EDITORIALES: ¿Otra vez la camarilla de la policía socialista tratando de dañar a la oposición?

Su casa y su despacho fueron registrados y fue interrogado por la Policía

Interior debe explicar hoy mismo las causas de la detención de Ripoll

LA POLICÍA se presentó ayer a las ocho de la mañana con un mandamiento judicial de registro en el domicilio de José Joaquín Ripoll, presidente de la Diputación de Alicante y líder provincial del PP. Ripoll fue informado por un agente de que estaba detenido. Tras registrar la casa y posteriormente su despacho oficial, la Policía condujo a Ripoll a una comisaría de Alicante, donde fue interrogado por la tarde sobre sus actividades y patrimonio. Los agentes solicitaron en la Diputación el plan territorial de la Vega Baja de Orihuela y el contrato de adjudicación de una planta de reciclado de basuras. Mientras se practicaba este registro, la Policía procedió a detener a tres concejales de Orihuela y varios empresarios, entre ellos, el presidente del Hércules. Tras ser interrogado, Ripoll fue puesto en libertad a última hora de la tarde. El PP reaccionó a la detención, acusando al ministro del Interior de practicar una operación puramente propagandística. En efecto, lo sucedido ayer suscita una serie de importantes incógnitas que Rubalcaba debería aclarar hoy mismo. ¿Informó previamente el ministro a Rajoy de la operación? ¿Porqué se le dijo a Ripoll que estaba arrestado? ¿Había una orden judicial para detenerle? ¿De qué cargos se le acusa? ¿Quién decidió ponerle en libertad? ¿Supervisó el juzgado de Orihuela competente la actuación policial? A la espera de una explicación de Interior, creemos que un dirigente político de relevancia sólo puede ser detenido en delito flagrante o por orden judicial.

Trato benévolo a los evasores

Una amnistía fiscal encubierta para ricos

LA DUREZA con la que el Gobierno trata en público al colectivo de «los ricos» no pasa de ser un eslogan. La prueba es que a los contribuyentes que cazó en Suiza con 3.000 millones en cuentas opacas se les promete ahora un trato benévolo para que regularicen su situación. Hacienda les ofrece satisfacer una sanción hasta 23 veces inferior a la que se les podría aplicar, a cambio de que declaren todo el capital evadido. Esta decisión apunta a que lo que pretende la Administración es hacer la vista gorda con el fin de recaudar. La medida puede ser discutible, pero no cabe la hipocresía de afirmar que se está contra «los ricos» para apaciguar los ánimos de quienes sufren la crisis, y luego hacer lo contrario de lo que se dice.

Rubio cumplió con su deber

Un fallo ejemplar sobre el derecho a informar

EL JUZGADO de lo Penal número 5 de Madrid absolvió ayer a Antonio Rubio, subdirector de EL MUNDO, acusado de un delito de revelación de secretos. La sentencia señala que «el proceder del periodista estuvo dirigido en todo momento a informar al ciudadano sobre un grave atentado de candente actualidad y que afectaba al interés general». Se trata del tercer pleito sobre el 11-M que gana nuestro periódico, que fue absuelto de la demanda civil presentada por el ex comisario Sánchez Manzano y de otra querella de Rodríguez Ibarra, ex presidente de la Junta de Extremadura. Los jueces han reconocido siempre que EL MUNDO se limitaba a hacer su trabajo, confirmando la verosimilitud de las informaciones.

Por una reforma radical de las cajas de ahorros

EL GOBIERNO puede dar luz verde este viernes a la reforma de la ley que regula los órganos de dirección de las cajas de ahorros. Se trata de la tercera pata del programa de ajuste inducido por Bruselas a Zapatero: reducción del déficit, reforma laboral y reestructuración del sistema financiero, que se inició con las fusiones frías y la apelación al dinero del Frob para sanear las cajas y los stress tests a la banca. La reforma de la denominada Ley de Órganos de Representación de las Cajas de Ahorro (LORCA) tiene un eje central: su bancarización o, lo que es lo mismo, crear sociedades que sean capaces de competir y crecer en el nuevo sistema financiero internacional que está emergiendo de las ascuas de la crisis.

Con este objetivo, es imprescindible retirar a los políticos de la gestión de las cajas y, a la vez, dotarlas de instrumentos con los que puedan captar capital de calidad -lo que los técnicos denominan core capital o recursos propios básicos-, que en los bancos son las acciones y aquí se denominan cuotas participativas con derechos de voto.Esto significa que si la ley sale adelante como la contempla el Ejecutivo va a permitir que los inversores que pongan su dinero en una caja de ahorros puedan controlar su gestión. Según el borrador, las cuotas podrán alcanzar hasta el 50% del patrimonio de la entidad y, por lo tanto, de los derechos de voto en la asamblea.

Pero para que los inversores tengan más poder en las cajas es necesario reducir el que ahora poseen los políticos. Y este es otro de los grandes cambios que plantea la reforma. Después de un intenso proceso de negociación con el sector, el Ejecutivo ha optado por rebajar del 50% actual al 40% la presencia de instituciones políticas en los órganos de gobierno de las cajas y eliminar totalmente la presencia de cargos electos -diputados autonómicos y provinciales, alcaldes y concejales-. El 60% restante quedará en manos del capital privado -los tenedores de cuotas participativas- y de otras organizaciones que ya están presentes como sindicatos, empresas, cámaras de comercio y otras entidades representativas de la zona de influencia de la entidad.

¿Va bien encaminada la reforma? Indudablemente, porque la crisis financiera ha sacado al descubierto que la supervivencia de las cajas de ahorros -la mayoría de ellas- pasa por no seguir viviendo como si fueran pequeños institutos oficiales de crédito autonómicos al servicio del político de turno.

¿Tiene riesgos? También. La experiencia demuestra que no hace falta que los políticos controlen directamente el 50% del consejo de administración de una caja; pueden hacerlo perfectamente en coalición con alguna de esas organizaciones -sindicatos, cámaras de comercio, universidades...- que se mantendrán en la gestión. Además, porque a pesar de que las fusiones frías han dado lugar a cajas con mayor tamaño, en algunos casos puede ser complicado conseguir inversores privados que apuesten por una entidad si en la práctica no van a tener el control. Y, en tercer lugar, puede darse que los gestores de las nuevas cajas se alíen con un grupo de esos inversores para manejar la institrución a su antojo.

¿Se pone con esto punto y final a la reforma de las cajas? No debería ser así. Este periódico mantiene, como muchos analistas, que el problema de las cajas sólo se resolverá con su conversión en sociedades anónimas tras separar el negocio bancario de la obra social. El Gobierno se acerca un poco más a ese objetivo y el éxito de esta reforma se medirá según sea capaz de preparar el próximo paso hacia el nuevo estatus jurídico del sector. Por eso cabe preguntarse si el Gobierno debería haber ganado tiempo afrontando de lleno ya la solución definitiva de las cajas de ahorros.

El Mundo en dos minutos
Sobre la polémica Ley del Aborto

LA POLICÍA DE RUBALCABA MONTA DE NUEVO TELEDIARIOS

ANA S. MOLLÁ / Alicante

La Policía de Rubalcaba detiene al líder delPP de Alicante durante 12 horas

Los agentes acudieron al domicilio de Joaquín Ripoll con una orden de registro y le dijeron que estaba detenido
Posteriormente fue conducidoa su despacho oficial, donde le requisaron documentos, y después le llevaron a comisaría
Tras interrogarle le pusieron en libertad, aunque tendrá que comparecer en el juzgado por un caso de corrupción

La detención del presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll, y el registro de su domicilio, sobre las ocho de la mañana -en una operación que se prolongó durante 12 horas-, marcaron ayer el pistoletazo de salida de un operativo policial perfectamente sincronizado y tutelado por la Fiscalía Anticorrupción que amenaza con desestabilizar todo el poder del Partido Popular provincial.

La Diputación de Alicante, el Ayuntamiento de Orihuela, Valencia y las oficinas de varias empresas del máximo accionista del Hércules, Enrique Ortiz, fueron los escenarios donde se representó el primer acto del que puede acabar siendo el Gürtel alicantino. De hecho, Ortiz aparece en el sumario de Gürtel como presunto colaborador en una posible financiación ilegal del PP.

Los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) investigan ahora en la operación Brugal una supuesta red de comisiones, sobornos, regalos y prebendas a cambio de adjudicaciones relacionadas con la gestión de residuos.

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Cohecho, tráfico de influencias, prevaricación, fraude y encubrimiento son los delitos que en principio se les imputan a los 11 detenidos. Según fuentes cercanas al caso, las pesquisas de Anticorrupción también incluyen el escrutinio del patrimonio inmobiliario y los movimientos de cuentas de quien ejerce como bastión del zaplanismo en Alicante. Por su parte, la Policía realizó hasta 19 registros en los que se incautó de dinero en efectivo, numerosa documentación y soportes informáticos. A última hora de la tarde, los arrestados salieron en libertad con la obligación de comparecer ante el juez de Orihuela.

La peripecia policial del presidente de la Diputación de Alicante y líder del PP en la provincia, José Joaquín Ripoll, comenzó a las 8.00 horas en su domicilio, donde se presentaron varios agentes de Policía y un secretario judicial. Según fuentes próximas a Ripoll, que les relató los hechos, le mostraron un mandamiento judicial, aunque no recuerda su contenido, si era el correspondiente al registro de su domicilio, a su detención o a ambas cosas. En todo caso, los agentes le informaron de que estaba detenido y, durante cuatro horas, registraron exhaustivamente su domicilio. Según las mismas fuentes, los policías sólo se incautaron de alguna factura de un viaje y papeles sin especial relevancia.

Los agentes le preguntaron también si guardaba dinero en efectivo. Ripoll les abrió su caja fuerte, en la que guardaba unos 4.000 euros, la mitad de ellos de su mujer. La Policía contó el dinero y se lo devolvió.

A las 12.00 horas, le trasladaron a la sede de la Diputación de Alicante, en el centro de la ciudad. Allí procedieron al registro de su despacho hasta las 14.30 horas. El interés de los agentes se centró en el expediente del plan territorial de la Vega Baja alicantina y, concretamente, en la adjudicación de una planta de procesamiento de residuos a la empresa Cespa-Ortiz.

A continuación, según el entorno del presidente de la Diputación, se desplazaron hasta la comisaría provincial, donde, tras la comida, en torno a las 17.00 horas, los policías comunicaron a Ripoll que no le iban a llevar ante el juez y que, si no tenía inconveniente, le iban a formular una serie de preguntas.

En este momento, Ripoll cuenta que oyó a un agente preguntarle a otro si terminarían a tiempo de ver el partido entre Uruguay y Holanda, a lo que le dijeron que sí.

El interrogatorio policial consistió, según el relato al que ha tenido acceso este periódico, en apenas media docena de preguntas, entre ellas si tiene dinero en paraísos fiscales, si ha cobrado comisiones y si ha favorecido a algunos de los adjudicatarios del plan de la Vega Baja.

A todo respondió Ripoll con un «no», e insistió en que la adjudicación del tratamiento de residuos se aprobó por unanimidad. El interrogatorio fue muy breve y, tras informarle de que también habían sido detenidos, y puestos en libertad, tres concejales del Ayuntamiento de Orihuela -a los que al parecer se les dijo que se trataba de una «detención técnica»-, el presidente de la Diputación pudo irse libre a su casa, a la espera de una próxima comparecencia ante el juez que investiga este presunto caso de corrupción.

Entre los primeros detenidos, además del presidente de la Diputación, se encontraban los tres concejales del equipo de gobierno municipal de Orihuela (también del PP) y un empresario.

Según fuentes cercanas al caso, la Policía se llevó del Ayuntamiento oriolano fotocopias de las adjudicaciones aprobadas en el último año, entre las que no figuraba ninguna contrata a Enrique Ortiz ni al empresario arrestado, Ángel Fenoll, que tiene una empresa de basuras.

Al primero, la operación le pilló en Pamplona, donde se había desplazado con unos amigos para asistir a los sanfermines. La Policía Nacional le recomendó que se presentara voluntariamente en la comisaría más cercana, aunque decidió regresar a Alicante y colaborar en los registros de sus empresas.

La operación orquestada por la Fiscalía Anticorrupción llevaba larvándose nada más y nada menos que desde 2006, cuando estalló el escándalo por un soborno en la contrata de basuras del Ayuntamiento de Orihuela.

A partir de ahí, la maquinaria judicial se puso en marcha y las escuchas se multiplicaron, hasta alcanzar a las cúpulas del poder político y empresarial de la provincia.

OORBYT.es

>Vea hoy en EL MUNDO en Orbyt el análisis de Miquel González sobre la detención de Ripoll.

M.G. / R.N.G./ Orihuela

¿Qué hay detrás del escándalo de las basuras?

Unas grabaciones dieron origen al 'caso Brugal' y a una denuncia contra el PSPV por financiación irregular

La operación que ha acabado con la detención y posterior puesta en libertad del presidente de la Diputación de Alicante, del empresario Ángel Fenoll y de varios concejales de Orihuela tiene su origen en unas grabaciones que dieron pie al escándalo de las basuras, que se conoció en 2006. Las cintas, que recogían el supuesto pago de comisiones a concejales, obligaron a paralizar la adjudicación de la contrata de basuras de Orihuela. Desde entonces ya se han producido dos actuaciones judiciales con varias detenciones de políticos.

1La cinta con las grabaciones del pago de comisiones.

En marzo de 2006, el empresario Ángel Fenoll hizo públicas las cintas en las que se recoge el pago de comisiones por adjudicar el servicio de recogida de basuras a Urbaser. El escándalo paralizó la contrata y abrió un cisma en el Partido Popular de Orihuela. El alcalde y sus ediles afines se posicionaron contra la presidenta local, Mónica Lorente. La consecuencia fue que el primero, José Manuel Medina, fue apeado de la lista municipal del PP y Lorente, elegida nueva candidata a la Alcaldía para los comicios de 2007.

2El caso llega a la Fiscalía Anticorrupción.

El entonces portavoz socialista, Francisco García Ortuño, llevó el caso a la Fiscalía Anticorrupción. Fenoll declaró ante el fiscal Anticorrupción, Felipe Briones, y aportó las cintas, que posteriormente desvelaron las operaciones del caso Brugal. A su vez, García Ortuño denunció que el PSPV también se podía estar financiando en esta operación e implicó a dirigentes de su partido. La Fiscalía del TSJ abrió una investigación sobre este particular y meses después lo archivó al no ver indicios de delito. En Alicante, Anticorrupción siguió con sus pesquisas, que en 2007 provocaron la detención de Ángel Fenoll, su hijo y un operario suyo que había sido elegido por las listas del PP de Albatera. El empresario pasó varios días en la cárcel por riesgo de fuga.

3La adjudicación final a Sufi tras el escándalo.

El equipo de Gobierno trató de superar la polémica generada por la anulación del primer concurso con una nueva convocatoria, en la que concertó el asesoramiento legal y técnico de la Universidad Politécnica de Valencia (UPV). En las bases de esa segunda licitación quedaba contemplada la construcción de una planta comarcal de residuos del Plan Zonal del área XVII, aunque no era una condición que puntuase, sino que figuraba como el lugar al que se debían trasladar los residuos urbanos. Sea como fuere, al nuevo concurso concurrieron siete empresas y, finalmente, la contrata se adjudicó por unanimidad en septiembre de 2008 a una unión temporal de empresas liderada por Sufi, en colaboración con Liasur y Gobancast. El contrato ascendía a 9,5 millones anuales durante 10 años, prorrogables por dos periodos de cinco años.

4La planta de residuos comarcal concedida a Ortiz.

Justo a principios de ese mismo año, en enero de 2008, el empresario alicantino Enrique Ortiz se había hecho con la gestión de la planta comarcal de residuos de la Vega Baja por 20 años. Su plica, presentada en unión temporal de empresas junto a Cespa, resultó adjudicataria de su construcción y gestión con el respaldo unánime del consorcio comarcal de la zona XVII, en el que se hallan representados los 27 municipios de la comarca de la Vega Baja bajo la presidencia del titular de la Diputación Provincial, José Joaquín Ripoll. Su plica preveía ubicar el basurero en la pedanía oriolana de Torremendo, lo que provocó el rechazo social de sus vecinos. A ese malestar se sumó la crítica de la alcaldesa de Guardamar, la socialista Marylène Albentosa, quien admitió que los representantes del PSOE votaron a favor de la adjudicación porque era la plica mejor valorada, aunque apuntó que la documentación se les facilitó a última hora.

5El cambio de ubicación y la finca de Ángel Fenoll.

Con todo, la polémica no terminó aquí. Seis meses después de la adjudicación a Ortiz-Cespa, el consorcio comarcal aprobó cambiar la ubicación prevista para la construcción del vertedero comarcal desde su emplazamiento inicial, en la finca de La Cartagena, a la finca de La Pistola-La Ermita, a cuatro kilómetros del lugar original pero también en la misma pedanía de Torremendo. En aquel momento, el propio presidente de la Diputación justificó la modificación en la mejora social que suponía desplazar la instalación respecto al núcleo habitado de Torremendo.

Sin embargo, lo cierto es que en ese caso concurrieron dos circunstancias que avivaron la polémica. La primera, que la finca elegida para la nueva ubicación era propiedad del empresario Ángel Fenoll. De hecho, figuraba en la plica que su empresa Proambiente presentó para hacerse con la gestión del vertedero. Y la segunda, que esa ubicación fue descartada por los informes técnicos que se sopesaron en el consorcio, al resolver la adjudicación al constatar que, en parte, afectaban a «suelo forestal y geológicamente inadecuado».

Hoy por hoy, tras la resolución definitiva de las alegaciones presentadas, todavía no se ha aprobado el proyecto final del vertedero. Y los acuerdos del consorcio siguen pendientes de los contenciosos presentados por los vecinos de Torremendo y por el mismo Ayuntamiento de Murcia, que se considera afectado por la proximidad de la instalación.

EL ENRIQUECIMIENTO DESMESURADO DEL SOCIALISTA BONO: Anticorrupción dice que «La investigación sobre Seseña sigue abierta». La Fiscalía dice que ha int

CARLOS SEGOVIA / Madrid

Anticorrupción: «La investigación sobre Seseña sigue abierta»

La Fiscalía dice que ha interrogado a miembros de la Junta y «espera documentación»

La Fiscalía Anticorrupción proclamó ayer que su larga investigación sobre el escándalo urbanístico en Seseña (Toledo) «sigue abierta». Salió así al paso de las acusaciones que ayer mismo reiteró la secretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, sobre la pasividad de la Fiscalía con José Bono en su etapa al frente de la Junta de Castilla-La Mancha en contraste con su actividad contra políticos del PP.

La Fiscalía ha confiado la investigación de Seseña a la número dos de Anticorrupción, la teniente fiscal Belén Suárez, «porque es un caso importante», según fuentes de la institución. Y ésta autorizó ayer un inusual comunicado en el que niega implícitamente pasividad y da escueta cuenta de lo que ha hecho hasta ahora. «Con fecha 25 de julio de 2006, la Fiscalía inició unas diligencias informativas para determinar posibles irregularidades cometidas en el ámbito municipal de Seseña». Lo hizo entonces al recibir una denuncia de Izquierda Unida contra, entre otros, el equipo municipal socialista de Seseña y el ex presidente de la Junta castellanomanchega José Bono.

«En el curso de dichas diligencias, el representante del Ministerio Público tomó declaración a diversos responsables de la Junta de Castilla-La Mancha, y solicitó a diversos organismos públicos y entidades privadas diversa documentación sobre la recalificación urbanística decidida en el municipio toledano». Anticorrupción dice que se encuentra ahora pendiente de esos datos. «La investigación de la Fiscalía Anticorrupción continúa abierta, a la espera de recibir la documentación solicitada con el fin de averiguar posibles responsabilidades en la mencionada actuación urbanística».

Fuentes de la Fiscalía declinaron precisar más a este diario contra qué instituciones, empresarios o altos cargos continúa abierta la investigación porque señalaron que el espectro es aún amplio y que no cabe descartar a nadie por ahora. Por tanto, ni Bono, ni el actual presidente de la Junta, José María Barreda, ni el promotor Francisco Hernando, El Pocero, pueden dar aún el caso oficialmente por cerrado o archivado.

Según el comunicado, de momento, sólo han tomado una iniciativa ante los tribunales: «Con fecha 9 de julio de 2008, la Fiscalía presentó una denuncia en el Juzgado de Instrucción de Illescas contra el que fuera alcalde de Seseña, José Luis Martín, por los posibles delitos de prevaricación, cohecho y delito contra la Hacienda Pública». Martín era el alcalde socialista de Seseña que recalificó -en su último Pleno municipal antes de perder el cargo- 1,8 millones de metros cuadrados en favor de El Pocero, tras reunirse previamente con el consejero de Urbanismo de la Junta de Bono, Alejandro Gil.

La Fiscalía admite la existencia del informe que publicó EL MUNDO el pasado lunes firmado por el jefe de la unidad de apoyo a Anticorrupción en la Intervención General del Estado, Jaime López Alonso. Éste aseguraba que no había razones que explicaran la pasividad de la Junta de Bono con el escándalo «salvo grave dejación de responsabilidades o protección de intereses ilegítimos».

Pero, según Anticorrupción, este misil del interventor no significaba que éste viera potenciales delitos en la Junta: «Las conclusiones del mencionado informe, recibido el 14 de mayo de 2007 [tres días después del sello de entrada del documento], no apoyaron la existencia de posibles responsabilidades penales en el ámbito de la Comunidad Autónoma». En todo caso, Anticorrupción subraya que fue ella quien solicitó este informe al interventor, como prueba de que estaba practicando diligencias.

EUROPA RESPIRA, MISTER BEAN VUELVE A ESPAÑA. ACABÓ SU TURNO DE HACER EL RIDÍCULO INTERNACIONAL

MARÍA RAMÍREZ / Estrasburgo

La Eurocámara, «decepcionada»

Sólo los socialistas alaban a Zapatero en el debate sobre el balance de la Presidencia europea, en el que los liberales la compararon con «el Mundial de Fernando Torres»

Enviado especial

En un debate frío, solitario, un poco agrio y monopolizado por los españoles del Parlamento europeo, José Luis Rodríguez Zapatero afrontó ayer las críticas a la Presidencia española hasta por parecerse al «Mundial de Fernando Torres: con grandes expectativas, pero que luego decepciona un poco».

Agarrado a sus papeles ante cientos de escaños vacíos, el presidente Zapatero defendió «el avance sustancial del Gobierno económico» de la UE y «la generosidad» y «altura política» del semestre español.

El presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durão Barroso, alabó la gestión «muy positiva y acertada» de España «en un momento difícil». «Ha sido una prueba de estrés a toda la UE», dijo el conservador portugués, que insistió en «el esfuerzo y la honestidad» del Gobierno en medio de la crisis y el nuevo reparto de poderes entre las instituciones.

A excepción de los socialistas, la mayoría de los eurodiputados fue crítica y el presidente se topó hasta con una euroescéptica británico-española que comparó a España con Zimbabue por los abusos urbanísticos.

El líder de los populares europeos, Joseph Daul, reconoció las dificultades del semestre en una intervención suave en la que mencionó los «casi cinco millones de parados» españoles y lamentó la suspensión de la cumbre con EEUU. El liberal Alexander Lambsdorff describió la decepción de su grupo con el fútbol. La Presidencia ha sido, según él, como «el Mundial de Fernando Torres, con grandes expectativas, pero que luego decepciona un poco».

El líder verde, Daniel Cohn-Bendit, aseguró estar «sorprendido» porque Zapatero y Barroso presumieran de haber «cumplido las expectativas». «Nadie lo nota», se quejó el francés. El conservador británico Timothy Kirkhope describió la Presidencia como «poco inspirada». Varios parlamentarios hablaron de «oportunidades perdidas».

Los eurodiputados españoles hicieron activa oposición. El líder popular Jaime Mayor Oreja criticó la «falta de previsión» ante la crisis y recordó que el presidente «no estaba en condiciones de participar en el liderazgo» en Bruselas por ser «parte del problema». Izaskun Bilbao, del PNV, dijo que al presidente le falta «autoridad» por «los pésimos datos de España». Willy Meyer, de IU, se quejó de que la Presidencia haya ayudado a «desmontar el modelo social». Y los catalanes aprovecharon para criticar la sentencia del Constitucional sobre el Estatuto y reivindicar la independencia de Cataluña.

Zapatero intentó quedarse con los mensajes positivos. «He asistido con interés al debate del Parlamento Europeo… Está muy presente el espectro ideológico también aquí. Es muy notable el tono distinto de los eurodiputados del Grupo Socialista a una parte de los eurodiputados del Grupo Popular», explicó el presidente, en rueda de prensa. «Algunos eurodiputados echaban de menos el Parlamento español», añadió.

Los eurosocialistas se quedaron tristones tras la sesión. «No hay grandes daños, pero tampoco hemos salido con buen sabor de boca… Pensaba que iba a haber más voces favorables», comentaba su líder, Ramón Jáuregui.

En cualquier caso, el balance de la Presidencia interesó poco en Estrasburgo. El Hemiciclo de 736 parlamentarios se redujo a unas pocas decenas. Al final, sólo quedaban españoles.

AGUSTÍN YANEL / Madrid

El PP da un 'notable' a Rubalcaba por su trabajo en la UE

El ministro está satisfecho con lo realizado, pero también admite carencias

El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, se encontró ayer con una inesperada sorpresa en el Congreso: mientras Mariano Rajoy y todos los dirigentes del PP critican y descalifican el semestre rotatorio de Presidencia española en la Unión Europea, porque dicen que ha sido un fracaso, el senador popular Luis Peral le otorgó a él una nota de 7 por la gestión que ha realizado en su área.

El ministro hizo balance, ante la Comisión mixta Congreso-Senado para la UE, de su trabajo en esos seis meses. Cuando acabó su exposición, el senador Peral le dijo: «La valoración de la parte que le ha tocado a usted es bastante favorable, tal vez porque se ha afrontado con escasa autocomplacencia y con prudencia, aportando a la Unión Europea buenas prácticas en esta materia tan importante para los distintos gobiernos de España».

Para ese senador, el trabajo realizado por el ministro merece una evaluación «bastante positiva», por lo que, en términos escolares, dijo que «progresa adecuadamente».

A renglón seguido, destacó los avances que se han logrado en la estrategia europea sobre seguridad interior, la lucha contra el terrorismo y la delincuencia organizada, así como en cooperación policial.

Ante ese balance positivo, Peral dijo que como se ha cumplido buena parte de los objetivos, no tenía «ningún inconveniente en dar al ministro «un 7», un notable.

A este senador le parece que el ministro ha actuado «con moderación, sin autosuficiencia e intentando convencer a Europa de las buenas prácticas que distintos gobiernos han hecho en España». Esos elogios no impidieron que también se refiriera a algunos aspectos negativos en la gestión del ministro, en la lucha contra la explotación sexual y la pornografía infantil, la protección de la infancia, la inmigración y el apoyo a las víctimas del terrorismo, en los que dijo que se ha avanzado poco.

El ministro se mostró satisfecho del resultado, en general, aunque reconoció que «no todo ha salido como habríamos deseado».

Entre los logros, destacó la aprobación de la estrategia sobre seguridad interior en la UE, la puesta en marcha del Comité de Seguridad Interior y la firma con Estados Unidos del llamado acuerdo Swift sobre transferencias internacionales de datos bancarios para perseguir a presuntos terroristas.

CULTURA SOCIALISTA DE MUERTE: El aborto socialista está en vigor

CARMEN REMÍREZ DE GANUZA / Madrid

El PP recuerda a Valcárcel que la Ley está «en vigor»

Murcia insiste en derivar los abortos a otras Comunidades

Desde Génova y desde el PP de Murcia se negaba ayer, de puertas afuera, la existencia de un conflicto interno a cuenta de la aplicación de la Ley del Aborto. Pero lo cierto es que la incomodidad dominó las relaciones entre la dirección nacional y la más intocable -por el número de votos- de sus baronías.

Ya en la tarde del pasado lunes, después de que todos los digitales abrieran con las reservas de Ramón Luis Valcárcel a acatar la Ley del Aborto, el presidente de Murcia recibió una llamada desde la planta séptima del edificio del PP en Madrid, donde se ubican los despachos de Mariano Rajoy y María Dolores de Cospedal.

Según las fuentes consultadas, Génova le llamó al orden sin tapujos, claro que evitando un tono correctivo y haciendo explícita su comprensión hacia los argumentos esgrimidos por el líder autonómico.

Y con este precedente fue como salió a la palestra Soraya Sáenz de Santamaría, la portavoz en el Congreso, a la que el guión de sus comparecencias de los martes obligó a trasladar la posición oficial del partido. «La ley ha entrado en vigor», fue su frase más contundente y repetida, si bien añadió: «Es cierto que se está tramitando una petición de suspensión. Espero que el Tribunal Constitucional resuelva cuanto antes para dejar su aplicación con plena seguridad jurídica».

Un argumento, este último, en el que abundó el vicesecretario del PP, Javier Arenas, quien fue por libre, y no sólo fue condescendiente con Valcárcel, sino que calificó su postura de «prudente». En declaraciones a la prensa en Jerez de la Frontera (Cádiz), Arenas dijo que «cuestiones como ésta» estarían resueltas si el Gobierno socialista no hubiese suspendido en su momento el recurso previo de inconstitucionalidad.

Hecha la advertencia -con esta última excepción-, lo cierto es que Génova se dedicó ayer a negar la mayor y asegurar que Murcia no se oponía en absoluto a practicar abortos. «Nadie ha dicho que no vaya a aplicar la Ley», decía una fuente oficial; «la posición expresada por el presidente de Murcia es una reflexión pendiente de la decisión del Tribunal Constitucional. La única comunidad que se ha rebelado es Navarra, donde gobierna UPN con apoyo de los socialistas. Así que se lo pregunten a éstos».

Lo malo es que la aparición, ayer, de la consejera de Sanidad del Gobierno murciano no resultó, en absoluto, una rectificación. Más bien al contrario, justificó la posición de su presidente con el argumento de que nadie ha criticado a la Generalitat de Cataluña por negarse a aplicar el real decreto en vigor que obliga a impartir tres horas a la semana de castellano en las escuelas, en tanto el Tribunal Constitucional resuelve el recurso del PP.

Además, la misma consejería informó ayer a Efe de que -al igual que hace Navarra- derivará a otras comunidades autónomas a las pacientes de esta región que quieran interrumpir sus embarazados porque este servicio sanitario no se practica en los hospitales públicos, dada la elevada objeción de conciencia de los médicos y porque no están resueltos los problemas administrativos para que las clínicas privadas revaliden sus permisos de acuerdo con la nueva ley.

La Consejería de Sanidad prometió, eso sí, que con la nueva norma elaborará un registro de objeción de conciencia y constituirá un comité ético-científico para el seguimiento de esta prestación.

Mucho menos confusos se mostraron los barones populares de Madrid y Galicia. La presidenta Esperanza Aguirre aseguró que el Gobierno regional aplicará la Ley del Aborto porque la región «cumple todas las leyes». Eso sí, su consejero de Sanidad, Javier Fernández-Lasquetty, puntualizó que ningún médico irá a la cárcel si se niega a practicar abortos, en un claro mensaje de que Madrid garantizará la objeción de conciencia.

Por su parte, el presidente gallego fue igualmente contundente: «Admitiendo que no pensamos igual que el Gobierno, una vez promulgada la ley, y mientras no se derogue, la Xunta «debe cumplirla y lo está haciendo».

A CONTRAPELO

SANTIAGO GONZÁLEZ

Las leyes son legales

La Ley del Aborto ha entrado en vigor, por más que algunos barones del PP no conciban esa razón, mayormente el presidente de Murcia, que pretende llamarse andana, como si la cosa no fuera con él. En rigor no va; no se acaba uno de imaginar al señor Valcárcel en semejante trance, y no sólo por la edad. «Murcianos de dinamita, frutalmente propagada», escribió Miguel Hernández en Vientos del pueblo, aunque, por razones obvias, no llegó a conocer al presidente Valcárcel. Tampoco había conocido a Miguel Sanz al emparentar a los leoneses y los navarros, «dueños del hambre, el sudor y el hacha».

Los citados abanderan la rebelión contra una ley que, como todas, debe ser aplicada en todo el territorio nacional. Lo ha dicho la ministra de Sanidad y lo ha venido a ratificar casi con las mismas palabras la portavoz popular, Sáenz de Santamaría: «La Ley del Aborto ha entrado en vigor y hay que aplicarla». Las leyes son legales y de obligado cumplimiento (tautología) y, aunque resulte difícil de entender para algunos, los presidentes autonómicos no pueden acogerse a la objeción de conciencia. Por otra parte, el Gobierno ha recordado al PP que el Constitucional no puede suspender cautelarmente la aplicación de la ley hasta que dicte sentencia sobre su constitucionalidad.

Y tiene razón. El PP ha planteado un recurso y el TC fallará en un plazo razonable, que podría no exceder de los cuatro años, en vista de lo visto. Dirá si la ley se adapta a la Constitución o no y, en este caso, en qué artículos, y entonces llegará el turno de que el Gobierno diga que se adapta bastante: en un 92, 95 o 98%, según el optimismo del ministro consultado, como ha pasado con el Estatuto. Pero no cabe que la suspenda de manera preventiva: «Sostener lo contrario supondría obtener artificiosamente los efectos de una suerte de recurso previo de inconstitucionalidad que no contempla la legislación vigente y cuya supresión fue decidida por las Cortes».

El recurso previo debería volver a implantarse. Con un cierto equilibrio, tampoco se trata de que la vida legislativa se colapse, por abuso del procedimiento, pero sería una forma razonable de evitar para el futuro, en otros casos, el desconcierto de los nacionalistas catalanes ante un fallo adverso después de un referéndum favorable y 33 leyes aprobadas al socaire. El Gobierno debería aplicarse su razonamiento y desistir de la idea de obtener artificiosamente la constitucionalidad de los artículos censurados, mediante una reforma legal. Cabría, siempre que la ley reformada sea la Constitución, que es el muro contra el que choca el Título III, Del Poder Judicial en Cataluña.

Además de la impulsora de la ley, ayer acudieron a defender su constitucionalidad el presidente del Gobierno y el ministro de Justicia, que ya habían avalado en reiteradas ocasiones antes la plena constitucionalidad del Estatut sin que el resultado avalara su ojo clínico. Habremos de esperar hasta que se pronuncie el TC. Mientras, la objeción de conciencia no es para el señor Valcárcel. Esperemos que la misma actitud moral que reivindicaba la insumisión militar defienda la cláusula de conciencia para los médicos.

Barcelona

La Fiscalía revisa el 'caso Morín'

Estudiará cada aborto por si se le puede aplicar la nueva ley

La entrada en vigor de la nueva Ley del Aborto puede dar un nuevo paso a la instrucción judicial contra el doctor Carlos Morín y 12 personas más que están acusadas por practicar una veintena de abortos ilegales en sus clínicas de Barcelona. La Fiscalía Superior de Cataluña estudiará cada caso denunciado en estas clínicas para saber si es legal con la nueva normativa y entra dentro de los supuestos en los que practicar el aborto ya no es delito.

El fiscal analizará las circunstancias de todos los expedientes de abortos para separar los que siguen siendo ilegales de aquellos que podrían quedar amparados por la nueva normativa. El Juzgado de Instrucción número 33 de Barcelona está investigando desde hace tres años estos supuestos abortos ilegales, ya que algunas de las mujeres estaban en avanzado estado de gestación. Los abortos se habrían cometido en las cuatro clínicas que Morín tenía en Barcelona.

El juzgado intervino 2.780 historias clínicas de pacientes que abortaron en estos centros. Pese a esto, se abrió investigación a 21 mujeres, aunque las diligencias abiertas en un principio contra ellas fueron archivadas. Quienes continúan imputados son Carlos Morín, su esposa y 11 colaboradores, entre los que hay médicos, personal sanitario y administrativo.

La juez que instruye el caso, Elisabeth Castelló, podría resolver la semana próxima si algunos de los abortos practicados en las clínicas son conformes con la nueva ley, porque se hicieron dentro de las 14 semanas que se permiten ahora para interrumpir la gestación sin dar explicaciones, o hasta la 22, en caso de riesgo para su salud física o psíquica y también por enfermedad grave.

ÁNGELES ESCRIVÁ / Madrid

El TC, sin potestad para suspender

El Gobierno alega que estaría aplicando el recurso previo, que ya fue suprimido

El Gobierno considera que el Tribunal Constitucional «carece de potestad» para suspender la vigencia de una ley aprobada por las Cortes; argumenta que los poderes del Alto Tribunal para tomar este tipo de decisiones están «tasados», y que no pueden extenderse a las normas emanadas del Parlamento porque éstas gozan de la «presunción de legitimidad» que esta institución les confiere; e insiste en que sostener lo contrario supondría «obtener artificiosamente los efectos de una suerte de recurso previo de inconstitucionalidad», suprimido en 1985.

Con esta argumentación principal, el Ejecutivo, a través de la Abogacía del Estado, ha rebatido en su escrito de alegaciones la solicitud del PP al Constitucional para que deje sin efecto la Ley del Aborto mientras decide sobre el fondo del recurso presentado por este partido. La Abogacía no se opone a la tramitación preferente del citado recurso, pero sí a la tramitación sumaria pedida por los populares -que no responde a ningún tipo previsto en las normas que rigen el Tribunal- y, con los argumentos señalados, a la suspensión de una ley que está vigente desde el pasado lunes.

El Constitucional anunció el 30 de junio la admisión a trámite del recurso promovido por más de 50 diputados del Grupo Popular en el Congreso en el que se impugnaban, entre otros, los artículos de la Ley en los que se permite el aborto libre hasta la semana 14ª de gestación y se señala que la decisión de abortar para las menores de 16 y 17 años les corresponde exclusivamente a ellas, previa comunicación a alguno de sus representantes legales. El Tribunal dio un plazo de tres días para la presentación de alegaciones respecto a la suspensión cautelar, que por parte del Gobierno le fueron remitidas ayer, y otro de 15 días para los argumentarios contra el recurso.

El Ejecutivo aporta una sentencia de mayo de 1985 en la que el Constitucional destaca la «presunción de legitimidad» de la que gozan los actos emanados del Parlamento, de modo que su suspensión automática sólo es posible cuando esté expresamente prevista y, «ni la Constitución ni la ley orgánica de este Tribunal han atribuido a la interposición del recurso de inconstitucionalidad acto suspensivo alguno cuando se dirige contra leyes del Estado, ni han otorgado al Tribunal la facultad de acordar en este caso la suspensión de la Ley impugnada». El propio Tribunal recordó que éste era el modo de evitar el «debilitamiento» de una ley estatal mientras se dictaba sentencia.

La Abogacía rechaza, asimismo, que los recurrentes tengan derecho a la «tutela cautelar» dado que los parlamentarios tienen legitimidad para presentar un recurso de inconstitucionalidad no en atención a un «interés propio», sino a su «alta cualificación política» y en defensa de los derechos de sus representados.

Por último, defiende la constitucionalidad de la ley argumentando que la norma actual «no introduce ex novo en nuestro ordenamiento jurídico las condiciones en las que es posible la interrupción voluntaria del embarazo, sino que se dirige a modificar dicho régimen jurídico a la luz de la experiencia acumulada en la aplicación del marco legal vigente».

No existe, por tanto, añade, ningún fumus mali iuris (apariencia de mal derecho) que sirva para «negarle [a la Ley] la presunción de legitimidad» y suspender sus efectos.

. SÁNCHEZ / M. CRUZ / Madrid

Vázquez no agrada a las dirigentes del PSOE, que piden una mujer

Fuentes del Gobierno apuntan que la elección del defensor del Pueblo está cerca

A las mujeres del PSOE no les gusta Francisco Vázquez como defensor del Pueblo. Lo dicen en privado y en público pero, sobre todo, defienden que en la renovación de esta institución le toca ahora el turno a una mujer.

La secretaria de Relaciones Internacionales del PSOE, Elena Valenciano, lo dijo alto y claro hace dos días en Radio Nacional, al ser preguntada por la posibilidad de que el actual embajador en El Vaticano ocupe el puesto que ha dejado vacante Enrique Múgica, como se apunta en algunas quinielas.

«No es el nombre que más me gusta, porque no ha sido el mejor acompañante en lo que respecta a los temas de igualdad de la mujer», dijo la dirigente socialista.

Valenciano no está sola. Su opinión es compartida por otras dirigentes del PSOE, entre las que posiblemente esté Leire Pajín, aunque la secretaria de Organización del PSOE no ha dicho nada ni en público ni en privado.

A nadie se le escapa que la posición de Vázquez en temas como el aborto provocaría más de una polémica con la postura del partido, sobre todo cuando el desarrollo de la ley tiene todavía recorrido y dificultades.

Además, una reivindicación ya vieja de las dirigentes socialistas es que sea una mujer la que presida el próximo mandato esta institución, una pelea que ya dieron cuando el PSOE optó por darle un segundo mandato a Enrique Múgica, en contra de su criterio.

Entonces, como ahora, los nombres de Francisca Sauquillo o Carmen Alborch se colocaron en primera fila, pero la necesidad y la dificultad de llegar a un pacto con el PP llevó entonces a Zapatero a ir por el camino más fácil y mantener a Enrique Múgica al frente, no sin bastantes opiniones en contra.

Ahora, parece que está todo más complicado, según fuentes del PSOE que, incluso, aseguran que Paco Vázquez no será Defensor del Pueblo en ningún caso, aunque es conocido su deseo de ocupar este cargo.

Sin embargo, fuentes del Gobierno aseguran que el nombre ya está decidido, que hay altas posibilidades de acuerdo con el PP -se necesita una mayoría cualificada en la Cámara Baja para este nombramiento, y el PSOE está obligado al consenso con los populares- y que, incluso, podría haber Defensor del Pueblo antes de final de mes.

Es previsible que la negociación se lleve al más alto nivel y que sea una conversación privada entre José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy la que pueda cerrar el acuerdo.

De momento, fuentes del PP apuntan que no saben nada de la renovación del Defensor del Pueblo y que nadie desde el Gobierno se ha dirigido a ellos para proponerles un candidato o intentar pactar una fecha para cubrir esta vacante, según informa Carmen Remírez de Ganuza.

La hasta ahora adjunta primera al Defensor del Pueblo, María Luisa Cava de Llano, ocupa en funciones el máximo cargo de la institución -tras el cese del ya ex defensor Enrique Múgica tras ocho años de gestión-, y el PP no se siente incómodo con esta interinidad.

No obstante, según fuentes del PP, se está abierto a la negociación con el Gobierno para cubrir oficialmente la vacante.

A nivel parlamentario, al Gobierno le restan tres días de plenos antes de que acabe julio para poder llevar la renovación a la Cámara Baja.

No obstante, algunas fuentes apuntan que no es una cuestión de urgencia y que es mejor llevar un pacto bien apuntalado, aunque sea necesario esperar a septiembre u octubre.

11-M: Absuelto el subdirector de EL MUNDO Antonio Rubio por sus revelaciones del 11-M

JOAQUÍN MANSO / Madrid

«Informó al ciudadano sobre un grave atentado de candente actualidad»

Absuelto el subdirector de EL MUNDO Antonio Rubio por sus revelaciones del 11-M

La investigación del 11-M del subdirector de EL MUNDO Antonio Rubio estaba «dirigida en todo momento a informar al ciudadano sobre un grave atentado de candente actualidad que afectaba al interés general». La Justicia ha absuelto al periodista con ese argumento reivindicativo de la libertad de información. Rubio ha pasado más de tres años imputado por revelación de secretos y la petición de la Fiscalía y del querellante, el confidente del 11-M Cartagena, era, antes del juicio, de tres años de cárcel y otros tantos de inhabilitación para el ejercicio de su profesión.

La Federación de Asociaciones de Periodistas emitió ayer un comunicado en el que se felicita por esa resolución y manifiesta su respaldo a Antonio Rubio, como ha hecho desde que se publicó la información que dio lugar al procedimiento, el 31 de mayo de 2005.

En esa noticia, el subdirector de EL MUNDO revelaba que un confidente, apodado Cartagena y cuyo nombre real es Abdelkader Farssaoui, estuvo infiltrado en la célula islamista de Serhane El Tunecino hasta fechas próximas al 11-M y facilitó a la Policía datos muy precisos sobre sus planes para atentar en España y otros -como matrículas de coche o números de teléfono móvil- para facilitar su seguimiento.

Es ya el tercer pleito en el que la Justicia respalda las investigaciones periodísticas de EL MUNDO acerca de la peor matanza de la Historia de España. En septiembre de 2009, el Juzgado de Primera Instancia número 56 de Madrid desestimó una demanda del ex comisario jefe de los Tedax Juan Jesús Sánchez Manzano. La juez destacó que «la información contenida en los artículos enjuiciados [un centenar] es veraz en lo sustancial» y reconoció «la diligente búsqueda de la verdad» sobre el atentado de este diario.

Antes, en septiembre de 2007, un juzgado de Mérida respaldó la «veracidad» de una noticia del vicedirector de EL MUNDO Casimiro García-Abadillo. Fue absuelto de una demanda del ex presidente de la Junta de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, por revelar que éste proporcionó al ex secretario de Estado Rafael Vera «un despacho y un teléfono seguros en las cercanías de Mérida» para que, a lo largo del 12 de marzo de 2004, utilizase sus contactos policiales y judiciales para facilitar al PSOE información privilegiada sobre el 11-M.

La resolución del Juzgado de lo Penal número 5 de Madrid, notificada ayer, absuelve a Antonio Rubio porque el periodista no vulneró el derecho a la intimidad de Cartagena al desvelar su identidad real y la foto del confidente -pero no el nombre ficticio que le había proporcionado el Ministerio del Interior- ni cometió un delito de revelación de secretos al publicar las notas confidenciales de la Policía. Su actividad estaba protegida por la libertad de información.

«Se trata de un periodista cuyo proceder estuvo dirigido en todo momento a informar al ciudadano sobre un grave atentado de candente actualidad que afectaba al interés general», razona la juez Carmen Viñaras. Y abunda: «No existe lesión del derecho a la intimidad al tratarse de asuntos concernientes a los servicios que, dentro de la Unidad Central de Información Exterior, prestaba el querellante como confidente».

La juez también rechaza que el confidente, «que incurrió en numerosas contradicciones y tenía problemas económicos, pueda alegar que se siente perjudicado por la noticia». «Lo que es claro es que, desde la publicación, Abdelkader siguió en contacto con el acusado, a quien consideraba 'su interlocutor periodístico', y le envió su currículum, que se presentaba como periodista y no denunció hasta dos años después».

FERNANDO LÁZARO / Madrid

Se querellan contra el investigador del chivatazo

Le acusan de detención ilegal en un caso de Asuntos Internos

De nuevo en los tribunales. Pero esta vez, como denunciado. El Sindicato Profesional de Policía quiere que el inspector jefe Carlos G., que investigó el caso del chivatazo policial a ETA, se siente en el banquillo pero no de testigo, sino de acusado. Quiere que responda de las actuaciones que ha llevado a cabo como responsable de uno de los grupos de investigación de la Unidad de Asuntos Internos.

El SPP ha decidido presentar una querella en la que le acusa a este inspector jefe y a otros funcionarios de Asuntos Internos de «denuncia falsa, detención ilegal, tortura, falsedad documental, delitos contra los derechos individuales y de haber violentado el domicilio de un investigado» con su unidad especial, indica en su escrito el sindicato policial.

Carlos G. fue el encargado por el juez de la investigación sobre el caso Faisán. En su informe concluyó que existían indicios de que la delación a ETA fue ordenada presuntamente por el que fue director de la Policía Víctor García Hidalgo. Aseguró que se lo ordenó a un jefe superior y a un inspector jefe, ambos destinados en el País Vasco.

En su escrito, se acusa a Carlos G. y al resto de funcionarios de vulnerar la ley en una investigación contra varios policías, miembros de la Udyco de Málaga. Estos agentes fueron acusados, entre otros delitos, de robo y de violación de domicilio. El SPP asume la querella presentada por un inspector de Málaga que fue denunciado.

«Los indicios de criminalidad descansaban en una evidente tergiversación del contenido de unas conversaciones telefónicas, así como en la falta de constancia en el acto de un registro de una serie de efectos que se acreditó que constaban fehacientemente en el reportaje fotográfico de la Policía Científica». De hecho, según el SPP, los indicios de criminalidad aportados por Asuntos Internos «fueron descartados por el juzgado con dos simples diligencias de instrucción: la constatación del reportaje fotográfico y la declaración del secretario judicial, que asistió al referido registro, origen de su detención».

Según la querella, estas diligencias que podrían haber sido llevadas a cabo por los funcionarios de Asuntos Internos querellados ahora, «no se realizaron con anterioridad a las detenciones».

ESPAÑA EN QUIEBRA: El Tesoro coloca 6.000 millones en su emisión más cara desde la crisis

CARLOS CUESTA / Madrid

Mini multas para los evasores de Suiza

La Agencia Tributaria da instrucciones a sus inspectores para limitar las sanciones
La penalización de Hacienda será mínima si el defraudador repatría todo el dinero

La vicepresidenta Salgado ha negado públicamente que estudie una amnistía fiscal. Pero una cosa es lo que dice Hacienda y otra lo que hace su organismo de lucha contra el fraude: la Agencia Tributaria. Los responsables de este organismo aseguraron, el pasado día 24 de junio ante los medios de información, que aplicarían «sanciones» a los contribuyentes cazados en Suiza con 3.000 millones en cuentas opacas. Descartaron que estuviesen persiguiendo «una simple invitación a declarar» -es decir, una amnistía- y que la dureza de sus decisiones se vería plasmada en que «el requerimiento» realizado a los supuestos defraudadores, cortaría su posibilidad de acogerse al «régimen de recargos previsto para las declaraciones espontáneas».

El director de la Agencia Tributaria, José Manuel López Carbajo, ratificó estos mensajes señalando que la regularización «en nada excluye la imposición de sanciones, y, en su caso, si hay pruebas suficientes, de denuncias por los delitos».

Pero esto era lo que proclamaban oficialmente. Porque mientras tanto, los equipos de la Inspección recibían unas órdenes diametralmente opuestas. Un correo electrónico remitido desde la Dirección del Departamento de Inspección a los principales responsables de la lucha contra el fraude fiscal -y al que ha tenido acceso EL MUNDO- da la vuelta a la versión oficial y opta por una sanción hasta 23 veces inferior a la que se podría aplicar a estos contribuyentes. Eso sí, para acceder a este beneficio, los contribuyentes cazados deberán declarar voluntariamente el resto de cuentas opacas.

El texto del email señala que «a raíz del requerimiento remitido a algunos contribuyentes en el que se ponía de manifiesto el conocimiento por parte de la AEAT (Agencia Tributaria) de determinadas cuentas en el banco HSBC de Suiza, se ha planteado cuál debe ser la base de la sanción» y puntualiza un supuesto, «el caso de que el obligado tributario decida regularizar, además de las rentas vinculadas a las cuentas identificadas en el requerimiento, otras rentas procedentes de cuentas distintas o de cualquier otro bien».

Así, el email aclara que «dado lo específico del requerimiento […] entendemos que sólo las rentas derivadas de dichas cuentas son las que deben dar lugar a la imposición de sanción, debiendo considerarse que el resto de rentas se declaran de forma espontánea […]».

La Asociación de Inspectores señala que «según esa instrucción, la sanción queda minimizada, con posibilidad de ser aplicada exclusivamente contra los intereses generados por las cuentas en Suiza, nunca contra el montante en sí supuestamente evadido, y eximiendo, además, a los contribuyentes de la acusación de delito». Los inspectores indican que tomando la «estimación más fiable», que pasa por que el importe oculto en Suiza se eleve a «6.000 millones, Hacienda estaría renunciando a recaudar cerca de 1.500 millones de euros por culpa de esta decisión».

Los inspectores explican el impacto de semejante rebaja de la sanción en cada supuesto defraudador con un ejemplo. Para el caso de un evasor que hubiese escondido dos millones en Suiza, el pago de la sanción, gracias a los mensajes de la Agencia, será hasta 23 veces menos de lo que podría exigir la Inspección en cualquier caso similar. Así, frente a un pago de hasta 5,4 millones de euros en sanción, el pago se resumiría a tan sólo 236.800 euros para este ejemplo. Todo ello sin contar con que, además, el expediente de este defraudador quedaría limpio de cualquier mancha de delito.

MARÍA VEGA / CARLOS SEGOVIA / Madrid

El Tesoro coloca 6.000 millones en su emisión más cara desde la crisis

Ofrece hasta 228 puntos básicos más que Alemania e implica a tres bancos internacionales. El Ibex 35 sube un 3,6% hasta alcanzar los 9.625 puntos

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, apostó el lunes que se superaría el diferencial con Alemania en el partido de fútbol de hoy y, de momento, acertó en la subasta del Tesoro de ayer. El Estado tuvo que pagar este martes más que nunca con respecto a Alemania desde la crisis para poder colocar deuda española. Tuvo que emitir a un precio equivalente a 228 puntos básicos con respecto al bono alemán, según reconoció anoche la Dirección General del Tesoro en un comunicado oficial.

A ese precio, colocó 6.000 millones de euros en una emisión sindicada de bonos a 10 años en la que participaron seis bancos, de los que la mitad eran extranjeros. Además del Santander, BBVA y Caja Madrid, ayer actuaron como directores de la colocación el británico Barclays, el galo Credit Agricole y el alemán Deutsche Bank.

Las condiciones animaron la demanda y llegó a 13,000 millones de euros, pese a las amenazas de una bajada de rating por parte de la agencia Moody's.

Así, el Tesoro pudo colocar 1.000 millones más de lo previsto con una rentabilidad del 4,85%, con lo que pagó 195 puntos básicos sobre el precio que se utiliza para las emisiones a tipo fijo (llamado mid swap), frente a los 200 que esperaba el mercado. Este porcentaje equivale a los 228 puntos básicos citados con respecto al bono alemán a 10 años.

La noticia, aunque cara para las arcas españolas, contribuyó a que subiera el Ibex 35 y a tirar al alza del resto de plazas europeas, que con sus avances dejaron claro que la solvencia de España las ha mantenido en vilo en los últimos meses. También el euro escaló posiciones contra el dólar y al cierre de la sesión su cambio se situó en 1,26 unidades.

Y es que, según varios analistas consultados, en la emisión hubo «mucho interés de la banca internacional», mientras que en las últimas subastas el Tesoro había tenido que apoyarse en los bancos españoles para poder colocar su deuda.

Según el organismo emisor, el 66% de las obligaciones fueron a parar a no residentes españoles, destacando un 20% de Reino Unido. Alemanes y austriacos participaron en un 3,9% y los franceses, en un 6%. En esta ocasión sí hubo participación de inversores finales, aunque un 37% de los títulos fueron adquiridos por entidades de crédito.

Con estos datos, el Ibex 35 consiguió recuperar los 9.625 puntos, tras cerrar con un avance del 3,6%, el más alto de todas las grandes plazas de Europa.

Horas antes de la emisión del Tesoro, los analistas consultados por Bloomberg afirmaron que del éxito de esa colocación dependería en «sentimiento de los mercados europeos» y así fue.

Junto al selectivo español, subieron el FTSE 100 de Londres (+2,9%), el CAC 40 de París (+2,7%) y el DAX alemán (2,2%).

Este optimismo cruzó por la tarde el Atlántico y contagió a Wall Street, que retomó su actividad después de un día festivo con subidas.

Pero, la euforia no consiguió relajar la tensión sobre la deuda española en el mercado de renta fija, ya que los 24.000 millones de euros en vencimientos de bonos y letras que el Tesoro tiene que afrontar este mes de julio siguen muy presentes en la mente de los inversores.

Además, el alto precio pagado por España contribuyó a que el diferencial entre España y Alemania continuara ayer avanzando posiciones.

La prima de riesgo que este país paga por emitir deuda cerró ayer por encima de los 209 puntos, acercándose a los 221 puntos en los que cerró el pasado 16 de junio, cuando alcanzó máximos históricos. El viernes esa prima era de 195 y el lunes de 206 puntos.

«El exceso de deuda y el alto déficit público siguen ahí, la incertidumbre no va a terminar hasta que no pase el tiempo necesario para ver si las políticas de recorte de gasto puestas en marcha por países como España van a dar resultados», explicó a este periódico la analista de Atlas Capital, Susana Felpeto, al cierre de la sesión.

Lo que sí se relajó algo ayer fue el coste de asegurar esa deuda pública. Los CDS cayeron 9 puntos básicos, hasta 256 puntos de manera que para asegurar 10 millones de deuda hay que pagar 256.000 dólares anuales.

La emisión de esta semana es la segunda que hace el Tesoro desde el pasado 30 de junio, cuando Moody's colocó la deuda española en vigilancia con perspectiva negativa y como paso previo a bajar la nota del país, recortó el rating de cinco comunidades autónomas.

De este modo, la agencia seguía los pasos de Standard & Poor's y Fitch que este año han rebajado la nota de la deuda española ante las malas perspectivas macroeconómicas y el abultado déficit público.

Pese a todo, la semana pasada, España colocó 3.500 millones de euros en bonos a cinco años a un tipo medio del 3,65% y la próxima cita del Tesoro con los inversores será el 15 de julio. En esa ocasión, se espera colocar bonos a 15 años con un cupón del 4,65%, según datos del Ministerio de Economía.

CARLOS SEGOVIA / Madrid

El 50% del capital de las cajas estará en manos de inversores privados

El Gobierno ultima una reforma de la Ley de Cajas de Ahorros en la que se propone que inversores privados puedan controlar hasta el 50% de estas entidades y que quede recortado el poder político en sus órganos de gobierno. También se abre una vía hacia la bancarización de las cajas, según las líneas maestras de la nueva ley. Ésta tiene oficialmente como doble objetivo profesionalizar las cajas, que representan la mitad del sector financiero español; y también mejorar al tiempo sus posibilidades de financiación ante la crisis de credibilidad que atraviesan en el mercado internacional.Sigue en página 32

Editorial en página 3

La vicepresidenta segunda del Gobierno, Elena Salgado, dio ayer por hecho que el Consejo de Ministros aprobará este viernes esta esperada reforma de la llamada Ley Orgánica de Cajas de Ahorros (LORCA). La portavoz parlamentaria del PP, Soraya Sáenz de Santamaría, reafirmó ayer la disposición de su grupo a pactar la nueva normativa, aunque aseguró que aún no ha recibido «el texto articulado» de la propuesta del Gobierno. No obstante, existe compromiso por parte de Salgado de remitirlo en las próximas horas antes de elevarlo al Consejo de Ministros.

El proyecto de reforma gubernamental contiene, según ha podido saber EL MUNDO, un amplio abanico de medidas que avalan el proceso acelerado de fusiones en curso y refuerzan sus medios para captar capital.

El 60% restante de representatividad quedará para el capital privado, los impositores y las llamadas entidades sociales representativas como sindicatos, cámaras de comercio o universidades privadas con presencia en la región de origen de la caja.

El recorte del peso institucional alcanza también a los altos cargos autonómicos. Ninguno de ellos podrá ocupar personalmente puestos en los órganos de Gobierno. Nunca más podrá producirse, por ejemplo, el caso tradicional de Caja Navarra, en el que su presidente era el mismo del Gobierno navarro.

Por tanto, las entidades no podrán recurrir a esta fórmula como la principal para financiarse. Donde no habrá límites es cuando una caja corra el riesgo de quiebra. En ese caso, el proyecto del Gobierno es que la privatización sea posible al 100%.

Esta reforma se completa con facilidades legales para que las cajas integradas en un SIP puedan consolidar fácilmente en su contabilidad los resultados del nuevo modelo de negocio.

Las comunidades autónomas mantienen teóricamente su poder actual de tutela y veto, pero el Gobierno plantea en su reforma que, en la práctica, se recortará su influencia sobre las cajas de ahorros. El motivo es que al traspasar negocio financiero a un banco, las competencias de tutela pasan ya al Banco de España y no a la consejería regional de Hacienda que corresponda.

El Gobierno no osa, no obstante, ir más lejos y suprimir el derecho de veto autonómico a futuras fusiones de cajas, por considerar que eso plantearía un conflicto institucional con las comunidades autónomas, especialmente con la Generalitat de Cataluña y con la Junta de Andalucía.

OORBYT.es

>Vea hoy en EL MUNDO en Orbyt el análisis de Carlos Segovia sobre la reforma de la Ley de Cajas de Ahorros.

PABLO R. SUANZES / Santander

Los test de estrés españoles 'desnudarán' a todas las cajas

El Banco de España dice que difundirá este mes los resultados y que pondrá especial atención a los riesgos de deuda soberana

Enviado especial

La clave del sistema financiero está y seguirá estando en las cajas de ahorros. Para lo bueno y para lo malo. El subgobernador del Banco de España, Francisco Javier Aríztegui, reivindicó ayer la fortaleza de un sistema financiero «sólido» como el español, en el que hasta el eslabón más débil, las cajas de ahorros, se somete sin complejos a las pruebas de estrés.

En la conferencia de clausura del IX Encuentro Santander-America Latina, organizado por el Banco Santander y la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), Aríztegui recalcó el papel destacado de España a la hora de «realizar y publicar» los test de estrés.

Recordó que las últimas pruebas, concluidas en junio, no se hicieron sólo al Santander y al BBVA, como las de 2009, sino que se extendieron a «los demás bancos cotizados y todas las cajas de ahorros, con una cobertura casi total de la actividad bancaria en nuestro país».

Unas pruebas, además, que pusieron «especial cuidado en medir el riesgo soberano implícito en los balances». Sus resultados ser harán públicos en la segunda quincena de este mes.

Para el subgobernador del Banco de España, «la crisis encontró al sistema bancario español en una posición sana, con unas entidades prudentes y bien gestionadas y con una forma de hacer banca al por menor que se ha mostrado razonablemente resistente a las turbulencias financieras».

En ese «sólido» sistema, sólo un elemento presentaba grietas: «las cajas de ahorros, que representan la mitad del sistema bancario español y adolecían de unas peculiaridades que les han hecho más vulnerables a las turbulencias del entorno».

Puntos flacos como demasiada inversión en promoción inmobiliaria, un «exceso de capacidad», con demasiadas sucursales y servicios «que no son funcionales», o la incapacidad de generar recursos propios.

Artíztegui destacó especialmente el que no tengan capacidad para emitir capital, pues, a su juicio, eso «no sólo reduce su capacidad de reforzar sus recursos propios, sino que, además, limita la potencia del mercado para disciplinarlas».

Por ello, el subgobernador mostró su confianza en que la nueva ley de cajas abra la puerta a un periodo más esperanzador para la economía española. Aríztegui puso énfasis en que «con un sistema bancario fundamentalmente sano, especialmente en el caso de los dos grandes bancos internacionales», el reto principal que persiste es el de las cajas.

En su intervención de ayer recordó que ahora mismo hay abiertos 12 procesos de fusión o integración, que cuentan con el visto bueno del Gobierno y de Bruselas, que involucran a 39 de las 45 cajas españolas y mediante los cuales se reestructurará completamente el sector. A siete de esos procesos se les van a inyectar 10.200 millones de euros de fondos públicos, que las cajas deberán devolver.

También indicó que espera que la nueva ley de cajas permita a las entidades «obtener recursos propios de la máxima calidad y poner sobre la mesa proyectos de futuro más esperanzadores».

Para Aríztegui, dado que la reforma cuenta con «el acuerdo de los dos principales partidos», representará un significativo avance, especialmente «en la medida en la que posibilite la emisión de instrumentos de capital de la máxima calidad con derecho de voto».

LOS MATONES Y SABOTEADORES SINDICALES DE ZP: Luz al final del túnel en la "guerra del Metro"

FIRMAS: Federico Jimenez Losantos, Santiago Gonzalez, Justino Sinova, Raul del Pozo, Arcadi Espada, Erasmo, David Gistau, Luis Antonio Villena

COMENTARIOS LIBERALES

Las vuvuzelas de Zapatero

Federico Jiménez Losantos

Publicado el Miércoles, 7 de julio de 2010

"La vuvuzela por excelencia del Gobierno es Aído, como vuvuzelo sería Zerolo si lo nombraran ministro"

Como todos los inventos idiotas, el origen de las vuvuzelas es un timo. La tribu futbolera se ha cansado de decir que es algo tradicional de Sudáfrica, una especie de celebración ancestral de grandes acontecimientos. Pues no. Las trompetejas de plástico que atruenan los estadios del Mundial son una invención reciente. Tanto, que su origen se sitúa en la pasada Copa Confederaciones, cuando nos creímos que los USA eran pan comido y se nos comieron.

Al parecer, fue un comerciante indio, la tercera minoría racial de Suráfrica, el que tuvo la idea, para él fructífera y para el resto del mundo gravosa, de vender trompetuchas baratas de colores feroces. El propio material plástico, tan estridente en color como en sonido, acredita la tesis de que la antiquísima tradición de las vuvuzelas lleva apenas dos años en la historia del timo. Como la moda étnica, que se hace 'africaneando' en Europa o América, porque en África sólo se 'africanea' para el turismo.

Pero en uno de esos momentos 'vuvuzélicos' que impedían ver jugar tranquilamente al fútbol tuve la impresión de que esas cosas tan llamativas, tan ruidosas, tan de colorines y tan horteras me sonaban de algo. De algo, además, político y español. Y este fin de semana, el del 'orgullo zerolino' pagado por Gallardón, lo vi con toda claridad. Los Gobiernos de Zapatero se caracterizan por sus vuvuzelas, elementos ligeros, baratos y desechables cuya función es llamar la atención de la gente y transmitirle una idea de aparatosa imbatibilidad política. Tras la revelación, acometí el censo de vuvuzelas del Gobierno actual, entretenimiento que podremos disfrutar en las elecciones municipales y autonómicas, con vuvuzelas en todas las listas. Obviamente, la vuvuzela por excelencia del Gobierno es Bibiana Aído, como vuvuzelo sería Zerolo si lo nombraran ministro. Vuvuzela es Corredor, por lo llamativo de su Ministerio y la nada que alberga. De las de cuota, Garmendia resulta vuvuzela por la ínfima entidad de su negociado, pero no es estridente. Podría sustituir a Ana García Siñériz en la 4 pasada por Telecinco. De la Vega, en cambio, es vuvuzela por el colorín y lo despótico, pero no por falta de peso político. Al revés que Caamaño, más botijo sin curar que vuvuzela por estrenar.

No son en absoluto vuvuzelas Alonso ni Rubalcaba. Y no hay vuvuzela que haya llegado más alto que Salgado. Bueno, sí, hay una: para vuvuzela, lo que se dice vuvuzela, Zapatero.

EL RUIDO DE LA CALLE

Timbaler del Bruc

Raúl del Pozo

Publicado el Miércoles, 7 de julio de 2010

El día 10 Cataluña será una manifestación contra el Tribunal Constitucional: «Nosotros decidimos. Somos una nación». Los socialistas, después de haber abierto el cesto de las serpientes y hacer amagos de desacato a la sentencia, temen que el día 10 se convierta en pretexto independentista, en una apoteosis de la polilla y el tizón, y exigen que 'la senyera' vaya al frente del desfile. Todos quieren ser gastadores, Montilla desprecia la segunda fila porque estamos en vísperas electorales.

Ulises

Cuando los nacionalistas proponen el lema «somos una nación» no entienden que nación sea un concepto cultural sin efectos jurídicos. Todos se están moviendo en una peligrosa ambigüedad, como en los viejos tiempos cuando se dijo que España estaba en manos de reptantes, torcidos y mañosos y el Estado era un instrumento de depredación con los partidos que agrupan a fidelidades en nómina.

En Cataluña todos envidan, todos, incluidos los socialistas, van de bolivarianos, hacen desafíos verbales, mientras la gente vive más angustiada por la crisis y el paro que por el Estatuto. La historia padece de hipo y el nacionalismo sigue siendo, como escribió Pla, el pedo que sólo le agrada a quien se lo tira; igual que en el siglo pasado, cuando Pío Baroja volvía de Barcelona a Madrid y declaraba: «Por allá anduve... Por cierto, que no vi ese separatismo que dicen. Vi a Macià en una fotografía y me produjo la impresión de una figura de madera».

Han pasado desde la República más de 70 años y seguimos igual, con España a medio cocer y el eterno problema catalán ahora más enrevesado, porque los socialistas ya no se diferencian teóricamente de los nacionalistas. Han adoptado sus banderas, se han «imbecilizado» (Savater), se han atontado y han gritado pareados tan internacionalistas como «bilingüismo es fascismo», olvidando lo que dejaron dicho los santos padres: el nacionalismo es el último intento de las burguesías para dividir a los trabajadores.

Volviendo a los Baroja, el panadero y el antropólogo, que eran a ratos liberales, no atacaban los textos socialistas y sí los panfletos nacionalistas. Al 'Compendio de la doctrina catalanista' de Prat de la Riba, Caro Baroja le llamó catecismo y llegó a decir que creía que el hombre más tonto que había conocido era Sabino Arana, hasta que leyó a Prat de la Riba. Pío Baroja era, según sus contemporáneos, el salvaje de mesa camilla que podía aherrojarse en la Trapa o describir la Alhambra como una fábrica de refrescos. Pero tenía una aversión constante al nacionalismo, adelantándose al incendio que provocó en Europa; no veía nada útil en sus propuestas. Tampoco veía nada positivo en la izquierda de toda la vida. Hasta que llegó el PSC con Montilla, el nuevo tamborilero del Bruch.

HOJEANDO/ZAPEANDO

Periodismo y espectáculo: nada nuevo

Víctor de la Serna

Publicado el Miércoles, 7 de julio de 2010

Fernando González Urbaneja es una persona cabal y reflexiva, como este cronista sabe bien desde hace muchos años, pero el pasado 23 de junio tuvo un claro despiste y metió la pata, como nos pasa de vez en cuando a todos, al denunciar la labor de la reportera de Telecinco y novia de Iker Casillas, Sara Carbonero, a pie de campo en el Mundial. Parece evidente que le faltaba alguna información, como que la FIFA es la que asigna un lugar a todos los reporteros y que eso fue lo que la coloca detrás de la portería. De ahí, sin duda, el tono inesperadamente subido de las declaraciones del presidente de la Asociación de la Prensa de Madrid, que hablaba de «un ejemplo de malversación de los valores del periodismo en una televisión». Y, como esos polvos traen estos lodos, Telecinco replicó en tono muy airado.

A partir de ahí, la mundial. Unos acusaban a Urbaneja de «machista», y también en su bando se pasaban algunos de rosca, como Antonio Casado, en elconfidencial.com, quien no veía motivo alguno para las críticas al presidente de los periodistas madrileños «por haber denunciado las malas prácticas del oficio y defender los intereses de los profesionales». Pero lo más chocante, porque habían pasado días como para recapacitar, y además un órgano colectivo de la profesión no debería nunca manifestarse en plan hooligan, fue la nota de la APM, tipo adhesión inquebrantable, frente al «linchamiento moral».

Pasado el trance, nos queda un par de reflexiones.

Una es que, sin la menor duda, Carbonero tiene todo el derecho a trabajar como lo está haciendo en el Mundial. Es una buena entrevistadora deportiva, que ya hacía muy profesionalmente esa labor antes de conocer a Casillas -así le conoció, claro-, y que la sigue haciendo estos días en Sudáfrica pese a la polvareda levantada, que es como para desconcentrar al más pintado.

Y la otra es que no hay que sorprenderse a estas alturas de que la presencia física ayude a avanzar profesionalmente en los espacios informativos de la televisión. Eso es así desde que la caja tonta existe. Los graduados de la promoción del 73 en la Escuela de Periodismo de la Universidad de Columbia aún recuerdan cuál de ellos tuvo un contrato profesional antes que nadie: la guapísima Linda Wright, fichada de chica del tiempo por una emisora de televisión californiana cuando no sabía estrictamente nada de meteorología. No es mera cuestión sexista: ¿Habría hecho la misma carrera Matías Prats Jr. de haber sido bajito, gordo y calvo? La contrapartida, claro está, es que el periodismo televisivo de cara a la cámara no deja de ser un oficio híbrido, una parte información y otra show business. Pero eso no lo ha inventado Sara Carbonero...

LOS TACOS POR DELANTE

Tengo en las suelas hierba de Durban

David Gistau

Publicado el Miércoles, 7 de julio de 2010

"Algo tienen por lo que nos fascinan, por lo que les concedemos el mando de una porción de nuestra felicidad, por lo que decidimos que sus experiencias serán también las nuestras"

Conviene recordar cómo, en 'Una historia del Bronx', el gángster Sonny Lospecchio prohibía a su pupilo Calogero idolatrar a jugadores de béisbol porque no serían ellos los que acudirían a ayudarle a pagar el alquiler: «Tu vida les importa una mierda. ¿Por qué estás tú tan pendiente de la de ellos?». Podríamos preguntarnos lo mismo sobre los futbolistas que hoy paralizarán España y determinarán el estado de ánimo con el que millones de personas se irán a la cama. Veinteañeros caprichosos, banales, 'pichabravas' de nivel 'twitter', arrogantes, ninguno de los cuales, fuera de la cancha, es capaz de interesar a una persona de inteligencia media durante más de un minuto. Y sin embargo, algo tienen por lo que nos fascinan, por lo que les concedemos el mando de una porción de nuestra felicidad, por lo que decidimos que sus experiencias serán también las nuestras y se incorporarán a nuestra memoria como algo que vivimos por delegación. Nuestra es su victoria, nuestro es su fracaso. Y todo ello, sin esperar que a cambio acudan a ayudarnos a pagar el alquiler.

Si he pensado en todo esto, es porque ayer me colé en el campo de juego del estadio Moses Mabhida de Durban cuando no había nadie dentro. El atronador silencio del «esqueleto de multitudes». Ni siquiera había albergado todavía una semifinal de un Mundial, y sólo por la expectativa de ir a hacerlo ese estadio ya tenía una aureola especial. No la de los viejos templos como Maracaná o Wembley, pero es que ni en Maracaná ni en Wembley iba yo, por primera vez, a ver jugar una semifinal del Mundial al equipo de mi país. Por lo que Durban me bastó para sentirme especial y fantasear mientras caminaba, muy despacio, desde un punto de penalti al otro. Comprobando la hierba, oliéndola. Descubriendo cuál es la perspectiva del futbolista en su diálogo con la grada.

Preguntándome, a ras de hierba, cómo es posible ver y ejecutar un pase de 30 metros cuando los rivales te tapan y apremian. Aún vacío el estadio, aún lejano el acontecimiento, yo estaba achicado, una mota irrelevante en aquel cráter en reposo. Y vi el esbozo de la formidable prueba de carácter a la que jamás me enfrentaré, pero sí esos veinteañeros caprichosos y banales a los que prestamos una atención por la que Sonny Lospecchio nos regañaría. No es sólo que haya que salir cuando el campo está lleno y encima es la semifinal de un Mundial lo que aguarda. Es que encima hay que jugar bien al fútbol y procurar que unos cuantos millones de personas se vayan ese día a la cama con una rara sensación de felicidad y de orgullo ajeno. España juega el partido de su vida, y el de la nuestra. El que lo será al menos hasta el próximo domingo. Y no permitiré, no al menos esta noche, que la frialdad crítica y la tendencia al desencanto que a uno ya le viene con la edad arruinen la emoción con la que uno se declara representado por esos idiotas veinteañeros por los que ya me he tomado el trabajo de imaginarles, pisando césped, el gol de la victoria.

Que me llamen, y les diré cómo lo meten. Y si no lo meten, si malogran esta oportunidad única cayendo con bizarría ante esta gran Alemania a la que vemos resoplar desde la cofa, que sepan que no habrá reproche. Al revés. En ese caso, quedaría uno agradecido por la oportunidad de haber seguido, escrito y hasta pisado hierba de estadio en la estela de una generación de futbolistas, de unos 'happy few', que nos dieron todo cuanto nos fue negado por sus mayores. Y que incluso nos enseñaron un modo de ser honorable, solidario, pleno de compromiso con el compañero y con el propósito, que nos vale como modelo de comportamiento.

No está mal, para tratarse de veinteañeros banales y 'chuloplayas': he aprendido menos de inteligencias superiores a la media que tampoco acudían a ayudarme a pagar el alquiler ni aun cuando yo leía sus libros.

A CONTRAPELO

Las leyes son legales

Santiago González

Publicado el Miércoles, 7 de julio de 2010

La Ley del Aborto ha entrado en vigor, por más que algunos barones del PP no conciban esa razón, mayormente el presidente de Murcia, que pretende llamarse andana, como si la cosa no fuera con él. En rigor no va; no se acaba uno de imaginar al señor Valcárcel en semejante trance, y no sólo por la edad. «Murcianos de dinamita, frutalmente propagada», escribió Miguel Hernández en Vientos del pueblo, aunque, por razones obvias, no llegó a conocer al presidente Valcárcel. Tampoco había conocido a Miguel Sanz al emparentar a los leoneses y los navarros, «dueños del hambre, el sudor y el hacha».

Los citados abanderan la rebelión contra una ley que, como todas, debe ser aplicada en todo el territorio nacional. Lo ha dicho la ministra de Sanidad y lo ha venido a ratificar casi con las mismas palabras la portavoz popular, Sáenz de Santamaría: «La Ley del Aborto ha entrado en vigor y hay que aplicarla». Las leyes son legales y de obligado cumplimiento (tautología) y, aunque resulte difícil de entender para algunos, los presidentes autonómicos no pueden acogerse a la objeción de conciencia. Por otra parte, el Gobierno ha recordado al PP que el Constitucional no puede suspender cautelarmente la aplicación de la ley hasta que dicte sentencia sobre su constitucionalidad.

Y tiene razón. El PP ha planteado un recurso y el TC fallará en un plazo razonable, que podría no exceder de los cuatro años, en vista de lo visto. Dirá si la ley se adapta a la Constitución o no y, en este caso, en qué artículos, y entonces llegará el turno de que el Gobierno diga que se adapta bastante: en un 92, 95 o 98%, según el optimismo del ministro consultado, como ha pasado con el Estatuto. Pero no cabe que la suspenda de manera preventiva: «Sostener lo contrario supondría obtener artificiosamente los efectos de una suerte de recurso previo de inconstitucionalidad que no contempla la legislación vigente y cuya supresión fue decidida por las Cortes».

El recurso previo debería volver a implantarse. Con un cierto equilibrio, tampoco se trata de que la vida legislativa se colapse, por abuso del procedimiento, pero sería una forma razonable de evitar para el futuro, en otros casos, el desconcierto de los nacionalistas catalanes ante un fallo adverso después de un referéndum favorable y 33 leyes aprobadas al socaire. El Gobierno debería aplicarse su razonamiento y desistir de la idea de obtener artificiosamente la constitucionalidad de los artículos censurados, mediante una reforma legal. Cabría, siempre que la ley reformada sea la Constitución, que es el muro contra el que choca el Título III, Del Poder Judicial en Cataluña. Además de la impulsora de la ley, ayer acudieron a defender su constitucionalidad el presidente del Gobierno y el ministro de Justicia, que ya habían avalado en reiteradas ocasiones antes la plena constitucionalidad del Estatut sin que el resultado avalara su ojo clínico. Habremos de esperar hasta que se pronuncie el TC. Mientras, la objeción de conciencia no es para el señor Valcárcel. Esperemos que la misma actitud moral que reivindicaba la insumisión militar defienda la cláusula de conciencia para los médicos

TIEMPO RECOBRADO

Cines de pueblo

Pedro G. Cuartango

Publicado el Miércoles, 7 de julio de 2010

A José Luis Garci Todos los pueblos de España tenían antes un cine. Briviesca, el lugar donde nació mi madre y yo pasé largas temporadas de mi infancia, también. El cine, situado enfrente de la casa de mis tíos, está cerrado desde hace más de una década.

Cuando yo era niño, oía por las noches desde la cama las voces de los actores que resonaban en la oscuridad. Jugaba a adivinar su identidad y trataba de imaginarme las secuencias. Que la película estuviera prohibida para los menores no hacía más que acrecentar mi curiosidad.

A la entrada del cine, había una gran pizarra en la que cada mañana se anunciaba la hora y el título de la película, que solía permanecer un par de días. En la plaza, se ponían cuatro o cinco fotos con escenas del film en una cartelera de cristal. No sé por qué me han quedado grabadas las imágenes de Los ángeles del infierno, que no pude ver porque era para mayores de 18 años.

A las cinco de la tarde, los domingos se proyectaba siempre una película para niños, que generalmente era de aventuras o del Oeste. Allí disfruté como loco de los tiroteos de los spaghetti western, vi a Charlton Heston haciendo de Cid y a Errol Flynn navegando por los siete mares, admiré las hazañas del ladrón de Bagdad y contemplé impávido la decadencia del Imperio Romano.

El cine de Briviesca era de dos pisos. Mi tío tenía reservadas dos butacas a la entrada, pero yo siempre me colocaba con mi primo en las primeras filas, cerca de la pantalla. La mayoría de los niños se sentaban arriba, donde había un bar que vendía pipas, palomitas y la gaseosa local, porque entonces cada pueblo, además de su cine, tenía su fabricante de esta bebida.

Como sucedía en las salas de barrio, cuando llegaba el flemático y larguirucho James Stewart para salvar a la chica de las garras de los indios, todo el mundo se ponía a aplaudir con entusiasmo. Allí dentro la realidad parecía un pálido remedo de la ficción.

El cine no sólo era un lugar para soñar en mundos distantes e inaccesibles sino para descubrir sentimientos que afloraban por la fuerza de las imágenes. Entendí lo que era la desesperación del amor frustrado cuando vi a John Wayne quemar la casa que había construido para la mujer de la que estaba enamorado en El hombre que mató a Liberty Valance, de John Ford, para mí la mejor película del Oeste que jamás se ha hecho y se hará hasta el final de la eternidad.

Cuando vuelvo a Briviesca, me paro siempre unos minutos frente al cine y me invade una sensación de nostalgia e impotencia al ver el edificio abandonado. Me pregunto dónde habrán ido a parar los sueños y los amores que se fraguaron en ese local.

Nada podrá sustituir aquella emoción que producía levantarse el telón y adentrarse en un mundo mágico. Cuando se apagaban las luces, la oscuridad actuaba durante unos instantes como un rito de paso hacia lo desconocido. Yo he visto el más allá gracias al cine y todavía lo veo cuando recuerdo el fulgor de la pantalla reflejado en los ojos del público.

¡QUIA!

Un país sin bandera

Arcadi Espada

Publicado el Miércoles, 7 de julio de 2010

"En Cataluña, tras décadas de usurpación y manoseo la bandera ya sólo representa a los nacionalistas"

Pancarta o 'senyera'. Éste es el trascendental debate que agita hoy a la sociedad política catalana, la más magufa (de 'magia' y 'ufología') según diagnóstico reciente del telescopio Planck. Rotos, civilmente partidos por la mitad, están los nacionalistas entre los que quieren bandera y los que quieren una pancarta bien grande que diga el sábado «'Som una nació. Volem decidir'», apotegmas que no hará falta que traduzca, descartada la posibilidad de hacerlo al sentido común. El debate es una preciosidad paradójica y podrida, desde luego: porque en Cataluña hace más de 30 años que la bandera sólo es una pancarta. Su destino ha sido el mismo que el de la bandera española durante el franquismo: después de décadas de usurpación y manoseo ya sólo representa a los nacionalistas. La dicotomía es falsa y la bandera está malograda para muchos años; pero el debate y sus protagonistas añaden una última lección interesante sobre la corrupción de las costumbres en Cataluña.

Así, parecería que el lado de la moderación estaría ocupado por los que defienden que la manifestación arranque con bandera. Y que los descabellados son los partidarios del texto. En realidad sucede todo lo contrario. Los del derecho a decidir defienden a cara descubierta, y con todas las letras, su opción separatista; y sus argumentos son los que de verdad identificarán a los participantes en la marcha. Ni «'som'» ni «'nació'» ni «'vole'm» ni «decidir» significan nada ni tienen otro sentido más allá de la ficción. Son astrología, imposición de manos, homeopatías del fracaso racional. Pero tanto más inofensivas cuanto más se las reconozca. La manipulación nacionalista fundamental de estos años ha sido subsumir estas videncias en el tejido abstracto de las cuatro barras catalanas. Desde este punto de vista la posibilidad de que la bandera (teórica) de los ciudadanos catalanes encabece la manifestación es una prueba más de poca vergüenza democrática. Y de aritmética inmoral, por descontado: una y ciento habrá que recordar que el Estatuto sometido a la infección populista no fue votado por la mayoría de catalanes. Por lo tanto no es extraño que el patrocinador de esta opción haya sido el presidente de la Generalitat y su partido: no hay políticos en Cataluña o en España que más vergüenzas tengan que esconder bajo el refajo nacionalista. Y la principal: las múltiples ocasiones en que bajo el pujolismo acusaron a sus rivales de envolverse en la cuatribarrada.

Hoy convertida en lo que su nombre indica. Un cuatripartito.

CULTURA

Martín Gaite, 10 años después

Luis Antonio de Villena

Publicado el Miércoles, 7 de julio de 2010

A punto de cumplirse 10 años del fallecimiento de Carmen Martín Gaite (1925-2000), que murió aquel 22 de julio en Madrid con 74 años, es grato recordar a Carmiña o Calila (como la llamaban muchos de sus amigos) en los últimos tiempos, a menudo acompañada por Paco Nieva, siempre con gorritos, boinas, medias y echarpes peculiares, que le daban un aire entre bohemio, estrafalario y tronadamente encantador, con su canosa melena. Un día pasaba yo con ella junto al viaducto (veníamos de un homenaje a Rosa Chacel), antes de las oprobiosas y feas mamparas, y Carmen me dijo de repente: «¿Qué, nos tiramos?». Miramos desde uno de los balconcillos y decidimos: «Por supuesto, pero otro día». Y nos reímos mucho y nos fuimos a beber a Chicote.

Carmen parecía a veces seria y hasta con un punto duro, pero tratada de cerca tenía mucho encanto. Era una gran narradora (que prefería las novelas con argumento a medias, las que quedan abiertas, sin resolver), una poeta casi en secreto, con mucho gusto por la poesía, y una erudita que conocía bien los meandros de la buena investigación, como mostró en su excelente libro El proceso de Macanaz. Historia de un empapelamiento (1969), corregido 30 años después. Otra vez le dije a Carmen -aun sabiendo lo delicado del asunto- que un lector joven de los primeros 70, prefería con mucho La ciudad y los perros de Vargas Llosa a su Entre visillos, por más que fuera una novela muy bien escrita. Encajó el golpe y recuerdo que contestó: «La llegada de los autores del boom bloqueó años a muchos novelistas españoles».

Era normal, vieron en su propia lengua cosas mucho más atrevidas y novedosas. Pero gracias a ese parón, Carmen pudo investigar el siglo XVIII, y luego hacer otras novelas excelentes y muy suyas, pero con aire más abierto, como Lo raro es vivir o Nubosidad variable, entre otras, que se abrieron quizá con El cuarto de atrás.

De alguna manera, Carmiña (sus vinculaciones gallegas no eran familiares, como algunos creen, sino que venían de sus veraneos juveniles en un pueblo de la montaña cercana a Orense) fue la narradora de lo maravilloso cotidiano, del existencialismo vital tomado como perplejidad y no como tragedia, aunque bien conocía ella los golpes y sinsabores del vivir -perdió a sus dos hijos, Marta ya mayor- aunque también ese extraño y raro milagro de seguir a flote a pesar de las tormentas y de los remolinos o vórtices que a todos nos arrastran y atierran más de un día...

La Martín Gaite novelista no necesita defensa, está muy viva, como Anagrama entendió muy bien. Pero la poeta (Plaza & Janés antologó sus Poemas en una cuidada edición póstuma) sorprenderán a más de uno, aunque fueran de musa ocasional: «Tienes frío, estás solo, y hay que esconder el miedo./ Echa hilo a la cometa de la noche, que aún queda algo de viento».

Pero no merece menor atención la veta ensayística de Carmen, que jamás la abandonó y que fue, claramente, su vocación estudiantil. Ya he mencionado el gran trabajo sobre Macanaz y no será malo recordar ese libro amenísimo y cierto que es Los usos amorosos del siglo XVIII en España, que a la postre fue también su tardía tesis doctoral. En Carmen (y en su literatura) uno conoce de primera y docta mano el salobre sabor de la vida y se alegra de estar aquí, pese a tanta suciedad, aunque no deje de preguntarse como Lemaza Lima: «¿Para qué habré venido?».