rescate de Irlanda y calmar a los mercados, pero Merkel ha puesto en evidencia la inviabilidad de un sistema en el que pagan justos por pecadores. Alemania dejará de ser el bombero de Europa a menos que se acepte la imposición de sanciones a aquellos irresponsables que jueguen con el fuego del déficit. No deja de resultar paradójico ver a nuestro presidente convertido en adalid de los intereses de la gran banca europea mientras la conservadora Merkel se erigía en defensora de los intereses públicos.

Pero, más allá de esta escaramuza, la cumbre del G-20 ha servido para poner de manifiesto la inexistencia de un gobierno global de la economía mundial y la incapacidad para llegar a acuerdos entre las grandes potencias. La gran mayoría de los compromisos adoptados en la cumbre de Washington, hace dos años, no ha podido ser llevada a la práctica por las diferencias entre EEUU, China, la UE y los países emergentes.

Tras la cita de Seúl, queda también en evidencia el importante papel que tiene que jugar China, una dictadura comunista con un sistema de libre mercado, para que el mundo pueda salir de la crisis. De momento, China se niega a revaluar su moneda para introducir un mayor equilibrio en los mercados internacionales, lo que, de persisitir, podría agudizar más la guerra de divisas y los déficits comerciales de países como España. A la luz de todo ello, pocas razones hay para mostrarse optimistas sobre una posible recuperación de la economía mundial a corto plazo. Por el contrario, todo indica que la crisis no ha tocado todavía fondo mientras se debilita el margen de maniobra de las naciones en peores condiciones.

Por parte de la mujer de Eguiguren

Penoso incidente en el juicio a Otegi

EL JUICIO contra Otegi ha quedado visto para sentencia. Aunque el líder de la ilegalizada Batasuna ha intentado utilizar la sala como plataforma política, la Fiscalía considera suficientemente probado que en el acto de Anoeta Otegi incurrió en enaltecimiento del terrorismo, que es el delito del que se le acusa. Sin embargo, en el último día de la vista se produjo un lamentable incidente provocado por la esposa de Jesús Eguiguren, tras la declaración como testigo del presidente del PSE. Rafaela Romero se acercó a la presidenta de la AVT y le dijo: «El día que nos maten no lloréis». Pedraza le respondió: «A nosotros ya nos han matado». La actitud de Romero es especialmente grave porque además de mujer de Eguiguren es la presidenta de las Juntas de Guipúzcoa.

El Gobierno no condena a Marruecos por una cínica 'razón de Estado'

El conformismo de España avala los brutales hechos consumados de Rabat

MUCHO hay que mirar atrás para recordar una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros más lamentable que la de ayer. Primero, el sagaz Rubalcaba se refirió a la violencia en el Sáhara como «los sucesos en Marruecos». Ni brutal represión, ni masacre, apelativos que describen lo que está haciendo Rabat en El Aaiún. No, en el enésimo intento de este Gobierno por desnaturalizar la barbarie se refirió a «los sucesos» y, para colmo, los inscribió en Marruecos, aceptando así su soberanía sobre el territorio saharaui. No puede justificarse como un lapsus linguae, después de la sonora metedura de pata de Jáuregui por lo mismo. Y, sobre todo, porque Zapatero acababa de decir que «defender los intereses de España es lo que el Gobierno tiene que poner por delante». Un cínico ejemplo de realpolitik, con el que entierra la bandera de los derechos humanos. Por su parte, la ministra de Exteriores siguió sin condenar a Marruecos. Da igual que haya sido asesinado un español o que se cuenten por decenas los cadáveres... Jiménez se limitó a «lamentar» los hechos, en espera de tener «un conocimiento concreto». El conformismo del Gobierno es vergonzoso y lavarse las manos supone un aval para que Marruecos continúe con el uso de la fuerza bruta. La impunidad de Rabat es tal que ayer retiró la acreditación al corresponsal de ABC, expulsó a tres periodistas de la Cadena SER que habían llegado a El Aaiún e impidió la entrada a otra docena de informadores. Una censura ante la que nuestro Gobierno calla.

Propuesta aguda pero irrealizable

LA PROPUESTA de Alicia Sánchez-Camacho de destinar un 10% de los bonos patrióticos a crear una paga para los jubilados catalanes y compensarles así por la congelación de las pensiones es, además de un guiño a los votantes, una forma ingeniosa de denunciar el despropósito que ha supuesto esa emisión por parte de la Generalitat. La pésima situación de las finanzas catalanas ha obligado al tripartito a tener que ofrecer intereses muy por encima del precio del mercado. Sin embargo, la medida de la candidata del PP no es factible. Primero, porque el dinero que se obtiene con esos bonos ya ha sido gastado y no puede tener otro destino que el de enjugar la deuda. Pero además, plantear un cheque-jubilado de 240 euros -«hasta que el Gobierno revoque la congelación», dice- resulta extemporáneo.

Robón Hood

DELINCUENCIAS ZP, LOS NEGOCIOS ELECTORALES DEL PSOE CON ETA: El presidente de los socialistas vascos declara para la defensa de ETA

MANUEL MARRACO/ Madrid

Otegi: «Rechazamos el uso de la violencia»

El líder de Batasuna defiende su «apuesta por vías pacíficas» pero no condena a ETA

Arnaldo Otegi aprovechó ayer el uso de la última palabra para avanzar otro pasito en la separación entre ETA y Batasuna que pregona. Sigue sin condenar el terrorismo, pero ayer aseguró que rechazaba la violencia para obtener fines políticos. Unas horas antes, el otro protagonista de la jornada, Jesús Eguiguren, daba un paso atrás y demostraba que la vía Txusito, con la que Otegi pretendía aparecer como un interlocutor político, no era para tanto.

En el caso del líder abertzale, su penúltima frase en el juicio fue: «Quiero volver a reseñar con carácter absolutamente claro, nítido, prístino, que nosotros hemos hecho una apuesta por las vías pacíficas y democráticas, que nosotros rechazamos el uso de la violencia para imponer un proyecto político». «Nosotros abogamos por un proceso de soluciones democráticas», añadió Otegi, más en su rol de portavoz de Batasuna que en su papel de acusado, ya también habitual.

Lanzado el mensaje, el presidente del tribunal le cortó, cuando Otegi empezaba a repetirse: «Por lo tanto, estamos en esa posición...», decía, cuando el magistrado Fernando García Nicolás le dijo que estaba cayendo en lo que el propio Otegi había criticado al inicio de su intervención, la judicialización -el enaltecimiento- de asuntos políticos -el acto de Anoeta-. Momentos antes había elogiado «el buen criterio» del tribunal al haber cortado durante el juicio las preguntas de índole eminentemente político.

Otegi fue el último en hablar antes del visto para sentencia. Joseba Permach y Joseba Álvarez asumieron que también fuera su portavoz penal y declinaron hacer uso de la última palabra.

La mañana había comenzado con la comparecencia del testigo estrella de la defensa, Jesús Eguiguren, que, sin embargo, no repitió sus recientes declaraciones de que Otegi era un político que debería estar en libertad. Ni él puso mucho empeño en defenderle ni el tribunal le dio mucho margen.

A la pregunta de si tenía amistad con los acusados, el líder del PSE comenzó diciendo sin demasiado ímpetu que tenía «la amistad normal que surge de conocerse», puesto que los cuatro habían sido diputados y se reunían en el Parlamento... «y fuera». «Más con Otegi», añadió, aunque cuando el presidente quiso saber si era una amistad íntima respondió que no.

Ante la abogada de Otegi, Jone Goirizelaia, se presentó como «un vasco que ama su tierra por encima de todo». A partir de ahí comenzaron las preguntas de la letrada para meter a los socialistas en el acto de Anoeta. El resultado fue que varias preguntas fueron vetadas y, en otras, Eguiguren restó relevancia al conocimiento que los socialistas pudieron tener del acto. «Yo conocía una declaración que se iba a presentar, que la conocía yo creo que media España porque la divulgaron, informaron a los periodistas, a los políticos...», arrancó el líder del PSE.

A continuación, Goirizelaia le preguntó si conocía el contenido del acto, pero el tribunal rechazó la cuestión. Volvió a plantearla con una formulación levemente diferente y llegó una respuesta que sí apuntaba a que los socialistas conocían los detalles de la oferta de Batasuna: «Hay que diferenciar entre el acto en sí, que no sabía su contenido; pero sí que iba a haber una declaración, que la conocía». La siguiente pregunta, que podría haber sido realmente comprometida, tampoco pasó el filtro del tribunal: «¿Lo conocía el Gobierno del Estado?».

Al margen del revuelo político, la testifical de Eguiguren no podía tener gran valor jurídico. Por ahí fue la fiscal, que le preguntó si había estado en el acto que se juzgaba. «No».

Tanto el Ministerio Público como el Foro Ermua hicieron definitiva la petición con la que habían empezado el juicio: que Otegi, Permach y Álvarez sean condenados por enaltecimiento del terrorismo. A un año y medio de cárcel, según la fiscal Teresa Sandoval, y a dos años, según el abogado Fernando García-Capelo.

La base de la petición es la difusión de un vídeo con imágenes de «80 miembros de ETA fallecidos, a los que se dedica una especie de recordatorio, de homenaje» y que desencadenó gritos de apoyo a ETA, según dos guardias civiles que declararon ayer.

«¿Puede ser que el vídeo se emitiera sin control de los responsables de Batasuna?», preguntó la fiscal. «No». En ese momento intervino el presidente del tribunal «¿Por qué dice que no?». El tono de la pregunta parecía favorable a los acusados, pero la respuesta fue demoledora. «Porque todos los actos de tanta trascendencia como Anoeta indudablemente tienen que estar en conocimiento de la banda terrorista. ETA ejerce totalmente ese control».

Y le siguió una refutación de tesis defendida la víspera por Otegi de que, a diferencia de propuestas previas, la de Anoeta no había sido presentada por ETA, sino por Batasuna. «En el zutabe distribuido en el acto, ETA hace una relación total entre las diferentes propuestas previas y las vincula con la de Anoeta», dijeron los agentes.

En esa línea, la fiscal mantuvo en su informe final que resulta «impensable que los acusados no controlaran completamente el acto», incluido el vídeo proetarra. Por su parte, el letrado del Foro Ermua resaltó que la proyección era una parte esencial del acto, puesto que «enviaba el mensaje de que 'ahora toca negociar, pero no nos olvidamos de que la actuación terrorista ha sido necesaria para llegar a esto'».

Los defensores Goirizelaia e Íñigo Iruin alegaron que no se podía responsabilizar a los acusados de la emisión del vídeo y que su contenido era suficientemente variado como para dudar de que tuviera intención de enaltecer a ETA. Añadieron que, en el fondo, el juicio sólo había llegado a celebrarse por la relevancia de los acusados. «Hay una condición personal de Otegi que lo baña todo», dijo Iruin, poco después de que Goirizelaia recuperara la tesis que, por muy poca relación que tenga con la condena o absolución final, ha gravitado sobre el juicio: «El Partido Socialista estaba informado y conocía la propuesta».

OORBYT.es

>Vea hoy en EL MUNDO en Orbyt el análisis de Lucía Méndez.

ÁNGELES ESCRIVÁ / Madrid

La esposa de Eguiguren se enfada con la AVT

«El día que nos maten, no lloréis», le espetó a la presidenta, Ángeles Pedraza

El episodio que ayer protagonizaron la presidenta de las Juntas de Guipúzcoa, Rafaela Romero -esposa de Jesús Eguiguren-, y la presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, Ángeles Pedraza, fue un auténtico despropósito que se agravó un poco más con el paso de las horas. Acababa de prestar declaración el presidente de los socialistas vascos ante la Sala que juzga el presunto enaltecimiento del terrorismo de Arnaldo Otegi, cuando Rafaela Romero se acercó a la presidenta de la AVT: «Ángeles, el día que nos maten, no lloréis», le espetó dándole dos golpes en la mano, según relató la propia Pedraza; y ésta respondió: «A nosotros ya nos han matado».

El hecho es que, antes de que se iniciara la segunda sesión del juicio contra el ex dirigente de Batasuna, las dos se habían encontrado en el rellano previo a la Sala y se habían saludado cortésmente. La presidenta de la AVT, Ángeles Pedraza, llevaba semanas criticando duramente la decisión de Eguiguren de declarar en favor de Otegi y solicitando a los socialistas que le apartasen de la Presidencia del PSE por su «complicidad» con la izquierda abertzale, pero esta postura no fue óbice para que Rafaela Romero distinguiese una cosa de otra y le ofreciese el saludo. De hecho, la AVT siempre ha alabado el trabajo de la presidenta de las Juntas guipuzcoanas, que ha institucionalizado los homenajes a las víctimas para perpetuar su memoria, que promueve publicaciones con su relato y que está en todos los actos en su recuerdo.

¿Qué es lo que ocurrió en el transcurso del juicio para que reaccionara de un modo tan tenso? Según la AVT, nada. Durante la declaración, los miembros de la Asociación de Víctimas reconocen que realizaron comentarios desfavorables hacia el juez porque consideraban que estaba protegiendo a Eguiguren; estimaron que, con sus continuas interrupciones, no le estaba dejando declarar a favor de Otegi, como el presidente del PSE anunció que iba a hacer una vez trascendió la noticia de que había sido llamado a declarar por la defensa.

Según una nota remitida por el PSE, Ángeles Pedraza había «estado interfiriendo constantemente la declaración que ha realizado ante el juez el presidente del PSE».

Así que Rafaela Romero, que no suele ejercer de señora de, dejó de compartimentar funciones, se enfadó y soltó ese «cuando nos maten no lloréis» que, personalmente, puede entenderse como el modo de hacer llegar, en solidaridad con su esposo, que no se admitirán lamentos postreros procedentes de quienes les han criticado, pero que, políticamente, es más peliagudo. Sobre todo porque escenifica un enfrentamiento de la presidenta de las Juntas de Guipúzcoa con las víctimas; también porque pone en duda las tesis del presidente del PSE, que sostiene que ETA está ya acabada, o porque puede dar a entender que Romero cree que los procedimientos de Eguiguren son la garantía de la ausencia de asesinatos -aunque es sabido que a veces discrepa del presidente de los socialistas vascos-.

Como quiera que Rafaela Romero no aclaró más, Ángeles Pedraza aseguró que se había sentido «agredida y amenazada». «Señora Rafaela, yo he llorado mucho, a mí me han matado una hija. Yo sé lo que es llorar, usted no lo sabe», sostuvo; añadió que la AVT está convencida de la «complicidad que había y sigue existiendo» entre el presidente del PSE y los «batasunos», lamentó que a Romero no se le hiciera ninguna advertencia cuando a ella se le amenazó con ser expulsada de la Sala, y mostró su indignación porque las víctimas hayan tenido que soportar que su marido «haya acudido a ayudar a los terroristas».

El PSE, a pesar de asegurar que no iba a polemizar con las víctimas, respondió que las manifestaciones de Pedraza «se desacreditan por sí solas» y recordó a la presidenta de la AVT que los socialistas vascos saben «lo que es ser víctima de la violencia de primera mano».

Juan Carlos Cano, del PP, consideró un «error» la reacción de Rafaela Romero. La atribuyó a la «presión» que ha vivido por las críticas realizadas a su marido.

LEYRE HUALDE / Bilbao

Currin «espera» por una tregua de ETA antes de Navidad

Batasuna critica las «especulaciones frívolas» en torno al alto el fuego

El abogado sudafricano y mediador internacional Brian Currin afirmó ayer en Bilbao que «espera» que ETA anuncie un alto el fuego «antes de Navidad, en noviembre o en diciembre». Explicó que esta «expectativa» no surge de ningún contacto directo con la banda terrorista -algo que aseguró que no ocurrirá «hasta que no se cumplan las condiciones de la Declaración de Bruselas»-, sino de sus contactos «con muchas personas, partidos e instituciones».

Uno de los agentes con los que más relación tiene Currin es la izquierda abertzale. «No tengo duda de que están al tanto al 100% de cuál es la posición de ETA y de que la información que recibo de ellos es creíble», dijo.

La izquierda abertzale matizó las declaraciones del mediador y criticó en un comunicado «las interpretaciones interesadas y las especulaciones frívolas» en torno a una posible tregua de ETA. Manifestó que el alto el fuego de la banda es «ajeno al conocimiento y la responsabilidad» de Batasuna y que ellos no actúan como «canalizador de las supuestas decisiones de ETA».

Brian Currin presentó ayer «el mandato» y las funciones que tendrá el Grupo Internacional de Contacto, cuyo trabajo comenzará después del anuncio por parte de ETA de un alto el fuego «unilateral, permanente y verificable». En ese momento, empezaría el «proceso de verificación», que debería desarrollarse «vía contacto entre ETA y el Gobierno español». Si esto no ocurre, Currin explicó que esa labor podría llevarla a cabo el Grupo Internacional de Contacto u otros expertos en mediación. Ese colectivo estará formado por cinco personas, aunque no se proporcionarán sus nombres «hasta que el grupo se conforme formalmente». La izquierda abertzale señaló que ve en esta iniciativa «una importante noticia para dinamizar el proceso de paz».

El primer objetivo del Grupo Internacional de Contacto será «promover, facilitar y posibilitar la legalización de la izquierda abertzale». Currin afirmó que «entre la política de las balas y la de los votos», la izquierda radical «se ha posicionado en favor de los votos» y «hará todo lo que tiene que hacer para ser legalizada».

Consideró que el Gobierno debería tener una actitud «proactiva» para la legalización de Batasuna. Asimismo, señaló la necesidad de que se produzcan cambios en el sistema penitenciario. «Es necesario que las personas que se han comprometido a la paz, como Otegi, sean liberadas», añadió.

Otro de los mandatos del Grupo Internacional de Contacto aboga por la formación de una mesa de diálogo de todos los partidos con el objetivo de «alcanzar un acuerdo inclusivo para superar el conflicto político». Una mesa «que surge de partidos comprometidos con el proceso» para la que también cuenta con Batasuna, «que debe estar presente en todo el proceso». Currin manifestó la importancia de que todos los partidos formen parte de esa mesa, incluido el PP: «Si deciden no sentarse con Batasuna, nadie les podría obligar, pero no puede bloquearse todo el proceso por la ausencia de un partido», subrayó.

EB denuncia ante el fiscal a Felipe González

El coordinador de EB, Mikel Arana, espera que, «por lo menos», la Fiscalía abra diligencias contra Felipe González por sus últimas declaraciones sobre ETA porque, aunque el delito de encubrimiento puede haber prescrito, se ha producido uno de enaltecimiento del terrorismo «como una casa», que «no ha prescrito». El dirigente de la formación de izquierdas, que presentó ayer su denuncia en la Fiscalía de Bilbao, insistió en que las palabras de González son «un auténtico escándalo» y apuntó que, «por mucho menos, Otegi está en el banquillo».

FERNANDO LÓPEZ AGUDÍN

Fuego amigo

De lo dicho por González, no de lo que dicen que dijo, se desprenden no pocas sugerencias, deducciones y conclusiones completamente calculadas, medidas y previstas por quien se expresó como se expresó. Consecuencias políticas que dejan bastante tocado como portavoz y hundido como candidato in pectore a Rubalcaba.

Alcanzado por un inesperado e intenso fuego amigo, apenas ha durado un mes la irresistible ascensión del ministro del Interior. Sus adversarios políticos pueden ahorrarse la munición que preparaban contra él, a cuenta de su pasado, porque tanto las ambiciones como la imagen de Rubalcaba arden ya en la hoguera de las vanidades.

Todas las hemerotecas y videotecas redescubren al entonces portavoz del Gobierno de González negando que se hubiese estudiado ni siquiera la más mínima posibilidad de «dar una orden para liquidar a toda la cúpula de ETA» descrita hoy por su jefe de ayer. Ya es sabido, en política hay cosas que no hay que hacer, si se hacen no se dicen y si se dicen se desmienten. Pero si su muy dudosa credibilidad no le anula aún como portavoz, su sonoro mutismo sobre la puesta en cuestión de todo el Poder Judicial por González le incapacita como sucesor de Zapatero.

Quien sostenga que desde el Tribunal Supremo al Constitucional pasando por el Tribunal de Estrasburgo, que acaba de ratificar la sentencia de Galindo, han condenado a un inocente no puede aspirar a ser candidato salvo que condene claramente esta descalificación prevaricadora. Bien puede aplicarse a si mismo el dilema que plantea a Otegi al exigirle la condena del terrorismo.

Dos son las hipótesis sobre el por qué de las muy meditadas palabras de González. Primera, satisfacer una deuda pendiente con los condenados por la guerra sucia y el reparto de los fondos reservados. Segunda, provocar la embestida de la derecha extrema a fin de centrar la polémica en el escenario político y no en el económico. Puede que solas o combinadas estén en su motivación, pero son claramente insuficientes. Es ya tarde para imitar a Margaret Thatcher cuando, tras el asesinato de dos militantes del IRA por la policía británica en Gibraltar, no vaciló en acudir al parlamento y asumir toda la responsabilidad. Ni tampoco es viable relegar la grave crisis económica.

Quizás la explicación pueda residir también en una tercera hipótesis por ahora imperceptible porque, como bien señala el ex presidente del Gobierno, «en las luchas de poder las relaciones son subterráneas. Las cuatro quintas partes, como en el iceberg, no se ven».

Tras el fracaso del primer proyecto de renovación generacional de Zapatero -difícil encontrar un núcleo dirigente más corto-, podría estar gestándose un segundo encabezado por alguien atento a los mayores en edad, saber y gobierno.

Alguien como la nueva ministra de Exteriores, discípula de Gonzalez, amiga de Zapatero y bastante bien conectada con las mismas cancillerías internacionales que durante la transición cooptaron a Felipe como líder del PSOE. Puede que la desaforada tentativa de Rubalcaba de colocarla en la vía muerta del socialismo madrileño, llegó a amenazar con un «atente a las consecuencias» a Tomás Gómez, estuviese motivada por alguna buena información de Interior. Tal vez sea la hora de, como diría Alfonso Guerra, «la señorita Trini».

AGUSTÍN YANEL / Madrid

Rubalcaba niega al PP un informe sobre el chivatazo a ETA

El Ministerio del Interior ha decidido no entregar al PP un informe de la Guardia Civil sobre el chivatazo telefónico que recibió un presunto colaborador de ETA el 4 de mayo de 2006, advirtiéndole de que iba a ser detenido. Alega que fue realizado por encargo del juez que investiga el caso Faisán y que, por consiguiente, sólo debe ser remitido a dicho magistrado.

El diputado popular Ignacio Gil Lázaro, que solicitó oficialmente ese documento en septiembre, dijo ayer que el ministro y vicepresidente primero del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, «miente» al darle esa explicación porque ése y otros informes sobre el caso Faisán «jamás fueron remitidos a la autoridad judicial», por lo que deben ser facilitados a los diputados cuando éstos lo soliciten.

El Ministerio le ha contestado que «no se considera procedente la remisión de informes que, en su caso, hayan podido ser elaborados por orden judicial», porque los guardias civiles, cuando actúan en funciones de Policía Judicial, «dependen exclusivamente de los jueces o tribunales o del Ministerio Fiscal».

Como el informe que reclamó Gil Lázaro forma parte de una investigación judicial, Interior le ha comunicado que se remite «exclusivamente» al juez, tribunal o fiscal que lo ha encargado.

Ante esa respuesta, Gil Lázaro explicó ayer que el juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska ordenó a la Policía y a la Guardia Civil que investigaran el chivatazo por separado, pero el juez Baltasar Garzón recuperó ese caso y separó al instituto armado, por lo que «todas las pesquisas que realizó la Guardia Civil no forman parte de las actuaciones judiciales en curso».

Opinó que esta negativa es similar a la del Gobierno de Felipe González cuando no atendió las peticiones del Congreso sobre la guerra sucia contra ETA y «el expolio de los fondos reservados».

ELECCIONES REGIONALES: CATALUÑA: Encuesta electoral del CIS= CiU ganara pero sin lograr la mayoría absoluta

C. REMÍREZ DE GANUZA / B. PARRA
Gerona / Barcelona

El PP dará el 10% de los bonos a los pensionistas

Rajoy 'vende' empleo y pensiones en feudos tradicionalmente socialistas

El CIS saludó ayer al PP con muy malos presagios en su arranque de campaña en Cataluña. Conservar los 14 escaños en el Parlament, y hasta perder uno, en el peor de los casos, representa un escenario demasiado pobre para un partido que se ha atrevido a presentar estas elecciones como la antesala del regreso a La Moncloa. Pero lo cierto es que poco o nada afectó el sondeo oficial en el semblante de los populares, que lo despacharon como un mal guiso prosocialista, y se aplicaron a leer la primera página de su libro de campaña llevando a Rajoy a vender empleo y pensiones en el cinturón rojo de Barcelona. Aunque fue la candidata, Alicia Sánchez-Camacho, la encargada de lanzar el caramelo electoral con la promesa de destinar el 10% de los 3.000 millones de euros en bonos de deuda emitidos por el gobierno tripartito a los pensionistas catalanes. La intención de Camacho, si resulta decisiva en la Generalitat, pasa por reservar unos 300 millones para pagas anuales de 239 euros en compensación por la congelación de pensiones impuesta por el Ejecutivo de Zapatero «con la complicidad de Artur Mas». «Los bonos patrióticos no pueden servir para tapar los agujeros y las deudas de Montilla», explicó Camacho ante la atenta mirada de numerosos ancianos, que aplaudieron cuando la candidata reprochó a CiU que fuera cómplice de la decisión del Ejecutivo central de congelar las pensiones.

En su discurso más social del todavía corto recorrido de campaña, la candidata popular tuvo un recuerdo para los 675.000 jubilados que tiene Cataluña, «la mitad de los cuales no llega a fin de mes o se encuentra en el umbral de la pobreza», apostilló.

Ellos serían los principales beneficiados de esta última promesa electoral de Camacho, quien quiere devolver a los pensionistas en 2011 la media de 239 euros que han perdido tras la congelación de sus pagas.

El PP catalán busca incluso mantener la medida «hasta que no se vuelvan a revalorizar las pensiones» y fijarla por ley, porque «los pensionistas son uno de los colectivos que peor lo está pasando».

La candidata popular criticó asimismo la política de Zapatero por protagonizar «el recorte social más grande de la historia».

Al lado de la candidata, Rajoy estuvo algo plúmbeo. No sólo no quiso atender a las preguntas de los periodistas, sino que, en su obsesión por la economía, se le fue un tanto la mano hablando a los tranquilos socios de una residencia de mayores sobre el diferencial de la deuda española con el bono alemán.

Pero oyéndole hablar de lo suyo, también había que reconocerle al presidente del PP que no le salió tan mal su apuesta por pasar cuanto antes la página del Estatut. Viéndole ayer confraternizar con los pensionistas en plena clase de gimnasia y en medio de una partida de dominó, nadie diría que hace sólo dos meses que el PP era un partido apestado en Cataluña.

Por la mañana en Cerdañola del Vallés -un municipio de 60.000 habitantes gobernado por el PSC con el apoyo minoritario del PP-, y por la tarde en Gerona -feudo socialista donde los haya-, Rajoy intentó arañar votos a la izquierda no soberanista por el flanco social más castigado por la crisis. Y, a la vez, advirtió a la derecha catalana del peligro de dar mayoría absoluta a CiU.

A falta de notarios y pactos del Tinell contra el PP, Rajoy no se defendió de nada y apenas atacó por nada. Ni se defendió de anticatalanismo, como es costumbre, ni acusó a otros de independentismo. A Artur Mas le afeó que su programa sea «más nacionalismo» y que no celebrara el triunfo de España en el Mundial.

Pero, en un discurso dirigido a ser clave apoyando desde fuera a un Gobierno de CiU -tipo País Vasco con el PSE-, apostó por jugar un papel de moderador. «El riesgo que hay en Cataluña», dijo anoche en Gerona, «es que el tripartito -que sólo ha sido superado haciendo daño por el Gobierno de Zapatero- sea sustituido por el poder absoluto de alguien. Eso no es bueno». «Nunca las cosas fueron mejor para Cataluña», añadió, «que cuando gobernó el PP en España y ayudó a gobernar en Cataluña».

Y es que, puestos a no crecer de manera significada, tal como aventuran las encuestas, el apoyo externo a CiU es el escenario ideal para Rajoy de cara a 2012.

SALVADOR SOSTRES

Inmigración y querella

Xavier García Albiol, candidato del Partido Popular a la Alcaldía de Badalona, ha tenido la valentía de hablar de inmigración, explicando los problemas que causa y planteando modos de resolverlos. En un tríptico propagandístico de su partido para denunciar la degradación de algunos barrios como consecuencia de la inmigración descontrolada y de la delincuencia, se incluyeron fotografías donde aparecían algunos ciudadanos rumanos. SOS Racisme y la Federació d'Associacions Gitanes de Catalunya se han querellado contra él «por incentivar el odio y la violencia contra un grupo de personas por motivos racistas».

La inmigración es un asunto demasiado serio para dejarlo en manos de los buenistas, que acaban siendo siempre los más cínicos, los que más hacen ver que no ven para poder continuar viviendo del tópico y de la pancarta, para continuar rebajando el nivel general con su pensamiento muy débil, de modo que todos acabemos tan pequeños y adocenados que ellos a nuestro lado parezcan héroes. El señor García Albiol ha traído al debate un tema fundamental para nuestra sociedad, y las sociedades libres como la nuestra se caracterizan por debatir sus problemas hasta hallar soluciones.

Si algo precisamente incita al odio y al racismo es no hablar de inmigración y hacer como si el problema no existiera. Nada resulta tan irresponsable como el papeles para todos al que, en mayor o menor grado, acaba siempre apelando la izquierda. No hay ninguna duda de que todos somos iguales en derechos y en obligaciones, en la vigencia de la universalidad de los derechos humanos, en la necesaria compasión que tenemos que sentir por los más desfavorecidos. Pero si un país acaba teniendo más inmigración de la que puede integrar, más inmigrantes que posibilidades de ofrecerles trabajo, es casi inevitable que todas estas personas, fruto de la desesperación, caigan en la marginalidad y en la delincuencia y pronto se conviertan en un problema en su núcleo de convivencia. La marginalidad, la delincuencia y el gueto son el caldo de cultivo del racismo y del odio, del recelo, del miedo a la diferencia porque la diferencia, realmente, acaba dando miedo.

La querella tendríamos que interponerla contra las tesis tan nocivas de SOS Racisme, tan frívolas y equivocadas y que tanto daño han hecho, que tanta marginación han causado y que imposibilitan un debate sincero y de altura que nos ayude a hacer un país mejor. A SOS Racisme debería darle vergüenza su discurso tan poco elaborado y falsario, su demagogia sin ninguna clase de escrúpulos, esa profunda indecencia de hacer negocio con la necesidad ajena a que tan acostumbrados nos tienen las oenegé, que en el fondo sí que son gubernamentales porque la mayoría de ellas están subvencionadas hasta las tetas.

Si la xenofobia ha crecido en España en los últimos tiempos no ha sido porque el señor García Albiol, entre otros, haya intentado hablar sin tapujos de los conflictos -y también de los retos- que la inmigración plantea, sino por tanta corrección política, vacía y estéril, que nos ha llevado a la inacción, a la dejación, a la degradación de nuestra vida pública por la vía de renunciar a la inteligencia y a nuestros valores de país libre.

AGUSTÍN YANEL / Madrid

CiU ganará pero sin lograr la mayoría absoluta

El PSC pierde cuatro escaños, ERC hasta seis, ICV uno y el PP sigue igual

Convergència i Unió (CiU) obtendrá 59 escaños en las elecciones autonómicas catalanas el 28 de noviembre, 11 más que en 2006, con lo que se quedará nueve por debajo de la mayoría absoluta, según una encuesta que dio a conocer ayer el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). El tripartito que gobierna ahora en Cataluña (PSC, ERC e ICV) podría empatar con los nacionalistas e incluso llegar a 60 diputados.

CiU es la única formación que sube en votos y en escaños. Los socialistas del PSC bajan a 33 diputados (pierden cuatro); ERC sufre un importante descalabro y se queda en 15 o 16, frente a los 21 actuales; el PP se mantiene como cuarta fuerza con sus 14 escaños, e incluso podría perder uno porque cae en votos; ICV baja de 12 a 11, y Ciutadans sube ligeramente en votos y lograría tres diputados como en 2006 (ahora tiene dos porque uno pasó al Grupo Mixto).

Si se cumplieran estas previsiones, CiU podría gobernar en minoría con el apoyo puntual del PP, ya que entre ambos superan los 68 escaños que son la mayoría absoluta.

El líder de CiU, Artur Mas, es el mejor considerado por el electorado y el único que aprueba, con una nota de 5,33 puntos. Le siguen Joan Herrera, de ICV (4,57); José Montilla, del PSC (4,37); Joan Puigcercós, de ERC (3,89); Albert Rivera, de Ciutadans (3,02) y, en último lugar, Alicia Sánchez-Camacho, del PP (2,42).

Artur Mas es el preferido por la mayoría como futuro president. El 30,9% opta por él frente al 17,5% que vota a Montilla, seguidos a gran distancia por Puigcercós, Herrera, Sánchez-Camacho y Rivera.

En el caso de que ni CiU ni ningún otro partido pudiera gobernar en solitario, el electorado catalán preferiría un Gobierno de CiU y PSC (22,9%), CiU y ERC (21,6%), CiU y PP (13,3%) o repetir el tripartito PSC, ERC e ICV (12,6%).

El 59,1% de las personas consultadas por el CIS afirma que ha decidido ir a votar y el 17% dice que «probablemente» lo hará. Por el contrario, el 13% no votará, el 6,8% es probable que tampoco lo haga y el 3,9% aún no lo ha decidido.

El 55,3% de las personas encuestadas desaprueba la política que ha llevado a cabo el Gobierno tripartito de la Generalitat, que sólo es aprobada por uno de cada cuatro electores (25%).

Ayer, tras conocer estas previsiones, Artur Mas (CiU) dijo que esta encuesta es la prueba de que su formación política todavía no ha ganado, por lo que hizo un llamamiento al voto útil para que sea posible un cambio en Cataluña.

Según el PSC, el sondeo del CIS demuestra que los socialistas catalanes han empezado a remontar respecto a lo que vaticinaban otras encuestas anteriores.

En ERC también opinaron que empiezan a mejorar, aunque reconocen que existe «un duelo» entre ellos y el PP por situarse como la tercera fuerza de Cataluña.

Alicia Sánchez-Camacho (PP) quitó importancia al sondeo, porque sólo refleja «tendencias», y dijo que su partido será decisivo «para frenar el independentismo», que sería una mayoría absoluta de CiU.

Joan Herrera, de ICV, reconoció que no va a ser fácil en estas elecciones «girar a la izquierda», pero se mostró confiado porque cree que «no es imposible».

DANIEL G. SASTRE
Reus (Tarragona)

Mas confía en que una campaña «aburrida» le haga 'president'

El candidato de CiU sitúa su objetivo en superar a la suma del tripartito

Es una lástima que la visita de Benedicto XVI a Barcelona no se haya producido unas semanas después. Porque si todos los mítines de CiU son como el primero de la campaña, Artur Mas tiene muchos números para ser santificado. Ni un reproche al tripartito, ni una crítica a quienes le han dejado siete años en la fría oposición. Tras la campaña incendiaria de 2006, Mas confía ahora en que el «aburrimiento» le haga presidente de la Generalitat.

No queda rastro de la visita al notario para prometer que no habrá pacto con el PP, ni tampoco del DVD que presentaba a PSC, ERC e ICV poco menos que como gánsteres que habían robado a CiU algo que por ley le era propio. Mas llegó ayer a decir que se callaba lo que opina del tripartito porque «eso sería hacer una campaña en negativo».

Ese tono, más de una catequesis que de un mitin político, presidió el inicio de la batalla de Tarragona, provincia que elige a 18 diputados del Parlament. La lucha, si cabe decirlo así, se libró en dos frentes. Los socialistas, con el vicepresidente Alfredo Pérez Rubalcaba dando apoyo a José Montilla, se fajaron en la capital; CiU prefirió instalarse unos kilómetros al oeste, en Reus.

Ante más de 1.000 seguidores, Mas instó a sus partidarios a no abandonar en toda la campaña ese tono positivo. «No nos podemos mover de esa posición en estos 15 días, aunque yo sé que esto es más aburrido. Si me pongo aquí a hacer unos chistes sobre el tripartito, todos nos excitaremos y aplaudiremos, pero ésa no es la cuestión», advirtió.

La cuestión, según él, es cosechar un resultado cercano a la mayoría absoluta que le permita formar un Govern «fuerte». Y la encuesta de ayer del CIS, que reducía hasta los 59 escaños la representación nacionalista, le vino «como agua de mayo» para el gran objetivo de su campaña: evitar la autocomplacencia, movilizar a su electorado.

Mas dijo que no es «masoquista» por alegrarse de un sondeo que le pronostica un empate con los resultados sumados de PSC, ERC e ICV. «Nuestro principal adversario son las encuestas que lo dan todo por hecho. Necesitamos que CiU tenga más escaños que el tripartito junto. Y si no es así, quizás habrá cambio, pero no el que necesitamos», afirmó, en referencia a su voluntad de no tener que pactar con nadie para llegar a la Generalitat.

Eso serviría, entre otras cosas, para proponerle «a España» un concierto económico para Cataluña similar al vasco, y también para avanzar hacia el «derecho a decidir». El cambio que propone, concluyó, se orienta «hacia lo que cualquier nación del mundo tiene derecho a hacer: decidir su futuro en libertad y democracia». Lo que, para CiU, de momento no quiere decir convocar un referéndum de independencia.

Campingas

LLucia ramis

Levántate y vota, el milagro de Mas

El Príncipe Artur (vean Shreck) empieza en la cumbre; la de Can Ruti, donde está ubicado el Institut Guttmann, fundación privada para la asistencia sociosanitaria que recibe ayudas públicas. «Un modelo de colaboración, ejemplo de aquello en lo que podemos convertir Cataluña», según Mas. O en palabras de los pacientes: «Una clínica que no lo parece, aquí aprendes a vivir». Metáforas aparte o mediante, un lugar accesible pese a la distancia. Y con Barcelona a sus pies.

Son cuatro mujeres y un joven que acudirá a sus primeras elecciones en silla de ruedas por culpa de una tirolina; votará a Convergència porque «es el menos malo de los males». Aseguran que están en este pasillo -enfrente de la sala donde el candidato está reunido con el Patronato del centro- «por casualidad». Pero demuestran tal agilidad en sus respuestas que me cuesta creerlo. Pregunta: ¿seguro que ganará? Lali, de ojos azules y un par de muletas, contesta: «Ha ganado siempre y esta vez lo hará mejor; si no, me iré a vivir a París, Montilla no me gusta y el tripartito menos». Joana también se sabe la lección: «Gobernará sí o sí, porque llevamos ocho años sin gobierno».

Vicki, bolso de Gucci en ristre, es más reticente. Está cansada de la política, aunque cree que su ley de sucesiones lo arreglará todo. Por eso se queda para la foto. «¿Tenemos que levantarnos para saludarlo?», bromea. «Sí, todos a la vez mientras gritamos milagro será la mejor propaganda», suelta Lali.

Dios tarda en salir. Ataco de nuevo: ¿creen que la derecha se preocupa menos de los servicios sociales? Joana me la devuelve: «¿Qué es la derecha?». ¿Y tú me lo preguntas? «No me gusta el PP, tampoco me considero de izquierdas y no queremos nada de este País de la caridad» (la mayúscula es mía, creo). Entonces, ¿qué prefiere en caso de que CiU no obtenga mayoría absoluta, que pacte con Esquerra o con los populares? Contesta: «Confiamos en que no lo necesite, pero sólo aceptaremos pactos puntuales».

Afortunadamente, no se queda a la rueda de prensa. El más de los mases recuerda que, en caso de no poder gobernar solo, se verá con todos los partidos por orden de votos y les enseñará su programa; el primero que acepte, gana. Alguien le pregunta qué le parece el resultado del sondeo del CIS, en el que su partido empataría en escaños con el tripartito. «Me va como anillo al dedo», confiesa, «esto refuerza nuestro mensaje de que estas elecciones no están resueltas; si se quiere levantar el país, el voto útil es CiU». Aquí, país también podría ir con mayúscula, pero por una razón distinta a la de antes.

Subliminal: el príncipe pretende acceder al trono mediante una fuerza moral por encima de la física. Se encuentra en esta situación por accidente, pero ha dedicado tanto tiempo a la rehabilitación que ya está en forma. No admite el discurso victimista ni mucho menos un trato deferente. Inválido y discapacitado son conceptos tabú. Sabe que para ganar, de momento, menos es Mas.

Campingas

LLucia ramis

Levántate y vota, el milagro de Mas

El Príncipe Artur (vean Shreck) empieza en la cumbre; la de Can Ruti, donde está ubicado el Institut Guttmann, fundación privada para la asistencia sociosanitaria que recibe ayudas públicas. «Un modelo de colaboración, ejemplo de aquello en lo que podemos convertir Cataluña», según Mas. O en palabras de los pacientes: «Una clínica que no lo parece, aquí aprendes a vivir». Metáforas aparte o mediante, un lugar accesible pese a la distancia. Y con Barcelona a sus pies.

Son cuatro mujeres y un joven que acudirá a sus primeras elecciones en silla de ruedas por culpa de una tirolina; votará a Convergència porque «es el menos malo de los males». Aseguran que están en este pasillo -enfrente de la sala donde el candidato está reunido con el Patronato del centro- «por casualidad». Pero demuestran tal agilidad en sus respuestas que me cuesta creerlo. Pregunta: ¿seguro que ganará? Lali, de ojos azules y un par de muletas, contesta: «Ha ganado siempre y esta vez lo hará mejor; si no, me iré a vivir a París, Montilla no me gusta y el tripartito menos». Joana también se sabe la lección: «Gobernará sí o sí, porque llevamos ocho años sin gobierno».

Vicki, bolso de Gucci en ristre, es más reticente. Está cansada de la política, aunque cree que su ley de sucesiones lo arreglará todo. Por eso se queda para la foto. «¿Tenemos que levantarnos para saludarlo?», bromea. «Sí, todos a la vez mientras gritamos milagro será la mejor propaganda», suelta Lali.

Dios tarda en salir. Ataco de nuevo: ¿creen que la derecha se preocupa menos de los servicios sociales? Joana me la devuelve: «¿Qué es la derecha?». ¿Y tú me lo preguntas? «No me gusta el PP, tampoco me considero de izquierdas y no queremos nada de este País de la caridad» (la mayúscula es mía, creo). Entonces, ¿qué prefiere en caso de que CiU no obtenga mayoría absoluta, que pacte con Esquerra o con los populares? Contesta: «Confiamos en que no lo necesite, pero sólo aceptaremos pactos puntuales».

Afortunadamente, no se queda a la rueda de prensa. El más de los mases recuerda que, en caso de no poder gobernar solo, se verá con todos los partidos por orden de votos y les enseñará su programa; el primero que acepte, gana. Alguien le pregunta qué le parece el resultado del sondeo del CIS, en el que su partido empataría en escaños con el tripartito. «Me va como anillo al dedo», confiesa, «esto refuerza nuestro mensaje de que estas elecciones no están resueltas; si se quiere levantar el país, el voto útil es CiU». Aquí, país también podría ir con mayúscula, pero por una razón distinta a la de antes.

Subliminal: el príncipe pretende acceder al trono mediante una fuerza moral por encima de la física. Se encuentra en esta situación por accidente, pero ha dedicado tanto tiempo a la rehabilitación que ya está en forma. No admite el discurso victimista ni mucho menos un trato deferente. Inválido y discapacitado son conceptos tabú. Sabe que para ganar, de momento, menos es Mas.

DELINCUENCIAS ZP, EL INCONSTITUCIONAL ESTATUT: El PP recurrirá el decreto que institucionaliza a los directores como gestapo lingüistica del catalanis

P. D. SOTERO / Madrid

El PP recurrirá el decreto que obliga a los directores a vigilar la lengua

Sánchez-Camacho acusa al tripartito de «actuar hasta el final contra el castellano»

El último decreto educativo del tripartito, aprobado en el mes electoral como colofón del despliegue de la Ley de Educación de Cataluña, ha entrado en la campaña y despedirá a su autor, el socialista Ernest Maragall con pies de barro. A los dos recursos iniciales interpuestos por dos sindicatos docentes, por la capacidad sancionadora que otorga a los directores de colegio sobre los profesores, se suman los recursos por soslayar la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut.

La presidenta del PP catalán, Alicia Sánchez-Camacho, anunció ayer que recurrirá el decreto de dirección de centros educativos públicos por la función que atribuye a los directores de colegio de «garantizar que el catalán sea la lengua vehicular de la educación y de comunicación utilizada normalmente en las actividades del centro», según dice su artículo 6.

El texto, cuyo objetivo es desarrollar la Ley de Educación de Cataluña (también recurrida por el PP en el TC), choca con la sentencia del Constitucional al establecer ésta última que tanto el catalán como el castellano, como lenguas oficiales, pueden ser vehiculares de la enseñanza en Cataluña.

«Este decreto es el colofón del tripartito identitario, que ha actuado hasta el último minuto intentando cumplir su propósito de eliminar el castellano de las aulas», afirmó la candidata del PPC en declaraciones a EL MUNDO.

Sánchez-Camacho considera «muy grave» que se «utilice a los directores como comisarios lingüísticos» y ve este extremo como la «ilustración más evidente» de los «intentos de adoctrinamiento en la enseñanza» y de «impedir en los colegios la realidad de bilingüismo que se da en la calle» que, en su opinión, han caracterizado al tripartito desde la pasada legislatura. Recordaba así las tentativas de que los alumnos vigilaran la lengua en la que se expresan los docentes en el aula y para que los docentes vigilaran la que los niños hablan en el recreo.

Como «único garante de la libertad y el bilingüismo» y del «desarrollo del Estatuto constitucional», términos con los que definió a su partido, la líder del PPC aseguró que «lo más pronto posible» presentará un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña para «proteger la libertad y dar amparo a los directores y profesores». Y fue más allá: «si el Partido Popular es definitivo en el próximo Gobierno de Cataluña, va a exigir la derogación del decreto».

También advirtió de que si Artur Mas obtuviera mayoría absoluta, la imposición lingüística sería la misma. «Por eso es tan importante que tengamos capacidad de decisión», añadió.

Su recurso se suma al anunciado por el diputado independiente José Domingo (que llegó al Parlament en las filas de Ciutadans) y su plataforma cívica Impulso Ciudadano.

Por parte de Ciutadans, Jordi Cañas calificó el decreto como «el último ejemplo de un Gobierno insumiso a la legalidad», y subrayó que esta vez ha ido más allá al «obligar al funcionariado público a que incumpla la ley».

«El objetivo de profesionalizar la figura del director de escuela es convertirlos en auténticos comisarios lingüísticos al servicio de la construcción nacional para crear un modelo excluyente e ilegal, al obligarlos a supervisar el cumplimiento de una Ley inconstitucional».

También la presidenta de UPyD, Rosa Díez, inmersa en la campaña catalana junto al candidato, Antonio Robles, enmarcó la nueva función directiva escolar en la «obsesión identitaria» de los partidos nacionalistas catalanes y en la intención del tripartito de «nombrar comisarios políticos que controlen la lengua en que se habla» en la escuela, «rememorando tiempos pasados, en vez de preocuparse de mejorar la calidad educativa» de Cataluña, que «está a la cola en resultados, arrastrando además la media española hacia abajo», según advirtió.

En opinión de Díez, el decreto supone un «abuso de poder escandaloso» que demuestra hasta qué punto «estos políticos se dedican a crear problemas al ciudadano debatiendo sobre identidad todo el día».

ESPAÑA EN QUIEBRA: Zapatero campeón NEOCON en la cumbre del G-20 de Seúl

PABLO PARDO / Seúl

Zapatero frena a Merkel en defensa de Irlanda

Logra que los rescates financieros en la UE se costeen con dinero público y no por el sector privado

Enviado especial

José Luis Rodríguez Zapatero está dispuesto a hacer lo que haga falta para que los inversores no incurran en costes si cometen errores y el país en el que han puesto su dinero afronta una suspensión de pagos. Al menos, si el país es de la zona del euro. En ese caso, el Gobierno español está dispuesto a enfrentarse a quien sea, incluyendo a Alemania. Todo a cambio, evidentemente, de no tensar más el mercado de deuda pública de la Unión Europea.

Así lo dejó claro el presidente en una rueda de prensa ayer tras la Cumbre del G-20, al ser interrogado acerca de su opinión con respecto a las demandas germanas de que los tenedores de deuda pública afronten quitas si los países de los que tienen bonos deben ser rescatados por la UE. «No estamos de acuerdo y no será fácil que esto prospere», declaró Zapatero. Justo unas pocas horas antes la canciller alemana, Angela Merkel, había afirmado que «no podemos estar explicando constantemente a nuestros votantes que los contribuyentes tienen que ser más responsables de ciertos riesgos que aquéllos que hacen un montón de dinero tomando esos riesgos».

La tesis de Merkel se produce mientras el presidente de la UE, Herman Van Rompuy, trabaja en sus reflexiones al respecto, que serán presentadas a principios de diciembre. El Consejo Europeo que ha de celebrarse el 17 de ese mes tomará la decisión definitiva sobre el marco legal que regirá futuros rescates en la eurozona.

Para Zapatero, el principal causante de la crisis de Irlanda es la propia Irlanda, un país que, recordó, va a tener un déficit del 32% del PIB por el colapso de su sistema bancario. Pero, en todo caso, el presidente español considera que el análisis de Merkel es incorrecto. Lo cual le sitúa, paradójicamente, en el territorio de los defensores de lo que en Estados Unidos se llama, no sin sarcasmo, corporate welfare, una expresión que puede ser traducida de forma libre como Estado de Bienestar de las empresas.

Su tesis también plantea el problema del riesgo moral, o moral hazard, es decir, lo que sucede cuando, en una operación en la que hay dos partes, una está aislada de las consecuencias de sus actos. En este caso, los inversores pueden seguir tomando riesgos porque saben que siempre estarán los contribuyentes.

De hecho, existe un trabajo clásico a este respecto, publicado en abril de 1994 por el economista keynesiano George Akerlof (ganador del Nobel siete años después) y el neoclásico Paul Romer titulado, significativamente, Saqueo. El submundo económico de la quiebra a cambio de beneficios.

Akerlof y Romer estudian una serie de casos, desde el colapso del sistema financiero chileno de los años 80 hasta la crisis de los bonos basura de Wall Street, pasando por el hundimiento de las cajas de ahorros de EEUU y por el ciclo del mercado inmobiliario de Dallas, para llegar a la conclusión de que «un submundo económico puede salir a la luz si las empresas tienen incentivos para declararse en quiebra a costa de la sociedad». En otras palabras: si el conjunto de la sociedad paga los platos rotos.

En el caso de Irlanda, Zapatero no mostró ayer su malestar con Merkel por el hecho de que ella proponga, a partir de 2013, que parte de esos platos rotos los paguen los inversores que los rompieron (aunque otra parte la pagarán los países que también contribuyeron a destrozar la vajilla). «A la hora de coordinar políticas económicas habría que evitar debates hipotéticos, impulsados siempre desde el mismo país», dijo el presidente español.

En el intento por tranquilizar a los mercados internacionales por los temores sobre un posible rescate a Irlanda, las cinco grandes potencias de la UE dieron ayer un paso adelante. Los ministros de Economía de España, Francia, Alemania, Italia y Reino Unido firmaron un documento conjunto en el que, aunque no se hace referencia concreta a la situación de la economía irlandesa, se aclara que cualquier uso del Fondo de Rescate Europeo no incluiría la implicación del sector privado, en línea con las declaraciones del presidente Zapatero.

«Cualquiera que sea el debate dentro de la zona euro sobre cómo será en el futuro el mecanismo permanente de resolución de crisis y la potencial implicación del sector privado en este mecanismo, tenemos claro que no se aplicará a cualquier deuda pendiente y a cualquier programa realizado bajo los actuales instrumentos», señala el documento.

En esta línea, los cinco ministros de Economía insisten en que cualquier nuevo mecanismo sólo tendrá efecto después de mediados de 2013 y no tendrá impacto alguno en los actuales acuerdos. Así que los bonos emitidos antes de mediados de ese año no se verán afectados por estos cambios. Asimismo, recuerdan que la Facilidad Europea de Estabilidad Financiera (EFSF, por sus siglas en inglés) ya ha sido establecida y su activación no requiere la implicación del sector privado.

Dublín tiene dinero «hasta junio»

El ministro de Finanzas de Irlanda, Brian Lenihan, aseguró ayer que el país cuenta con financiación suficiente hasta junio de 2011 y, por tanto, no tiene previsto solicitar ayuda del Fondo de Estabilidad Financiera Europeo. «El Estado está bien financiado hasta junio del próximo año, tenemos reservas sustanciales, por lo que el país no está en una posición en la que se requiera en modo alguno solicitar la activación del Fondo», aseguró en una entrevista en la RTE. «¿Por qué solicitarlo en estas circunstancias? En mi oponión no tiene ningún sentido. Enviaría una señal a los mercados de que no estamos en posición de gestionar nuestros asuntos por nuestra cuenta», remarcó el ministro. Sin embargo, la agencia Reuters insistió ayer, citando dos fuentes, que Irlanda mantiene conversaciones con la UE para recibir fondos de emergencia. «Las conversaciones son sobre un paquete de préstamos desde el EFSF por un tamaño no especificado».

P&R

MARÍA RAMÍREZ / Bruselas

¿Cómo será el rescate irlandés?

Corresponsal

El 31 de enero de 2010, este diario titulaba «La UE se prepara para el rescate de Grecia». Era cierto, pero, hasta el pasado 2 de mayo, los ministros europeos no aprobaron el paquete de 110.000 millones para Atenas. Y los más de tres meses de en medio se convirtieron en una sangría para Grecia y para los vecinos débiles de la zona euro -entonces, sobre todo, España y Portugal-. El pasado 9 de mayo, para evitar otra agonía, la UE se inventó un complicado fondo de ayuda que, en teoría, se podría aplicar a cualquiera de inmediato.

¿En qué consiste la red de rescate?

Se compone de tres fuentes de financiación. Primero, la Facilidad Europea de Estabilidad Financiera, una sociedad intergubernamental, con sede en Luxemburgo, que puede emitir bonos para prestar dinero hasta junio de 2013 con las garantías de los 16 socios del euro, hasta 440.000 millones. Segundo, el presupuesto de la Comisión Europea para turbulencias excepcionales en un Estado miembro, esto es, 60.000 millones. Y tercero, una línea de créditos del Fondo Monetario Internacional de otros 250.000.

¿Cuánto pondría España?

En realidad, en principio no desembolsaría nada. Lo que ofrece son garantías que sólo tendría que convertir en pagos en un caso extremo, por valor de más de 52.000 millones. El reparto equivale a la cuota de cada país en el Banco Central Europeo, pero se ajusta en cada caso, según los países que puedan participar.

¿Cuánto dinero hay que prestar?

Si el fondo quiere conservar su máxima calificación, no podrá utilizar garantías de países cuya deuda no sea sobresaliente. Wolfgang Münchau, analista del Financial Times, calculaba hace unas semanas que el paquete de 440.000 millones podría movilizar la mitad del dinero.

¿Cuándo podría recibir Irlanda los préstamos?

Después de la petición oficial del Estado, la Comisión Europea, el FMI y el Banco Central Europeo enviarán a sus expertos a elaborar un programa detallado de gastos y ahorros, lo que puede durar cerca de un mes. Una vez que los ministros de la zona euro aprueben el uso del dinero, la sociedad en Luxemburgo también necesita días extra para financiarse y desembolsar el préstamo. La línea presupuestaria de la Comisión requiere una espera similar.

¿A cambio de qué?

Habrá intereses y condiciones. El Estado rescatado tiene que firmar un contrato con todos los detalles.

JAVIER G. GALLEGO / Madrid

Los mercados dan una tregua a la prima de riesgo de España

El diferencial de la deuda del Tesoro cae 27 puntos en dos horas, y el irlandés 120

Pocas veces los mercados financieros han reaccionado con tanta contundencia a un mensaje del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. Ayer fue la excepción que confirmó la regla y las palabras del presidente español fueron la antesala de un significativo movimiento a la baja en el coste de la deuda de los países periféricos de Europa. La prima de riesgo de España se desplomó en cuestión de horas más de 20 puntos básicos, hasta los 199, y la irlandesa casi 100 puntos, hasta los 561.

Desde primera hora de la sesión bursátil en España, los inversores empezaron a reaccionar al mensaje de Zapatero, que aseguró que España «no estaba de acuerdo» con la tesis alemana de que los inversores privados tengan que pagar en el caso de un rescate a Irlanda. El cambio de signo en la renta fija y variable se confirmó definitivamente hacia el mediodía de ayer, cuando los cinco países líderes de la UE -Alemania, Francia, Italia, Reino Unido y España- emitieron un comunicado conjunto con un claro objetivo: calmar el miedo de los inversores institucionales, es decir, bancos, fondos de inversión y grandes aseguradoras.

Lea parte clave del mensaje es la siguiente: «Cualquiera que sea el debate dentro de la zona euro sobre cómo será en el futuro el mecanismo permanente de resolución de crisis y la potencial implicación del sector privado en este mecanismo, tenemos claro que no se aplicará a cualquier deuda pendiente y a cualquier programa realizado bajo los actuales instrumentos».

O sea, que la deuda que actualmente está en circulación y, por tanto, en manos de inversores -la mayoría de ellos privados, aunque también bancos centrales y otros organismos- no tendrá que ser provisionada por sus tenedores ya que no se contempla la posibilidad de que haya quita alguna.

El efecto balsámico de este comunicado no oculta, sin embargo, la dura realidad que padece Irlanda y que para muchos analistas, como Goldman Sachs, es un motivo más que suficiente para ser rescatada. En España, el estratega de IG Markets, Daniel Pingarrón, sostiene que «los indicadores objetivos adelantan que Irlanda debería ser rescatada».

Estos indicadores se basan en un rescate a su sistema bancario que ha disparado el déficit público al 30%, un ratio deuda/PIB cercano al 100% y un diferencial respecto al bono alemán por encima de los 460 puntos. Es decir, en todos los parámetros comparables, una situación peor que la que sufría Grecia cuando fue rescatada.

«Además, parece que el sistema financiero irlandés aun no está salvado, y que puede necesitar más ayudas, máxime cuando se calcula que el 30% de las hipotecas concedidas por sus bancos valen más que las propiedades sobre las que están denominadas», añade Pingarrón.

Ahora bien, como señala este experto, los elementos subjetivos son clave para determinar si finalmente se llevará a cabo un rescate. Y el caso es que ahora el euro no está castigado -ayer valía 1,36 dólares-; el riesgo de contagio es menor que en el caso de Grecia -ya que el impacto en los balances de la banca europea será menor (unos 12.000 millones)-; e Irlanda no necesitará financiación adicional hasta el primer trimestre de 2011... a menos que su banca siga empeorando.

PABLO PARDO / Seúl

El G-20 fracasa y deja abierta la guerra de divisas entre EEUU y China

Obama no logra imponer sus tesis más duras y Pekín evita la apreciación del yuan

Enviado especial

Estados Unidos logra imponer un sistema de supervisión de las balanzas por cuenta corriente, que son claves en los movimientos de las divisas. Pero China consigue que el diseño de ese mecanismo quede aplazado para el año que viene, como muy pronto. Con ese empate entre las dos mayores economías del mundo concluyó ayer la quinta cumbre del G-20, celebrada en Seúl.

Fue el encuentro más tenso desde que este grupo comenzó sus reuniones hace ahora dos años, porque estuvo marcado por la amenaza de una guerra de divisas, es decir, de devaluaciones competitivas de las principales monedas del mundo. Pero, en esa área, el G-20 se limita a repetir lo que ya anunció hace dos semanas: primero, una velada crítica a China al recomendar a los países «moverse hacia sistemas cambiarios determinados por el mercado, reforzando la flexibilidad de los tipos de cambio, y absteniéndose de realizar devaluaciones competitivas»; y, después, a EEUU, cuando menciona que los gobiernos que tienen divisas de reserva -dólares- «deben estar vigilantes contra el exceso de volatilidad». De nuevo, empate.

Así pues, el resultado de la cumbre es que la resolución de los desequilibrios de la economía mundial va a ser larga y dolorosa. Casi tanto como el comunicado final del encuentro, que ocupa 36 páginas en las que cabe de todo: desde el compromiso de «compartir las mejores prácticas para proteger el medio ambiente marino» hasta la promesa de desarrollar «un marco legal […] que permita que la liquidación de entidades financieras sea solucionada de forma segura». Todo un sarcasmo cuando los sistemas judiciales de EEUU y Reino Unido siguen sin ponerse de acuerdo sobre la liquidación del banco de inversión Lehman Brothers, cuya quiebra, hace más de dos años, provocó precisamente la crisis que dio origen a esta serie de cumbres del G-20.

No obstante, en Seúl ha quedado clara la voluntad de un nuevo marco internacional que fuerce a los países a coordinar sus políticas económicas. Es un modelo que hasta cierto punto replica el de los primeros tiempos de la UE, aunque sin una Comisión Europea u otro órgano central que ejerza de árbitro. Así lo admitió el secretario del Tesoro de EEUU, Tim Geithner, en la cena con sus homólogos del jueves por la noche, cuando reconoció que la UE «está a millas por delante» en este tipo de sistemas.

El G-20 ya sabe que va a supervisar y coordinar. Pero aún ignora qué y cómo. Eso queda para los ministros de Finanzas en la primavera de 2011, en la que deberán decidir qué variables económicas toman en consideración. Las que están estudiando incluyen la balanza por cuenta corriente, el tipo de cambio real, los costes laborales, la evolución del crédito y los precios de los activos inmobiliarios.

Una vez que logren un acuerdo, el Fondo Monetario Internacional analizará a cada país, incluyendo España. Pero tampoco están claros los detalles de esos exámenes. El Fondo no quiere irritar a los miembros del G-20, lo que no va a ser fácil. No en balde, el discurso del presidente chino, Hu Jintao, en la cena de apertura de la cumbre del jueves «se centró en el concepto de soberanía nacional», según confirmaron fuentes diplomáticas a este periódico.

Además, como ha declarado a EL MUNDO Charles Dallara, director ejecutivo del Instituto para las Finanzas Internacionales (IIF, según sus siglas en inglés), este modelo «es un sistema de intercambio de favores, porque cada país tiene incentivos para hacer la vista gorda a los otros cuando incumplen sus compromisos, porque sabe que así éstos le perdonarán a él cuando haga lo mismo».

Al serle planteada esta cuestión, un negociador trató ayer de darle un giro optimista. «Piense en la UE hace 20 años», replicó. Puede que sea una comparación acertada. Pero, en todo caso, la UE de hace dos décadas estaba en vísperas de sufrir las tormentas monetarias, una serie de movimientos especulativos de las divisas que estuvieron a punto de dar al traste con la integración europea. Un precedente no muy tranquilizador en una cumbre marcada por el espectro de una guerra de divisas.

DELINCUENCIAS ZP, VALLE DE LOS CAÍDOS: Zapatero engaña de nuevo a los cándidos frailes, que vuelven a poner la mejilla

PEDRO BLASCO / Madrid

Habrá misa en una explanada del Valle de los Caídos

Patrimonio Nacional se compromete a hacer obras para poder acceder a la basílica en Navidad sin riesgo para los fieles

Habrá misa el domingo en el Valle de los Caídos, pero no en la basílica. Será en una explanada porticada. Los padres benedictinos, que gestionan la iglesia de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, celebraron el pasado domingo la misa en una cuneta de la carretera de Galapagar a San Lorenzo del Escorial, hartos de las prohibiciones de Patrimonio Nacional para que los fieles pudieran acceder a la iglesia.

La Guardia Civil, por orden de Patrimonio Nacional, viene impidiendo el paso a los fieles católicos alegando que la estatua de La Piedad está en mal estado y pueden desprenderse piedras.

Los benedictinos, y el grupo de católicos que les apoyan, creen que desde Patrimonio Nacional se está intentando que los sacerdotes abandonen el Valle de los Caídos, que se ha convertido en un lugar incómodo para el Gobierno. Una de estas personas dijo que, desde hace un año, sufren «una auténtica persecución».

El pasado sábado, un centenar de personas quiso acceder a las instalaciones del Valle y se lo prohibió la Guardia Civil, que sí dejó entrar a dos autobuses de turistas, uno de chinos y otro de franceses. El domingo, los sacerdotes salieron a celebrar la misa junto a la carretera de Guadarrama. La cifra de asistentes se dobló.

Ayer, los sacerdotes hicieron público por la mañana un comunicado en el que señalaban que volverían a oficiar en la cuneta de la carretera, si no les dejaban hacerlo dentro del Valle.

Por la tarde, mantuvieron una reunión de tres horas y media con la delegada del Gobierno, Amparo Valcarce, y Patrimonio Nacional. Este último organismo ofreció cuatro alternativas y, finalmente, los benedictinos aceptaron oficiar en la explanada que hay detrás de la basílica, junto a su convento y la hospedería. La intervención de la Delegación del Gobierno ha sido clave para que se celebre en este punto y exigirá que se cumplan los acuerdos.

Patrimonio Nacional se comprometió a vallar las zonas peligrosas y poner medidas de seguridad para que los visitantes puedan acceder a la basílica antes del 25 de diciembre. Existe el compromiso de invertir en estas obras 100.000 euros y terminarlas en mes y medio.

Los sacerdotes y los fieles no se fían, pues las promesas de Patrimonio Nacional se han incumplido sistemáticamente y mantienen que en esa zona no rige la autoridad civil, sino la eclesiástica, por lo que pueden acceder a la iglesia.

Fuentes de la Delegación del Gobierno dijeron que la reunión fue «altamente satisfactoria», según informaron a Efe fuentes de la institución. Los representantes de los fieles católicos dijeron que se temen un nuevo incumplimiento de Patrimonio y no salieron contentos. Al encuentro también asistieron, entre otros, el abad y el prior de la comunidad benedictina.

Este grupo de católicos estaba preparando una querella criminal contra las personas que, según ellos, no les dejan ejercer su derecho a la libertad religiosa.

Los que sí presentaron una denuncia en el juzgado de San Lorenzo fueron varios miembros del sindicato Manos Limpias. En ella acusan a la Delegación del Gobierno de cometer un presunto delito contra la libertad de conciencia vulnerando el artículo 16 de la Constitución y el 522 y 537 del Código Penal.

DELINCUENCIAS ZP, LA TRAICIÓN A LOS SAHARAUIS ESPAÑOLES: Zapatero calla y encubre el genocidio de su amigo Mohamed VI en la exprovincia española del S

MARISA CRUZ / Madrid

El Gobierno reduce la represión en el Sáhara a 'sucesos en Marruecos'

Rubalcaba utilizó esa expresión después de que el presidente declarara que«defender los intereses de España es lo que tenemos que poner por delante»

El Gobierno español se pronunció ayer oficialmente desde la tribuna del Consejo de Ministros sobre la represión que está llevando a cabo el régimen marroquí en la capital del Sáhara, evitando por enésima vez pronunciar la palabra condena.

Y no sólo. El vicepresidente, Alfredo Pérez Rubalcaba, se refirió incluso a los graves acontecimientos que se están registrando desde el pasado lunes en territorio saharaui como «sucesos en Marruecos» después de que Zapatero esgrimiera razones de Estado para justificar la falta de firmeza ante Rabat.

El Ejecutivo proporcionó ayer variadas excusas para no llegar al extremo de condenar el asalto y la destrucción, ordenada por Marruecos, del campamento de protesta saharaui de Gdeim Izik, la posterior ocupación y cierre de la ciudad de El Aaiún por las fuerzas de seguridad y las agresiones y detenciones a periodistas españoles.

Sigue en página 24

Así se escudó, primero, en la defensa de los intereses nacionales que «tienen que ponerse por delante» de cualquier otra consideración, según el presidente; y después, en la falta de información fiable y en los datos confusos y no contrastados sobre el número de muertos, heridos y detenidos que llegan de El Aaiún, según la ministra de Asuntos Exteriores.

Trinidad Jiménez afirmó que el Gobierno no se quiere «apresurar» y se encuentra «a la espera» de que algún organismo internacional, institución o Gobierno ofrezca un balance de lo ocurrido: «Ninguno lo ha hecho», recalcó, después de insistir en que «para condenar habría que tener un conocimiento completo de cuáles han sido los hechos que se han producido».

No obstante, la ministra ha reconocido no saber si finalmente será posible acceder a «datos que sean fiables», sobre todo porque el régimen marroquí ha impuesto un cerco férreo en torno a la capital del Sáhara para impedir que la prensa pueda narrar lo que allí sucede.

La propia Jiménez asegura haber llevado a cabo intensas gestiones para conseguir que Rabat permita y facilite el trabajo de los informadores, pero hasta el momento su capacidad para convencer a Rabat ha sido nula. Las noticias que llegan del Sáhara proceden de fuentes del Polisario, de miembros de asociaciones afines a la causa saharaui o de alguno de los españoles que residen en la capital de la antigua colonia. Ayer, las autoridades marroquíes expulsaron del Sáhara a tres periodistas de la Cadena Ser, tras detenerlos durante varias horas, retiraron la acreditación al corresponsal del diario ABC e impidieron el vuelo a El Aaiún a varios informadores más, entre ellos el enviado especial de EL MUNDO.

Tampoco, y pese a que la ministra ha afirmado mantener un contacto continuo con las autoridades del país vecino, se ha logrado una explicación clara de la muerte del ciudadano español Babi Hamadi Buyema durante los enfrentamientos de El Aaiún, ni razón alguna que justificara la violencia contra el campamento de civiles saharauis.

Al menos así se desprende de sus propias palabras cuando ayer se le preguntó sobre el contenido de sus conversaciones con el Gobierno marroquí. «Ellos alegan sus razones y nosotros trasladamos nuestros planteamientos. Lo que cuenta es la capacidad que tenemos para mantener la interlocución». Sin más.

Jiménez aseguró, en todo caso, que su ministerio se mantiene pendiente de la situación en la que se encuentran los españoles en la ciudad saharaui y aseguró estar haciendo gestiones para conseguir la salida de la misma de los tres cooperantes que se encontraban en el campamento cuando éste fue asaltado.

El próximo martes, será el vicepresidente Rubalcaba quien tenga la oportunidad de pedir explicaciones e instar a la contención cuando reciba en Madrid al ministro del Interior marroquí, Taieb Cherkaui.

Anoche, al cierre de esta edición, el ex ministro español de Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, se reunió en Tánger con el jefe de la diplomacia alauí, Taib Fasi Fihri. Pese a producirse en plena crisis por la represión en el Sáhara, la agenda del encuentro se centraba en la celebración de la próxima cumbre de la Unión por el Mediterráneo, según fuentes consultadas por Europa Press.

Ayer, durante la rueda de prensa que siguió al Consejo de Ministros, Trinidad Jiménez se atuvo al argumento que proporcionó el presidente del Gobierno desde Seúl para explicar la postura española en relación con los «hechos muy graves» que se están produciendo en el Sáhara. Zapatero afirmó que la actitud española es «responsable, sensata y la prudente para la solución del conflicto y también para los intereses de España que es», añadió, «lo que el Gobierno tiene que poner por delante», y Jiménez le secundó: «Las relaciones con Marruecos son esenciales; son política de Estado».

Se trata de defender por encima de todo intereses que afectan a la seguridad, a la política de inmigración y a la economía. «Marruecos es un socio clave», reiteró Jiménez.

La ministra no obstante, negó tajantemente que el miedo a posibles represalias de Marruecos en alguno de estos tres terrenos sea lo que impide al Ejecutivo desplegar una mayor contundencia ante Rabat.

En cualquier caso, la titular de Exteriores sí quiso recalcar de nuevo que el conflicto del Sáhara «no es de carácter bilateral entre España y Marruecos, sino de alcance internacional». Y es en ese ámbito donde el Gobierno asegura trabajar para lograr una «solución justa, duradera, aceptable por ambas partes y que respete el derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui».

El deseo de alejar completamente el contencioso del Sáhara del terreno bilateral es probablemente el que provoca los lapsus de los miembros del Gobierno cuando se refieren al asunto.

Así, si el pasado miércoles el ministro de la Presidencia, Ramón Jáuregui, llegó a referirse en sede parlamentaria a la capacidad que tiene Marruecos para impedir la entrada en El Aaiún por tratarse de una facultad que forma parte del «núcleo duro de la soberanía nacional», ayer, el vicepresidente primero, Alfredo Pérez Rubalcaba, aludió a lo ocurrido en el Sáhara como los «sucesos» acaecidos «en Marruecos».

La confusión acerca del estatus de la antigua colonia española y de la posición de Marruecos y de la propia España en relación con ella es lo que ha inducido al PP a reclamar una explicación en el Congreso a la ministra de Exteriores.

La ONU no reconoce la soberanía de Marruecos sobre el territorio del Sáhara ni tampoco el título de potencia administradora del mismo. El reino alauí ocupó el territorio tras el abandono de España en febrero de 1976. Los llamados Acuerdos de Madrid suscritos por España, Mauritania y Marruecos no se ajustan a la legalidad internacional tal y como ha manifestado la propia ONU y el Tribunal de La Haya porque España no podía «unilateralmente» ni ceder la soberanía ni la condición de potencia administradora. De hecho, Marruecos no figura como tal en la lista de territorios no autónomos de la ONU.

Pese a ello, lo cierto es que el país vecino actúa como administrador de facto desde la retirada de Mauritania en 1979 y la concertación del acuerdo mauritano-saharaui del 19 de agosto de ese mismo año. La doctrina política española nunca ha reconocido la soberanía ni derecho alguno de Marruecos sobre el Sáhara.

EL MUNDO EN CLAVE

ANA ROMERO

El mundo y el Sáhara: «Eso hoy no toca»

Ocurrió esta semana en Washington DC, durante el habitual briefing entre el portavoz de la Casa Blanca, Philip Crowley, y la prensa acreditada allí. En ese cuarto bastante pequeño y estrecho donde se reúnen los reporteros, a uno de ellos se le ocurrió preguntarle al portavoz de Barack Obama por los sucesos del Sáhara. «¿El qué?», respondió Crowley.

-El Sáhara, insistió el periodista. Ha habido informaciones sobre violencia entre las fuerzas del Polisario y las fuerzas de seguridad de Marruecos en el Sáhara con un número disputado de muertos.

-Yeah, I´m not up on that today (algo así como «Eso hoy no toca»).

Dos días más tarde, el Departamento de Estado emitió un escueto comunicado al respecto. Sobre lo sucedido en el desértico El Aaiún, ni una palabra. Sobre el encuentro entre el Polisario y Marruecos en el frondoso Manhasset (Nueva York), múltiples alabanzas.

Al mismo tiempo, en París, Bernard Kouchner, el ministro de Asuntos Exteriores, habló ante la Asamblea Nacional. En ese foro, calificó de «inadmisible» la expulsión por parte de Marruecos del diputado comunista Jean-Paul Lecoq. Añadió el fundador de Médicos sin Fronteras (al que le queda un cuarto de hora al frente del ministerio) que se había quejado ante el embajador de Marruecos en Francia por esta actitud «sorprendente» por parte de un país amigo contra un representante de la soberanía nacional.

«Hay un problema de urgencia, porque en El Aaiún los choques han sido muy violentos, los incidentes muy graves», agregó Kouchner. «Ignoramos, tanto en el campamento como en la ciudad, el número de muertos y heridos».

¿Qué hizo el Gobierno español cuando Marruecos expulsó al eurodiputado comunista Willy Meyer? Bastante poco, por no decir nada. Puede que la mayoría de los españoles prefiera que Trinidad Jiménez se comporte más como Kouchner y menos como Crowley. Que los españoles esperen sentados. A los saharauis, es bien sabido, no los defiende nadie con ahínco en el mundo occcidental. Pobres. Se supone que España es su principal valedor. Así les va.

Ayer, de vuelta en Madrid, Jiménez no dudó en usar como parapeto ante la prensa la inacción condenatoria de la comunidad internacional. Explicó ella así por qué el Gobierno español «lamenta» pero no «condena» las muertes que están aún sin confirmar: «Cuando EEUU, la ONU y la UE hagan un balance, nosotros haremos una evaluación».

Todo esto, y algo más, lo dijo extremadamente seria, junto al no menos funerario Alfredo Pérez Rubalcaba. Dado el sangriento asunto que nos ocupa, la parquedad en sonrisas de ambos fue de agradecer.

En su entorno dicen que la ministra es «paciente y optimista». Falta le harán estos atributos en el Magreb (y en el Mashrek, naturalmente). El tiempo islámico es bien distinto al nuestro. Sobre todo esta semana, cuando empieza para ellos el Eid (lo más parecido a nuestra Navidad, cuando la vida se paraliza y la rutina desaparece en medio de fiestas y familia).

A Jiménez le gusta Marruecos. Este verano, tuvo tiempo de escaparse a Tánger justo cuando se supo que iba a enfrentarse a Tomás Gómez en las primarias: «Sabe bien cómo trabajan allí». Que hace acopio de arábiga paciencia, quedó ayer claro cuando afirmó: «Seguiremos trabajando hasta conseguir esa respuesta que queremos tener». ¿Y qué dicen los marroquíes? «Ellos dan sus razones y alegan sus razones, y nosotros les transmitimos lo que le tenemos que transmitir».

En ese trabajo «de mañana, tarde, noche y madrugada» Jiménez está teniendo en cuenta una dificultad añadida. En el círculo de poder que rodea a Mohammed VI existen discrepancias. Taib Fasi-Fihri, el titular de Exteriores, es un hombre más abierto que Taib Cherkaoui, el de Interior. Entre ellos, unas veces más cerca de uno que de otro, el portavoz del Gobierno, Khalid Naciri.

Entre tanta algarabía, en su última conversación del día, ya apuntaban a Jiménez la posible versión marroquí sobre la muerte del español Babi Hamidi Buyema: el ingeniero eléctrico ha sido una «víctima colateral» del conflicto. Caminaba Buyema cuando fue arrollado por un vehículo lleno de activistas saharauis que huían de otro con policías marroquíes.

Es de imaginar que el Gobierno español no podrá pues condenar la muerte de Buyema. El Sáhara, hoy, no toca.

ana.romero@elmundo.es

ROSA MENESES / Madrid

Hallan los cadáveres de 30 saharauis en el hospital de El Aaiún

Los jefes de tribu se movilizan para organizar la identificación de cuerpos

Poco a poco, afloran testimonios sobre el número de víctimas mortales de la represión de las fuerzas de seguridad marroquíes contra los saharauis del campamento Gdeim Izik y El Aaiún. Hasta ahora, Marruecos sólo reconoce dos fallecidos, el segundo -Brahim Dawdi- fue confirmado ayer por las autoridades. Sin embargo, fuentes próximas a los jefes de tribu saharauis afirman que existen 30 cadáveres en la morgue del Hospital de El Aaiún.

Los jefes de tribu (chiuj) del territorio ocupado por Marruecos desde hace 35 años están empezando a organizar la identificación de cadáveres. Esta identificación se realiza con un sistema bastante fiable: las propias familias y cabilas (clanes saharauis) son las que hacen recuento de la gente que ha desaparecido. Ellos saben en todo momento quiénes se han ido al desierto y quiénes ya no están entre los vivos, según afirman las fuentes consultadas por este diario.

Muchos testimonios hablan de montones de cadáveres tirados a los acantilados, a los aljibes, en las cunetas de las carreteras. Sin embargo, las organizaciones independientes tienen dificultades para corroborar estas denuncias. Es difícil moverse por la ciudad y entrevistar a las familias que han perdido a algunos de sus miembros.

Según activistas de los derechos humanos de una organización internacional, las fuerzas de seguridad marroquíes continuaron ayer realizando detenciones en El Aaiún. «Un total de 63 saharauis detenidos fueron llevados ante un tribunal, nueve fueron liberados y otros seis fueron juzgados en una Corte Militar», explicó un defensor de los derechos humanos que prefirió mantener su identidad bajo la cobertura del anonimato.

El miedo a las represalias es patente entre la población. La tarde del jueves, tras haber denunciado a este periódico las torturas y exacciones que sufrió su familia a manos de comandos de las fuerzas de seguridad marroquíes, Ahmed (nombre ficticio), testigo y víctima de lo ocurrido, fue detenido. La policía marroquí lo retuvo durante horas en la comisaría de El Aaiún tras rastrear las llamadas de su teléfono móvil. Ahmed fue interrogado. Finalmente, quedó en libertad la noche del jueves.

También fueron puestos en libertad los dos hermanos de Ahmed -de 28 y 31 años- detenidos la noche del miércoles al jueves, justo después de que la familia fuera torturada. Los dos hombres fueron objeto de palizas en la comisaría.

Ahmed acudió ayer a un hospital para ser tratado de sus heridas. Tiene los dedos de las manos machacados, golpes y sufre las secuelas de una violación. Todo ocurrió cuando se refugiaba con su familia extensa -una treintena de personas- en la propiedad de su padre a las afueras de la capital de la antigua colonia española. Por la noche, unos 50 coches de las fuerzas del orden rodearon la casa, los llevaron desierto adentro y los torturaron salvajemente.

DIRECTO
ALI LMRABET / Casablanca

La Unión Soviética con babuchas

La policía política marroquí impide al enviado de EL MUNDO viajar a El Aaiún

Marruecos era el único país del planeta en prohibir por decisión judicial a un periodista ejercer su profesión durante 10 años. Ahora, en el siglo XXI, se ha convertido en uno de los pocos países donde un ciudadano no puede desplazarse libremente dentro del «territorio nacional». Pero esta vez sin decisión judicial ni justificaciones. Como durante la ocupación hispano-francesa de 1912 a 1956.

A las 14.30 horas, al llegar al aeropuerto de Casablanca para tomar un avión rumbo a El Aaiún, un grupo de cuatro agentes vestidos de paisano se abalanza, móvil en mano, sobre los mostradores de la Royal Air Maroc (RAM) en la terminal 1 para impedir militarmente a las azafatas que expiden los billetes que hagan uso de su instrumento de trabajo. Son, según un antiguo periodista presente en el aeropuerto, agentes de la DST (Dirección de la Vigilancia del Territorio), la policía política marroquí.

Luego aparece otro grupo, menos amenazante, que se lleva a las empleadas a un rincón alejado para darles algún tipo de instrucción. Parecen responsables de la RAM.

En realidad todo este enredo tenía una sola finalidad: prohibir a este enviado especial volar a El Aaiún para cumplir con su labor informativa. Finalmente las operadoras regresan a sus sillas, un poco superadas por este acontecimiento, y comienzan a teclear nerviosamente en sus ordenadores.

«Lo siento, pero su nombre está en lista de espera», justifica la empleada de la Royal Air Maroc. ¿Cómo? Pero si ayer, cuando se compró el billete, no había ninguna lista de espera. «Pues el ordenador central dice otra cosa», intenta justificarse la empleada sin mirar al periodista.

Unos minutos después, el fotógrafo marroquí Mourad Borja, que viaja a El Aaiún, se presenta en el mostrador. Ha comprado su billete esa misma mañana. ¿Se va a quedar también en tierra como el enviado especial de EL MUNDO? Después de unos minutos de miramientos y dudas, Mourad Borja obtiene su billete y sube al avión. En el aparato constata indignado que quedan «entre 12 y 14 plazas libres».

Luego se apunta un joven norteamericano que no pudo viajar por la mañana porque «el ordenador central de la RAM había extraviado su reserva». Tampoco puede subir al avión. «Disculpe señora, pero ¿esto es una compañía de transporte o una oficina de la Mujabarat (servicios secretos)?», se enfada.

Un grupo de cinco miembros de la Asociación Marroquí de Derechos Humanos (AMDH), la más importante de Marruecos, que viaja también a El Aaiún para investigar la supuesta muerte de civiles durante los enfrentamientos del lunes, se acerca al mostrador. ¿Les van a impedir viajar al Sáhara Occidental? Otra vez, después de unos interminables minutos los activistas obtienen los preciosos billetes.

«Es que con los marroquíes no hay ningún problema. Pero cuando se trata de apellidos occidentales tenemos que referirnos a nuestros superiores», explica tímidamente una de las azafatas a un militante de la AMDH. «Pero Ali no es un nombre cristiano», replica de manera jocosa uno de esos activistas. De nuevo en el avión, el abogado Mohamed Messaoudi, que acompaña la delegación de la AMDH, se da cuenta que quedan una decena de plazas libres.

La última palabra, tragicómica, la tiene un funcionario saharaui. Viaja a El Aaiún para estar con su familia. «La Unión Soviética ha muerto hace mucho, pero ésta, la de las babuchas, sigue vigente», se lamenta.

Especial para EL MUNDO

RAFA BURGOS / Alicante

«Si el Gobierno no actúa, lo denunciaré por desprotección»

La familia del español asesinado en El Aaiún estudia acciones legales contra el Ejecutivo

La familia de Babi Hamadi Buyema, el saharaui con carné de identidad español presuntamente asesinado por la policía de Marruecos, estudia la posibilidad de presentar una denuncia contra el Gobierno de España por desproteger a un ciudadano español en el extranjero. Así lo aseguraron ayer en Alicante tanto el hermano del fallecido, Lahmad Moulud Ali, como un amigo saharaui también residente en España, Mohamed Liman. Esta denuncia se uniría a la querella que ya están preparando contra el Gobierno marroquí por un delito de lesa humanidad.

Lahmad Moulud compareció en la sede alicantina del sindicato UGT para contar qué sucedió con su hermano el pasado lunes y para adelantar las acciones legales que van a emprender. Como ya publicó este periódico, Babi Hamadi Buyema se dirigía a su trabajo de electricista en la empresa Fos Bucraa en El Aaiún cuando el autobús en que viajaba fue detenido por la policía. Los agentes hicieron que bajara del vehículo -era el único saharaui que transportaba- y un coche le atropelló tres veces en plena calle, a las 11.15 horas, según el relato de su hermano. La ambulancia que acudió a asistirle -aunque murió inmediatamente- tardó seis horas, lo recogió y lo llevó al depósito de cadáveres, donde todavía permanece custodiado. Pese a que en principio achacaron el atropello a un civil, finalmente el Ejecutivo marroquí reconoció que lo había cometido un vehículo policial.

Según Lahmad Moulud, el primer paso que dará la familia será instar al Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero a «condenar» el «asedio» al que Rabat está sometiendo a la ciudad y a los habitantes de El Aaiún. Posteriormente, solicitan que se «abra una investigación a fondo» para concretar «quién, cómo y para qué organizó el asesinato» del ciudadano español. Cuando tengan toda la documentación pertinente, se sumarán a la querella que varias organizaciones han presentado en la Audiencia Nacional contra el régimen de Mohamed VI.

En el caso de que España no fuerce a Marruecos a investigar los hechos y a abandonar el acoso contra la población saharaui, la familia de Baby Hamadi Buyema iniciará el procedimiento contra el Gobierno. Tal como aclaró un representante de la Asociación Internacional de Juristas por el Sáhara, José Revert, a España «no se le podría acusar del asesinato», pero sí se le podría achacar la «dejadez en la protección de un ciudadano español» en el caso de que no agote todas las posibilidades jurídicas para conseguir que los culpables de la muerte de Babi no queden impunes.

Finalmente, Lahmad Moulud presentó los papeles que certifican que su hermano se empadronó en Molina de Segura (Murcia) el pasado mes de agosto, después de haberse registrado como español en Petrer (Alicante) en 2002. Incluyó su inscripción en el Registro Civil y su DNI completo, ya que cuando dio el número de identificación faltaba la letra final. Por último, señaló que su otro hermano fue liberado ayer a las 14.00 horas por la policía marroquí, que lo había confinado en un calabozo.

El hermano del hispano-saharaui asesinado avanzó que su cuñada y sus dos sobrinos -de uno y cuatro años- están siendo vigilados por la policía. Y que no acudirá a El Aaiún al entierro de Baby si Madrid y Rabat no le garantizan su seguridad.

Madrid

Retiran la acreditación al corresponsal del diario 'ABC'

La Asociación de Editores de Diarios Españoles, AEDE, recordó ayer que la libertad de expresión y el derecho a informar amparan a los periodistas y que ambos derechos hay que reivindicarlos frente a cualquier presión política. AEDE salió así al paso de la noticia difundida ayer sobre la retirada de acreditación al corresponsal del diario ABC en Marruecos e instó a que las instancias oportunas tomen medidas. Rabat castigó a Luis de Vega por difundir «informaciones falsas» sobre la situación en el Sáhara.

A su vez, los tres periodistas españoles que ayer fueron expulsados de Marruecos y otros nueve a los que se les impidió la entrada en el país lamentaron a su llegada al aeropuerto de Gran Canaria los impedimentos que pone el reino marroquí a la libertad de prensa.

Entre el grupo de periodistas que pretendían informar sobre la situación tras el desmantelamiento del campamento Gdeim Izik se encontraban dos de TVE, uno de Onda Cero, dos de Antena 3, una de France Presse, uno de Público y dos de Efe, así como los redactores de la Ser Àngels Barceló y Nicolás Castellano y un técnico. Barceló dijo que Marruecos no respeta la libertad de información y, ante esta situación, el Gobierno de España no ha utilizado la «esperada contundencia».