
Zapatero prevé para 201l grandes sacrificios a los españoles y un dudoso resultado para la economía y el empleo. Será un año de encefalograma plano. La vicepresidenta económica, Elena Salgado, manifestó ayer tras la aprobación en Consejo de Ministros de los presupuestos para ese año «que todo está subordinado al cumplimiento del objetivo de déficit público del 6%». Será otro ejercicio perdido para reducir el paro ya que ha elevado su previsión al 19,3% de media mientras sostiene que el PIB crecerá un 1,3%, dato que cuestionan los organismos internacionales.
Para todo esto, además de congelar salarios a pensionistas y funcionarios, da otro tijeretazo a la política social, sube los impuestos de forma populista a los ricos y tendrá que navegar en un difícil escenario con un aumento de la deuda de 60.000 millones y un alza de los intereses de otros 4.000 millones.Sigue en pág. 4
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El Gobierno mantiene el cuadro macroeconómico con el que empezó a diseñar los presupuestos generales de 2011. Pero ha introducido pequeños cambios que lo hacen más cuestionable. Por ejemplo, prevé un crecimiento del consumo del 1,8% cuando estima un aumento del paro y un exiguo 0,3% de empleo (ha empeorado en dos décimas, hasta el 2,2% el decrecimiento de 2010). Y, por otra parte, modifica a la baja las importaciones (que son las que crecen cuando aumenta el consumo) y también la inversión privada (hasta el -1,5%). Con estos mimbres, resulta poco creíble que el PIB crezca en ese año hasta tasas del 1,3%.
Con este escenario, en el que el estado en su conjunto tendrá que realizar emisiones brutas de deuda de cerca de 200.000 millones (deuda nueva más la que vence en ese ejercicio), el Gobierno prevé gastarse el año próximo 122.022 millones. Todo ello, descontando los 28.034 millones que corresponden a la financiación del Estado a las administraciones territoriales, en particular gracias al generoso sistema de financiación autonómica que negoció en plena recesión y que entra este año en su plenitud.
Con estos datos, la vicepresidenta Salgado calificó los presupuestos de «austeros» y señalo «que van a favorecer el crecimiento económico y el cambio de modelo de crecimiento». Para ello, comparó esos 122.022 millones de pagos previstos con los 132.000 del límite de gasto en 2010. De esta forma, le sale que el Estado va a gastarse un 7,9% menos, con un descenso de las partidas de los ministerios (incluida la congelación de los salarios de los funcionarios tras el recorte de 2010).
En realidad, el recorte del gasto es mucho más modesto, de tan sólo tres puntos, si ese dato de los gastos se compara con los que efectivamente se van a liquidar a final de 2010.
Y, como el Gobierno pretende conseguir un déficit del 2,3% del PIB (24.388 millones) en la Administración central (el 6% para el conjunto de las administraciones públicas), resta los ajustes en términos de contabilidad nacional que estima necesarios al pasar las cuentas de caja a este formato (19.648 millones), y al final resulta que debe prever unos ingresos de 106.020 millones.
Aunque hasta la semana próxima no se conocerá el detalle de esta previsión de recaudación, el Ejecutivo ha realizado algunas concesiones a la izquierda buscando su apoyo, junto al PNV, en el debate parlamentario de los presupuestos.
Así, mientras suprime definitivamente la deducción por vivienda a quienes tengan ingresos por encima de 24.170,30 euros, copia el modelo catalán y crea dos nuevos tramos en la tarifa del IRPF. En total, habrá seis tramos cuando sólo hace unos años, mientras el PSOE estaba en la oposición, el actual ministro de Industria, Miguel Sebastián, elaboró una propuesta, respaldada por Zapatero, que pretendía un único tramo con el objetivo de simplificar el impuesto.
De esta forma, en el ámbito nacional de la tarifa del IRPF (sobre el 50%, ya que el otro 50% está transferido a las autonomías) las bases liquidables (ingresos totales menos cotizaciones y deducciones familiares y personales) superiores a 120.000 euros pagarán un 22,5% de impuestos frente al 21,5% de 2010, un punto más. Mientras, las bases que superen los 175.000 euros abonarán el 23,5%, dos puntos más.
Y como a esta tarifa hay que sumarle la autonómica, resulta que los ricos catalanes serán los que más paguen al fisco en su conjunto, ya que abonarán un 45,5% (los que tengan ingresos a partir de 120.000 euros) y un 49% (a partir de 175.000 euros).
En el lado opuesto se encuentra Madrid, ya que a pesar del aumento de la parte de la tarifa nacional esta comunidad mantiene de momento la reducción en una décima de su tramo. Así, los contribuyentes de mayores rentas acumularán sólo un 43,4% y un 43,9%, respectivamente, de este tipo marginal máximo con esos ingresos.
Salgado reconoció que esta subida puede ser una invitación a que otras autonomías se sumen para aumentar los ingresos. Andalucía, Extremadura y Baleares ya aprobaron esa medida para 2011.
En su conjunto, según los datos de Hacienda, esta medida afectará a 100.000 contribuyentes y recaudará unos 170 millones para las arcas del Estado. Según Salgado, a quienes ganen 150.000 euros le supondrá un aumento del IRPF de 300 euros al año. Y, sólo a «los pocos» que ganan por encima de 400.000 euros, les supondrá un desembolso de 5.000 euros al fisco.
El Gobierno anunció ayer también que va a impedir algunas prácticas de los partícipes de las sociedades de las grandes fortunas (Sicav), una vieja demanda de IU y de ERC. En caso de reducción de capital evitará el diferimiento de la plusvalía y tendrán que abonarla en su momento (entre el 19% y el 21%). No hay cambio en su tributación (1%) ni en el control de la inspección.
Además, suprimirá la reducción del 40% actual a la tributación de las retribuciones plurianuales superiores a los 300.000 euros. Los afectados serán aquellos que reciben bonos por resultados o incluso los que obtienen jugosas indemnizaciones por resolución de contrato (contratos blindados en general).
Por todo este conjunto de medidas, y otras de menor calado destinadas a ampliaciones de capital de pymes y fusiones, Salgado reconoció que iba a recaudar unos 300 millones, el 0,030% del PIB
F. NÚÑEZ / Madrid
Adiós al espíritu de Rodiezmo y al nuevo permiso de paternidad
Las pensiones mínimas subirán entre 3,60 y 14,55 euros al mes
El Gobierno decidió ayer meter de nuevo la tijera al gasto social. Si en junio anunció la congelación de las pensiones en 2011, en los presupuestos generales para ese año se recoge un aumento de tan sólo un 1% para las mínimas que cobran 2,6 millones de personas, y no 3,2 millones como apuntó el Ejecutivo.
Se trata de la menor subida realizada desde que se decidió complementar este tipo de pensiones y que Zapatero no se atrevió a anunciar en su tradicional acto en Rodiezmo (León), ya que excusó su presencia en el mitin minero.
Ese 1% de aumento se aplicará en enero y se sumará a la segura revisión que se realizará en noviembre (también se pagará en enero) de la pensión correspondiente a 2010 como consecuencia de la desviación del IPC.
Pero la subida, al tratarse de prestaciones muy bajas, será casi ridícula. Así, en el mejor de los casos, es decir, suponiendo que en noviembre proceda una revisión del 1% (si el IPC llega al 2%), un jubilado entre 60 y 64 años con cónyuge a cargo recibirá en enero 14,55 euros más en total (unos 200 euros al año) hasta los 739 euros. Otro pensionista que viva solo recibirá 8,80 euros más (120 euros al año).
Esta última cantidad la obtendrá también una persona que padezca, por ejemplo, una invalidez absoluta y tenga, además, cónyuge a su cargo. Mientras, la pensión de las viudas con cargas familiares subirá 13,65 euros más al mes (190 euros al año). Por su parte, los huérfanos percibirán 3,60 euros más también mensuales (50 al año) hasta los 183 euros.
Finalmente, el Gobierno decidió ayer suprimir la ampliación del permiso de paternidad que había previsto que llegara a un mes (ahora es de 15 días) y que iba a entrar en vigor en enero. Hasta ahora lo han recibido 130.000 padres. El ahorro en esta política social será de unos 200 millones
AJUSTE DE CUENTAS
JOHN MÜLLER
Tristes y quizás inútiles
Unas cuentas muy tristes. No es una descripción técnica, pero las grandes magnitudes del anteproyecto de Presupuestos permiten avizorar una situación económica pésima, gris, sin concesiones para el optimismo. Entramos en la crisis en 2008, nos hundimos en 2009, tocamos fondo en 2010 y en 2011 no nos vamos a recuperar. Lo más seguro es que nos arrastremos por el fondo del agujero en el que caímos.
Creceremos, pero no al ritmo que nos permita crear empleo. El paro se moverá unas décimas dependiendo de la población activa, que a su vez oscilará de acuerdo con el nivel de desencanto colectivo que hará que muchos dejen de buscar empleo. Unos encontrarán trabajo y otros lo podemos perder, pero el número de parados seguirá casi inamovible. Si algo son estos Presupuestos son un desmentido al optimismo de Zapatero en Nueva York. No hay nada que apoye su afirmación de que ya se ha iniciado la recuperación.
Vienen apreturas para la clase media. Más impuestos con dos nuevos tramos en el IRPF destinados a exprimir a las nóminas altas y menos ayudas y desgravaciones (adiós a la deducción por vivienda) para los que ganen más de 24.000 euros al año.
Pero tampoco se puede decir que sean unos Presupuestos austeros y ahorrativos. Es verdad que el gasto del Estado se reduce en un 7,9% y los ministerios ven recortarse el suyo en un 16% de media. Pero la deuda se incrementa en un 5,9% del PIB (más de 60.000 millones). ¿Les suena la cantidad? Es más o menos el mismo déficit previsto para el próximo año, un 6% del PIB, el objetivo que la vicepresidenta Elena Salgado declaró ayer como irrenunciable. A primera vista, entonces, lo comido por lo servido. Habrá que esperar al jueves para conocer con detalle la estructura del gasto.
Si con subida de impuestos (IVA, IRPF, impuestos al capital) y eliminación de ayudas y deducciones, todavía tenemos que aumentar nuestro endeudamiento en casi un 6% del PIB para cumplir con un objetivo de déficit del 6% tenemos un problema de más de 120.000 millones de euros. Podemos engañarnos con que la recaudación fiscal se recuperará tarde o temprano y ponerles velas a todos los santos existentes, pero sin un plan de ahorro más exigente, que recorte en las tripas de nuestras administraciones públicas o que suponga una reorganización radical del Estado, no hacemos nada.
El ahorro estructural es la única forma de reconducir a este Estado manirroto que tiene instituciones por triplicado cuando no por quintuplicado.
Son, además, unas cuentas deprimentes porque son perfectas para una crisis de solvencia o de riesgo soberano, pero no para lo que nos pasa que es una crisis de endeudamiento, fruto de haber vivido por encima de nuestras posibilidades. Se detraen recursos a las familias cuando más los necesitan para honrar sus deudas (aproximadamente 1 billón de euros, la riqueza que produce España en un año) y reequilibrar su situación.
Eso sí, son unas cuentas realistas. Hay que reconocer a Salgado que sus números están más cerca de la realidad que aquellos malhadados Presupuestos que elaboró Pedro Solbes antes de irse. Ahí fue donde Zapatero se dejó su crédito a jirones. Pero ganó las elecciones.
john.muller@elmundo.es
Madrid
El PP cree que harán daño a «las clases medias y a los jóvenes»
«No es el momento de subir los impuestos y menos los de las rentas del trabajo», dice CiU
El Gobierno sólo escuchó ayer críticas por parte de los distintos grupos parlamentarios en referencia al proyecto de Presupuestos Generales del Estado. Entre ellas estuvieron las del portavoz económico del PP, Cristóbal Montoro, quien consideró que las cuentas para 2011 «prolongan la agonía de la crisis».
Éstos son, según aclaró en una rueda de prensa celebrada en la sede de su partido, los presupuestos que «más sacrificio suponen para el ciudadano medio» ya que el Ejecutivo de Zapatero «no es capaz de ser suficientemente austero en una situación de crisis».
Lamentó que con ellos se vaya a incrementar el paro; subir los impuestos «haciéndolos más injustos para las clases medias y especialmente los jóvenes»; congelar las pensiones, y reducir los servicios públicos. Además, se refirió al recorte de la partida para el Ministerio de Fomento del próximo año asegurando que se trata de «un auténtico cierre del capítulo de inversión pública en infraestructuras» en España.
Sus críticas también se centraron en el gasto para financiar la Sanidad, la Educación, la Ley de Dependencia y las prestaciones sociales en su conjunto que, según esgrimió, han retrocedido a niveles de 2006. «Se ha perdido un lustro en términos del avance del estado del bienestar en nuestro país», puntualizó.
Durante su comparecencia, celebrada pocos minutos después de que la vicepresidenta primera del Gobierno y la ministra de Economía presentarán en La Moncloa los presupuestos para el próximo año, Montoro aseguró que no recuerda «en toda la historia de la democracia» una ocasión en que el Gobierno haya aportado menos información y menos cifras sobre las cuentas. Por eso, calificó de «opaca, vacilante y dubitativa» la explicación ofrecida por el Gobierno, en referencia al documento, una falta de transparencia que se debe, en su opinión, a que el Ejecutivo «no es capaz de explicar a la opinión pública lo que acaba de aprobar».
Respecto al contenido del pacto con el PNV, que días atras consideró como la ruptura de la caja única de la Seguridad Social, matizó que, si los responsables «se echan atrás en sus declaraciones, el PP habrá cumplido con su tarea». Ésta es, explicó, «impedir» dicha ruptura.
CiU. El portavoz de CiU en el Congreso, Josep Antoni Duran Lleida, también se mostró disconforme con «unos presupuestos continuistas» sin ninguna medida que «ayude a la recuperación económica». «No es el momento de subir los impuestos, y menos los de las rentas del trabajo», opinó. Aseguró que la subida del IRPF a las rentas más altas tendrá «un impacto recaudatorio pequeño».
ERC. Joan Ridao, portavoz de ERC, optó por mostrar su desacuerdo jugando con el lenguaje ya que, en su opinión, «éstos no son los presupuestos contra la crisis» sino que son, más bien, «los presupuestos de la crisis». «Como siempre, Zapatero simula poner el intermitente a la izquierda y termina girando a la derecha», satirizó al hablar del incremento del IRPF para las rentas más altas. «Todo el mundo sabe que los ricos no están en el IRPF», apostilló.
IU. Para el coordinador general de IU, Cayo Lara, esa medida es «ridícula» y «populista». Cree que, aunque queda bien «de cara a la galería» no resolverá el fraude a la Hacienda Pública que hay en España, que se cifra en unos 70.000 millones de euros. Gaspar Llamazares fue aún más creativo en su crítica al considerar que el presidente ha pasado de la «geometría variable a la geografía conservadora» porque pacta «únicamente en clave conservadora, y fundamentalmente con partidos nacionalistas conservadores».
BNG. Las cuentas son, a juicio de su portavoz en el Congreso, Francisco Jorquera, «raquíticas y desnutridas, marcadamente antisociales y contraproducentes» para salir de la crisis. «Concentran los costes en los sectores sociales con menos recursos», denunció aludiendo a los pensionistas y a la reducción de las prestaciones por paternidad y maternidad y por incapacidad temporal.
UPyD. La líder de UPyD, Rosa Díez, centró sus críticas en el pacto que el Gobierno ha llevado a cabo con el PNV para sacar adelante los presupuestos. En su opinión, el traspaso de las políticas activas de empleo al País Vasco es un «privilegio» que sería inviable extender al resto de comunidades autónomas. «El dinero es lo de menos, aunque es mucho, pero se trata de una cesión de soberanía, y de la ruptura de la equidad» con la que, afirmó, se rompe la caja única. Díez explicó que «la Seguridad Social era el único instrumento de cohesión de España», que Zapatero ha roto «como ya hizo con el Pacto de Toledo».