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sábado, 16 de octubre de 2010

EDITORIALES: Un alto precio por año y medio de poder



Un alto precio por año y medio de poder

Zapatero embustero

EL ACUERDO alcanzado ayer entre el PSOE y el PNV supone una vergonzosa claudicación en la defensa de los intereses del Estado a cambio de que Zapatero pueda llegar al final de la legislatura con el apoyo de los nacionalistas vascos. Horas más tarde, los socialistas cerraron otro acuerdo con Coalición Canaria, que asegura al Gobierno una mayoría absoluta en la Cámara. El portavoz socialista en el Congreso, José Antonio Alonso, aseguró que ese pacto dará «estabilidad política, económica e institucional» al Gobierno, lo cual es totalmente cierto. Lo que no explicó es el alto precio que el Ejecutivo va a pagar a los nacionalistas vascos.

Zapatero embustero

El acuerdo contempla expresamente el respaldo parlamentario del PNV hasta marzo de 2012 a todas las iniciativas económicas del Ejecutivo a cambio de 20 transferencias de competencias y una serie de importantes inversiones en el País Vasco, entre las que figuran el AVE y el puerto de Pasajes. Entre esas transferencias figuran las políticas activas de empleo, que supondrán cerca de 400 millones de euros. Pero además se transfiere la inspección de trabajo y competencias en materia de turismo, transporte marítimo y banca, crédito y seguros. Alonso leyó ayer el listado, pero no concretó. ¿En qué va a consistir ese traspaso en materia de banca y crédito? ¿Va a asumir el Gobierno vasco las labores de inspección y vigilancia que ahora corresponden al Banco de España? En el mismo sentido, el PSOE se compromete a que las haciendas forales vascas acudan a las reuniones del Ecofin en Bruselas en asuntos que les afecten, formando parte de la delegación del Gobierno. Si Zapatero acepta crear este precedente no podrá negar ese derecho a otras comunidades que, a buen seguro, van a exigir el mismo trato.

Josu Erkoreka, portavoz del PNV, afirmó anoche que queda abierta la posibilidad del traspaso de «la gestión económica» de la Seguridad Social y de las competencias en prisiones. Sería de una extrema gravedad dejar la política penitenciaria en manos de los nacionalistas si nos atenemos a la experiencia en temas como el acercamiento de los presos etarras o las subvenciones a las familias de los terroristas. Otra de las contrapartidas aceptadas por el PSOE consiste en apoyar parlamentariamente la proposición de ley presentada anteayer por el PNV para que las tres provincias vascas sean denominadas en euskara en toda España. Difícilmente se puede encontrar un ejemplo mejor de oportunismo, ya que el PSOE votó en contra de la misma iniciativa hace tres meses. No hay duda de que el PNV ha sabido sacar provecho de la debilidad de Zapatero y éste no ha dudado en pagar un alto precio por 18 meses más en el poder a costa de debilitar al Estado. Pero quien sale peor parado es Patxi López, convidado de piedra en las negociaciones. Por el contrario, Iñigo Urkullu refuerza su posición en el PNV y se consolida como un líder que consigue para el País Vasco lo que otros no han logrado.

Otros damnificados por el acuerdo son los barones del PSOE, que, a siete meses de las elecciones autonómicas y municipales, van a tener que tragarse el sapo del trato de favor al nacionalismo vasco que supone un agravio para las demás comunidades. ¿Qué van a decir ahora Barreda, Fernández Vara y Griñán?Tanto PSOE como PNV desmintieron ayer que el pacto incluya contrapartidas políticas como la legalización de Batasuna. Hasta que no se demuestre lo contrario, habrá que creer en su palabra. Ya es suficiente con lo que los dos partidos hicieron público ayer, que supone un importante paso más en la erosión del Estado y un retroceso en la cohesión de España.

¿Rectificación del PSC con las multas lingüísticas?

Zapatero embustero

EN UN EJERCICIO casi imposible de oportunismo político, el PSC abandona las multas por no rotular en catalán en su programa para las elecciones del 28-N. «Las sanciones no son una buena práctica para una política lingüística en positivo», aseguran los autores del programa. Nada habría que objetar si no fuera porque el Gobierno encabezado por el primer secretario del PSC, José Montilla, ha venido imponiendo multas lingüísticas desde 2003, para satisfacer las demandas de sus socios de ERC. Y este mismo año, en la Ley de Consumo aprobada por el tripartito se ampliaba la cuantía de las multas para los comerciantes hasta los 10.000 euros por no rotular o no emitir facturas en catalán. La rectificación de los socialistas catalanes es casi un insulto a la inteligencia de los electores, ya que tiene como único objetivo ganarse el voto españolista que ha perdido por la deriva nacionalista del tripartito. ¿Cuál es el PSC de verdad, el que ha multado o el que ahora dice que no quiere multas?

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Guardiola y Mourinho prohíben viajar a Oviedo

Que los capitanes recojan el Príncipe de Asturias

LA ENTREGA de los Premios Príncipe de Asturias de los Deportes del próximo viernes no contará en principio con los campeones del mundo del Real Madrid y del Barça porque sus entrenadores, Jose Mourinho y Josep Guardiola, no les han dado permiso porque tienen partido 24 horas después No se entiende esa negativa a dejar libre esa tarde para que acudan a Oviedo, cuando los mismos clubes ponen a disposición de sus figuras aviones privados para la vuelta de sus desplazamientos con las selecciones o, incluso, aceptan rápidos viajes en jets para que las estrellas cumplan con sus compromisos comerciales. Al margen de que la organización de los Premios podría haber consensuado una fecha más idónea con la Federación Española de Fútbol, Mourinho y Guardiola deberían recapacitar y dejar que, al menos, los capitanes de la selección -Iker, Puyol y Xavi- recojan el Premio el viernes.

Bernanke anuncia nuevos estímulos monetarios

Frenazo en EEUU que se notará en medio mundo

El PRESIDENTE de la Reserva Federal, Ben Bernanke, confirmó ayer que la economía de EEUU está en tal fase de atonía que necesita estímulos artificiales para volver a la senda del crecimiento. Alto desempleo con inflación baja son peligros a los que hay que poner remedio cuanto antes y Bernanke aludió de nuevo a esas medidas de flexibilización cuantitativa que tuvieron un cierto éxito en lo más duro de la recesión. Se trata de inyectar liquidez a la economía para recomponer la actividad crediticia y productiva, ya que con los tipos de interés casi a cero la política monetaria no puede hacer más. Hay dos lecturas del discurso de Bernanke. La interna, que la Fed confirma que el frenazo económico de EEUU es más fuerte de lo que se esperaba. La externa, que las autoridades de la primera potencia mundial están dispuestas a tomar las medidas que consideren necesarias al margen de cómo afecten al resto de los países. Malas noticias para Europa -y más para España por su debilidad- porque esas medidas supondrán una revalorización del euro sobre el dólar que dificultará las exportaciones europeas.

ZAPATERO COMPRA A MERCADO PERMANECER EN EL PODER UNOS MESES MÁS



AGUSTÍN YANEL / Madrid
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Zapatero compra al PNV 18 meses de poder debilitando más a España

Abre la puerta a que el País Vasco «gestione el régimen económico de la Seguridad Social» y pueda asumir la política penitenciaria
Los técnicos de las Haciendas forales participarán en las reuniones del Ecofin formando parte de la delegación española
El PSOE apoya la denominación bilingüe de Álava y sólo en vasco las de Vizcaya y Guipúzcoa, tras votar en contra hace tres meses

Zapatero embustero

El Gobierno logró ayer que el PNV apoye con sus votos los Presupuestos Generales del Estado para 2011, a cambio de transferir 20 competencias más a esa comunidad autónoma y de varias inversiones. En el PP dicen que este acuerdo permitirá a Zapatero «mantenerse en el poder» el año y medio que le queda, pero al precio de debilitar más a España.

El PNV se apuntó un importante tanto hace tres semanas, cuando logró para el País Vasco unas competencias que reclama desde hace 22 años, y ayer se anotó otro con este pacto más amplio.

El acuerdo no prevé traspasar la política penitenciaria, como tiene Cataluña, pero abre la puerta a que se pueda negociar esta competencia y otras pendientes.

Editorial en página 3

El acuerdo establece, entre otras cosas, que el Gobierno vasco gestionará las políticas activas de empleo, incluidas las bonificaciones que se dan a los empresarios por la contratación de trabajadores en determinadas condiciones.

El Ejecutivo de Zapatero también se compromete a que en las reuniones de trabajo del Ecofin -el Consejo de Asuntos Económicos y Financieros de la Unión Europea- en las que se discutan asuntos que afecten a la Hacienda vasca participen técnicos de esa comunidad.

A cambio de los votos de los seis diputados peneuvistas, el PSOE también apoyará una propuesta del PNV para que las tres provincias vascas se denominen oficialmente Álava-Araba, Gipuzkoa y Bizkaia. En julio pasado, los socialistas votaron contra una propuesta similar de los nacionalistas vascos, con el argumento de que sólo podían aceptar que se añadiera el nombre en euskara al castellano, pero no eliminar este último. Sin embargo, ahora asumen que dos provincias se denominen oficialmente sólo en la lengua autonómica.

Zapatero embustero

PSOE y PNV coincidieron en que este acuerdo es un paso muy importante para completar el desarrollo del Estatuto de Guernica.

Ayer, tras varias semanas de negociaciones, el PSOE y el Gobierno cerraron ese acuerdo con el PNV y otro con Coalición Canaria (CC), que no sólo les permitirán aprobar los Presupuestos Generales, sino mantener una «estabilidad económica, política e institucional» en lo que queda de legislatura, según el portavoz socialista en el Congreso, José Antonio Alonso.

El Ejecutivo de Rodríguez Zapatero sabe ya que podrá sacar adelante las leyes de tipo económico que presente en lo que queda de legislatura, sin tener que negociar hasta el último minuto como está obligado a hacer ahora.

El acuerdo se logró pasadas las 15.00 horas, después de que Zapatero y Urkullu hablaran por teléfono y dieran el visto bueno final.

El PNV mantuvo hasta el último minuto la incógnita de si presentaba una enmienda contra la totalidad de los Presupuestos Generales del Estado que ha elaborado el Gobierno, porque quería compromisos del Ejecutivo por escrito para no plantearla. Cuando concluyó el plazo para poder registrarla, a las 14.00 horas, y no lo hizo, se dio por seguro que el acuerdo iba a salir adelante tras limar los últimos flecos, y así ocurrió poco después.

El pacto no prevé transferir la competencia sobre las cárceles -que sí tiene Cataluña- ni nada que afecte a la caja única de la Seguridad Social. Durante las negociaciones no han hablado en ningún momento «del terrorismo ni de la violencia de ETA», según dijo Alonso en rueda de prensa.

Sí se incluye, como «una alternativa a estudiar», la posibilidad de transferir en el futuro «la gestión económica del régimen de la Seguridad Social», pero respetando «su carácter unitario» y el «principio de solidaridad», tal y como establece el Estatuto de Guernica.

El acuerdo con los nacionalistas vascos satisface a las dos partes, según dijeron, pero va a ser rentabilizado especialmente por el PNV en un momento en que su presidente, Iñigo Urkullu, tiene mejor imagen que el lehendakari al ser evaluado por la ciudadanía vasca.

En el PSOE afirman que este acuerdo no daña el pacto que tienen el PSE y el PP en el País Vasco y tampoco al lehendakari Patxi López, porque no ha intervenido en las negociaciones. Alonso recordó, en este sentido, que los socialistas vascos han sido informados casi «en tiempo real» de las conversaciones, y que Zapatero telefoneó al lehendakari con ese objetivo.

OORBYT.es

>Vea en EL MUNDO en Orbyt el análisis de Casimiro García-Abadillo sobre la alianza PSOE-PNV para finalizar la legislatura.

MIKEL SEGOVIA / Bilbao

Un acuerdo «histórico» para el nacionalismo

El pacto permite al PNV 'arrancar' al PSOE una presencia 'internacional' para Euskadi

El pulso lo ha ganado el PNV. Al menos ése era el sentimiento que ayer se respiraba en Sabin Etxea. El apoyo de legislatura que se comprometen a brindar al Gobierno de Zapatero traerá a Euskadi un acuerdo «histórico» que le reportará una rentabilidad política especialmente valiosa en tiempo preelectoral.

El acuerdo contempla el traspaso de 20 transferencias entre 2010 y 2011, y el compromiso para explorar, «al objeto de resolver sobre su traspaso» durante esta legislatura, el resto de materias pendientes del Estatuto hasta completar su desarrollo íntegro. Un logro al que se suma otra aspiración de gran calado para el nacionalismo vasco: la presencia de Euskadi con entidad propia como parte de la delegación estatal del Ecofin. Y de postre, 112 millones de inversiones directas -un 30% más que en la negociación del año pasado-, garantías para el respaldo económico de cuatro proyectos estratégicos vascos y la modificación al euskara de la nomenclatura oficial de los territorios históricos. El presidente del PNV, Iñigo Urkullu, aseguró «sin temor a fallar» que se puede afirmar que el acuerdo «contempla todo el Estatuto».

Por ahora, tan sólo una veintena de materias cuentan con fecha límite para ser cedidas al Gobierno vasco -tres en 2010, nueve el primer semestre de 2011 y ocho el segundo semestre del próximo año-. El resto de competencias pendientes serán objeto de negociación en los próximos meses. Unas materias en las que el acuerdo podría traducirse en otro tipo de fórmulas, como un convenio, diferente al traspaso formal.

Entre ellas se encuentran los dos principales obstáculos de la negociación competencial, la gestión de la Seguridad Social e instituciones penitenciarias. Respecto a la primera, el portavoz del PNV, Josu Erkoreka, se felicitó porque por primera vez el Gobierno central «reconoce que hay materia para explorar algo que hasta ahora parecía pecaminoso». Respecto a la gestión de los centros penitenciarios, el Gobierno Zapatero se ha negado a incluirla en el listado de transferencias a negociar, al considerar que la legislación actual la deja fuera del ámbito competencial vasco. El PNV, sin embargo, dejó ayer claro que la incluye en la fase de negociación que se abrirá.

Corresponderá a una comisión bilateral conformada por tres miembros del PNV y tres «del PSOE-PSE», según puntualizó Urkullu, llegar a acuerdos. Un matiz que abre la puerta a la inclusión directa del socialismo vasco en una negociación de la que hasta ahora ha permanecido al margen. Esta comisión se reunirá periódicamente para tramitar de manera escalonada los traspasos y decidir las formulas que completarán el Estatuto vasco esta legislatura. Además, se constituirá una segunda comisión bilateral que vele por el cumplimiento de los compromisos.

Desde el PNV advirtieron a Zapatero que lo firmado ayer no conlleva un «compromiso inequívoco de apoyo» a todas las iniciativas que presente el PSOE, sino una voluntad para consensuarlas y abrir «una senda» de estabilidad para que concluya la legislatura. Urkullu recordó que el PNV no se convierte en «socio» de Zapatero porque su formación mantiene plena «libertad para actuar».

El presidente del EBB aseguró que en el acuerdo no se ha incluido ningún compromiso en materia de normalización y pacificación, pero subrayó que el cumplimiento de una ley orgánica como el Estatuto vasco otorga un nivel de estabilidad que será beneficioso para el nuevo tiempo que se abre en Euskadi. Se manifestó en el mismo sentido respecto a la estabilidad económica e institucional que, con su apoyo, el PNV concede al Gobierno español, beneficio para «salir de la crisis y no crear incógnitas ni incertidumbres». «Es una oportunidad para asentar las bases de la política económica y profundizar en la normalización económica y el proceso de pacificación», valoró.

El pacto incorpora el respaldo financiero a lo que el PNV llama proyectos estratégicos. Entre ellos, cita al Tren de Alta Velocidad, cuyo ritmo de construcción se mantendrá; el impulso al proyecto de la Bahía de Pasajes, y garantizar la financiación de la Fuente de Neutrones. También ha logrado arrancar un acuerdo, de pequeño valor económico y gran calado simbólico, y que se convierte en un dardo contra el PSE: 120.000 euros para un estudio sobre «los usos de carácter cultural y museístico» de la parcela de la BBK en Pedernales, donde el PNV quiere que se construya el Guggenheim del Urdaibai.

Las 20 transferencias

>Acuerdo. El pacto alcanzado ayer entre el PSOE y el PNV incluye el traspaso de 20 transferencias al País Vasco: tres llegarán este año, nueve en el primer semestre de 2010, y las otras ocho a lo largo del segundo semestre del año 2011.

>Antes de final de año. De aquí al 31 de diciembre, el Gobierno transferirá las siguientes competencias: políticas activas de empleo, formación profesional ocupacional y funciones de formación y empleo del Instituto Social de la Marina.

>Primer semestre 2011. En este periodo se transferirá lo siguiente: regulación de empleo; Inspección de Trabajo; transporte por carretera; transporte marítimo y fluvial; convalidaciones de estudios y reconocimiento de estudios en centros extranjeros radicados en el País Vasco; archivos de titularidad estatal; ejecución de la legislación del Estado sobre propiedad intelectual; profesorado de Religión de Enseñanza Primaria, y ampliación de los servicios traspasados sobre enseñanzas profesionales náutico-pesqueras.

>Segundo semestre 2011. El País Vasco recibirá estas competencias: Fondo de Garantía Salarial; ferrocarriles; crédito y banca; servicios privados de seguridad; turismo y agencias de viajes, en lo referente a licencia o títulos de actividad e inscripción en el registro; homologación y convalidación de títulos extranjeros no universitarios; ejecución de legislación sobre productos farmacéuticos, y seguro escolar.

>Inversiones. El Gobierno invertirá 112 millones de euros e impulsará las obras de la llamada Y vasca, el puerto de Pasajes, la fuente de neutrones y el proyecto de la reserva de Urdaibai.

MARISA CRUZ / Madrid

«Satisfactorio, positivo y coherente»

El Gobierno no oculta su alivio tras el pacto, pese a que deja en mal lugar a Patxi López

La vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, definió ayer certeramente y con sólo tres palabras lo que significa para el Gobierno el acuerdo alcanzado con el PNV y Coalición Canaria con el que se garantiza la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para 2011 y la posibilidad de mantenerse año y medio más en La Moncloa.

Es «satisfactorio, positivo y coherente», afirmó. Estas tres palabras servían sin más para expresar el alivio del Ejecutivo al poder olvidarse de la pesadilla de la convocatoria anticipada de elecciones que, inevitablemente estaría servida si las Cuentas del Estado no obtenían el visto bueno del Parlamento.

De la Vega explicó, además, el sentido de sus tres calificativos. Y fue sincera. Resulta satisfactorio porque permitirá la «estabilidad parlamentaria» del Gobierno, que hasta la fecha ha vivido haciendo equilibrios en la cuerda floja de la geometría variable.

Es «positivo» porque, en opinión de la vicepresidenta, permitirá que vean la luz unos Presupuestos que, en las actuales circunstancias de grave crisis, resultan ser «decisivos» -«los más importantes de los últimos años», dijo- para impulsar el proceso de recuperación económica y la creación de empleo.

Y es «coherente» porque responde a la filosofía que siempre ha mantenido el Gobierno de Rodríguez Zapatero en favor de «mejorar los niveles de autogobierno dentro del marco estatutario y constitucional».

En definitiva, resumió De la Vega: «Estamos satisfechos porque el acuerdo permite afrontar una nueva etapa con la estabilidad imprescindible para llevar a cabo las reformas necesarias y mantener la cohesión social».

El pacto, no obstante, no ha sido barato. Los nacionalistas vascos, conscientes del valor inestimable que en esta ocasión tenían sus seis votos para Zapatero, han jugado hábilmente sus cartas elevando el precio de su apoyo hasta el tope.

No en vano, el Ejecutivo ha aceptado dar un impulso, como nunca antes, a las transferencias recogidas en el Estatuto de Guernica. Demandas que hace apenas unos meses se hacían esperar o sencillamente denegaban, ahora se entregan sin rechistar.

En realidad, la factura política más alta del pacto suscrito por Zapatero y Urkullu, la pagará el lehendakari socialista Patxi López. Ayer, la vicepresidenta primera del Gobierno pasó de puntillas sobre la situación de debilidad en la que queda el lehendakari a los ojos de los votantes vascos.

López ha visto cómo sus adversarios políticos en Euskadi eran recibidos con los brazos abiertos en La Moncloa y el presidente del Gobierno se mostraba dispuesto a cerrar con ellos prácticamente el Estatuto de Guernica y a considerarlos, de aquí al final de la legislatura, como sus socios privilegiados.

A lo más que pudo llegar De la Vega en consuelo y desagravio de López fue asegurar públicamente que el lehendakari ha estado al tanto puntualmente de todo lo negociado y recordar, además, que será a él a quien le toque «gestionar» todo lo otorgado al PNV.

CARMEN REMÍREZ DE GANUZA / San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria)

El PP acusa al PNV y a CC de prolongar la «agonía» de Zapatero

Los Presupuestos son el «testamento político» del presidente, dice Sáenz de Santamaría

Nada como una reunión Interparlamentaria en Canarias para escenificar el no de los populares a los «últimos» Presupuestos de Rodríguez Zapatero. Diputados, senadores y parlamentarios autonómicos se trasladaron ayer a Gran Canaria para criticar a sus propios socios autonómicos en las islas por su apoyo a unas cuentas públicas que, desde su punto de vista, sólo sirven para prolongar, a la vez, la crisis y la «agonía» del presidente, y que, en palabras de la portavoz en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, son su «testamento político».

La apuesta del equipo de Rajoy contra los renovados socios del Gobierno socialista fue tal que el vicepresidente del Ejecutivo de las islas, José Manuel Soria, llegó a decir que «el PP no es responsable del apoyo de Coalición Canaria a los Presupuestos». Notablemente crecidas en este último tramo de legislatura, tanto Dolores de Cospedal como Soraya Sáenz de Santamaría lanzaron directas advertencias a los dirigentes de esa formación. Les retaron a «explicar a pensionistas, trabajadores, jóvenes y familias» su respaldo a unas cuentas que, según insistieron, consagran la congelación de las jubilaciones o el aumento de impuestos.

Pero los «recados» del PP también fueron dirigidos, y de qué manera, al PNV. El de calibre mas grueso corrió a cargo del vicesecretario de Comunicación, Esteban González Pons, quien, a la hora de reclamar transparencia en torno al acuerdo, preguntó sin ningún tipo de matices «si la izquierda abertzale y ETA están presentes en el pacto». Según Pons, «el engaño en política se vuelve más indecente que nunca» y «la situación de Zapatero es tan dramática y crepuscular que es capaz de romper con el PNV la Seguridad Social y con el PSC, el modelo de Estado. ¡Y se queda tan ancho y tan pancho!», insistió. Ni siquiera Jaime Mayor, el portavoz en el Parlamento Europeo, llegó tan lejos en su intervención, en la que apenas mencionó a la banda terrorista, y se limitó a criticar el «proyecto de ingeniería social» de Zapatero con el que «ha relativizado la nación, la Constitución, el aborto o la negociación con los terroristas».

Las recurrentes referencias a la ruptura de la caja única -que han generado no pocas discusiones internas en la cúpula del PP- aparecieron también ayer en boca de Javier Arenas, Cristóbal Montoro y Esteban González Pons. Pero en realidad, el mensaje del partido fue más dirigido a criticar la opacidad del acuerdo y, sobre todo, la complicidad de los nacionalistas con el empeoramiento del paro, el déficit y la deuda. «Son corresponsables de la dramática situación del empleo y prolongarán más la crisis económica», dijo la vicesecretaria Ana Mato. «Que Zapatero siga siendo presidente un año más nos va a salir muy caro», dijo Pons, antes de reclamar el «derecho a saber» de los españoles «cuánto les cuesta de su bolsillo» el apoyo del PNV a los Presupuestos.

«Lo que se ha buscado», dijo Montoro, «es una estabilidad política que lo único que hace es prolongar la crisis a cambio del acuerdo con una fuerza desplazada del País Vasco que busca su hueco en la política y a la que no le importa apoyar unos Presupuestos que van a traer más crisis y más paro, y que prolongan la agonía de un Gobierno».

La portavoz en el Congreso dio una vuelta de tuerca más y recriminó al PNV, no sólo su apoyo a la eliminación de la deducción fiscal por adquisición de vivienda, «lo que lastra a familias y jóvenes», sino, aún más, la desigualdad que representa su propósito de salvar a los vascos de esa decisión: «Los nacionalistas han dicho que en su casa no se van a eliminar las deducciones; eso nos toca a los que debemos aguantar la política fiscal de Zapatero», protestó.

Sáenz de Santamaría aprovechó para presentar la propia enmienda del PP a la totalidad de unos Presupuestos que «tienen mucha ficción y poca ciencia». En este sentido, no sólo criticó el aumento de los impuestos sobre las clases medias y la falta de «austeridad», sino también el «optimismo» en la previsión del crecimiento económico (del 1,3% del PIB, cuando la mayoría de organismos internacionales la sitúan en un 0,6 o un 0,8%), que «pone en riesgo» el propio objetivo de reducción del déficit en un 6% para 2011.

IKER RIOJA ANDUEZA / Vitoria

Suspenso para el 'lehendakari': 4,1

Todos los políticos menos Patxi López suben en valoración, según el Sociómetro vasco

Muy conocido pero poco valorado. El lehendakari, Patxi López, ha vuelto a encontrar en el Sociómetro de otoño, elaborado por el propio Gobierno vasco, otra encuesta negativa. 95 de cada 100 vascos conocen a su presidente autonómico pero apenas le otorgan un 4,1 en valoración.

El director del sondeo, Víctor Urrutia, explicó ayer que un menor conocimiento hace que sólo los fieles pongan notas y que éstas, por consiguiente, sean más elevadas. Prueba de ello es que una parlamentaria a la que más de la mitad de los vascos ni siquiera conoce, Aintzane Ezenarro (Aralar), es de nuevo la más apreciada, con un 4,9 sobre 10.

La baja puntuación del lehendakari en este examen sociológico se debe también, según Urrutia, al voto de castigo del electorado nacionalista. «Valoran muy bajo al lehendakari», precisó Urrutia, que ha constatado que son excepcionales las notas superiores a tres puntos para López entre los fieles al extinto tripartito de Juan José Ibarretxe.

El PSE-EE trató de justificar el varapalo alegando que se califica negativamente a la persona pero no a sus políticas, que están siendo «muy favorablemente asumidas» incluso desde el nacionalismo. «La cultura del cambio impulsada por el actual Gobierno está empezando a calar en la sociedad vasca», aseguró ayer el portavoz de la formación, José Antonio Pastor, en el Parlamento.

Contrariamente a lo que sucede en el PNV, los votantes socialistas siguen teniendo una querencia a puntuar «benévolamente» a Íñigo Urkullu, presidente del Euzkadi Buru Batzar. Ello le permite ser el segundo político vasco más valorado, con 4,5 puntos, al igual que los diputados generales de Álava, Xabier Agirre, y Guipúzcua, Markel Olano, igualmente nacionalistas.

El denominador común de este Sociómetro, que se elabora a partir de 2.198 encuestas y que tiene un margen de error del 2,13%, es que la ciudadanía vasca suspende a toda la clase política. Sin excepciones. «Es fruto del desapego que existe respecto a la política», resumió Urrutia, que aprovechó para resaltar que el 77% muestra poco o ningún interés por ella, un 13% más que en 1995.

Eso sí, la apreciación de todos los líderes políticos ha mejorado desde mayo. A Pello Urizar (EA) no le ha afectado su alianza con la izquierda abertzale y es el que más puntos sube -pasa del 3,6 al 4,3-. Sólo hay una salvedad en esta tendencia al alza: el lehendakari. Es el único que pierde, aunque sólo sea una décima. No figura en la encuesta Gorka Maneiro por error de los autores. El propio Urrutia se dirigió al parlamentario de UPyD para pedirle disculpas.

Este Sociómetro ahonda en la percepción que los ciudadanos tienen del Estado del Bienestar en plena época de ajustes. Pocos se creen las advertencias de Patxi López, que plantea una revisión integral del sistema fiscal para garantizar en el futuro los mismos estándares asistenciales. Sólo el 17% de los vascos estarían dispuestos a pagar más impuestos a cambio de mejorar la prestación de servicios.

El 64% se muestra favorable a mantener la presión fiscal actual, siempre que se mantenga también la calidad de la educación o la sanidad, dos sistemas que para aproximadamente cuatro de cada cinco vascos funcionan de forma adecuada. No quieren cambios aunque, según el 77%, el sistema tributario no es justo porque no grava lo suficiente a las rentas más elevadas.

PITORREO INTERNACIONAL GENERALIZADO DE NUESTRA POLÍTICA EXTERIOR: Venezuela, Gibraltar y Marruecos se burlan del Gobierno, del Ejército, de la Justici



MARISA CRUZ / Madrid

El Gobierno dice ahora que hablará de soberanía sólo con Londres y no con Caruana

Zapatero embustero

María Teresa Fernández de la Vega puso ayer punto y final a la tibieza del ministro de Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, frente al envite lanzado por el ministro principal de Gibraltar.

El desafío de Peter Caruana obtuvo por fin una respuesta tajante: «La soberanía es un asunto exclusivamente bilateral entre España y Reino Unido» y, además, Madrid «no reconoce aguas internacionales» al Peñón.

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La firmeza de la número dos del Ejecutivo adquiere una trascendecia que supera con mucho los límites de una simple réplica diplomática a las subidas de tono de Caruana, porque se produjo después de que el propio Foreign Office, a través de un portavoz, afirmara que «Reino Unido sigue seguro de su soberanía sobre las aguas territoriales británicas de Gibraltar y plenamente comprometido con mantener los derechos» de su colonia.

España, tal y como aclaró la vicepresidenta primera, niega la mayor, es decir, rechaza de plano que las tres millas de mar que rodean el Peñón formen parte de la soberanía británica.

El Gobierno español se ciñe estrictamente al Tratado de Utrecht de 1713 en virtud del cual la única cesión que la Corona española hizo a la británica afecta al territorio de La Roca, pero no al istmo que la une con la Península ni a las aguas territoriales.

Fernández de la Vega «lamentó» que el ministro principal de Gibraltar haya utilizado el Foro Tripartito de Diálogo, lanzado en 2004 por el ministro Miguel Ángel Moratinos para impulsar la cooperación y fomentar la confianza de los gibraltareños en España, como arma para presionar a Madrid en el contencioso histórico de la soberanía.

Caruana anuló unilateralmente las reuniones técnicas del Foro, previstas para los próximos días y en las que debía prepararse la cita ministerial a tres bandas -Gibraltar, España y Reino Unido- para antes de finales de año. El ministro principal dio este paso después de que desde hace meses se haya registrado todo un rosario de incidentes entre la Guardia Civil y la policía gibraltareña en las aguas disputadas.

La vicepresidenta reprochó a Caruana que pretenda introducir «cuestiones de soberanía» en el ámbito de discusión del Foro, cuando es bien sabido -punto básico y hasta ahora inamovible de la política exterior española- que la disputa en ese ámbito es competencia exclusivamente bilateral entre Madrid y Londres.

De la Vega, en definitiva, no hizo sino recordar al ministro principal que cuando se negocia acerca de la soberanía, sobre la mesa sólo figuran dos banderas: la española y la británica.

Pese a todo, la vicepresidenta quiso mostrarse convencida de la utilidad de la senda del diálogo puesta en marcha a través del Foro Tripartito. En su opinión, la reunión ministerial prevista para antes de finales de año podrá celebrarse porque tanto el Gobierno británico como el español están decididos a ello.

Los problemas en las aguas de la bahía de Algeciras se suceden ya desde hace meses -el último encontronazo entre una patrullera de la Guardia Civil y la policía gibraltareña se produjo el pasado 28 de septiembre- pero hasta ahora el Gobierno había preferido adoptar un perfil bajo. Sólo ante el desafío público del ministro principal, La Moncloa se ha prestado a reaccionar con firmeza. En cualquier caso, ha sido en el último minuto, porque la primera respuesta que dio Exteriores a la suspensión de las reuniones técnicas del Foro consistió en enmascarar la bofetada propinada por Caruana detrás de los consabidos problemas de agenda y el acuerdo consensuado.

La tibieza de la diplomacia española suscitó ayer una cascada de pronunciamientos políticos. Así, el presidente del Congreso de los Diputados, José Bono, recalcó que «España tienen razón y no la tienen los que quieren negar la soberanía de ese territorio [Gibraltar] que es español».

El líder del PP, Mariano Rajoy, calificó de «patética» la actitud del Gobierno en política exterior. Lo hizo en un comentario colgado en su página de Facebook.

La portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Soraya Sáenz de Santamaría, se hizo eco de la expresión utilizada por su jefe de filas y no dudó en hacer hincapié en la «debilidad» de la política exterior española. «Todo el mundo se está subiendo a las barbas del Gobierno», dijo, haciendo referencia a los recientes desplantes del presidente de Venezuela, Hugo Chávez, o a los recurrentes conflictos con Marruecos.

Por su parte, la portavoz regional del PP de Andalucía, Rosario Soto, se quejó de la «permisividad» del Gobierno con las autoridades de Gibraltar y sentenció: «Quien siembra vientos, recoge tempestades».

OORBYT.es

>Vea hoy en EL MUNDO en Orbyt el análisis de Felipe Sahagún sobre el último desafío de Gibraltar a España.

EL MUNDO EN CLAVE

ANA ROMERO

Iguales, más o menos

Acababa de empezar la carrera de Periodismo, hace 25 años, cuando se abrió la Verja entre Gibraltar y La Línea de la Concepción, que había cerrado Franco. Para muchos gaditanos, especialmente los más jóvenes, ir a La Roca era una aventura en sí misma. Allí había tesoros entonces inalcanzables en territorio nacional: smarties (pastillas de chocolate recubiertas de colores), wine gums (caramelos de goma), jerséis de cashmere y libros en inglés (los de la acogedora tienda al final de la Main Street, lo más parecido a Amazon.com en esos tiempos lejanos). Poco imaginaba entonces que iba a pasar buena parte de mi tiempo como periodista escribiendo sobre El Peñón. Ahí estamos de nuevo.

El jueves, Peter Caruana se bajó del tren que había puesto en marcha Miguel Ángel Moratinos hace seis años, cuando llegó al poder José Luis Rodríguez Zapatero con política exterior de exquisita mano tendida. Moratinos dio a Caruana un lugar privilegiado en la mesa de los elegidos (lo sentó en el Foro Tripartito como uno más). Ahora se siente traicionado. Él, que aguantó un aluvión de críticas el pasado verano tras la famosa foto en El Peñón con Caruana. Él, que se había esforzado por mejorar la calidad de vida de los casi 30.000 gibraltareños con pequeños gestos, como el uso compartido del aeropuerto o la apertura de las líneas telefónicas.

Todo, para esta puñalada trapera. Atónitos, en Exteriores citan a George Orwell en Animal Farm: «Todos somos iguales, pero unos lo somos más que otros». «¿Qué se ha creído Caruana?», se preguntan en Madrid. Al ministro principal lo acusan (con acierto) de venderse al mejor postor: la oposición en Gibraltar le exige dureza frente a España, que viola, según ellos, sus aguas territoriales; y la popularidad de Caruana, con elecciones el próximo otoño, está por los suelos. Desde Madrid se acusa a los gibraltareños («fulleros en inglés») de intentar quedarse a través de una política de hechos consumados con las aguas territoriales que el Tratado de Utrecht otorga a España. Ya lo hicieron, recuerdan, con el istmo (donde está el aeropuerto) que fue engullido con el paso del tiempo.

Los gibraltareños dicen otro tanto de los españoles. «¿Qué se han creído en Madrid?», afirman en Convent Place (la sede del Gobierno gibraltareño, que no es precisamente un convento de monjas). Incapaces, dicen, de controlar a su Guardia Civil (a la que califican de «fuerza paramilitar»), invaden nuestras aguas territoriales al mismo tiempo que nos tienden la mano de la cooperación. Ya verán ustedes, dicen, el nuevo Gobierno de David Cameron nos defenderá con fuerza.

Los británicos, as usual, juegan el papel de profesor obligado a poner orden entre dos alumnos díscolos (poco más que sureños apasionados). Mantienen los pérfidos albiones que las aguas territoriales, sin ninguna duda, son suyas. Comparten la «preocupación» de Caruana, pero le echan un cable a Moratinos diciendo que harán «todo lo posible» para que el Foro Tripartito continúe.

De puertas para dentro, esto no se lo cree nadie: hasta que no haya nuevas elecciones (en España y en Gibraltar), el diálogo se lo ha llevado una fuerte racha de Levante. ¿Otros 25 años escribiendo sobre Gibraltar? Horror.

Madrid

El embajador de Venezuela, de gira por el País Vasco

Se entrevistará con las formaciones nacionalistas, pero no con el PSE y el PP

El embajador de la República Bolivariana de Venezuela en España, Julián Isaías Rodríguez Díaz, realizará una visita al País Vasco la próxima semana, en plena polémica por las actividades de ETA en territorio venezolano. A este respecto, el embajador llegó a decir el pasado día 5 que tenía «serias dudas» de que las declaraciones de los etarras sobre su entrenamiento en Venezuela fueran «totalmente voluntarias».

El embajador -que llegará el lunes a Bilbao y permanecerá en el País Vasco hasta el viernes- tiene previsto reunirse con las formaciones nacionalistas, pero no con el PSE ni con el PP. La embajada de Venezuela justifica la visita en el marco de la «intensificación de las relaciones bilaterales que lleva adelante desde el inicio de su gestión», según informa Servimedia.

La visita, según informó ayer la legación venezolana en Madrid, arrancará con una cena del embajador con el cuerpo consular en la capital bilbaína. Al día siguiente, Rodríguez tiene previsto verse con miembros de la Cámara de Comercio de Bilbao. Después iniciará una ronda de entrevistas en la que se reunirá con el presidente del PNV, Iñigo Urkullu; el coordinador general del partido Aralar, Patxi Zabaleta, y la directiva de Ezker Batua Berdeak (Izquierda Unida en el País Vasco). Posteriormente, el jueves 21 el embajador venezolano se reunirá con el alcalde de Bilbao, Iñaki Azkuna (PNV), y el viernes 22 con el de Guernica, José María Gorroño (EA).

Durante su visita al País Vasco, el diplomático concederá entrevistas a «distintos medios de comunicación convencionales y alternativos», además de mantener una charla con los grupos de solidaridad con la revolución venezolana.

Al margen de los acontecimientos políticos, Rodríguez ofrecerá una conferencia en el Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad del País Vasco, acudirá a la presentación de un libro y visitará la Casa de Juntas y el Museo de la Paz de Guernica.

ESPAÑA EN QUIEBRA: Precio vivienda en 2005/ Ktaft elima 300 empleo/ Controladores se movilizan/ Más impuestos a los camioneros

M. VEGA / Madrid

El precio de la vivienda cae hasta niveles de 2005

Zapatero embustero

El Ministerio destaca la «clara desaceleración» del desplome, pero el BCE dice que debería abaratarse con «más celeridad»

La crisis inmobiliaria aún no ha tocado fondo en España. Después de dos años de caídas y a pesar de las políticas con las que el Gobierno ha querido acelerar la decisión de compra de inmuebles, el precio medio de la vivienda bajó un 3,4% interanual en el tercer trimestre de 2010, según los datos publicados ayer por el Ministerio de Vivienda.

Con este nuevo descenso, el coste medio del metro cuadrado se situó entre junio y agosto en 1.872 euros, un valor poco superior al que tenía a finales de 2005 y un 12,8% menor al que alcanzó en el primer trimestre de 2008, cuando tocó su pico máximo de 2.101,4 euros. Para el Gobierno, estos datos reflejan una «clara desaceleración» de la caída de los precios, según la directora general de Arquitectura y Política de Vivienda, Ángeles Marín, informa Servimedia.

Sin embargo, desde el comité ejecutivo del Banco Central Europeo (BCE), José Manuel González-Paramo aseguró que el abaratamiento de la vivienda debería producirse con «mayor celeridad», en unas declaraciones a TVE tras conocer la estadística que el Ministerio elabora con datos obtenidos de las tasaciones.

Las cifras oficiales ponen de manifiesto que la recuperación del sector está siendo heterogénea en función de las zonas del país, ya que hay comunidades (Galicia, Castilla-La-Mancha, Cantabria y Asturias) en las que el precio de las viviendas ha subido entre el 0,7 y 1,9%.

Mientras, en otras regiones, el stock de vivienda todavía no se ha absorbido y continúa el abaratamiento de la vivienda. Es el caso de la Comunidad Valenciana (donde la caída alcanzó el 6,5% en el tercer trimestre), la Comunidad de Madrid (-6%), Canarias (-5,9%), Baleares (-5,7%), Navarra (-5,5%), País Vasco (-5,3%) y Andalucía (-4,1%).

El descenso de los precios ha sido mayor en los pisos nuevos (-3,4% en tasa interanual), con lo que el metro cuadrado de las viviendas con hasta dos años de antigüedad ya se sitúa en 1.846,7 euros. Por su parte, los pisos de segunda mano registraron una caída del 3,3%, con un precio medio por metro cuadrado del 3,3%.

No obstante, si se comparan los precios del tercer trimestre con los del segundo, el descenso global es sólo de dos décimas, lo que según Marín es muestra de «una tendencia de estabilidad y reequilibrio entre oferta y demanda».

La directora de Arquitectura y Política de Vivienda reconoció que entre los factores que están sosteniendo esa vuelta al equilibrio figura el fin parcial de la desgravación por compra de vivienda habitual a partir de enero de 2011 para rentas superiores a 24.000 euros. La caducidad el próximo 31 de diciembre de las cuentas de ahorro vivienda abiertas entre 2004 y 2006 y las ofertas de la banca para deshacerse de sus inmuebles también han contenido las caídas, aunque Marín reconoció que no saber decir hasta dónde.

Madrid

Kraft eliminará 300 empleos en España

Aduce que tras la compra de Cadbury tiene puestos «duplicados y triplicados»

Kraft Foods también contribuirá a engordar la ya abultada lista de parados del Inem. La multinacional estadounidense ha comunicado a los sindicatos de Cadbury en Barcelona un recorte de 300 trabajadores del área administrativa y comercial en España, fruto de la duplicidad que ha generado en la plantilla la adquisición el pasado marzo del coloso británico de las golosinas.

Según han confirmado fuentes sindicales, la dirección ha reconocido que la incorporación de Cadbury, con unos 120 empleados en las oficinas de El Prat de Llobregat y una red comercial en toda España, ha supuesto tener tareas «duplicadas y hasta triplicadas».

Kraft ya cuenta en la capital catalana con la sede central de su unidad de galletas, Kraft Biscuits Iberia.

Los sindicatos han recibido esta semana documentación de la multinacional, que ofrecerá prejubilaciones a los trabajadores mayores de 54 años e indemnizaciones de 45 días por año para el resto de afectados.

La próxima semana está prevista una nueva reunión entre la dirección de Kraft y los sindicatos, para seguir negociando la salida de los empleados, aunque los representantes de la plantilla no son muy optimistas. «A medio plazo, no creo que nos salvemos del Expediente de Regulación de Empleo», han asegurado.

Por su parte, fuentes de la compañía indicaron ayer que el sobrante de plantilla no está cuantificado todavía, informa Europa Press.

Para los trabajadores de Kraft el aviso de despido llueve sobre mojado. En 2009, antes de ser adquirida por la multinacional americana, Cadbury cerró su fábrica de chicles Trident de Barcelona y trasladó la producción a Polonia, lo que supuso 170 despidos en El Prat.

Los despidos en Cadbury no serán la única reestructuración que ha acometido Kraft en España en los últimos tiempos. La multinacional trasladó el año pasado la producción de los quesitos El Caserio a una planta de Bélgica. Afortunadamente, Nueva Rumasa adquirió la factoría de Mahón (Menorca) y salvó los 180 puestos de trabajo.

Tras cuatro meses de asedio, Kraft logró hacerse con Cadbury por 12.700 millones de euros y ha creado un líder mundial del sector de las golosinas, con una cartera de más de 40 marcas de dulces, cada una de ellas con un volumen de negocios superior a los 100 millones de dólares anuales.

Tras la adquisición, el nuevo grupo se ha convertido en líder en los codiciados mercados de los países emergentes como Brasil, México, China, India y Rusia.

Cadbury con 186 años de historia, tiene marcas de chocolatinas muy conocidas en España como Huesitos o Tokke y es líder mundial en chicles gracias a Trident. Por su parte, Kraft con una antigüedad de 107 años cuenta con marcas como el café Saimaza, el queso Philadelphia, los chocolates Toblerone o Milka y las galletas Oreo

MARISA RECUERO / Madrid

Los controladores amenazan con 'bloquear el cielo'

La tensión entre Aena y el colectivo vuelve al máximo nivel por una auditoría

Los controladores aéreos siguen teniendo el poder. Una simple auditoría rutinaria en el centro de Torrejón de Ardoz (Madrid) desencadenó ayer una auténtica batalla verbal entre la Unión Sindical de Controladores Aéreos (Usca) y Aena que terminó en amenaza de cierre del espacio aéreo de Madrid, justo tres meses después de un amago de huelga en el sector.

El colectivo impidió a toda costa que un grupo de ingenieros de la empresa pública Ineco, dependiente también del Ministerio de Fomento, entrase en las instalaciones de Torrejón -centro desde donde se controlan las aproximaciones de los aviones al aeropuerto de Madrid-Barajas- para realizar las comprobaciones pertinentes sobre el trabajo que allí desempeñan.

El propio Camilo Cela, presidente de la Usca, se presentó en persona en el citado centro para advertir a los auditores de que, si no se iban, los controladores se levantarían de sus frecuencias y paralizarían el tráfico aéreo, según apuntaron fuentes oficiales de Aena. La sorpresa fue que el sindicato remitió un comunicado en el que acusó a la empresa de ser la autora de esa amenaza.

El colectivo justificó su comportamiento alegando que «los ingenieros no saben de la práctica del control aéreo», en palabras de uno de los portavoces de la Usca, César Cabo. Es más, se atrevieron a calificar la auditoría de «labor de comisariado político» por parte de Aena y acusaron a la empresa de querer fiscalizar su trabajo. Lo más grave fue que pusieron en entredicho, una vez más, la seguridad de los vuelos, achacando que la auditoría «coarta» sus funciones como controladores.

Aena explicó a este diario que realiza auditorías de calidad en todos los departamentos de la empresa para verificar la correcta aplicación de los procedimientos establecidos y la calidad del servicio ofrecido. No obstante, los controladores insistieron en que se encuentra «fuera de toda lógica operativa y fuera de los protocolos de auditoría de la propia empresa».

Disputas aparte, está claro que el tráfico aéreo en España vuelve a estar amenazado. Así lo corroboró, incluso, el propio César Cabo al asegurar que «con los controladores no vale todo». Y es que después de que hace apenas una semana la Usca abandonase las negociaciones con Aena para redactar un nuevo convenio colectivo, el sindicato volvió a encontrar una «excusa», como lo califica la empresa, para no seguir negociando.

El pasado 7 de octubre, el sector se levantó de la mesa de negociación acusando a Aena de incumplir el acuerdo de mínimos que firmaron hace dos meses para evitar una huelga de controladores. Precisamente, 24 horas antes, ambas partes se habían intercambiado las propuestas de reparto de la masa salarial del colectivo. La Usca quiere que los controladores vuelvan a ganar más de 300.000 euros en 2013, según apuntaron fuentes de Aena.

MACARENA LORA / Bruselas

La UE aprueba una tasa ecológica a los camioneros en las autovías

Los transportistas quieren negociar con Fomento cómo 'suavizar' el coste de la medida

Especial para EL MUNDO

Zapatero embustero

Los ministros de Transportes de los Veintisiete alcanzaron ayer un acuerdo que permitirá a los Estados miembros encarecer hasta cinco céntimos por kilómetro el peaje que pagan sus camioneros por transportar mercancías a través de las autovías y autopistas de Europa. La polémica tasa medioambiental, sobre cuya aplicación decidirá cada país, grava la contaminación atmosférica y acústica de los camiones que pesen más de 3,5 toneladas.

El ministro español de Fomento, José Blanco, que en los últimos días había criticado la norma por considerarla injusta para España y para otros países periféricos, se manifestó ayer «parcialmente satisfecho» con el texto acordado. Para Blanco, la directiva aprobada ayer, una versión edulcorada de la propuesta hecha por la Comisión Europea en 2008, entraña «avances importantes que favorecen el transporte español», dijo. No obstante, España -junto con Italia, Portugal, Irlanda y Holanda- votó ayer contra la directiva en Luxemburgo.

A falta de su ratificación por el Parlamento Europeo, la denominada Directiva Euroviñeta comenzará a aplicarse en 2012. Sin embargo, el Gobierno español no oculta su intención de ganar tiempo. «No tengo ningún interés en transponer esta directiva», admitió el ministro al término de la reunión con sus colegas europeos. Según explicó, espera que, para cuando la tasa se aplique, España haya salido de la crisis. Francia introducirá el nuevo peaje en 2012 y, según fuentes comunitarias, Portugal «no tardará en hacer lo mismo». «Nos preocupa mucho más la euroviñeta que empezó a aplicar hoy [por ayer] Portugal que la tasa medioambiental aprobada en Bruselas», aseguró Juan Antonio Millán, secretario general de Fenadismer, la patronal de los pequeños transportistas. Millán explica que el sector tiene «margen de maniobra» para negociar con el Gobierno hasta que se aplique la tasa ecológica: un mínimo de dos años hasta su transposición. Mientras, quiere que el Ejecutivo ofrezca a los transportistas «medidas» que minimicen el impacto de la tasa, informa B. P. Ramírez. «No podemos repercutir en los clientes ese aumento de costes», argumenta.

La flota de transportistas españoles, la de mayor tamaño de Europa -junto a Italia- y también la más moderna, según Millán, se verá especialmente afectada por el impuesto debido a la situación periférica de España y al importante volumen de exportaciones, sobre todo agroalimentarias, de la economía nacional. «Recorremos toda Europa», describe el dirigente de Fenadismer, «y cuanto más países cruzas, más te grava el impuesto».

Dentro de los 30.000 kilómetros de carreteras de pago que hay en la UE, varios países cobran ya una tasa, variable en función del tonelaje, las distancias o los horarios. A ojos del Ejecutivo comunitario, la euroviñeta «animará a las empresas a que inviertan en un transporte más eficiente y sostenibile».

La Federación Internacional de Transporte por Carretera considera que la nueva directiva es «mala para la economía y mala para el medio ambiente». También ha calculado que España podría recaudar con la euroviñeta 4.406 millones de euros anuales a partir de 2030. Pero, según el último acuerdo sellado ayer por los Veintisiete, ese dinero no será obligatoriamente invertido en transporte sostenibile, como inicialmente pretendía la Comisión. Debido a la presión de diversos Estados miembros, que se oponían, la Presidencia belga acabó convirtiendo la obligación en mera recomendación.

ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES: Socialismo catalán, el cólmo de la sinvergüencería



DANIEL G. SASTRE / Barcelona

El PSC saca ahora del programa las multas lingüísticas que aplica desde 2003

El PSC da un nuevo paso hacia la reconciliación con una parte de su electorado tradicional, desconcertada después de los pactos con Esquerra en la Generalitat. El programa de los socialistas para las elecciones incluye un punto que reniega de las multas lingüísticas que castigan, por ejemplo, a los comercios que no tienen sus rótulos en catalán. Pero la realidad es que este tipo de sanciones se impone sólo desde 2003, cuando el tripartito relevó a CiU en el Govern. Tanto el responsable del programa socialista, Pep Martí, como la diputada autonómica Rocío Martínez-Sempere renegaron ayer de estas sanciones porque los «pequeños problemas» lingüísticos deberían afrontarse con «otro tipo de medidas».Sigue en página 10

Ambos se mostraron partidarios de que la Generalitat tenga una actitud pedagógica con los comerciantes que no rotulen sus establecimientos en catalán para que lo acaben haciendo por voluntad propia. En última instancia, si el PSC consigue mantenerse en el Gobierno catalán, las multas servirían para castigar «a quien tenga un numantinismo ideológico» contra esas obligaciones legales.

El programa electoral del PSC, que se acabará de perfilar este fin de semana, incluye un párrafo que alude a las cuestiones idiomáticas y dice: «Trabajaremos desde el fomento, no desde la coacción ni el enfrentamiento. Las sanciones no son una buena práctica para una política lingüística en positivo».

Las multas lingüísticas aparecieron por primera vez en el ordenamiento legal catalán en 1998, con la Ley de Política Lingüística. La disposición adicional quinta de ese texto establece sanciones para quienes no la cumplan. Pero Jordi Pujol, entonces presidente de la Generalitat, nunca las aplicó.

No fue hasta 2003, con la llegada de PSC, ERC e ICV al poder, cuando se empezó a multar a comerciantes. Ese año se impusieron dos sanciones, 22 en 2004, 119 en 2005, 194 en 2006, 138 en 2007, y en 2008 se multó a 209 establecimientos catalanes. La Generalitat recaudó más de 550.000 euros en esos ejercicios por este concepto.

Todo apunta a que la postura del PSC obedece a la voluntad de su candidato, José Montilla, de reivindicar en la campaña los lazos con España, en oposición al giro hacia el independentismo que detecta en CiU y en su líder, Artur Mas.

Hasta ayer, los socialistas nunca habían renegado de las multas lingüísticas. El consejero de Economía, Antoni Castells, las defendió en una respuesta parlamentaria al diputado José Domingo, que pedía la derogación de las sanciones. Y el secretario de Organización del PSC, José Zaragoza, afirmó en febrero que los socialistas «no cambiarían la ley» si gobernasen en solitario.

De hecho, la Ley del Código de Consumo, que se aprobó hace menos de un año con el apoyo de los socialistas catalanes y que el PP ha recurrido recientemente ante el Tribunal Constitucional (TC), endurece las multas lingüísticas. Las sanciones, que hasta ese momento eran como máximo de 3.000 euros, llegan ahora hasta los 10.000 euros. Además, entre los «derechos lingüísticos» de los clientes de un establecimiento se halla la de encontrar en catalán una larga lista de documentos. Entre ellos, los contractuales, los presupuestos, las facturas y las informaciones necesarias para el «adecuado consumo».

Otro de los puntos estrella del programa del PSC es la reclamación de una reforma federal de la Constitución que implicaría, entre otras cosas, cambiar el funcionamiento del Senado y de otras instituciones del Estado.

«Apostaremos por una reforma de la Constitución, con el consenso necesario, que refuerce todos los instrumentos federales del Estado, incluyendo la configuración de un Senado como auténtica cámara territorial de cooperación entre los territorios, dotada de mayores competencias en el proceso legislativo y del control del Gobierno», señala el texto.

Los socialistas, sin embargo, no han incluido en principio en su programa ninguna alusión al grupo propio en el Congreso de los Diputados, como piden los sectores catalanistas más acérrimos del partido.

El Código de Consumo llega al TC

La Defensora del Pueblo en funciones, María Luisa Cava de Llano, presentó ayer un recurso de inconstitucionalidad contra el Código de Consumo Catalán, que establece sanciones de hasta un millón de euros si no se atiende en catalán, según confirmaron fuentes de la institución. «Es un tema muy meditado por mi parte y creo que se debe hacer porque lo creo necesario para defender a todos los catalanes y no sólo a un sector de Cataluña», adelantó Cava a RNE. Asimismo, consideró que su decisión es «coherente» con las sentencias del TC, que han marcado unas pautas, y que le llama la atención que haya administraciones que no las acaten. El presidente de la asociación Impulso Ciudadano, José Domingo, se felicitó por la noticia tras haber recurrido el Código en verano. Después lo haría también el PP.

DANIEL G. SASTRE / Barcelona

Puigcercós desafía a Montilla y apoya a Ausàs con la consulta independentista

El líder de ERC llama a «dar cobertura» al 'referéndum' de abril en Barcelona

La tumba de Lluís Companys, de quien ayer se conmemoraba el 70 aniversario de su fallecimiento, fue testigo del último enfrentamiento entre miembros del tripartito catalán. El presidente de ERC, Joan Puigcercós, se enfrentó abiertamente con el presidente de la Generalitat, José Montilla, y terció por el apoyo institucional a la consulta independentista que se celebrará en Barcelona el 10 de abril de 2011.

El consejero de Gobernación, Jordi Ausàs (ERC), se reunió el jueves con la entidad Barcelona Decideix, responsable de la convocatoria de ese referéndum. Les prometió que la Generalitat participaría en la organización y proporcionaría urnas y expertos para garantizar su «buen funcionamiento».

Pero, horas después, Montilla desautorizó duramente a su consejero con un comunicado en que afirmaba que había dado instrucciones a Ausàs de «no colaborar en la organización de la consulta». Añadía que, «contrariamente a lo que había anunciado por la tarde la Conselleria, el Gobierno catalán no dará apoyo a esta convocatoria, que el presidente respeta como iniciativa cívica, pero que, según el actual ordenamiento jurídico, no puede tener el apoyo institucional de la Generalitat».

Ausàs y Montilla intentaron ayer dar una imagen de unidad llegando juntos al homenaje a Companys, pero Puigcercós se encargó de destrozar esa impresión. El líder de Esquerra aseguró que Ausàs había hecho «lo que tocaba».

Además, Puigcercós advirtió de que si su formación se mantiene en el Govern tras las elecciones autonómicas, seguirá prestando apoyo a la entidad organizadora, y recordó que Gobernación ha prestado «urnas» a «muchas» otras entidades, sin precisar cuáles.

Además de salir en defensa del consejero de su partido, Puigcercós pidió a todo el mundo que se «relaje» y que esté «en su sitio» porque apreciaba muchos «nervios», en clara alusión al presidente de la Generalitat.

Puigcercós replicó a Montilla después de participar en la tradicional marcha de antorchas que ERC hace en homenaje del ex presidente Companys en el castillo de Montjuïc, donde le fusilaron hace 70 años.

A pesar de la posición clara del presidente catalán, Puigcercós aseguró que el Govern debe «escuchar» y «dar toda la cobertura» a una entidad como Barcelona Decideix. Los organizadores quieren que la consulta de la capital catalana sea el colofón a la ronda de referendos sin validez que se celebra en Cataluña desde hace casi un año.

Puigcercós aprovechó también para preguntarse en voz alta si un hipotético Govern de CiU daría «cobertura a las consultas». Y concluyó felicitando otra vez a Ausàs por «estar donde debía estar», porque «a nadie le tiene que dar miedo la causa de la libertad».

En el mismo lugar, la número dos de la lista del PSC a las autonómicas, Montserrat Tura, se puso de lado del presidente Montilla y minimizó el incidente con Gobernación. Recordó, por ejemplo, que la consulta se celebrará en abril del año que viene y nadie sabe qué color tendrá entonces el Gobierno catalán. «Vete tú a saber quién tendrá en esos momentos la responsabilidad de decidir», afirmó.

Tura también reprochó al líder de ERC, Joan Puigcercós, que criticara la reacción del presidente de la Generalitat con la consulta de Barcelona, y le respondió que no es el momento de tratar esta cuestión el día en el que se honra la memoria del presidente Companys y todos los represaliados por el franquismo.

En cambio, la consejera de Justicia consideró oportuno que Montilla expresara la opinión de la Generalitat en relación con la consulta para dejar claro que la convocatoria independentista es legítima pero «no es la del Govern».

El presidente de Ciutadans, Albert Rivera, criticó que la desautorización de Montilla a Ausàs llegue después de que el presidente catalán haya pasado «cuatro años gobernando con independentistas».

D. G. S. / Barcelona

Benach exige disculpas a España por la muerte del asesino Companys

Montilla cree que el ex 'president' simboliza el espíritu de unión

El presidente del Parlamento catalán, Ernest Benach, protagonizó ayer los actos de conmemoración por el 70 aniversario del fusilamiento de Lluís Companys. Reclamó a España que «pida perdón» por la muerte del que fue el último presidente de la Generalitat durante la Segunda República.

Benach, número dos en la lista de Esquerra Republicana para las elecciones del 28 de noviembre, participó en la tradicional ofrenda floral y luego insistió en que debería anularse el proceso por el que la justicia franquista condenó a muerte a Companys. «España debe demostrar que es una gran nación pidiendo perdón por el fusilamiento. Honrando al president Companys, España se honrará a sí misma», dijo.

El presidente del Parlament añadió que el juicio, que se celebró después de que la Gestapo capturara a Companys en Francia y lo entregara a las autoridades franquistas, consiguió «matar a la persona, pero no consiguió matar a la nación», que es Cataluña.

El discurso de José Montilla fue de tono muy diferente. El presidente de la Generalitat aseguró que los ex presidentes de la Generalitat Lluís Companys y Francesc Macià «simbolizan el espíritu de aquella Cataluña y de aquella España que caminaban juntas, desde el conocimiento, la solidaridad y el respeto mutuos».

Ante el monolito dedicado a Companys en Montjuïc, Montilla destacó que el Gobierno catalán actual ha dado «los pasos necesarios para la restitución de su memoria y dignidad como nunca lo había hecho ningún otro Govern», dando a entender así que considera rehabilitada la figura de Companys con la declaración emitida por el Gobierno español.

Montilla daba así de lado a la última petición del consejero de Interior, Joan Saura, que solicitó a título personal que se reforme la Ley de Memoria Histórica como paso «definitivo» para conseguir la nulidad del juicio de Companys y de todas las víctimas del franquismo.

«Sólo cuando se satisfacen las exigencias del Estado de Derecho estamos a la altura de nuestras responsabilidades éticas y democráticas», dijo el presidente catalán, a quien acompañaron todos los miembros de su Ejecutivo.

Asimismo, destacó que «sin necesidad de caer en la idolatría, reconocer y respetar el legado de nuestros presidentes honra la institución de la Generalitat y fortalece la voluntad colectiva de autogobierno, bajo un sentimiento de patria plural y diversa».

Y tras esta mención, Montilla opinó que hay un lazo «indisociable» entre autogobierno y bienestar de la ciudadanía catalana, por lo que «no hay avance nacional sin progreso y cohesión social», apostilló, según informa Efe.

Por otra parte, Montilla aseguró que Cataluña es una «nación consciente y no prisionera de su historia, que sabe y quiere mirar adelante», y añadió: «Lo hace con la insobornable voluntad de gobernarse con los instrumentos adecuados, al servicio del bienestar y del progreso de los siete millones y medio de catalanes».

Madrid

Aguirre: «No todas las prostitutas son esclavas»

La presidenta de Madrid responde a las cuestiones de los lectores de ELMUNDO.es

Esperanza Aguirre ya sorprendió hace dos semanas cuando, en el programa La Vuelta al Mundo de Veo7, se mostró a favor de legalizar y regular la prostitución y de debatir sobre la legalización de las drogas. Ayer, en un chat con los lectores de ELMUNDO.es, explicó un poco más estas ideas.

Un lector elogiaba a la presidenta de Madrid porque «se le entiende perfectamente todo».

Primero, Aguirre dijo no estar de acuerdo «con los buenistas que creen que todas las prostitutas y prostitutos son esclavos». Para que no se le eche nadie encima, aclaró que claro que «hay que acabar con la esclavitud de muchos hombres y mujeres». Pero insistió en lo que ya dijo hace un par de semanas: «Quien quiera pagar y recibir dinero libremente a cambio de sexo no creo que tengamos derecho a impedírselo, siempre que las dos partes quieran».

Respecto a las drogas, reiteró que está a favor de que se abra un debate sobre «quitar la prohibición en todo el mundo». «No olvidemos que en España, antes de la guerra, la morfina, la heroína y la cocaína se vendían libremente en las farmacias y, al no alcanzar precios altos, no traían consigo ningún problema de orden público», adujo.

En otro orden de cuestiones, Esperanza Aguirre quiso dejar claro que comulgar con las ideas principales que caracterizan al Tea Party estadounidense (emblema del pensamiento liberal) no significa que comparta «su visión de los homosexuales». «Estoy en radical desacuerdo», afirmó.

Pero el tema común denominador de muchas preguntas de los lectores fue su rival en las próximas elecciones, el recién elegido candidato socialista Tomás Gómez.

Aguirre transmitió la imagen de que no le preocupa mucho la rivalidad con él. «No tiene un proyecto para Madrid que pueda ilusionar a los madrileños», sostuvo. Y lo puso en contraste con «los 100 kilómetros de metro, los ocho hospitales nuevos, los 67 centros de salud y la escuela pública bilingüe que ha puesto en funcionamiento el Partido Popular».

Respecto a la limitación de mandatos que propuso Tomás Gómez, adujo el «inconveniente» de que, por ejemplo, en EEUU «el segundo mandato recibe el nombre de pato cojo por la falta de proyecto de futuro, al tener fecha de caducidad». También le sacó los colores a Gómez porque se presentó a un tercer mandato en el Ayuntamiento de Parla.

Algunos lectores le plantearon la posibilidad de acceder a la Presidencia del Gobierno. Ella, que dijo no pensar en el futuro, sí que dijo que, si estuviera en La Moncloa, acometería «las tres reformas que necesita España: la educativa, la energética y la laboral».

OORBYT.es

>Vea hoy en EL MUNDO en Orbyt el encuentro digital con Aguirre

Madrid

Gómez matiza la limitación de mandatos

Alega que su propuesta no se refiere a Zapatero, sino a abrir un debate a largo plazo

Tomás Gómez tuvo que precisar ayer que su propuesta de limitar a dos los mandatos electorales no se refería al presidente del Gobierno. En declaraciones a Antena 3, esgrimió que lo que había dicho al respecto era «una reflexión de fondo» que debe incorporarse «a la cultura política en este país a medio y largo plazo». Desde luego, insistió, no para «una coyuntura determinada» ni para las próximas elecciones, «ni probablemente para dentro de cuatro o seis años».

Gómez explicó que la limitación de mandatos «no se puede pedir a un solo partido», sino que «tienen que ser todos y tiene que ser una reflexión política profunda». «Establecer una cultura política no se hace en dos días; no se hace mañana regulando leyes o los estatutos de los partidos», añadió. El candidato socialista madrileño recordó que su rival en las autonómicas de mayo de 2011, Esperanza Aguirre, se presentará por tercera vez y que él mismo optó a una tercera elección siendo alcalde de Parla, informa Efe.

Aclarado esto, el secretario general del PSM aseguró que «nadie tiene ninguna duda de que José Luis Rodríguez Zapatero va a ser el candidato y el próximo presidente del Gobierno» y que su relevo «no está en la cabeza» de «ninguno» de los dirigentes socialistas.

«No hay en estos momentos ningún debate interno en el Partido Socialista sobre el liderazgo de Zapatero», aseguró Gómez, que enfatizó su «apoyo» al presidente «para darle la vuelta a las encuestas».

Ayer, otros dos dirigentes socialistas se pronunciaron sobre la limitación de mandatos. Tras el Consejo de Ministros, la vicepresidenta primera, María Teresa de la Vega, además de insistir en el «indiscutible» liderazgo de Zapatero, interpretó las palabras de Gómez del día anterior como una «reflexión personal» que «en ningún caso» cuestiona el liderazgo del jefe del Ejecutivo.

El presidente del Congreso de los Diputados, José Bono, fue más original cuando le preguntaron. «Vamos a darles a ustedes un titular falso», dijo. «Yo estoy muy de acuerdo con la limitación de mandato, sobre todo de los perdedores». A continuación desencriptó su mensaje apuntando, sin señalar, a Mariano Rajoy: «A esa gente que no hace más que perder y se presentan a una y a otra, hay que limitarlos». «Hay algunos a los que se les nota cara de que lo que les gusta es perder y fumar, y las dos cosas son muy malas», añadió.

JUAN NIETO / Alicante

Dimite un alcalde «agobiado» por el acoso de los vecinos y la crisis

El regidor de Balones esquiva a amigos a los que el Ayuntamiento debe dinero

Esta era su segunda legislatura al frente del Gobierno local de Balones, un pequeño municipio de la provincia de Alicante que apenas roza los 130 habitantes. Pero Juan Ramón Nadal, del PP, no ha aguantado más y ha decidido dejar «voluntariamente» la Alcaldía. Y es que mientras en otros municipios como Polop, también en Alicante, la obsesión por el poder acaba con el asesinato de un alcalde, en Balones el que fuera regidor desde 2003 deja el cargo al sentirse «agobiado» por el «egoísmo» de los vecinos.

La vida pública de un político de pueblo dista mucho del estereotipo de alcalde convencional. Nadal no tiene asesores. Por no tener, no tiene casi ni funcionarios, ni tampoco sueldo público. «Si yo cobrara lo mismo que Zapatero y Camps, te aseguró que también aguantaría abucheos y lo que hiciera falta», responde cuando se le pregunta por lo que suelen soportar los responsables públicos actuales.

«Yo no cobro un céntimo», subraya. Es más, entiende que tiene «demasiadas responsabilidades» ante los vecinos. «A mí me ha costado dinero ser alcalde; cuando el pueblo se ha quedado incomunicado por la nieve, yo me he ido por los caminos con mi retroexcavadora quitándola para que todos tuviéramos bien el acceso a Balones», narra.

La situación se «va acumulando» e, incluso, acaba perjudicando su vida familiar. Como ejemplo cita que sus vecinos se presentan en su casa «a cualquier hora del día o de la noche» para tratar de que les solucione problemas que, en muchos casos, no tienen que ver con la actuación de un alcalde. «La situación llega hasta el punto de que te exigen más de lo que puedes; es un sin vivir para mí y para mi familia, ya que mi casa se convierte en el Ayuntamiento, sin horarios y con problemas a veces de hace más de 20 años y entre familias», relató ayer Nadal.

A todo ello hay que sumar, dice el todavía alcalde, que cuando empezó en política tenía «un montón de amigos», y ahora «muchas veces» se tiene que cambiar de acera cuando los ve, dado «que es gente que ha hecho trabajos y se le deben facturas de 400 o 500 euros que no podemos pagar» por el mal estado de la economía municipal.

No obstante, la gota que colmó el vaso para tomar la decisión de dimitir han sido las obras de rehabilitación del cementerio de la iglesia. «Hay gente que no tiene respeto a nada» en su intento por escoger «un nicho en buen sitio», dice.

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DIOS NOS LIBRE DEL SOCIALISMO: El Gorila Chávez tras los pasos del otro peligro mundial, Almadineyat



Zapatero embustero

Acuerdo nuclear en Moscú.

Dimitri Medvedev y Hugo Chávez firmaron ayer en la capital rusa un pacto para construir una planta atómica en suelo venezolano. Aunque el inquilino del Kremlin y el líder bolivariano no comunicaron una fecha concreta, el jefe del consorcio nuclear Rosatom, Serguei Kirijenko, afirmó que la central estará lista en un plazo de 10 años.

GIONATA CHATILLARD / Madrid

«Zapatero y Lula son los mayores aliados de Chávez»

Roberto Enríquez no tiene prisa. Considera inevitable la caída de Hugo Chávez, pero cree que el cambio puede y debe esperar. El presidente del COPEI cosechó -junto a sus aliados de la Mesa de la Unidad Democrática- el 52% de los votos en las últimas legislativas, pero prefiere no «forzar» un referéndum revocatorio contra el mandatario venezolano: «No andamos embriagados

Zapatero embustero

de victoria, sabemos que el electorado nos ha dado un voto de confianza con fecha de caducidad. Y esa fecha es diciembre de 2012, cuando se celebren las elecciones presidenciales».

En realidad, la «victoria» de la oposición no fue completa. La heterogénea coalición que desafió a Chávez no logró la mayoría de los escaños, aunque sí impidió que el oficialismo alcanzara los dos tercios necesarios para controlar el Legislativo. La culpa, según el democristiano Enríquez, la tiene el «perverso» sistema electoral venezolano.

Pregunta.- Chávez desafía a la oposición a co nvocar un referéndum revocatorio. Cifras en la mano, el presidente perdería. ¿Por qué la oposición no acepta el reto?

Respuesta.- Porque no somos tontos y no vamos a caer en la trampa de Chávez. El referéndum revocatorio de 2004 generó un trauma social: surgieron listas de perseguidos y a quienes firmaron por la convocatoria se les denegaron permisos, créditos, empleos... Muchos fueron despedidos. Además, todo apunta a que va a haber un cambio en 2012, porque la confianza en Chávez ha caído vertiginosamente.

P.- ¿La división en las filas opositoras no tiene nada que ver con la decisión de evitar la consulta?

R.- Para nada. La razón es que la experiencia anterior fue traumática, no fue transparente.

P.- ¿Y las últimas elecciones fueron transparentes?

R.- No me atrevería a decir que no lo fueron, pero sí hubo un claro abuso de poder. El sistema electoral venezolano es el más perverso y excluyente del mundo. Si la mayoría no hubiera alterado las circunscripciones unos meses antes de los comicios, la Mesa de la Unidad Democrática habría obtenido 95 parlamentarios, contra los 65 de Chávez. Pero con una triquiñuela aritmética lograron convirtir la minoría en mayoría.

P.- El nuevo Parlamento no entrará en funciones hasta el año que viene. ¿No teme que Chávez cambie las reglas del juego antes?

R.- Nosotros no asumimos ninguna actitud quejosa. Nos enfrentamos a un Gobierno autocrático, pero su derrota en 2012 es inevitable.

P.- Pero el presidente lleva 12 años ganando. ¿Cuál es su secreto?

R.- Tres secretos: petróleo, petróleo y petróleo. Chávez ha promovido un régimen populista y anacrónico utilizando de forma estratégica el crudo, tanto interna como externamente. Por desgracia hay Gobiernos, como el español, que dan más importancia a un barril de petróleo que a un ser humano y que acaban siendo unos tontos útiles o unos cómplices necesarios.

P.- ¿En qué se equivocó el Gobierno de Zapatero?

R.- Su actitud no ha sido ni ética ni solidaria con el drama que vive no sólo el pueblo venezolano, sino también la gran comunidad española en mí país. No hubo ninguna firmeza ante las expropiaciones o ante la actitud colaboradora y la coincidencia ideológica entre el Gobierno venezolano y los terroristas de ETA o de las FARC. El Gobierno español se ha dedicado a excusar a Chávez. Zapatero y Lula son sus dos grandes compadres a nivel internacional.

G. C. / Madrid

«El 64% de la población trabaja de forma ilegal o está en el paro»

Los dirigentes del COPEI saben por experiencia personal cómo se llevan a cabo las expropiaciones del Gobierno chavista. Si el presidente Roberto Enríquez tiene a familiares directamente afectados por las confiscaciones bolivarianas, el diputado Eduardo Gómez Sigala llegó a enfrentarse el año pasado a los soldados que ocupaban una finca de su propiedad. «En el momento de la expropiación estaba en Colombia. Volví y vi en la finca a militares y funcionarios del Gobierno», explica.

«Estaban destruyendo la caña de azúcar, aunque sólo faltaba un mes para la cosecha. Cuando, en septiembre de 2009, invité a la prensa para que viera lo que estaba pasando, hubo un forcejeo para impedir la entrada a los periodistas y me detuvieron durante un día bajo la acusación de haber agredido a los soldados», añade el también ex presidente de la patronal venezolana, que aún tiene un proceso abierto.

Lo peor, según denuncia el COPEI, es que se trata de verdaderas confiscaciones, ya que sólo en el 9% de los casos los afectados han recibido indemnizaciones. «En el país ya han sido expropiadas más de 1.800.000 hectáreas de tierras que el Estado deja hoy abandonadas», denuncia Sigala, indicando una cifra equivalente a la superficie de Navarra y el País Vasco, y subrayando que Chávez acaba de anunciar nuevas medidas de este tipo. «Antes, las intervenciones estatales afectaban a unas 40 empresas al año; ahora, a cerca de 180. Y el gran beneficiario de esta destrucción de la capacidad productiva interna es Brasil. Lula ha sido un gran protector de Chávez y ha defendido políticas que permiten a su país vendernos todo lo que hemos dejado de producir».

Sigala, que se reunió en Madrid con el popular Mariano Rajoy junto a sus compañeros del COPEI, asegura que el modelo chavista es inviable, «porque ningún país se sostiene sólo con las importaciones».

«Necesitamos crear empleos, no programas asistenciales», señala. «En el país más del 50% del trabajo es informal. Eso significa que el 64% de la población o está trabajando de forma ilegal o está en el paro».

JANE MACARTNEY / Pekín

Cien voces para quitar la mordaza del Nobel preso

La disidencia reta al Gobierno chino con una carta en la que pide que le excarcelen

The Times / EL MUNDO

Una semana después de que el Comité Nobel concediera el premio de la Paz al disidente chino encarcelado Liu Xiaobo, más de 100 activistas han desafiado al Partido Comunista publicando una carta abierta para pedir su liberación. Muchos de los signatarios, que incluyen a prominentes abogados y respetados académicos, habían sido ya escogidos como objeto de acoso e incluso detención por expresar su apoyo a Liu.

Cui Weiping, profesora de cine, cuenta que recibió una llamada de la policía «para tomar una taza de té» antes de que la petición se hiciera pública. «Lo esperaba. Utilizan los viejos métodos, emiten las viejas amenazas, que podría perder mi trabajo, por ejemplo. No pararé».

La carta afirma: «En los días previos al anuncio de este premio, líderes de muchas naciones, regiones y organizaciones mundiales hicieron un llamamiento a China para que libere a Liu Xiaobo. Nosotros estamos de acuerdo». El liderazgo del partido -que ha criticado duramente a Noruega y calificó la decisión de «complot occidental», tachando a los laureados Liu y el Dalai Lama como «marionetas políticas de las fuerzas occidentales»- se irritará aún más con la declaración. El aparato de seguridad podría aplicar castigos a los firmantes, que van desde Xu Youyu, profesor de filosofía y antiguo emérito de Oxford, a Pu Zhiqiang, abogado y activista o Li Datong, periodista de un diario estatal al que destituyeron por informar sobre asuntos sensibles.

Xu, que organizó la temeraria iniciativa, expresó su esperanza en que las autoridades no encarcelen o detengan a ninguno de los signatarios. «Estamos todos mentalmente preparados para cualquier eventualidad, aunque creo que si bien detenernos no sería bueno para nosotros, tampoco convendría al interés del partido». Docenas de activistas han sido detenidos o acosados con motivo de la concesión del Premio Nobel, advirtiéndoles de que no aprovechen el galardón para crear problemas.

En plena polémica, el Partido Comunista chino abrió ayer su congreso anual, en medio de expectativas de cambio por los últimos llamamientos internos, según Efe.

Los principales líderes comunistas, encabezados por el presidente, Hu Jintao, y el primer ministro, Wen Jiabao, se reunirán hasta el 18 de octubre en el Hotel Jingxi (oeste de Pekín), en un encuentro a puerta cerrada que, como en años anteriores, está rodeado de secretismo.

Las mayores expectativas proceden de los llamamientos lanzados por el primer ministro en las semanas previas a emprender reformas políticas, después de que el país haya vivido 30 años de cambios económicos sin precedentes. A ello se unió la petición de gran parte de la comunidad internacional para que el régimen comunista avance hacia la democracia. Dentro del plenario podrían debatirse ambos sucesos, que han sacudido el seno de la formación política fundada en 1921 y en el poder desde 1949, aunque el segundo ha pasado desapercibido en China debido a la férrea censura a la que está siendo sometido.

También se han censurado, aunque no en su totalidad, las llamadas a la reforma política del primer ministro, quien la semana pasada destacaba en una entrevista a la CNN la importancia de fomentar la libertad de expresión en el país.

Paralelamente, esta semana se publicó una carta firmada por varios influyentes veteranos del PCCh (entre ellos Li Rui, antiguo secretario del fundador de la formación, Mao Zedong) pidiendo también reformas políticas.

Además, la agencia oficial Xinhua mencionaba el jueves llamadas de responsables de la formación pidiendo una «discusión auténtica de las teorías del Partido», en lugar de la habitual retórica vacía de este tipo de reuniones.

Los llamamientos han despertado optimismo en medios chinos, incluso los oficiales, como el diario Xiaoxiang Morning Post, que tituló que «China está a punto de lanzar sus terceros 30 años de reforma» (los primeros serían la era de Mao, y los segundos, la reforma económica y política de Deng Xiaoping).

También los internautas chinos han mostrado moderado optimismo, y algunos de ellos, según el independiente South China Morning Post, aseguran que si Wen logra sacar adelante sus ideas será un personaje tan importante para la historia de China como Mao o Deng.

PEDRO POZA MAUPAIN / Copenhague

China libera al asesino confeso de una joven noruega de 21 años

La prensa lo considera una represalia por el premio a Liu

Especial para EL MUNDO

La crisis diplomática entre China y Noruega por la concesión del Nobel de la Paz al activista encarcelado Liu Xiaobo corre peligro de agravarse tras saberse ayer que las autoridades chinas han liberado a Zhao Fei, un joven de 26 años que según propia confesión, asesinó a su ex novia, la noruega Pernille Marie Thronsen, el pasado 29 de agosto en Budapest.

Thronsen, de 21 años, murió apuñalada en un albergue juvenil de la capital húngara, el City Guesthouse Flora. Zhao Fei huyó de Hungría el mismo día del asesinato y se entregó a la policía china hace aproximadamente un mes. Según Tang Hongxin, un prominente abogado defensor chino consultado por el diario noruego Dagbladet, la liberación de Zhao Fei ha seguido el procedimiento reglamentario. «La confesión no es suficiente para condenarle si no existen pruebas que confirmen el crimen», explica. «Transcurridos 30 días del encarcelamiento debe ser puesto en libertad. Es un sistema similar al que existe en Occidente».

Las autoridades húngaras se muestran reticentes a informar a China sobre las circunstancias de la muerte de Thronsen ante la posibilidad de que Zhao Fei sea condenado a muerte. Dagbladet, sin embargo, considera altamente sospechoso que el presunto asesino saliese de prisión horas después de la concesión del Nobel a Liu Xiaobo e interpreta la liberación como una represalia.

Ragnhild Imerlund, portavoz del Ministerio de Exteriores noruego, negó ayer al diario que la noticia se mantuviese en secreto para no empeorar la situación: «Lo supimos ese mismo viernes, pero es un asunto policial que se encuentra bajo investigación en colaboración con Hungría y China, y es la policía la que mantiene informada a la familia de la víctima». Dijo que por ahora no existen pruebas de que haya una relación entre el Nobel y la liberación.

En cualquier caso, el Gobierno noruego, que hasta ahora había mantenido una actitud conciliadora ante las muestras de disgusto por el premio procedentes de Pekín, advirtió ayer por primera vez, sin mencionar el caso Thronsen, que contempla adoptar medidas de reciprocidad ante la «decisión china de estropear» las relaciones entre ambos países.

«Nuestra paciencia tiene un límite», indicó el ministro de Asuntos Exteriores noruego, Jonas Gahr Store, en una conferencia de prensa celebrada después de reunirse con el embajador chino en Oslo, Tang Guaqiang. «Es absurdo que el premio conduzca a semejante deterioro. El Comité del Nobel es un órgano independiente del Gobierno», añadió. Desde que Liu Xiaobo fue galardonado, Pekín ha bloqueado importantes acuerdos económicos con Noruega y cancelado visitas bilaterales de delegaciones de alto nivel.

En medio de la polémica, la familia Thronsen exigió ayer a China, por medio de su abogada, Karoline Henriksen, que «garantice que Zhao Fei será castigado por el crimen que ha confesado haber cometido».

OTRO MONTAJE A LA DESESPERADA DEL PSOE



M. GASPARET / Valencia

El PSOE atribuye a un consejero de la Generalitat una trama para malversar

Acusa a Rafael Blasco de diseñar una «red clientelar» que recibió 32 millones

Zapatero embustero

El PSOE valenciano acusó ayer al actual consejero de Solidaridad y Ciudadanía del Gobierno Camps, Rafael Blasco, de haber sido el artífice de diversas «tramas», de raíz asociativa o empresarial, destinadas a captar y «malversar» subvenciones públicas.

Los socialistas no han acudido al juzgado de guardia, pero sí al fiscal de su Gobierno al creer tener pruebas de que esta legislatura la Consejería de Blasco ha «prevaricado» con las ayudas al desarrollo, si bien recuerdan diversos episodios de su gestión al frente de las políticas de bienestar y de los movimientos asociativos para fundamentar sus acusaciones. Creen que Camps está detrás de la creación de distintas «redes clientelares» que habrían recibido hasta 32 millones de euros de la Generalitat. Entre ellas, destacan una supuesta trama constituida al calor de las ayudas al desarrollo.

En concreto, la Generalitat Valenciana adjudicó a dedo la «gestión y supervisión» de la construcción en Haití de un hospital de 3,8 millones de presupuesto, concebido para atender a 150.000 personas. La adjudicataria fue Solidaria entre Pueblos, una ONG sin experiencia -fundada en diciembre de 2008- que, a su vez, subcontrató el proyecto a otra fundación: Esperanza sin Fronteras.

Entre la asociación elegida por el Consell «por su capacidad para garantizar el éxito del proyecto» y la que realmente gestiona la obra existe una controvertida relación -desde el punto de vista de la Ley de Fundaciones- que se ha convertido en moneda corriente en el cooperativismo valenciano: los fundadores de la adjudicataria son empresarios cuyas empresas facturan habitualmente por trabajos diversos, muchas veces de asesoría tanto a Esperanza sin Fronteras como a otras ONG que, en los últimos años, han copado buena parte de las ayudas al desarrollo.

Con objeto de supervisar la construcción del hospital, Solidaria entre Pueblos ya ha recibido un fondo de 177.779 euros provenientes de las aportaciones ciudadanas en las cuentas abiertas por la Generalitat para ayudar a la reconstrucción de Haití tras el terremoto de enero de 2010. La oposición en Valencia ha puesto en conocimiento de la Fiscalía documentación probatoria -a su decir- de que existe una «trama organizada» para «prevaricar y malversar» dinero público procedente de las subvenciones al Tercer Mundo. Los socialistas estiman en más de 9,6 millones de euros el dinero público al que habría tenido acceso esta supuesta «organización» y acusan al consejero de Solidaridad y Ciudadanía de la Generalitat, Rafael Blasco, de estar detrás de esta «red clientelar».

Fundamentan sus acusaciones en un acta de una reunión del Comité Permanente de Acción Humanitaria, del 3 de septiembre de 2010, y en un singular resumen de la gestión acometida por Blasco en su trayectoria como responsable de las políticas de bienestar y de asociacionismo ciudadano desde 2001. Como carga de la prueba, que los nombres de los fundadores de Solidaridad entre Pueblos aparecen y reaparecen vinculados en diversos contratos con la Generalitat, así como relacionados con la creación de un partido independiente de izquierdas que habría arrebatado al PSOE 10.000 votos y dos alcaldías. Los socialistas añaden que todo el «entramado Blasco» habrá recibido 32 millones de dinero público desde 2001. El PP atribuyó las acusaciones del PSOE a una «campaña».

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