CARMEN REMÍREZ DE GANUZA / Madrid
José Luis Rodríguez Zapatero ofició ayer su salida de la depresión política en la que le habían sumido sus obligados recortes en las cuentas del Estado y en la política social del Ejecutivo, acometidos en medio de la máxima precariedad parlamentaria.
El jefe del Ejecutivo se reinventó a sí mismo y se presentó en rueda de prensa en La Moncloa, al cabo del último Consejo de Ministros previo a las vacaciones, como el líder suprarreformista de la política española, el adalid de unos cambios legislativos -la reforma laboral, la del sistema financiero y otros aún por venir, como la de las pensiones- que «poco a poco, han ido poniendo las cosas en su sitio», con respecto a la «recuperación» y la «credibilidad» de la economía española.
Pese a reconocer «seis meses difíciles» de «preocupación», y aunque pidió «cautela obligada» ante «una crisis económica tan compleja», el jefe del Ejecutivo presumió de haber liderado una «intensa acción de Gobierno», y de haber «luchado contra la inestabilidad de los mercados» y «por la solvencia del Reino de España», al punto de conseguir que «la credibilidad de la economía española sea hoy mejor que a principios de año».
Ni elecciones anticipadas, ni prórroga presupuestaria, ni cambio de Gobierno «pendiente» o, mucho menos, de Vicepresidencia económica: en el horizonte político de Zapatero a corto y medio plazo, tal como él mismo lo dibujó, sólo hay una negociación presupuestaria en ciernes con los partidos nacionalistas, a los que prometió «reconocer la tarea de apoyo a las reformas» en la Cámara; y nuevas «reformas decisivas»; más aún, «el proceso de reformas más ambicioso» de la reciente Historia, que, según subrayó, «darán resultado».
El mismo hombre que el año pasado las negaba al presidente del Banco Central Europeo Jean Claude Trichet por no figurar en su programa electoral, ayer alardeó de las recientes reformas laboral y financiera, y hasta adelantó con convicción la próxima reforma de las pensiones y de la edad de jubilación; amén de unos «cambios profundos en las políticas de empleo».
Lo mismo hizo al prometer, antes aún que las reformas, y como eje prioritario de Gobierno, una auténtica política de «austeridad». Como si naciera ayer mismo, como si nunca se le hubiera escuchado a la oposición pedir en vano y de manera reiterada ambas cosas, Zapatero prometió unos Presupuestos para 2012 «necesariamente restrictivos», para «ratificar» su «pleno compromiso con la solvencia de las finanzas públicas» y con el compromiso de reducción del déficit, en un 6% en 2010, y en un 3% en 2015.
«Sólo hace falta cumplir, cumplir y cumplir», fue ayer el eslogan político de un Zapatero revestido con el regeneracionismo de Adolfo Suárez: «Puedo prometer y prometo». Así, el nuevo líder reformista argumentó que «la economía española tiene fuerza para crecer, pero el esfuerzo debe ir acompañado de la tenacidad en la aplicación de las reformas». Consciente de encontrarse en un momento en que «se va a escrutar el cumplimiento de las reformas», aseguró que «en lo que depende del Gobierno, vamos a perseverar en la austeridad, en más reformas y en nuestro compromiso con la cohesión social».
He ahí, relegado al tercer puesto, el que fuera primer eje de la política de Zapatero antes de verse obligado a rectificar. Lo curioso es que, en este capítulo, lo único que prometió fue desarrollar una de las resoluciones aprobadas por el Congreso tras el reciente Debate sobre el estado de la Nación -por cierto, a propuesta del PP-, para prolongar la ayuda de 426 euros a los parados de larga duración y sin ingresos, que fue abolida con el decretazo de recortes. La medida será acordada en el Consejo de Ministros del próximo 20 de agosto, pero entrará en vigor cuatro días antes, el 16.
Capítulo aparte, en el alarde de elasticidad política de Zapatero fue su defensa de la reforma laboral. El día en que acababa de lograr que el Congreso convalidara el abaratamiento del despido mediante su flexibilización por causas económicas, el jefe del Ejecutivo socialista proclamó que «la reforma laboral es para evitar despidos».
Su principal argumento fue que «la reforma es un todo» y que, junto a las nuevas condiciones de despido, incluye medidas previas que podrán evitarlo, como la flexibilización de la jornada laboral, o el «desenganche» de los convenios, que posibiliten posibles bajadas de sueldos. «Mejor que 20 trabajadores se bajen el sueldo a que se vean despedidos», ejemplificó.
Pero además, tras detenerse a leer la textualidad de la reforma, Zapatero argumentó que la primera condición para el llamado despido objetivo es «que la empresa no sea viable», y la segunda, «que se acredite ante un juez». «Si abrimos la posibilidad de más causas objetivadas, que den más seguridad jurídica, favorecemos la contratación», llegó a afirmar.
Sin duda, éste fue el asunto que más parecía preocuparle, en tanto que fue al que más tiempo dedicó.
¿'PROCESO DE PAZ'?
«Sólo los que se separen de la violencia estarán en las instituciones».
El segundo de los asuntos, en orden de interés, fue el relativo a la política antiterrorista y las recientes y polémicas excarcelaciones y acercamientos de presos a las cárceles del País Vasco. Claro que no fue por su gusto. Zapatero hubo de contestar hasta tres veces a las preguntas de los periodistas, y lo hizo con sumo cuidado.
Primero, para negar solemnemente un cambio de política penitenciaria: «Es la misma que se ha aplicado en democracia por todos los gobiernos, tendentes a acabar con ETA»; pero también, según añadió, «para debilitarla». Segundo, para arremeter contra el PP por, precisamente, alertar de un posible cambio de política y «volver a abrir el debate político» en torno a ETA.
Pero, en tercer lugar, Zapatero se esmeró en dejar abiertas algunas puertas al mundo abertzale, hasta el punto de sembrar nuevas dudas sobre una eventual vuelta a la anterior política. Y es que, tras defender el proceso de paz de la anterior legislatura como un «instrumento» que «aceleró el final de la violencia, debilitó a la banda y le restó apoyos», eludió por dos veces contestar si estaría dispuesto a reanudarlo. También eludió la pregunta de si Batasuna y ETA son lo mismo.
Por el contrario, tras asegurar que «ETA sólo tiene un destino, dejar las armas, y que no espere nada a cambio», hizo una magnánima invitación de cara a las próximas elecciones municipales y forales, en la que no exigía condena explícita de la banda: «Aquéllos que no se separen de lo que significa la violencia», dijo, «no tendrán ninguna representación político institucional, bajo ningún concepto». Eso sí, se refirió a la reciente reforma de la Ley Electoral y apuntó que si, a pesar de ello, alguno de estos partidos cuelan en las instituciones, «será expulsado».
TOROS Y POLÍTICA
«El Gobierno será respetuoso con las competencias de las comunidades autónomas».
En un semestre político marcado por el Estatut, la sentencia del Tribunal Constitucional y la creciente tensión entre la Generalitat, los partidos nacionalistas y el Gobierno de España, la cuestión catalana apenas se coló en el balance por el callejón de los toros. El presidente del Gobierno admitió que «habríamos preferido que no hubiera habido prohibición», pero se apuntó a la «acertada declaración» de José Montilla de «respeto a todas las posiciones». «Se puede discrepar de la decisión pero no se debe politizar», afirmó en consonancia con el presidente de la Generalitat.
Y por si quedaran dudas, Zapatero vino a descartar un apoyo a la proposición de ley del PP para proteger la Fiesta en toda España. «El Gobierno es y será respetuoso con las competencias de las comunidades autónomas», aseguró.
DAMIÁN VILLEGAS / Toledo
RAJOY
«Zapatero ni tiene apoyos ni va a crear empleos»
El líder del PP le exige explicaciones sobre la nueva política penitenciaria y le recuerda que no debe negociar con ETA
Corresponsal
El presidente del PP, Mariano Rajoy, aseguró ayer en Toledo que los datos de la última Encuesta de Población Activa -EPA- son «terribles e injustos y no me voy a resignar a que España tenga una tasa de paro del 20%». También criticó la reforma laboral de los socialistas porque «no tiene el apoyo de nadie y no va a crear ni un empleo» y exigió al Gobierno que explique públicamente qué está haciendo y porqué con los presos de ETA.
El líder popular, que presidió junto a María Dolores de Cospedal una reunión extraordinaria del Comité Ejecutivo Regional del PP castellano-manchego, afirmó que su partido no se va a resignar a que «haya 4,6 millones de españoles que quieren trabajar y no pueden, a que en 1,3 millones de hogares no trabaje ninguno de sus miembros y que más del 42% de los jóvenes estén en paro». Recordó que cuando Zapatero llegó al Gobierno en 2004 había dos millones de parados ,y ahora, hay más del doble. Por ello, se comprometió a que «con otra política económica -la que aplicaría el PP-, el paro se reduciría a la mitad como hicimos en su día» y añadió que el objetivo más importante de su gobierno sería crear empleo, porque «se puede hacer y los vamos a hacer», argumentó.
El presidente del PP calificó la reforma laboral como un «nuevo error» del Gobierno de Zapatero, ya que, en su opinión, «no va a crear más que problemas» y por el contrario, «no va a crear ni un puesto de trabajo». Además, «no tiene el apoyo de nadie, ni de los sindicatos ni de los empresarios, y ha sido votada solamente por los socialistas», agregó. La reforma del mercado de trabajo se «centra en una sola cosa: el despido», y no regula otros aspectos importantes que «servirían para crear nuevos puestos de trabajo».
Rajoy hizo balance del primer semestre del año 2010: un año marcado por «el desempleo, los recortes sociales y la falta de seriedad y sentido común del Gobierno». Frente a este panorama, situó al PP como alternativa porque «esto tiene solución y se pueden hacer las cosas de otra manera».
Zapatero no se puede quejar de este balance y de sus políticas, ya que «le advertimos hasta la saciedad que no podíamos gastar por encima de nuestras posibilidades», dijo. Por el contrario, Zapatero «no hizo nada salvo decir que tenía razón; desgraciadamente no la tenía y así estamos como estamos».
El líder del PP hizo un dibujo de España bastante negro. Así, señaló que los españoles son hoy más pobres porque hay más personas en paro, se han subido los impuestos y congelado las pensiones, a muchos funcionarios se les ha bajado el sueldo un cinco por ciento, y «muchos autónomos y pymes no pueden conseguir créditos porque nuestros ahorros valen menos de lo que valían ayer».
Acusó de nuevo a Zapatero de haber realizado el mayor recorte social de la democracia de forma «unilateral, sin acordar con nadie y sin informar», al congelar las pensiones «vulnerando el Pacto de Toledo», en el que se plasmó que las pensiones se revalorizarían anualmente según el IPC. «Es un hecho muy grave», puntualizó.
ETA
Exigió al Ejecutivo de Rodríguez Zapatero que sea transparente en su política antiterrorista, y explique a los españoles, en una convocatoria pública, lo que está haciendo en materia penitenciaria con los presos de ETA, como condición para que el PP mantenga su apoyo al Gobierno. «Las víctimas, los partidos y los españoles tenemos derecho a saber exactamente qué está haciendo y porqué», explicó. Sin embargo, reconoció que los permisos penitenciarios que se están concediendo a los etarras entran dentro de la legalidad, aunque también «podrían decidir no dárselos», comentó. Sentenció que «estos permisos son legales o no son ilegales, pero también es legal no concederlos».
Rajoy afirmó que su partido está apoyando al Gobierno en materia antiterrorista, con las premisas de que «no se negocie con ETA; para que ETA o sus franquicias no puedan presentarse a las elecciones, y para que se cumpla la ley y se derrote a ETA». Hizo hincapié en que mantendrán su apoyo «si no cometen errores».
ESTATUTO
En relación con el Estatuto de autonomía de Cataluña, el jefe de la oposición afirmó que el presidente del Gobierno a «engañado a todo el mundo». «Primero a los ciudadanos de Cataluña, a los que prometió lo que luego no cumplió, y luego al resto de los españoles diciendo que era plenamente constitucional».
Aseguró que espera que Zapatero no siga intentando engañar a todo el mundo, «que es la decisión en la que está», y le pidió que no se convierta en el intérprete de lo que dice el Tribunal Constitucional, «porque ni es su función ni es bueno para nadie».
«En el PP creemos en la Constitución y en una España plural, en la que tenemos que hacer un esfuerzo para entender a todos y ser conscientes de los sentimientos de todos». «España es muy diversa -continuó- y cabe un proyecto común para mejorar el bienestar de todos los españoles, y ahí estaremos nosotros, siempre en la Constitución, la Ley y el respeto a los españoles». Concluyó afirmando que es «muy duro ver» como el PSOE es incapaz de decir «cosas tan elementales y entendibles como que están en la Constitución, con la Ley o en el respeto a los tribunales, porque son incapaces de tener un solo criterio que les valga en cualquier lugar de España».
Santiago
Pacto social entre patronal, sindicatos y la Xunta gallega
La Xunta de Galicia, los sindicatos CCOO y la Confederación de Empresarios firmaron ayer en Santiago de Compostela un acuerdo de diálogo social para trabajar unidos con el objetivo de salir de la crisis.
Ésta es la segunda comunidad autónoma que firma su pacto social después de que el Gobierno de Castilla-La Mancha, presidido por José María Barreda, suscribiera hace un año el suyo con los sindicatos y los empresarios.
El pacto alcanzado en Galicia contempla una inversión de unos 1.400 millones de euros destinados al desarrollo económico de la región, así como la ratificación de 15 acuerdos que incluyen actuaciones que van desde el ámbito laboral e industrial hasta políticas sociales, de infraestructuras y de ordenación del territorio.
El acuerdo se ha venido gestando desde el pasado enero a lo largo de más de 80 reuniones. Entre las principales acciones, se contratará a 25.000 personas durante la legislatura (para ello, se invertirán 110 millones de euros), así como la modernización del Servicio Público de Empleo.
En el campo de la innovación, se simplificará el sistema de ayudas a emprendedores y se anticipará hasta el 80% de las subvenciones a las empresas. En materia de formación, se acordó crear una Comisión Gallega de Formación Continua y redefinir la Fundación Gallega de Formación para el Trabajo.
También se acordó hacer más accesible la vivienda, impulsando la rehabilitación y el acceso al suelo público para la construcción de viviendas en régimen de alquiler.
«Sindicatos, empresarios y políticos nos movemos con distintas dinámicas y con distintas motivaciones», expresó durante la firma del acuerdo el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo. Pero «compartimos lo esencial: el diagnóstico y las recetas, pero también trabajar a medio y largo plazo para salir fortalecidos de la crisis».
EPA. Zapatero resaltó además el crecimiento de la recaudación por IVA, que ha permitido una reducción del déficit del 25%, y la creciente confianza de los mercados en España. Su gran error fue haber dejado deteriorarse la situación durante tanto tiempo con el coste que ello ha implicado.
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