EDITORIALES: 11-S: los límites de la tolerancia entre religiones

11-S: los límites de la tolerancia entre religiones

OBAMA dirigió ayer un mensaje a los ciudadanos estadounidenses en el que realizó una vibrante defensa de la tolerancia religiosa. «Somos una nación que llamamos al mismo Dios con diferentes nombres», dijo tras esgrimir que las convicciones religiosas nunca deberían servir de pretexto para un enfrentamiento civil.

Las palabras de Obama se producen 24 horas después de que el pastor Terry Jones accediera por fin a no quemar 200 ejemplares del Corán en su parroquia de Gainesville (Florida), propósito que había alimentado la ira de un sector del mundo musulmán.

El fanático Jones ha desistido de sus planes ante las peticiones del propio Obama, de la ONU, del Vaticano, de la Unión Europea y de la Liga Árabe, que temían una oleada de atentados en venganza por esa quema, tal y como habían amenazado clérigos musulmanes en Afganistán, Pakistán, Irán e Irak.

La suspensión del indigno espectáculo planeado por Jones es un alivio para todo el mundo, pero el caso ha servido para demostrar la fragilidad de las relaciones entre cristianos y musulmanes en EEUU, coincidiendo con la conmemoración del noveno aniversario de los atentados del 11-S.

Precisamente la razón que argumentaba Jones para llevar a efecto su provocación es el propósito de la autoridad urbanística de Nueva York de acceder a la construcción de un centro religioso musulmán junto a la Zona Cero. Jones lo considera un sacrilegio y, sin llegar a tanto, un importante sector de ciudadanos americanos está en contra.

Al igual que creemos que el Gobierno de Obama debería haber impedido por la fuerza la quema de ejemplares si el reverendo Jones se hubiera empecinado en su desafío, también pensamos que es una imprudencia aceptar que se construya ese centro musulmán en la Zona Cero. El argumento es que la libertad de culto de sus promotores no va a ser violada porque pueden levantar esa mezquita en cualquier otro lugar de Nueva York o de EEUU. En cambio, hay familiares de víctimas y ciudadanos americanos que se pueden sentir heridos por la iniciativa.

Estamos totalmente de acuerdo con la tolerancia religiosa que defiende Obama. Lo que resulta compatible tanto con impedir las provocaciones de Jones como las ofensas innecesarias a la sociedad americana. Si los musulmanes esgrimen su rechazo a actos que ofenden su sensibilidad, también los cristianos pueden tener derecho a lo mismo. El rasero debe ser necesariamente igual.

Lo que esta polémica pone de relieve es que, nueve años después del 11-S, la convivencia entre musulmanes y cristianos se ha deteriorado no sólo en EEUU sino en otros lugares. Hay serias dificultades de comprensión entre ambas religiones y tensiones crecientes en los países occidentales donde hay una minoría musulmana.

EL MUNDO recoge hoy el testimonio de una celebración religiosa en una mezquita de Lérida, en la que el imam radical islamista Abdelwahab Houzi predica ante 3.500 seguidores. Houzi, que defiende la extensión del Islam por toda España, figura en el top ten policial de los clérigos musulmanes más peligrosos.

Nadie le puede impedir ejercer libremente su religión, pero otra cosa es hacer proselitismo político y defender ideas y valores que chocan contra la Constitución. La tolerancia tiene límites y debe basarse en una comprensión recíproca. Dado que los extremistas de uno u otro signo ponen en peligro la convivencia, los Gobiernos deben intervenir sin complejos para atajar estos excesos y defender los valores que sustentan la democracia.

Convoca la marcha que se prohibió a Adierazi EH!

EA no debe ser cómplice de la izquierda 'abertzale'

LA IZQUIERDA abertzale ha manifestado en las últimas semanas su intención de querer distanciarse de ETA. Como publicó este periódico a principios de agosto, la afirmación de que «la vía político militar se ha acabado» podía suponer un principio de desmarque que ayudara a aislar todavía más a la banda terrorista. Pero también dijimos que para creer en esas intenciones hace falta mucho más. Es preciso una condena explícita del terrorismo y la ruptura radical con ETA, paso que todavía no se ha dado. Mientras tanto, cualquier acercamiento de un partido político a la izquierda abertzale debe ser considerado como una aproximación a la ilegalidad. En este contexto se debe considerar la iniciativa de EA, Aralar y otras organizaciones para convertirse en sustitutos de la plataforma Adierazi EH! y organizar hoy la manifestación que la Audiencia Nacional prohibió por considerar que está «vinculada a ETA». EA no puede convertirse en cómplice del entorno terrorista y en estos momentos habría que exigirle más claridad que nunca en la lucha contra ETA. Y la Audiencia debe prohibir hoy la nueva manifestación.

'Es natural identificarte con tu secuestrador'

Kampusch: aprender a convivir con la desgracia

EL TESTIMONIO de Natascha Kampusch sobre sus ocho años de cautiverio en un zulo vienés es un documento de extraordinario interés periodístico que demuestra la capacidad humana para adaptarse y resistir a la adversidad. EL MUNDO publica hoy una entrevista exclusiva en la que la joven austriaca repasa su dramática experiencia y la polémica generada por su relación con su raptor, Wolfgang Priklopil. «Identificarte con tu secuestrador es algo natural», afirma la joven austriaca, que escogió la evasión mental como «estrategia de supervivencia» y creó un entorno de fantasía donde Priklopil era un gentleman: «Cuando él me bañaba, me imaginaba que estaba en un spa». Esa táctica le valió críticas y la acusación de padecer síndrome de Estocolmo, algo que ella considera una etiqueta que desprecia su capacidad para juzgar sus propias vivencias. Kampusch tuvo la fortaleza mental para adaptarse a la pesadilla. Con ese mismo espíritu ha escrito una autobiografía en la que replica a sus detractores y recuerda que aprender a convivir con la desgracia puede ser el mejor modo de sobrevivir a ella

TERRORISMO ISLAMISTA: El imam más fanático reúne en Lérida a 3.500 seguidores

ÁNGELES ESCRIVÁ / Madrid

El imam más fanático reúne en Lérida a 3.500 seguidores

El marroquí Abdelwahab Houzi encabeza un ránking de diez clérigos salafistas elaborado por la Policía española para vigilar sus actividades

Las Fuerzas de Seguridad tienen elaborada una lista con lo que podría denominarse el top ten del islamismo radical en España, los nombres de los principales imames en la difusión del salafismo en nuestro país que, según los casos, exigen a sus fieles que no se integren en la sociedad española, denigran a las mujeres y se empeñan en establecer tribunales paralelos en los que aplican leyes particulares y normas feudales al margen del Código Penal.

Alguno de ellos sigue siendo un referente en su comunidad a pesar de haber pasado por los tribunales acusado de trabajar para Al Qaeda, otros son tan irreductibles en su predicamento que han sido expulsados de países de tradición musulmana, como Jordania, porque allí las autoridades religiosas los consideraban elementos generadores de fuerte hostilidad.

El imam que encabeza esa lista como uno de los más radicales, Abdelwahab Houzi, logró congregar ayer en Lérida a 3.500 fieles en el acto más multitudinario por el cierre del Ramadán que se recuerda. Sigue en página 4

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Los 10 imames que integran la clasificación de las Fuerzas de Seguridad constituyen la punta de lanza de las más de 100 mezquitas y comunidades islámicas -aproximadamente un 10% de las existentes- que difunden doctrinas rigoristas y que son percibidas por los Servicios de Inteligencia como «una amenaza social de desestabilización».

Su influencia es considerada lo suficientemente perjudicial como para que los imames moderados de este país alerten sobre sus consecuencias y hayan solicitado en algunos casos la aplicación rigurosa de la Ley sobre centros que, según constatan, han dejado de ser oratorios religiosos para convertirse en trampolines para la yihad. Se concentran de forma muy especial en Cataluña pero también están presentes en la Comunidad Valenciana, Aragón, Castilla-León o Melilla. Su capacidad para el proselitismo ha provocado que sus sedes necesiten ser ampliadas.

ABDELWAHAB HOUZI. Probablemente es el que ha alcanzado más repercusión mediática. Es el imam de la mezquita Ibn Hazm de Lérida. A este marroquí se le considera uno de los principales representantes del salafismo wahabí en nuestro país. Las Fuerzas de Seguridad le atribuyen el haber dado impulso a una especie de «policía religiosa» encargada de establecer lo que, según los salafistas, debe ser el comportamiento de un buen musulmán. Los datos sobre él recabados señalan que, desde su punto de vista, la integración en los usos y costumbres de la sociedad española impide vivir de acuerdo con los preceptos del islam, de modo que suele difundir entre sus fieles mensajes de animadversión a España y la idea de que la religión islámica está siendo atacada por la cultura occidental.

Tiene una denuncia por polígamo y por malos tratos interpuesta por una de sus esposas, Aicha López, residente en la localidad alicantina de Alfaz del Pi.

Los medios de comunicación catalanes recogían este verano las declaraciones de la esposa de uno de los asistentes a las reuniones que convoca para expandir el salafismo, que explicaba cómo los planteamientos del imam se extienden también al ámbito político en la convicción de que no hay países ni ideologías, sino un solo concepto del mundo que es religioso y que resulta incompatible con el resto. Hacia mediados del mes de julio recomendó a sus compañeros que se aprovechasen de «los independentistas, pues ellos se apoyan en nosostros para conseguir votos, pero lo que no saben es que, cuando nos dejen votar, todos votaremos a los partidos islámicos, eso nos hará ganar un alcalde y a partir de ahí, implantaremos el Islam».

Al margen de sus tácticas de infiltración, es públicamente partidario de que las mujeres, que deben mostrarse sumisas al Islam y a quienes imparten su interpretación, lleven el burka y les ha recomendado que declaren siempre que se lo ponen por voluntad propia. Su tesis es que esta prenda «no discrimina porque la mujer, por su propia voluntad, por su propia libertad, ha elegido esa vestimenta y nadie la obliga».

En estos momentos mantiene un conflicto con el alcalde de Lérida, Ángel Ros, por la clausura de la mezquita por exceso de aforo. El alcalde ha manifestado que su relación con las asociaciones islámicas es buena, excepto con Abdelwahad Houzi, a quien considera inserto en «la línea más fundamentalista».

JAMAL DINE KHAMLICH. También de nacionalidad marroquí, es el actual imam de la mezquita de Sant Feliu de Llobregat, en Barcelona. Antes ejercía en la mezquita de la calle Om de la localidad tarraconense de El Vendrell, cerrada por orden municipal. Su discurso está considerado en los informes policiales como extremadamente integrista por el tono de sus ataques a Israel, a España, a Occidente y a la religión cristiana. Sus jutbas se caracterizan porque finalizan con una oración por el alma de los muyaidines y por la expulsión de los infieles de las que considera «tierras del islam».

MOHAMED MRABET FAHSI. Está situado en la mezquita Al Forkan de Vilanova i la Geltru, en Barcelona. También marroquí, se trata de uno de los detenidos en la operación Chacal, que desarticuló una célula relacionada con terroristas autores de varios atentados. En estos momentos, a pesar de que fue condenado a siete años de prisión, se encuentra en libertad y ha recuperado un papel relevante en la comunidad islámica de la citada ciudad catalana. De hecho, el proceso judicial al que fue sometido le ha servido para reforzar su posición de liderazgo a base de fomentar su victimismo y de ponerse como ejemplo de la persecución occidental al islam. En realidad, Fahsi, carnicero de profesión, era el presidente de la Asociación de la mezquita Alfurkan cuando fue detenido y se sirvió de su puesto, según la sentencia de la Audiencia Nacional, para «prestar ayuda y financiación a redes yihadistas, para reclutar a terroristas suicidas y para auxiliar a activistas huidos».

Se le incautó un Manual de Instrucciones de Seguridad que en realidad era un tratado operativo de carácter militar. En su poder se encontró una nota manuscrita con indicaciones sobre qué hacer al arribar a Damasco y cómo contactar con las redes encargadas de trasladar activistas desde esta ciudad hasta Irak. Dio cobijo a un argelino que en 2003 acabó siendo localizado en Irak como el protagonista de un atentado suicida contra el cuartel de los carabineros de Nasiriya.

Mrabet estaba al tanto de sus proyectos como también lo estaba de las intenciones de otro argelino experto en explosivos que pretendía atentar en Francia y en Italia y a quien entregó 2.000 euros para financiar la red. La fiscalía solicitó 17 años de prisión para él, pero fue condenado a siete y permanece en libertad porque, sin sentencia firme, pasó la mitad de este tiempo en prisión preventiva.

MOHAMED EL MIMOUNI. Líder de la Comunidad Islámica Assouna de Roses, en Gerona, consta como uno de los líderes salafistas más jóvenes. Se formó religiosamente en una prestigiosa escuela belga.

TABDELHAMID AIM EL HYAT. Es un holandés perteneciente a la Asociaciación Cultural Islámica de Reus i Baix Camp, en Tarragona. Los agentes le tienen como uno de los imames que frecuentan los congresos salafistas desde 2005, de modo que su discurso se ha ido radicalizando progresivamente hasta resultar llamativa su evolución sobre la posición que ocupan las mujeres. Ha realizado declaraciones sobre la necesidad de reeducar a las mujeres musulmanas, a las que considera excesivamente occidentalizadas. Es un hombre con mucho carisma y con contactos que le procuran una buena financiación.

Es una de las 11 autoridades musulmanas que recurrió ante el Constitucional el derecho a usar el burka y el niqab, restringido por algunos ayuntamientos catalanes. También ha tenido que ampliar su mezquita y actualmente imparte sus ideas en una nave prefabricada sobre suelo municipal.

RACHID MENDA. Marroquí, está al frente de la Asociación Cultural Al Hilal de Salt, en Gerona. Está considerado por las Fuerzas de Seguridad como una de las personas más relevantes del salafismo en España. A pesar de su juventud es un referente y se le invita a dar conferencias.

TMARWAN MOHAMMAD AREF AL TAHAINEH. Nació en Jordania y actualmente se encuentra en la Comunidad Islámica de Elche. En 1991 fue arrestado en su país por su pertenencia a un movimiento islamista radical. Se asegura en los informes que desde su llegada a España ha servido de inspiración para otros radicales como Menda. Fue expulsado hace años de Onteniente junto con otros radicales por su modo de hacer proselitismo en las puertas de las mezquitas. En sus discursos públicos, en sus jutbas, suele exaltar a la yijad y a los muyaidin. Ha tenido algunos enfrentamientos con la autoridad que ha zanjado acusando a la policía de racismo.

LAHOUSINE AOUANE. Marroquí que está al frente de la mezquita de Zaragoza, los agentes aseguran que es un exponente esencial del islamismo radical. En sus exposiciones suele aludir a los principales conflictos en los que está involucrado el mundo musulmán y pide por los muyahidin.

RAMI GHAZI EL ZEIN. Lidera la comunidad islámica de Valladolid. Llegó a España procedente de Líbano en 2001 y tardó un año en dar las primeras muestras de radicalidad al enviar un mensaje de absoluta aversión contra judíos, cristianos, y todos aquellos que profesen una religión distinta a la musulmana. Su capacidad de proselitismo le ha garantizado el control íntegro, desde la financiación hasta la ideología, de la mezquita Essalam de Valladolid.

ABDELILAH BEN YAHICHE. Está en la mezquita Nueva de la Cañada de Hidum, en Melilla. Desde su tribuna induce a los musulmanes al cumplimiento estricto de la interpretación rigorista del islam. Las Fuerzas de Seguridad constatan que, durante los rezos en su presencia, se recuerdan los castigos que la sharia impone a quienes no se atienen a esta interpretación, castigos tales como los latigazos. Insiste en la perversión de la sociedad occidental y alienta a alejarse de la integración. Realiza alusiones constantes a los conflictos de Irak, Palestina o Chechenia para instigar a la comunidad a la lucha por el islam.

SALVADOR SOSTRES

Ellos queman más

Para mayor escarnio del reverendo Jones se intenta ahora establecer la relación entre su intención de quemar coranes y la amenaza de nuevos atentados islamistas en España, como si esta amenaza fuera culpa suya y no de los terroristas.

Sin ser necesario el anuncio de ninguna quema, la Policía descubrió hace unos días planes islamistas para atacar con bombas una playera estación de metro de Barcelona, justo el día 24 de septiembre, que es la fiesta de La Mercè y muchos barceloneses acuden aún al mar si la meteorología es benigna.

La culpa del terrorismo es de los terroristas. Se empiezan buscando causas y se acaba justificando a ETA en nombre del derecho a la autodeterminación de Euskadi. Lean más al maestro Espada y déjense de tantas tonterías.

Hay que recordar que, pese a todo el lío organizado alrededor del pastor Jones, lo único que de momento ha ardido han sido algunas banderas americanas en Kabul. Y hay que recordar también que, si bien el reverendo de Florida puede cambiar de idea y conmemorar el aniversario de los atentados del 11-S de otra manera menos calurosa, aquellos atentados ya no pueden deshacerse. Ni los de Londres. Ni los de Atocha.

Que Jones reaccione de modo hiperbólico ante la construcción de una mezquita en la Zona Cero es razonable, y hasta tierno. Quemar libros, qué quieren que les diga, no es mi deporte favorito, ni siquiera después de haber leído a Chomsky. Pero me parece mucho más saludable que lo que hacen los islamistas con nosotros, que nos queman vivos.

Es curioso el rechazo que produce lo católico y el multiculturalismo que genera los islámico; y la cantidad de españoles que viven todavía del recuerdo -o de la fantasía- de haber sido manoseados por un cura cuando fueron al colegio.

Lo peor que dio el franquismo fue el antifranquismo, hasta el punto que muchos de los que hoy ya han alcanzado los 50, se quedaron tan descolocados tras la muerte del dictador que siguen siendo castristas cuando ya no lo es ni Fidel, que siguen cautivos de la retórica sindical tan sutil y tan audaz como muestran los últimos anuncios de la UGT y que ni comprendieron entonces la gravedad de la amenaza comunista ni comprenden ahora que el islam no es una civilización, sino que sólo quiere acabar con la nuestra.

Por consiguiente, no hace falta ningún pastor Jones para que crezca la amenaza islamista en Barcelona o en Madrid, en Milán, en Viena o en París. En las propias mezquitas cuya construcción defienden tantos socialdemócratas políticamente correctos se predica el odio al mundo libre y la destrucción de Occidente.

El buenismo es trágico y una sociedad queda totalmente indefensa cuando no es capaz de identificar correctamente al enemigo. No deseamos la confrontación con el mal, ni se puede decir que la provoquemos, pero el mal existe y somos su objetivo.

Aunque la quema de coranes tiene algo de grotesco, la indignación del reverendo Jones con lo de la mezquita en la Zona Cero es mi misma indignación, y más allá de la consideración que merezca la manera de expresar este malestar, el día que ya nadie se indigne ante la ofensa y el peligro que el islam y el islamismo suponen para la libertad, podemos darnos absolutamente por vencidos.

ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES: El giro del nazionalista Montilla para captar el voto del 'tonto útil' del cinturón rojo

MANUEL SÁNCHEZ / Madrid

'Trini', con los avales 10 días antes

Gómez también los tiene, y ambas candidaturas dudan si hacer un gesto de fuerza

Habrá primarias en Madrid. Aunque pude resultar sorprendente esta afirmación, lo cierto es que ante los intensos rumores de esta semana de que Trinidad Jiménez iba a tirar la toalla e, incluso, hasta que lo podría hacer Tomás Gómez, ambos precandidatos confirman que tienen los avales suficientes para ir a las elecciones internas del próximo 3 de octubre. Y ambos lo harán.

Trinidad Jiménez ha logrado ya en torno a 3.500 firmas de militantes «en mano», que le garantizan un amplio colchón para ser candidata, pese a que tenía un margen todavía de más de 10 días -hasta el 21 de septiembre- para hacerlo.

Aproximadamente, cada precandidato necesitaría algo más de 2.700 firmas -lo que representa el 15% del censo- para que la Comisión Federal de Garantías les proclame el próximo 26 de septiembre. Eso, tras estudiar que no haya avales doblados de un solo militante -en ese caso, se anularían en las dos listas-, o que todos los que hayan firmado por una candidatura estén en el censo elaborado por la dirección Ferraz.

La propia Jiménez aseguró ayer que tiene ya «avales más que suficientes» para presentarse como candidata a las primarias.

La precandidata socialista comentó a este diario que, para ella, ha sido muy importante conseguirlo en tan poco tiempo, sobre todo cuando el poder orgánico en Madrid sigue siendo mayoritariamente favorable a Gómez.

Pero hizo una matización: «Una cosa es la recogida de avales y otra los votos», y añadió: «Yo voy a trabajar hasta conseguir el último voto».

Y es que en este matiz estará cuántos avales se presentarán y cómo se juega estratégicamente con esta baza, lo que siempre suele marca tendencias... o no.

Fuentes cercanas a la candidatura de Tomás Gómez confirmaron a este diario hace dos días que también tenían, con holgura, los avales necesarios.

Ambas candidaturas, además, insisten en que durante los 10 días que restan para su presentación en Ferraz seguirán recogiendo firmas. Sin embargo, las dudas están en cómo jugar con ello.

La plataforma de apoyo a la ministra, una vez asegurado el mínimo necesario, no ve necesario forzar un combate previo que, además, consideran estéril y que no repercutirá en el resultado final.

Una parte del equipo de Gómez es también partidaria de no adelantar acontecimientos, aunque hay tentaciones de hacer un gesto de fuerza previo.

De hecho, fuentes del equipo del secretario general del PSM aseguran que llevan tanta ventaja en avales a su adversaria -eso sí, no quieren decir cifras-, que podría ser sorprendente la diferencia cuando los presenten en Ferraz.

En el entorno de Jiménez -donde reinaba ayer un alto grado de optimismo,- se recordaba que Zapatero fue al 35º Congreso con menos de la mitad de avales que José Bono, o que Matilde Fernández llegó a ser más avalada que votada.

Y es que ahora el futuro de ambos candidatos está en los votos

LEONOR MAYOR / Barcelona

El PSC gira hacia el PSOE para intentar captar el voto del que consideran 'tonto útil' del 'cinturón rojo' de Barcelona

Pasearán a Felipe González en la precampaña con dos actos públicos para completar el engaño.

El PSC acentuará su relación con el PSOE durante la campaña electoral de las autonómicas para tratar de atraer el voto del cinturón rojo de Barcelona. El ex presidente español Felipe González, todavía venerado por muchos votantes del área metropolitana de Barcelona, aterrizará en la capital catalana dos veces durante el próximo mes de octubre para participar en sendos actos públicos que, aunque no son estrictamente de campaña, servirán para mostrar su apoyo al candidato del PSC a la presidencia de la Generalitat, José Montilla.

Esa presencia del PSOE en la batalla electoral se verá también potenciada en la ya conocida incorporación del actual ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, a la lista del PSC en un puesto tan destacado como el de número tres. También es previsible que el presidente del Gobierno participe en alguno de los mítines de Montilla. De momento, José Luis Rodríguez Zapatero acudirá el próximo fin de semana a la fiesta de la Rosa de Gavà, un acto en el que el año pasado no pudo asistir por la reunión del G-20. Otra ministra, la de Defensa, Carme Chacón, podría tener también cierto protagonismo en la campaña. Por lo pronto, hoy asistirá a la celebración de la Diada del Onze de Setembre.

Pero, sin duda, es González a quien esperan ver los socialistas de toda la vida afines al PSOE. El ex presidente español presentará un libro en Barcelona a principios de octubre. Más adelante, pero en el mismo mes, regresará a la capital catalana para participar en un acto institucional del Grupo de Reflexión sobre el futuro de la Unión Europea. Se trata de un equipo de trabajo transversal -que cuenta, además con Federico Mayor Zaragoza, Eduardo Punset, Josep Piqué y Narcís Serra-, que busca fórmulas para mejorar la cohesión de los países miembros de la Unión Europea.

Hace algo más de dos años, el PSC aupó a José Luis Rodríguez Zapatero a la presidencia del Gobierno al conseguir 1,6 millones de votos para su causa en las generales de 2008. Dos años antes, Montilla sólo consiguió 789.000 sufragios en las autonómicas, que se celebraron con el mismo censo. Esa diferencia de votantes, cercana a los 900.000, es una constante en la historia electoral catalana.

Cataluña es convergente en las autonómicas y socialista en las generales y, por alguna extraña razón, el PSC no logra atraer en las catalanas a esa bolsa de voto, ubicada principalmente en el cinturón de Barcelona. Pero ante unas encuestas adversas, que dan a CiU como ganadora indiscutible de los comicios, el PSC parece haberse decidido a poner toda la carne en el asador para rescatar a estos votantes de la abstención y dar la vuelta a los sondeos.

La apuesta de los socialistas catalanes tiene su interés, dado que durante los últimos cuatro años, y quizá por su alianza de Gobierno con Esquerra, el Ejecutivo de Montilla ha apostado por unas políticas de claros tintes nacionalistas escasamente atractivas para este tipo de votantes.

Ahora, el PSC tiene dos meses para darle la vuelta a la tortilla. El cambio de estrategia podría reflejarse en sus listas. Tradicionalmente, algún candidato de apellido catalán y del llamado sector catalanista aparecía en los puestos de cabeza. En esta ocasión ya hay dos nombres, Montilla y Corbacho, de la llamada ala obrerista. Si Montserrat Tura no va de número dos, los cinco primeros puestos podrían ser copados por este sector.

L. M. / Barcelona

El bachiller Montilla pide «respeto» para Cataluña

El de Iznajar, que multa a los que rotulan en español, dice que la sentencia del 'Estatut' ha dañado el «afecto» a España de muchos catalanes

La crisis económica, la reciente sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut y la inminencia de las elecciones autonómicas marcaron el discurso del Onze de Setembre que el presidente de la Generalitat dirigió anoche a los catalanes a través de TV3.

José Montilla pidió «la máxima unidad política y social» para que Cataluña «se haga respetar» tras la polémica sentencia estatutaria, que, en su opinión, «ha dañado el sentimiento de afecto de muchos miles de catalanes en relación a España y a sus instituciones».

El presidente recordó la «indignación» que provocó el fallo, que culminó «de forma masiva y plural en la manifestación del pasado julio por las calles de Barcelona». Una manifestación que no pasará a la Historia como plural, sino como independentista, ya que fueron los grupos separatistas quienes se hicieron ver tanto en la cabecera como en el transcurso de la marcha.

De hecho, la manifestación fue la culminación de un largo proceso de reforma estatutaria que ha creado tensión entre Cataluña y España y que, según las encuestas más recientes, ha provocado el auge del independentismo en esta comunidad.

Ahora, con las elecciones a las puertas, el líder socialista alertó contra las aventuras independentistas que buscan un hueco en el Parlament: «La identidad de Cataluña y su voluntad no son cosa de cuatro días», afirmó.

Montilla, que es también el candidato del PSC a la Presidencia de la Generalitat, insistió en una de sus tesis para estos comicios: Cataluña todavía tiene sitio en España a través del nuevo Estatut que, pese a haber sido recortado por los jueces, en su opinión, aún se puede recomponer. «La sentencia no ha invalidado el Estatut ni de lejos. El Estatut está vigente y es útil, por eso lo he defendido y lo defenderé con todas mis fuerzas», recalcó.

Pese a la cercanía de los comicios, Montilla trató de evitar que su discurso rebosara de tintes electoralistas. Sin embargo, sí reclamó para los catalanes «un tiempo de mayor serenidad, un tiempo en el que el diálogo se imponga por encima del griterío, en el que la concordia se imponga por encima del enfrentamiento, en el que la unión se imponga por encima del pulso separatista».

Una reflexión en la que algunos pudieron ver un llamamiento a votar al PSC, que se quiere presentar ante la ciudadanía -y pese a que parte de la crispación política es atribuible a su Gobierno en coalición con Esquerra e Iniciativa- como el partido de la serenidad y de la moderación, frente a CiU, que en los últimos tiempos ha coqueteado sin ambages con posiciones independentistas.

No obstante, el president rehusó hacer «balances o valoraciones» de la legislatura que ahora acaba. Pero sí destacó que ha intentado ejercer su cargo en todo momento «con honor, dignidad y responsabilidad». Y en la misma línea, aseguró que ha trabajado con tesón para «mejorar la atención a las necesidades del conjunto de la sociedad, consolidar los avances de nuestro autogobierno conseguidos con el nuevo Estatut e impulsar un crecimiento económico compatible con un país ordenado y equilibrado».

Además, Montilla pidió a los catalanes que participen «de forma cívica» en los actos de la Diada del Onze de Setembre, que se celebrarán a lo largo de la jornada de hoy y que, en años anteriores, han terminado con enfrentamientos, quema de banderas españolas o de fotografías de la Familia Real o actos públicos de ruptura de la Constitución española.

También en ocasiones precedentes, el PP y Ciutadans han recibido silbidos e insultos del público congregado ante el monumento de Rafael Casanova, donde se realiza a primera hora de la jornada una ofrenda floral. Este año, tanto la formación que dirige Alicia Sánchez Camacho, como la de Albert Rivera han anunciado que no participarán en este acto.

M. MARRACO / L. IGLESIAS Madrid / Bilbao

El fiscal pide que se prohíba la marcha de EA por ser un 'fraude de ley'

La Fiscalía de la Audiencia Nacional considera que el intento de EA y Aralar de sustituir a Adierazi EH como convocantes del acto previsto para hoy en Bilbao no es sino «un fraude de ley» que debe correr la misma suerte que el de la plataforma abertzale: la prohibición. Así consta en el escrito presentado ayer por el fiscal jefe, Javier Zaragoza, al magistrado Ismael Moreno.Sigue en página 6

El fiscal jefe describe en su escrito «el intercambio de papeles» entre Adierazi EH y formaciones como EA y Aralar. Así, explica que después de conocer la prohibición del acto de la plataforma abertzale -por ser una sucesión de Batasuna y seguir la estrategia de ETA- las formaciones que hasta entonces respaldaban el acto habían pasado al papel de convocantes. «En síntesis, a través de la cobertura que proporciona la intervención de personas o entidades no sujetas a restricciones legales por su desconexión del entorno de la organización terrorista se pretende lograr la celebración de una manifestación similar y con idéntica finalidad a la que ha sido prohibida judicialmente en estricta aplicación de las normas legales».

Entre las circunstancias que llevan al fiscal a esa conclusión está que las propias formaciones así lo han reconocido públicamente. Y resalta la coincidencia de lugar, fecha y hora (Bilbao, hoy a las 17.15 horas), además de que el lema (Libertad de expresión. Todos los derechos para todas las personas) apenas difiere del anterior (Todos los derechos para todas las personas en toda Euskal Herria). Todo eso demuestra que la nueva convocatoria «no tiene otro objetivo que eludir la prohibición judicial [...] de manera que puede ser calificada meridianamente como fraudulenta y dirigida a socavar la autoridad del poder judicial».

En el escrito sobre el acto de Adierazi EH, el juez Moreno se atuvo al criterio fiscal, aunque no hizo lo mismo este verano cuando autorizó una marcha de la izquierda abertzale que venía a sustituir a otra prohibida. Esta vez el fiscal jefe es contundente en su mensaje al juez: prohibir el acto es «constitucionalmente inobjetable» y «legalmente necesario». Y trae a colación decisiones de Tribunal Constitucional sobre casos similares con ANV y Askatasuna, luego ilegalizadas. Eso sí, deja claro que los nuevos convocantes son «personas y entidades sin tacha de ilicitud».

Tres horas después de conocerse la petición fiscal, esas formaciones comparecieron en rueda de prensa. Lo hicieron Sabin Intxaurraga, ex consejero del Gobierno vasco de Eusko Alkartasuna, la izquierda abertzale democrática de Aralar (Begoña Campo) y Alternatiba (Ander Rodríguez), partido escindido de la Izquierda Unida vasca. Les acompañaban la abogada de la izquierda radical Jone Goirizelaia y el ex alcalde de Guecho Iñaki Zarraoa, pese a que el PNV no asistirá a la marcha.

En el acto, una vez más sin preguntas, los portavoces leyeron un comunicado casi calcado al anterior. Esta vez en euskara, castellano... e inglés, en un claro gesto a la comunidad internacional.

Pese al explícito rechazo a ETA que siempre han expresado los partidos democráticos representados ayer, el texto no hace ninguna alusión a la banda, ni siquiera al terrorismo. Un escenario en el que la izquierda abertzale se siente cómoda, pero al que parecen haber renunciado, al menos en esta ocasión, las demás formaciones. El máximo guiño en esta línea es su petición de que se garantice el ejercicio del «derecho a la vida y a la libertad». El resto de la tabla de reivindicaciones incluye el acercamiento de los presos, el fin de la tortura, la libertad de expresión o la legalización de partidos y organizaciones ilegales.

Los convocantes dicen «no entender» esta prohibición y aseguran, tal y como hace ETA en sus documentos, que la movilización social resulta imprescindible para el proceso: «Sólo la participación popular y la movilización social pueden generar las condiciones para una nueva situación».

Desde las filas populares, el parlamentario Leopoldo Barreda reclamó la prohibición del acto, y acusó a los actuales dirigentes de EA de haber emprendido un «juego de amistades peligrosas, en el que Batasuna sigue en el monte, y es la propia EA la que se está poniendo en los límites de la democracia».

'No' a otro homenaje a presos en Barcelona

Por tercera vez este verano, la Audiencia Nacional ha prohibido la celebración de un acto en Barcelona ante los indicios de que se trataba de un homenaje a los presos catalanes de ETA. Esta vez corría a cargo del colectivo 'Rescat', que se define como «colectivo de defensa de los presos y presas catalanes» y que preparaba un acto de apoyo para hoy, a las 13.00 horas, en el paseo del Born. En palabras del juez Ismael Moreno, el acto «tendría como finalidad apoyar a los diversos presos catalanes detenidos por su vinculación con la organización terrorista ETA», lo que podría encajar en el delito de enaltecimiento del terrorismo y humillación a las víctimas. La decisión del juez responde a la petición del fiscal Juan Moral, que basaba su exigencia de prohibición en un informe remitido por los Mossos d'Esquadra.

ÁNGELES ESCRIVÁ / Madrid

El TSJM prohíbe por etarra un acto en apoyo a Udalbiltza

Una plataforma lo había convocado en Madrid para el martes

Segunda manifestación prohibida por los tribunales tras el comunicado de ETA: la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid considera, entre otras cosas, que las víctimas del terrorismo merecen «una protección preferente respecto del derecho de reunión» de la Plataforma en Defensa de los Procesados de Udalbiltza.

En esta ocasión se trata de la concentración convocada por la citada plataforma en Madrid para el próximo martes, 14 de septiembre. La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal de Justicia de Madrid ha rechazado en sentencia hecha pública ayer los recursos planteados acogiéndose al criterio de la Comisión Europea sobre ETA y, sobre todo, por respeto a las víctimas del terrorismo que «pueden resultar agraviadas públicamente con una demostración de respaldo a quienes, a día de hoy, permanecen -en espera de sentencia -procesados por pertenencia a dicha banda terrorista».

El pasado 30 de agosto, la Plataforma en Defensa de los Procesados de Udalbiltza solicitaron permiso a la Delegación del Gobierno para manifestarse en la explanada frente al Museo Reina Sofía en la capital de España. La Delegación se negó basándose en el escrito del fiscal del juzgado número 5 de la Audiencia Nacional que sostiene que «las 22 personas procesadas son autoras de un delito de integración en organización terrorista y cuatro de ellas son, además, autoras de un delito de malversación de caudales públicos». Cabe aclarar que Udalbiltza es un organismo que surgió como consecuencia del Pacto de Lizarra y que aglutina a todos los alcaldes de la izquierda abertzale que, tras romperse la tregua de 1998, se negaron a condenar los atentados de ETA.

La decisión de la Delegación del Gobierno fue recurrida por los convocantes, que se acogieron al Derecho de Reunión y que aclararon que no pretenden manifestar su apoyo a la actividad terrorista y que argumentaron que no hay que presumir en ellos un ánimo coactivo o de presión al órgano jurisdiccional. Su única aspiración, según dijeron, era manifestar su «solidaridad con los cargos electos procesados».

La Abogacía del Estado replicó que una de las razones para prohibir la concentración era la «inexistencia de un fin lícito», el hecho de que «la solidaridad que se pretende es con personas pertenecientes a banda armada», declarada así «en el marco legal comunitario».

Y el ministerio Fiscal añadió que esas expresiones de adhesión con concejales, alcaldes y demás electos, vinculados a ETA, lo son «con lo que esta organización representa» y pueden entenderse como «un acto de exaltación del terrorismo».

La Sala de lo Contencioso recoge algunos de estos argumentos y añade otros. Según defiende, el derecho de reunión es, según el Tribunal Constitucional, «una manifestación colectiva de libertad de expresión», pero, también según el Alto Tribunal, «al igual que los demás derechos fundamentales, el derecho de reunión no es un derecho absoluto o ilimitado». Los límites, según la Sala, no son los que la propia constitución «expresamente imponga», sino también los que de manera directa o indirecta se infieran de ella como consecuencia de la necesidad de preservar otros derechos o bienes constitucionales».

El Tribunal concluye que «resulta evidente» que una concentración para dar «publicidad a los procesados que pertenecen a una organización terrorista implica la publicidad de la organización terrorista ETA, prohibida por la Comisión Europea» en el reglamento en el que especifica las medidas restrictivas dirigidas contra determinadas personas u organizaciones cuyo fin es luchar contra el terrorismo. Se añade en la sentencia que la «falta de precisión del lema de la concentración» conduce a pensar que la Delegación del Gobierno tiene razón cuando asevera que el acontecimiento «podría rozar los límites de la legalidad».

Estos razonamientos, junto a las argumentaciones relativas al respeto a la víctimas, son los empleados por la Sala para confirmar la prohibición de la convocatoria.

EL PARIPE DE LA HUELGA GENERAL: Toxo:«El mayor recorte social de la democracia lo ha producido Zapatero» «Hay más personas que pueden dirigir el país»

DAVID VIGARIO / Cáceres

Toxo: «Hay más personas que pueden dirigir el país»

El secretario general de CCOO lanza un aviso a Zapatero

Los sindicatos también se suman al debate sobre la continuidad de Zapatero al frente del Gobierno. Los hasta hace pocos fieles aliados del presidente no se cortan en ningunearle y pedir su relevo. Ignacio Fernández Toxo, secretario general de CCOO lo hizo ayer. «Hay más personas para dirigir el país», pronosticó sin tapujos en Cáceres.

El mensaje iba más en clave interna socialista que para los ciudadanos porque el dirigente sindical no se refería al recambio de Zapatero por Rajoy sino a un sustituto de su mismo partido para la presidencia del Gobierno. De hecho, para Toxo, si finalmente los socialistas «llegan a convencerse del agotamiento de su líder, tendrán mecanismos y suficientes personas capacitadas para dirigir el país».

En Cáceres, donde también se coreó «Zapatero dimisión» en la primera parada tras Vistalegre de la turneé mitinera que la pareja Toxo-Méndez va a protagonizar en los próximos días, le tocó el turno de agitación especialmente a Fernández Toxo, que lanzó este serio aviso al presidente del Gobierno.

Aseguró que Zapatero, «sin ser consciente de ello, se va haciendo progresivamente el haraquiri», aunque en todo caso matizó que «cambiar de liderazgo no implica cambiar el partido de Gobierno».

Opinó que «sería muy conveniente y muy prudente que se materialice esa oportunidad para el cambio aprovechando que hay un par de ministros que han anunciado su salida del Gobierno, y si es un cambio de liderazgo, corresponde al PSOE decirlo».

Lanzó la proclama a los medios de comunicación antes de dirigirse a sus propios afiliados, ante quienes usó un tono más moderado. Especificó que «no somos los sindicatos los que van a desencadenar el cambio de ciclo político, porque si se está fraguando, es por la acción antisocial y antiprudente (sic) del Gobierno de la Nación».

O sea, que los sindicatos abogaron en Cáceres por una continuidad del PSOE en el Gobierno pero no de Rodríguez Zapatero al frente.

Ese es exactamente el mensaje al que parecen adherirse los dirigentes sindicales. «Han sido algunos tertulianos y no nosotros», volvió a justificar, «supuestamente amigos, los que han apuntado a que el primer partido que cambie de líder será el que gane las elecciones».

Más comedido estuvo Cándido Méndez, que señaló que «lo que se percibe es que Zapatero ha dado un giro copernicano» a sus principios. Ambos coincidieron en que la reforma laboral, «sin acuerdo ni consenso», es la peor posible para el país.

El secretario general de UGT ya ha establecido sus particulares cifras para la huelga general: «Habrá un seguimiento masivo del 60 o el 70 % de los trabajadores», calculó sin más datos que su intuición.

MARISA CRUZ / Madrid

Zapatero advierte a los sindicatos de que no cambiará la reforma laboral

Les reprocha que critiquen sus principios sin analizar la necesidad de la medida

No hay marcha atrás y ayer el presidente del Gobierno se encargó de aclararlo. La reforma laboral aprobada el jueves por el Congreso no es reversible. Así lo advirtió Zapatero públicamente ante las demandas de las dos grandes centrales sindicales que reclaman al Gobierno que se retracte del plan de cambios acordado para flexibilizar y agilizar el mercado de trabajo.

La mano del Ejecutivo no se abrirá en este terreno, a pesar de que el próximo día 29 tendrá que padecer una huelga general. Zapatero aseguró ayer en rueda de prensa junto al secretario general de la OTAN, que está dispuesto a dialogar y negociar con los agentes sociales sobre otros temas pendientes y de gran trascendencia, tales como la próxima reforma del sistema de pensiones o los cambios que ya se perfilan en los servicios públicos de empleo, pero avisó: «La agenda de la reforma se va a cumplir. El Gobierno va a mantenerla y mucho más una vez que está aprobada por el Parlamento».

El presidente, que intenta por todos los medios evitar una escalada de tensión personal con los sindicatos, insistió en su «respeto» ante las discrepancias que manifiestan respecto a la reforma laboral, pero no eludió lanzarles un reproche porque, en su opinión, se están centrando en criticar su supuesta «traición» a los principios y al ideario socialista cuando «lo más conveniente» sería que pasaran al «debate sobre los contenidos».

Zapatero niega tajantamente haber dado la espalda a sus principios ideológicos - «no siento que los haya traicionado», dijo en la cadena Ser- e insiste en la necesidad imperiosa que tienen la economía española y el mercado de trabajo de los cambios aprobados.

«Hay que hacerlos ahora» insistió, «si no es así no saldremos con fuerza de la crisis». El presidente recalcó que ahora «son necesarios algunos sacrificios para garantizar el bienestar de mañana» y añadió tajante que está decidido a «cumplir» con su «responsabilidad».

El jefe del Ejecutivo, respondiendo a las críticas de las centrales sindicales que el jueves concentraron a varios miles de delegados en Madrid para pedir su dimisión y calentar motores con la vista puesta en la huelga general, hizo hincapié en que «nadie puede estar satisfecho con el actual marco de relaciones laborales» que existe en España y que provoca, cada vez que hay una crisis, una elevadísima tasa de paro y de inestabilidad.

En este sentido, defendió la reforma como el instrumento clave para dar «más flexibilidad» a las empresas para que puedan adaptarse a las circunstacias económicas, «más estabilidad» a los trabajadores en el empleo, especialmente a los jóvenes, y para «hacer al país más competitivo en un mundo globalizado».

«El país», defendió el presidente, «necesita una reforma que le acerque a Europa». Por esta razón, pidió a las centrales sindicales que den un margen de «unos cuantos meses» al nuevo marco laboral para «valorar sus resultados» que él ya vaticina como «positivos».

B. P. R. / Madrid

Los jueces de lo Social asumirán todos los litigios laborales

El Consejo de Ministros aprobó ayer el anteproyecto de la Ley Reguladora del Procedimiento Laboral, que unificará en los juzgados de lo Social todos los litigios que afecten al ámbito laboral y que hasta ahora se tramitaban en los civiles o contencioso-administrativos.

Se trata de una vieja reivindicación de los expertos en Derecho laboral, explica el jefe del gabinete jurídico de CCOO, Enrique Lillo. «Debería haberse hecho hace mucho tiempo», asegura. El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, destacó ayer que el objetivo de esta nueva regulación será «evitar el peregrinaje institucional» y «mejorar los tribunales que afectan directamente a empresarios, autónomos y trabajadores» para facilitar el proceso de recuperación económica, informa Europa Press.

Así, pasarán a la jurisdicción social todos los litigios sobre accidentes laborales, seguridad e higiene en el trabajo, prestaciones públicas y vulneración de los derechos fundamentales, especialmente el acoso y la discriminación. Quedarán excluidos, por el contrario, los casos penales, los litigios sobre recaudación de la Seguridad Social y las excepciones concursales.

En el caso de un accidente laboral, el trabajador debe iniciar un primer pleito social contra el empresario y, si quiere cobrar una indemnización mayor, acudir a la vía civil. Además, si la Inspección de Trabajo ha sancionado al empleador, el accidentado debe acudir a lo contencioso si no está conforme con la sanción, informa Efe. Esta situación se repite en los casos de abuso sexual, ya que si el acosador es el empleador, la víctima debe recurrir a la vía social, y si es un compañero o un tercero en el marco de la relación laboral, debe acudir al juez civil o de otro orden.

Simplificar trámites

«El objetivo de esta ley es simplificar los trámites, dar una respuesta ágil, reducir los costes y evitar las dudas interpretativas para saber qué juez debe resolver cada asunto», apuntó Caamaño. El abogado de CCOO añade que la jurisdicción social es gratuita y más rápida que la civil o la contenciosa, con el consiguiente beneficio para el trabajador que deba recurrir a ella.

No obstante, el ministro cree «difícil» que esta ley acorte los plazos de resolución de los expedientes de despido y recordó que la media de resolución de conflictos en los tribunales de lo Social se encuentra entre seis y siete meses. Según dijo, la acumulación de litigios en estos juzgados es «significativamente menor» que en otras jurisdicciones, por lo que están preparados para «asumir este aumento de trabajo, aliviando a los demás». De acuerdo con los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), la tasa de resoluciones del orden social es un 90% superior al de los órganos de lo civil o lo contencioso.

ESPAÑA EN QUIEBRA: GDF huye de Gas Natural/ La inflación nueva amenaza/ La UE alarma a los fabricantes/ La patronal minera ataca a las eléctricas

FRANCISCO NÚÑEZ / Madrid

La inflación, nueva amenaza para el PIB

El IVA dispara en más de un punto el IPC pese a la bajada del consumo y los carburantes
La tasa anual podría llegar al 2,3% a fin de año con un crecimiento económico negativo

La subida del IVA impactó de lleno en la inflación y ha seguido haciéndolo en agosto. Según el Gobierno, la repercusión en el primer mes fue de entre cinco y seis décimas, y llegó hasta 11 en el acumulado entre estos dos meses. Por su parte, el PP denunció que «si no llega a ser por la subida del IVA, tendríamos ahora una inflación interanual del 0,7%, es decir, 1,1 puntos menos».

A esta situación que podría haberse producido de baja inflación, más acorde con la recaída del consumo que se viene observando, tendría que haber contribuido el descenso de los precios de los carburantes que se ha producido en estos meses, particularmente en agosto. Pero la subida del IVA ha cambiado el signo de la inflación. Es decir, la caída del crudo no se está aprovechando para tirar hacia abajo los precios cuando se vaticina una segunda recesión.

Así, el IPC interanual sólo bajó en agosto una décima, hasta el 1,8% frente al 1,9% de julio. Mientras, en la zona euro se situó en el 1,6% con un crecimiento económico del 1% frente al 0,2% español. Lo que confirma que hay demasiada inflación para tan poco PIB.

Descartada la deflación, el secretario de Estado de Economía, José Manuel Campa, señaló ayer que el comportamiento del IPC se mantendrá en los próximos meses «en tasas moderadas y positivas». La Fundación de Cajas de Ahorro (Funcas), por su parte, mantiene que a final de año llegará al 2,3%. Lo que podría ocasionar más presión a la negociación colectiva de 2011.

Además, todo esto sucederá en un escenario de empeoramiento de la economía. Por ejemplo, las cajas prevén fin de año una vuelta a la recesión. Por tanto, existe el riesgo de una situación de estanflación, es decir, de estancamiento económico unido al alza continuada de precios. Ya se produjo en la crisis de los noventa y la única terapia es el aumento de la inversión pública para favorecer la demanda y el crecimiento.

De todas formas, pese a reconocer que puede darse «una bajada del crecimiento», Campa aseguró que el Gobierno prevé que las tasas de crecimiento seguirán siendo positivas.

Funcas confirmó ayer que «el impacto de la subida del IVA ha sido mayor del esperado». Sólo hay que comprobar que se ha producido otro nuevo repunte de la inflación subyacente (que excluye los precios más volátiles como la energía y los alimentos elaborados) de dos décimas respecto al mes anterior, hasta el 1%. Es la tasa más elevada desde hace 16 meses.

Dentro de esta inflación estructural, que llegó a ser negativa en abril, los precios de los bienes industriales no energéticos se situaron en positivo por primera vez desde diciembre de 2008. La subida ha sido muy generalizada en todos sus componentes, particularmente en los automóviles y en los artículos para el hogar. Se debe a la subida del IVA y confirma que muchas empresas están repercutiendo al consumidor el alza impositiva en lugar de trasladarla a los beneficios para vender más.

En los servicios también se observa que la inflación ha subido cuatro décimas en julio y otra más en agosto. Entre las alzas de precios destacan precisamente los servicios intervenidos (cuyos precios fijan las administraciones públicas), como por ejemplo el transporte por ferrocarril y por carretera. También aumentaron los precios en productos y bienes estacionales como los servicios de mantenimiento y reparaciones, y también los viajes organizados.

En cuanto a los alimentos no elaborados, el traslado del IVA al consumidor ha provocado un incremento importante de los precios en estos dos meses. En junio, la tasa de este grupo era del 0,5%, en julio llegó al 1,1% y en agosto ha crecido medio punto más, hasta el 1,6%.

Todo esto se observa con más detalle en la evolución mensual del IPC. Los precios crecieron en tres décimas y es la tasa más elevada desde que comenzó la crisis.

La subida en el transporte fue sólo de una décima (hace un año crecía al 1,1%), como consecuencia de que el grupo de carburantes se estancó (0,0%) frente al 3,8% de agosto de 2009.

Sin embargo, este buen comportamiento no fue suficiente para evitar esa subida de tres décimas ya que repuntaron los precios ligados a la estacionalidad y al IVA (restaurantes, hoteles, alimentación y ocio).

C. SEGOVIA / Madrid

GDF 'huye' de Gas Natural a bajo precio y sin avisar

El grupo francés vende su 5% en pleno litigio de la empresa española con Argelia

La empresa francesa GDF Suez huyó ayer de Gas Natural sin informar a la cúpula de la empresa gasista de sus planes. Tampoco informó al Gobierno, pese a que el Estado francés es el primer accionista de GDF Suez.

Lo hizo además colocando de forma acelerada el 5% que mantenía en Gas Natural a un precio por debajo del que cotizaba en Bolsa. Su espantada se produce en plena presión de Argelia sobre el grupo español. La empresa estatal argelina Sonatrach se impuso el pasado agosto a Gas Natural en un litigio sobre precios de gas a España. El resultado del laudo de la Corte Arbitral de París supone que Gas Natural debe pagar 1.500 millones de euros a Sonatrach que, además, ha empezado ya a operar el nuevo gasoducto que une Orán con Almería para reforzarse en el mercado español.

La cúpula de la gasista y el Gobierno sabían de la intención de GDF Suez de dejar en algún momento el capital, puesto que la empresa francesa no lograba influir en la gestión. Es más, el vicepresidente de Gas Natural, Antonio Brufau, era partidario de que quedara fuera por ser un competidor. Tras llegar a controlar el 11% del capital de Gas Natural, el presidente de GDF Suez, Gérard Mastrallet, ya anunció el pasado año que iría desinvirtiendo porque la participación ya no era estratégica, sino meramente «financiera».

Lo que no esperaban es que vendiera de forma acelerada y en un momento tan delicado para Gas Natural, que ha perdido un 22% de valor en Bolsas este año. La cúpula de la gasista se enteró de que Suez había colocado su paquete a la venta en la noche del jueves y gracias al aviso de un banco de inversión. Citigroup y Goldman Sachs se encargaron de buscar inversores para el paquete de acciones.

El mercado interpretó pronto que si GDF Suez salía a bajo precio es que olfatea que algo puede ir mal en Gas Natural, así que la cotización cayó un 4% el día en que el Ibex bajaba un 0,22%.

Fuentes de Gas Natural restaron importancia al hecho. Señalaron que GDF Suez necesitaba liquidez para sus proyectos internacionales y que su marcha era previsible, sin que afecte al grupo español ni a su plan estratégico.

En el Ministerio de Industria también relativizaron su salida, dado que la Caixa y Repsol aseguran, en su opinión, la estabilidad accionarial de Gas Natural. El ministro de Industria, Miguel Sebastián, sigue, sin embargo, de cerca los acontecimientos y viajó precisamente el pasado martes a Argel para intentar limitar el impacto del laudo arbitral tanto en las cuentas de Gas Natural como en el recibo del gas de los españoles.

El grupo francés cerró ayer su etapa inversora en la empresa catalana con un gélido comunicado. Aseguró que la venta le reportaba 540 millones de euros «dentro de la estrategia de optimizar los recursos financieros». «GDF Suez ya no es accionista de Gas Natural», concluía su nota. El grupo francés ganó 83.000 millones de euros en 2009 y se encuentra en plena operación de compra de la empresa australiana Internacional Power. Era accionista de Gas Natural desde 2007, pero Suez ha sido un aliado tradicional de la Caixa desde hace décadas. De hecho, la caja catalana vendió el pasado año una empresa tan estratégica para Cataluña como Agbar a GDF Suez en una operación pacífica y amistosa que no hacía presagiar un final tan abrupto en Gas Natural.

El grupo francés se desprendió en bloque de un paquete accionarial de 46,17 millones de títulos a 11,7 euros por acción cuando el jueves cotizaban a 12,14 euros por título. La Comisión Nacional del Mercado de Valores suspendió temporalmente ayer la cotización de Gas Natural. Sus títulos cerraron a 11,65 euros en la mayor caída del selectivo durante la jornada.

Madrid / León

La patronal minera ataca a las eléctricas

Victorino Alonso las acusa de «tocar» a los eurodiputados para perjudicar al carbón

El presidente de la patronal minera Carbunión, Victorino Alonso, arremetió ayer contra las compañías eléctricas, y en concreto contra las gasistas, a las que acusó de «tocar» a los eurodiputados para impedir que la Comisión Europea apruebe el real decreto que incentiva la quema de carbón autóctono.

Durante un desayuno organizado por el Foro de la Nueva Energía en Madrid, Alonso señaló el gas como «el problema fundamental» para la minería española del carbón, en referencia a que la nueva formulación del decreto retira las compensaciones a los ciclos combinados por el lucro cesante provocado por la mayor participación del carbón en la generación de electricidad. Además, ha acusado a las empresas del gas de vender por debajo de coste y de hacer dumping, informa Europa Press.

Además, tachó de «cuento» que el carbón aumente el déficit de tarifa del sector eléctrico y defendió la aportación de este mineral a las arcas públicas. «Por cada euro que se dedica al carbón, éste aporta tres al Estado», aseguró.

Alonso culpó al Gobierno del impago de nóminas a los mineros -les adeudan dos mensualidades-, porque éste debe al sector 275 millones de euros. Las empresas se han quedado sin liquidez, no sólo para pagar sueldos, sino también para abonar el IVA y las contribuciones a la Seguridad Social. El sector factura anualmente 600 millones de los que, hasta el momento, sólo han ingresado 250 millones. Pese a que el Gobierno se comprometió a adelantar a las empresas los 315 millones de ayudas previstas para que pagaran las nóminas, sólo ha abonado 75 millones, relató Victorino Alonso.

Por su parte, el presidente del Grupo Viloria, Manuel Lamelas, justificó el impago de las nóminas por la falta de liquidez que se deriva, entre otras cosas, del hecho de que las centrales eléctricas adeudan seis meses al sector del carbón y han incumplido una serie de contratos.

Mientras el presidente de la patronal prometía en Madrid pagar los sueldos «la próxima semana», en León los mineros colocaban barricadas en la vía férrea de Torre del Bierzo y Bembibre, y detenían dos trenes que cubrían los trayectos Ponferrada-León y León-Ponferrada. A las siete de la tarde, los trabajadores de ADIF retiraban los neumáticos quemados y el material que los manifestantes habían colocado en la vía.

Los trabajadores también cortaron la carretera N-630 a la altura del municipio de Villamanín de la Tercia, mientras que los agentes antidisturbios de la Guardia Civil abortaban un nuevo intento en la autopista A-6, según explicó la Subdelegación del Gobierno.

Por la mañana se sucedieron las protestas en la autopista A-6 a la altura del municipio leonés de San Román de Bembibre, en la N-630 a su paso por Villamanín de la Tercia y en los alrededores del peaje de La Magdalena, en la AP-66, informa Efe. En este último punto, la Guardia Civil identificó dos piquetes de la protesta por su «contundente» respuesta ante la actuación de los antidisturbios, explicaron las mismas fuentes.

Además, los mineros cortaron el tráfico en la AP-66 a su paso por Caldas de Luna y en la A-6 y la N-VI en la localidad de Carracedelo.

JAIME HERNÁNDEZ / Madrid

El Parlamento Europeo alarma a los fabricantes de vehículos comerciales

El 28 de septiembre votará una reducción de emisiones de CO₂ para ellos inasumible

Especial para EL MUNDO

Los fabricantes de vehículos comerciales ligeros (hasta 3,5 toneladas de peso) están seriamente preocupados por el impacto que tendrá la futura normativa que regule las emisiones de CO₂, en caso de aprobarse la propuesta del Comité de Transportes del Parlamento Europeo tal como está planteada.

Este organ ismo votó el pasado mes de junio a favor de unas medidas tremendamente restrictivas y que hacen tabla rasa para ese tipo de vehículos, lo que puede suponer incluso el efecto contrario al que se pretende, si el Comité de Medio Ambiente sigue la recomendación de sus colegas el próximo 28 de septiembre. Tras ella, se pronunciará la Eurocámara en sesión plenaria y después serán los Estados miembros quienes tengan la última palabra a través del Consejo Europeo.

En estos días, directivos de los grandes fabricantes de vehículos industriales mantienen reuniones con diferentes grupos políticos para indicar su postura ante la inminente legislación. Uno de ellos, Sascha Paasche, vicepresidente de ingeniería de la división de furgonetas de Mercedes-Benz, explica gráficamente el por qué del distinto tratamiento que se debe aplicar a cada subsegmento concreto:

«El cliente ajusta su compra a sus necesidades. Si adquiere un furgón grande, que actualmente pueden tener una media de emisiones de CO₂ de 240 gr./km., el resultado desde el punto de vista medioambiental será mucho mejor que si dispone de cuatro furgonetas medianas o seis pequeñas para llevar esa misma mercancía. Aunque con éstas últimas el consumo unitario sea menor, nunca se llegará a compensar si han de hacer el trabajo equivalente».

Los términos de la actual propuesta que baraja la CE para regular las emisiones de CO₂ en los vehículos comerciales ligeros rebajan de los 203 gr./km., en que se fijaba el límite en 2008, a una cifra de 175 para 2014, con un periodo transitorio hasta 2016 en el que se suavizarían las multas a los fabricantes que superen dicho límite. El siguiente escalón pondría el techo en 135 gr./km. de emisiones de CO₂ para 2020, lo que supondría que la próxima generación de estos automóviles tendría que disminuir dichas emisiones en torno al 40%. La penalización para los constructores que incumplan la normativa sería de 120 euros por cada gramo que exceda la media de su gama y multiplicados por todos los vehículos vendidos, lo que obligaría a prescindir de la producción de los vehículos más contaminantes si no quieren llegar a la quiebra. Con ello aumentaría el parque de los modelos inferiores y el colapso en el sistema de transportes arruinaría todos los buenos propósitos.

En general, existe el consenso entre las marcas implicadas de que es factible la primera fase, con matices sobre ese periodo transitorio. Pero la meta de los 135 gr/km en poco más de nueve años se considera absolutamente inviable desde el punto de vista económico. Con la aplicación y el perfeccionamiento de tecnología convencional es posible una reducción de un 15% de las emisiones de CO₂, a un coste razonable, unos 3.500 euros por vehículo como media. Sin embargo, para alcanzar el objetivo de 2020 sería necesario introducir definitivamente la propulsión eléctrica, una utopía. El dato de emisiones que la mayoría de fabricantes consideran realista es de 160 gr./km. por kilómetro para 2020.

Otro de los puntos conflictivos se refiere a los vehículos comerciales con grandes modificaciones para trabajos muy específicos, como pueden ser un camión de bomberos, una ambulancia, una grúa o una autocaravana. Este tipo de producto, donde el 80% se modifica respecto al modelo base, no debería tener el mismo trato que el resto, por sus condiciones de herramienta de trabajo y porque en muchos casos las distancias anuales que recorren son ridículas y su contaminación global es baja.

El lobby que los fabricantes están realizando se intensificará en los próximos días para que los legisladores atiendan sus demandas. Según el máximo responsable mundial de la división de furgonetas de Mercedes-Benz, Volker Mornhinweg, «la penalización para los vehículos comerciales ligeros debería ser menor que para los turismos, pues son indispensables para el progreso económico de muchas empresas».

CORRUPCIONES SOCIALISTAS: El PSOE da de baja a su portavoz y él dice que seguirá de diputado

H. F. / J. N. / A. S. M. / Alicante

El PSOE da de baja a su portavoz y él dice que seguirá de diputado

El 'caso Brugal', que ha salpicado a la Diputación de Alicante, se ha cobrado ya su primera víctima política: Antonio Amorós, portavoz del PSOE en la institución y hombre de confianza de la secretaria de Organización, Leire Pajín, en Alicante. A primera hora de la tarde de ayer, el dirigente convocó a los medios «de urgencia» y sin admitir preguntas para anunciar su renuncia. Y lo hacía después de asegurar el jueves que seguiría al frente de la dirección a pesar de los informes que apuntan su implicación en el supuesto pago de primas a políticos alicantinos para que apoyasen el plan zonal de residuos de la comarca de la Vega Baja.

Amorós, que mantendrá su acta de diputado y concejal en el Ayuntamiento de Elche, reiteró ayer su inocencia y agregó que adopta esta decisión porque está «convencido» de que es la «mejor» para que «nadie aproveche esta situación» y le «utilice para esconderse de sus propias miserias». Así, el dirigente deja el cargo que ha ostentado durante las dos últimas legislaturas.

Sin embargo, ayer se puso de nuevo en evidencia la poca sintonía que existe entre la familia socialista que controla Pajín y el aparato regional. Y es que mientras Amorós afirmaba en Alicante que no dejaría la militancia, Jorge Alarte, líder del PSPV, confirmaba minutos más tarde en Valencia que se está tramitando su baja del partido, si bien no le pedirán que renuncie a sus actas.

A pesar de ello, el secretario general de los socialistas valencianos pidió que se respete el principio de presunción de inocencia en el caso de Amorós y le deseó «el mejor de los futuros», pues se le suspenderá de militancia «hasta que se esclarezca la totalidad de los hechos y de las informaciones publicadas».

«Con la suspensión cautelar de militancia», advirtió el secretario general del PSPV, Amorós «deja de formar parte del partido y deja de ser nuestra responsabilidad». Según el informe policial que forma parte del sumario de 'Brugal', Antonio Amorós habría formado parte de la red de colaboradores que tenía el empresario de Orihuela, Ángel Fenoll, para hacerse con la contrata de basuras del sur de Alicante.

H. FDEZ. / J. NIETO/ A. S. MOLLÁ
Alicante

El líder del PP de Alicante dice no ser amigo del empresario en cuyo yate viajó

El presidente de la Diputación de Alicante y líder del PP provincial, José Joaquín Ripoll, le había dicho al juez que no era amigo del empresario Enrique Ortiz, uno de los imputados en el caso Brugal. Ayer admitió haber viajado en su yate. Sigue en página 12

Vacaciones pagadas a bordo de un lujoso yate y dos áticos en el centro de Alicante o su equivalente en metálico, un millón de euros. Éstas son las «contraprestaciones» que, según el sumario de la operación Brugal, recibió Ripoll a cambio de supuestos favores políticos en la adjudicación de una sustanciosa contrata pública: el plan zonal de residuos de la Vega Baja. Él negó ayer haber recibido los pisos y dijo que sólo los visitó porque estaba pensando en comprar una vivienda, que finalmente adquirió con hipoteca en un edificio distinto al investigado por la Policía.

Los informes policiales recogen la supuesta existencia de una trama de regalos por parte de los empresarios Enrique Ortiz (máximo accionista del Hércules) y Ángel Fenoll -ambos detenidos en julio- a cambio de supuestas ayudas en los momentos precisos e información privilegiada. La Policía enmarca dentro de esta presunta red de regalos las vacaciones que Ripoll disfrutó a bordo de dos yates propiedad de Ortiz en al menos dos ocasiones, una vez en Mallorca y otra en Ibiza y Formentera. También cenó con su mujer en el barco de Ortiz en la Feria de Abril de Sevilla en 2008.

Y eso a pesar de que, en julio, en su declaración ante un juez de Orihuela que le imputó por cohecho, entre otros delitos, Ripoll negó ser amigo de Ortiz y descartó que mantuvieran ningún tipo de relación más allá de un contacto «institucional».

Sin embargo, Ripoll admitió ayer en rueda de prensa que del 6 al 8 de agosto de 2008 viajó a Mallorca como «invitado» en el yate de Ortiz, el Elena, una embarcación en la que no falta ni un solo detalle de lujo, como un jacuzzi y una bañera vaciada en una sola pieza de mármol. El «megabarco», como lo llama en una conversación telefónica la esposa de Ripoll, Margarita de la Vega.

También viajó a Ibiza en agosto de 2009 con su esposa y otros dos matrimonios en otro barco que Ortiz prestó al imputado Rafael Gregori, quien, según la Policía, actuaba como intermediario entre Ripoll y Ortiz. Ripoll explicó que los gastos de combustible y comida los pagaron «a escote», y cifró el coste en unos 2.000 euros. Según aseguró ayer, «ni el señor Ortiz me pidió nada a cambio ni yo le ofrecí nada a cambio». Además, el presidente y su esposa estuvieron con Ortiz en a la Feria de Abril en 2008, como atestiguan las fotografías tomadas por la Policía. La pareja cenó en el yate de Ortiz, después de que el empresario hablara por teléfono con la esposa del presidente. «Que me invite, le gorronearé un poco», explica ésta en uno de los pinchazos, en el que también cuenta que le pidió a Ortiz: «Que me haga una fiestecita para el viernes, que vienen unas amigas».

11-M: El fiscal pide prisión para Toro y Zouhier/ «Interior nos trata como a etarras»

MANUEL MARRACO / Madrid

El fiscal pide prisión para Toro y Zouhier por tráfico de drogas

Ambos fueron condenados por los explosivos del 11-M

La Fiscalía de Asturias reclama penas de cuatro años de prisión para el condenado por el 11-M Antonio Toro y tres años y nueve meses para Rafa Zouhier, también condenado en el juicio por la masacre. En ambos casos, por traficar con drogas en las mismas fechas en las que según la sentencia del 11-M participaron en la compraventa de los explosivos empleados en los atentados. Precisamente esos tratos con hachís fueron empleados por ambos para explicar su relación con los supuestos responsables de la célula islamista desvinculándola de los explosivos.

Junto a Toro y Zouhier, el lunes se sentarán en el banquillo del juzgado Penal número 2 de Avilés Ricardo Gutiérrez Sepúlveda, Richard, y Lofti Sbai, igualmente investigados en el 11-M pero que no llegaron a ser juzgados. En su caso, las peticiones de cárcel son de tres años y seis meses y cuatro años y tres meses, respectivamente, según informa Europa Press.

Según el fiscal, en enero y febrero de 2004 Toro y Richard viajaron a Madrid para adquirir a Sbai y Zouhier dos partidas de 20 y 15 kilos de hachís. El contacto entra ambas partes había surgido en 2001, cuando Toro y Zouhier coincidieron en la prisión de Villabona.

Fue esa doble operación de hachís la que hizo que los cuatro acusados se encontraran en Madrid la víspera de los atentados. Toro y Richard regresaron a Asturias horas después de la masacre y regresaron el día 13 para concluir el pago.

Toro y Zouhier fueron condenados a cuatro y 10 años de prisión, respectivamente, por su relación con los explosivos del 11-M. Además, el juez de la Audiencia Nacional Juan del Olmo remitió a Asturias todo lo relacionado con la droga para celebrar un juicio aparte.

GUILLERMO SANTA-OLALLA / Madrid

Los activistas prosaharauis
dicen sentirse 'abandonados'

El Gobierno no les responde; el Ministerio de Exteriores, tampoco. Los activistas prosaharauis sólo han sentido «abandono» por parte de José Luis Rodríguez Zapatero y, por eso, Carmen Roger, uno de los miembros de la asociación SaharAcción que fue golpeada por realizar una manifestación no autorizada en Marruecos, envió el jueves una carta al presidente del Ejecutivo.

En ella, Roger le pide directamente que la reciba junto a sus compañeros. «Consideramos imprescindible que la información de los hechos le llegue con detalle y de primera mano», especifica en la misiva. Ayer, la activista reiteró ante la prensa que quienes les agredieron el pasado 28 de agosto en El Aaiún «eran policías» ya que también «estaban en comisaría» cuando les interrogaron, relató. Una comisaría en la que «todos iban de paisano».

Ahora mucha gente le para por la calle, afirmó a EL MUNDO. «Me dan las gracias por lo que hicimos». Mientras, José Taboada, presidente de CEAS-Sáhara, aseguró que «en Marruecos prefieren que haya un Gobierno socialista» en España ya que, aunque todos los presidentes han fallado en su política exterior en este asunto, «Aznar fue más duro».

Investigación política

Reabrir un proceso a los culpables de los desmanes de la dictadura franquista no es una actuación judicial -que correspondería a los jueces-, sino una investigación política, algo propio de los historiadores. Por tanto no son aplicables a tal investigación las razones que se oponen en el campo del derecho, sea la prescripción de los delitos, sea la amnistía dada a los posibles delincuentes. Pero si la pretensión es política -ahora aparecen unos disfrazados magistrados argentinos- debe extenderse en el tiempo más allá de 1936. Lo que sucedió en la Guerra Civil es inexplicable sin tener en cuenta las atrocidades cometidas durante la República, a partir del 1931. «¡No es esto, no es esto!», lamentaba Ortega, desilusionado por lo que ocurría en la supuesta república democrática. Los argentinos actuales saben bien lo que es una dictadura, pero algunos de ellos desconocen, al parecer, lo que fue la II República Española. / SECONDAT

Madrid

«Interior nos trata como a etarras»

Los líderes de las asociaciones de guardias civiles, expedientados por esta acusación

Diálogo de sordos y gestos de fuerza. El Ministerio del Interior no dejó duda de la suya ayer ante el desafío planteado por las asociaciones de la Guardia Civil. Lo que sea para impedir la manifestación de agentes que había sido convocada para el 18 de septiembre y que este miércoles fue prohibida por el Ejecutivo.

Para no dejar ningún resquicio, ayer, la Delegación de Gobierno en Madrid prohibió también la manifestación que la Asociación de Automovilistas Europeos había convocado, para la misma fecha, en apoyo del trabajo de los agentes de tráfico. El Gobierno sabía que a esa concentración iban a acudir, con más ganas si cabe, los miles de guardias civiles a los que se les había prohibido su protesta, entre otras cosas porque así lo advirtieron los representantes de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) y de la Unión de Oficiales (UO).

El argumento de la Delegación ha sido que la convocatoria de Automovilistas está «fuera de plazo», según explicó Mario Arnaldo, presidente de dicha asociación. «Así es la ley. Hacemos cumplir la ley», declaró la delegada del Gobierno en Madrid, Amparo Valcarce. Fuentes de la AUGC calificaron de nueva «argucia legal» la maniobra del Gobierno para «impedir el derecho de reunión de los guardias civiles».

Ante el acorralamiento, los representantes de los colectivos de la Guardia Civil censuraron la prohibición con palabras gruesas. «La Delegación de Gobierno, obviamente teledirigida por el Ministerio del Interior, trata a la Guardia Civil como a los terroristas de ETA», manifestó Alberto Moya, portavoz de la AUGC en rueda de prensa. «Para articular esta prohibición, han rastreado nuestras páginas web, nuestros comunicados internos a los afiliados, como se hace con ETA, para prohibir posteriormente sin ningún pudor una manifestación pacífica», explicó, según informa Europa Press. Y para concluir, una sentencia: «Estamos en los peores tiempos desde el fin de la dictadura».

Los dirigentes de AUGC y UO se quejaron también de las «amenazas» que consideran que se están haciendo a los agentes para que cesen en sus reivindicaciones. Respecto a los motivos de la convocatoria de la manifestación, Moya señaló que reclaman tener unas condiciones laborales y profesionales similares a las de la Policía Nacional: una «jornada laboral digna», así como una unificación de la escala de oficiales, para que no haya «guardia civiles de primera y de segunda». Asimismo, los responsables de AUGC y de UO reclamaron a Zapatero «que se haga cargo de la situación» y fuerce a una negociación al ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba.

Horas después, llegó la respuesta de Interior: el director general de la Policía y de la Guardia Civil, Francisco Javier Velázquez, ordenó abrir expedientes disciplinarios a los portavoces de UO, Francisco García Ruiz y la AUGC, Alberto Moya. «En ese acto se han vertido graves acusaciones contra diversas instituciones y autoridades del Estado que podrían ser constitutivas de infracción según lo estipulado en la Ley Orgánica 12/2007 de 22 de Octubre, del Régimen Disciplinario de la Guardia Civil», decía la nota del Ministerio.

De viva voz, el rechazo del Gobierno llegó de la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, quien dijo «discrepar» de la acusación hecha por las asociaciones porque no le parecen «razonables».

LOS DICTADORES CAMARADAS DE ZP: Fidel Castro se desdice/ Caracas, "ciudad podrida"

JAIME LÓPEZ/ Caracas

Caracas, «ciudad podrida»

Un rapero causa polémica con una canción en la que acusa a los venezolanos de tener las manos «manchadas de sangre»

Especial para EL MUNDO

Desde la oscuridad de sus letras, el rapero venezolano Onechot canta a la «ciudad podrida»: Permítanme presentarles a Caracas / la embajada del infierno / la tierra de los asesinos y shattas / Undred (cien) personas mueren cada semana / Tenemos más muerte que la de Pakistán, Líbano, Kosovo, Vietnam y Afganistán… Su último videoclip (Rotten Town), presentado el 17 de agosto, ha levantado un gran revuelo en Venezuela, donde el Gobierno de Chávez le acusó de «difundir imágenes amarillistas». Al inicio de la cinta, mientras el artista canta, se ve la imagen de dos niños que juegan en una barriada. Como ocurre con frecuencia, uno se desploma tras el impacto de una bala perdida. Su sangre brota por las escaleras de la favela hasta que llega a una transitada avenida, tiñendo de rojo la gente que pasa por el lugar, quienes prefieren continuar su camino e ignorar la muerte del pequeño.

La moraleja es clara: todos los venezolanos tienen las manos manchadas de sangre. Ricos y pobres. Chavistas y opositores. Los que viven en el este y oeste de la capital.

«Creo que malinterpretaron mi mensaje. En realidad, le estamos quitando responsabilidad al Gobierno, diciendo que todos tenemos la culpa… Todos estamos manchados de sangre», explica Juan David Chacón, el nombre real de Onechot, quien a sus 33 años tiene una apretada agenda de conciertos en distintos países latinoamericanos.

«En el buen engranaje de las piezas, si pasa algo malo nos perjudica a todos. Estamos demasiado ocupados con la política para darnos cuenta de lo que sucede», puntualiza desde Colombia, donde está de gira hasta finales de septiembre.

Un día después de presentar su vídeo, Tania Díaz -presentadora de la cadena estatal (VTV) y candidata a diputada- anunció acciones legales contra el autor, y le descalificó porque «dice que es venezolano, pero reside en España».

Onechot, que se define como «demasiado opositor para los chavistas» y «demasiado chavista para la oposición», dice que «hasta el momento» no ha recibido «ninguna notificación oficial» para testificar. «El Gobierno cree que fue hecho por la oposición, pero un montaje así no se produce en dos días».

Este rapero, integrante del famoso colectivo Papashanty (2002), piensa que la «coyuntura electoral» hizo el resto.

La delincuencia se ha convertido en la protagonista de las elecciones parlamentarias del 26 de septiembre, después de que El Nacional publicara en su portada una polémica foto de múltiples cadáveres haciendo fila en la morgue de Caracas. También las canciones de Onechot saben retratar esta cruda realidad: Esta noche ten cuidado / alguien va a morir en algún lugar.

J. L. / Caracas

Acusan a un joven de instigar la muerte de Chávez en Twitter

Especial para EL MUNDO
En el siglo XXI, los magnicidios ya no se planean en sitios secretos entre militares y líderes políticos. Los asesinatos a jefes de Estado en la era de las telecomunicaciones comienzan en las redes sociales.

Es lo que opina el Estado de Venezuela, que ayer presentó en los juzgados a un ingeniero de 27 años de la empresa estatal de electricidad por «instigar» un supuesto «magnicidio» a través de Twitter.

Un portavoz de la policía científica señaló que el acusado colocaba fotografías de Hugo Chávez «con sangre y heridas en su rostro» y sugería «cómo se podía hacer el magnicidio».

En julio pasado, dos personas fueron detenidas temporalmente -y otras 15 fueron investigadas- por difundir mensajes contra el sistema financiero. En esta ocasión se les acusó de intentar provocar supuestas corridas bancarias a través de la conocida red social.

En lugar de fusiles de asalto con miras telescópicas y explosivos, los funcionarios decomisaron al ingeniero de electricidad un teléfono Blackberry, con su respectiva batería y un disco duro sin marca, que serán entregados a la Fiscalía como pruebas.

Al cierre de esta edición, el joven, que trabaja en Corpoelec, seguía declarando ante un tribunal de Caracas.

La Habana

Castro dice ahora que es el capitalismo el que no sirve

El ex presidente cubano Fidel Castro dijo ayer que «es el sistema capitalista el que ya no sirve para EEUU ni para el mundo» y que fue malinterpretado en la entrevista que concedió a la revista estadounidense The Atlantic Magazine, según Efe.

En la Universidad de La Habana, durante la presentación de un nuevo libro suyo, Castro denunció los defectos del capitalismo y se preguntó: «¿Cómo podría servir semejante sistema para un país como Cuba?».

El líder de la Revolución cubana hacía referencia así a sus declaraciones a The Atlantic y que dieron la vuelta al mundo cuando, al ser preguntado sobre si Cuba podría exportar su modelo de estado, respondió: «El modelo cubano ya no funciona ni para nosotros».

Castro reconoció ayer que dijo esa frase «sin amargura ni preocupación», pero que le «divirtió al ver cómo la interpretó [el periodista] al pie de la letra (...) y elaboró la teoría que expuso». La interpretación de la revista sobre las palabras de Castro es que suponían un reconocimiento del fracaso económico cubano y un espaldarazo a su hermano Raúl Castro en su política de reformas al frente del Gobierno cubano.

«Lo real es que mi respuesta significaba lo contrario de lo que ambos periodistas norteamericanos interpretaron sobre el modelo cubano», precisó Fidel, quien a continuación repitió sus conocidas tesis sobre el fracaso del capitalismo.

«Mi idea, como todo el mundo conoce, es que el sistema capitalista ya no sirve ni para Estados Unidos ni para el mundo, al que conduce de crisis en crisis que son cada vez más globales y repetidas», zanjó.

MARÍA RAMÍREZ / Bruselas

«España no reconoce a Kosovo y no lo va a hacer»

Moratinos defiende que la UE premie a Serbia por su actitud

Corresponsal

El Gobierno español defiende que la UE debe premiar a Serbia por su intento de reconciliación con Kosovo en la ONU y reitera que seguirá sin reconocer a la antigua provincia serbia como Estado independiente.

Serbia y la UE presentaron el jueves una resolución conjunta ante la Asamblea General de Naciones Unidas para «tomar nota» del dictamen de julio de la Corte Internacional de Justicia, que estableció que no existe ningún impedimento legal para que un territorio declare su autonomía. El texto de la resolución, negociado por España, llama al diálogo entre serbios y albanokosovares por el bien de su integración en la UE. En la práctica, esto supone que el Gobierno de Belgrado deja, de momento, la batalla internacional contra la declaración unilateral de independencia de los dos millones de albanokosovares.

El ministro de Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, indicó ayer que este paso diplomático no supone una renuncia sobre la cuestión de fondo. «Serbia no ha cambiado de posición y España no ha cambiado de posición: lo que hemos hecho todos, en un ejercicio de responsabilidad política, es seguir apostando por lo que siempre ha apostado España, la estabilidad de los Balcanes», explicó, al llegar a una reunión con sus colegas de la UE. «Sobre el fondo, seguimos en la misma línea. España no reconoce a Kosovo y no lo va a hacer, en estos momentos», dijo Moratinos, más preocupado por defender la candidatura de Belgrado a la UE.

«Serbia ha demostrado su compromiso europeo», destacó el ministro, partidario de que los Veintisiete empiecen ya las negociaciones de adhesión. La Comisión Europea aún debe analizar si Serbia merece el estatus de candidato, un paso más en el largo proceso antes de entrar en la UE.

Los ministros de Exteriores siguen reunidos hoy en su tradicional cónclave informal de cada semestre, un encuentro que habitualmente se celebra en alguna pequeña localidad de difícil acceso donde tienen más tiempo y privacidad. Esta vez, bajo la Presidencia de turno belga, la reunión es la menos pintoresca de la historia: en Bruselas.