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sábado, 18 de septiembre de 2010

EDITORIALES: Cuando en España ya NO son IGUALES ni los parados



Moncloa cede al chantaje del PNV

Cuando en España ya no son iguales ni los parados

Zapatero embustero

EL PNV volverá a ser la bombona de oxígeno del Gobierno si se cierra el acuerdo para que apoye los próximos Presupuestos Generales. Pero éste no puede ser más nefasto e insolidario con el conjunto de los españoles, ya que Moncloa se habría acabado plegando a la exigencia de dotar a las políticas activas de empleo que van a ser traspasadas al País Vasco con la cuantiosa cifra de 480 millones de euros. La cantidad es la resultante de aplicar como criterio la concesión del 6,24% de los fondos -porcentaje del cupo vasco-, independientemente del número de parados que haya en esta comunidad. Un agravio comparativo intolerable, ya que supone que el Estado destinaría 2.400 euros por cada parado vasco, frente a los 800 euros de media dirigidos a los del resto de España. Estamos ante una nueva rendición del Gobierno al PNV para prolongar su agonía algo más de tiempo, con el agravante de que deja al lehendakari Patxi López a los pies de los caballos, puesto que debería ser su gabinete el que negociara el traspaso de las políticas activas de empleo con Moncloa, y no un partido en la oposición.

Crece a un ritmo superior a la estatal

La incontrolada espiral de la deuda autonómica

Zapatero embustero

LA DEUDA de las Administraciones Públicas ha alcanzado ya la cifra de 600.000 millones de euros, lo que supone el 57% del PIB, el porcentaje más alto en los últimos diez años. Lo significativo es que la deuda ha crecido 20 puntos desde finales de 2007, cuando todavía no había crisis. La deuda del Estado se ha incrementado en un 18% en los últimos doce meses, pero la de las comunidades autónomas ha aumentado un 26%. Ya supera la considerable cantidad de 104.000 millones de euros.

Ello pone de relieve la necesidad de limitar el endeudamiento de las autonomías, que además ha crecido mucho más rápido que el del resto en los últimos meses.

De nada servirán los planes de recorte de gastos del Estado, con bajada de los salarios de los funcionarios y congelación de las pensiones, si las comunidades autónomas siguen en esta espiral incontrolada de gasto y deuda.

El PSOE recoge lo que sembró en la Guardia Civil

LOS AGENTES de la Guardia Civil podrán hoy manifestarse sin miedo a las represalias tras la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que anula la prohibición de la Subdelegación del Gobierno en la capital.

El Ministerio de Interior había expedientado a sus promotores tras considerar que los agentes no tenían derecho a manifestarse en reivindicación de una mejora de sus condiciones laborales. Pero la Justicia ha asestado un duro varapalo al Gobierno al fallar que los miembros de la Benemérita tienen derechos de expresión, reunión y manifestación aunque no puedan agruparse en sindicatos.

Por ello, miles de miembros del Cuerpo van a acudir en las próximas horas a la sede histórica de la Guardia Civil para defender sus demandas, algunas de las cuales fueron satisfechas por Interior el pasado jueves como una reducción de la jornada semanal y el disfrute de 14 festivos anuales. Queda pendiente de negociación -ahora no es posible por el ajuste del gasto público- la vieja reivindicación de una subida salarial que les equipare a los profesionales de la Policía Nacional y de los cuerpos autonómicos.

Los promotores de la manifestación de hoy han invitado al acto a Cándido Méndez e Ignacio Fernández Toxo, líderes de UGT y CCOO, lo que, sin duda, aumentará el impacto mediático de la convocatoria, con el riesgo de desnaturalizar su contenido en vísperas de una huelga que enfrenta a Gobierno y sindicatos.

Aunque los organizadores se han cuidado muy mucho de precisar que en su agenda no está la cuestión de la desmilitarización de la Guardia Civil, todo el mundo sabe que existe entre sus miembros un creciente apoyo a esa medida.

Algunos ministros del primer Gobierno de Zapatero como Jesús Caldera, responsable de Trabajo, eran favorables a desmilitarizar el cuerpo y así lo manifestaron en público. También el Gobierno llegó a anunciar la fusión de la Policía Nacional y la Guardia Civil, que no se ha producido, aunque tengan el mismo director general.

Ello supuso un importante apoyo a quienes propugnaban en su interior la desmilitarización, lo mismo que la Ley Orgánica de Derechos y Deberes de la Guardia Civil, aprobada en 2007, en la que se reconocía el asociacionismo de carácter profesional. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha invocado precisamente esta norma para autorizar la manifestación de hoy.

En suma, lo que el Gobierno ha hecho en estos últimos años ha sido tomar medidas hacia la desmilitatización, pero sin atreverse a dar el paso definitivo. En cambio, no ha mejorado de forma suficiente el salario y las condiciones de vida de los agentes, que siguen dejando mucho que desear. De ahí el malestar del que surgen las movilizaciones contra el Ejecutivo.

Creemos que el Gobierno se ha equivocado en esta política de suerte que está recogiendo lo que sembró al alentar las expectativas de la desmilitarización. Ahora se ve obligado a dar marcha atrás en ese camino porque una Guardia Civil sometida a la jerarquía militar ofrece muchas más garantías de disciplina y eficacia que los cuerpos que no lo están.

En las circunstancias que vive este país, parece claro que la Guardia Civil debe seguir siendo un cuerpo militar, lo que no es óbice para que el Gobierno se tome la mejora del salario, las viviendas y las condiciones laborales de los agentes como una prioridad. Y ello porque es de justicia reconocer la gran labor que ha hecho y sigue haciendo la vieja Benemérita.

Aplaza la decisión del ATC para no dañar al PSOE

El Gobierno tiene que hacer caso a los técnicos

EL CONSEJO de Ministros dejó ayer sobre la mesa la instalación del almacén de residuos nucleares en Zarra, la localidad valenciana elegida en primer lugar por los técnicos que elaboraron el informe presentado por el ministro Sebastián, que pretendía dejar resuelto un problema que dura meses. Según relatamos hoy, la vicepresidenta De la Vega -diputada por Valencia- llevó la voz cantante para posponer la decisión, aunque los ministros con más peso político la respaldaron. Según argumentaron, la construcción del ATC en Zarra perjudicaría los intereses electorales del PSOE en la Comunidad Valenciana, regalándole a Camps una bandera victimista para tapar el caso Gürtel. De hecho, los socialistas valencianos anunciaron que presentarán en las Cortes una moción de rechazo a este almacén. Posponer una decisión recomendada por los técnicos -para pedir más informes jurídicos- es un error. Ya dijimos cuando saltó la polémica que éste es un asunto de Estado y que el Gobierno tiene que aprobar lo que decidan los técnicos. Ni las comunidades ni los partidos deberían tener nada que decir.

ZAPATERO ESQUILMA EL ESTADO SOCIAL QUE PROCLAMA LA CONSTITUCIÓN PARA MANTENERSE ÉL UNOS MESES MÁS EN EL PODER



BELÉN FERRERAS / Bilbao

El País Vasco recibirá el triple de dinero por parado que el resto

Zapatero encarrila la negociación del Presupuesto con el PNV

Zapatero embustero

El Gobierno vasco contará con el triple de dinero por parado que Andalucía para el desarrollo de políticas activas de empleo cuando se materialice la transferencia de esta competencia.

Gracias a la aplicación del Concierto Económico Vasco, el reparto de fondos no se realizará en función del número de parados registrados en la comunidad vasca, sino descontando del pago del Cupo -la cantidad que Euskadi paga al Estado por las competencias no transferidas- el 6,24% de la partida presupuestaria que el Gobierno central destina a las políticas activas de empleo.

Esto permitirá a Euskadi, cuya tasa de paro es de las más bajas, contar con un capital muy superior al del resto de autonomías que tienen transferidas las políticas activas de empleo (todas salvo País Vasco, Ceuta y Melilla).

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Zapatero embustero

En Euskadi sólo el 10,4% de la población activa vasca está en paro frente a la tasa del 27,78% que hay en Andalucía, la más alta de todo el Estado, según el último dato de la Encuesta de Población Activa (EPA).

Sin embargo, sólo con que se materializara la negociación que el Gobierno vasco liderado por Patxi López tenía avanzada ya con el Ejecutivo central -es decir, sin contar con la exigencia del PNV de incluir también las bonificaciones a los contratos mediante la reducción de las cuotas empresariales a la Seguridad Social-, el montante de la transferencia ascendería a unos 312 millones de euros.

Esto supone que el Gobierno vasco contaría con 2.433 euros por cada uno de los 128.201 parados que estaban registrados en las oficinas de empleo al finalizar el año 2009.

Esta cantidad contrasta con los 803,12 euros por cada parado que gestiona Andalucía, los 617,55 euros por parado de Valencia, los 887,24 de Extremadura o los 640,62 euros por desempleado que recibe Murcia, todas ellas autonomías con tasas de paro superiores al 20%, el doble de la actual tasa de desempleo vasca.

Si finalmente José Luis Rodríguez Zapatero acepta las exigencias del PNV para poder sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado -como ya todo el mundo da por seguro, dado que la negociación parece encarrilada- y la transferencia de las políticas activas de empleo incluyen también la gestión de las bonificaciones mediante la reducción de cuotas a la Seguridad Social, el montante económico de la transferencia ascenderá a unos 480 millones de euros, según los cálculos de los nacionalistas.

El dinero con el que contaría el Gobierno vasco por cada parado se elevaría así a 3.744 euros.

La cantidad gestionada por Euskadi seguiría siendo muy superior a la que recibe el resto de las comunidades por cada uno de los parados registrados, aun en el caso de que finalmente el Gobierno de Zapatero optase por transferir la gestión de las bonificaciones por cuotas a la Seguridad Social al resto de comunidades de régimen común -como dan por sentado algunas fuentes- para contentar así al PNV sin agraviar al resto de los gobiernos autonómicos y que su cesión ante el partido de Urkullu no le ocasione una rebelión autonómica.

¿Por qué se produce esta diferencia entre la asignación que recibirá Euskadi cuando asuma esta competencia y lo que gestiona el resto de las comunidades?

La clave está en el Estatuto de Guernica y las competencias que otorga a Euskadi, pero sobre todo en las peculiaridades del Concierto Económico vasco.

El estatuto de autonomía concede a la comunidad vasca la capacidad para la «ejecución de la legislación del Estado» en materia de «legislación laboral, asumiendo las facultades y competencias que en este terreno ostenta actualmente en Estado», entre las que se encuentran «la promoción y cualificación de los trabajadores y su formación integral». Es decir, tiene competencia para asumir la gestión de todas las políticas activas, incluida la parte que ahora se reserva el Estado.

Pero, sobre todo, la diferencia estriba en el Concierto Económico que regula las relaciones con el Estado y que permite que el reparto de los fondos no siga el criterio del número de desempleados, sino que se rija por el descuento del Cupo vasco.

La asignación de los fondos para las políticas activas de empleo entre el resto de las comunidades autónomas se lleva a cabo siguiendo unos criterios que acuerdan entre todas las autonomías implicadas en la Conferencia Sectorial sobre esta cuestión. Dichos criterios se basan fundamentalmente en el número de parados registrados y el de demandantes de empleo no ocupados.

La cantidad destinada este año a ese reparto entre comunidades asciende a 3.018 millones de euros. Sin embargo, el cálculo realizado por el PSE, y sobre el que había ya un preacuerdo con el Gobierno central, suma otros 2.000 millones porque añade la cantidad que se reserva el Gobierno central para desarrollar políticas activas de empleo al margen de las autonómicas, y que en el caso vasco serían también asumidas por el Ejecutivo regional.

CARMEN REMÍREZ DE GANUZA / Madrid

Rajoy se plantó frente al traspaso

Negoció con Ibarretxe en 1996 desde Administraciones Públicas

Ocurrió hace 14 años en el despacho del propio Mariano Rajoy. El entonces ministro de Administraciones Públicas del recién estrenado Gobierno Aznar recibía varias veces en su despacho al entonces vicelehendakari del Gobierno vasco, Juan José Ibarretxe, y al secretario general de Desarrollo Autonómico, Javier Balza. Acompañado por su secretario de Estado de Administración Territorial, el popular Jorge Fernández, Rajoy negociaba con ellos el desarrollo del Estatuto de Guernica, como parte de los acuerdos de Investidura y Gobernabilidad firmados en 1996 con PNV, CiU y CC.

Recuerda Jorge Fernández que los políticos vascos venían en coche desde Vitoria hasta el Palacete de Castellana, 3, y que el ministro y el vicelehendakari consumían siempre la primera media hora de la reunión hablando de ciclismo. Un clima distendido, que perduró incluso después del veto de Rajoy al traspaso de las cuotas y políticas de empleo. Porque ése fue el escollo con el que tropezaron unas reuniones que se sucedieron entre 1996 y 1997 y que convirtieron al País Vasco en el único territorio que no aceptó la transferencia del Inem. Un traspaso inaugurado por Cataluña y que aceptó el propio régimen foral de Navarra.

Lo que los nacionalistas reclamaron a Rajoy fue que les transfiriera la cuota de formación profesional que integra -junto a la cuota empresarial, la del trabajador y otras-, la cotización de cada contrato laboral a la Seguridad Social, que recauda la Tesorería General de la Seguridad Social en la llamada caja única. Según el popular, «se empecinaron en pedir el traspaso de la cuota de formación profesional y su propia gestión o, sólo subsidiariamente, su recaudación».

La respuesta de Rajoy fue negativa. «Llegamos a ofrecerles un dinero efectivo de promedio, como coste equivalente del traspaso», admite su ex número dos, pero insiste: «Nunca cedimos en traspasar la gestión de la propia recaudación, porque ello equivalía a trocear la cotización de la Seguridad Social y la caja única»

Sea como fuere, no hubo acuerdo. Para el Gobierno del PP representaba «un principio inamovible no romper la caja única». Y éste es el principio que entra en riesgo, en opinión de los populares, con la negociación del Gobierno de Zapatero con el PNV.

«Me parece una trampa», declaraba ayer Fernández, «distinguir entre transferir la gestión y la titularidad del traspaso, porque ello supone abrir una puerta a la territorialización de unos recursos destinados a la solidaridad en toda España». «Tocar la caja única», insistía, «es tocar la esencia del Estado Social Democrático y de Derecho establecido por la Constitución».

MIKEL SEGOVIA / Bilbao

Urkullu avisa (se pitorrea): «No somos salvavidas de nadie»

Asegura que el apoyo al PSOE no será 'incondicional' para acabar la legislatura

El PNV enfrió ayer los anuncios triunfalistas que aseguran que el pacto con Zapatero está hecho. Ha habido avances, sí, pero aún queda camino por recorrer. La semana que viene, la Ejecutiva de la formación analizará la última oferta con la que podría despejarse el horizonte. Por ahora, las negociaciones abordan fundamentalmente la deuda pendiente del curso pasado; las políticas activas de empleo, además de otras posibles transferencias en materia laboral. La factura de 2011 apenas se ha puesto sobre la mesa. Los nacionalistas no tiene prisa, saben que la presión recae en el PSOE y su Gobierno. El presidente del EBB, Iñigo Urkullu, recordó que en Sabin Etxea no tienen ninguna aspiración de ser «el salvavidas» de nadie. «Es evidente que el PNV no es ni va a ser un apoyo incondicional para que Zapatero cumpla la legislatura», advirtió.

En los últimos días, todos los focos han apuntado en la misma dirección: el traspaso de las políticas activas de empleo. Es un compromiso que socialistas y jeltzales asumieron en la negociación de 2010 y que está pendiente de «flecos». Durante su participación en el Forum Nueva Economía, Urkullu advirtió de que los contactos se encuentran en una fase previa, «cerrar este acuerdo de 2010 es obligatorio para abrir el acuerdo de 2011».

Para el PNV, hablar de que Zapatero ya puede respirar tranquilo es precipitado. «Nosotros hablamos claro: aportaremos este apoyo si Euskadi avanza como país y si los vascos avanzamos en la salida de la crisis». Un avance que los nacionalistas supeditan a más transferencias -además de las referidas a las políticas activas de empleo-, más inversiones para Euskadi y mayores niveles de autogobierno. «La tarea está inacabada», aseguró Urkullu en referencia al incumplimiento del Estatuto de Gernica. «Euskadi es acreedora de nuevos poderes de autogobierno», dijo. «No se trata de un capricho ni de gula; se trata, sencillamente, de que el autogobierno es sinónimo de profundización en nuestra identidad y nuestros derechos, sinónimo de progreso y bienestar».

Urkullu aclaró que al PNV tan sólo le preocupan «los intereses de Euskadi» y si para ello, de modo «coyuntural», debe cerrar un acuerdo con el Gobierno que le brinde la estabilidad, «será una consecuencia, no una voluntad». Aclaró que en caso de respaldarle, el apoyo no sería «incondicional» con el fin de que Zapatero pueda finalizar la legislatura sino sólo para el próximo año.

El viernes, el Consejo de Ministros prevé aprobar su proyecto de Presupuestos. Hasta entonces, los tiempos de las negociaciones PNV-PSOE se acelerarán. «Entiendo que querrán tener un escenario despejado sobre qué viabilidad tiene el debate de los Presupuestos en las Cortes». Urkullu recordó al Ejecutivo español el riesgo que asumiría si aprueba las cuentas para 2011 sin el respaldo necesario «y con la espada de Damocles de las enmiendas a la totalidad».

Los nacionalistas quieren que esta propuesta de cuentas se caracterice por la austeridad. El PNV exigirá que en los presupuestos se garantice una mayor estabilidad fiscal y medidas de incentivación y apoyo a la actividad empresarial, «especialmente a través de proyectos de innovación, internacionalización y el apoyo a la industria». Zapatero «debe tener estas premisas en cuenta».

López dice 'no' al PNV

El Gobierno vasco no va a colaborar con el intento del PNV de recuperar la iniciativa en la agenda política. El 'lehendakari', Patxi López, trató de abortar ayer la propuesta de «diagnóstico conjunto» que Iñigo Urkullu anunció para tratar la posición de los partidos políticos democráticos respecto al último comunicado de ETA. «Si todos decimos que no hay novedad, no veo que haya que hacer nada nuevo», opinó el 'lehendakari', que se reafirmó en la política de «unidad» y «tolerancia cero».

TODO EL MUNDO SE ORINA EN LA ESPAÑA POSTRADA DE ZAPATERO



FERNANDO LÁZARO / Madrid

Gibraltar echa a los inmigrantes de 'sus' aguas

Mantuvo en el mar a cuatro irregulares hasta que llegó la nave de la Guardia Civil

Zapatero embustero

La cuestión está cada día más clara. Gibraltar reivindica más aguas de las que legalmente tiene establecidas pero únicamente cuando le interesa. Por eso, por ejemplo, no quiere que los inmigrantes irregulares que llegan desde el norte de África sean de su incumbencia. Así ocurrió el 9 de septiembre cuando, en aguas que reclaman como suyas, no quisieron hacerse cargo de una embarcación de subsaharianos.

Desde hace meses, las patrulleras de la Guardia Civil tienen que sufrir, día sí día también, el acoso de la Royal Navy británica y de la Policía gibraltareña. Cuando las actuaciones del Instituto Armado se realizan a menos de tres millas del Peñón, son hostigadas por los británicos al grito de «¡Salgan de nuestras aguas!». Los episodios han sido descritos uno tras otro por este periódico.

Pero parece que para algunas situaciones concretas, y menos relevantes para ellos que sacar pecho y echar a la Guardia Civil, la presencia de las embarcaciones españolas en lo que consideran sus aguas no es tan molesta.

Sucedió el pasado jueves. A menos de una milla y media de Punta Europa, es decir, en aguas en las que, desde hace meses, se suceden los incidentes. Pero, en esta ocasión, la Guardia Civil fue, incluso, requerida por Gibraltar para que desplazara una embarcación hasta esa zona.

Los responsables en tierra recibieron una notificación de la Policía gibraltareña de que había interceptado una embarcación neumática con inmigrantes a bordo. Es decir, en lugar de hacerse cargo de ellos, porque estarían en lo que definen como sus aguas, Gibraltar trasladó la responsabilidad a la Guardia Civil.

No querían nada con los inmigrantes localizados. Ni siquiera se molestaron en ayudarles. Un flotador lanzado desde una embarcación de la Policía gibraltareña fue su única labor humanitaria en ese acto. Lógicamente, la nave de la Guardia Civil tardó un rato en llegar. Se estima en más de una hora el tiempo que transcurrió desde que la neumática con los inmigrantes fue localizada por la Policía gibraltareña hasta que fueron rescatados por los agentes españoles.

La imagen que los guardias civiles tuvieron que contemplar cuando llegaron a la zona fue, cuanto menos, sorprendente, según explicaron a este periódico fuentes cercanas a quienes intervinieron en la operación. Ninguno de los inmigrantes había sido rescatado. Tres de ellos permanecían en esa pequeña embarcación neumática de recreo en la que habían conseguido cruzar el Estrecho. Pero lo más grave es que, cuando llegaron los guardias civiles, un cuarto inmigrante estaba en el agua con un flotador. La Policía gibraltareña le había lanzado un aro salvavidas a las frías aguas, pero no había tenido el gesto humanitario de subirlo a bordo de su patrullera. Simplemente, habían amarrado un cabo al salvavidas y al candelero de su patrullera.

Estuvo en el agua durante casi media hora, hasta que recibieron la notificación de que lo subieran a bordo y lo trasladaran a Gibraltar. Los otros tres fueron rescatados por la Guardia Civil y trasladados a Algeciras, donde dos de ellos tuvieron que ser atendidos por la Cruz Roja por un principio de hipotermia, y eso que estaban en la neumática.

No hay datos de en qué estado llegó el inmigrante que permaneció en el agua durante 30 minutos. La actitud de la Policía gibraltareña ante este inmigrante fue «despreocupada y pasiva», según las fuentes.

TESTIGO DIRECTO
ERENA CALVO / Beni Enzar

Rezos por la «descolonización»

Decenas de marroquíes se reúnen para orar en el paso fronterizo de Beni Enzar

Banderas marroquíes, cánticos de exaltación nacional, nuevos fotomontajes contra el Partido Popular, una oración por la «descolonización» de Ceuta y Melilla y mucha provocación, pero con los mismos protagonistas de siempre.

Abdelmonaim Chaouki, presidente de la Coordinadora de la Sociedad Civil del Norte de Marruecos, y Said Chamtri, responsable de la Asociación Gran Rif de Derechos Humanos, congregaron ayer a un puñado de marroquíes en la frontera de Beni Enzar, que separa Nador de Melilla, para conmemorar el 513º aniversario de la «ocupación» de las dos ciudades autónomas españolas del Norte de África.

A pesar de que en días anteriores habían anunciado una gran afluencia de manifestantes en la tierra de nadie de la frontera que Marruecos se ha comido metro a metro, los protagonistas de la protesta no superaron el centenar. Entre ellos, mucho niño y adolescente de la zona acompañado por decenas de policías marroquíes que «controlaban» el tono de las quejas.

También se sumaron a la concentración Amin Bakali, presidente de las comunidades islámicas de los países escandinavos, y Mohamed Ali, representante de la Comisión Islámica Ceutí, quien se dirigió a la masa acusando al PP de «zarandear» las relaciones entre España y Marruecos, y advirtió de que este comportamiento puede terminar «encendiendo la chispa».

«Cualquier día puede terminar pasando algo que no nos guste ni a unos ni a otros», gritó ante los manifestantes. «No podemos permitir que se ofenda a la dignidad de los marroquíes conmemorando efemérides donde murieron miles de musulmanes tanto en Ceuta como en Melilla; es una fecha en la que tendríamos que vestirnos de luto», consideró Ali.

A pocos metros de la valla que separa la tierra de nadie y el puesto español de la frontera, los organizadores de los actos de protesta extendieron una gran alfombra, donde decenas de marroquíes escucharon el sermón del viernes -el más importante de la semana para los musulmanes-, que dirigió Amim Bakali. El imán oró por «la unidad de acción de los marroquíes para la descolonización de las dos ciudades».

España, dijo Bakali, «debería aceptar la decisión marroquí de crear una comisión conjunta para finalizar con la colonización». En esta petición ha insistido en varias ocasiones en los últimos meses el primer ministro alauí, Abas El Fasi. La última, en la misiva que dirigió el también líder del Istiqlal a Mariano Rajoy esta semana para expresar, además, su «rechazo total» a la visita que realizó el pasado jueves a Melilla.

Dos horas antes del rezo, los organizadores de la protesta ya habían comenzado a tomar el paso de Beni Enzar para preparar el escenario con pancartas donde reivindicaban Ceuta y Melilla para Marruecos, y nuevos fotomontajes contra el PP con la misma leyenda que mostraron este jueves («el vertedero de la historia»), pero en el que aparecían las cabezas del líder de los populares, Mariano Rajoy, del ex presidente del Gobierno José María Aznar y del presidente del Gobierno de Melilla, Juan José Imbroda, dentro de bolsas de basura.

Con la música de la Marcha Verde -operación con la que Hasán II ocupó el Sahara Occidental- de fondo, los manifestantes fueron avanzando por la tierra de nadie enarbolando banderas marroquíes y coreando que «Ceuta y Melilla son como el Sáhara marroquí». A su alrededor marchaban decenas de policías marroquíes que tuvieron que formar un cordón cuando los alborotadores se aproximaron a menos de un metro del puesto español.

Hasta su valla se encaramó un marroquí con su bandera nacional; momento en el que los policías españoles -que terminaron forcejeando con un par de manifestantes que traspasaron la verja- tuvieron que cerrar el paso. «Míranos, somos pocos compañeros; los policías marroquíes nos superan siempre con creces», se quejaba a EL MUNDO un agente español que reclamaba del Gobierno «más refuerzos para esta caótica frontera». «Las cosas que pasan aquí no son normales», zanjó.

Imbroda reprocha «frivolidad»

El presidente de Melilla, Juan José Imbroda, calificó ayer de «frívolo» que Marruecos, «de vez en cuando», reivindique la soberanía de Ceuta y Melilla cuando presume de buenas relaciones con España.

Coincidiendo con la conmemoración de los 513 años de españolidad de Melilla, Imbroda advirtió de que Rabat debería tener en cuenta que es un país «amigo» de España, con el que mantiene relaciones «muy estrechas, muy densas y muy intensas».

Imbroda apostó por que esas buenas relaciones se sigan manteniendo y destacó el buen entendimiento que hay entre los melillenses y los marroquíes que viven en las localidades cercanas, ya que existen lazos familiares, culturales, económicos y comerciales «muy intensos». «De esa cooperación y de esos lazos, avanzan todos», afirmó.

JAVIER ADÁN / Águilas (Murcia)

De La Meca a La Isla y del minarete a un faro

La discoteca de Murcia cambia de nombre tras las amenazas

Corresponsal

Los dueños del local de copas La Meca, de la localidad murciana de Águilas, cambiaron ayer el nombre comercial de su negocio por miedo a posibles represalias de radicales islamistas. La discoteca se llama ahora La Isla. Han arrancado el símbolo de la media luna de la cúpula, el nombre antiguo de la puerta principal y las alusiones de las ventanas. El minarete pasará a ser un faro.

Todo, por las supuestas amenazas de radicales que, en diferentes correos electrónicos recibidos, les conminaban a irse al infierno. Dichos mensajes están en manos de la Policía, que desde hace algún tiempo había detectado en la Red el malestar de los integristas, según expresaron los representantes de los dueños, Pedro Morata y Javier Hernández.

Habían sido ajenos a la guerra abierta en internet contra ellos en diferentes países hasta que, el pasado fin se semana, su web sufrió un ataque por parte de un hacker muy experto que les bloqueó la página y les colgó mensajes amenazantes.

Los cambios, producidos con carácter inmediato, los han llevado a cabo de manera inminente por miedo a que sus clientes (100.000 durante el verano) se sintieran incómodos ante tanta repercusión mediática.

Junto a los dueños de la sala de fiestas, estuvieron en la rueda de prensa en la que anunciaron los cambios Mounir Benjelloun, en representación de la Federación Islámica de la Región de Murcia; Mohamed Reda, secretario de la Unión de Comunidades Islámicas de Murcia y Absullah Odeh, portavoz de la Comunidad Islámica en Águilas.

Todos ellos estuvieron de acuerdo en que la comunidad islámica en España está siendo perjudicada por las amenazas que no respetan el Estado de Derecho y que no comparten. A su juicio, el nombre del local no es en absoluto lesivo para sus creencias.

Pedro Morata lamentó que «ni el Ministerio de Interior, ni el de Exteriores ni cualquier otro organismo gubernamental» se hubiese puesto en contacto con quienes «hemos sufrido la situación de estos días». «Tan sólo Esteban González Pons, vicesecretario de Comunicación del PP, ha manifestado su intención de visitarnos para interesarse por el percance», manifestó.

El Gobierno regional, a través de su portavoz, María Pedro Reverte defendió a los dueños de La Isla -porque «nunca fue con el afán de ofender o perjudicar a nadie»- y expresó su «tristeza» por la «intolerancia de determinados colectivos».

LA FALSA Y CÍNICA VICEPRESIDENTA DEL GOBIERNO CAMPEÓN EN RECORTES DE DERECHOS SOCIALES DE TODA NUESTRA HISTORIA, DICE QUE ES PP EL QUE RECORTARÍA



MARISA CRUZ / Madrid

De la Vega culpa al PP de «utilizar» a los gitanos y a los trabajadores

Dice que la única receta de los 'populares' frente a la crisis es el recorte de derechos

Zapatero embustero

El día después de que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, respaldara la polémica política de deportaciones de gitanos rumanos del presidente francés, Nicolas Sarkozy, tocaba justificar y apoyar la decisión. Le tocó a la vicepresidenta primera María Teresa Fernández de la Vega en nombre de todo el Ejecutivo, y lo hizo echando balones fuera en una sorprendente jugada que al final tocaba de lleno al Partido Popular.

La número dos del Ejecutivo intentó evitar hacer una valoración de la estrategia de Sarkozy insistiendo en que la política en materia de inmigración e integración que existe en España apuesta decididamente por «conjugar la seguridad y el respeto a las leyes, los derechos humanos y la cooperación internacional».

Zapatero embustero

Sin embargo, ante la insistencia por conocer las razones que han empujado al presidente del Gobierno a dar respaldo a Sarkozy en un asunto tan espinoso, De la Vega optó por escudarse en que todos los países de la Unión habían adoptado la misma postura y que, según su lectura, no es otra que la de «esperar a que la Comisión Europea analice y arroje los resultados del expediente» que ha anunciado contra París.

Más dispuesta a pronunciarse se mostró cuando fue interrogada acerca de la visita que la eurodiputada de UPM -el partido de Sarkozy- Marie Thérèse Sánchez-Schmid, realizó ayer a algunos barrios de Badalona, acompañada por la presidenta del PP de Cataluña, Alicia Sánchez-Camacho, en la que se interesaron precisamente por los problemas que suscita entre la población la presencia de extranjeros no integrados, fundamentalmente rumanos.

Según la vicepresidenta primera, no resulta «razonable» que «el Partido Popular pretenda instrumentalizar un tema de esta naturaleza». Y aprovechó para recordar que el PP «no se ha caracterizado precisamente por apoyar en numerosas ocasiones una política tan positiva como ha sido la impulsada por España en materia de inmigración».

De la misma manera, la vicepresidenta primera arremetió contra los populares a cuenta de la intención declarada de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, de reducir en 2.000 personas el número de liberados sindicales en la región.

De la Vega recalcó que en la Administración General del Estado los liberados sólo representan el 0,14% del total de funcionarios, lo que se sitúa -tal y como señaló-, «sin resquicio de duda, dentro de la legalidad vigente».

En su opinión, lo que hace el PP es «cuestionar un derecho de los trabajadores con la excusa de la crisis». «El Gobierno», añadió, «no está dispuesto a entrar en el juego del Partido Popular. Da la sensación de que la única receta que tiene el PP contra la crisis es el recorte de derechos de los trabajadores». Las palabras de De la Vega causaron sorpresa en las filas del primer partido de la oposición.

Fuentes de esta formación política se apresuraron a recordar que es precisamente el Gobierno quien pretende afrontar la crisis rebajando los derechos de trabajadores, funcionarios y pensionistas. «¿Han olvidado que tienen convocada para el próximo día 29 una huelga general precisamente porque los sindicatos consideran que con su reforma laboral recortan injustamente los derechos de los trabajadores?», se preguntaba un cargo destacado del PP que daba por hecho que su grupo parlamentario sacará a relucir en la próxima sesión de control al Gobierno en el Parlamento las afirmaciones de la vicepresidenta.

JORDI RIBALAYGUE / Badalona

'Sin papeles' para la precampaña 'popular'

Una europarlamentaria gala y el PP van a la zona con más rumanos de Badalona

El PP logró reprogramar la precampaña catalana acudiendo a los barrios del sur de Badalona (Barcelona), donde se registra una mayor presencia de inmigrantes, sobre todo de origen rumano. Los dirigentes populares aprovecharon una visita de la eurodiputada de la UMP francesa, Marie Tèrése Sanchez-Schmind, compañera de Nicolas Sarkozy, amonestado por la Comisión Europea por expulsar unos 700 rumanos y búlgaros de etnia gitana que malvivían en chabolas.

Los roces entre vecinos y extranjeros, y los pasquines del PP en Badalona asociando a los romaníes con la delincuencia han situado al municipio en el objetivo de la derecha francesa para salvar la ola de deportaciones que Bruselas se propone cercenar con la apertura de un expediente. «Sabía que aquí no había campamentos. Vengo porque hay problemas y son situaciones de las que debemos hablar», se presentó Sanchez-Schmind acompañada por la presidenta del PP catalán, Alicia Sánchez-Camacho.

Tras recorrer una zona en la que la inmigración representa cerca de un tercio de la población, la parlamentaria francesa trazó sus malas impresiones al escuchar testimonios sobre pisos patera y episodios de incivismo. «Dicen que tienen miedo, que no se vive bien y que esta gente [los gitanos] sólo dispone de derechos, no de obligaciones», relató Sanchez-Schmind. La eurodiputada aclaró que no son comparables los campamentos de Francia con Badalona y alentó a «buscar soluciones» en las instituciones comunitarias: «Tenemos que trabajar juntos para que esta gente cumpla las reglas y se integre».

Varios curiosos siguieron de cerca la procesión de políticos y cámaras que callejeó por Badalona, deseosos de manifestar los recelos contra los rumanos que maceran desde hace años en barriadas obreras como La Salut, Llefià y Sant Roc, las mismos donde se dejó retratar la comitiva popular. «Llevaos unos pocos de esta calle», le gritó el parroquiano de un bar a la eurodiputada Sanchez, mientras una anciana lamentaba que no podían «ni salir a la calle». El líder del PP en Badalona, Xavier García Albiol, saludaba a los vecinos de la zona mientras les prometía que pondrían «orden».

MARIONA CERDÓ / Palma

Rajoy critica el Gobierno balear de «votos comprados»

Propugna en Palma que haya «libertad» de elección de lengua en la educación

«No queremos un Gobierno que esté con votos comprados». Lo dijo de pasada, pero la referencia estaba clara: Mariano Rajoy, líder nacional del PP, acusaba de esta manera al presidente del Gobierno autonómico balear, Francesc Antich, de haber conseguido su cargo gracias a votos obtenidos a cambio de dinero.

Lo hizo ayer en Palma, en el transcurso de un mitin en el que proclamó de manera oficiosa -aún está pendiente el visto bueno del comité electoral del partido- la candidatura del líder del partido en Baleares, José Ramón Bauzá, a la Presidencia autonómica en los comicios del próximo mes de julio.

Tal y como ya ha publicado este periódico en varias ocasiones, la Justicia balear investiga en estos momentos si, tal y como denunció una decena de ciudadanos a este periódico, el partido nacionalista conservador Unió Mallorquina (UM) compró votos a 50 y 80 euros durante las elecciones autonómicas de 2007. De ser así, el actual presidente del Govern balear, que logró el cargo gracias al apoyo de UM, habría alcanzado el poder con votos obtenidos de manera ilícita.

Esta pequeña formación, siempre minoritaria pero decisiva para configurar mayorías absolutas, pasó de no tener ningún escaño en el Ayuntamiento de Palma a hacerse con un total de dos, una situación que también se tradujo en un importante aumento de votos tanto en Mallorca como en el conjunto balear.

El líder del PP, que elogió la reacción del partido en las Islas tras los escándalos de corrupción que han salpicado a algunos de sus dirigentes de la pasada legislatura -aseguró que Bauzá «ha dado la talla» en una «situación difícil»-, respaldó la propuesta preelectoral del PP balear de garantizar que los padres podrán elegir si sus hijos aprenden a leer y escribir en catalán o en castellano.

Por otro lado, Rajoy aseguró que su grupo tratará de evitar que el ministro de Fomento, José Blanco, «liquide» el descuento aéreo actual del 50% para los residentes en Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla en los vuelos interinsulares y con la Península.

LA FALSA Y CÍNICA DE LA VEGA FRENA EL CEMENTERIO NUCLEAR DE ZARRA POR CREER QUE ASÍ PERJUDICA AL PP



MARISA CRUZ / MARISOL HERNÁNDEZ Madrid / Valencia

El Gobierno frena el cementerio nuclear por el interés del PSOE

Sebastián y los técnicos proponen instalarlo en Zarra (Valencia) y De la Vega y los ministros más políticos lo vetan para no dar una bandera a Camps

Zapatero embustero

El Consejo de Ministros frenó ayer la elección de la localidad que acogerá el Almacén Temporal Centralizado de residuos nucleares (ATC), después de que la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, planteara obstáculos políticos al informe técnico presentado por el ministro de Industria, Miguel Sebastián, en virtud del cual la mejor ubicación es la que ofrece el pueblo valenciano de Zarra.

Fuentes gubernamentales explicaron a EL MUNDO que el asunto provocó la discusión entre la número dos y el titular de Industria. Finalmente, De la Vega, con el apoyo de los ministros más políticos -reacios a facilitar al presidente valenciano Francisco Camps una bandera electoral de color antinuclear-, logró que se aplazara la decisión con el argumento de que es necesario un informe jurídico sobre las competencias de las comunidades autónomas en este terreno.Sigue en página 4

Zapatero embustero El dossier técnico elevado por el Ministerio de Industria al Consejo de Ministros otorga la mejor calificación para albergar el ATC a la localidad de Zarra; en segundo lugar -y sólo a cuatro puntos de distancia- figura la catalana Ascó, en tanto que en tercera posición aparece el pueblo castellano-manchego de Yebra.

Sebastián informó el pasado martes del resultado de la evaluación al coordinador para asuntos económicos del Partido Popular, Cristóbal Montoro, y a la portavoz en el Congreso de los Diputados, Soraya Sáenz de Santamaría. Ninguno de ellos planteó pegas porque la decisión respondía, en principio, a parámetros exclusivamente técnicos.

La opción favorita de Zarra fue comunicada también por el propio ministro de Industria, un día después, al presidente de la Generalitat catalana, José Montilla. Igualmente, Sebastián intentó comunicársela en persona al presidente valenciano, Francisco Camps, a quien, de acuerdo con las fuentes consultadas, llegó a telefonear hasta en seis ocasiones sin resultado. Lo mismo hizo con el presidente castellano-manchego, José María Barreda.

La ubicación del cementerio nuclear forma parte del pacto energético que los dos grandes partidos están dispuestos a suscribir. No obstante, el giro inesperado que ha tomado el asunto, tras ser paralizado en el último momento en la misma mesa del Consejo de Ministros por motivaciones políticas, amenaza el acuerdo. El Partido Popular podría rechazar ahora una designación con el argumento de que ya no sería técnica al cien por cien.

De acuerdo con las fuentes consultadas, tras el frenazo impuesto a la designación de la localidad valenciana de Zarra se esconde el temor a que la misma proporcione al presidente valenciano, Francisco Camps, un argumento electoral de gran fuerza. Camps podría enarbolar decididamente la bandera antinuclear, algo que suscita mucha simpatía entre los votantes, y muy especialmente los de izquierda. El presidente de la Generalitat tendría muy fácil cargar las tintas contra el Gobierno socialista.

De hecho, ayer mismo, antes de que De la Vega informase oficialmente sobre este asunto en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el Ejecutivo valenciano ya daba por hecho que la localidad de Zarra sería la elegida y anticipaba su intención de recurrir una decisión que calificó de «unilateral». Desde el Gobierno valenciano se aseguró que la noticia se la había adelantado el secretario de Estado de Energía, Pedro Marín, al vicepresidente primero de la Generalitat, Vicente Rambla.

El amago de Sebastián de elegir Zarra como emplazamiento de la ATC permitió por primera vez al Gobierno valenciano exhibir una posición firme en contra de esta instalación, después de meses de escaso interés por este asunto y en los que el argumentario oficial era de respeto a la «autonomía local y estatal».

Ahora, con la posibilidad encima de la mesa, la Generalitat está dispuesta a exprimir políticamente este asunto y convertirlo en un nuevo agravio del Gobierno. «Nos oponemos frontalmente a su ubicación en Zarra», señaló ayer el vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente antes de que De la Vega hablara.

Finalmente, la designación no se produjo, pero el Consell dispuso de tiempo suficiente para hacer patente su rechazo. De hecho, Cotino defendió después que no se aprobó en el Consejo de Ministros por la oposición pública del Ejecutivo autonómico. Sin embargo, los socialistas valencianos, por su parte, se atribuyen también la misma capacidad de presión y aseguran que, gracias a sus gestiones ante De la Vega, que es diputada por esa provincia, finalmente no se aprobó.

El informe jurídico que ayer impuso De la Vega para conocer los efectos de la presentación de un recurso por parte de la comunidad designada será elaborado por los servicios jurídicos del Estado y podría estar listo antes del viernes.

OORBYT.es

>Vea hoy en EL MUNDO en Orbyt el análisis de Lucía Méndez sobre la polémica en el Consejo de Ministros por el cementerio nuclear.

A FONDO

CASIMIRO GARCÍA-ABADILLO

¿Quién manda?

Exhibición de fuerza de Fernández de la Vega en el Consejo de Ministros. El titular de Industria, Miguel Sebastián, llevó a la reunión de ayer el espinoso asunto de la ubicación del almacén de residuos nucleares (ATC), apoyado en un informe técnico que daba como ganadora a la localidad valenciana de Zarra.

Sebastián, que recibió el informe el pasado martes, había comunicado el resultado a Cristóbal Montoro, a lo que se comprometió en virtud del pacto energético del Gobierno con el PP. Montoro estuvo de acuerdo en aceptar el dictamen de los técnicos.

Pero Sebastián se topó con el muro de la vicepresidenta primera, que esgrimió motivaciones políticas para aplazar la decisión. Argumentó que el Partido Socialista de Valencia estaba en contra y que llevar el cementerio nuclear a esa comunidad sería dar un arma inesperada a Camps para que pudiera contrarrestar el acoso de Gürtel.

A De la Vega se le sumaron otros ministros de peso en el Gobierno con argumentos parecidos. Los votos pesaron más que las razones de interés nacional.

Así que lo que finalmente se decidió fue solicitar un informe jurídico para resolver posteriormente la situación. Es decir, ganar tiempo, enfriar el asunto y retirar del debate político una patata caliente con la que nadie se quiere quemar.

El debate nuclear está emponzoñado por la demagogia. Mientras los partidos piensen que da más votos oponerse al ATC, lo harán, aunque sea a un precio que este país no se puede permitir. Eso es una falta de responsabilidad. Si Sebastián no logra sacarlo adelante, podemos esperar otros 20 años hasta que alguien se atreva a plantearlo de nuevo. Mientras tanto, seguiremos pagando a Francia un alto precio por quedarse con nuestra basura nuclear.

De la Vega ha vuelto de vacaciones con hambre de balón. Quizás herida por el papel cada vez más relevante de Rubalcaba y Blanco, que han intervenido junto al portavoz socialista, José Antonio Alonso, en la negociación con el PNV para lograr su apoyo en la aprobación de los Presupuestos de 2011, quiere demostrar que manda y que no ha perdido su capacidad de influencia en el presidente del Gobierno.

Esta semana no sólo ha desautorizado al ministro de Industria, sino que ha destituido a la directora del CIS (Centro de Investigaciones Sociológicas), Belén Barreiro, con la que ya había tenido algún que otro desencuentro.

Cuando varios ministros le preguntaron a Fernández de la Vega por las razones de la destitución de Barreiro (una profesional bien valorada por el Gobierno y la oposición), ella contestó con un lacónico: «Falta de confianza».

La última encuesta del CIS daba más de seis puntos de ventaja al PP sobre el PSOE. Es un dato, aunque probablemente ésa haya sido sólo la gota que colmó el vaso.

Así están las cosas en un Gobierno que ha perdido cohesión y que parece al borde de un ataque de nervios.

OLGA R. SANMARTÍN / Madrid

Gana Zarra porque estará listo antes

El informe técnico opta por esta opción porque se ahorran «dos años» en las obras

En el informe técnico del Gobierno ganó Zarra, pero bien podía haber vencido Ascó. Por una diferencia de apenas cuatro puntos, el municipio valenciano derrotó al tarraconense -el otro favorito- y se convirtió en el enclave más idóneo para albergar el Almacén Temporal Centralizado (ATC). La razón principal que ha llevado a la comisión interministerial a situar a Zarra en el primer puesto de una lista de ocho candidatos ha sido que las obras pueden estar terminadas dos años antes de lo previsto.

En tiempos de crisis, ésta no es una cuestión menor, sobre todo cuando España está pagando a Francia unos 40.000 euros al día (casi 30 millones en dos años) a cambio de que el país vecino le guarde los residuos gastados, y sobre todo porque el Gobierno ya va apurado en los plazos: tenía que haber decidido sobre la ubicación del cementerio nuclear antes del verano.

El informe técnico que ayer presentó al Consejo de Ministros el titular de Industria, Miguel Sebastián, concluye que los terrenos presentados por Zarra, Ascó, Yebra (Guadalajara) y Villar de Cañas (Cuenca) «son los que resultan más idóneos», aunque los dos primeros han recibido «la más alta valoración».

Según el documento de medio centenar de páginas al que ha tenido acceso EL MUNDO, el «objetivo prioritario» es disponer de la instalación en 2015. Por eso, los factores que más han pesado en la elección han sido los que afectan a la viabilidad del proyecto y al proceso de licenciamiento.

Zarra es el único municipio en el que «la propuesta del Ayuntamiento indica que la situación administrativa y real permite el inicio inmediato de las obras, ahorrando un periodo equivalente a dos años».

El resto de los candidatos ofrece, en su mayoría, ubicaciones en suelos rústicos o no urbanizables, sin protección especial, «lo que pudiera conllevar plazos adicionales para las adaptaciones que resultasen necesarias para la realización del proyecto». De hecho, Albalá, en Cáceres, quedó pronto relegada al último lugar de la clasificación al tener un terreno no urbanizable con protección ambiental y con árboles de titularidad privada.

En Ascó coinciden tres tipos de suelo: urbano industrial, no urbanizable con expediente de recalificación iniciado y suelo urbanizable para uso industrial. En Zarra, la mayoría de las parcelas está recalificada a industrial especial e industrial normal, lo que hace todo más fácil.

También ha jugado a su favor que no existan en sus alrededores instalaciones industriales de riesgo, mientras que Ascó tiene a 4,5 kilómetros la localidad de Flix, donde se encuentra el complejo químico de Ercros, así como la carretera que une Barcelona con Zaragoza, que implica un posible riesgo por el transporte de mercancías peligrosas.

A cambio, Ascó gana por tener un riesgo sísmico menor, por la proximidad del ferrocarril y por disponer de energía eléctrica hasta el terreno colindante. Las dos tienen actividad nuclear cercana (Ascó I y II y Vandellós 2 en Tarragona, y Cofrentes en Valencia) y las dos están próximas a zonas de mayor tejido industrial. Si acaso, a Zarra le falla tener a pocos kilómetros dos zonas de especial protección de las aves (ZEPA) y un lugar de importancia comunitaria (LIC). En la finca, además, hay encinas protegidas por el Ayuntamiento. Y el acceso al lugar se hace, actualmente, por caminos rurales.

Por otro lado, el informe señala que las Cortes valencianas no se han posicionado en relación al ATC y que al Gobierno sólo le consta un escrito de alegaciones remitido por la Consejería valenciana de Medio Ambiente. En cambio, relata la oposición que ha recibido por parte de la Generalitat catalana y del Parlament en contra del almacén nuclear.

Reacciones y desconfianza

>Ecologistas. La Coordinadora Anticementerio Nuclear de Catalunya opinó que Zarra es «una cortina de humo» para desmovilizar a la sociedad catalana, ganar tiempo y quitar el asunto de la campaña electoral.

>Lluís Salvadó. El delegado de la Generalitat en las Tierras del Ebro consideró que el «rechazo popular», junto con la postura del 'Govern', fueron «determinantes» para alejar al ATC de la localidad de Ascó.

>Juan José Rubio. El primer edil de Zarra celebró que el ATC dará «vida a la comarca durante 100 años», y permitirá a los vecinos dejar «un buen legado a sus nietos».

>Purificación Moreno. «A Zarra le tocó la lotería», opinó la alcaldesa de Albalá (Cáceres), quien se mostró «triste y decepcionada» porque su pueblo quedó sin oportunidades de que el ATC se instale allí.

>José María Barreda. «En esta tierra no habrá un ATC porque no lo queremos», expresó el presidente de Castilla-La Mancha. «No queremos que se acuerden de nosotros cada vez que quieran colocar algo que no desean en ningún otro sitio», se quejó.

>Jorge Alarte. El secretario general del PSPV aseguró que mantendrán su posición «firme» de rechazo a la instalación del ATC en Zarra «ante quien haga falta».

>José María Sáiz. El alcalde de Villar de Cañas (Cuenca) dijo que es una «pena» que su pueblo haya sido descartado finalmente. «Era la salvación», concluyó.

>Juan Pedro Sánchez. El regidor de Yebra (Guadalajara) prefirió no emitir opinión hasta que el anuncio «sea una realidad».

LOS SINDICATOS DEL TOXO&MOCHO SE RESISTEN A REDUCIR EL Nº DE SINVERGÜENZAS QUE COBRAN SIN TRABAJAR



LUIS ÁNGEL SANZ / Madrid

CCOO y UGT acuerdan no revelar los liberados que hay en Madrid

Zapatero embustero

Los sindicatos mayoritarios -CCOO y UGT- han pactado no dar las cifras de liberados que hay en la Administración autonómica madrileña. Así lo reconocieron ayer ante los periodistas tras ser preguntados en más de 10 ocasiones cuántos liberados tienen. Primero dijeron que no conocen la cifra, después que es variable, para terminar reconociendo que habían pactado mantener el número en secreto. Eso sí, rechazaron como «falsos» los datos que aportó la Comunidad: 3.450 personas.Sigue en página 6

La rueda de prensa que dieron ayer los 15 sindicalistas que acudieron a la Consejería de Presidencia de la Comunidad de Madrid fue kafkiana.

Zapatero embustero

Todos negaron que haya 3.450 liberados en la Administración madrileña. Pero no quisieron dar su cifra, ni aproximada, hasta que el Ejecutivo autonómico no les entregue la lista con nombres y apellidos de los trabajadores que están en nómina del Gobierno regional que no acuden a trabajar a su puesto, sino al sindicato. «Entonces los desmentiremos de uno en uno», aseguraron.

Como los periodistas les preguntaron ese dato una y otra vez de distintas maneras, los portavoces sindicales empezaron a impacientarse e incluso amagaron con irse. Además, para ellos ése no es un asunto importante, según dijeron.

La primera reunión entre el consejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid, Francisco Granados, y los sindicatos para plantearles la supresión de dos tercios de sus liberados fue un fracaso. Aunque se guardaron las formas, el desacuerdo fue total. Primero, por las cifras. Y luego, por el fondo: la Comunidad planteó que su intención es reducir el número de liberados al que fija la ley estatal, es decir, 1.420, y sus interlocutores le acusaron de lanzar «un obús contra los sindicatos».

Aun así, los representantes de CCOO, UGT y CSIT no rechazaron discutir el asunto, pero enmarcado en la negociación del convenio general de la Comunidad de Madrid, paralizada desde 2007. Además, pidieron al consejero esperar dos semanas antes de empezar a hablar. Ahora quieren preparar la huelga general del 29 de septiembre.

Al término del encuentro, que duró dos horas, el consejero explicó que la propuesta de Esperanza Aguirre -publicada por EL MUNDO- es «una cuestión de racionalización de la Administración en un momento de crisis económica severa». Con ella, espera ahorrar 73 millones.

Granados explicó que su propósito es que la rebaja entre en vigor el 1 de enero de 2011 para que se incluya en el paquete de medidas de ahorro que supondrá rebajar el Presupuesto regional un 10%. Y remarcó que así será haya acuerdo o no: «Nosotros intentaremos que se haga mediante un acuerdo con los sindicatos; pero si no lo hay, se ejecutará por el procedimiento legal correspondiente», es decir, en la futura Ley de Racionalización de la Administración de la Comunidad de Madrid.

Los representantes sindicales no querían hablar de los liberados y así lo expresaron Juan Antonio Olmos (CCOO) -«hemos venido a decirle que ése no es el tema»-, Fernando Sánchez (UGT) -«rechazamos que se convoque la Mesa de la Función Pública sólo por los liberados»- y José Montero (CSIT) -«porque hay asuntos mucho más importantes»-.

Por eso, plantearon una negociación sobre «el empleo, las condiciones de trabajo, salarios, conciliación de la vida personal y familiar, formación...» El consejero no se negó a hablar de otros asuntos, pero puso un límite: «Cualquier acuerdo no puede suponer un sobrecoste para los madrileños». «Estamos en una economía de guerra», enfatizó, «y tenemos que dedicar todos los recursos a lo que los madrileños más necesitan».

Fuentes conocedoras de la reunión admitieron que fue «muy tensa» al inicio porque los representantes de CCOO y UGT calificaron como «impresentable» lo que, en su opinión, ha sido «un ataque contra los sindicatos». Al encuentro estaban convocados tres responsables de cada central (nueve en total), pero al final fueron 15, con lo que casi no cabían en la sala.

En su comparecencia, los sindicalistas tampoco aclararon si están dispuestos a aceptar una rebaja en el número de liberados, sea el que sea. Pero dejaron claro que nunca lo harán si no es en una negociación global de un convenio de más de 150.000 trabajadores. «Lo que no puede ocurrir el 1 de enero», clamó Fernando Sánchez, «es que nos encontremos con un fracaso de la negociación» y que «la respuesta sea una intervención antidemocrática».

El consejero fue preguntado por la cifra oficial que el Gobierno de España ha dado de liberados en la Administración del Estado (499). En su opinión, ésa es «una cifra irrisoria» que «no se cree nadie». «La cifra llama al error y consagra el ocultismo», continuó; «por eso le pedimos que sea transparente como nosotros y detalle ministerio a ministerio, y por sindicatos cuántos liberados hay».

LUIS ÁNGEL SANZ / Madrid

Ana Botella sí respalda la reducción planteada por Aguirre

Cobo aseguró que no ve ningún problema con los liberados

La concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Madrid, Ana Botella, al igual que ha hecho la dirección nacional del PP, respaldó ayer la propuesta de Esperanza Aguirre de reducir el número de liberados en la Administración como medida de contención del gasto, y aseguró que «seguro que los liberados sindicales, que saben como nadie de la crisis de los trabajadores en España y en Madrid, estarán de acuerdo en solidarizarse con ellos».

Botella añadió que los representantes sindicales «tienen también que ajustarse el cinturón». «En todas las administraciones públicas, todos hemos visto recortados nuestros sueldos y no tengo ninguna duda de que los representantes de los trabajadores tienen que estar de acuerdo en solidarizarse con ellos», consideró, según informa Europa Press.

El primer teniente de alcalde de Madrid y número dos de Alberto Ruiz-Gallardón, Manuel Cobo, aseguró por el contrario el jueves que el Ayuntamiento madrileño no va a aplicar ninguna medida de ahorro ni de contención del gasto que afecte a los liberados sindicales, aunque no quiso entrar en el anuncio hecho por Aguirre.

Tanto fuentes de la Comunidad de Madrid como el presidente de la Central Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF), Manuel González, han asegurado que la cifra de liberados sindicales en la Comunidad es tan alta precisamente porque primero Joaquín Leguina y después Alberto Ruiz-Gallardón «cedieron durante años» y ampliaron el número de liberados sindicales con acuerdos concretos para «comprar el silencio de los sindicatos».

Además, el Grupo Popular en el Senado pedirá el martes al Gobierno que explique en el Pleno el número de liberados sindicales que hay en España o que, de lo contrario, aclare los motivos por los que no quiere dar las cifras oficiales.

Ayer, el máximo responsable del CSIF en Madrid -el tercer sindicato de la Administración del Estado y el cuarto en la de Madrid- insistió en Telemadrid en que «las liberaciones sindicales abultadas que se han producido en la Comunidad deben ser revisadas».

Esta central es la única que ha hecho públicas las cifras de liberados totales. De hecho, ha asegurado que el número total es incluso superior al apuntado por el Gobierno de Aguirre, 3.450. Esta central dispone de 69 liberados totales en la Comunidad Madrid, la cifra que les corresponde por ley.

FERNANDO LÁZARO / Madrid

Méndez y Toxo arroparán a los guardias civiles

Las asociaciones esperan más de 15.000 asistentes a la manifestación de Madrid

No cabe duda de que el espaldarazo de la Justicia a las asociaciones de guardias civiles ha disparado la euforia. Los convocantes, ahora tranquilos, confían en que la convocatoria de hoy en Madrid será multitudinaria. Con una clara petición -«basta de abusos»-, la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) y la Unión de Oficiales (UO) han convocado a la ciudadanía ante la Dirección General del Instituto Armado.

Sus reivindicaciones son laborales: quieren avanzar en la mejora de las condiciones de trabajo de los guardias civiles.

Y los agentes y sus asociaciones no estarán solos. Está previsto que los máximos responsables de las centrales sindicales UGT, Cándido Méndez, y CCOO, Ignacio Fernández Toxo, no sólo acudan a respaldar las peticiones de los agentes, sino que intervendrán en el acto; un acto al que la Justicia dio luz verde al considerar que no tenía carácter sindical, sino que las reivindicaciones eran puramente profesionales.

Junto a ellos, representantes de sindicatos del Cuerpo Nacional de Policía, de los Mossos d'Esquadra y de la Ertzaintza. La protesta, pese a ser en una zona considerada de máxima seguridad, se realizará ante la sede de la Dirección General del Instituto Armado, en la madrileña calle de Guzmán el Bueno. Allí, las asociaciones confían en reunir a más de 15.000 guardias, familiares y simpatizantes. Cayo Lara, líder de Izquierda Unida, y Rosa Díez, de UPyD, también han confirmado su asistencia.

La manifestación fue inicialmente prohibida por la Delegación del Gobierno en Madrid. Los representantes de los convocantes dieron una rueda de prensa donde denunciaron sentirse tratados como terroristas, lo que motivó la apertura de un expediente disciplinario por parte del Ministerio del Interior. AUGC y UO decidieron mantener la convocatoria, pero celebrándola en un recinto cerrado para esquivar la necesidad de una autorización gubernativa. Pero cuando ultimaban los detalles del evento, llegó la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que además de dar luz verde a la iniciativa, recordaba que los agentes de la Guardia Civil tienen derecho de reunión y libertad de expresión. El tribunal interpretó que los convocantes reivindican mejoras profesionales y que la convocatoria no tiene carácter sindical.

La Confederación de Policías Europeos (Eurocop) mostró ayer su satisfacción por el hecho de que la Justicia española haya permitido finalmente la manifestación de agentes de la Guardia Civil en Madrid, según informa Efe. La prohibición de la manifestación habría significado un «descrédito para una democracia europea», señaló en un comunicado el miembro del Comité Ejecutivo de Eurocop Jan Schonkeren. Este organismo reiteró su apoyo a la lucha en favor de que guardias civiles y policías nacionales tengan un trato igualitario.

Las asociaciones mantuvieron su convocatoria pese a que en las últimas horas el Ministerio del Interior dio luz verde a una serie de mejoras laborales para los integrantes del Instituto Armado. La normativa aprobada reducía a 37,5 las horas laborales a la semana.

Además, los guardias civiles disfrutarán como mínimo y siempre que el servicio lo permita, de un fin de semana libre al mes, mientras que los llamados horarios partidos de mañana y tarde tendrán un carácter «excepcional» y limitado a determinadas unidades burocráticas.

Cambios laborales

Son algunos de los cambios de la nueva Orden General de Jornada y Horario de Servicio del personal de la Guardia Civil aprobada el jueves por Interior.

La nueva normativa establece 14 días festivos anuales, en términos análogos al resto del personal de la Administración General del Estado. Respecto al descanso posterior a la jornada laboral, tendrá una duración mínima de 12 horas consecutivas, siempre que el servicio anterior fuese nocturno, al tiempo que se crean las horas de especial significación, que se desarrollan en determinados horarios en Navidad.

Las asociaciones consideraron insuficientes estas iniciativas y advirtieron, además, de que en todo caso siempre son normativas que tienen salvedades y que se ciñen, «como siempre», a las necesidades del servicio.

LOS DICTADORES CAMARADAS DE ZP: Por qué los pobres empiezan a desconfiar de Chávez...

JAIME LÓPEZ / Caracas

Por qué los pobres empiezan a desconfiar de Chávez...

La crisis económica daña la popularidad del líder venezolano

Especial para EL MUNDO

Zapatero embustero

Carmen Ferrer trabaja en una cooperativa textil del Centro Fabricio Ojeda, creado por el Gobierno de Hugo Chávez en 2005 como ejemplo de lo que iba a ser el «Socialismo del siglo XXI». Situado en la barriada de Gramoven, al oeste de Caracas, este antiguo depósito de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) se transformó en un «núcleo de desarrollo endógeno» con dos fábricas de calzado y textil, un pequeño hospital del programa cubano Barrio Adentro, dos canchas deportivas y un supermercado estatal. Cinco años después, algunos proyectos han dejado de funcionar.

«Empezamos 286 personas en la cooperativa, y ahora sólo somos 27», explica Carmen, de 46 años y con dos hijos: «Al principio teníamos muchos encargos del Gobierno, pero los funcionarios se llevaron los contratos a empresas capitalistas. Supongo que así ganan más dinero». Eduardo Piñate, candidato a diputado en Caracas por el Partido Socialista (PSUV), intenta calmarla, parafraseando a Chávez: «Estamos en una época de transición económica, todas las cooperativas tienen que pasar a Empresas de Producción Socialista (EPS)». Carmen pone una mueca de incomprensión, pero da por válida la respuesta. «Yo estoy con el proceso, pero hay muchos problemas que todavía no se han resuelto», agrega otra de las mujeres que charla con Piñate.

Zapatero embustero

Chávez, que llegó a gozar de una popularidad del 75% hace cuatro años, ha visto cómo su respaldo en el país disminuía hasta los mínimos históricos de 2003: entre el 40% y el 45%. Los remanentes de una grave crisis eléctrica, la falta de agua por la peor sequía en 50 años y una recesión económica -con hiperinflación- se sumaron a los problemas habituales de este país petrolero, que tiene uno de los índices de criminalidad más altos del continente.

En todos los foros, el ex guerrillero y director del diario opositor Tal Cual, Teodoro Petkoff, repite estos días la misma idea: «El Gobierno de Chávez nunca ha estado peor que hoy, y la oposición vive su mejor momento». Tres razones esgrime el ex ministro de Planificación para su análisis: la mala gestión de empresas y planes estatales, los últimos casos de corrupción con comida podrida en los puertos y la «unidad perfecta» de 22 organizaciones de la oposición en la Mesa de la Unidad Democrática (MUD).

Zapatero embustero

Esta alianza de partidos, que va desde la derecha más conservadora hasta grupos de izquierda moderada disidentes del chavismo, se compara con la Concertación chilena que sacó del poder en un referéndum al dictador Augusto Pinochet. Ese referéndum en Venezuela será a finales de 2012, cuando en las elecciones presidenciales Chávez optará a su tercer mandato desde que creó una nueva Constitución, en 1999. Los comicios parlamentarios del próximo 26 de septiembre, cuando se elegirán a los 165 diputados de la Asamblea Nacional, son la prueba final. Las encuestadoras Datanálisis e Hinterlaces dibujan apretados mapas electorales, en el que un 31% apoya al Gobierno, un 29% a la oposición y el 33% restante se declara ni-ni.

«Todos esos ni-nis son desencantados del chavismo, no nos engañemos. La oposición debería centrarse en convencer a todos esos electores», apunta el ex candidato presidencial Oswaldo Álvarez Paz.

Zapatero embustero

Los partidarios de Chávez, que en un 90% rechazan el modelo cubano y las expropiaciones a las empresas, le han perdonado el cierre de la cadena RCTV, el acoso sistemático al sector privado, la falta de empleo formal y las generosas ayudas económicas que dispensa a países aliados. Pero parece que están dispuestos a castigarle si empiezan a vivir peor que hace 11 años, cuando el ex paracaidista asumió el poder.

Chávez confía en un repunte del precio del petróleo para salir del atolladero económico y fortalecer su popularidad con nuevos planes sociales para los más pobres. La oposición, que no ha logrado capitalizar parte del desencanto, debería recordarle esa frase que en 1992 dio el triunfo a Bill Clinton en EEUU: «¡Es la economía, estúpido!»

ESPAÑA EN QUIEBRA: Una balbuceante y avergonzada Salgado se ve incapaz de hablar del inminente nuevo recorte de "rating"

«Preferiría contestar después...»

El Gobierno inauguró ayer las ruedas de prensa con petición de clemencia ante las preguntas incómodas. La vicepresidenta económica Elena Salgado pasó probablemente los peores dos minutos y 38 segundos de su existencia política cuando tuvo que contestar a la inminente rebaja de la calificación de la deuda de España que estudia Moody's en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Salgado comenzó despejando la primera parte de la pregunta sobre las eventuales sanciones que la CNMV podrá aplicar a las agencias de rating. La cuestión era relativamente simple y le bastó mirar su chuleta. En esa jugada consumió 30 segundos. Después, un abismo se abrió bajo sus pies. Miró a la vicepresidenta Fernández de la Vega buscando ayuda en dos ocasiones, pero ésta no hizo más que reorientar las bocas de los fusiles.

En esos 10 segundos, Salgado se deshacía bajo los focos, parecía querer que se la tragara la tierra, le salió una risita nerviosa y de pronto soltó una petición de clemencia extemporánea: «Preferiría contestar después...».

Entonces se rehizo, le volvió la sangre al cuerpo y dio una respuesta imperfecta y contradictoria, pero una respuesta al fin. Imperfecta porque acabó asumiendo los términos de la pregunta -que Moody's se prepara para rebajar la calificación española- y aunque dijo que ella no tenía «esa percepción», concluyó hablando a la defensiva.

Y contradictoria, porque habló de «respeto» a la decisión que adopte la agencia, una novedad en relación al cabreo que experimentó el Gobierno cuando Standard & Poor's rebajó a finales de abril pasado la solvencia del Reino. Entonces, en La Moncloa se acordaron muy rápidamente de todos los grandes desaciertos de la crisis bancaria que tanto han desacreditado a las agencias calificadoras.

Exactamente un mes después de haberlo hecho S&P, la agencia Fitch también rebajó la nota de la deuda de España.

Moody's es la única de las tres agencias que todavía mantiene la máxima nota al crédito español, pero en junio, cuando se produjo la tormenta en torno al riesgo soberano ya anunció que situaba a nuestro país «en perspectiva negativa».

Salgado reveló que los enviados de Moody's se están reuniendo estos días con los funcionarios de su ministerio y que le están dando «todos los argumentos». Los enviados de la agencia han tenido el mal gusto de venir a husmear en las cuentas de España justo cuando Salgado está aireando la teoría de que el abaratamiento de la financiación de nuestra deuda nos permite algunas alegrías como darle 700 millones a Fomento para que las grandes constructoras no se oxiden y los ayuntamientos no caigan en la parálisis absoluta. ¿Por qué una pregunta tan sencilla se convierte al término del Consejo de Ministros en un inesperado striptease de las emociones de la vicepresidenta? ¿Acaso quería ser sincera, pero «después», no ante las cámaras? Nadie lo sabe. Pero muchos piensan que De la Vega, a la que se daba por perdida en los últimos meses, recargó ayer tan súbitamente las baterías de su influencia que provocó cortocircuitos en los que estaban más cerca.

john.muller@elmundo.es

J. G. / Madrid

Salgado trata de evitar un nuevo recorte de 'rating'

Dice que Economía «está dando todos los argumentos» para que Moody's no actúe

Bueno, yo creo que... preferiría contestarlo después». Así fue como la vicepresidenta segunda y ministra de Economía, Elena Salgado, trató ayer de salir del paso cuando fue cuestionada sobre la rebaja de rating que Moody's podría llevar a cabo en la deuda pública española a finales de mes. Tal vez no se esperaba la pregunta o tal vez necesitaba el consentimiento de la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, -a quién miró como quien pide permiso antes de hablar- para responder después que el Gobierno «está dando todos los argumentos» para evitar que la agencia finalmente lleve a cabo su amenaza.

Según detalló ayer Salgado, Moody's -la única de las tres grandes agencias de calificación crediticia que mantiene el máximo rating sobre España- «está discutiendo estos días» con la secretaría de Estado de Economía y de Hacienda para tomar después una decisión sobre su visión de la solvencia de España a largo plazo. «Yo no tengo esa percepción», dijo la ministra cuando se le insinuó que la agencia finalmente rebajará la nota de la deuda pública.

«En los últimos días se ha visto cómo el coste de la deuda española ha ido bajando», aseguró Salgado, consciente de que un posible recorte podría tener un efecto directo en el encarecimiento de la financiación del Tesoro. Actualmente Moody's tiene a España bajo vigilancia y está analizando detalladamente los indicadores macroeconómicos y financieros para elaborar un informe que podría finalmente desembocar en un recorte del rating. De rebajar un escalón, Moody's otorgaría a la deuda española la misma nota que Fitch. Si lo recortase dos niveles, se igualaría a la percepción que tiene Standard & Poor's (S&P) sobre la credibilidad financiera de España.

Los analistas de renta fija consideran que el mercado tiene «en gran medida anticipado» un posible recorte, por lo que el impacto, en cualquier caso, no sería exagerado. «Lo extraño sería que mantengan laTriple A a España», apunta un experto en deuda pública. Según los criterios de Moody's, dentro de la eurozona España comparte la máxima nota con Austria, Finlandia, Francia, Alemania, Luxemburgo y Holanda.

Precisamente las agencias de rating fueron ayer protagonistas en el Consejo de Ministros, que aprobó el anteproyecto de Ley que adecuará el reglamento europeo que regula a estas compañías en la legislación española. Según esta nueva normativa, que ahora tiene que pasar por trámite parlamentario, la futura Autoridad Europea de Supervisión de los Mercados (Esma por sus siglas en inglés) será la encargada, junto con las CNMV de cada país comunitario, de regular, controlar y, en su caso, sancionar a las agencias de calificación.

OORBYT.es

>Vea hoy en EL MUNDO en Orbyt el análisis de Javier Gallego sobre el efecto de una rebaja de rating.

Las autonomías que empeoran...
...y las regiones que mejoran

>Cataluña. La comunidad que preside José Montilla acumula el 27,6% del total de la deuda de las autonomías, hasta los 28.769 millones, un 14,7% de su PIB regional. En el último trimestre ha vueltro a crecer su endeudamiento en 3.690 millones, un 14,7%.

>Andalucía. La autonomía que dirige José Antonio Griñán acumula una deuda de 11.472 millones, el 8% de su PIB. Ocupa el cuarto lugar en el ranking. Desde el inicio de la crisis ha aumentado un 60,6%; un 31,8% desde hace un año; y un 6,3% en el último trimestre.

>Madrid. La región que preside Esperanza Aguirre es la que menor crecimiento de la deuda ha tenido en el último año. Sólo un 7,4% (y un 7,5% en tasa trimestral), hasta los 12.592 millones. Es la autonomía donde menos ha crecido el endeudamiento desde que comenzó la crisis, un 26,2%.

>La Rioja. El Gobierno de Pedro Sanz es, tras el de Aguirre, el que menos ha aumentado su endeudamiento. La tasa sólo creció un 11,1% en el último año, hasta los 689 millones. El crecimiento fue del 9,8% respecto al trimestre precedente.

FRANCISCO NÚÑEZ / Madrid

Las CCAA deben más de 100.000 millones

La deuda autonómica se disparó un 26,5% en el último año y un 11% desde marzo
El 'agujero' de todas las administraciones llegó al 56,7% del PIB, el más alto desde 2000

No parece que las autonomías estén haciendo sus deberes en materia presupuestaria y de control del gasto. Según los datos que ayer facilitó el Banco de España, el endeudamiento de las comunidades aumentó un 26,5% en el segundo trimestre del año respecto al mismo periodo del año anterior (un 82,3% más desde que comenzó la crisis), hasta registrar 104.083 millones de euros (el 9,8% del PIB).

Se trata de la cifra más elevada de la historia y también la que más crece en porcentaje respecto al resto de las administraciones del conjunto del Estado. Así, frente a ese aumento del 26,5%, el agujero en la Administración central creció en el último año a tasas del 18,1%, 8,4 puntos menos que en las autonomías, y un 16% en los ayuntamientos.

En el consolidado nacional, la deuda pública financiera del conjunto del Estado, que habrá que pagar con impuestos, creció en el último ejercicio un 19% (en 96.000 millones, nueve puntos del PIB) hasta aproximarse en su volumen a los 600.000 millones (exactamente 598.764 millones). Lo que representa el 56,7% del PIB, la tasa más elevada desde hace 10 años. Desde que comenzó la crisis en el tercer trimestre de 2007, el endeudamiento de las administraciones ha aumentado en casi 20 puntos (en 210.000 millones).

Y que apenas están poniendo interés los gobiernos regionales en el ajuste antidéficit que se les está demandando desde el Gobierno lo demuestra otro dato: la deuda autonómica creció entre abril y junio un 11% respecto al trimestre anterior, más de siete puntos que el alza la deuda de la Administración central (2,7%) y 6,5 puntos más que el aumento de la deuda de los ayuntamientos (creció un 3,5%).

Por tanto, parece desplazarse hacia las autonomías el problema del exceso de gasto y la falta de control, precisamente en el periodo en que más ha crecido la recaudación en los dos últimos años como consecuencia del aumento de las compras ante la subida del IVA.

Cataluña es la comunidad más endeudada y sigue aumentando exponencialmente su demanda financiera. En junio debía 28.769 millones, que representa el 27,6% del conjunto de la deuda de todas las autonomías. Desde que comenzó la crisis su endeudamiento se ha duplicado (un 105,2% más), mientras que en un año ha crecido un 21,2%, y un 14,7% sólo en el último trimestre respecto al anterior.

La Comunidad Valenciana ocupa el segundo lugar en este ranking de mayor endeudamiento, con 16.280 millones. En el último trimestre sólo aumentó un 6%, pero acumula un crecimiento del 16,3% en un año y del 46,8% desde el inicio de la crisis.

Le sigue la Comunidad de Madrid. Pero, en realidad, sus números tienen poco que ver con el crecimiento de la deuda de las demás autonomías. Así, pese a acumular 12.592 millones y ocupar el tercer lugar, su endeudamiento sólo ha crecido un 26,7% desde el inicio de la crisis, el más bajo de todas las regiones. Lo mismo ocurre con la tasa anual, que sólo creció un 7,4%. La misma tasa registró en el último trimestre respecto a los tres meses anteriores.

Estas tres autonomías, junto a la de Andalucía (que acumula 11.472 millones con un aumento anual de 32%), suman el 65% del total de la deuda autonómica.

De las 17 autonomías existentes, 10 de ellas han duplicado el volumen de la deuda (el aumento en el País Vasco, que procedía de unos niveles muy bajos, ha sido del 376,3%) desde que comenzó la crisis. En un año, la mitad de las regiones ha visto crecer sus necesidades de dinero por encima del 50% (el País Vasco un 186,9%). Y sólo Canarias, de una forma testimonial, ha reducido en un 2,5% su deuda en junio respecto a marzo

En porcentaje de PIB autonómico se ve otra cosa. Mientras la deuda en su conjunto alcanza el 9,8% del PIB, Valencia tiene un 16%; Cataluña, un 14,7%; Baleares, un 14,5%; y Castilla La Mancha, un 13,7%. Mientras, en el lado opuesto se encuentran Cantabria (5%); Asturias (5,7%); País Vasco (6%); y Madrid, que sólo registra un 6,6%

Y aunque habrá que seguir el proceso de centrifugado del déficit creando empresas satélite fuera de la contabilidad general, por primera vez se observa en los ayuntamientos un cambio tendencial. Al menos en los de las grandes ciudades, que son los únicos datos que aporta el Banco de España.

De esta manera, aunque la deuda local en su conjunto creció un 11,4% en tasa anual hasta los 36.413 millones (un 25,8% desde el inicio de la crisis), Málaga redujo su endeudamiento en este segundo trimestre del año un 1,8% respecto a los tres meses anteriores. Un 1,7% descendió el de Sevilla y el de Valencia, y un 1,4% el de Zaragoza. Mientras, por primera vez desde 1999, Madrid redujo su tasa trimestral (un 2,3%), en 169 millones de euros exactamente en términos absolutos, hasta situar su deuda en los 7.145 millones. Sin embargo, es la deuda más elevada y representa el 19,6% del agujero de todas las corporaciones locales.

La novedad es Barcelona. Aunque registra un descenso del 6,6% en el acumulado desde el inicio de la crisis, en un año ha crecido un 19,4% y un 12,9% entre marzo en junio respecto al periodo entre enero y marzo. Por primera vez sube su endeudamiento trimestral en el último año, hasta los 994 millones frente a los 703 millones del trimestre precedente.

JUAN EMILIO MAÍLLO / Madrid

La banca recorta el crédito en 13.800 millones

El saldo de morosos repunta en julio y vuelve a superar los 100.000 millones

Como cada primer mes de un trimestre, en julio la tasa de morosidad del sector financiero español volvió a repuntar. Y lo hizo por dos razones. Porque el volumen de los créditos dudosos repuntó y porque, en paralelo, la cifra de créditos se contrajo.

Lo más significativo es lo que ocurre con el comportamiento de los préstamos, que sigue una tendencia totalmente errática. O inversamente proporcional a la morosidad. Si los activos tóxicos suben, el crédito baja, y a la inversa.

Porque nadie en el sector es capaz de explicar cómo es posible que en el mes de enero el crédito se desplome en 20.993 millones de euros. Que suba en otros 10.946 entre febrero y marzo. Que caiga, de nuevo, en otros 8.828 millones en abril. Que repunte en 32.062 millones en mayo y junio. Y que vuelva a reducirse en 13.827 millones en julio.

Es una práctica que se empezó a observar a lo largo del año 2009, justo cuando la morosidad empezaba a cebarse de forma más intensa con las entidades.

La ratio de dudosos mide la relación entre los créditos de dudoso cobro y el total de préstamos, de forma que la modificación del denominador afecta de forma notable al ratio.

Por poner un ejemplo, si en junio el sector hubiese tenido el mismo volumen de créditos que en julio, la tasa de morosidad habría sido superior a la publicada.

Más allá de esas dudas, las cifras oficiales del Banco de España revelan que el saldo de morosos volvió a superar en julio los 100.000 millones de euros, cota que ya se rebasó en mayo. La tasa global de dudosos se situó en el 5,47% frente al 4,73% de un año antes.

Además, las cajas volvieron a superar en morosidad a los bancos tras el espejismo del mes de junio, el primero desde que estalló la crisis en el que la morosidad de las primeras superó a la de los segundos. En julio, las cajas registraron un ratio del 5,51%, por un 5,37% de los bancos.

Un mes más, y van cuatro, las financieras lograron contener su morosidad, aunque aún la mantienen por encima del 10,1%. Y las cajas rurales la situaron en el 4,22%, más de una décima superior a la de junio.

Por el lado de la cobertura, las cajas tienen una posición algo más confortable que los bancos, con una tasa del 60,1%, frente al 58,5%. En ambos casos subió en el último mes, aunque con más intensidad en las cajas, cerca de dos puntos.

Pero fue a cambio de dejar el contador de beneficios del mes a cero. Según el Banco de España, el resultado neto de las cajas de ahorros en julio fue nulo. No consiguieron aportar ni un euro a su cuenta de resultados, tras haber aportado 1.830 millones al cajón de provisiones.

Los bancos, por su parte, que dotaron 393 millones, se apuntaron un beneficio de 1.419 millones de euros. La suma prácticamente coincide con las dotaciones de las cajas.

Por sector productivo, la morosidad de las inmobiliarias con los bancos superó en julio el 12% de los créditos. Las cajas, por su parte, la lograron mantener contenida en el entorno del 10,6%.

Es llamativo, incluso, que las cajas consiguieran reducir el ratio de morosos con las constructoras, que bajó una décima, al 10,5%. Por el contrario, entre los bancos se mantuvo un comportamiento negativo, al pasar la tasa de morosidad del 9% al 9,1%. El volumen de crédito del sector financiero crece para todos los sectores salvo para estos dos, constructoras e inmobiliarias.

PABLO RODRÍGUEZ SUANZES / Madrid

El Gobierno crea un impuesto para el juego 'on line'

Loterías y Apuestas del Estado y la ONCE quedarán exentas de la nueva regulación

El Consejo de Ministros aprobó ayer un anteproyecto de ley que regulará el juego en todo el territorio nacional, centrándose en las actividades a través de internet, por el móvil y otros soportes. La nueva ley, que deberá ser consensuada con las comunidades autónomas, que tienen transferidas las competencias de juego, incluirá la creación de un nuevo impuesto y está llamada a llenar, según Elena Salgado, «el vacío legal» existente y a «mitigar los efectos nocivos» de estas actividades.

A día de hoy, el juego por internet, a diferencia del que se practica en casinos, bingos o locales de apuestas, carece de regulación. Mientras unos pagan impuestos y están sujetos a limitaciones de horarios e identificación muy estrictas, y en algunos casos anacrónicas, el juego en la Red está en la práctica desregulado y exento de tributación. Además, la actual ley prohibe casi por completo que casinos o bingos se publiciten, mientras que las empresas de juego online se han hecho un nombre gracias al patrocinio de clubes como el Real Madrid o el Sevilla, que llevan su nombre en las camisetas.

Por ello, en mayo, las tres grandes organizaciones del juego privado en España, la Asociación Española de Casinos de Juego, la Confederación Española de Organizaciones de Empresarios del Juego del Bingo (CEJ) y la Confederación Española de Empresarios del Juego presentaron una denuncia ante las 17 comunidades, el Ministerio del Interior y el de Economía, reclamando que «desde hace años operadores de juego on line ofrecen sus servicios en España sin autorización ni control», por lo que exigían «a la Administración que ejerza su potestad sancionadora».

José Luis Merino, gerente de CEJ, señaló ayer a EL MUNDO que «la nueva ley es una noticia positiva que puede poner fin a un agravio comparativo». El gran problema es el de definir la localización del servicio. Un jugador que acude a un casino entra en un local ubicado en un territorio concreto. Pero un jugador de póquer online puede estar en cualquier parte del mundo, por lo que el gravamen se antoja complicado.

Las asociaciones de juego piden que se les «aplique la misma tributación que a las empresas online» pues sospechan que será más baja para evitar que las compañías «se vayan a otros países con una fiscalidad más ventajosa», añade Merino. En la misma línea, el presidente de la Asociación Española de Apostadores por internet, Sacha Michaud, aplaudió la idea de reglar el sector, pero manifestó a Europa Press que si la nueva tasa es «ridículamente elevada» las casas de juego «no tendrán ganas de venir a operar a España

Por ahora sólo se sabe que el Gobierno quiere una tasa diferente para cada tipo de juego y que gravará a los operadores -queda por ver cómo-, si bien la ONCE y Loterías y Apuestas del Estado estarán exentos. Además, el Gobierno transformará este organismo en una sociedad empresarial, lo que abre sus puertas al capital privado, y creará un regulador único con potestad para sancionar. Salgado, sin datos oficiales, indicó ayer que algunas asociaciones cifran en 200 millones de euros el negocio del juego online en España, pero otros cálculos lo elevan a 500 millones.

MERCEDES GÓMEZ / Madrid

Hochtief se revuelve contra ACS

La dirección del grupo alemán considera que la oferta es hostil

La oferta lanzada por el grupo ACS para hacerse con el 100% de la alemana Hochtief -de la que ya ostenta un 30% del capital- ha puesto en pie de guerra a los directivos de la germana. Su consejero delegado, Herbert Lütkestratkötter, ve «hostil» la oferta y considera que la operación no presenta valor «ni para la compañía ni para los accionistas».

El ejecutivo asegura en una entrevista a Reuters que Hochtief «siempre había entendido que ACS no quería elevar su participación» en la empresa. Además, asevera que «no ve alguna ventaja (en la oferta) ni para la compañía ni para sus accionistas» y que ACS no ha demostrado aún en qué pueden consistir. «Los agentes del mercado están muy decepcionados con la OPA y entiendo el porqué», añadió.

Ante esta «nueva situación», el primer ejecutivo de Hochtief indicó que el grupo alemán está estudiando junto con sus asesores una «estrategia».

Por su parte, ACS indicó que su OPA es «amistosa» y «beneficiosa para las dos compañías» y sus accionistas. «Las intenciones son totalmente amistosas. La operación se comunicó (a Hochtief) antes de informar al mercado y tenemos la intención de apoyar al consejo, al equipo gestor y a la estrategia de la compañía», aseguró el director general corporativo de ACS, Ángel García Altozano, informa Europa Press.

Además, el grupo presidido por Florentino Pérez aseveró que mantiene su intención de elevar hasta el 20% la participación del 12% que tiene en Iberdrola, objetivo que «no se verá afectado» por la OPA sobre su participada. «Es un objetivo. Nos gustaría elevar la participación y lo iremos haciendo según se vaya pudiendo y el mercado lo permita», dijo Ángel García Altozano.

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