EDITORIALES: La pregunta que debe avergonzar a Zapatero

La pregunta que debe avergonzar a Zapatero

SÓLO tres días después de que la Defensora del Pueblo haya recurrido al Constitucional la nueva ley de inmigración catalana -una norma hija del Estatuto que obliga a los extranjeros a dar cursos de catalán-, el Consejo de Ministros acordó ayer poner en marcha la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial. La única finalidad de esta iniciativa, en la que ya ha empezado a trabajar el ministro Caamaño, es salvar todo aquello que, en el ámbito judicial, el Alto Tribunal declaró en su sentencia contrario a la Carta Magna, como es el caso de la creación del Consejo de Justicia de Cataluña.

Pero no estamos sólo ante un simple golpe de efecto para neutralizar el malestar de los nacionalistas ante lo que éstos ya han calificado como una nueva agresión al autogobierno, entre insultos intolerables a Enrique Múgica que nadie en el Ejecutivo ha repudiado. Tal y como anunció la vicepresidenta De la Vega, los cambios de las normas en Justicia son sólo el primer paso de otros que el Gobierno pretende ir dando en los próximos meses con el disparatado objetivo de forzar las leyes para que éstas se acomoden a lo que dicta el Estatuto.

Casi al mismo tiempo que se reunía el Gobierno, la Defensora del Pueblo en funciones, al ser preguntada por la «insumisión» que propugnan algunos políticos catalanes respecto de la sentencia del Estatuto, se preguntaba: «¿Estamos o no en un país democrático? Aquí hay que acatar lo que digan los jueces, guste o no». La pregunta de María Luisa Cava de Llano debería avergonzar a Zapatero, porque sólo el hecho de que se plantee desde una alta institución del Estado demuestra que hay un deterioro de la calidad de nuestra democracia.

De la Vega presentó ayer todo un plan para dar satisfacción a lo que denominó «legítimas aspiraciones» de los ciudadanos de Cataluña. Por ello, a los cambios en la Ley del Poder Judicial, seguirán otros que afectarán, por ejemplo, a la propia institución del Defensor del Pueblo, al tiempo que se revisarán todas las competencias pendientes de traspaso para «dar un impulso» al autogobierno. La vicepresidenta anunció por ello la inmediata creación de una comisión bilateral en la que el Gobierno y la Generalitat negociarán todas estas cuestiones.

Ya el vicepresidente Chaves, en su reciente visita a Barcelona para tratar de este asunto con Montilla, subrayó la intención del Gobierno de «desarrollar» el Estatuto, y avanzó entonces que habría una reunión en septiembre para abordar exclusivamente los asuntos económicos. Zapatero sigue plegándose a las demandas del Gobierno catalán, que ha reclamado la modificación de más de una decena de leyes orgánicas para recuperar todas aquellas competencias que le ha negado el Tribunal Constitucional.

En el fondo, estamos ante un nuevo desafío al actual modelo de Estado, ante un intento de cambiar las reglas de juego de todos los españoles por la presión de los nacionalistas catalanes y como consecuencia de los intereses electorales del PSOE. Esta situación amenaza con crear nuevas tensiones territoriales, más inestabilidad y más enfrentamientos entre las administraciones, justo lo que menos le conviene al país en un momento de profunda crisis económica.

A la Defensora del Pueblo le ha bastado una pregunta para cuestionar de raíz los peligrosos cambios que está promoviendo Zapatero. Y al hacerlo ha recogido el sentir de muchos españoles.

El Gobierno endurecerá los criterios para mantener las prestaciones

Primar la búsqueda de empleo frente a la 'comodidad' del subsidio de paro

NUEVA LECCIÓN de pragmatismo político y realismo economico que la crisis ha enseñado al Gobierno. Ésta, tan vieja como el clásico es mejor enseñar a pescar que dar pescado. El ministro Corbacho anunció ayer que el Ejecutivo está estudiando cambios significativos en el sistema laboral español para evitar que el Servicio Público Estatal de Empleo sea un mero gestor de las prestaciones que reciben los parados y cumpla con su papel de dinamizar las políticas activas para la creación de empleo. En definitiva, el Gobierno está decidido a retirar la prestación a todo aquel parado que no acepte un curso de formación, no quiera participar en itinerarios laborales o rechace ofertas de trabajo que le presente la Administración. El desempleado, además, sólo tendrá 30 días para aceptar la oferta y no 90 como hasta ahora. La iniciativa llega tarde y de forma un tanto obligada por las circunstancias, como casi todo lo que está haciendo el Ejecutivo para resolver la crisis, pero es una disposición acertada que tendrá repercusiones positivas para la economía, además de la lógica dinamización del mercado de trabajo. Si se cumple a rajatabla, ayudará a reducir el gasto público en un momento en que es imprescindible rebajar el déficit y también permitirá aflorar parte de la economía sumergida que ahora se mueve entre muchos empleadores que contratan en negro a perceptores del paro o entre parados que lo cobran y viven además de lo que conocemos por las chapuzas.

Las dos caras del socialista Jordi Hereu

Duro con Shakira, blando con los que homenajean a terroristas

EL AYUNTAMIENTO de Barcelona dijo ayer que estudia multar a la cantante colombiana Shakira si, como parece, montó en moto sin casco por las calles de la ciudad y bailó dentro de una fuente pública durante la grabación de un vídeo promocional de su próximo disco. Sorprende la agilidad de la corporación encabezada por Jordi Hereu para aplicar la ley ante un suceso de menor importancia cuando, en una dejación de funciones que no tiene más explicación que la connivencia con grupos radicales independentistas, ha sido incapaz de enfrentarse a los organizadores del homenaje a la colaboradora de ETA Laura Riera con motivo de su excarcelación. Acto profusamente publicitado en las calles de Barcelona y que, como era de esperar, fue prohibido ayer por la Audiencia Nacional.

El juez, sin medios para investigar

El 'caso Spanair', empantanado

LAS VÍCTIMAS del accidente de Spanair en Barajas aprovecharon el segundo aniversario de la catástrofe para quejarse de su desamparo en un tono que admira por su sobriedad. Pilar Vera, presidenta de la Asociación de Afectados, se refirió a las dos grandes carencias de la investigación: «La falta de medios técnicos en el ámbito judicial», y que el juez haya «tardado más de un año en conseguir un grupo de expertos» que le asesore. El Gobierno ha sido incapaz de dotar a la Justicia con los medios materiales y humanos imprescindibles para llevar a cabo una investigación completa de los hechos. Urge que pase por encima del corporativismo de algunos colectivos profesionales o del poder fáctico de las empresas implicadas y los consiga. Porque una sentencia dentro de 10 o 15 años no será justa.

DELINCUENCIAS ZP, EL INCONSTITUCIONAL ESTATUT: El Consejo de Ministros de ZP aprueba burlar la Constitución/ «¿Estamos o no en un país democrático?»

PALOMA DÍAZ SOTERO / Madrid

El Gobierno adopta un plan que burla la sentencia del Estatut
«¿Estamos o no en un país democrático?», se pregunta la Defensora del Pueblo Página 5

Encarga al ministro Caamaño la reforma del Poder Judicial para adaptarlo a los deseos de Montilla / Crea una comisión especial para nuevas transferencias

Dicho y hecho. El Gobierno ha acudido al rescate de José Montilla tras la rebaja de aspiraciones impuesta por la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) al Estatuto catalán. Y lo hace oportunamente pocos días antes de que el president anuncie la convocatoria de elecciones autonómicas, habida cuenta de que el desarrollo del autogobierno y los desafíos en este sentido serán el epicentro de la campaña electoral de todos los partidos, en especial de CiU, el rival directo del PSC.

Así, el primer Consejo de Ministros del nuevo curso político, celebrado ayer, sirvió para dar salida a las principales exigencias planteadas por Montilla al Gobierno central nada más conocerse la sentencia del Estatut. El propio presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, se comprometió con él a poner en marcha las fórmulas necesarias para desarrollar «prácticamente todo» el Estatut.Sigue en página 4

Editorial en página 3

Hace menos de un mes, cuando se hizo explícito el compromiso de Zapatero, el calendario de actuaciones al respecto se atisbaba para otoño. Pero ha sido ahora, antes de concluir las vacaciones y de que se concrete la convocatoria electoral en Cataluña, cuando el Gobierno ha decidido cerrar el plan de trabajo y anunciarlo.

La vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, anunció, ayer en la rueda de prensa posterior al Consejo, que el Ejecutivo había aprobado la puesta en marcha de las «actuaciones» para desarrollar el Estatut tras la sentencia del Constitucional e «impulsar el autogobierno» en todos sus ámbitos, una vez que han quedado «clarificados los términos» de dicha sentencia y que «ha cobrado firmeza el Estatuto».

De la Vega consideró que la resolución del TC ofrece mucho margen de maniobra para «dar satisfacción a las aspiraciones de los ciudadanos de Cataluña de más autogobierno y dar también canalización a sus sentimientos identitarios».

Esto se traduce, esencialmente, según anunció la vicepresidenta, en la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, el principal obstáculo para la creación del Consejo de Justicia de Cataluña previsto en el Estatuto y que se había quedado sin funciones ni atribuciones tras la sentencia.

El Alto Tribunal, en cambio, dejaba la puerta abierta a que el Ejecutivo pudiera satisfacer las pretensiones de la Generalitat y de otros gobiernos autonómicos articulando «eventuales fórmulas de desconcentración» en la Ley Orgánica del Poder Judicial.

El Ministerio de Justicia ya ha recibido el encargo de la reforma después de que ayer el vicepresidente tercero de Política Territorial, Manuel Chaves, presentara un informe en el Consejo de Ministros sobre los pasos que hay que dar para impulsar el autogobierno en Cataluña que limita la sentencia del Estatut.

El Gobierno abordará, de esta manera, un proceso de descentralización de funciones del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) con el estudio de las competencias que este órgano puede delegar a los consejos autonómicos de Justicia (no sólo el catalán).

Entre las funciones que el Estatut atribuía al Consejo de Justicia de Cataluña -que luego anuló el TC- figuran: participar en la designación del presidente del TSJ catalán y de los presidentes de Sala y audiencias provinciales; proponer al CGPJ y expedir los nombramientos y los ceses de los jueces; ejercer las funciones disciplinarias sobre los jueces, y convocar concursos para cubrir plazas.

También se establecía que hubiera fiscales dentro del Consejo de Justicia catalán. Pero ninguna de estas atribuciones era posible bajo la actual legislación estatal.

El Estatut también preveía que fuera el TSJ catalán la última instancia en casación en materia de Derecho Civil, y no el Tribunal Supremo, al que la ley establece que se puede recurrir después de hacerlo a los tribunales autonómicos. De hecho, el Gobierno catalán ya había presentado un proyecto de ley a tal efecto.

Según anunció De la Vega, en la reforma del Poder Judicial encomendada se abordará «una posible reforma» de la casación.

Por otro lado, Justicia estudiará el Estatuto del Ministerio Fiscal «para permitir la incorporación de los fiscales a los consejos de justicia».

En principio, la modificación de la Ley del Poder Judicial será la única reforma legislativa planteada para desarrollar el autogobierno catalán. Según De la Vega, porque son los artículos que desarrollan el Consejo de Justicia de Cataluña los más afectados por el fallo del TC.

La vicepresidenta no concretó otras iniciativas, pero sí anunció otra línea de actuación basada en el «impulso» de las competencias pendientes y en proceso de negociación con Cataluña.

Lo importante, señalaron otras fuentes, es normalizar el trabajo mediante «acuerdos entre administraciones como en cualquier estado federalizante».

Preguntada por el calendario de reformas y negociaciones, la número dos del Ejecutivo ratificó lo que ya había adelantado el vicepresidente Chaves tras su reunión con José Montilla, el pasado 4 de agosto: que se crearía una comisión delegada de política autonómica y que se empezaría a trabajar a finales de agosto con objeto de convocar la comisión bilateral Generalitat-Estado en septiembre.

La negociación entre la Generalitat y el Ejecutivo central correrá paralela a la carrera electoral que ya se disputa en Cataluña y que se intensificará en septiembre con la posible convocatoria de comicios para finales de octubre.

El anuncio del rescate del autogobierno catalán por parte del Ejecutivo se produce una semana después de que otra iniciativa legal catalana haya sido cuestionada por posible inconstitucionalidad. La Ley de Acogida, en vigor desde el pasado mes de mayo, fue recurrida al TC por el Defensor del Pueblo en coherencia con la sentencia sobre el Estatut.

OORBYT.es

>Vea hoy en EL MUNDO en Orbyt el análisis de Ferrer Molina.

PALOMA D. SOTERO / Madrid

Coordinar a los defensores del Pueblo

Otro de los escollos que planea resolver el Gobierno para dar a Cataluña el autogobierno que preveía su Estatuto, y que ha limitado la sentencia del Tribunal Constitucional, son las atribuciones del 'Síndic de Greuges', el Defensor del Pueblo catalán.

El Alto Tribunal anuló la «exclusividad» que el Estatuto daba al Síndic para decidir sobre las actuaciones y la legislación de la Generalitat, y la consecuente imposibilidad que suponía para el Defensor del Pueblo estatal pronunciarse al respecto si los ciudadanos recurren a él.

La sentencia mantiene la puerta abierta a la intervención de esta institución estatal.

Según explicaron ayer fuentes del Ejecutivo, entre las actuaciones que se van a impulsar, se va abordar cómo posibilitar que, si bien no haya exclusividad -dado que es inconstitucional- sí haya una coordinación de la actuación de ambos órganos para que puedan ponerse de acuerdo y no haya contradicción entre sus decisiones.

En ningún caso ello va a suponer quitarle potestad al Defensor del Pueblo, aseguraron las mismas fuentes, que añadieron que la articulación de estos mecanismos de cooperación no precisaría, en principio, ninguna modificación legal y que bastará con un convenio de cooperación entre las dos instituciones.

Madrid

El traspaso pendiente de las becas

La vicepresidenta primera no concretó ayer, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, qué competencias y se limitó a anunciar la «evaluación», el «análisis» y el «impulso» de las mismas.

Fuentes del Ejecutivo matizaron que afectará a algunos aspectos educativos y concretaron que uno de los asuntos pendientes que se abordarán será la gestión de las becas y otras ayudas al estudio. Especialmente las becas universitarias son un asunto de permanente reivindicación al ministro de Educación en el Congreso por parte de CiU y ERC.

Por otro lado, en el impulso del autogobierno no se prevé que se aborden aspectos relacionados con la lengua en la escuela, ni con la lengua en general. En este aspecto, el Tribunal Constitucional anuló el carácter de «preferente» que el 'Estatut' otorgaba al catalán como lengua pública sobre el castellano, pero en la práctica no parece que tenga una repercusión concreta.

Fuentes del Gobierno descartaron que en el plan de desarrollo del autogobierno haya algo sobre la cuestión lingüística.

• Disminuye el tamaño del texto
• Aumenta el tamaño del texto

El Ejecutivo ha decidido emprender también un proceso de traspaso de competencias pendientes a Cataluña, algunas de ellas reclamadas por el 'Estatut' y en proceso de negociación.

SILVIA RUBIO / Santander

«¿Estamos o no en un país democrático?»

La defensora del Pueblo cree que el 'Govern' debe acatar «lo que digan los jueces»

Especial para EL MUNDO

La defensora del Pueblo en funciones no esperaba que algunos políticos catalanes llamaran a la «insumisión legal» si el Tribunal Constitucional acepta el recurso que ha presentado contra la Ley de Inmigración catalana. Para María Luisa Cava de Llano, la invitación realizada, entre otros, por el consejero de Innovación, Josep Huguet, le causa «sorpresa y preocupación».

En su opinión, es preciso «acatar lo que digan los jueces, guste o no; no podemos aceptar sólo lo que nos guste y desentendernos de los demás».

Por eso, se preguntó: «¿Estamos o no en un país democrático?».

En este sentido, pidió a los que lanzan críticas a ella y a la Institución que representa «que sean cuidadosos y prudentes con lo que dicen».

«No quiero entrar en el juego de las críticas políticas», explicó ayer en la Universidad Menéndez Pelayo de Santander. Sin embargo, eso no supuso que guardara silencio sobre la polémica: «Me llama la atención, y me parece preocupante, que varios representantes públicos catalanes no quieran hacer caso a las decisiones de los jueces», lamentó.

Para Cava de Llano, las encendidas críticas que ha recibido desde Cataluña responden «a que estamos ya en época electoral y los ánimos están soliviantados y todavía duele la sentencia del Estatut». Sin embargo, no quiso pronunciarse sobre las acusaciones de «partidismo» vertidas por Montilla contra ella. Las críticas del president hacían referencia a su pasado como parlamentaria del PP. Pero Cava de Llano no encontraba contradicción entre ambos cargos. «Yo ahora soy defensora del Pueblo y ante todo soy una defensora de la independencia de este cargo para el que nos obligan a suspender nuestra militancia», declaró.

Y para que no quede ninguna duda, Cava de Llano se proclamó una defensora de su tierra, pero también de su responsabilidad en el cargo que ahora ocupa. Recordó que ha nacido «en Cataluña», un lugar donde todavía tiene familia y «forma parte» de su vida.

Pero eso no impide que considere que la nueva Ley, «que antepone el catalán al castellano» va en contra «del artículo tres de nuestra Constitución y contra la propia sentencia del Estatut».

Precisamente, es esto último lo que hace pensar a la defensora que es su «deber protestar» ante el Tribunal Constitucional, «a favor de los derechos de los inmigrantes».

SILVIA RUBIO / Santander

«¿Estamos o no en un país democrático?»

La defensora del Pueblo cree que el 'Govern' debe acatar «lo que digan los jueces»

Especial para EL MUNDO

La defensora del Pueblo en funciones no esperaba que algunos políticos catalanes llamaran a la «insumisión legal» si el Tribunal Constitucional acepta el recurso que ha presentado contra la Ley de Inmigración catalana. Para María Luisa Cava de Llano, la invitación realizada, entre otros, por el consejero de Innovación, Josep Huguet, le causa «sorpresa y preocupación».

En su opinión, es preciso «acatar lo que digan los jueces, guste o no; no podemos aceptar sólo lo que nos guste y desentendernos de los demás».

Por eso, se preguntó: «¿Estamos o no en un país democrático?».

En este sentido, pidió a los que lanzan críticas a ella y a la Institución que representa «que sean cuidadosos y prudentes con lo que dicen».

«No quiero entrar en el juego de las críticas políticas», explicó ayer en la Universidad Menéndez Pelayo de Santander. Sin embargo, eso no supuso que guardara silencio sobre la polémica: «Me llama la atención, y me parece preocupante, que varios representantes públicos catalanes no quieran hacer caso a las decisiones de los jueces», lamentó.

Para Cava de Llano, las encendidas críticas que ha recibido desde Cataluña responden «a que estamos ya en época electoral y los ánimos están soliviantados y todavía duele la sentencia del Estatut». Sin embargo, no quiso pronunciarse sobre las acusaciones de «partidismo» vertidas por Montilla contra ella. Las críticas del president hacían referencia a su pasado como parlamentaria del PP. Pero Cava de Llano no encontraba contradicción entre ambos cargos. «Yo ahora soy defensora del Pueblo y ante todo soy una defensora de la independencia de este cargo para el que nos obligan a suspender nuestra militancia», declaró.

Y para que no quede ninguna duda, Cava de Llano se proclamó una defensora de su tierra, pero también de su responsabilidad en el cargo que ahora ocupa. Recordó que ha nacido «en Cataluña», un lugar donde todavía tiene familia y «forma parte» de su vida.

Pero eso no impide que considere que la nueva Ley, «que antepone el catalán al castellano» va en contra «del artículo tres de nuestra Constitución y contra la propia sentencia del Estatut».

Precisamente, es esto último lo que hace pensar a la defensora que es su «deber protestar» ante el Tribunal Constitucional, «a favor de los derechos de los inmigrantes».

Amigo de unos

Francesco Cossiga era amigo de una parte de España y poco amigo (por no decir enemigo) de las otras partes de nuestra compleja realidad. Es lógico que con motivo de su fallecimiento se hayan publicado valoraciones de signo distinto sobre este ex presidente de la República Italiana. ¿Qué le molestaba a Cossiga de nuestra nación? Tal vez que, muerto Franco, no se produjese el caos que algunos esperaban. Por el contrario, empezamos bastante bien: se caminó con espíritu democrático a partir del 20 de noviembre de 1975. España se presentó al mundo con una cara nueva, mientras que Italia, por aquellas fechas y después, aparece como una República deficientemente estructurada. Cossiga se manifestó a favor de la política del PNV y fue condecorado en Euskadi. También se le homenajeó en Cataluña, siendo distinguido con el doctorado 'honoris causa' de la Universidad de Barcelona. Se convirtió en un 'picconatore', en un lanzador de puyas. Él confesó que aumentaron las canas de su cabellera el día que asesinaron a Aldo Moro. Acaso fue haciéndose viejo con la desilusión que le debía producir el fracaso de ciertos proyectos independentistas en el suelo hispano, que él avaló. / SECONDAT

ESPAÑA EN QUIEBRA: Se endurece percibir la prestación de desempleo y la ayuda al alquiler

Quien rechace un empleo no tendrá prestación

El Gobierno dejará sin ayuda a los desempleados que se salten cursos u ofertas de trabajo
Prorroga los 426 euros, pero endurece su acceso a los parados de entre 30 y 45 años

JAVIER G. GALLEGO / Madrid

El parado que rechace un empleo o cursillo perderá la prestación
Vivienda reclama a 8.000 jóvenes que devuelvan las ayudas al alquiler
Pág. 30

Se reduce de 90 a 30 días el plazo que tienen para aceptar ofertas

El Gobierno está decidido a cambiar su política de empleo para castigar a aquellos parados que rechacen un trabajo o incluso un curso de formación. El ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, confirmó ayer que su departamento empezará a diseñar en septiembre la modificación del sistema laboral para basarlo en «políticas activas de empleo», que se traducirán en la retirada de la prestación a quienes rechacen un puesto.

De este modo, el Ejecutivo quiere cambiar el actual modelo -que incide en la garantía de una prestación o un subsidio para quienes no tienen trabajo- hacia otro más activo, en el que se asegure que cualquier parado acepta una oferta de trabajo.

El Consejo de Ministros prorrogó también ayer la ayuda de 426 euros que podrán recibir los parados que hayan agotado su prestación, aunque endurece su acceso.

Sigue en página 27

El Ministerio ya está trabajando en algunas modificaciones, como reducir el plazo que tienen los parados para aceptar o rechazar una oferta de trabajo procedente de los Servicios Públicos de Empleo. Los 90 días con los que se contaba actualmente pasarán, previsiblemente, a 30, un plazo que el ministro consideró de «razonable» para que el parado comunique su decisión. Claro que el rechazo de una sola oferta puede acarrear, como confirmó ayer Corbacho, la retirada de la prestación. El actual modelo, no obstante, ya contemplaba sanciones, aunque sólo se materializaban en el caso de que una misma persona rechazase hasta tres ofertas.

Éste será uno de los apartados que podrán sufrir modificaciones dentro de la Reforma Laboral, cuya tramitación ha pasado ahora al Senado. Precisamente el grupo socialista ha presentado una enmienda al texto para que los desempleados atiendan a cursos de formación desde el primer día que cobren la prestación si no quieren ser sancionado, informa Europa Press.

Con esta nueva medida de presión el Ministerio quiere asegurarse también que un desempleado acepte una oferta aunque se encuentre fuera de su comunidad autónoma. Hasta ahora la movilidad geográfica de los trabajadores ha sido uno de los grandes lastres del mercado laboral en España.

«En la situación actual, con casi cinco millones de parados, hay que dar prioridad a la garantía de las prestaciones y los subsidios. Pero la reforma es necesaria para preparar el sistema hacia una búsqueda activa de trabajo», añadió el titular de Trabajo.

Pero hasta que eso ocurra, el Gobierno sigue respondiendo a una política pasiva, que se traduce en la prórroga del cheque parado de 426 euros para quienes hayan agotado su prestación contributiva y carezcan de ingresos.

No obstante, esta prórroga incluye alguna modificación respecto a los requisitos establecidos en las dos fases anteriores. En esta ocasión la ayuda irá destinada a los menores de 30 años, los mayores de 45 y quienes, estando en la franja entre 30 y 45 años, tengan cargas familiares. Esta nueva condición excluirá a unos 60.000 desempleados de poder acceder a la ayuda. Además, se mantienen los requisitos por haber agotado cualquier prestación o subsidio y adquirir el compromiso de participar en itinerarios de inserción para favorecer su vuelta al mercado laboral.

Corbacho defendió esta nueva prórroga como un modo de facilitar que estas personas se reenganchen al mercado laboral. Sin embargo, hasta ahora este objetivo se ha logrado sólo en parte. Según las cifras que ofreció ayer el ministro, desde agosto de 2009 se han beneficiado de este plan 615.700 parados, de los que sólo en 30% (189.000) han encontrado trabajo.

La prórroga aprobada ayer se extenderá durante los próximos seis meses y tendrá un coste para el Gobierno de 420 millones de euros. En este periodo el Ministerio de Trabajo prevé que se beneficien de la ayuda 219 parados, lo que equivale aproximadamente al 22% de los parados que actualmente no ingresan ni un solo euro al mes.

Programa de evaluación

A partir de septiembre el Ministerio de Trabajo elaborará un estudio para extraer las conclusiones sobre este programa y evaluar su éxito. Aunque Corbacho no quiso pronunciarse sobre si ésta será la última prórroga de la prestación, todo apunta a que de ese informe (y sus conclusiones) dependerá en buena medida la continuidad de esta ayuda. Si finalmente se prolonga, es previsible que se amplíen las condiciones para poder acceder a ella, ya que iría en la línea del objetivo del Gobierno de cambiar su política de empleo desde una perspectiva «pasiva» a otra «activa».

Según informó ayer Corbacho, el perfil de los parados que han recibido hasta ahora la ayuda está muy repartido por sexos. El 57% son hombres y el 43% mujeres. Además, el 57% de los beneficiarios tienen entre 24 y 45 años. En el mes de julio, justo antes de que se agotara la segunda fase de la prestación, había 300.000 personas recibiendo los 426 euros mensuales.

Madrid

UGT critica al Gobierno por endurecer los requisitos

UGT denunció ayer la ampliación de los requisitos para acceder a la ayuda de 426 euros incluida en la prórroga de la misma aprobada por el Consejo de Ministros, ya que supone un recorte del número de beneficiarios que pueden acceder a la prestación.

El secretario de Acción Sindical, Toni Ferrer, explicó que las personas de entre 30 y 45 años sólo podrán acceder a esta prestación si tienen cargas familiares, algo que antes no se contemplaba. Ferrer valoró «negativamente» esta novedad que, además, no se había consultado con los sindicatos. «Esperábamos que se aprobara lo que se nos dijo, no una reducción del número de beneficiarios», indicó.

De hecho, UGT cree que hay que ampliar el colectivo de beneficiarios de la ayuda dado el efecto «devastador» de la crisis sobre el empleo. Por este motivo, el pasado 16 de julio, CCOO y UGT pidieron que se incluyera como beneficiarios a los demandantes de empleo que hubieran agotado la renta agraria, el subsidio agrario y la renta activa de inserción.

«No tiene sentido un alza de los tributos»

El sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) se quejó ayer del «sinsentido» que supondría subir de nuevo los impuestos, pues «el consumo está hundido». El portavoz de Gestha, Salvador Faura, también recordó que utilizar el índice de presión fiscal para explicar la subida de impuestos «es un error que no refleja la realidad, ya que el dato está alterado a través de la economía sumergida». A pesar de ello, sobrepasamos la media europea de esfuerzo fiscal «con holgura», de forma que la mitad de nuestro sueldo se emplea en el pago al Estado y comunidades autónomas, añadió, mientras que en Europa, el salario es un 40% más alto. Faura ironizó con el poco acierto de los anuncios del Gobierno, porque, dice, debe tratarse de «falta de información». «Si sabemos que el último informe de la presión fiscal de la OCDE sitúa a España entre los primeros, ¿cómo no lo sabe el ministro?».

Madrid

Vivienda reclama a 8.000 jóvenes la ayuda al alquiler

Corredor exige la devolución de los 210 euros a quienes ganan más de 22.000

El Ministerio de Vivienda ha enviado una carta y un sms a 8.000 beneficiarios de la Renta Básica de Emancipación, la ayuda al alquiler de 210 euros aprobada por el Gobierno en 2007, para informales de que, según la Agencia Tributaria, en el año 2008 superaron los 22.000 euros anuales de ingresos brutos, por lo que tendrán que devolverla.

El Ministerio se lo ha comunicado también a las comunidades autónomas, que son las encargadas de la gestión de la Renta Básica y de retirar el derecho a cobrarla, para que den una cita a los afectados y así determinar cuáles fueron sus ingresos.

De momento, el ministerio ha suspendido el pago de la ayuda en los casos en que aún estuviera activo el derecho, pues otros casos están ya extinguidos, para que sólo reciban la prestación los beneficiarios que cumplen todos los requisitos.

En la carta enviada por el Ministerio se avisa a los afectados de su situación anómala y se les anticipa que la comunidad autónoma correspondiente se pondrá en contacto con ellos para que aporten la documentación pertinente para aclarar su situación.

Vivienda explica que, tras citar a los 8.000 afectados, cada comunidad deberá constatar quiénes superaron el límite de 22.000 euros, para, posteriormente, emitir una resolución retirándoles el derecho a las ayudas si procediese.

Cualquier beneficiario que no comunicase un aumento en su capacidad adquisitiva habría incumplido la normativa, por lo que la comunidad autónoma podrá iniciar un expediente de reintegro, ante el que caben alegaciones. Según los convenios firmados con todas las comunidades son éstas las que han de realizar las comprobaciones necesarias para garantizar que los solicitantes de esta ayuda cumplen todos los requisitos para la percepción de la misma. Asimismo, cada región tiene la potestad de decidir qué requisitos solicitar a los solicitantes para comprobar el requisito de ingresos.

A partir del momento en que a un joven se le reconoce el derecho a percibir la ayuda y empieza a cobrarla, Vivienda realiza, mensualmente, comprobaciones para cerciorarse de que esté al día en el pago de su alquiler y que está al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

El Real Decreto que regula la Renta Básica de Emancipación indica que el beneficiario tiene la obligación de comunicar de manera inmediata cualquier cambio de los requisitos por los que se le reconoció el derecho a la ayuda, lo que, incluye, principalmente, el nivel de ingresos. La normativa advierte de que todo incumplimiento de esta obligación supone la devolución de las ayudas. Pese a ello, el portavoz de Vivienda del PP en el Congreso, Pablo Matos, consideró ayer que la carta enviada evidencia el «caos» que reina en el ministerio, informa Europa Press.

ROSALÍA SÁNCHEZ / Berlín

Los grandes empresarios presionan a Merkel

Piden al Gobierno «valor y realismo» para mantener las centrales nucleares

Especial para EL MUNDO

Alrededor de 40 directivos de grandes empresas alemanas, muchas de ellas cotizadas en el Dax 30, han firmado una carta abierta a la canciller Merkel que aparece hoy insertada como publicidad en varios periódicos bajo el título Valor y realismo para el futuro energético alemán, y en la que piden, fundamentalmente, dos cosas: que siga apostando por la energía nuclear y que evite nuevos impuestos energéticos.

En las próximas semanas, Alemania decidirá la modalidad de prórroga de las centrales nucleares, después de que el anterior Gobierno de socialdemócratas y verdes legislase el apagónnuclear, la eliminación progresiva en 22 años las 19 centrales nucleares, de las que actualmente quedan 17 en funcionamiento.

El actual Ejecutivo está decidido a presentar un nuevo planteamiento sobre el mix energético alemán. En principio, la idea es que paguen más impuestos los combustibles que más contaminan, y ha estado valorando un impuestoatómico, destinado a compensar las ganancias derivadas del aplazamiento del cierre de las centrales nucleares. Esta tasa entra en el paquete de ahorro estatal puesto en marcha a principios del verano y supondría unos 2.300 millones de euros al año, entre 2011 y 2014.

La carta trata de hacer presión contra ese impuesto y señala que «las energías renovables, particularmente en el caso de la energía solar, suponen a largo plazo costes adicionales significativos para el Estado, que en este ejercicio alcanzarán los 8.000 millones de euros». Además, la misiva advierte de que « nuevos impuestos energéticos podrían bloquear las necesarias inversiones de cara al futuro".

Merkel ha demostrado en ocasiones que soporta con soltura la presión del lobby energético, encabezado por los directivos Jürgen Großmann (RWE), Johannes Teyssen (E.oN) y Hans-Peter Villis (EnBW). La canciller ya se reunió con ellos antes de las vacaciones e insinuó que había alternativas que estaban siendo objeto de negociación. «Lo importante es que en septiembre esté claro que la alternativa puede generar el monto que nos hemos propuesto», dijo entonces la canciller. Pero esta es la primera vez que a esas presiones se suman empresas de sectores muy diversos con el amparo de la Federación de la Industria alemana.

Entre los firmantes se encuentran, además de algún amigo personal de la canciller, como Joseph Ackermann de Deutsche Bank, Eckhard Cordes (Metro), Jürgen Hambrecht (BASF), Werner Wenning (Bayer) o Gerhard Weber (Gerry-Weber). Su objetivo es cambiar en la actual coalición de gobierno el concepto de política energética, para que no solo sea contemplada como una cuestión medioambiental, sino también como «política industrial».

PARA PAGAR LOS DESPILFARROS, OCURRENCIAS Y COMPRA DE VOTOS DE ZP: «No tiene sentido un alza de los tributos» denuncia el sindicato d Técnicos de Hacie

«No tiene sentido un alza de los tributos»

El sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) se quejó ayer del «sinsentido» que supondría subir de nuevo los impuestos, pues «el consumo está hundido».

El portavoz de Gestha, Salvador Faura, también recordó que utilizar el índice de presión fiscal para explicar la subida de impuestos «es un error que no refleja la realidad, ya que el dato está alterado a través de la economía sumergida».

A pesar de ello, sobrepasamos la media europea de esfuerzo fiscal «con holgura», de forma que la mitad de nuestro sueldo se emplea en el pago al Estado y comunidades autónomas, añadió, mientras que en Europa, el salario es un 40% más alto.

Faura ironizó con el poco acierto de los anuncios del Gobierno, porque, dice, debe tratarse de «falta de información». «Si sabemos que el último informe de la presión fiscal de la OCDE sitúa a España entre los primeros, ¿cómo no lo sabe el ministro?».

CORRUPCIONES SOCIALISTAS: «Se pagará a los argentinos que nos voten»/ Desestimada la demanda del amigo de Bono contra IU

ESTEBAN URREIZTIETA / Palma

«Nos decían: 'Se pagará a los argentinos que voten a UM'»

Un miembro de la comunidad argentina que fue en las listas del partido confirma que se compraron sufragios en 2007

«En las reuniones de la Casa Argentina de Baleares se nos decía: 'Traed a gente para que vote por correo a Unió Mallorquina (UM) y se les pagará'. Eso nos lo repetía a todos el entonces presidente, Jorge Mandado. Nos es ningún secreto, es una cosa pública». Eduardo Corvalán, el único argentino que fue en las listas electorales del partido que presidía Maria Antònia Munar, y que fue nombrado por la formación nacionalista director gerente de la Fundación Illesport durante esta legislatura, confirmó en declaraciones a EL MUNDO la compra de votos durante las pasadas elecciones autonómicas y municipales en Baleares.

Corvalán, que ha sido citado por la Policía Judicial para que declare el próximo lunes, asegura que UM no sólo ofrecía dinero a cambio de los sufragios al colectivo argentino a través de sus líderes en las Islas. «Lo que yo pude percibir además es que Josep Lliteres -ex director de Relaciones Institucionales del Consell de Mallorca que presidía Munar- daba dinero para cubrir las necesidades de los eventos que organizábamos: comidas, bebidas...».

Es más, añade que presenció el ofrecimiento de «6.000 euros» por parte de este líder de UM para «pagar el alquiler de un local de la Casa Argentina en Palma». La citación de Corvalán se incluye en el marco de la investigación del amaño electoral incoada por la Fiscalía Anticorrupción tras las revelaciones de este periódico.

El Grupo de Delincuencia Económica de la Policía Nacional interrogó el pasado jueves al ex presidente de la comunidad argentina en las islas Jorge Mandado, que confesó que el partido le puso a sueldo en la productora audiovisual Video-U «sin ir a trabajar» durante la campaña de 2007 .

Una sociedad que compraron los cabecillas de esta formación y a la que regaron con más de cinco millones de euros del erario público que fueron utilizados, en gran parte, para financiar ilegalmente los pasados comicios. En ellos, UM logró 28.000 votos que le reportaron un total de tres diputados, que acabaron resultando clave para que gobernara el PSOE de Antich. No en vano, de haber logrado UM sólo 451 votos menos, en estos momentos el Ejecutivo balear lo presidiría el PP.

«Mandado tenía contacto con casi todos los partidos», explica Corvalán. «Al final nos integramos en UM porque nos dijo: 'Con este partido tenemos posibilidades'», recuerda. Su relato alude a «reuniones multitudinarias» en las que llegaron a meter «más de 1.000 personas en un colegio», donde hicieron una paella.

«Se nos pagaban estos actos porque las asociaciones que componen la Casa Argentina no tienen dinero», reconoce. El ya ex alto cargo de UM asegura que, tras las elecciones, tanto Lliteres como el delfín de Munar, Miquel Nadal, se lo «agradecieron personalmente». «Nos dieron un abrazo y nos dijeron: hemos vuelto a ser bisagra gracias a vosotros».

Toledo

Archivada la querella de 'El Pocero' contra tres dirigentes de IU

La coalición cree que la decisión refuerza a quienes denuncian casos de corrupción

El Juzgado de Instrucción número 43 de Madrid ha archivado la querella presentada por el constructor Francisco Hernando, Paco el Pocero, por denuncia falsa, contra el coordinador general de IU, Cayo Lara; el alcalde de Seseña (Toledo), Manuel Fuentes, y el dirigente de la coalición Manuel Cámara.

La magistrada Coro Cilián ha decidido sobreseer y archivar las actuaciones en un auto en el que sostiene que los acusados no se inventaron los hechos que pusieron en conocimiento de la Fiscalía Anticorrupción y que más adelante motivaron la querella de El Pocero, informa Efe.

Lara, en su antigua condición de coordinador regional de IU en Castilla-La Mancha, Fuentes y Cámara, como responsable de Organización del partido, firmaron la denuncia que la formación presentó ante la Fiscalía Anticorrupción por un presunto trato de favor al promotor en la aprobación del PAU de El Quiñón, que permitía construir 13.508 viviendas en Seseña.

Dos años después de abrir la investigación, Anticorrupción la cerró con una denuncia al ex alcalde de la localidad toledana José Luis Martín (PSOE) por prevaricación, cohecho y delito contra la hacienda pública, tras hallar unos «incrementos injustificados» en su patrimonio.

La Fiscalía Anticorrupción terminó la investigación sin haber llamado a declarar al constructor Francisco Hernando, pues consideró que «no procedía».

Tras esta decisión, el constructor decidió querellarse contra los miembros de IU por denuncia falsa, pero el Juzgado de Instrucción número 43 no admitió la querella. El Pocero recurrió la decisión y, en contra del criterio del fiscal, la sección 15 de la Audiencia Provincial le dio la razón y ordenó al Juzgado incoar un procedimiento por un posible delito de denuncia falsa.

Ahora, la magistrada ha archivado las actuaciones, al concluir que los tres dirigentes de IU tenían el convencimiento de que había una actuación ilegal en los hechos y personas denunciadas y no actuaron con «conocimiento de su falsedad», como sostenía Francisco Hernando.

En un comunicado, la formación se felicitó por el archivo de la querella y aseguró que refuerza a quienes denuncian casos de corrupción, «el cáncer que viene asolando la vida política española».

LOS SOCIALISTAS DE BARCELONA AUTORIZAN HOMENAJEAR TERRORISTAS

GERMÁN GONZÁLEZ / Barcelona

El juez prohíbe el homenaje a Riera en Barcelona por exaltación del terrorismo

Habían convocado tres actos para celebrar la excarcelación de la colaboradora de ETA

El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz aceptó ayer las propuestas de la Fiscalía y de la asociación Dignidad y Justicia y prohibió los diferentes actos proetarras previstos para hoy en Barcelona.

Varias organizaciones radicales habían preparado eventos coincidiendo con la salida de la cárcel de Laura Riera, condenada a nueve años de prisión por colaborar con el comando Barcelona de ETA. Primero tendría un acto de bienvenida a su salida de prisión y, después, un homenaje por la tarde coincidiendo con la fiesta mayor del barrio de Gràcia. Además, se había convocado una marcha con antorchas para recordar a Marina Bernardó y Lola López, dos condenadas por pertenecer a ETA que aún cumplen prisión en Francia.

Según el auto judicial, la intención de los manifestantes era aprovechar estos eventos para pasar por varios centros okupados del barrio y retirar, de forma simbólica, la foto de Laura Riera del grupo considerado como «presas políticas», en el que todavía permanecerán López y Bernardó. La Policía calculaba que entre 150 y 200 personas hubieran realizado este recorrido.

El juez de la Audiencia Nacional considera que estas celebraciones suponen una exaltación del «currículo delictivo» de las homenajeadas, por lo que ordenó a la Generalitat y a las Fuerzas de Seguridad del Estado que impidan los actos.

De esta forma se quiere evitar que se cometan hechos delictivos que «entrañen» enaltecimiento a personas u organizaciones terroristas. Los Mossos velarán para cumplir la orden judicial, aunque no especificaron qué dispositivo policial desplegarán.

El juzgado subrayó que las entidades convocantes de los actos, Rescat y SAT, se formaron para apoyar a los «presos políticos catalanes» y actúan contra lo que consideran «movimientos represores».

Además, estos grupos tienden a «eludir cualquier tipo de control» y por eso no han solicitado que se autoricen los actos: pretendían evitar que se identificara a algún organizador y se le pudieran exigir responsabilidades penales o administrativas.

El auto recuerda que no se condenó a las homenajeadas por su ideología, sino por sus actos de apoyo a ETA, y que el objetivo del acto es «el enaltecimiento de personas terroristas». También se indica que en las convocatorias hay un llamamiento para «continuar con la lucha», lo que supone «un desprecio y humillación» para las víctimas.

El juez destacó que esta justificación de los actos terroristas viene impuesta por la dirección de ETA, como se extrae de la diversa documentación que se ha ido incautando en distintas operaciones policiales.

El auto concluye que «los actos convocados» constituyen una supuesta exaltación de «la lucha armada» promovida por la organización terrorista ETA e incurren, por tanto, en presunto delito de enaltecimiento del terrorismo.

G. G. / Barcelona

«Se han tolerado pancartas con fotos de etarras como mal menor»

Durante los últimos años, Alberto Fernández Díaz no se ha cansado de reclamar mano dura contra los actos proetarras que se convocan en Barcelona. El presidente del Grupo Municipal del PP en el Ayuntamiento fue uno de los objetivos del comando Barcelona en 2001.

Pregunta.- ¿Qué le parece la decisión judicial?

Respuesta.- Es un acto de justicia porque es una vergüenza intolerable que se celebre este homenaje etarra. La cara ha sido la decisión de la Audiencia Nacional y la cruz, la pasividad de los políticos, como el alcalde Hereu, el conseller Saura o el president Montilla.

P.- ¿Cree que los políticos deberían de haber actuado antes?

R.- En los últimos años, el Ayuntamiento ha tolerado pancartas con fotos de presos como mal menor, para evitar incidentes. Por eso el alcalde ha cometido una indignidad democrática, ya que ni lo prohíbe ni lo rechaza públicamente.

P.- ¿Cree que en el brindis por las presas anunciado en Sants el Ayuntamiento debería actuar?

R.-Lo debería cortar de raíz ya que, por la cobardía del alcalde, proliferan estos grupos antisistema como hace años los okupas. Los radicales han pasado de poner carteles a quedar para hacer homenajes, y el siguiente paso es hacer la kale borroka en Barcelona como si fuera el Casco Viejo de San Sebastián. Nos planteamos pedir la prohibición del brindis si se exalta a los terroristas.

PITORREO DE MARRUECOS: Moratinos insiste en que no ha habido «crisis», sino «fricciones»

ERENA CALVO / Rabat

Mohamed VI pide regionalizar el Sáhara

La diplomacia española cree que el conflicto saharaui está detrás de la crisis de Melilla

Especial para EL MUNDO

El rey de Marruecos, Mohamed VI, se dirigió ayer a la nación en un discurso de ocho minutos, en el que no hubo ni una sola referencia explícita a Ceuta y Melilla, tras el conflicto diplomático que ha enfrentado a Marruecos y España en las últimas semanas.

Lo que sí pidió el monarca es que se establezca una hoja de ruta «clara y precisa» para poner en marcha la «regionalización avanzada» del país, que Rabat prevé comenzar por la disputada ex colonia española del Sáhara Occidental.

El conflicto saharaui es una de las razones que la diplomacia española piensa que se esconden tras la crisis en Melilla, en la que Marruecos habría tratado de presionar a España para que apoye la conversión del Sáhara Occidental en una región autónoma dentro del reino alauí.

Con su discurso, Mohamed VI conmemoró el 57º aniversario de la Revolución del Rey y del Pueblo, en el que se recuerda la lucha contra la colonización francesa. «Una fecha que no es sólo cosa del pasado», dijo el monarca, sino una «revolución permanente» a través del lanzamiento de «valientes iniciativas» que constituyen «decisivas mutaciones en nuestra historia contemporánea».

En la cabeza de esas iniciativas está el principal caballo de batalla de Marruecos: «Otorgar una autonomía a nuestras provincias del sur» [como se refiere al Sáhara Occidental] para preservar la «soberanía del reino sobre todo su territorio nacional».

Una propuesta que el Frente Polisario rechaza de plano, ya que sigue reclamando el derecho del pueblo saharaui a expresar su voluntad en un referéndum de autodeterminación. La última vez que ambas partes se vieron las caras en una reunión fue en febrero pasado en Nueva York, en un encuentro informal organizado por Naciones Unidas en el que no lograron acercar posturas.

Según el monarca, su plan de autonomía para el Sáhara Occidental presentado ante la ONU es reconocido internacionalmente como «serio» y «creíble». Pero «nuestros adversarios» persisten en sus «inútiles maniobras» de obstaculizarlo. Ello, señaló, «no hace sino incrementar nuestro empeño de seguir adelante con nuestro progreso democrático y de desarrollo». Para ello -ha recordado- se puso en marcha, hace ya más de medio año, la obra de la «regionalización avanzada».

Para el lanzamiento de la regionalización se creó en enero una comisión consultiva dirigida por Omar Azziman, embajador de Marruecos en España hasta hace ocho meses. La comisión tiene previsto presentar el resultado de sus trabajos en diciembre, aunque en un principio se le dio de plazo hasta el pasado junio. Su misión es preparar un modelo «exclusivamente marroquí» para la regionalización.

Sus conclusiones se darán a conocer a través de «un amplio y edificante debate nacional», resaltó ayer el monarca, al tiempo que pidió a los partidos nacionales «serios» que contribuyan en este proyecto de una manera «eficaz», preparando a «élites cualificadas que puedan administrar óptimamente los asuntos regionales».

Madrid

Moratinos insiste en que no ha habido «crisis», sino «fricciones»

Dice que un verdadero conflicto es el de Corea, no el de Melilla

Miguel Ángel Moratinos insistió ayer en los argumentos que ya ofreció el jueves, en su primera valoración pública sobre los incidentes ocurridos en Melilla en las últimas semanas. El ministro de Asuntos Exteriores intervino en varias cadenas de radio para intentar restar importancia a los problemas con Marruecos, asegurando que lo ocurrido con Rabat no ha sido una «crisis», sino «fricciones».

Es más, el ministro explicó que todo lo que ha sucedido -denuncias de malos tratos, bloqueo de entrada de productos a la ciudad autónoma, carteles ofensivos en la tierra de nadie, etcétera- entra dentro de «lo normal» entre dos países vecinos.

Para ilustrar su opinión, Moratinos dijo que un verdadero conflicto internacional es el de la península de Corea, con episodios como el hundimiento reciente de un buque de Corea del Sur a manos de las Fuerzas Armadas de Corea del Norte.

En cualquier caso, se defina como se defina lo que ha ocurrido en Melilla, el jefe de la diplomacia española aseguró que su departamento y el de Interior han trabajado intensamente para solucionarlo y que los problemas están ya «totalmente superados», informa Europa Press.

Moratinos volvió a negar que el Gobierno haya estado desaparecido, como ha denunciado el PP. Él, por ejemplo, ha mantenido «contacto telefónico» con su colega marroquí, Taieb Fassi Fihri, con el que tiene previsto reunirse a comienzos de septiembre para zanjar definitivamente el conflicto.

No ahorró el ministro críticas hacia los populares, a los que acusó de tener una «visión muy trasnochada de cómo se debe trabajar en el siglo XXI» en diplomacia.

Particularmente negativo fue Moratinos con la visita realizada por José María Aznar a Melilla el miércoles, insistiendo en que fue «desleal». Entre otras cosas, recordó que cuando Zapatero hizo un viaje a Marruecos en 2001 siendo jefe de la oposición, en plena crisis diplomática entre Madrid y Rabat, «informó en todo momento» al Ejecutivo, al revés de lo que hizo Aznar esta semana.

FIRMAS: Arcadi Espada, Erasmo, Secondat, Ferrer Molina, Javier Villán,

Cuando los toros se parecen al criador

Publicado el Sábado, 21 de agosto de 2010

Confieso que José Miguel Arroyo, por sobrenombre Joselito, fue siempre uno de mis toreros favoritos. Lo preferí a Enrique Ponce en los momentos de esplendor y rivalidad de ambos, lo cual me originó ciertos conflictos con el poncismo militante. Posteriormente, también preferí a José Tomás frente a la maestría de Enrique Ponce; es decir que por unas cosas o por otras, uno de los maestros de los últimos años Enrique Ponce, siempre ha encontrado en mi particularísima opinión un opositor. Ahora José Miguel Arroyo, Joselito, se ha reconvertido en ganadero y de su pasión por la crianza de toros de lidia tengo una constancia que a todos ustedes, seguramente les divertirá: en una mesa redonda que para hablar de toros, José Miguel Arroyo compareció en la Universidad Politécnica, no había forma de ponerle en suerte porque estaba pensando en una vaca que se le había perdido por la mañana. Ignoro si esa preocupación le ha llevado a echar una corrida tan espléndida, tan enrazada, y tan vigorosa como la que echó ayer en Illumbe. Toros así, sobre todo el segundo, quinto y sexto, dejan fuera de toda duda la cuestión del toro de lidia. Si es verdad que los toros se parecen a su criador, la corrida de ayer, limpia de pitones y vigorosamente encastada, pueden aclarar muchas cosas.

Otra cuestión es que los matadores estuvieran a la altura de las circunstancias. Paquirri, que hizo el supremo esfuerzo de reaparecer en Illumbe cuando todo el mundo lo daba por caído del cartel, ni fú ni fá: profesional, que es lo mínimo que a un torero de su categoría se le puede pedir a estas alturas. Mal se le presenta a uno de los reyes del couché su futuro. Y esto no es un reproche moralista, cada cual con su vida, con su intimidad y con su desparpajo publicitario. Al final salen toros como los de ayer de Joselito, que debieran ser los que salieran todas las tardes, y todo el couché se va al carajo.

Otra cuestión es la de Antonio Barrera: dos orejas y olé. Este torero sevillano no tiene nada de sevillí ni de estilista a la violeta; es solamente un diestro, quizá no excesivamente dotado, pero con una vergüenza torera y una vocación de triunfo que le está manteniendo en el escalafón con seguridad y sacrificio inmenso. Ayer, probablemente, le salieron los dos toros de su vida. Ayer estuvo en el sitio, atornilló las zapatillas en la arena y puede que no hiciera filigranas del estilismo de los grandes estetas, mas estuvo en el sitio.

Dos buenos toros y un torero modesto que deja frente a ellos lo mejor de su alma y lo mejor de su corazón torero. Quizá por eso se mantiene en esto; quizá por eso, algunos, entre los que me cuento, desde una magnífica faena que le vimos en La Maestranza, seguimos dándole un crédito de confianza de torero honrado y a carta cabal, aunque no tenga que ver nada con esa mitología del torero artista que nos defrauda más veces de las que nos ilusiona.

La corrida de Joselito fue tan buena que hasta El Fandi me pareció muletero excepcional. David Fandila, aparte su espectacular repertorio en banderillas, estuvo bien en el sexto toro, que acaso fuera el toro de la corrida; lo templó con su eléctrica muleta mucho mejor de lo que algunos esperábamos. Nunca se sabe dónde puede saltar la sorpresa

Amigo de unos

Secondat

Publicado el Sábado, 21 de agosto de 2010

Francesco Cossiga era amigo de una parte de España y poco amigo (por no decir enemigo) de las otras partes de nuestra compleja realidad. Es lógico que con motivo de su fallecimiento se hayan publicado valoraciones de signo distinto sobre este ex presidente de la República Italiana. ¿Qué le molestaba a Cossiga de nuestra nación? Tal vez que, muerto Franco, no se produjese el caos que algunos esperaban.

V/Melilla

Erasmo

Publicado el Sábado, 21 de agosto de 2010

Aznar, elucidario de una visita: inspección ocular con guardia civil incorporado (bien, el SUP). Estupefacto el pueblo/ dizque soberano/ ante tal relato gótico: / rencores/ y odios africanos/. Blanco, cabello repentina, inusitadamente 'idem': "desleal". Dice. Este diario, 'backgrounds' de aborrecimientos, visita de Zapatero a Mohamed VI (2001): las hemerotecas sí existen. Y sultán silente en su rifeño bonapartismo de moscas, estiércol y chilaba, su farsa democrática grosera y los fierros teológicos de Líder Religioso, Predicador Supremo, y tan extrañamente dócil ante cierto Madrid y.

Por el contrario, empezamos bastante bien: se caminó con espíritu democrático a partir del 20 de noviembre de 1975. España se presentó al mundo con una cara nueva, mientras que Italia, por aquellas fechas y después, aparece como una República deficientemente estructurada.

Cossiga se manifestó a favor de la política del PNV y fue condecorado en Euskadi. También se le homenajeó en Cataluña, siendo distinguido con el doctorado 'honoris causa' de la Universidad de Barcelona. Se convirtió en un 'picconatore', en un lanzador de puyas. Él confesó que aumentaron las canas de su cabellera el día que asesinaron a Aldo Moro. Acaso fue haciéndose viejo con la desilusión que le debía producir el fracaso de ciertos proyectos independentistas en el suelo hispano, que él avaló

Lothar Matthäus habla en chino

Ferrer Molina

Publicado el Sábado, 21 de agosto de 2010

Entre lo más leído estos días en elmundo.es están las declaraciones de Lothar Matthäus a raíz de haberse aireado los líos de sábanas de su matrimonio. Después de pasearse por los platós narrando los detalles más escabrosos de su relación, el ex futbolista alemán ha reconocido que su comportamiento le convierte en la "vergüenza" de sus padres. Resulta curioso, porque lo último que suele hacerse es mostrar contrición ante los progenitores; al contrario, lo habitual es descargar sobre ellos muchos de los errores y de los sopapos que nos reparte la vida. Es una respuesta a la defensiva, muy propia de la cultura occidental moderna.

Basta que un tipo asesine a cinco personas en un arrebato de locura para que se apostille casi inmediatamente que su padre era alcohólico o que su madre lo abandonó cuando tenía tres años. Rara vez, en cambio, se rastrea en la vida personal de los triunfadores para valorar las peripecias de sus ascendientes.

Hoy, por muy hijoputa que uno sea, no acaba de ser del todo responsable de sus actos. Es la tesis explicativa que me atrevo a acuñar como la del malnacido. Siempre hay una coartada, una justificación. En última instancia, puede alegarse que nadie llega al mundo por generación espontánea: le nacen, y en el caso del asesino múltiple, del violador o del terrorista, le malnacen.

Razonar en esa longitud de onda lleva, por ejemplo, a que se traten de explicar las limitaciones de un ministro en función de circunstancias como que su padre era camionero y su madre costurera, cuando la perspectiva muy bien podría ser la contraria: un camionero y una costurera deben de haber hecho un buen trabajo para que su hijo llegue a ser ministro. Aunque supongo que lo más justo sería atribuir a cada cual sus méritos y sus fracasos.

Lo que desenfoca aquí el análisis, el error de fondo de muchas de nuestras valoraciones resulta de confundir currículum y biografía. El primero es la costra de nuestra intimidad, la parte que voluntariamente dejamos ver a los otros para insertarnos en la sociedad. Al juzgar a los responsables públicos y a los profesionales en general deberíamos ser cuidadosos con el otro plano, el personal.

Los nobles chinos invertían el orden de transmisión de los títulos: no era el padre el que legaba su prestigio a los hijos, sino éstos quienes, con sus actos, ennoblecían a sus padres. Esa perspectiva supone cargar sobre los hombros de cada individuo la responsabilidad de sus actos. Sin muletas. Sin excusas. Desde esa óptica, si alguien está en deuda en la relación paterno filial es el hijo. Matthäus se ha comportado como un chino del medievo. Por eso nadie le entiende.

EDITORIALES: El PSOE gobierna en Baleares gracias a un resultado electoral adulterado

UM compró votos para obtener el diputado que fue decisivo para dar la mayoría al socialista Antich

Otra prueba del fraude electoral en Baleares

EL PRESIDENTE de la Casa Argentina de Baleares reconoció ayer en su declaración ante la Policía que cobraba de una empresa de la trama montada por Unió Mallorquina sin trabajar y a cambio de conseguir votos para este partido. Sus palabras confirman que UM, gracias a sus resortes en la Administración, contrató a líderes sudamericanos con la idea de que lograran apoyos en ese colectivo. La búsqueda y compra de sufragios se hacía de forma sistemática, pues llegaban a cribar listas de inmigrantes para localizar a aquéllos que reunieran los requisitos para votar: o la doble nacionalidad o el carné de residente comunitario (para las municipales). Los agentes investigan además el pago en efectivo a cambio de votos. Hay que recordar que la ex cabecilla de UM, Munar, y su delfín, Nadal, están imputados por delito electoral por financiar ilegalmente la campaña. Dado que UM alcanzó por unos centenares de votos el diputado que a la postre fue decisivo para dar la mayoría a Antich, podemos estar cerca de poder afirmar que el PSOE gobierna en Baleares gracias a un resultado electoral adulterado.

Mala noticia para quienes pagan una hipoteca

El crecimiento alemán augura un alza de tipos

EL HECHO más que probable de que Alemania cierre 2010 con un crecimiento de en torno al 3% de su PIB, tal y como informó ayer el Bundesbank, demuestra que la recuperación de la locomotora de Europa va más deprisa de lo que se esperaba. Los analistas coinciden ahora en señalar que el alza de la inflación que seguirá al tirón alemán obligará al Banco Central Europeo a elevar los tipos de interés.

Esa medida, que será positiva para los países que hayan entrado en franca recuperación, caerá como una losa sobre las economías más débiles y que sigan sin generar empleo, como seguramente será el caso de la española. El encarecimiento automático de las hipotecas será otro factor a tener en cuenta en un país como el nuestro, inmerso en la resaca del boom de la vivienda. Ahora bien, la buena marcha de Alemania también genera oportunidades: sus importaciones de productos españoles crecieron un 14% en junio.

Polémica expulsión de gitanos rumanos y búlgaros

Francia y el racismo como política de Estado

AUNQUE Francia se apoya en un estudiado respeto a la legalidad para justificar su expulsión de gitanos búlgaros y rumanos, bajo esa decisión late un espíritu racista. El Gobierno de Sarkozy inició ayer su programa de repatriación voluntaria -incentivada con 300 euros a cada gitano que se vaya-. La polémica campaña no atenta contra la libertad de circulación en la Unión Europea, como arguyen sus detractores, porque, gracias a una moratoria, Francia puede deportar a los búlgaros y rumanos sin medios de subsistencia que lleven más de tres meses en el país. Eso sí, nada impide que luego regresen para quedarse otros tres meses. En cualquier caso, el cumplimiento del marco legal no camufla la vocación xenófoba de una iniciativa que ha reprobrado el Vaticano en un momento en el que muchos han reaccionado con medias tintas o mirando hacia otro lado. «No se puede arremeter contra comunidades enteras sin estudiar la situación particular de cada individuo», dijo ayer la Santa Sede. El Gobierno francés olvida que no puede tratar a unos ciudadanos europeos como extranjeros en la Eurozona.

Obama retira las tropas de un Irak inestable

A PESAR DE LAS emotivas imágenes de los soldados volviendo a casa y del grito guerrero de los coroneles de la II División de Infantería decretando desde la frontera de Kuwait que «la operación Libertad para Irak ha terminado», la retirada de las últimas tropas de combate norteamericanas desplegadas en territorio iraquí desde marzo de 2003 ha sido cualquier cosa menos triunfal. Dramáticamente lejano queda el discurso de comandante en jefe de Bush a bordo del portaaviones Abraham Lincoln dos meses después del comienzo de la invasión decretando la victoria de Estados Unidos en esta guerra. Poco después comenzaría una batalla sangrienta contra las tropas ocupantes y la población iraquí que ha segado miles de vidas y ha marcado la vida de una generación de norteamericanos, de la misma forma que sucedió con Vietnam. La Guerra de Irak, que en sus inicios no fue mal vista por la opinión pública norteamericana -Bush logró su reelección en parte gracias a ello-, ha derivado en un conflicto profundamente impopular por el elevado número de bajas propias: más de 4.000 soldados estadounidenses y más de 100.000 víctimas iraquíes. La guerra, además, no ha logrado tampoco su objetivo de dar estabilidad al país que fue sojuzgado por la tiranía del derrocado Sadam. Irak está muy lejos de ser la democracia prometida por Bush y Blair, el equilibrio estratégico regional ha saltado por los aires y el pueblo iraquí sufre, siete años y medio después, más pobreza e inseguridad que cuando empezó la guerra. Esta misma semana un atentado suicida causó 56 muertos frente a un centro de reclutamiento en Bagdad y la población se enfrenta a la incertidumbre de quién garantizará la seguridad ahora que los 50.000 militares estadounidenses que permanecerán en el país sólo se dedicarán a tareas de asesoramiento y formación del Ejército y la policía iraquíes.

La Casa Blanca ha querido dar a esta retirada un perfil más político que militar en un momento de baja popularidad de Obama. Es por ello que las tropas han recibido la orden de replegarse doce días antes de lo previsto -el 31 de agosto- y coincidiendo con una gira del presidente para recaudar fondos de cara a las decisivas elecciones legislativas que se celebrarán en otoño. «Estamos cumpliendo la promesa que hice cuando comencé mi campaña para la Presidencia, nuestra misión de combate ha terminado», proclamó Obama durante un acto electoral en Ohio.

El presidente, de momento, mantiene sus planes de retirada total de los 50.000 soldados estadounidenses que aún quedan en el país para finales de 2011, haciendo oídos sordos a las voces de dentro de Irak y del Partido Republicano acerca de los peligros que acechan: Al Qaeda, Irán y la posibilidad de un golpe militar del nuevo Ejército contra el primer ministro Al Maliki, en funciones desde las elecciones del pasado mes de marzo. Países que fueron muy críticos con la intervención, como Jordania, advierten ahora de los riesgos de una retirada prematura, y Tarek Aziz, el que fuera ministro de Exteriores de Sadam, ha advertido desde la cárcel que los norteamericanos están «arrojando a Irak a los lobos». Es cierto que Obama ha cumplido su promesa electoral y que el electorado demócrata está satisfecho con ello, aunque el presidente asume un riesgo cierto. Porque si las fuerzas políticas iraquíes no logran sellar un acuerdo de Gobierno y estallan los frágiles pactos propiciados por los norteamericanos entre las distintas etnias, la situación podría desembocar en una guerra civil.

PITORREO DE MARRUECOS: Rajoy exige firmeza con Marruecos

Madrid

Rajoy apoya a Aznar y exige firmeza con Marruecos

Denuncia que el Gobierno no ha llamado al presidente de Melilla

Para intentar que no haya lugar para las dudas, Mariano Rajoy salió ayer en persona -el miércoles lo había hecho María Dolores de Cospedal en nombre del partido- a defender el viaje realizado por José María Aznar a Melilla. Primero, porque como «ciudadano español» y como ex presidente del Gobierno «tiene perfecto derecho a ir» a «solidarizarse con las Fuerzas de Seguridad del Estado». Y segundo, porque tanto su viaje a la ciudad autónoma como el que hizo Esteban González Pons el martes se hicieron necesarios «para que Melilla vea que hay alguien que se preocupa por ellos».

Con este argumento, el presidente del PP trataba de transmitir que su partido ha llenado un vacío dejado por el Gobierno, que, en su opinión, ha «hecho una abdicación total» de sus obligaciones con la ciudad autónoma y con la misma frontera con Marruecos, informa Europa Press.

Para sostener la acusación, Rajoy se basó en varios sucesos que se han producido durante las últimas semanas. O más bien, que no se han producido. Para empezar, el hecho de que el Ejecutivo de Zapatero «haya desaparecido». «El ministro de Asuntos Exteriores no existe, el embajador de España en Rabat no está, el cónsul en Nador no está...». «Dejación de responsabilidades», según Rajoy, mientras Marruecos acusaba a la Policía española de malos tratos en la frontera, sacaba un comunicado tras otro con graves acusaciones y un grupo de activistas invadía la tierra de nadie entre ambos países y bloqueaba el acceso de productos básicos a la ciudad.

Pero es que, además, el líder del PP denunció ayer que el presidente de Melilla, Juan José Imbroda, no ha recibido todavía ni siquiera una llamada de algún miembro del Gobierno, cuando la crisis con Marruecos dura más de un mes. Y por supuesto, tampoco en Génova se ha recibido telefonazo alguno.

«El Gobierno de España ni se preocupa, ni va, ni dice, ni llama», se lamentó el presidente de los populares, que de paso recordó a Zapatero y a sus ministros que «Melilla es España» y «desde hace ya cientos de años».

Estando así las cosas, y a cuatro días de que el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, se desplace a Rabat para tratar de poner fin definitivamente a la crisis diplomática, lo que Rajoy reclama ahora al Ejecutivo es que sea firme ante Marruecos y le exija explicaciones. En su opinión, España «no tiene que explicar nada», porque durante todas estas semanas únicamente ha sido víctima de un conflicto cuyo origen es bastante incierto. Por ello, es Marruecos el que debe detallar al Gobierno español «qué es lo que está ocurriendo, por qué se ha agredido a agentes españolas y por qué se ha producido el boicot» contra Melilla, que ha conseguido vaciar de productos el mercado principal de la ciudad varios días.

Por último, e incidiendo en la «dejación de responsabilidades» por parte de Zapatero, el presidente del PP recordó al Gobierno que la crisis con Marruecos trasciende los intereses nacionales de España, porque la frontera de Melilla «es una frontera europea», la única que tiene la UE con el continente africano y una de las más desiguales del mundo.

La contestación a Rajoy por parte del PSOE la dio el secretario de Ciudades y Política Municipal, Antonio Hernando, que ejerciendo de portavoz en funciones del partido se limitó a reprochar al líder del PP que no informara al Gobierno de la visita de Aznar. Hernando prefirió centrarse en criticar al ex presidente del Ejecutivo -por segundo día consecutivo- y aseguró que el objetivo de Aznar fue «dinamitar», con la connivencia o incluso por iniciativa de Rajoy, «las negociaciones con Marruecos».

SALVADOR SOSTRES

A favor de qué estamos

Aznar se ha bajado a Melilla y el revuelo que se ha organizado ha sido regular. Como es habitual, al ex presidente del Gobierno se le ha insultado sin parar. En tiempos de peligrosísimas ambigüedades y de paralelismos siniestros, esta visita me ha gustado. No se puede quedar bien con todo el mundo. Nos definen tanto nuestros amigos como nuestros enemigos. Hacer política es, entre otras cosas, explicar a favor y en contra de qué estamos y por qué. Y esto no es ser extremista, ni radical, ni grosero. Es un acto de elemental honestidad, para que todo el mundo sepa de qué estamos hablando.

En una España en que no se sabe si Zapatero y Moratinos están a favor de los Castro o de sus víctimas, resulta balsámico -y brillante- que, ya que el Gobierno vacila, un ex presidente tenga el punto de honor de significarse en favor de la policía de un país libre y democrático y en contra de las provocaciones de una siniestra dictadura. Es tan inusual que alguien en la política española asuma riesgos para dar la cara por lo que piensa, que a la mayoría les ha pillado por sorpresa. Que una simple visita de apoyo a unos policías que están siendo atacados por los bárbaros del otro lado haya originado semejante bronca es sintomático de hasta qué punto la política española está secuestrada por el relativismo buenista y por la total falta de convicciones.

Si Zapatero y Moratinos no estuvieran tan enfermos de antioccidentalismo, y tan perdidos, habrían llamado a Aznar para agradecerle el gesto; el apoyo a unos policías que son víctimas del odio y de la locura de canallas que no saben convivir en paz, en libertad y respetando a los demás. Pero, ¿qué se puede esperar de un presidente antiamericano y de un ministro de Exteriores antisemita? El feminismo de Zapatero se basa en patrocinar el aborto entre las menores de edad y en ser permisivo, en cambio, con los que pisotean la dignidad de las mujeres policía porque son tan bestias que aún no han alcanzado el grado necesario de civilización para reconocer la autoridad de una mujer.

En tiempos de ambigüedades cínicas y de tibiezas imperdonables, la visita de Aznar a Melilla ha mejorado la imagen exterior de España. El mensaje que le ha mandado al mundo entero es que no todos los españoles se avergüenzan de la democracia y les ríen las gracias a los provocadores totalitarios. Sólo un miserable puede enfadarse con alguien que apoya a una policía democrática que está siendo atacada por empleados de un rey tirano. Esto es exactamente de lo que estamos hablando.

Cuando Jordi Pujol fue elegido presidente de Cataluña, lo primero que hizo fue reconocer el Estado de Israel, su primera visita oficial fue al Vaticano y no descansó hasta que el entonces presidente de los Estados Unidos, George Bush (padre), lo recibió. Somos lo que defendemos. Somos los acentos de luz que ponemos en aquello en lo que creemos. Puede que la visita de Aznar a Melilla tenga algo de rencor contra Zapatero. ¿Y qué? Tiene mucho más de defensa del mundo libre y de decencia. Puede que esta visita no guste a Mohamed ni a su gente, y que se enfaden como histéricos. Tampoco importa. Ya les gustaremos cuando ganemos.

Madrid / Rabat

Moratinos: «No ha habido conflicto con Marruecos»

Rabat dice que la «causa profunda» del altercado es la «disputa por la soberanía»

Ni los comunicados reiterados del Gobierno marroquí a España ni la intervención posterior del Rey Juan Carlos significan, según Miguel Ángel Moratinos, que haya habido problema alguno con el reino aluí. « No ha habido ni conflicto ni eventual conflicto ni crisis bilateral», aseguró ayer el ministro de Exteriores en su primera comparecencia pública sobre la tensa situación con Marruecos desde que el Ejecutivo de este país emprendió su cascada de denuncias y de que estallaran las protestas de las «ONG» en la frontera con Melilla.

Moratinos arguyó que ha estado pendiente en todo momento, ya que en este tiempo de sus vacaciones ha «hablado en varias ocasiones» con el ministro de Exteriores marroquí, Taib Fasi Fihri, «para disipar cualquier malentendido que pudiera afectar a la situación de la frontera en Melilla» y ha «mantenido una comunicación fluida y permanente» con el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba.

Según añadieron fuentes diplomáticas a Europa Press, el Gobierno nunca pensó que las denuncias por parte de Marruecos constituyeran un «problema de fondo» y desde la llamada de don Juan Carlos a Mohamed VI se mostró confiado en que la situación se iba a resolver pese a las protestas posteriores en la frontera, que llegaron a bloquear la entrada de alimenos a la ciudad autónoma.

Y, sin embargo, ayer, el portavoz del Gobierno marroquí y ministro de Comunicación, Jalid Naciri, advirtió de que sí hay una «causa profunda» de los altercados y es «la disputa entre los dos países acerca de la soberanía sobre Ceuta y Melilla», informa Efe.

En este sentido, aseveró, Marruecos «no cambiará su postura». «Lo necesario es trabajar para sobrepasar los problemas», agregó.

Naciri negó que su Gobierno haya tenido vínculo alguno con las protestas, los insultos a los policías españoles y los bloqueos de productos frescos realizados en la frontera por parte de ONG marroquíes.

«Hay que distinguir las acciones de la sociedad civil de las del Gobierno», subrayó el portavoz, que no quiso pronunciarse sobre las «reacciones espontáneas de la población que han tenido lugar».

Hable quien hable, todos hablan en pasado de la tensión vivida en la frontera. El conflicto «ya se ha solucionado», zanjó el director general de la Policía y la Guardia Civil, Javier Velázquez, que se había reunido el martes con responsables de la seguridad marroquí y dijo haber constatado las «muy cordiales» relaciones entre España y Marruecos.

Por otro lado, el portavoz del Ejecutivo marroquí también se refirió a la visita del ex presidente José María Aznar a Melilla. «El objetivo de esa visita es interferir en los esfuerzos de los gobiernos marroquí y español para contener los problemas», destacó. «Pero lo que nos importa no son estas pequeñas interferencias, sino el trabajo conjunto que toma en consideración los intereses de los dos países». En este sentido, aseguró que la intención de Marruecos es «crear las condiciones para un regreso a la normalidad dentro del pleno respeto de los derechos» de ambos países y para «un diálogo serio con España que tenga en cuenta los hechos recientes que originaron ese acceso de cólera por parte de las ONG marroquíes».

Por último, Naciri recordó la visita que hará el Rey de España a Mohamed VI y puntualizó que será próximamente y que será «informal».

OORBYT.es

>Vea hoy en EL MUNDO en Orbyt el análisis de Nuria Blanco.

PAQUI SÁNCHEZ / Melilla

Melilla vuelve a la normalidad tras finalizar el bloqueo

Corresponsal

La olla a presión en la que se había convertido la frontera de Melilla se tornó ayer en una balsa de aceite. La normalidad fue la tónica general del primer día tras la tregua concedida por los activistas marroquíes. Los puestos de verdura y pescado del mercado de la ciudad exhibían, perfectamente colocados, los productos frescos procedentes del país vecino.

Por ello, la atención mediática se trasladó a las sedes políticas con el recuerdo de la visita de José María Aznar aún presente. El presidente de Melilla y del PP regional, Juan José Imbroda, rechazó «de plano» que el viaje del día anterior fuera una provocación a Marruecos, teniendo en cuenta que las acusaciones venían del Gobierno de España, y calificó de «muy fuerte» la actitud del Ejecutivo criticando la presencia del ex presidente en una tierra española.

Imbroda consideró que los socialistas deberían mantenerse callados, ya que el ex presidente Felipe González «nunca ha estado en Melilla», ni en sus 12 años de mandato ni posteriormente. En cambio, Aznar ha ido a la ciudad «siete u ocho veces» como jefe de la oposición, como presidente del Gobierno -aunque en campaña electoral- y como ex mandatario nacional.

El popular negó que su partido haya usado de forma partidista la situación. «Podríamos haberlo hecho desde el primer minuto y no lo hicimos», aclaró. Además, dijo haber echado en falta «un gesto» del ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, para «levantar la moral» de los policías y los guardias civiles, pero confió en que su visita a Rabat el próximo lunes resuelva los problemas en la frontera, dominada por «cuatro desalmados» consentidos por el Gobierno marroquí.

CORRUPCIÓN SOCIALISTA EN MALLORCA: El socialista Antich gobierna por votos comprados por la UM de Munar

ESTEBAN URREIZTIETA
EDUARDO COLOM / Palma

UM compró el voto inmigrante en Mallorca

El ex presidente de la Casa Argentina admite que el partido le pagó para captar sufragios
Los resultados de las elecciones de 2007 permitieron a Munar entregar el poder a Antich

El líder del colectivo argentino en Baleares admitió ayer ante la Policía Judicial que Unió Mallorquina le puso a sueldo durante la campaña electoral de las elecciones autonómicas y municipales de 2007 en la productora que compraron los líderes de la formación, que cobró por captar votos para ella y que firmó un contrato en la sede del Consell de Mallorca que entonces gobernaba Maria Antònia Munar.Sigue en página 4

«Cuando la gente me preguntaba a quién votar», aseguró Jorge Mandado refiriéndose a los miembros de la Casa Argentina que él presidía en 2007, «yo les decía que a UM, porque era el único partido que nos ayudaba». «UM me pagó como un acto de agradecimiento», explicó.

El activista argentino fue interrogado por el Grupo de Delincuencia Económica que investiga el amaño de los comicios autonómicos y municipales de 2007, en los que UM obtuvo tres diputados en el Parlamento regional que dieron la llave de la gobernabilidad del archipiélago al PSOE de Francesc Antich, y dos concejales en Palma que le arrebataron el Ayuntamiento al PP, que se quedó a sólo un escaño de la mayoría absoluta.

La investigación fue puesta en marcha hace dos meses de oficio por la Fiscalía Anticorrupción tras las revelaciones de EL MUNDO, que destapó que la formación política mallorquina pagó con cargo al erario público, de manera directa o indirecta, a los principales líderes inmigrantes de las islas a cambio de sus votos y de que consiguieran sufragios entre sus compatriotas para el partido. Asimismo, este diario reveló que a algunos de ellos, según sus propios testimonios, que han sido ratificados durante las últimas semanas en sede policial, se les llegó a pagar «80 euros en efectivo» por su voto el día de las elecciones.

Mandado admitió que fue puesto a sueldo de la productora Video-U, la misma que Munar y su delfín, Miquel Nadal, compraron con 300.000 euros en efectivo y a la que desviaron más de cinco millones de euros del erario público. Una cantidad que fue utilizada en gran parte para financiar ilegalmente la campaña electoral de UM.

No en vano, ambos se encuentran en estos momentos en libertad bajo fianza e imputados por delito electoral en la denominada operación Maquillaje, que se saldó el pasado mes de marzo con la dimisión de Munar del que era su cargo en esta legislatura, la Presidencia del Parlament, después de que Nadal le acusara ante el juez de haberle entregado dinero en su coche oficial para comprar la productora.

Ya hay contabilizados más de medio centenar de colaboradores del partido a los que UM abonó sus trabajos en la campaña electoral poniéndoles a sueldo de organismos públicos o de los principales contratistas de las áreas que gobernaba durante la pasada legislatura. Así, grandes empresas de informática como Minser o la principal constructora de las obras públicas de las islas, Melchor Mascaró, pusieron en nómina como trabajadores fantasma a numerosos militantes de UM a petición del partido.

Mandado, al que la Policía comunicó ayer que existen indicios de que ha cometido los delitos de falsedad documental, malversación de caudales públicos y delito electoral, señaló como el artífice de su contratación al ex director general de Relaciones Institucionales del Consell de Mallorca Josep Lliteres, que durante la actual legislatura fue nombrado por Francesc Antich director general de Calidad Ambiental del Gobierno balear.

Munar le encomendó la labor de atraer, bajo la denominación de Nuevos Mallorquines, a los colectivos inmigrantes. Así, el ex presidente de la Casa Argentina reveló que, cuando se le terminó el contrato en Video-U, fue la propia UM la que le consiguió un empleo en otra empresa hasta que lo nombró director gerente de la Fundación Illesport, dependiente de la Conselleria de Deportes. Negó, eso sí, tener constancia de que el partido, tal y como han declarado ya ante la Policía otros miembros de la Casa Argentina, les pagara dinero en efectivo a cambio de su voto. Lo que sí admitió fue que a numerosos compatriotas suyos se les acabó colocando en empresas públicas gobernadas por la formación nacionalista.

Junto a Mandado, UM también pagó con cargo al erario público al resto de cabecillas de la agrupación argentina de las islas, poniéndolos en nómina, bien en Video-U, bien en el propio Consell. Una de las estrategias que emplearon pasó por hinchar el presupuesto de convenios públicos para poder pagar a los activistas de la campaña. Así, UM colocó en la productora al secretario de la agrupación argentina, Carlos Altieri, y, en los convenios falseados, a la número dos, Carina Barroso.

ESTEBAN URREIZTIETA
EDUARDO COLOM/ Palma

Las claves del fraude electoral

El partido bisagra por excelencia en Baleares utilizó durante la pasada campaña electoral el principal organismo público que gobernaba, el Consell de Mallorca, para financiarse ilegalmente y comprar el voto de los inmigrantes de las islas. Tras urdir una compleja trama, UM logró 28.000 votos y tres diputados, que se convirtieron, una vez más, en la llave del Gobierno de la comunidad. Éstas son las claves que subyacen tras el resultado electoral gracias al cual el PSOE gobierna en Baleares.

¿Por qué UM se centró en la captación del voto inmigrante?

El colectivo argentino ya es en Baleares la segunda comunidad extranjera después de la alemana. Durante las pasadas elecciones de 2007, su población en las islas ascendía a unas 25.000 personas. De ellas, aproximadamente 10.000 disponían o bien de la nacionalidad española o de la condición de comunitarios que les permitía votar. Al partido de Munar le bastaba una cuota cercana a los 30.000 votos para poder decidir si Baleares sería gobernada por el PP de Jaume Matas o por el PSOE de Francesc Antich.

¿De dónde sacó el dinero para pagar a los líderes inmigrantes?

Parientes de Munar y su número dos en el partido, Miquel Nadal, adquirieron una productora audiovisual, Video-U, en la que figuraron como testaferros. A esta empresa, UM le adjudicó cinco millones de euros públicos por la elaboración de programas de televisión para el canal del Consell de Mallorca -conocida popularmente como TeleMunar- que nunca se realizaban ni se emitían. Acto seguido, pusieron en nómina a los principales cabecillas de las agrupaciones sudamericanas. Además, colocaron a otros en nómina del Consell sin que acudieran a trabajar durante los meses previos a los comicios autonómicos.

¿Qué exigía el partido a los cabecillas a los que contrató?

Munar dejó en manos de su subordinado Josep Lliteres la captación del voto sudamericano en el archipiélago. Éste, a cambio de los sueldos que conseguía para sus líderes, les exigía que lograran tantos votos como pudieran entre sus compatriotas. Se les pedía que rechazaran a los que tenían la tarjeta de residente y todavía no pudieran votar, y que se centraran en los nacionalizados y comunitarios. Asimismo, se les pedía que transmitieran que «UM es el único partido que se preocupa por los inmigrantes» y que repitieran el lema: «Si no puedes vivir en la tierra en la que naciste, ama la tierra en la que vives». A cambio de lograr los sufragios, se les prometía un alto cargo público.

¿Cuánto pagó el partido de Munar a los captadores de votos?

UM pagaba a los cabecillas sudamericanos unos 1.000 euros mensuales durante un periodo de seis meses a cambio de su labor para conseguir sufragios. El partido no sólo recompensó así a los líderes argentinos, sino también a la presidenta de la Casa de Perú en Baleares, Fabiola Velásquez, y a una de las líderes de la comunidad colombiana en el archipiélago, Alicia Duque. Hasta el cantante de tangos que amenizaba los actos y mítines del partido, Osvaldo Frías, fue puesto a sueldo del Consell de Mallorca para pagarle sus actuaciones y conseguir votos. Percibió unos 700 euros al mes durante tres meses seguidos de la institución que presidía Munar y cobró hasta un finiquito después de las elecciones del 27-M.

¿Cómo les ha recompensado por su trabajo tras las elecciones?

A los responsables de las asociaciones les fueron asignados altos cargos. Por ejemplo, el entonces presidente de la Casa Argentina, Jorge Mandado, fue nombrado director gerente de la Fundación Illesport, dependiente de la Consejería de Deportes, y se le permitió colocar en ella a su gente de confianza. En el puesto le precedió otro argentino, Eduardo Corbalán. A los captadores de votos se les premió con contratos en la Empresa Municipal de Limpieza de Palma (Emaya) y en el Instituto Municipal de Formación (Imfof), que UM ha llenado de ciudadanos de origen sudamericano con el consentimiento de la alcaldesa socialista, Aina Calvo. Entre otros, ha sido colocado en la primera empresa pública el presidente de la Casa de Uruguay en las islas, Humberto Yocco.

¿Por qué ha estallado ahora el escándalo?

Al expulsar en febrero el PSOE a UM de las instituciones por sus casos de corrupción, los sudamericanos se quedaron sin trabajo. Consideran que UM les ha traicionado porque les prometió un empleo durante toda la legislatura y han decidido contar cómo se les compró.

Antich, 'president' por 451 votos de UM

>La trama urdida por Unió Mallorquina en las elecciones de 2007 para captar votos entre los colectivos de inmigrantes resultó decisiva para cambiar el signo político de Baleares, ya que permitió a Maria Antònia Munar entregar el Gobierno regional y el principal Ayuntamiento de las islas, el de Palma, a los socialistas.

>Con que UM hubiera sumado 451 votos menos en los comicios autonómicos, el PP habría obtenido un diputado más en Mallorca y la formación de Munar uno menos, lo que habría permitido a los 'populares' alcanzar 30 escaños en toda Baleares, la mayoría absoluta, y, por tanto, seguir gobernando.

>Según el estudio realizado por este periódico -que se resume en el gráfico-, con esos 451 sufragios menos, UM habría obtenido sólo dos diputados y no tres, y el PP, 17 en lugar de 16, según la distribución de escaños que se realiza aplicando la Ley D'Hont a los resultados de la circunscripción de Mallorca.

>Tras las elecciones, el partido de Maria Antònia Munar decidió romper el pacto que había mantenido con el PP de Jaume Matas en la legislatura 2003-2007 y le dio el poder al PSOE de Francesc Antich.

>En el Ayuntamiento de Palma, la diferencia que permitió a los socialistas arrebatar el poder a los 'populares' fue también cortísima: 615 votos. De nuevo, si UM hubiera obtenido ese número de sufragios menos de los que logró, habría sacado un concejal, no dos. De ese modo, el PP tendría ahora 15 ediles, no 14, que es el umbral de la mayoría absoluta en el Consistorio mallorquín.

>La única institución de Mallorca que no se habría visto afectada hubiera sido el 'Consell'.

DANIEL ÁLVAREZ / Palma

«Antich no debe seguir un segundo más»

El líder del PP balear denuncia que ocupa la Presidencia «con votos comprados» por UM

«La responsabilidad de un presidente sería no seguir ni un segundo más en su cargo. Si Antich quiere trabajar de verdad contra la corrupción, lo que tiene que hacer es plantearse si eso es compatible con seguir ocupando su silla gracias a los votos comprados de UM y además pagados por todos con dinero público».

Así de contundente se mostró ayer el líder del PP balear, José Ramón Bauzá, en declaraciones a este diario, al valorar la trama urdida por el partido regionalista para captar votos en la campaña de 2007, cuando UM logró tres diputados y fue clave para darle el gobierno al PSOE anulando el triunfo electoral de los populares, aún encabezados por Jaume Matas, que se habían quedado a un escaño de la mayoría absoluta.

El pacto que aglutinaron los socialistas, con esa mínima ventaja de un diputado sobre el PP, llevó a Matas a dejar la política para marcharse a Estados Unidos -luego ha tenido que regresar para rendir cuentas ante la Justicia- y posibilitó el actual Gobierno autonómico liderado por Francesc Antich. Éste se encuentra ahora instalado en la fragilidad desde que se vio obligado a expulsar a UM del Govern tras destaparse en una de sus áreas el primer caso de corrupción de la actual legislatura.

No obstante, Antich ha seguido contando con UM en votaciones clave en el Parlamento balear y espera su apoyo para salvar los presupuestos de 2011. Así lo ha hecho en los dos últimos años con el voto decisivo del ex portavoz parlamentario de UM Bartomeu Vicens, entonces imputado y en libertad bajo fianza, y condenado por corrupción al día siguiente de aprobar los presupuestos.

«Quien predica la anticorrupción se mantiene a conciencia porque sabe que depende exclusivamente de esos votos de UM», dice Bauzá de Antich, al que se enfrentará como candidato en las elecciones del año que viene. El presidente del PP balear, que intenta zafarse de la sombra de Matas y se ha comprometido a excluir a los imputados de su partido de las listas electorales, incide en que el Gobierno formado por el PSOE y la coalición de partidos de izquierda y nacionalistas «se sustenta en un pacto únicamente posible gracias a la compra de votos por parte de UM». «No lo inhabilita, pero pone en entredicho la responsabilidad y la dignidad de una presidencia».

Mientras, el PSOE no se da por aludido por el fraude electoral de UM y también acusa al PP de Matas de ganar las elecciones «de forma fraudulenta porque no dijeron lo que habían robado». Y Bauzá insiste en que Antich debería haber adelantado las elecciones, previstas para mayo de 2011. «Desde el mismo día en que rompió el pacto, ha tenido motivos de sobra; pero el caso más flagrante es la compra de votos, además con dinero de todos», recalca.