EDITORIALES: El FMI tampoco se cree las cifras del Gobierno

El FMI tampoco se cree las cifras del Gobierno

EL FMI puso ayer en cuestión los Presupuestos Generales del Estado, subrayando que las previsiones del Ejecutivo parecen «optimistas». En realidad, su informe es una seria enmienda al proyecto enviado por el Gobierno al Parlamento, cuyas principales magnitudes considera inverosímiles.

En cuanto al crecimiento, el FMI predice que España acabara este año con una caída del 0,3% del PIB y para 2011, estima un aumento del 0,7% que contrasta con el 1,3% que prevé el Ministerio de Economía.

El informe tampoco se cree los compromisos del Gobierno español para reducir el déficit, por lo que insta a Zapatero a adoptar «medidas adicionales para reducir la probabilidad de desviaciones». De forma más explícita, el FMI asegura que los elevados déficits fiscales de España y EEUU impedirán «estabilizar la deuda» en ambos países de aquí al año 2015.

Ello desmiente a Zapatero que afirmó hace un par de semanas en Nueva York que la crisis de la deuda estaba «superada», lo cual es difícilmente sostenible con la propia previsión presupuestaria, que estima que España tendrá que realizar emisiones el año que viene por encima de los 190.000 millones de euros para financiar el déficit y amortizar los títulos que vencen.

Si el FMI no se cree las previsiones de crecimiento y déficit, sí que coincide con el Gobierno en que la tasa de paro seguirá en 2011 por encima del 19%, lo que significa acabar el próximo ejercicio cerca de los cuatro millones y medio de parados.

El informe advierte que el crecimiento en España se verá muy limitado por la crisis de la construcción, el fuerte déficit presupuestario y la rigidez del mercado laboral, tres factores que pueden hacer que la recuperación en España se produzca más tarde que en otros países de la UE. El diagnóstico del Fondo es muy parecido al realizado anteayer en el Congreso por Miguel Ángel Fernández Ordóñez, gobernador del Banco de España, que subrayó la «debilidad» de la recuperación y el riesgo que provoca la falta de control del gasto público. Sin duda el gobernador conocía ya el informe del FMI, cuyo director, Dominique Strauss-Kahn, pedía a Zapatero nuevas reformas en una entrevista publicada el pasado domingo por este periódico.

Una de esas reformas es la de las pensiones, que ayer se empezó a discutir en la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo. Al parecer, hay consenso entre PSOE y PP en alargar el periodo de cálculo, pero no lo hay en el retraso de la edad de jubilación. Sería muy deseable que los partidos llegaran a un consenso en este asunto, ya que sería muy dífícil para el Gobierno de Zapatero sacar adelante medidas sin un amplio apoyo de la Cámara, como sucedió con lo acuerdos de 1995.

El mensaje lanzado por el FMI es que la economía española necesita reformas más profundas que las realizadas por Zapatero, que probablemente no serán suficientes para sacar a España de la crisis. Una de las asignaturas pendientes es la de podar un sector público sobredimensionado e ineficiente, con un fuerte despilfarro en comunidades y ayuntamientos.

Ésta debería ser una de las prioridades del Gobierno porque no es asumible que los ciudadanos se aprieten el cinturón y las prestaciones sociales se vean recortadas mientras las autonomías siguen dilapidando recursos y aumentando su deuda. Las negras perspectivas para 2011 obligan a Zapatero a frenar esa espiral de gasto que, como señalaba el gobernador del Banco de España, imposibilita el equilibrio de las cuentas públicas. Si el presidente no es capaz de asumir esta tarea, sería mucho mejor la convocatoria de elecciones después del próximo verano para ahorrarnos a los ciudadanos un mayor deterioro de la ya dramática situación.

«Perdió la señorita Trini»

Guerra echa ácido a las primarias

ALFONSO Guerra vertió ayer sobre el resultado de las primarias una dosis de su legendaria acidez, al decir que «ganó el señor Gómez y perdió la señorita Trini y todos los que la apoyaron», Zapatero entre ellos. El tono despreciativo -de dudoso gusto- utilizado por el ex vicepresidente al referirse a la ministra de Sanidad como «la señorita Trini» le fue afeado por la vicepresidenta Salgado por su «intención» machista. Las reacciones tras las primarias indican que la dirección socialista no está teniendo mucho éxito en su llamada a rebato para librar a Zapatero de las consecuencias de su derrota. Sin embargo, las críticas de Guerra provienen de ese sector del partido que estaba más cómodo en el tristemente célebre «el que se mueve no sale en la foto» que en un proceso democrático como las primarias.

( NO ESTOY DE ACUERDO: “Señorita” no es más que el femenino de “señorito”, y “señorito” tiene interpretación propia y no sexista en la dialéctica marxista. Luego el “señor” aplicado a Tomás debe interpretarse en la intención del Sr. Guerra como “proletario” y el “señorita” aplicado a Trini debe entenderse en la intención del Sr. Guerra como “aburguesada”.)

Karzai negocia con los talibán

¿Un acuerdo en Afganistán?

El GOBIERNO afgano que preside Hamid Karzai está negociando un acuerdo con los taliban para poner fin a la guerra, según informaba ayer The Washington Post. Las conversaciones son todavía preliminares, pero el diario estadounidense informa que los taliban accederían a forma parte de un Gobierno de concentración nacional con la condición de que los soldados de la OTAN abandonaran el país. Esta exigencia es inaceptable para Karzai y sus aliados, que, de salir las tropas de la coalición internacional, quedarían a merced de los islamistas radicales, que ya controlan de facto la mitad de Afganistán. Lo ideal sería un acuerdo entre ambas partes, pero con unas garantías internacionales para evitar que el país volviera al mismo caos de los años 90 que se quiso evitar con la intervención

Galardonados dos diarios venezolanos y dos reporteras de Ciudad Juárez

EL MUNDO premia la labor del periodismo libre en América Latina

UN JURADO de altísimo nivel integrado por representantes del Corriere della Sera, The Guardian y Libération, y por intelectuales de la talla de Fernando Savater, Carmen Posadas, Arturo Pérez-Reverte y Raúl Rivero ha decidido conceder los Premios Internacionales de Periodismo de EL MUNDO en su novena edición a unos profesionales y unos medios comprometidos con la libertad de expresión en América Latina. El galardón Reporteros de EL MUNDO ha sido para Sandra Rodríguez y Luz Sosa, de El Diario de Ciudad Juárez, que arriesgan su vida para informar sobre las actividades del narcotráfico mexicano. El Columnistas de EL MUNDO, por su parte, reconoce este año a los dos grandes diarios de Caracas, El Nacional y El Universal, competidores entre sí pero unidos frente a las presiones del régimen de Chávez para silenciar las informaciones incómodas y que la luz no llegue a las zonas oscuras de su gobierno. Hoy informamos que el juez de la Audiencia Nacional que investiga la colaboración entre ETA y las FARC acaba de reclamar un informe que esclarezca aquello hacia lo que apuntan ya sus indagaciones: que terroristas de ambas bandas desarrollaron armas en Venezuela con el consentimiento de las autoridades del país. Las evidencias se amontonan contra Chávez. Sus obstáculos a las investigaciones para evitar que resplandezca la verdad deben ser un acicate tanto para la Justicia española como para el periodismo libre.

El Mundo en dos minutos
Un nuevo Gobierno para solucionar la economía

ESPAÑA EN QUIEBRA: El FMI ve inverosímil el presupuesto de Zapatero

PABLO PARDO / Washington

El FMI ve inverosímil el presupuesto de Zapatero

Rebaja a la mitad el crecimiento y dice que la deuda crecerá hasta 2015 / Como el Banco de España, pide «medidas adicionales»

Especial para EL MUNDO

El Fondo Monetario Internacional (FMI) cree que en la economía mundial hay dos países que tienen dificultades para salir de la crisis: EEUU y España. La diferencia es que mientras admite su sorpresa por el parón de EEUU, de España tiene un diagnóstico claro: sigue bajo la resaca del pinchazo de la burbuja inmobiliaria. El FMI revisó mínimamente al alza sus previsiones y dejó la tasa de crecimiento para 2011 en un 0,7%, poco más de la mitad del 1,3% esperado por Zapatero en sus Presupuestos.

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De los países avanzados, como los califica el Fondo Monetario Internacional, sólo Grecia -que ha sido salvada in extremis de la suspensión de pagos por el FMI y la Unión Europea- tendrá peores datos este año y el que viene. Ni siquiera Irlanda, sacudida por una brutal crisis financiera, va a estar peor. Como dijo ayer el economista jefe del Fondo, Olivier Blanchard, «en términos generales, no hemos cambiado apenas las previsiones para Irlanda».

El problema es que estas macromagnitudes no son abstracciones teóricas para doctores en Economía que no pagan impuestos y viven encerrados en sus despachos de la Calle 19, en Washington, donde está la sede del Fondo Monetario Internacional. Son cifras que nos afectan a todos. Sin crecimiento, no hay empleo. Así, frente a una tasa media de paro del 19,9% de la población activa para este ejercicio, el Fondo apenas prevé una caída de seis décimas, hasta el 19,3%, de ese indicador.

En las 217 páginas del informe Perspectivas de la Economía Mundial, que fue publicado ayer, el FMI no tiene sitio para lanzar ni un solo elogio a la reforma laboral española, pero sí para declarar que «el desempleo no muestra signos de reducción desde los niveles actuales, que son muy elevados, debido a la rigidez del mercado laboral y al colapso de la construcción».

Sin crecimiento tampoco hay reducción del déficit público. El FMI ha aplazado hasta el próximo 4 de noviembre sus previsiones sobre las cuentas públicas de los Estados miembros. Pero, aún así, ataca duramente a los datos que baraja el Ejecutivo cuando afirma que sólo hay dos países, Estados Unidos y España, que no estabilizarán su ratio de deuda pública en relación al Producto Interior Bruto. Ésa es una fecha importante, porque todos los miembros del G-20 -incluyendo a los invitados permanentes, entre los que está España- se comprometieron a estabilizar o reducir el tamaño de su deuda pública en relación al PIB para 2016.

Esto, además, rompe una de las líneas argumentales del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que hace dos semanas, en una reunión en Nueva York con los mayores financieros de Wall Street, insistió en que España tiene un problema de déficit.

El presidente aseguró, no obstante, que su deuda pública es muy baja, con lo que no debería haber problema parta refinanciarla. Eso parece cierto por ahora. Pero, según el Fondo Monetario, España corre el peligro de acabar bajo una montaña de deuda.

¿A qué se debe que el Fondo crea que España no vaya a poder reducir su endeudamiento neto? Una vez más, a la falta de crecimiento. Por ello, el FMI reclama urgentemente un nuevo ajuste a Madrid y a Washington cuando, con un lenguaje inusual afirma que ambos países «deberán especificar pronto ajustes específicos para lograr la estabilización de la deuda en 2015».

Así pues, España afronta «desequilibrios fiscales y de competitividad». Lo cual, a su vez, genera otro problema: una mayor dependencia del capital extranjero para financiar la deuda. El FMI es, de nuevo, muy claro en este capítulo.

Según la institución, las economías que afronten mayores dificultades de financiación -Portugal, Islandia, Irlanda, Grecia y España- «tienen ajustes más grandes y más directos» pendientes. Eso supone una tensión adicional sobre el sector financiero, pese a que ésa es la única área en la que el Fondo Monetario no escatima elogios a la actuación del Gobierno.

En líneas generales, el FMI considera que España ha hecho mejor trabajo que algunas de las grandes economías europeas, como Alemania, a la hora de lidiar con las entidades más débiles del sector financiero. En ese sentido, el Fondo insiste en la necesidad de mejorar la fortaleza de los bancos y asegurar su estabilidad. Según el FMI, la banca europea afronta todavía importantes desafíos.

MARÍA RAMIREZ / Bruselas

Crece la alerta sobre Irlanda tras la bajada de 'rating' de Fitch

Se disparan los rumores sobre la necesidad de un rescate

Corresponsal

Las emisiones de deuda pública irlandesa volvieron a encarecerse ayer después de una nueva bajada de su calificación de riesgo por la incertidumbre creada por el último rescate del sector bancario.

La agencia de rating Fitch redujo la nota de la deuda irlandesa de AA- a A+ (el máximo es la triple A) y cambió su perspectiva a medio plazo sobre el país a «negativa» justo un día después de que su rival Moody's anunciara que está valorando empeorar la calificación irlandesa. «La rebaja de Irlanda refleja el coste excepcional y mayor de lo esperado asociado a la recapitalización de los bancos irlandeses, especialmente el Anglo Irish Bank», anunció la agencia en un comunicado. La proyección negativa se debe a «la incertidumbre» sobre cuándo y cómo se puede recuperar la economía mientras el Estado tiene que reducir el déficit por debajo del 3% del PIB para 2014 y subvenciona a los bancos con una cifra que puede superar los 50.000 millones (este rescate dispara el déficit al 32%).

Las malas noticias sobre Irlanda han aumentado el temor a que su Gobierno tenga la tentación de acudir al fondo de rescate de la zona euro y fuentes europeas indican que incluso se ha discutido una cifra de 130.000 millones para un posible rescate irlandés, una cantidad inédita, ya que casi equivale a su PIB (en relación a su dimensión, sería el doble al rescate griego). Fuentes de la Comisión Europea y de Irlanda desmienten que exista cualquier plan o debate ahora mismo para activar el fondo de rescate. Irlanda pretende no volver al mercado a emitir deuda hasta enero porque asegura que aún tiene ahorros de 20.000 millones para terminar el año.

Entretanto, el Banco Central Europeo se esmera por comprar deuda y dar crédito a los bancos para ayudar al Estado irlandés y evitar que pida dinero prestado a los colegas: un rescate irlandés perjudicaría a la deuda del resto de la periferia más frágil de la UE, es decir Portugal y España.

El Ejecutivo de Brian Cowen tiene que pasar su gran examen en noviembre. A principios de mes, presentará ante la Comisión Europea un detalladísimo plan de recortes, sector por sector, hasta 2014 y, a mediados, se someterá al escrutinio de los ministros de Economía de la zona euro.

En Bruselas, se teme el efecto dominó. Los bonos a 10 años de deuda irlandesa ya pagan intereses por encima del 6%, es decir al nivel de los griegos la pasada primavera. Y ayer hasta los futuros del bono alemán subieron por la presión de los vecinos.

FRANCISCO NÚÑEZ / Madrid

Consenso para subir el cálculo de las pensiones

El PSOE informa del acuerdo y después rectifica tras la reprimenda de los grupos

El Gobierno tiene prisa por anunciar un acuerdo en materia de pensiones con los partidos políticos para desviar la presión de los mercados internacionales sobre la deuda. Y ayer, mientras se reunía la Comisión del Pacto de Toledo que aborda la reforma de la pensiones, el PSOE anunció en los pasillos del Congresos el consenso de los grupos para ampliar el número de años desde los 15 actuales a 20 para realizar el cálculo de las prestaciones.

Se trata de uno de los puntos que más polémica levantó del documento inicial del Gobierno y que precisamente suprimió, aduciendo un error de la vicepresidenta Salgado. Esta lo había incorporado en la actualización del Pacto de Estabilidad que envió a Bruselas (se mencionaba una ampliación de 10 años).

La portavoz socialista en la Comisión, Isabel López i Chamosa, anunció textualmente en los pasillos al ser preguntada por este diario respecto al nuevo cómputo: «yo creo que es uno de los consensos más generales que hay, no se perjudicaría a nadie porque se haría muy poco a poco».

Horas después, tras ser reconvenida por los miembros de la Comisión por estas declaraciones, la diputada señaló que no existe ningún acuerdo «sobre el cómputo ni la edad de la jubilación, ni en nada». El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Celestino Corbacho, señaló recientemente que es «inevitable» aumentar el actual periodo de cálculo y que al Gobierno le parece «razonable» elevar ese computo a 20 años.

Sin embargo, a pesar de este desliz y de que el asunto no se abordó en la reunión a puerta cerrada de la Comisión que ayer se celebró, todos los demás partidos, salvo IU, dan por hecho que hay que aumentar el número de esos años cotizados, aunque con matices. Otra cosa es que Chamosa se adelantara ayer en el anuncio en la primera reunión que la Comisión celebra desde mayo, a pesar de la urgencia que el Ejecutivo quiere imponer. Y que el asunto está avanzado lo demuestra el hecho de que el Gobierno ha anticipado la reforma en esta materia (en cinco años) a los autónomos en la Ley de Presupuestos para 2011 (ver El MUNDO del pasado lunes).

Por ejemplo, el portavoz del PP, Tomás Burgos, señaló a este diario que, aunque el asunto no se ha debatido aún en la Comisión, «vamos a mantener los criterios de las anteriores reformas de ampliar la contributividad del sistema». «Pero eso no quiere decir que estemos de acuerdo en que la ampliación del cómputo sea hasta los 20 años» matizó. Burgos acusó al PSOE de «intentar marcar con este anuncio de consenso los contenidos de la negociación en la Comisión», y señaló como prioritario que el Gobierno «dé marcha atrás» en la congelación de las pensiones para 2011 porque incumple el propio Pacto de Toledo».

Lo que el PP pretende es que sea el Gobierno quien fije el número de años en que se quiere incrementar el cómputo. Lo mismo sucedió con la último reforma de 1996 cuando gobernaban los populares. La Comisión del Pacto de Toledo recomendó que había que incrementar la contributividad de los cotizantes y fue el Gobierno quien decidió elevar los años de ocho a los 15 actuales, a una velocidad de un año por ejercicio.

Sin embargo, donde más distancia hay entre los dos partidos mayoritarios es en el retraso de la edad de jubilación hasta los 67 años.Según fuentes que conocen lo que se está cocinando entre los bastidores de la Comisión, el PSOE estaría dispuesto a aceptar que la jubilación a los 67 años fuera «voluntaria o más flexible», tal como pide el PP y otros grupos. Pero, para ello los partidos deberían pedir por consenso este cambio para facilitar al PSOE la cortada de realizar una reforma menos dura de la anunciada y así disponer de una propuesta que ofrecer a los sindicatos en la nueva estrategia de acercamiento tras la huelga general.

Los autónomos piden escoger los años

La Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), propuso ayer que el periodo de cómputo para el cálculo de la pensión tenga en cuenta los 15 años con mayor cotización por parte del trabajador y los 5 años con una menor aportación. Consideró «razonable» ampliar a 20 años el periodo, pero afirmó que la mejor fórmula sería tener en cuenta los años de mayor y de menor cotización, en vez de las dos últimas décadas en las que el trabajador estuvo en activo. Para su presidente, Lorenzo Amor, con esta fórmula el sistema sería «más equitativo al beneficiar realmente a los trabajadores que durante mucho tiempo han hecho un esfuerzo con el pago de sus cuotas».&R

F. NÚÑEZ / Madrid

Una medida para reducir el gasto

El Gobierno considera «inevitable» aumentar el número de años que ahora se toman para realizar el cálculo de la pensiones. Aunque en un principio había anunciado 10 años más, hasta los 25 frente a los 15 actuales, la cifra puede quedarse en 20.

¿Cómo se calcula la pensión ahora?

Los cálculos se hacen tomando los últimos 15 años de cotización hasta la edad de jubilación. Es decir, entre los 50 y 65 años. Una vez obtenida la cifra media resultante (base) se va al número de años cotizados en toda la vida laboral. Si el trabajador tiene 35 años cotizados, cobrará el 100% de esa cifra inicial. Si registra menos años, la escala determina una reducción porcentual. Por ejemplo, con sólo 15 años de cotización, cobraría el 50% de esa base.

¿Cómo se haría ese cambio?

Se haría de forma progresiva. Es decir, en 2013 (después de las elecciones generales), y primer año de la reforma, el cálculo se realizaría con 16 años (desde los 59 años) y así sucesivamente hasta los 20 en 2018.

¿Quién gana?

Este cambio es muy vendible desde el punto de vista político y social en época de crisis. Pero tiene truco. Salen ganando aquellos trabajadores que en los últimos años de su vida laboral han resultado despedidos y que ven interrumpida o mermada (el Inem sólo cotiza por la base mínima en el subsidio) su cotización. Al cogerse más años, presumiblemente entrarán años cotizados antes de los 50. Por tanto, su pensión no se reducirá tanto como ahora. Pero tampoco será importante.

¿Quién pierde?

Los que han tenido carreras de cotización largas y cuyas bases son más elevadas en los últimos años. Si se toman más años, el cálculo se hará sobre ejercicios con cotizaciones más bajas. Tendrán una pensión menor. La anterior reforma redujo un 4% el crecimiento de las pensiones.

Los sindicatos anuncian más movilizaciones

Exigen al Gobierno que rectifique su política económica antes de volver a dialogar

B. P. R. / Madrid

UGT y CCOO convocarán más movilizaciones para exigir al Gobierno que rectifique la reforma laboral y sus políticas de ajuste. Quieren así mantener la «tensión sindical» tras la huelga general del 29 de septiembre que, según destacan, expresó «el rechazo contundente de los trabajadores y de la sociedad a los recortes sociales y laborales impuestos por el Gobierno.

Ambos sindicatos reunieron ayer a sus órganos ejecutivos, que acordaron elaborar un documento conjunto donde presentarán sus alternativas a las reformas laboral y de las pensiones, así como a la reducción del déficit únicamente mediante recortes en la inversión. «El conflicto sigue abierto», advirtió el secretario de Comunicación de CCOO, Fernando Lezcano, quien anunció «un movimiento sindical a la ofensiva». El responsable de Acción Sindical de UGT, Toni Ferrer, recalcó que antes de volver a dialogar con el Ejecutivo, éste debe reorientar su política económica. También instó al Gobierno a no confundir «negociación» con «consulta», a la que está obligado por ley cuando se vean afectados los derechos de los trabajadores. Y le recordó que a los sindicatos no les vale con que sólo se les llame para redactar los reglamentos que desarrollen la reforma laboral, como les ha ofrecido la vicepresidenta económica, Elena Salgado.

Además, UGT y CCOO reiteraron su petición a la CEOE para pactar un nuevo modelo de negociación colectiva, un proceso que tiene un plazo de seis meses desde la aprobación de la reforma laboral el pasado 19 de septiembre, antes de que el Gobierno lo haga por decreto. Los sindicatos temen que los empresarios utilicen el proceso electoral interno que acaba de abrir su presidente, Gerardo Díaz Ferrán, para retrasar aún más la esperada reforma de la negociación colectiva.

La primera propuesta se la entregaron UGT y CCOO a la patronal el pasado 6 de mayo, antes de que se rompieran las conversaciones sobre la reforma laboral. Tras el verano, la CEOE se comprometió a reanudar el diálogo una vez superada la huelga general. Pero el reciente adelanto electoral -no habrá convocatoria hasta el próximo día 20 y entonces se abre un plazo de 40 días para sacar las urnas- plantea nuevos interrogantes sobre el proceso.

«Confiamos en que [con las elecciones] la CEOE abandone su posición de lobby y vuelva a ser un interlocutor, porque la actual situación estaba siendo negativa para el Diálogo Social», explicó ayer Toni Ferrer.

JAVIER G. GALLEGO / Madrid

Un 8% de los hipotecados debe al banco más de lo que vale su casa

La morosidad inmobiliaria en el sur de España casi duplica a la del norte, según S&P

Un 8% de los hogares hipotecados están pagando más por su crédito de lo que realmente vale su casa. Además, este porcentaje irá en aumento a medida que, como prevén muchos organismos internacionales, el mercado inmobiliario continúe corrigiendo sus precios. Según un informe de Standard&Poor's (S&P) sobre el mercado hipotecario español, si los precios cayesen un 30% desde el máximo registrado en 2007, el 19,6% de las hipotecas serían más altas que el valor de la casa que financian. En el caso de que los precios caigan un 35%, esta proporción alcanzaría el 28,2%.

La razón de esta pérdida patrimonial reside en parte en el tipo de hipotecas firmadas durante el boom del crédito. El estudio de un total de 800.000 créditos hipotecarios en España refleja que un 20% de las hipotecas estaban constituidas sobre el 90% del precio de tasación de la vivienda cuando ésta estaba en lo más alto de la burbuja especulativa. Castilla-La Mancha, Valencia y Murcia son las tres comunidades donde sus ciudadanos han sufrido una mayor pérdida patrimonial en relación a su vivienda. En estos casos más del 10% de los hipotecados deben más a su banco de lo que vale su casa.

Además, el informe sostiene otros factores, como «las adversidades económicas que han afectado a las familias hipotecadas, especialmente la pérdida de empleo». También señala la fuerte cultura de propiedad respecto a otros países: en España el 80% de las viviendas están ocupadas por sus propietarios y sólo el 12% de las casas están en alquiler.

Vínculos con la economía

La morosidad y los impagos en los créditos hipotecarios son más frecuentes en el Sur y el Este de España, donde «la construcción ha jugado un papel más importante en la economía local», dice S&P. Así, comunidades autónomas como Andalucía, Murcia, Valencia, Castilla-La Mancha, Baleares y Canarias, la morosidad es superior al 6%. En contra, Galicia, Cantabria y país Vasco son las regiones con menor volumen de impagos, inferiores al 4% del total de las hipotecas. De media, la morosidad en España se sitúa en el 5,9% de acuerdo con las titulizaciones que califica S&P y que han servido de base para el estudio del mercado hipotecario.

«Estos impagos están relacionados con la incidencia del sector de la construcción en la destrucción de empleo», afirma el analista Arnaud Checconi. El estudio muestra cómo en comunidades donde el paro en la construcción es mayor (Murcia y Andalucía) también están a la cabeza en las listas de morosidad.

En el lado opuesto, el País Vasco es la comunidad mejor posicionada. El desempleo en el sector del ladrillo se sitúa próximo al 2% en esta región, que también tiene la tasa más baja de impagos, en el 2,4%.

Otro factor que influye mucho en la morosidad hipotecaria es el año de constitución de los créditos. Aquellos que fueron firmados en 2006 y 2007 (justo en el pico de la burbuja) registran ahora unos impagos de entre el 7,5% y el 8,5%, frente a una morosidad inferior al 2% en los créditos constituidos antes de 2003. «Esto refleja una cada vez menor capacidad para afrontar las letras respecto a los ingresos familiares», afirma Checconi, quien cree que «la recuperación económica en España continuará siendo lenta y su sistema bancario seguirá afrontando una dura reestructuración».

LUIS GARRIDO / Barcelona

Montilla pide descentralizar instituciones como la CMT

El estreno de la nueva sede de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) en Barcelona ha dado alas al presidente catalán, José Montilla, para avalar el federalismo. Según el líder de la Generalitat, descentralizaciones como la de esta institución «deberían ser más habituales».

Durante la inauguración del nuevo edificio de la CMT en el distrito barcelonés del 22@, Montilla abogó porque desde Madrid se apueste por un «modelo de estructura federal» en el que varias instituciones puedan instalarse «en Cataluña u otras comunidades autónomas». Precisamente, el actual president fue el artífice de la mudanza de la CMT de Madrid a Barcelona, hace ya cinco años. Un traspaso que, como recordó ayer el actual presidente de la institución, Reinaldo Rodríguez, «no estuvo exento de problemas y dificultades».

Montilla argumentó que el estado «se fortalecería» con más descentralizaciones que demostrasen la «corresponsabilidad del Estado y las comunidades autónomas». Y para ejemplificar lo que consideró una «necesidad», estimó que «nadie diría que Alemania sea un Estado débil, y la mayoría de sus instituciones están repartidas en varias ciudades». Asimismo, el presidente de la Generalitat no dudó que, desde Cataluña, «nadie pretende debilitar a Madrid, sino reforzar a España». :-))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

La CMT empezó esta semana a operar en pleno en su sede reformada y definitiva del 22@ tras una inversión de 62,5 millones de euros. El traslado de las torres Mapfre al distrito tecnológico empezó a finales de julio, pasando de un conjunto de oficinas a un complejo formado por un edificio nuevo y una antigua fábrica textil rehabilitada. Muy cerca de la Torre Agbar, la sede cuenta con 12.200 metros cuadrados donde trabajan 170 personas.

C. SEGOVIA/ A. SALVADOR Madrid/Sevilla

Herrero se lanza a por CEOE con apoyo de Griñán

La patronal madrileña condiciona su apoyo a Rosell a una alta cuota de poder

(¡¡Increíble, o un dependiente del socialismo o un dependiente de nazionalismo. Parece que estemos en el suicidio colectivo!!) La patronal CEOE empieza a convertirse en un hervidero de candidaturas que resulta insólito en una organización acostumbrada a candidatos únicos. El presidente de la poderosa Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), Santiago Herrero, dio ayer un paso al frente y lanzó su candidatura. No la formalizará «si las circunstancias no lo aconsejan o lo permiten», pero su nombre ya es oficial en las quinielas. Y apareció además con respaldo explícito de la Junta de Andalucía y, según ha podido saber EL MUNDO, con el apoyo del Gobierno. El consejero de Empleo del Ejecutivo socialista regional, Manuel Recio, afirmó en la mañana de ayer que el presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), Santiago Herrero, sería un «excelente» presidente de la CEOE. «Es un gran presidente y empresario y será bueno para toda España que desarrolle la misma labor que en Andalucía», declaró.

Apenas una hora después, el propio Herrero hacía por fin públicas sus intenciones de presentarse. El líder de los empresarios andaluces dijo desconocer los apoyos que concita hoy, pero se mostró convencido de que «mucho más que antes», cuando perdió en su momento en 2007 ante el propio Díaz Ferrán.

En su opinión, el tiempo le ha «dado la razón» respecto a la conveniencia de que la CEOE tuviera un modelo que garantizara la «independencia» de la organización para poder representar los intereses de los empresarios sin verse alterada por los problemas de Díaz Ferrán con sus empresas. Herrero cree que el nuevo presidente de CEOE debe ser ejecutivo y no un empresario a tiempo parcial.

En el Gobierno también ven con buenos ojos su candidatura puesto que es el actual presidente de la Comisión de Relaciones Laborales de CEOE que ha dado alegrías a Moncloa con acuerdos salariales con los sindicatos y aproximaciones a los planteamientos del Ministerio de Trabajo. Su elección aseguraría al Gobierno una continuación inmediata de las conversaciones en la negociación colectiva y en el reglamento de la reforma laboral.

Sin embargo, en el PP no muestran ningún entusiasmo por su elección al frente de una organización tan influyente como CEOE. El secretario general del PP andaluz se limitó ayer a resaltar las «excelentes dotes en la dirección de la CEA», pero subrayó que respetaba también a otros candidatos.

Y los hay. El presidente de Foment del Treball, la patronal catalana, Joan Rosell, mueve hilos y ha roto alianzas, si es que las tenía, con Herrero, ya que cada uno está actuando por su lado en la batalla.

En la patronal madrileña CEIM, su presidente, Arturo Fernández, no ha rechazado la candidatura de Rosell, pero le exige una cuota máxima de poder en la nueva CEOE a cambio de apoyarlo. «Todo con Madrid, nada sin Madrid», repite día tras día. Un acuerdo entre las organizaciones territoriales de Madrid, Cataluña y Andalucía sería imbatible para el resto, pero aún no existe y, al contrario, florecen las candidaturas. En líneas generales, se van abriendo tres frentes de poder, el de las grandes empresas, el de las organizaciones territoriales y el de las sectoriales, aunque todo bulle. Ni siquiera ha descartado aún presentarse el propio Gerardo Díaz Ferrán, que mantuvo ayer el suspense en un acto público en Albacete.

En CEIM se baraja también el nombre de su vicepresidente Juan Pablo Lázaro y el presidente de la sectorial AETIC, Jesús Banegas, no ha dicho su última palabra.

CASO MALAYA: El Superjefe de la "camarilla policial socialista" denunciado por cobrar sobornos de Roca

MARTA SÁNCHEZ ESPARZA / Málaga

Un abogado de 'Malaya' acusa al 'superpolicía' de Rubalcaba de recibir de Roca 200.000

El abogado de uno de los acusados en el caso Malaya, Antonio Urdiales, pidió ayer al tribunal que indague la vinculación entre Juan Antonio Roca y un responsable de la Policía, a quien supuestamente entregó 200.000 euros en sobornos. El pago aparece en la contabilidad de Roca con las iniciales J. A.G., que el abogado ligó ayer al comisario jefe de la Policía Judicial, Juan Antonio González.Sigue en página 12

«No se puede tratar de otro. Si se tratara de otro ya estaría detenido», subrayó el letrado Urdiales durante su exposición, en la que advirtió de que en la causa no había logrado encontrar «ni el testimonio deducido ni las investigaciones seguidas» tras el hallazgo de las iniciales.

Por ello, Urdiales -que representa al empresario acusado Rafael Gómez, Sandokán- instó a la Sala a reclamar cuantas actuaciones se hayan practicado respecto a este asunto, y a citar a declarar como testigos a los inspectores de la Unidad de lucha contra la Droga y el Crimen Organizado (Udyco) que investigaban el caso, y que acabaron relegados de sus cargos y destinados en una comisaría de distrito de la Policía Nacional de Málaga.

Juan Antonio González es el superpolicía del ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, del que está considerado como uno de sus hombres de confianza. Como jefe de la Policía Judicial, es el máximo responsable de todas las investigaciones judiciales, incluidas las relacionadas con las tramas de corrupción. Ha tenido un papel fundamental en los casos que afectan al PP y estuvo en la cena posterior a la cacería en la que participaron el juez suspendido Baltasar Garzón y el ex ministro de Justicia Mariano Fernández Bermejo, justo después de que estallara el caso Gürtel.

El abogado Urdiales indicó ayer que, en aras del derecho a un proceso con todas las garantías, era necesario acreditar que todos los documentos que deberían constar en el sumario constaban efectivamente. Sin embargo, agregó que en el procedimiento no ha podido encontrar nada relativo a la intervención de este alto cargo policial, a quien supuestamente Roca habría remunerado a cambio de determinadas informaciones sobra la investigación policial del casoMalaya.

«Lo poco que tardaron en identificar a quienes aquí se sientan por sus acrónimos, y para identificar a un alto cargo policial con las iniciales J. A. G. aún no sabemos quién es, pero en internet se introducen las siglas y lo saben hasta los porteros de las comisarías», remachó Urdiales.

El abogado criticó con dureza el modo en el que el primer juez instructor del caso, Miguel Ángel Torres, practicó la detención de un buen número de imputados, pero achacó esta forma de actuar «a un Gobierno, a un sistema que ha perdido el norte». «Hace dos años se acordó una forma de que la Policía actuara para obtener confesiones y declaraciones; ¿de qué psiquiátrico se habrá escapado la persona a la que se le ha ocurrido esta forma de detención?», mantuvo el abogado, que censuró «la masiva utilización de funcionarios para detener a personas completamente inocuas».

'CASO NUEVA CONDOMINA'

JAVIER ADÁN / Murcia

El alcalde de Murcia defiende su urbanismo

El juez acuerda fianzas para los tres arrestados y el edil imputado ofrece su cese

Corresponsal

El alcalde de Murcia, Miguel Ángel Cámara (PP), defendió ayer el proyecto urbanístico que incluyó la construcción del estadio de fútbol del equipo local, la Nueva Condomina, y que el martes dio lugar a una operación de la Fiscalía en la que tres personas fueron detenidas y otras cinco, imputadas. Entre éstas, el concejal de Urbanismo, Fernando Berberena, que declarará mañana por supuesta prevaricación.

Cámara sostuvo que ese proyecto «está sujeto a un acuerdo de gestión urbanística y los contenciosos que lo ponían en entredicho han sido ganados siempre en los tribunales», a lo que añadió que «el convenio con el Real Murcia para llevar a cabo todo el desarrollo también ha sido ratificado por los tribunales. Más aún, el Tribunal de Cuentas ha descrito el proceso como sujeto a la legalidad».

El alcalde confirmó que el edil imputado le había comunicado que «si en algún momento el PP entiende que su actuación perjudica al partido, él pone su cargo a disposición».

Mucho menos condescendiente se manifestó el presidente de la Región de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, que advirtió de que «en el PP el que la hace la paga, y si alguien del partido está implicado en alguna ilegalidad, así será».

Los tres detenidos declararon ayer en el Juzgado de Instrucción número 8. El juez David Castillejos acordó, pasadas las 23.00 horas, prisión eludible bajo fianza para todos ellos. El gerente de Urbanismo del Ayuntamiento de Murcia, Alberto Guerra, tendrá que abonar 70.000 euros; el abogado Higinio Pérez Mateos, 100.000, y el ingeniero Renato de Noce, 120.000, aunque, en su caso, el fiscal había pedido su ingreso en la cárcel incondicionalmente.

El empresario imputado Jesús Samper, dueño del equipo de fútbol Real Murcia, acreedor del convenio de desarrollo urbanístico que pactó y selló con el Ayuntamiento, declarará sobre este asunto el próximo día 15 de octubre, ya que él ha sido el impulsor de toda la operación. La estimación de las plusvalías obtenidas por la recalificación se pueden situar en decenas de millones de euros

TERRORISMO DEL GORILA CHÁVEZ:El juez cree que ETA y las Farc fabricaron armas en Venezuela

MANUEL MARRACO / Madrid

El juez cree que ETA y las Farc fabricaron armas en Venezuela

Ordena una pericial para demostrar que desarrollaron juntos explosivos y lanzagranadas / Envía policías a Colombia a interrogar a guerrilleros arrepentidos

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha ordenado a las Fuerzas de Seguridad que elaboren un informe pericial sobre el trabajo conjunto de ETA y las Farc en el desarrollo de nuevas armas, principalmente en territorio venezolano. De los datos aportados por los investigadores al juzgado, se desprende que las dos organizaciones terroristas intercambiaron conocimientos sobre explosivos y lanzagranadas. El resultado más claro habrían sido los «cilindros-bomba y su sistema de lanzamiento» empleados por las Farc, que ETA denominaba lanzagranadas Jotake-Handia.Ésta es una de las diligencias previstas en la causa sobre la colaboración entre ambos grupos terroristas, que incluye el envío de policías para interrogar a ex miembros de las Farc que entrenaron con etarras. Sigue en página 4

Velasco ambién quiere interrogar a varios testigos que podrían arrojar luz sobre las facilidades ofrecidas por el régimen de Chávez a miembros de ETA.

El juez ha acordado que los agentes se desplacen a Colombia para interrogar a nueve ex miembros de las FARC que aseguran haber coincidido en los campamentos con miembros de ETA. Tres de ellos ya hicieron declaraciones precisas hace meses e identificaron fotográficamente a estos etarras, lo que sirvió al juez Velasco para dictar un auto de procesamiento que desvelaba las facilidades que los terroristas recibían en Venezuela.

Ahora, los policías españoles tomarán declaración a otra media docena de guerrilleros arrepentidos, incorporados al Programa de Desmovilizados promovido por el Gobierno colombiano. Tres de ellos ya declararon hace meses, pero el juez quiere que la Policía les muestre fotos de etarras para que los identifiquen. Con los otros tres ex guerrilleros aún no ha hablado la Policía española, según informaron fuentes jurídicas.

Una vez concluido ese trabajo policial, el juez tiene previsto tomarles declaración desde España por videoconferencia.

Además, el magistrado ha citado para el próximo mes de noviembre a un ex militar y un ex diplomático venezolanos que, según las acusaciones populares personadas en la causa, podrían aportar datos sobre las vinculaciones entre el Gobierno de Hugo Chávez y la colonia etarra instalada en ese país.

Los dos testimonios han sido propuestos por la acusación popular ejercida por la AVT y la Plataforma Democrática de Venezolanos en Madrid. En concreto, el ex militar habría llegado a conocer a Arturo Cubillas, jefe de la colonia etarra y pieza clave en la investigación por su proximidad al régimen de Chávez. Por su parte, el ex diplomático podría ofrecer datos sobre los campos de entrenamiento de las FARC en territorio venezolano.

El juez de la Audiencia Nacional también tiene previsto tomar declaración a un ex fiscal venezolano que ha sido declarado testigo protegido. El ex fiscal remitió recientemente una carta al juzgado en la que explicaba que recibió la instrucción directa de abandonar el expediente contra un etarra que había sido localizado entrando en el país con documentación falsa. De acuerdo con su relato, cuando le correspondió investigar el caso, el fiscal general de la República «giró instrucciones para que [el asunto] no regrese al despacho fiscal». Es decir, que se enterrara el expediente, como así sucedió.

El ex fiscal se encuentra fuera de Venezuela desde hace años y sería interrogado por videoconferencia. Velasco aún no ha acordado la diligencia, pero ya ha pedido a las partes que elaboren un cuestionario para el testigo protegido.

El resultado del conjunto de diligencias podría servir tanto para dictar nuevos procesamientos como para reforzar los ya acordados en el auto del pasado 24 de febrero. En ese escrito ya se recogían múltiples datos que ahora el juez quiere agrupar en la nueva pericial de explosivos. La colaboración de ambas organizaciones para desarrollar armas y hacer prácticas en suelo venezolano se reflejaba en diversas comunicaciones intervenidas a ETA, que se refería a ello como el asunto Gabardina. Parte del desarrollo se había producido en Cuba.

«Ese intercambio continuaba con las pruebas del asunto Gabardina en campamentos de las FARC instalados en territorio de Venezuela, mediante las que la organización terrorista colombiana aprovechaba para adiestrarse en los procesos de fabricación y utilización de granadas o morteros similares, que serían las llamadas por ETA Jotake-Handia y por las autoridades colombianas 'cilindro-bomba'». El auto reflejaba así las similitudes de armamento entre los dos grupos terroristas. «Las FARC han empleado granadas o morteros muy similares a los utilizados por ETA en el atentado contra el cuartel de Aizoain», dice el juez. «Así, en febrero de 2003, precisamente el mismo año en que ETA utilizó por primera vez las granadas Jotake-Handia, las autoridades de Colombia difundieron una serie de fotografías relativas a técnicas y procedimientos empleados por la organización terrorista colombiana. Entre esas fotografías se incluía lo que las autoridades de Colombia denominaban 'cilindro-bomba y su sistema de lanzamiento', que es muy similar a la granada, elaborada también a partir de un envase comercial de gas a presión, y los tubos lanzadores denominados Jotake-Handia de ETA», explica el magistrado.

OORBYT.es

>Vea hoy en EL MUNDO en Orbyt el análisis de Manuel Marraco

MANUEL MARRACO / Madrid

A por el ordenador del 'Mono Jojoy'

El ordenador del ex jefe de las FARC 'Raúl Reyes', muerto en un ataque militar en marzo de 2008, fue una mina de información sobre los vínculos de ETA con las FARC y supuso la apertura de una investigación en la Audiencia Nacional. Ahora los investigadores confían en que el contenido del ordenador del 'Mono Jojoy' sea igual de fructífero. El máximo estratega militar de las FARC murió el pasado 23 de septiembre en una operación del Ejército colombiano. Tras conocer la noticia, el juez Eloy Velasco añadió un nuevo encargo a la policía española: que en su viaje para interrogar a los ex miembros de las FARC recopile toda la información posible encontrada en el ordenador del 'Mono Jojoy'. También la Fiscalía de la Audiencia Nacional considera que existe «una elevada probabilidad» de que el ordenador incluya documentos vinculados a la investigación, pero discrepa del magistrado sobre la manera de obtenerlos. Frente a la vía más rápida y orientada a la investigación policial emprendida por Velasco, el fiscal coordinador de terrorismo de la Audiencia Nacional, Vicente González Mota, pidió ayer al juez que la gestión se realice por medio de una Comisión Rogatoria Internacional acordada mediante un auto, para obtener así todas «garantías procesales». Es decir, para que pueda emplearse sin objeciones en España en un eventual juicio.

Madrid

Cubillas denunció en 2003 que le vigilaban

El etarra Arturo Cubillas denunció ante las autoridades venezolanas en 2003 ser objeto de persecuciones y vigilancias en el país caribeño por parte de policías españoles. Cubillas presentó la queja ante distintas instituciones públicas, entre ellas la Fiscalía General de Venezuela que, en aquel momento, dirigía Isaías Rodríguez, actual embajador del país caribeño en España.

El enlace de ETA en Venezuela presentó la denuncia en febrero de 2003. En ella, aseguraba que varios policías españoles le habían estado siguiendo portando un transmisor y un audífono. Además, afirmó que él y su esposa habían sido seguidos de cerca por agentes de la Policía Nacional hasta su casa y hasta su puesto de trabajo, informa Europa Press.

Isaías Rodríguez fue fiscal general de Venezuela entre enero de 2001 y diciembre de 2007. En 2009 fue designado por Hugo Chávez como embajador en España, cargo desde el que el martes señaló que tenía «serias dudas» de que las declaraciones de los etarras Javier Atristain y Juan Carlos Besance, en las que aseguraron que habían recibido cursos de 'formación militar' en Venezuela por parte de Cubillas y otras personas, hubieran sido «totalmente voluntarias».

Pocas horas después intentó rectificar, explicando que no había querido «imputar ni soborno ni tortura» a la Policía.

MARISA CRUZ / Madrid

Caracas dice que investigará a Cubillas

El canciller venezolano informó a Moratinos tras reclamar éste «acciones inmediatas»

El Gobierno venezolano dio anoche la de cal en el tenso momento que atraviesan las relaciones entre el país caribeño y España a raíz de las investigaciones judiciales sobre la presencia de terroristas de ETA en Venezuela. Pasada la medianoche, el Ministerio de Asuntos Exteriores informó, a través de la agencia Efe, que el canciller venezolano, Nicolás Maduro, había transmitido al ministro Miguel Ángel Moratinos la decisión del Ejecutivo de Hugo Chávez de investigar las actividades de Arturo Cubillas en su país.

Cubillas ha sido identificado por dos miembros del comando Imanol, Javier Atristain y Juan Carlos Besance, como la persona que dirigió el curso de entrenamiento que siguieron en territorio venezolano en el verano de 2008.

Horas antes de recibir la llamada de Maduro, Moratinos había contactado por segunda vez con el embajador de Venezuela en Madrid, Isaías Rodríguez, para reclamarle «acciones inmediatas, concretas y específicas» contra el etarra y funcionario venezolano.

Maduro también ha comunicado a Moratinos que la investigación se hará extensiva al contenido del auto del juez Moreno sobre los cursillos de manejo de explosivos y armas que habrían sido llevados a cabo en julio y agosto de 2008.

Los ministros han mantenido dos conversaciones después de que Moratinos solicitara al embajador actuar con rapidez contra Cubillas.

La investigación anunciada da una primera satisfacción al Gobierno tras la inicial respuesta de Chávez al auto del juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno. Entonces, el presidente venezolano condenó el terrorismo de ETA y mostró su «disposición plena a cooperar».

Pero la calma diplomática se vio interrumpida por las afirmaciones del embajador venezolano en Madrid, quien insinuó que la declaración de los dos presuntos etarras podía haber sido obtenida bajo tortura. Fue entonces cuando se produjo la primera llamada de Moratinos al diplomático venezolano, que se apresuró a matizar sus palabras.

Desde el Gobierno se ha optado por dar un nuevo margen de confianza a Chávez. Se mantiene pues, de momento, la teoría del ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, según la cual no hay ningún dato que permita colegir que el Gobierno de Caracas tenía conocimiento de que miembros de ETA se entrenaban en su territorio.

En medios diplomáticos descartan la posibilidad de que Caracas extradite a Cubillas, porque tiene nacionalidad venezolana; igualmente, es muy improbable que Venezuela acepte juzgar allí, en virtud de las acusaciones de la Justicia española, a un nacional suyo que, por añadidura, trabaja para su Gobierno. El único gesto que, hoy por hoy, creen factible es que Chávez, tras abrir la investigación anunciada ayer, aparte de la órbita gubernamental al etarra y lo someta a control.

Una actitud mucho más colaboradora fue la expresada por el nuevo Ejecutivo colombiano. Ayer, la Justicia española reclamó a Bogotá los datos del ordenador del fallecido jefe militar de las FARC Mono Jojoy, por la luz que puedan arrojar sobre las relaciones entre la guerrilla y ETA. El vicepresidente colombiano, Angelino Garzón, de visita en España, aseguró que toda información que pueda servir al Gobierno o a la Justicia española para combatir el terrorismo, será remitida de forma inmediata.

Madrid

Zapatero garantiza que va a «traer» a todos los etarras de Venezuela

Recalca que ningún miembro de la banda podrá estar allí «ni cómodo ni tranquilo»

El presidente del Gobierno se mostró contundente anoche ante las cámaras de Telecinco cuando señaló su decisión de conseguir la entrega a España de todos los etarras que en la actualidad residen en Venezuela. «Les vamos a traer», aseguró Zapatero con firmeza.

También dijo estar convencido de que el Ejecutivo que preside Hugo Chávez no ampara a los terroristas; sin embargo reconoció, tal y como ya hizo el miércoles el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, que las declaraciones de los detenidos del comando Imanol señalando a Arturo Cubillas como la persona que dirigió su curso de entrenamiento en el país caribeño arrojan «suficientes indicios» como para que el asunto se investigue.

El presidente del Gobierno insistió en que España actuará, de acuerdo con la política de cooperación internacional contra el terrorismo, con «firmeza y exigencia». El objetivo es, recalcó, «perseguir a ETA allí donde haya miembros de la banda». Por ello, Zapatero aseguró que «en Venezuela ningún etarra va a estar ni cómodo ni tranquilo». «Si están teniendo alguna cobertura en algún ámbito social, lo van a dejar de tener», insistió. «La capacidad de refugiarse allí», añadió, «será erradicada».

Zapatero aseguró haber hablado en varias ocasiones con el presidente venezolano sobre la lucha contra el terrorismo y quiso poner en valor los resultados que ha ofrecido la estrategia de diálogo y cooperación con otros países.

Además del combate contra la banda terrorista, el presidente del Gobierno fue largamente interrogado sobre los problemas económicos del país. En este punto, Zapatero advirtió de que 2011 seguirá siendo un año «difícil y duro». «Debo ser sincero y llamar a las cosas por su nombre», señaló. En este sentido, apuntó que sólo en 2012 la economía logrará un crecimiento lo suficientemente robusto como para empezar a crear empleo.

Zapatero enfatizó que, con estas perspectivas, habrá que continuar con los «esfuerzos», no sólo desde los beneficios de las empresas, sino también a través de una mayor «moderación salarial». El presidente puso como ejemplo Alemania, donde, según recordó, los sueldos se han adaptado a la situación del país cuando ha habido problemas.

El jefe del Ejecutivo tampoco quiso dar esperanzas a los funcionarios acerca de una rápida recuperación del nivel adquisitivo que han perdido con la rebaja del 5% en su sueldo. «Dependerá de la marcha de las cuentas públicas, pero la recuperación del 5% tardará tres o cuatro años», afirmó.

También se refirió al próximo nombramiento de un nuevo ministro de Trabajo en sustitución de Celestino Corbacho. «Voy a nombrar a alguien capaz de hacer un cambio en profundidad en el Ministerio, porque creo que se puede hacer mucho más por las personas que no tienen trabajo», explicó.

Zapatero, además, descartó la hipótesis de crisis de Gobierno a medio plazo y aseguró sentirse «muy respaldado» por su partido. «El PSOE», dijo, «me ha dado siempre un apoyo espectacular, incluso en momentos como los actuales en los que hay que tomar medidas difíciles».

El presidente, que también hubo de responder varias preguntas relacionadas con las primarias socialistas en Madrid y la derrota de Trinidad Jiménez frente a Tomás Gómez, aseguró no sentir «movimiento de sillones» a su alrededor. Zapatero no cree que haya nadie urdiendo operaciones para sustituirle. «El PSOE», dijo, «tiene una gran cohesión interna que es, además, compatible con la democracia».

CARMEN REMÍREZ DE GANUZA / Madrid

El PP advierte al Gobierno de que «debe hacerse respetar»

«Si el Gobierno quiere hacer creíble a los ojos de los españoles y de la comunidad internacional su compromiso firme en la lucha contra el terrorismo, debe actuar con firmeza e inteligencia, y contará para ello con el apoyo del PP y de la sociedad española». Con estas palabras, el coordinador de Relaciones Internacionales del partido de Rajoy, Jorge Moragas, se unía ayer a los primeros espadas de la formación que salieron a la palestra para exigir al Gobierno una mayor firmeza frente al Gobierno de Venezuela.

«El Gobierno no debe mostrar miedo, porque todos los actores internacionales toman nota. Para ser respetado, una condición previa es hacerse respetar», declaró Moragas a este diario.

Antes, la número dos del PP, María Dolores de Cospedal, declaró que el Ejecutivo de Zapatero tendría que, «como mínimo, llamar a consultas al embajador» de Venezuela, después de que éste sugiriera torturas de la Guardia Civil, y acusó al Ejecutivo de «estar haciendo un flaco favor a la defensa de la soberanía española» al permitir estas acusaciones.

Además, la secretaria general adelantó en la Cope que el PP también preguntará en el Congreso a Alfredo Pérez Rubalcaba sobre este asunto, «por su interés en exculpar a Chávez». A su juicio, el ministro del Interior no fue capaz de dar «ninguna explicación» y eso resulta, «cuando menos, curioso».

Por su parte, la portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Soraya Saénz de Santamaría, exigió al Gobierno, desde Almería, que eleve una «protesta formal» ante las «inadmisibles» palabras del embajador de Venezuela, en lugar de «alabar» la cooperación con su Gobierno. A su juicio, el Ejecutivo «está más preocupado en disculpar al Gobierno de Hugo Chávez que en averiguar realmente lo que ha pasado», declaró.

Además, la presidenta del PP de Tenerife, Cristina Tavío, reclamó la implicación inmediata del Gobierno de España contra la expropiación de la empresa Agroisleña, fundada por tinerfeños en Venezuela hace 52 años y anunciada por el presidente venezolano

C. REMÍREZ DE GANUZA / Madrid

Rajoy no asiste en Marruecos a la Internacional de Centro

Mariano Rajoy ha excusado su asistencia a la Internacional Democrática de Centro (IDC), que se reunirá este próximo fin de semana en Marrakech (Marruecos), y en la que oficiará como anfitrión el primer ministro del reino alauí, Abas El Fasi; el mismo que, el pasado 15 de septiembre, firmó una carta de protesta por la visita del líder popular a la ciudad española de Melilla.

Génova descarta por completo una relación entre aquel incidente y la ausencia de Rajoy en un cónclave al que tampoco acudirán Angela Merkel o Nicolas Sarkozy y que, además, contará con representación española, con Jorge Moragas -coordinador de relaciones internacionales del PP-, Ana Pastor -vicepresidenta del Congreso-, y varios eurodiputados.

Los populares, cuyo líder obvió en su día la referida carta de protesta al tiempo que confirmaba su visita a la ciudad española, no tienen previsto abordar en la Cumbre la cuestión de Melilla.

Por su parte, y en el mismo sentido, Nizar Baraka, el ministro de la Presidencia y portavoz del Istiqlal (Independencia), el partido en el Gobierno alauí, dijo anteayer en rueda de prensa que las relaciones de su formación con el PP son buenas. Incluso llegó a reconocer que fue el PP -en tiempos de José María Aznar- el que le abrió las puertas en la IDC. Eso sí, aludió a «diferencias» en lo que atañe a asuntos nacionales.

Curiosamente, en la Cumbre, a la que asistirán una treintena de partidos de los cinco continentes, se debatirá una resolución propuesta por Istiqlal relativa al Sáhara. La formación marroquí planteará también otras resoluciones sobre la integración y la cooperación antiterrorista en el Magreb. Por su parte, el PP defenderá la necesidad de mantener la Posición Común sobre Cuba mientras no se produzcan reformas políticas tangibles.

EL MUNDO EN CLAVE

ANA ROMERO

Conjunción mediterránea

Puesto en cuarentena ese socio cansino e impredecible que se ha buscado España en la figura de Hugo Chávez, nuestra diplomacia trabaja incansable para que se celebre en Barcelona el 21 de noviembre la Cumbre de la Unión por el Mediterráneo (UpM). De llegarse a atar los innumerables cabos que quedan sueltos, se espera contar ¡por fin! con la planetaria presencia de Barack Obama, que estará ese fin de semana en Lisboa participando en las cumbres de la OTAN y de la UE.

Para empezar, un poco de diplojerga. La UpM es un foro de diálogo y partenariado entre los 27 países de la Unión Europea y 16 países de África y de Medio Oriente. Lo crearon Nicolas Sarkozy y el egipcio Hosni Mubarak en 2008 sobre las cenizas del fenecido Proceso de Barcelona. La secretaría general está físicamente en el barcelonés Palacio de Pedralbes y corre a cargo del jordano Ahmed Masadeh.

Aunque por razones diferentes, la amalgama de países que conforma esta aún oscura organización quiere estar en Barcelona el 21-N para impulsar el proceso de paz en Oriente Medio. Pero no se ponen de acuerdo. Según fuentes diplomáticas, el gran atasco en las renacidas conversaciones entre israelíes y palestinos viene provocado por la moratoria de los asentamientos. Otro escollo es la negativa siria a acudir si lo hace el ministro de Asuntos Exteriores israelí, el ultra Avigdor Lieberman.

Este domingo, Miguel Ángel Moratinos y Bernard Kouchner emprenden viaje a Israel para contribuir al desatasco. Francia, que quiere protagonismo en el conflicto de Oriente Medio, está muy por la labor de que la Cumbre se celebre. Sarkozy le ha arrancado al presidente Mubarak su compromiso de asistencia. También lo está EEUU, que podría matar tres pájaros de un tiro con la presencia de Obama.

Los dos primeros son premios de consolación: a los europeos, por haberlos dejado fuera de la histórica reunión en Washington entre Benjamin Netanyahu y Abu Mazen, y a los españoles por esa no cumbre de la pasada primavera que dejó tantos corazones rotos, entre ellos el de Zapatero. Least but not last, Obama se procura su lugar de gran hacedor de la paz entre israelíes y palestinos apenas dos semanas después de unas elecciones parciales que se auguran difíciles para los demócratas.

Sobre el interés de España en que haya Cumbre, sobran las explicaciones. ¿Puede haber una mayor alegría? Todos los grandes en Barcelona, ¡y esa foto con Obama! Dicho todo esto, la diplomacia oficial de EEUU prefiere hacerse el harakiri antes que pasar de nuevo por esa agonía que supuso en su día la especulación constante sobre un viaje a España que al final no se produjo.

Fuentes diplomáticas de varios de los países involucrados confirman que las agendas del Rey Juan Carlos, de Obama, de Silvio Berlusconi y de Nicolas Sarkozy están en blanco para ese domingo 21-N. Ahora sólo cabe esperar que los astros funcionen y que se produzca esa ansiada conjunción mediterránea. Inshallah.

ana.romero@elmundo.es

ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES: «Perdió la señorita Trini y los que la apoyaban»/ Aguirre/ Los pajinianos le echan otro pulso a ZP

MANUEL SÁNCHEZ / Madrid

Guerra: «Perdió la señorita Trini y los que la apoyaban»

Alfonso Guerra, una vez más, no busca hacer piña, quiere cobrarse la victoria en las primarias de Madrid y, con todo su sarcasmo político, dijo ayer que en este proceso hay vencedores -los que apoyaban «al señor Gómez»-, y vencidos -los que apoyaban a la «señorita Trini»-.Sigue en pág. 8

Frente a un PSOE y un PSM que decidieron enterrar este debate -el pasado martes lo dijo hasta el responsable de Comunicación de la Ejecutiva Regional, Eduardo Sotillos- y pese a los llamamientos a la unidad de acción, el ex vicepresidente del Gobierno Alfonso Guerra indicó que hay que sacar consecuencias claras.

Así, en un encuentro con los medios en los pasillos del Congreso, Guerra insistió en que «todos» lo que apoyaron a la ministra están entre los «perdedores» de las primarias. Y al ser preguntado si en ese grupo incluye al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y al ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, no dudó en afirmar que sí.

«Ganó el señor Gómez y los que le apoyaban, y no ganó la señorita Trini y los que la apoyaban, eso es evidente, y todo lo demás son interpretaciones para salir del paso», comentó el dirigente socialista.

Y en esta terna de perdedores no sólo incluyó a Zapatero y a Rubalcaba. No se olvidó de «las radios y los periódicos» que, en su opinión, hicieron una apuesta muy clara por Jiménez. «Porque hubo emisoras de radio y periódicos que se inclinaron de una manera clarísima, no sólo a favor de uno de los candidatos, sino en contra del otro». Más allá de la reflexión, absolutamente obvia, Guerra negó que esto tenga consecuencias para el PSOE y dijo que no ha detectado «ninguna ola de rebelión» contra José Luis Rodríguez Zapatero.

Por ello, indicó que ahora deben trabajar todos juntos para vencer a Esperanza Aguirre. «Supongo que ahora los que apoyaron a uno y a otro tendrán que respaldar al candidato que ha resultado elegido. Los partidarios de las primarias, yo no estoy entre ellos, tendrán que ser los primeros en asumir el resultado de las primarias», añadió.

Las palabras de Guerra resonaron en el PSOE y la vicepresidenta segunda del Gobierno, Elena Salgado, consideró que se había referido a la ministra de Sanidad como la «señorita Trini» con intención. En declaraciones a Onda Cero, Salgado opinó que «nada en el señor Guerra es casual» por tratarse de «una persona inteligente y rápida». «Las mujeres, en política y fuera de ella, merecemos el mismo respeto que los hombres», señaló.

También la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, se vio obligada a contestarlas, aunque sin entrar en confrontaciones. De la Vega, que dejó claro que no comparte la opinión de Alfonso Guerra, indicó que «quien promueve la democracia, ya sea interna o externa, como ha hecho el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, gana siempre». Añadió que la opinión de Guerra es respetable, pero indicó que está «plenamente convencida de que Zapatero no ha salido perdiendo en este proceso».

Claro que el ex vicepresidente no fue el único socialista de la vieja guardia en valorar las primarias. Porque, precisamente ayer, también Felipe González quiso expresar su opinión, en su caso más moderada. En una entrevista en CNN+, el ex presidente del Gobierno expresó su deseo de que todas las corrientes del PSOE se unan en torno a Tomás Gómez y él mismo se ofreció a «ayudar» para desbancar a Esperanza Aguirre de la Comunidad de Madrid.

El resto de reacciones de dirigentes del PSOE durante el día de ayer se mantuvieron en la línea plana ordenada por Ferraz de llamar a la unidad y de apoyar a Tomás Gómez, como hizo el propio presidente del Ejecutivo el pasado martes.

Así, José Blanco y Elena Valenciano pasaron por los medios admitiendo la victoria de Gómez, y mostraron su apoyo, su respaldo y su colaboración con el secretario general del PSM.

Sin embargo, desde Castilla-La Mancha y a través de su presidente, José María Barreda, llegaron otras manifestaciones inquietantes, aunque no con la claridad con la que se expresó Guerra.

Barreda, en un acto con empresarios, denunció que hay una «crisis de liderazgo político», aunque bien es cierto que sus palabras se enmarcaron en un contexto de un acto con empresarios.

En concreto, Barreda indicó a los empresarios que «tenemos que asumir la responsabilidad compartida» para hacer frente a «la crisis de liderazgo político, empresarial y sindical que hay en la sociedad». El presidente castellano-manchego reconoció que está «preocupado» con la situación actual porque, en su opinión, «hay motivos objetivos para la preocupación».

Para paliar esta situación, según Barreda, «tenemos que asumir la responsabilidad compartida, y hay que hacer esfuerzos por superar esa crisis de liderazgo y la única manera de hacerlo es a base de responsabilidad, reflexión y con una conciencia crítica».

Barreda y la mayoría de los demás secretarios generales de las distintas federaciones socialistas apenas se han pronunciado sobre el resultado de las primarias, y los que lo han hecho han sido extremadamente prudentes en sus valoraciones.

Todo apunta a que será en el Comité Federal del 23 de octubre donde las primarias se aborden con más profundidad. No obstante, como dice Guerra, no parece que vaya a producirse una rebelión interna.

PEDRO BLASCO / Madrid

Gómez no devuelve la llamada a Aguirre

Esperanza Aguirre aseguró que no le extrañaba nada que el líder socialista -y su futuro rival en los comicios regionales- no le haya contestado, pues «lo conoce bien».

Precisó que el desplante telefónico no le ha sorprendido al venir de alguien cuyas formas le llevaron a negarse a ir a los actos del 11-M y a organizar una fiesta paralela el 2 de mayo -Día de la Comunidad- para no acudir a los actos institucionales de la Puerta del Sol, «algo que no hace ningún partido parlamentario en ninguna otra comunidad autónoma».

Tras expresar su queja, añadió: «Como yo creo que las formas son muy importantes en política, a mí no me ha sorprendido. Da la impresión de que el secretario general del PSM no tiene interés. Le llamé y me dijeron: 'Perdone, es que va a dar una rueda de prensa y le llama inmediatamente que acabe'. No sé si es que no habrá acabado la rueda de prensa», comentó la presidenta tras una reunión del partido en Galapagar (Madrid).

Por su parte, el secretario general del PSM y candidato del PSOE a la Comunidad, Tomás Gómez, agradeció «mucho» a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, la felicitación que ha querido transmitirle sin éxito por vía telefónica, según informó Europa Press.

Señaló que debe entender que en este momento el protagonismo es del Partido Socialista, según dijo a es.Radio. «Necesita siempre estar en el centro de todos los debates y no entiende que, en este momento, el protagonismo es del Partido Socialista y que ahora no le toca a ella ser la protagonista», añadió.

También el secretario de Comunicación y Estrategia del PSM, Eduardo Sotillos, criticó ayer a Aguirre al pretender, a su juicio, captar los focos de atención con «nimiedades» como la polémica sobre la llamada de teléfono a Tomás Gómez, o diciendo que no fue a los actos del 11-M.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, dijo ayer que el secretario general del PSM, Tomás Gómez, todavía no le ha devuelto la llamada telefónica que le hizo para felicitarle por su victoria en las primarias del PSOE.

CARMEN REMÍREZ DE GANUZA / Madrid

El PP advierte al Gobierno de que «debe hacerse respetar»

«Si el Gobierno quiere hacer creíble a los ojos de los españoles y de la comunidad internacional su compromiso firme en la lucha contra el terrorismo, debe actuar con firmeza e inteligencia, y contará para ello con el apoyo del PP y de la sociedad española». Con estas palabras, el coordinador de Relaciones Internacionales del partido de Rajoy, Jorge Moragas, se unía ayer a los primeros espadas de la formación que salieron a la palestra para exigir al Gobierno una mayor firmeza frente al Gobierno de Venezuela.

«El Gobierno no debe mostrar miedo, porque todos los actores internacionales toman nota. Para ser respetado, una condición previa es hacerse respetar», declaró Moragas a este diario.

Antes, la número dos del PP, María Dolores de Cospedal, declaró que el Ejecutivo de Zapatero tendría que, «como mínimo, llamar a consultas al embajador» de Venezuela, después de que éste sugiriera torturas de la Guardia Civil, y acusó al Ejecutivo de «estar haciendo un flaco favor a la defensa de la soberanía española» al permitir estas acusaciones.

Además, la secretaria general adelantó en la Cope que el PP también preguntará en el Congreso a Alfredo Pérez Rubalcaba sobre este asunto, «por su interés en exculpar a Chávez». A su juicio, el ministro del Interior no fue capaz de dar «ninguna explicación» y eso resulta, «cuando menos, curioso».

Por su parte, la portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Soraya Saénz de Santamaría, exigió al Gobierno, desde Almería, que eleve una «protesta formal» ante las «inadmisibles» palabras del embajador de Venezuela, en lugar de «alabar» la cooperación con su Gobierno. A su juicio, el Ejecutivo «está más preocupado en disculpar al Gobierno de Hugo Chávez que en averiguar realmente lo que ha pasado», declaró.

Además, la presidenta del PP de Tenerife, Cristina Tavío, reclamó la implicación inmediata del Gobierno de España contra la expropiación de la empresa Agroisleña, fundada por tinerfeños en Venezuela hace 52 años y anunciada por el presidente venezolano.

ANTONIO RUBIO / Madrid

Denuncian ante el juez el pago del rescate por los cooperantes

Manos Limpias pide la declaración de los ministros de Exteriores y Justicia

El sindicato Manos Limpias quiere saber cómo, cuándo, dónde y quién autorizó el pago del rescate para la liberación de los tres cooperantes catalanes que, durante más de ocho meses, estuvieron en manos de los terroristas de Al Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI) en tierras del Sahel. Y, para ello, Manos Limpias presentó el pasado martes una querella criminal ante la Audiencia Nacional, con objeto de que se depuren responsabilidades contra todos los que intervinieron directa o indirectamente en el secuestro de Alicia Gámez, Roque Pascual y Albert Vilalta.

El razonamiento de la querella de Manos Limpias se centra en que se ha producido una serie de «delitos de terrorismo que se han cometido contra ciudadanos españoles fuera del territorio nacional». Los primeros querellados son Motkhtar Belmonkthar, líder de la facción de AQMI que retuvo a los cooperantes de Barcelona Acción Solidaria; Omar sid Ahmed, más conocido por Omar Saharahui, que fue el primero que retuvo a Gámez, Pascual y Vilalta en Mauritania el 29 de noviembre de 2009, y Mohamed Boumatou, Yyad Ghali y Mustafá Chaif, que actuaron como intermediarios de las distintas fases de la operación de rescate.

Manos Limpias también indica en su querella que va contra todas «las personas que resulten responsables de los hechos objeto de la querella conforme se practiquen diligencias de instrucción». Y entre las diligencias a practicar se solicita la declaración de los tres rehenes y de los ministros de Exteriores y Justicia, Miguel Ángel Moratinos y Francisco Caamaño. Manos Limpias también ha pedido la declaración, como testigos, de un grupo de periodistas españoles que informaron sobre esos hechos y el pago del rescate.

La querella está firmada por el letrado Antonio Alberca, que ha reconocido a EL MUNDO que espera y quiere saber «quién o quiénes del Ejecutivo español autorizaron el pago de los casi ocho millones de euros que, presuntamente, se le entregaron a un grupo de terroristas islamistas que operan en territorios del Sahel, y que utilizarán ese dinero para volver a atentar».

Es muy probable que esa querella recale en el juzgado del magistrado Fernando Andreu, que ya está investigando el secuestro de los tres cooperantes españoles. El juez, según ha podido saber EL MUNDO, tenía previsto pedirle un informe a la Comisaría General de Información de la Policía sobre el pago del rescate.

La Guardia Mora

Franco aparecía en las calles y plazas de España custodiado por una Guardia Mora. Nos habituamos a ello. Ciertamente era una escolta aparatosa y brillante, con las capas al aire y los turbantes morunos adornando las cabezas. Los niños aplaudían el paso del cortejo. Pero ahora nos damos cuenta del contraste raro que ofrecía la estampa: un jefe de Estado custodiado por quienes podían ser sus enemigos. Eran los marroquíes protegiendo al jefe de los posibles adversarios. Y una última noticia: el actual Gobierno español, transcurridos más de 70 años, concederá 56.700 euros para una organización dedicada a localizar las tumbas de los marroquíes que participaron en la Guerra Civil. ¿Cómo es posible que quienes estaban pegaditos al costado de Franco, como sus escoltas preferidos, no obtuviesen del dictador ese dinero? / SECONDAT

CARMEN REMÍREZ DE GANUZA / Madrid

El PP condiciona el Pacto al tránsfuga de Benidorm

Juan Manuel Moreno advierte al PSOE de que «será papel mojado» si, finalmente, aprueba la candidatura de Navarro

El PP está decidido a librar hasta el final su batalla contra la candidatura del tránsfuga Agustín Navarro en la lista socialista de Benidorm. Y lo está, hasta el punto de condicionar el propio futuro del Pacto Antitransfuguismo, firmado 11 años atrás entre los dos grandes partidos nacionales.

Así lo advertía ayer, en declaraciones a este diario, el secretario popular de Política Autonómica y Municipal, Juan Manuel Moreno, en un emplazamiento directo a la cúpula del Partido Socialista: «Si el Comité Federal del PSOE aprueba finalmente la candidatura del alcalde tránsfuga de Benidorm, Agustín Navarro, a juicio del PP el Pacto Antitransfuguismo será papel mojado».

Con estas palabras, Moreno no llegaba a comprometer el posible abandono de los populares -él entre ellos, junto a Juan José Matarí- de la Comisión de Seguimiento del Pacto que, según explicó, depende del Comité de Alcaldes. Lo que sí aseguraba es que, si los socialistas dan luz verde a esta lista electoral, el PP se declarará «desvinculado de los acuerdos a partir de ese momento».

Como si ya diera por hecho que Ferraz avalará la decisión del PSOE de Benidorm, el dirigente popular redoblaba su advertencia: «Una vez más quedaría demostrada la escasa catadura política y ética del PSOE, que no tiene ningún inconveniente en quebrantar los pactos firmados y en incumplir sus compromisos».

Según Moreno, «estamos ante la vulneración más grave de los 11 años del Pacto Antitransfuguismo». Y prueba de que el PP no va a ceder, fueron sus avisos a los tres principales actores de la operación. Primero, al presidente del Gobierno y secretario general del PSOE: «Zapatero quiere hacer un gran monumento al transfuguismo en España, apoyando al alcalde tránsfuga de Benidorm».

Pero también al vicepresidente del Ejecutivo, Manuel Chaves, que como se ocupó de subrayar, es también «presidente del PSOE y de la Comisión del Pacto Antitransfuguismo», que calificó como tal el caso de Benidorm en su última reunión del pasado mes de julio.

«Sería la enésima contradicción del PSOE», dijo Moreno, «que mientras que Chaves dice que son unos tránsfugas, la dirección socialista los considera válidos para sus siglas».

El tercer aviso iba dirigido a la secretaria de Organización, Leire Pajín, hija de una de las concejales que participaron en la operación y que ahora ha renunciado a volver a presentarse a las elecciones: «Ni el PSOE ni Leire Pajín han hecho nada desde hace un año. Y no lo han hecho porque la moción de censura de Benidorm fue autorizada e impulsada por la dirección socialista».

Finalmente, Moreno dio un paso más allá al sentenciar que «queda de manifiesto que los intereses de la familia Pajín prevalecen por encima de los vecinos de Benidorm y de los principios de la democracia».

«Parece que Zapatero», fue su última andanada, «que se comprometió públicamente a ser inflexible con el transfuguismo, ha perdido el control absoluto del PSOE. Primero ha sido Tomás Gómez quien le ha ganado un pulso, y ahora son los socialistas de Benidorm y Leire Pajín quienes le echan otro pulso».

MARÍA PERAL / Madrid

La renovación del TC continúa adelante sin respaldo nacionalista

CiU, Entesa y PNV se quejan de que Pérez de los Cobos no fue propuesto por las CCAA

La Comisión de Nombramientos del Senado acordó ayer proponer al Pleno el nombramiento como magistrado del Tribunal Constitucional del catedrático de Derecho Laboral Francisco Pérez de los Cobos, el cuarto nombre que faltaba para completar la renovación del TC pendiente desde diciembre de 2007.

No fue una propuesta pacífica. Los senadores Jordi Vilajoana, Carles Bonet y Joseba Zubía, portavoces respectivamente de CiU, Entesa Catalana de Progrés y PNV, lamentaron que, a diferencia de los otros tres juristas propuestos para acceder al TC (Adela Asúa, Francisco Hernando y Luis Ortega), Pérez de los Cobos no haya sido presentado por alguna asamblea autonómica sino por un grupo parlamentario, el del PP.

Las Cortes acometieron en 2007 una reforma legal con el fin de otorgar a los parlamentos autonómicos la facultad de seleccionar a los candidatos al TC para que el Senado escoja entre ellos a los magistrados que le corresponde elegir. Fue una modificación muy discutida y que acabó siendo recurrida por el PP ante el Constitucional, que la avaló con serias discrepancias (cinco magistrados votaron a favor y tres en contra).

Tres años después, el mecanismo instaurado para que las comunidades autónomas intervengan en la conformación del TC ha acabado siendo soslayado en beneficio de un acuerdo PSOE-PP que pasa por que los populares presenten de forma autónoma a un candidato (Francisco Pérez de los Cobos) en sustitución del juez Enrique López, propuesto por varias asambleas pero cuyo nombramiento ha sido vetado por no reunir el tiempo de ejercicio profesional requerido.

Bonet enfatizó ayer la queja de los nacionalistas ante el propio Pérez de los Cobos, que compareció en la Comisión de Nombramientos para explicar su currículum. «Usted no ha sido propuesto por una comunidad autónoma sino por un concreto grupo, con las connotaciones políticas que eso conlleva», le recordó. El senador pidió a Pérez de los Cobos «y a todos los miembros del TC» que «no sólo trabajen por la Constitución y por la concepción territorial inmersa en ella, sino también por la despolitización del tribunal».

Zubía incidió en la misma idea. «El pasado julio comparecieron en esta Comisión los 22 candidatos que presentaron las comunidades autónomas en septiembre de 2008. Usted va a tener más suerte, no ha tenido que esperar tanto tiempo. Le felicito», añadió con cierta ironía.

PSOE y PP prefirieron pasar por alto las críticas. La portavoz socialista, Carmen Silva, afirmó que Pérez de los Cobos «tiene un currículum muy respetable» y señaló que «el Grupo Socialista considera que es idóneo» para sumarse a los otros tres juristas propuestos para incorporarse al TC. «Ustedes tienen la responsabilidad de devolver a esa institución algo que nunca debería haber perdido», añadió en referencia a la auctoritas del tribunal para resolver los conflictos de forma que «todos, todos asumamos sus sentencias». El portavoz del PP, Pío García-Escudero, indicó en una breve intervención que la trayectoria de Pérez de los Cobos será «de muchísima utilidad» en el TC.

El aspirante tampoco quiso entrar en el debate y se limitó a contestar a los nacionalistas que era consciente de que «me elige la Cámara de representación territorial del Estado».

De su currículum, Pérez de los Cobos destacó sus 26 años como docente («soy un modesto profesor universitario», se definió), sus investigaciones sobre el ordenamiento laboral, su especialización en Derecho Comunitario del Trabajo y su tarea de 11 años en el Consejo Económico y Social.

La Comisión aprobó su candidatura con la abstención de Entesa y el voto negativo de CiU. «Estamos en contra no de la persona sino del procedimiento», explicó Vilajoana. Los cuatro nuevos magistrados serán elegidos, previsiblemente, a mediados de noviembre ya que se quiere esperar al cambio legal que pretende acortar el mandato de los miembros del TC cuando se produzcan retrasos en las renovaciones.

Pérez de los Cobos no quiso atender a los periodistas a su salida de la Comisión. «Un juez habla por sus resoluciones», dijo el todavía catedrático que, en cambio, sí hizo declaraciones a algún medio cuando trascendió su candidatura.

ANTONIO RUBIO / Madrid

Denuncian ante el juez el pago del rescate por los cooperantes

Manos Limpias pide la declaración de los ministros de Exteriores y Justicia

El sindicato Manos Limpias quiere saber cómo, cuándo, dónde y quién autorizó el pago del rescate para la liberación de los tres cooperantes catalanes que, durante más de ocho meses, estuvieron en manos de los terroristas de Al Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI) en tierras del Sahel. Y, para ello, Manos Limpias presentó el pasado martes una querella criminal ante la Audiencia Nacional, con objeto de que se depuren responsabilidades contra todos los que intervinieron directa o indirectamente en el secuestro de Alicia Gámez, Roque Pascual y Albert Vilalta.

El razonamiento de la querella de Manos Limpias se centra en que se ha producido una serie de «delitos de terrorismo que se han cometido contra ciudadanos españoles fuera del territorio nacional». Los primeros querellados son Motkhtar Belmonkthar, líder de la facción de AQMI que retuvo a los cooperantes de Barcelona Acción Solidaria; Omar sid Ahmed, más conocido por Omar Saharahui, que fue el primero que retuvo a Gámez, Pascual y Vilalta en Mauritania el 29 de noviembre de 2009, y Mohamed Boumatou, Yyad Ghali y Mustafá Chaif, que actuaron como intermediarios de las distintas fases de la operación de rescate.

Manos Limpias también indica en su querella que va contra todas «las personas que resulten responsables de los hechos objeto de la querella conforme se practiquen diligencias de instrucción». Y entre las diligencias a practicar se solicita la declaración de los tres rehenes y de los ministros de Exteriores y Justicia, Miguel Ángel Moratinos y Francisco Caamaño. Manos Limpias también ha pedido la declaración, como testigos, de un grupo de periodistas españoles que informaron sobre esos hechos y el pago del rescate.

La querella está firmada por el letrado Antonio Alberca, que ha reconocido a EL MUNDO que espera y quiere saber «quién o quiénes del Ejecutivo español autorizaron el pago de los casi ocho millones de euros que, presuntamente, se le entregaron a un grupo de terroristas islamistas que operan en territorios del Sahel, y que utilizarán ese dinero para volver a atentar».

Es muy probable que esa querella recale en el juzgado del magistrado Fernando Andreu, que ya está investigando el secuestro de los tres cooperantes españoles. El juez, según ha podido saber EL MUNDO, tenía previsto pedirle un informe a la Comisaría General de Información de la Policía sobre el pago del rescate.

LUIS ÁNGEL SANZ / Madrid

UPyD propone reducir los ayuntamientos en un 70%

Rosa Díez denuncia que Gallardón es responsable del 38% del «despilfarro» municipal de España, que cifra en 6.200 millones

La diputada Rosa Díez propuso ayer contener el gasto de los ayuntamientos mediante dos fórmulas: utilizar criterios más eficientes a la hora de gestionarlos y reducir el número actual de municipios -8.112- al menos en un 70% (si se fijara un tamaño mínimo de los ayuntamientos en 5.000 habitantes). Con esas dos medidas se podrían ahorrar hasta 22.000 millones de euros anuales, lo mismo que España paga cada año por el interés de su deuda.

«Lo tendríamos que haber hecho antes», enfatizó la portavoz de UPyD, «y ahora lo vamos a tener que hacer por obligación; quizá ésta es la única consecuencia positiva de la crisis».

La propuesta la hizo ayer tras presentar un informe elaborado por la Fundación Progreso y Democracia sobre el coste de las entidades locales. El mismo cifra en 6.211 millones de euros lo que llama el «despilfarro» municipal de los 40 principales ayuntamientos de España. Es decir, si los ayuntamientos aplicaran los criterios de eficiencia con los que trabajan los consistorios que menos derrochan (Vigo, Gijón y L'Hospitalet de Llobregat), el llamado criterio Maastricht, se ahorrarían más de 6.000 millones, el 0,6% del PIB.

El mismo estudio incide también en que el número actual de ayuntamientos -8.112- es excesivo; y que la mayoría de ellos son demasiado pequeños para ser eficientes (6.821 pueblos tienen menos de 5.000 habitantes), con lo que eso supone en sobrecoste por alcaldías, concejales, edificios municipales, administración duplicada...

Como explica el estudio, el modelo municipal español se diseñó en 1812 y obedece a un esquema «campesino parroquial que aún perdura». Por eso existe la actual dispersión municipal. Además, muchos países europeos, como Reino Unido, Alemania o Bélgica, han acometido recientemente una reducción en el número de municipios mediante la fusión de entidades locales, que ahora propone UPyD para España.

El estudio se presenta un día después de que el gobernador del Banco de España denunciara el derroche autonómico. Y también después de que Zapatero aceptara la propuesta del PP de pactar una reforma del sector público para eliminar disfunciones y duplicidades en todos los niveles.

El tamaño más eficiente para un municipio son los 20.000 habitantes, según los cálculos de este partido. Por eso, el Gobierno tendría que proponer esa fusión municipal inicialmente de forma voluntaria para conseguir núcleos de al menos 5.000 habitantes, aunque primando concentraciones mayores, de 10.000 ó 20.000.

Como explica el director del estudio, Jaime de Piniés, esto supondría pasar de los actuales 8.112 municipios a unos 2.500, un 70% menos. La desaparición de los municipios pequeños también supondría la supresión de las diputaciones provinciales (ya que su objetivo es asumir los servicios de los pueblos pequeños), con lo que el ahorro potencial anual podría ascender a unos 3.900 millones de euros.

En cuanto al despilfarro municipal, Rosa Díez destacó el «protagonismo especial» del Ayuntamiento de Madrid -como también hizo Zapatero el martes en el Senado-. El Consistorio que dirige Alberto Ruiz-Gallardón concentra el 38% de todo el sobrecoste municipal de las 40 grandes ciudades, con 2.388 millones al año, seis veces más que Barcelona, aunque su población sólo es el doble que la de la capital catalana.

Barcelona

CiU condiciona su futuro apoyo a PSOE o PP a un pacto fiscal

El presidente de CiU, Artur Mas, anunció ayer que, tras las elecciones generales de 2012, piensa condicionar cualquier negociación postelectoral con PSOE o PP a la firma de un nuevo pacto fiscal que implique otorgar a Cataluña un sistema de financiación equiparable al concierto económico.

En una conferencia de balance de legislatura organizada por CiU en la Sala Gaudí de La Pedrera, el líder nacionalista descartó que nada más llegar a la Presidencia de la Generalitat, tras las elecciones del próximo 28 de noviembre, el nuevo Govern tenga que poner encima de la mesa del Gobierno español la exigencia de un nuevo pacto fiscal.

Según Mas, «un tema de tantísima envergadura debe plantearse al inicio de una legislatura [española], no se puede plantear al final» y menos con un Gobierno «agónico» como el de José Luis Rodríguez Zapatero, al que «le queda un año o un año y medio de vida».

El momento en que el Govern enseñe sus cartas y exija al Estado un sistema de financiación para Cataluña similar al que tienen el País Vasco y Navarra, aclaró Mas, llegará el día después de que se celebren las elecciones generales, «en la primavera de 2012».

Aunque es consciente de las reticencias que mostrarán socialistas y populares a esta demanda, Mas destacó que un pacto fiscal de este tipo podría remediar la crisis provocada por el recorte del Estatut a manos del Tribunal Constitucional.

Ayer mismo, el Círculo de Economía reclamaba una reformulación del pacto constitucional que favorezca un mejor encaje de Cataluña con España para poder avanzar en el futuro, informa Europa Press

CRISTINA RUBIO / Barcelona

Laporta 'vende' la independencia

Reparte billetes falsos para denunciar que España «roba» 22.000 millones a Cataluña

Si José Montilla y Artur Mas optaron por una declaración solemne para dar el pistoletazo de salida a la precampaña electoral, Joan Laporta decidió darse un auténtico baño de masas en La Boqueria, el mercado más popular de Barcelona. Repartiendo billetes falsos de 500 euros, el ex presidente del FC Barcelona, ahora reconvertido a político, vendió la independencia como única solución a lo que él llama «robo» de 22.000 millones de euros anuales del resto de España a Cataluña.

Laporta escogió uno de los escenarios más emblemáticos de la capital catalana para exponer sus líneas maestras en materia económica. Con un palé repleto de billetes de 500 euros a sus espaldas, el líder de Solidaritat Catalana denunció que el Gobierno de Zapatero «quita» 22.000 millones de euros a los catalanes al año o, lo que es lo mismo, unos 3.000 euros por ciudadano. Un «expolio fiscal» que sólo se podrá frenar cuando «Cataluña se convierta en un Estado propio».

En un acto más populista que electoral, Joan Laporta también cargó contra la propuesta de CiU de alcanzar el concierto económico, por ser «anticonstitucional» y requerir un acuerdo entre Zapatero y Rajoy, un pacto que calificó de «inviable».

Relegado a un segundo plano de la política catalana, Laporta necesitaba un baño de masas para transmitir su mensaje independentista. Como si aún fuera presidente del Barça, se dejó querer y se fotografió con todos los inmigrantes y pensionistas que se le cruzaron en el camino, a los que endosó a las primeras de cambio el billete de 500 euros con su mensaje en el dorso.

Sin embargo, el candidato a la presidencia de la Generalitat pudo comprobar de primera mano que el tirón del FC Barcelona es demasiado para la política. Varios curiosos se le acercaron para felicitarle por sus logros con el equipo de Guardiola, mientras que otros le reclamaron insistentemente que volviera al club.

La independencia y las elecciones eran lo de menos hasta que llegó un jubilado y le espetó: «Hasta el momento la gente te quería y te apreciaba, pero ahora que te has metido en política, no sé si será lo mismo», un mensaje con segundas que encajó con un billete en la mano y la mejor de sus sonrisas.

A pesar de que Laporta se ha encargado de proclamar por todo lo alto su ideología independentista, los catalanes aún desconocen su salto a la política, como pudo comprobar él mismo cuando un curioso le preguntó si era de izquierdas o de derechas. También se cruzó con un matrimonio de Ciudad Real, al que recriminó por no entender el catalán.